Juicio oral-y-sumario-guatemala

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Juicio Oral y Sumario (Guatemala)
1. Introducción
2. Juicio oral
3. Juicio sumario
4. Juicio crítico
5. Conclusiones
6. Recomendaciones
7. Bibliografía
Introducción
El Derecho Procesal Civil y Mercantil es amplio e interesante, ya que comprende el conjunto de
normas adjetivas jurídicas, doctrinas y principios que regulan el proceso que debe seguirse para lograr la
tutela jurídica de aquellos asuntos diversos donde se dilucidan cuestiones como los alimentos a favor del
alimentista, la rendición de cuentas, la división de la cosa en común, la declaratoria de jactancia, el
arrendamiento y desocupación, rescisión de contratos, interdictos, etc; que se ventilan específicamente en
la vía oral y sumaria respectivamente.
En este orden de ideas, se han abordado temas interesantes que contribuyen a la formación científica
del que pretende ser un profesional del Derecho, mismos que comprenden la estructura y el procedimiento a
desarrollarse en los juicios oral y sumario respectivamente, abarcándose algunos preceptos del juicio
ordinario, por ser éste aplicable en ciertas normas al los juicios mencionados con antelación, lo que como
consecuencia viene a conformar la información contenida en este trabajo de investigación, análisis y
hermenéutico, que se configura a través de un texto paralelo versado sobre la materia; información que fue
sustraída, mediante la consulta de diferentes fuentes bibliográficas, así como de copias, producto de
resúmenes hechos en clase, y sobre todo de algunas leyes aplicables que conforman nuestro ordenamiento
jurídico nacional como el Código Civil, la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley de
Tribunales de Familia y principalmente; el Código Procesal Civil y Mercantil.
Sin duda alguna, este material puede servir a los estudiantes del Derecho en cualquier ciclo o
semestre que cursen, puesto que las anotaciones jurídicas y doctrinarias, son el pan diario del futuro
Licenciado, Abogado y Notario. Permitirá obtener aclaraciones y simplificaciones de los temas que en
muchas ocasiones son poco comprensibles en cualquier otro libro de la materia, pues el lenguaje utilizado
en su redacción es el mismo que los estudiantes interrelacionan en sus conversaciones más típicas de la
carrera.
TÍTULO II
Juicio oral
No puede existir la oralidad pura, sin el auxilio de la escritura para documentar los actos procesales.
El actual Código Procesal Civil y Mercantil de Guatemala regula en el título II el procedimiento que
debe efectuarse en materia del juicio oral, dedicando para su sistematización importantes normas jurídicas
como también los supuestos jurídicos, en los cuales las contiendas deben ventilarse en esta vía.
El juicio oral en Guatemala, es aplicable para ciertos asuntos, por los Jueces de Primera Instancia del
ramo Civil y por los Jueces Menores en aquellos asuntos de ínfima y de menor cuantía; aunque en la
realidad, los asuntos de ínfima cuantía casi no se llevan a la práctica.
El objeto de diligenciar el procedimiento del juicio oral, es que el juez escuche a las partes procesales y
se declare de manera rápida el derecho que se pretende hacer valer, por su importancia y por su carácter
urgente.
CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.
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De acuerdo a lo que establece el artículo ciento noventa y nueve (199) del Código Procesal Civil y
Mercantil de Guatemala, los juicios orales pueden versar sobre:
a) Los asuntos de menor cuantía.
b) Los asuntos de ínfima cuantía.
c) Los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos.
d) La rendición de cuentas por parte de todas las personas que están obligadas a ello; por ejemplo: los
administradores, albaceas, Alcaldes Municipales, etc.
e) La división de la cosa común y las diferencias que surgieren entre los copropietarios en relación a la
misma.
f) La declaratoria de jactancia.
g) Los asuntos que por disposición de la ley o por convenio entre las partes, deben seguirse en juicio
oral.
Al hacer un análisis del artículo doscientos (200) del Código Procesal Civil y Mercantil guatemalteco, se
establece una analogía que puede existir entre el juicio
oral y el juicio ordinario, en cuanto a algunas disposiciones, siempre y cuando las mismas no se opongan a
los preceptos propios del juicio oral, es decir, existe
supletoriedad de normas. Como ejemplo de ello, puede mencionarse lo relativo a las pruebas y a la
demanda.
