Indigenas de oaxaca denuncian represion

Indígenas de Oaxaca denuncian represión contra pueblos que
rechazan megaproyectos
Organizaciones indígenas de Oaxaca y entidades de derechos
humanos de México pidieron la intervención de Human Rights Watch
(HRW) ante el gobierno mexicano y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) para cesar el atropello y represión contra los pueblos
que se resisten a la imposición de megaproyectos en sus territorios.
Asímismo, exigen que se cumpla con la normatividad internacional
que señala el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y
al consentimiento previo, libre e informado ante las medidas que los
afectan.
Denunciaron “los métodos gansteriles que están utilizando los
gobiernos y las mismas empresas para imponer los proyectos, la
utilización de amenazas, sobornos e incluso la protección a la abierta
operación de bandas paramilitares quienes hostigan y llegan a
asesinar a los opositores de los megaproyectos”.
A ello se agrega la impunidad que existe en torno al asesinato de
defensores comunitarios como es el caso de Bernardo Vázquez y de
Alberta Bety Cariño, ambos oaxaqueños y opositores a proyectos
mineros en Chihuahua y Chiapas.
Las instituciones civiles solicitantes fueron la Asamblea de Pueblos del
Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), la Unión de
Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), el
Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Proyecto Poder.

Ellas dialogaron personalmente con Nick Steinberg, investigador para
México de HRW, una de las organizaciones no gubernamentales
influyentes a nivel mundial, dedicada a la investigación, defensa y
promoción de los derechos humanos, con sede en Nueva York,
Estados Unidos.
La cita se realizó el 30 de abril en la ciudad de México y contó con el
auspicio de Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por su sigla en
inglés), una organización no gubernamental, aconfesional e
independiente, que trabaja para proteger los derechos humanos y
promover la resolución de conflictos a través de la no violencia.
En ella se analizó el “impacto negativo en materia de derechos
humanos que tiene la creciente imposición de megaproyectos en
México, la mayoría de los cuales se realizan sin informar o consultar a
las comunidades locales”.
Así lo detalló un comunicado de la UCIZONI donde se destaca la
preocupación por que la Secretaría de Gobernación no expresa
voluntad para atender más de 350 conflictos por disputa territorial
que existen en México, ni impulsar de manera seria el Derecho a la
Consulta que tienen los pueblos originarios.
Se coincidió en que en México son escasas las normas legales que
protegen los derechos de las comunidades y de que es abierta la
relación de los funcionarios con las empresas trasnacionales, lo cual
los lleva a violar las leyes, indica el comunicado.
Las organizaciones istmeñas denunciaron que en el marco del
megaproyecto eólico en la región de Tehuantepec existe un “clima de
violencia, de hostigamiento, persecución y amenazas que sufren por
parte de grupos de golpeadores del PRI, funcionarios estatales y de la
misma empresa”.
A continuación el comunicado de prensa:
Organizaciones istmeñas solicitan intervención de Human Rights
Wacht
1 de mayo de 2013
En el marco de la visita a México de Barack Obama y de la reunión
que sostendrá el próximo viernes José Miguel Vivanco, Director de la
División Américas de Human Rights Watch (HRW) con el Presidente
Peña Nieto, representantes de la Asamblea de Pueblos del Istmo en
Defensa de la Tierra y el Territorio, de la Unión de Comunidades
Indígenas de la Zona Norte del Istmo, CEMDA y del Proyecto PODER
se reunieron el 30 de Abril en la ciudad de México con Nick Steinberg,

