Iniciativa con Proyecto de Ley Anticorrupción para el Estado de Guerrero

CC. DIPUTADAS SECRETARIAS
DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.
Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco
Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción
Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286,
ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la presente
Iniciativa con Proyecto de Ley Número ___ de Anticorrupción para el
Estado de Guerrero, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La palabra corrupción, etimológicamente hablando proviene del latín
corruptio y de acuerdo con la definición establecida por la Real Academia
Española, en las organizaciones, especialmente en las públicas, se
entiende como la práctica consistente en la utilización de las funciones y
1

medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus
gestores1
.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha abordado este complejo
fenómeno social, político y económico que afecta a todos los países del
mundo.
La corrupción alrededor del mundo, se ha convertido en una plaga insidiosa
que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la
sociedad, erosionando el estado de derecho.
El concepto de corrupción es amplio. Incluye soborno, fraude, apropiación
indebida u otras formas de desviación de recursos por un funcionario
público, pero no es limitado a ello. La corrupción también puede ocurrir en
los casos de nepotismo, extorsión, tráfico de influencias, uso indebido de
información privilegiada para fines personales y la compra y venta de las
decisiones judiciales, entre varias otras prácticas.
Las noticias que vemos en la prensa mostrando el involucramiento de
empresarios, políticos y funcionarios públicos en casos de corrupción,
desvío de recursos y uso indebido del dinero público provocan en los
ciudadanos sentimientos de indignación.
1
Diccionario de la Lengua Española. 23ª Edición. Asociación de Academias de la Lengua Española. Octubre
de 2014.
2

Estos episodios que han hecho públicos los actos de corrupción de los tres
niveles de Gobierno del Estado mexicano, exponiendo a la luz una “casa
blanca” producto de un posible conflicto de intereses; la desaparición
forzada de cuarenta y tres estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa a
manos de gobiernos municipales coludidos con el crimen organizado; o la
red de corrupción que involucra a exservidores públicos del Gobierno del
Estado de Guerrero a los que la Procuraduría General de la Republica
investiga por el desvió de cuando menos 287 millones 12 mil 594 pesos del
erario público.
Estas prácticas de corrupción han minado la confianza de los ciudadanos
en la justicia y en las instituciones del país, el 88% de los mexicanos
piensan que la corrupción es un problema frecuente o muy frecuente, y la
mitad de la población considera que la corrupción ha aumentado mucho en
los últimos dos años2
.
Lamentablemente, en el Estado de Guerrero el 90% de sus habitantes
perciben una concurrencia de prácticas corruptas en la administración
pública de nuestra entidad, percepción superior al promedio nacional, que
es de 88.3%3
.
La corrupción es un fenómeno inherente a cualquier sociedad moderna y,
acorde con la percepción de los guerrerenses, está presente en todas
partes, tornándose en una situación crítica que afecta los servicios de
2
De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción de 2013.
3
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2015
3

salud, educación, infraestructura, entre otros desafíos para la construcción
de una sociedad igualitaria, transparente y democrática.
Los recursos públicos desviados por prácticas de corrupción, son
fundamentales para el desarrollo adecuado de las diversas áreas
gubernamentales del Estado.
El Banco Mundial estima que en países donde los índices de corrupción
son más altos, entre el 25 y el 30% del Producto Interno Bruto es
desperdiciado en consecuencia de este problema. En los países donde la
corrupción está bajo control, esos valores no ultrapasan los 3%. Allí reside
la gran diferencia.
Por su parte, el Semáforo Económico Nacional de 2014, mencionó que el
nivel de corrupción representó 15% de la inversión pública de 2014, por lo
que la inversión productiva el año pasado pudo haber sido mayor en 84 mil
millones de pesos en ausencia de corrupción.
Como en cualquier otra práctica nociva, si la corrupción puede ocurrir en
cualquier lugar, no se puede negar que algunos países han sido más
eficaces en su control que otros.
La impunidad y corrupción que vienen desde arriba influencian el conjunto
más amplio de la sociedad. Si personalidades públicas demuestran
conductas corruptas, muchas personas comunes acaban practicando la
corrupción influenciadas por ese ejemplo, hasta convertirse en un lastimoso
4

dicho popular “el que no tranza, no avanza”. Es necesario combatir
mediante acciones de represión y de prevención a la corrupción.
El combate a la corrupción, debe contemplar medidas que frenen estas
prácticas no solamente en el ámbito político o del medio empresarial, sino
también para el día a día de los ciudadanos, conminándoles a actuar de
manera correcta inclusive en situaciones que parezcan menos relevantes.
La corrupción es un fenómeno social que envuelve desde actos casi
invisibles, como el pago de propina a un policía de tránsito, hasta crímenes
de gran impacto en la vida de miles de personas, como, por ejemplo, el
desvío de recursos públicos destinados a la compra de medicamentos.
Reconociendo la necesidad de frenar estas prácticas nocivas para el
Estado de Derecho, la Asamblea General de la ONU aprobó, el veintinueve
de septiembre de dos mil tres, la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción.
Este es el primer instrumento jurídico anticorrupción con normas
vinculantes a los países signatarios que ofrece un camino para la creación
de una respuesta global a un problema también global.
El Estado mexicano, como parte de la Convención instauró el veintisiete de
mayo de dos mil quince instauro dentro de su marco normativo la reforma
constitucional en materia de combate a la corrupción.
5