Investigador para México del Human Rights Watch una influyente
asociación de Derechos Humanos a nivel mundial.
En esta reunión realizada por el auspicio de Brigadas Internacionales
de Paz (PBI) se analizó el impacto negativo en materia de derechos
humanos que tiene la creciente imposición de megaproyectos en
México, la mayoría de los cuales se realizan sin informar o consultar a
las comunidades locales. Se coincidió que en nuestro país son
escasas las normas legales que protegen los derechos de las
comunidades y de que es abierta la relación de funcionarios públicos
con las empresas trasnacionales, lo cual los lleva a violar las leyes,
poniéndose como ejemplo el caso de la Tribu Yaqui, la cual a pesar de
contar con suspensiones derivadas de juicios de amparo, estas no
fueron respetadas por el mismo gobernador de Sonora. La relación
entre empresas trasnacionales y funcionarios gubernamentales se
puso en evidencia con los casos de Iberdrola, Mareña Renovables y
Abengoa, las cuales han sido favorecidas de diferentes formas.
También se denunciaron los métodos gansteriles que están utilizando
los gobiernos y las mismas empresas para imponer los proyectos, la
utilización de amenazas, sobornos e incluso la protección a la abierta
operación de bandas paramilitares quienes hostigan y llegan a
asesinar a los opositores de los megaproyectos; en este sentido se
denunció además la impunidad que existe en torno al asesinato de
defensores comunitarios como es el caso de Bernardo Vázquez y de
Alberta Bety Cariño, ambos del estado de Oaxaca y de opositores a
proyectos mineros en Chihuahua y Chiapas.
Fueron expuestos los casos de las presas Cerro de Oro, Picachos,
Yesca y El Ciruelo, donde han sido desplazadas poblaciones enteras
para la construcción de hidroeléctricas, donde en algunos casos han
pasado más de 50 años sin que los afectados hayan sido
indemnizados y ante cualquier reclamo han sido encarcelados y
perseguidos.
Las organizaciones istmeñas denunciaron en el marco del
megaproyecto eólico el clima de violencia, de hostigamiento,
persecución y amenazas que sufren por parte de grupos de
golpeadores del PRI, funcionarios estatales y de la misma empresa,
llegándose al extremo de que la agresión policiaca del 2 de febrero
pasado en contra de campesinos zapotecas de Alvaro Obregón fue
dirigida por un abogado de la empresa Mareña Renovables. Las
organizaciones demandaron asimismo la intervención de HRW ante el
gobierno federal y el Banco Interamericano de Desarrollo para que
cese la represión y de que en atención a la normatividad internacional
sea respetado el derecho de los pueblos indios al Consentimiento
Previo, Libre e Informado.

En la reunión se expresó la preocupación de que la Secretaria de
Gobernación no haya expresado hasta ahora la voluntad para instalar
mesas de atención a los más de 350 conflictos por disputa territorial
que existen el país, ni que se impulse de manera seria el Derecho a la
Consulta que tienen los pueblos originarios como una forma de
garantizar su misma existencia.
Atentamente
PCI-UCIZONI
—
Referencias:
Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del
Istmo: http://ucizoniac.blogspot.com/p/noticias.html
La Jornada: Grupos indígenas y de DH piden a HRW que ‘cese
represión’ contra pueblos que rechazan
megaproyectos: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2013/05/01/1
62318332-grupos-indigenas-y-de-dh-piden-intervencion-de-hrw-
para-que-cese-represion-contra-pueblos-que-se-resisten-a-
megaproyectos/
El periódico de México: Cese a la represión contra resistencia a
megaproyectos, exigen
indígenas: http://www.elperiodicodemexico.com/nota.php?id=67346
9
Servindi, 5 de mayo, 2013.-
http://servindi.org/actualidad/86822?utm_source=feedburner&utm_
medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Servindi+%28Servicio+d
e+Informaci%C3%B3n+Indigena%29&utm_content=Yahoo%21+Mail
Minería: desarrollo vs impacto ambiental
La conflictividad generada por el rechazo a la explotación minera
autorizada por el Gobierno a la Minera San Rafael, desencadenó esta
semana en hechos violentos que llevaron al Ejecutivo a decretar un
Estado de Sitio en Jalapa y Santa Rosa.
La conflictividad generada por el rechazo a la explotación minera
autorizada por el Gobierno a la Minera San Rafael, que opera el
proyecto El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores,
desencadenó esta semana en hechos violentos que llevaron al
Ejecutivo a decretar un Estado de Sitio en Jalapa y Santa Rosa. Las
autoridades han reportaron la captura de 16 líderes comunitarios de
municipios de estos departamentos.