Estas modificaciones permearon en el ánimo de la sociedad a grado tal que
hoy se discute en el Senado de la Republica la iniciativa ciudadana de Ley
General de Responsabilidades Administrativas, elaborada por los expertos
Agustín Acosta (abogado penalista), Eduardo Bohórquez (Transparencia
Mexicana), Leticia Bonifaz (Suprema Corte de Justicia), Jesús Cantú
(Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey), María Amparo Casar (CIDE y
Mexicanos contra la Corrupción), Marco Fernández (Escuela de Gobierno
del Tec de Monterrey, México Evalúa), Sergio Huacuja (Barra Mexicana,
Colegio de Abogados de México), Sergio López Ayllón (CIDE), José
Octavio López Presa (Causa en Común), Mauricio Merino (CIDE y Red por
la Rendición de Cuentas), Lourdes Morales (CIDE y Red por la Rendición
de Cuentas), Alfonso Oñate (Academia Mexicana de Protección de Datos
Personales), Juan E. Pardinas (IMCO), Rodrigo Roque (Abogado
penalista), Pedro Salazar (IIJ-UNAM), Mercurio Cadena, Ricardo Corona,
Fernanda Diez, Pedro Gerson, Eileen Matus, Paula Vázquez, Ana María
Zorrilla, bajo la coordinación de Enrique Cárdenas (CEEY)
La iniciativa ciudadana, mayormente conocida como Ley 3de3, busca
canalizar la indignación social en un esfuerzo constructivo para forjar
buenos gobiernos, honestos e íntegros y reducir así los riesgos y costos de
la corrupción.
Los postulados de la iniciativa ciudadana, son retomados para incorporarse
al marco normativo del Estado de Guerrero con la expedición de una Ley
Anticorrupción, en la que se prevé imponer los sujetos obligados la carga
6

de presentar las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal para todo
funcionario, de forma periódica y pública.
Incorporando además, medidas preventivas basadas en las mejores
prácticas internacionales y sanciones para evitar que el sector privado
participe de actos de corrupción.
La Ley Anticorrupción que se propone cuenta tiene 48 artículos, divididos
en tres Títulos que tratan de los siguientes temas: prevención, penalización
y recuperación de activos.
Prevención a la corrupción
La Ley que se propone prevé implementar políticas efectivas contra la
corrupción que promuevan la participación de la sociedad y demuestren los
principios del Estado de Derecho, tales como la integridad, la transparencia
y la responsabilidad, entre otros.
Contempla además medidas de prevención a la corrupción no sólo en el
poder público, sino también en el sector privado, desarrollando estándares
de auditoría de contabilidad para las personas físicas o jurídicas que
manejen o ejecuten recursos públicos a efecto de prevenir el conflicto de
intereses y desestimular la exención o reducción de impuestos a gastos
considerados como soborno u otras conductas similares.
Penalización y aplicación de la ley
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En el apartado sobre penalización y aplicación de la ley, la Ley
Anticorrupción introduce al sistema jurídico guerrerense tipificaciones de
responsabilidades complementarias a las previstas por la Ley número 695
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los
Municipios de Guerrero en materia de corrupción.
En esta nueva Ley se prevé además la penalización de actos que
contribuyan para la corrupción, tales como la obstrucción de la justicia, el
tráfico de influencias a través de los mecanismos preexistentes en el
sistema punitivo guerrerense para la detención, juicio, punición y
reparación al Estado.
La Ley pretende combatir las prácticas de corrupción pasiva generadas a
través del soborno, para ello, se tipifica como infracción la promesa, oferta
o entrega de un bien, directa o indirectamente, a un servidor público u otra
persona o entidad, para lograr una ventaja indebida, a fin de actuar o no en
el ejercicio de sus funciones oficiales. Del mismo modo, se tipifica como
soborno a quienes solicitan o aceptan esos mismos bienes para conceder
ventajas indebidas.
También cuenta con un apartado que aborda las infracciones de
obstrucción a la justicia y de tráfico de influencias con las que se pretende
inhibir las prácticas de los servidores públicos por medio de las cuales se
interfiere en el ejercicio de la función pública o de la justicia.
8