La viceministra de Energía y Minas, Ivanova Ancheta, y Juventino
Gálvez, del IARNA, debaten desde sus posturas profesionales sobre
las causas, beneficios, controles y el impacto ambiental que esta
actividad industrial implica para el país y que enfrenta a las
autoridades con las comunidades rurales.
Desde que el Gobierno autorizó las operaciones de exploración y
explotación en la mina San Rafael, se han levantado voces de
protesta que adversan tales concesiones y tambi’en diversos sectores
han mostrado su rechazo por esta decisión gubernamental.
Gálvez: La conflictividad que vemos no se limita al impacto
ambiental.
El director del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y
Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar, asegura que el
rechazo a la actividad minera es la suma de una serie de conflictos
históricos que aumentan debido a la desconfianza de la sociedad de
las autoridades gubernamentales. En su opinión, los procesos para la
otorgación de licencias están viciados y no permiten medir el impacto
ambiental.
¿Considera que el rechazo a la minería obedece a la falta de
información, como lo atribuyen las autoridades?
La conflictividad que vemos ahora no se limita al impacto ambiental;
es más compleja. Es la suma de una serie de conflictos históricos que
abonan una tremenda desconfianza hacia las instituciones públicas.
Lo que hace la minería en un escenario de conflictividad latente es
detonar estas manifestaciones, que en el caso ambiental son
totalmente legítimas. Está demostrado internacionalmente que las
operaciones mineras generan un impacto ambiental fuerte y en
algunos casos permanentes, como la pérdida de cobertura forestal,
generación de ruido, contaminación del agua; eso es una realidad.
¿Puede el Gobierno contrarrestar la desconfianza?
Hay razones suficientes para desconfiar y rechazar la actividad
minera. El tema se exacerba en la medida en que las comunidades
desconfían y ven como ilegítimas a las autoridades, tanto del
Ejecutivo como del Legislativo. La desinformación es adicional, se
desconfía de la institucionalidad pública porque está documentado
que no tienen las capacidades humanas, materiales y financieras que
les permita controlar dentro de ciertos límites las operaciones de
cualquier industria extractiva.

Las autoridades actuales, sobre todo en el Ministerio de Ambiente,
modificaron los procedimientos relacionados con los estudios de
impacto ambiental para facilitar su aprobación; hay contubernio
público-privado a favor de las actividades mineras sacrificando el bien
común.
¿Hay complicidad de las autoridades?
Se han hecho algunas investigaciones en relación con la manera en
que se han readecuado los procedimientos para favorecer la
aprobación de las licencias y salvar con un trámite simple el estudio
de impacto ambiental.
¿Eso quiere decir que hay una tendencia actual a favorecer la
explotación minera?
Es una tendencia global de los países en desarrollo para atraer
inversiones de capital. La contrapartida debería ser un escenario
mucho más relajado con legislación ambiental y laboral. El argumento
que se esgrime en el país es el crecimiento económico para generar
empleo.
¿Es tangible este crecimiento económico?
La minería no logra crear empleo significativo. No agrega valor a las
exportaciones y por lo tanto, no promueve el crecimiento económico
de forma sostenida. Más bien lo que se le atribuye es un serio
debilitamiento de las instituciones, pues tiende a corromperlas y
activan la conflictividad social y fragmentan a la sociedad. En el país
no se ha definido un proceso explicito en relación con la promoción de
las actividades mineras, por lo tanto se ha actuado a la deriva
atendiendo intereses muy coyunturales; los negocios están
dominando la política.
¿Ya hay daños perceptibles en el ambiente?
Si hay duda en la legitimidad de los procesos de aprobación de los
estudios de impacto ambiental, desde ahí hay un problema de origen;
no podemos entrar a revisar si están atendiendo o no la normativa
porque hay un problema de origen. La minería no es ambientalmente
sostenible porque es un recurso que se agota; algunos economistas
usan el término de sostenibilidad débil, porque aquí se va a impactar
la naturaleza y hay cuestiones que son inminentes como la
deforestación y las que no son evidentes y requieren un estudio de
impacto ambiental porque los procesos ambientales son
interdependientes y trascienden el espacio donde ocurren las
operaciones. Hay nexos que no se logran ver con una simple
observación; se deben hacer estudios profundos para asegurar que