Recuperación de activos
La recuperación de activos es un principio fundamental de la Ley
Anticorrupción, por medio del cual se hacen valer los intereses de las
víctimas y dueños legítimos de los recursos públicos: el pueblo
guerrerense. Bajo este principio, el Estado debe alienar los bienes
confiscados, derivados de actos de corrupción devolviéndolos a su
Hacienda Pública.
De conformidad con lo antes expuesto, se propone para su discusión y, en
su caso aprobación, la siguiente iniciativa:
DECRETO NÚMERO _____ POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NÚMERO
____ DE ANTICORRUPCIÓN PARA EL ESTADO DE GUERRERO.
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley número ___ de Anticorrupción para
el Estado de Guerrero, para quedar como sigue:
LEY NÚMERO ___ DE ANTICORRUPCIÓN PARA EL ESTADO DE
GUERRERO.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I
Objeto de la Ley
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Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general,
es complementaria a la Ley número 695 de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero y a la Ley
de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 56 en materia de
corrupción.
Tiene por objeto el establecimiento de normas que rijan la conducta que
deben asumir los sujetos obligados, con el fin de garantizar el manejo
adecuado y transparente de los recursos públicos, con base en los
principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia,
legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad, así como las sanciones
que deberán aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones.
Artículo 2. La aplicación de las disposiciones de esta Ley corresponderá,
según el caso, al Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, a la
Auditoría General del Estado y a la Secretaria de Contraloría y
Transparencia Gubernamental.
La interpretación de las disposiciones de esta Ley, se hará conforme a los
criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el
último párrafo del artículo 14 de la Constitución Federal.
En los casos no previstos en el presente ordenamiento se aplicará de
manera supletoria lo establecido por la Ley número 695 de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los
10

Municipios de Guerrero, por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Guerrero número 56 y los principios generales de derecho.
Capítulo II
De los sujetos obligados
Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, son sujetos obligados:
I. El Poder Ejecutivo del Estado;
II. El Poder Legislativo del Estado y sus órganos administrativos y técnicos;
III. El Poder Judicial del Estado y sus órganos y dependencias;
IV. Los Ayuntamientos o los concejos municipales;
V. La Administración Pública Estatal y municipal, incluyendo los órganos y
organismos desconcentrados y descentralizados; las empresas de
participación estatal y municipal, y los fideicomisos públicos estatales y
municipales;
VI. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo;
VII. Los Organismos Públicos Autónomos del Estado, incluyendo a las
Universidades Autónomas e Instituciones de Educación Superior Públicas;
11

VIII. Los partidos, asociaciones y agrupaciones políticas;
IX. Las Juntas y Tribunales Locales de Conciliación y Arbitraje y las demás
autoridades en materia de trabajo;
X. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Guerrero, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales del Estado de Guerrero;
XI. Cualquier personas física, moral o sindicato que, en el ejercicio de sus
actividades, ejerzan, reciban, utilicen o dispongan de recursos públicos o
realice actos de autoridad en los ámbitos Estatal o municipal; y
XII. Cualquier otro órgano u organismo, dependencia o entidad estatal o
municipal público que, en el ejercicio de sus actividades, ejerzan, reciban,
utilicen o dispongan de recursos públicos.
Las disposiciones de esta Ley se aplicarán a los servidores públicos
señalados en el presente artículo aun cuando se encuentren en periodo de
licencia o permiso según corresponda a la naturaleza de su empleo, cargo,
o comisión.
Capítulo III
Principios para Prevenir la Corrupción y Salvaguardar el Patrimonio
Público
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Artículo 4. En la administración de los bienes y recursos públicos, los
sujetos obligados se regirán por los principios de honestidad,
transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de
cuentas y responsabilidad.
Artículo 5. Los sujetos obligados deben administrar y custodiar el
patrimonio público con decencia, decoro, probidad y honradez, de forma
que la utilización de los bienes y el gasto de los recursos que lo integran,
se haga de la manera prevista en la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Guerrero y por esta Ley, y se alcancen las finalidades
establecidas en las mismas con la mayor eficacia y eficiencia.
Artículo 6. Toda la información sobre la administración del patrimonio
público que se encuentre en posesión de los sujetos obligados tendrá el
carácter de pública en los términos previstos por la legislación del Estado
en materia de transparencia y acceso a la información.
Artículo 7. Los sujetos obligados están al servicio del Estado. En
consecuencia, no podrán destinar el uso de los bienes públicos o los
recursos que integran el patrimonio público para favorecer a partidos o
proyectos políticos o a intereses económicos particulares.
Artículo 8. Los sujetos obligados deberán administrar los bienes y recursos
públicos con criterios de racionalidad y eficiencia, procurando la
disminución del gasto y la mejor utilización de los recursos disponibles en
atención a los fines públicos.
13

Artículo 9. Los sujetos obligados deberán utilizar los bienes y recursos
públicos para los fines previstos por el marco jurídico del Estado. Cuando
una disposición legal o reglamentaria deje a su juicio o discrecionalidad una
decisión, medida o providencia, ésta deberá ser suficientemente motivada y
mantener la debida proporcionalidad y adecuación con el supuesto de
hecho y con los fines de la norma, y cumplir los trámites, requisitos y
formalidades necesarios para su validez y eficacia.
Artículo 10. Los funcionarios públicos a que se refiere el apartado 1, del
artículo 195 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero deberán rendir cuentas de los bienes y recursos públicos que
administren de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley
número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado,
en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 56 y en
las previstas por esta Ley.
Las declaraciones correspondientes serán públicas y a ellas tendrá acceso
cualquier persona.
Artículo 11. Los sujetos obligados responderán civil, penal, administrativa
y disciplinariamente por la administración de los bienes y recursos públicos,
de conformidad con lo establecido por esta Ley.
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Artículo 12. Los funcionarios y empleados públicos ceñirán sus
actuaciones a las disposiciones previstas por esta Ley, sin perjuicio de las
demás normativas aplicables.
Capítulo IV
De las declaraciones de los sujetos obligados
Artículo 13. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley número 695 de
Municipios de Guerrero y en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Guerrero número 56, para el registros de declaración de situación
patrimonial y de obsequios o donaciones a servidores públicos, los sujetos
obligados deberán presentar declaración bajo protesta de decir verdad de
intereses dentro de los sesenta días siguientes a que adquieran este
carácter y dentro de los sesenta días posteriores a la fecha en la cual cese
el mismo.
Artículo 14. Los sujetos obligados a que refiere la Ley número 695 de
Municipios de Guerrero y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Guerrero número 56, deberán bajo protesta de decir verdad rendir la
declaración de intereses ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental o ante la Auditoria General del Estado, según corresponda.
El órgano de control correspondiente incorporará las declaraciones de
intereses de los sujetos obligados al Registro Estatal de Situación
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Patrimonial de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado y de los
Municipios.
Artículo 15. La declaración de intereses tendrá por objeto informar y
determinar el conjunto de intereses de un sujeto obligado a fin de delimitar
cuando éstos entran en conflicto con un servidor público.
Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o
de negocios del sujeto obligado puedan afectar el desempeño imparcial de
su empleo, cargo o comisión del servidor público.
Artículo 16. Los responsables del área de recursos humanos de los
servidores públicos a los que se refiere el apartado 1, del artículo 195 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, están en la
obligación de requerir a los funcionarios o empleados públicos, copia del
comprobante en el que conste la presentación de las declaraciones de
intereses y de situación patrimonial por ante el funcionario competente para
recibirla. Dicha copia se incorporará al expediente del declarante en la
dirección de recursos humanos o en la dependencia con competencia en
esa materia.
Artículo 17. Los sujetos obligados prestarán las facilidades necesarias
para verificar la veracidad de las declaraciones de intereses y de situación
patrimonial. A tal efecto, permitirán a la Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental o a la Auditoria General del Estado, según
corresponda, la inspección de libros, cuentas bancarias, documentos,
16

facturas, conocimientos y otros elementos que tiendan a comprobar el
contenido de las declaraciones.
Idéntica obligación estará a cargo de los funcionarios o empleados públicos
y de los particulares o personas jurídicas que tengan dichos documentos
en su poder.
La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoria
General del Estado, según corresponda, podrá ordenar a cualquier
organismo o entidad del sector público, la práctica de actuaciones
específicas, con la finalidad de verificar el contenido de las declaraciones
de intereses y de situación patrimonial.
Artículo 18. El Ministerio Público y los tribunales de la jurisdicción penal
podrán exigir la presentación de las declaraciones de intereses y de
situación patrimonial a los sujetos obligados, cuando de las investigaciones
que estén conociendo, surjan indicios de la comisión de los delitos
establecidos en el Código Penal del Estado de Guerrero, relacionados con
esta Ley.
La declaración solicitada deberá ser presentada dentro del plazo que el
Ministerio Público o el tribunal correspondiente determine, el cual no podrá
ser menor de quince días hábiles contados desde la fecha de la respectiva
notificación, y una vez recibida será enviada copia certificada de la misma a
la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental o a la
Auditoria General del Estado, según corresponda.
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Artículo 19. La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental
y la Auditoria General del Estado, según corresponda, con independencia
de lo señalado en la Ley número 695 de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero y la Ley de
Fiscalización Superior del Estado de Guerrero número 56, una vez reciba la
declaración de situación patrimonial de los sujetos obligados, procederá a
verificar la veracidad de la misma y a cotejarla, de ser el caso, con la
declaración anterior.
El Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y el Auditor
General del Estado, según corresponda, a efecto de contar con mayores
elementos probatorios que se requieran con motivo del procedimiento de
verificación de las declaraciones de situación patrimonial, podrá solicitar
directamente al funcionario que haya cesado en el ejercicio de sus
funciones, la presentación de una nueva declaración patrimonial, aun
cuando no esté activo en la función pública.
Los informes de auditorías patrimoniales, así como las pruebas obtenidas
por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental o por la
Auditoria General del Estado, según corresponda, para verificar y cotejar
las declaraciones de situación patrimonial, tendrán fuerza probatoria plena.
Artículo 20. Cuando la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental o la Auditoria General del Estado, según corresponda,
observe que las declaraciones de intereses o de situación patrimonial no se
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ajustan a las exigencias previstas por la Ley número 695 de
Municipios de Guerrero, por la Ley de Fiscalización Superior del Estado de
Guerrero número 56 y por esta Ley; o surjan dudas acerca de la exactitud
de los datos que ellas contengan, ordenará al declarante que presente los
elementos probatorios del caso, dentro de los lapsos de treinta días
naturales, contados a partir de la fecha en que haya sido notificado.
Artículo 21. El declarante podrá solicitar de la Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental o de la Auditoria General del Estado, según
corresponda, después de su notificación, la concesión de un plazo
adicional no mayor de veinte días naturales, para comprobar ante ella la
veracidad de su declaración de intereses o de situación patrimonial. El
organismo de control correspondiente podrá acordar la prórroga por
resolución que notificará al solicitante en un plazo no mayor a cinco días
naturales.
Artículo 22. De las actuaciones realizadas con motivo del procedimiento
de verificación de las declaraciones de intereses o de situación patrimonial
previsto en esta Ley, se formará expediente y se dejará constancia de sus
resultados en un informe, con base en el cual, la Secretaría de Contraloría
y Transparencia Gubernamental o la Auditoria General del Estado, según
corresponda, resolverá si admite o no dicha declaración, procediendo al
efecto de la manera siguiente:
19