no está disminuyendo un recurso que es estratégico para las
comunidades; segundo, que no lo está contaminando, eso requiere
de enormes capacidades.
¿Qué beneficios podría ofrecer la minería?
Si Guatemala fuera un país serio con una constitucionalidad bien
estructurada y funcional, pudiéramos incentivar inteligentemente la
minería procurando ingresos que generasen otros tipos de capital de
tipo social, natural o artificial para el desarrollo, pero eso aquí no está
garantizado. Hay que asegurar que la sociedad tenga beneficios netos
en términos económicos y sociales, pero aquí nuestra estructura de
distribución de beneficios es inequitativa.
Ancheta: Hay mucha información mal intencionada.
La Viceministra de Desarrollo Sostenible asegura que la conflictividad
generada por el rechazo a la actividad minera es generada por la
desinformación.
Asegura que existen grupos organizados que actúan en varios focos
de conflicto concurrentes.
¿Qué beneficios reciben las poblaciones aledañas a la explotación
minera?
Fuentes de empleo, reactivación de la economía del área, recibirán
más recursos financieros para realizar proyectos de desarrollo; por
ejemplo, en el proyecto de El Escobal (Mina San Rafael), la
municipalidad recibirá hasta 11 veces más que el situado
constitucional para el cubrimiento de necesidades del municipio. Las
empresas están obligadas a realizar proyectos sociales en áreas como
educación, salud, cultura, deporte, desarrollo económico, local, agua,
saneamiento e infraestructura vial.
¿Compensa esto el daño ambiental que se atribuye a la explotación
minera?
Depende del punto de vista. Hay un montón de medidas de
mitigación ambiental que se llevan a cabo en los proyectos mineros.
Daño ambiental siempre habrá; toda actividad humana tiene un
perjuicio aparejado. Hay un estudio científico que establece que un
ingenio contamina más que una mina. Nosotros tenemos el plan de
minado de este proyecto, el cual contempla reforestación,
obviamente con cierta afectación, sino estuviera hablando mentiras.
No creo que compense, pero genera un desarrollo que de otra forma
el Estado no lo podría proveer.

¿Cómo verifican que se cumplan las medidas de mitigación?
Mediante inspecciones a cargo de los ministerios de Ambiente y de
Energía y Minas, y la revisión del plan de minado. Hemos realizado
tomas de agua que no han revelado ningún tipo de contaminación.
Por el momento la minera San Rafael no ha empezado a explotar, sin
embargo, en las actividades de exploración se han hecho las
inspecciones y se ve la mitigación.
¿Cuántas licencias de explotación minera se han autorizado?
Una en la administración pasada, y en el actual gobierno, dos, que es
el proyecto Escobal y Niquegua Montúfar. Esas son explotación
minera metálica; ahora, en materiales de construcción hay otras.
¿A qué atribuye la sensación de crecimiento de la explotación
minera?
Nosotros sabemos que a las comunidades les dicen que el país está
lleno de minas. Actualmente solo Marlín está produciendo, estas dos
no han empezado. Hay mucha desinformación.
¿Hacía la actual administración gubernamental?
Pues podría ser o porque tienen posiciones en contra de la
explotación minera.
¿Qué sectores promueven la desinformación?
Como Ministerio no podemos identificar el interés de sectores,
organizaciones no gubernamentales o comunidades que han
manifestado su rechazo a los proyectos mineros. Yo creo que debajo
de esta conflictividad hay un interés por desinformar; sin embargo,
no es verdad y se puede comprobar.
¿Se identificaron a los grupos?
Hemos tenido conocimiento de que existen grupos organizados que
tienen una posición contra cualquier proyecto minero, y que actúan
en varios focos de conflicto concurrentes.
¿Cómo podría afectar futuras inversiones?
Por la percepción negativa que genera la conflictividad, falta de
certeza jurídica e irrespeto al Estado de derecho en el país. Ya hemos
tenido manifestaciones de varias embajadas preocupadas por el
tema.

¿A cuánto ascienden las regalías percibidas por el país?
Se reciben más de Q200 millones, a futuro serán alrededor de Q352
millones, lo cual dependerá de cuándo empiecen a producir los
nuevos proyectos.
¿De qué depende que empiecen a producir?
Del plan de minado. El Escobal tiene pensado empezar a producir
entre julio y agosto, pero también dependerá de la conflictividad.
¿En qué posición se ubica Guatemala en explotación minera a nivel
regional?
Estamos empezando porque el único proyecto que existe es Marlín.
Nicaragua está fomentando a nivel internacional la explotación
minera. La diferencia es que Guatemala tiene un potencial geológico
positivo; por ejemplo, El Salvador y Costa Rica no tienen la misma
riqueza.
¿Qué repercusiones ha tenido el tema de la conflictividad?
Hemos dejado de participar en varias ferias mineras a nivel
internacional por el tema de la conflictividad social.
Evelyn Ruano
eruano@siglo21.com.gt
http://www.s21.com.gt/nacionales/2013/05/05/mineria-desarrollo-
vs-impacto-ambiental
5 de mayo de 2013.

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