I. Si del análisis realizado se concluye que los datos contenidos en las
declaraciones de intereses o de situación patrimonial son veraces, será
admitida y se ordenará el archivo del expediente; y
II. Si por el contrario se determina que la declaración de intereses o de
situación patrimonial no es veraz, por existir disparidad entre lo declarado y
el resultado de la verificación practicada por la Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental o la Auditoria General del Estado, según
corresponda, está remitirá las actuaciones a la autoridad competente para
que sea ejercida la acción pertinente, a fin de hacer efectiva la
responsabilidad del declarante.
La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoria
General del Estado, según corresponda, podrán llevar a cabo
investigaciones para verificar la veracidad de las declaraciones y la
evolución del patrimonio de los sujetos obligados por la Ley y darán cuenta
al Ministerio Público cuando el sujeto a la verificación de evolución
patrimonial no justifique la procedencia lícita del incremento sustancial en el
patrimonio verificado.
y la Auditoria General del Estado, emitirán anualmente un diagnóstico de
responsabilidades administrativas que permita evaluar e implementar
acciones tendientes al cabal cumplimiento de los principios, directrices y
obligaciones del servicio público a los que se refiere esta Ley. El
diagnóstico será de carácter público.
20

Capítulo V
De las atribuciones y deberes de la Secretaría de Contraloría y
Transparencia Gubernamental, de la Auditoria General del Estado y
del Ministerio Público en materia de corrupción
Artículo 24. Sin perjuicio de lo establecido en la ley que rige sus funciones,
la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoria
General del Estado, tendrán los siguientes deberes y atribuciones en
materia de corrupción:
I. Recibir, admitir, estudiar, cotejar, verificar, ordenar y archivar las
declaraciones de intereses y de situación patrimonial que le fueren
presentadas;
II. Exigir la formulación y presentación de las declaraciones de intereses y
de situación patrimonial a las personas que deban hacerlo, en la
oportunidad y condiciones que juzgue necesario, de conformidad con esta
Ley y su Reglamento;
III. Enviar al Ministerio Público o a los tribunales competentes todos los
documentos o elementos que ellos exijan, así como los resultados de las
investigaciones que realice, sobre toda acción u omisión que produjere un
perjuicio al patrimonio público o pudiere comprometer la responsabilidad
civil o penal de los sujetos obligados por esta Ley; e
21

IV. Investigar a las personas físicas o jurídicas que manejen o ejecuten
recursos públicos, únicamente en lo que refiere al destino de los mismos.
o la Auditoria General del Estado, según corresponda, podrán aclarar las
dudas que puedan presentarse en la interpretación de la obligación de
hacer declaraciones de intereses o de situación patrimonial, en las
investigaciones para determinar responsabilidades administrativas, y en la
sustanciación de aquellos casos en que pueda derivarse responsabilidad
penal o civil.
Artículo 26. Cuando la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental o la Auditoria General del Estado, según corresponda,
determinen la responsabilidad administrativa de un sujeto obligado de
conformidad con esta Ley, remitirá al Ministerio Público el resultado de sus
actuaciones para que éste ejerza las acciones correspondientes.
Artículo 27. Sin perjuicio de lo establecido en la normatividad que rige sus
funciones, en materia de corrupción el Ministerio Público tendrá los
siguientes deberes y atribuciones:
I. Ejercer las acciones a que hubiere lugar, para hacer efectiva la
responsabilidad penal en que hubieren incurrido los sujetos obligados.
II. Coadyuvar con la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental y con la Auditoria General del Estado, a realizar
22

actuaciones complementarias que permitan recabar los elementos
probatorios conducentes a determinar la procedencia del ejercicio de las
acciones a que haya lugar, contra las personas sometidas a investigación
por el órgano contralor.
III. Informar a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental
o la Auditoria General del Estado, según el caso, el resultado de las
acciones que hubiere intentado con fundamento en el resultado obtenido
en el procedimiento de verificación de las declaraciones de intereses o de
situación patrimonial. En los casos en que desestime el ejercicio de las
acciones de su competencia, deberá participar al órgano de control que
haya realizado la verificación a través de un informe, los motivos que
asistieron la desestimatoria;
IV. Recabar, conservar y estructurar cualesquiera elementos probatorios
que considere necesarios y útiles para el procesamiento de los sujetos
obligados;
V. Velar por la aplicación de las sanciones que sean procedentes; y
VI. Las demás que le señale la ley.
Capítulo VI
De las obligaciones del servidor público
23

Artículo 28. Todo servidor público a que se refiere el apartado 1, del
artículo 195 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, sin perjuicio de lo establecido en la normatividad que rige sus
funciones, tendrá las siguientes obligaciones:
I. Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio;
II. Utilizar los recursos públicos de que disponga exclusivamente para los
fines a que están afectos y sin comprometerlos para beneficio privado;
III. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones que tenga conferidas
y proporcionar la documentación e información que le sea requerida en los
términos que establezcan las disposiciones legales correspondientes;
IV. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de sus
funciones tenga bajo su alcance o responsabilidad, e impedir o evitar su
uso, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;
V. Abstenerse de ejercer un empleo, cargo o comisión, por haber concluido
el período para el cual se le designó, por haber sido cesado, inhabilitado o
por cualquier otra causa legal que se lo impida;
VI. Abstenerse de disponer de los recursos humanos a su cargo para
realizar actividades ajenas a su función;
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VII. Abstenerse de autorizar la selección, contratación, nombramiento o
designación de quien se encuentre inhabilitado por resolución de autoridad
competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio
público;
VIII. Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma
en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés
personal, familiar o de negocios;
IX. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección,
nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión,
remoción, cese, rescisión del contrato o sanción de cualquier servidor
público cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso o
pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas
cercanas a él entre las cuales deberá considerarse su cónyuge o parientes
consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, parientes civiles,
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de
negocios, o socios o sociedades de las que el servidor público o las
personas antes referidas formen o hayan formado parte;
X. Abstenerse de aceptar regalos, compensaciones o dádivas que tengan
como propósito ganar su favor o voluntad, o afectar la objetividad e
imparcialidad con las que deben ejercer sus funciones;
XI. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan
con las obligaciones de este artículo;
25

XII. Denunciar por cualquier medio previsto en esta ley ante las autoridades
competentes cualquier acto u omisión que pueda configurar alguna de las
conductas sancionadas en esta ley;
XIII. Colaborar en los procedimientos judiciales o administrativos de los que
sea parte;
XIV. Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación
patrimonial, de intereses y de impuestos en los términos establecidos por
las leyes. Las declaraciones a que se refiere esta fracción estarán
disponibles al público, con excepción de los datos que sean estrictamente
personales, así calificados por la ley de la materia. La obligación de
presentar las declaraciones de intereses y fiscal también aplicará a las
personas físicas o jurídicas que manejen o ejecuten recursos públicos;
XV. Abstenerse de realizar actuaciones que en ejercicio de sus funciones
entren en conflicto con los intereses previstos en las leyes o declarados por
el servidor público, tratándose de contratación, obra, servicio, o cualquiera
de naturaleza análoga;
XVI. Responder veraz y oportunamente a las solicitudes de información
que realicen los órganos que investiguen responsabilidades administrativas
o los tribunales de justicia administrativa, así como atender y responder a
las recomendaciones y solicitudes de información que formulen los órganos
integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción;
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XVII. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o
resoluciones que reciba de las autoridades encargadas de investigar o
sancionar conductas administrativas;
XVIII. Abstenerse de desempeñar un empleo, cargo o comisión público o
privado respecto del cual exista incompatibilidad o inelegibilidad.
Artículo 29. El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo
o comisión deberá observar, hasta un año después de haber concluido sus
funciones, las obligaciones establecidas en las fracciones VIII, IX, XII, XIII,
XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 26 de esta Ley. Asimismo:
I. En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja
derivada de la función que desempeñaba; y
II. No usará, en provecho propio o de terceros, la información o
documentación a la que haya tenido acceso en su empleo, cargo o
comisión y que no sea del dominio público;
Serán sancionados por falta administrativa grave con la separación del
cargo que ostentan, y la inhabilitación que en su caso corresponda,
aquellos servidores públicos que se hayan desempeñado en cargos de
dirección o como consejeros en el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana o como magistrados del Tribunal Electoral del Estado de
Guerrero, que no se abstengan de participar en cualquier encargo público
27

de la administración encabezada por quien haya ganado la elección que
ellos organizaron o calificaron.
Para la investigación y substanciación de las conductas a las que se refiere
este precepto, se seguirán los procedimientos a que se refiere esta ley.
TÍTULO SEGUNDO
DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE CORRUPCIÓN
Capítulo I
Del soborno
Artículo 30. Incurre en soborno el servidor público que exige, solicita,
acepta, recibe o pretende recibir un beneficio adicional a sus
contraprestaciones legales a cambio de hacer, o dejar de hacer, aquello
que son sus funciones, o que quien otorga el beneficio extra legal, cree que
son sus funciones.
Incurre también en soborno quien ofrece, entrega o pone a disposición de
un servidor público un beneficio adicional a las contraprestaciones legales
de éste para hacer o dejar de hacer algo que forma parte de sus funciones.
También será soborno cuando se pueda probar que quien otorga el
beneficio indebido es engañado respecto de las funciones del servidor
público o de las características del trámite, proceso o servicio.
28

Artículo 31. Incurre en soborno el candidato, miembro del equipo de
campaña o dirigente partidario que exige, solicita, acepta, recibe o pretende
recibir donativos en numerario o en especie, para él o para su campaña, a
cambio de otorgar una ventaja indebida en el futuro a quien entrega u
ofrece el soborno, o para la empresa, institución o grupo a la que este
último pertenece.
Artículo 32. Incurrirán también en soborno los sujetos que en alguna
transacción comercial internacional, por sí o a través de un tercero,
prometan, ofrezcan o entreguen dinero o cualquier otra dádiva indebida a
un servidor público extranjero o a un tercero, a cambio de que dicho
servidor público realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con
sus funciones o con las de otro servidor público extranjero, con la finalidad
de obtener o mantener un beneficio o ventaja, con independencia de la
aceptación o del resultado obtenido.
Capítulo II
Del tráfico de influencias
Artículo 33. Incurre en tráfico de influencias quien solicita o acepta, en
forma directa o indirecta, un beneficio indebido que redunde en su
provecho, con el fin de abusar de su influencia real o supuesta, para
obtener de una autoridad del Estado un beneficio indebido para un tercero.
Artículo 34. Incurre en tráfico de influencias quien promete, ofrece o
concede a un servidor público, en forma directa o indirecta, un beneficio
29

indebido, con el fin de que ese servidor público abuse de su influencia real
o supuesta, para obtener de una autoridad del Estado un beneficio indebido
que redunde en provecho del instigador original del acto o de cualquier otra
persona.
Capítulo III
Del abuso de funciones
Artículo 35. Incurre en abuso de funciones quien realiza u omite un acto en
exceso o defecto de sus funciones legales, con el fin de obtener un
beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o de afectar a otra
persona, grupo o institución.
Capítulo IV
Del enriquecimiento oculto
Artículo 36. Comete enriquecimiento oculto el servidor que en su
declaración patrimonial o en su declaración de intereses, omite señalar:
I. Bienes o recursos de los que es poseedor o propietario legal;
II. Bienes o recursos que utiliza para beneficio propio;
III. Frutos derivados de bienes o recursos propios o de terceros; o
30

IV. Bienes que posee directamente o a través de terceros, sin convertirse
en propietario legal.
También comete enriquecimiento oculto el servidor público que posee un
patrimonio notoriamente superior a los ingresos legales declarados.
Capítulo V
De la obstrucción de la justicia administrativa
Artículo 37. Incurre en obstrucción de justicia quien:
I. Hace uso de fuerza física, amenazas o intimidación; o de una promesa,
un ofrecimiento o una concesión de un beneficio indebido, para inducir a
una persona a prestar falso testimonio o a obstaculizar la prestación de
testimonio o la aportación de pruebas en procesos en relación con la
comisión de actos de corrupción;
II. Hace uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar el
cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la justicia o de
los servicios encargados de hacer cumplir la ley, en relación con la
comisión de actos de corrupción;
III. Conoce directamente de un posible acto de corrupción y omite
denunciarlo a las autoridades correspondientes;
31

IV. Selecciona, emplea, contrata, o comisiona a una persona física o moral,
o servidor público, que se encuentre inhabilitado según el sistema de
registros correspondiente;
V. De cualquier forma evite que se desarrolle el procedimiento sancionador
establecido en esta ley; o evite, retrase u obstaculice de cualquier forma el
cumplimiento de las sanciones que se determinen;
VI. Presente una denuncia a sabiendas de que los hechos que relata o las
pruebas con las que pretende sustentarlos, son falsos; o
VII. Revele la identidad de un denunciante anónimo o de un testigo
protegido bajo los preceptos establecidos en esta ley.
Capítulo VI
De la colusión
Artículo 38. Incurre en colusión quien acuerde o celebre contratos,
convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo objeto o
efecto sea afectar la utilización eficiente y eficaz de los recursos públicos
del Estado.
Capítulo VII
De la utilización de información o documentación falsa o confidencial
32

Artículo 39. Incurre en utilización de información o documentación falsa
quien la presenta en un trámite o procedimiento, a sabiendas de su
inexactitud o falta de veracidad y con el propósito de lograr un beneficio o
ventaja.
Artículo 40. Incurre en utilización de información o documentación
confidencial quien la utiliza para beneficio privado.
Capítulo VIII
Del nepotismo
Artículo 41. Incurre en nepotismo el servidor público que ofrece, otorga o
promete ventajas indebidas a su cónyuge, concubino o concubina,
asociado en convivencia y figuras análogas, así como a miembros de su
familia hasta el cuarto grado, al utilizar sus facultades o el poder fáctico que
el empleo, cargo o comisión le otorgan
.
Capítulo IX
De la conspiración para realizar un acto de corrupción
Artículo 42. Incurre en conspiración para realizar un acto de corrupción
quienes utilizan su cargo público, su poder real o supuesto, los recursos
públicos o sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí
o para terceros, con independencia de que éste se obtenga.
Capítulo X
33

De la integridad de las personas físicas o jurídicas que manejen o
ejecuten recursos públicos
Artículo 43. Las personas físicas o jurídicas que manejen o ejecuten
recursos públicos morales serán sancionadas en los términos de esta Ley
cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves constitutivas
de corrupción sean realizados por personas físicas que actúen por si
mismas o nombre y representación de la persona jurídica y pretendan
obtener mediante tales conductas beneficios para sí o para dicha persona
moral.
Capítulo XI
De las sanciones
Artículo 44. Las sanciones por faltas administrativas establecidas en esta
Ley consistirán en:
I. Amonestación pública;
II. Multa que en ningún caso podrá ser menor o igual al monto de los
beneficios o lucro obtenidos, ni superior en un treinta por ciento del referido
beneficio o lucro económico.
III. Resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda
Pública o a los entes públicos Estatal o municipales;
34

IV. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un periodo no menor de
tres días ni mayor a un año;
V. Suspensión de actividades, disolución o intervención de sociedades;
VI. Destitución del puesto;
VII. Inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público; e
VIII. Inhabilitación de uno a cinco años para participar en adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obra pública, recibir subsidios, donativos, u otros
beneficios que establezcan las leyes.
Artículo 45. Las facultades de las autoridades competentes para imponer
las sanciones administrativas previstas en esta Ley prescribirán en un
plazo de diez años, contados a partir del día siguiente de aquél en que se
hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren
cesado, si fueren de carácter continuo.
Para los efectos del presente artículo la prescripción se interrumpe con la
notificación del inicio del procedimiento administrativo sancionador.
.
Artículo 46. Para la imposición de las sanciones administrativas se
tomarán en cuenta los siguientes elementos:
35

I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra;
II. El grado y forma de participación en los hechos;
III. El tipo de funciones del servidor público y el impacto del acto en la
sociedad;
IV. El nivel jerárquico del servidor público o la posición de influencia de la
persona a la que se le atribuye la conducta;
V. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público o de la
persona;
VI. Los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;
VII. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;
VIII. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones;
IX. El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del acto que
se sanciona.
Para los efectos de esta Ley, se considerará reincidente al servidor público
que habiendo sido declarado responsable de algún acto de corrupción,
incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras.
36

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las
fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán
imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma
naturaleza.
TÍTULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA RESPONSABILIDAD PENAL Y
ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CORRUPCIÓN
Capítulo Único
Disposiciones generales
Artículo 47. Determinar la responsabilidad penal o administrativa de los
sujetos obligados es de interés público.
Las autoridades encargadas de desarrollar los procedimientos y etapas los
que se refiere este Título se regirán por los principios de debido proceso,
objetividad, oportunidad, exhaustividad, integralidad, profesionalismo,
eficacia y respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución
y los Tratados Internacionales de los que México sea parte.
Artículo 48. Para la determinación de las responsabilidades penales o
administrativas se seguirán los procedimientos previstos para tales efectos
por la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado y de los Municipios de Guerrero, la Ley de Fiscalización
37

Superior del Estado de Guerrero número 56 y el Código de Procedimientos
Penales para el Estado de Guerrero número 357. Lo mismo se observará
para la ejecución de las sanciones correspondientes.
TRANSITORIOS
Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo
previsto en la presente Ley.
Tercero. Los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada
en vigor del presente Decreto se seguirán tramitando hasta su conclusión
conforme a las disposiciones vigentes al momento de la comisión de los
hechos que les dieron origen.
Lo mismo se observará respecto de la ejecución de las sanciones
correspondientes.
Cuarto. Conforme a la presente Ley, las entidades responsables de
investigar la posible comisión de faltas administrativas en materia de
corrupción deberán establecer las unidades especializadas se requieran
para la adecuada consecución de sus obligaciones.
38

Quinto. La Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y
con la Auditoria General del Estado expedirán los lineamientos necesarios
para el ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con lo previsto en la
presente Ley, dentro de los noventa días siguiente a la entrada en vigor del
presente Decreto.
Sexto. Publíquese el presente Decreto para el conocimiento general, en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Portal Web del Congreso
del Estado, en las redes sociales de internet y difúndase a través de los
medios de comunicación.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los
_______ días del mes de abril del año dos mil dieciséis.
39

A T E N T A M E N T E
LOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE
MOVIMIENTO CIUDADANO
DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA
DIPUTADO SILVANO BLANCO
DEAQUINO
DIPUTADA MAGDALENA
CAMACHO DÍAZ
[Hoja de firmas correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Ley Número ____ de Anticorrupción
para el Estado de Guerrero]
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Iniciativa con Proyecto de Ley Anticorrupción para el Estado de Guerrero

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