¿QUÉ ORGANO JURISDICCIONAL DEBE CONOCER DEL JUICIO ORAL?.
En relación a esta interrogante, es necesario hacer algunas acotaciones:
a) Muchos juristas han discutido si el juicio oral debe ventilarse ante un órgano unipersonal o bien ante
un órgano colegiado.
b) El conflicto analítico surge al momento de establecer que si conoce un juez singular, no es posible
pensar en la instancia única, considerando que lo
resuelto por él, debe conocerse o ser objeto de revisión en una instancia superior, afectándose con
ello, el principio de inmediación logrado en la primera audiencia. Mediante este principio que
establece la doctrina propia del Derecho Procesal Civil y Mercantil, lo que se pretende es que el
Juez se encuentre en un contacto directo con las partes procesales, principalmente en la recepción
personal de pruebas. Es importante tomar nota que el mismo es aplicable con mayor frecuencia en
el proceso oral que en el escrito.
c) Ahora bien, si el juicio es conocido por un tribunal colegiado, no existe posibilidad de una segunda
instancia, aunque sí puede existir una revisión de lo resuelto, por medio de un órgano superior, en
cuanto a las cuestiones de derecho y no a los hechos.
d) En realidad, en ningún proceso debe haber más de dos instancias, de acuerdo a lo que establece el
artículo doscientos once (211) de la Constitución Política de la República de Guatemala,
actualmente vigente; es decir, el magistrado o juez que haya ejercido jurisdicción en alguna de ellas,
no puede conocer en la otra, ni en casación en el mismo asunto, pero también es importante
analizar que dicha norma limita el número de instancias, pero tampoco prohíbe que haya solo una.
e) De todo ello resulta, que los principios aplicables frecuentemente al juicio oral principalmente son: la
publicidad, porque los actos procesales pueden ser conocidos incluso por los que no son parte del
litigio; la inmediación, por el objeto mencionado en líneas anteriores y la concentración, para
desarrollar el mayor número de etapas procesales en el menor número de audiencias, minimizando
con ello tiempo y recursos, tomando en cuenta que el juicio oral debe ser celérico por la naturaleza
del derecho que en el mismo se pretende hacer valer.
f) Se puede concluir que en nuestro país, el juez que conoce en primera instancia debe ser
unipersonal y solamente es tribunal colegiado, el que
conoce en segunda instancia, es decir en cuanto al recurso de apelación (Corte de Apelaciones).
g) En Guatemala, el juicio oral que se ventila por cualquiera de los asuntos a que hace referencia el
artículo ciento noventa y nueve (199) del cuerpo legal anteriormente citado, es aplicable por los
Jueces de Primera Instancia del
ramo civil y por los Jueces Menores (Jueces de Paz) en aquellos asuntos de menor e ínfima
cuantía, de acuerdo a lo a lo que establece el Acuerdo Número 37- 2006 de la Corte Suprema de
Justicia.
h) Tomando en cuenta la cantidad excesiva de litigios en materia de familia, la Corte Suprema de
Justicia, creó a los Tribunales de Familia, para conocer específicamente sobre los mismos.
¿ES NECESARIO EL AUXILIO DE ABOGADO EN LOS JUICIOS ORALES?.

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La norma general, exige el auxilio de Abogado Colegiado Activo, tomando como fundamento el
artículo 50 y 61 numeral octavo del Código Procesal Civil y Mercantil; sin embargo, al respecto existen dos
excepciones:
a) En aquellos asuntos de ínfima cuantía que en la realidad casi no son aplicables.
b) Cuando en la población donde tenga su sede el tribunal, estén radicados menos de cuatro
abogados hábiles. Al respecto, también puede citarse el artículo ciento noventa y siete (197) de la
Ley del Organismo Judicial, Decreto Legislativo 2-89.
De lo contrario, podemos darnos cuenta que si falta la firma y el sello del profesional de derecho y los
timbres forenses correspondientes, los escritos serán rechazados de plano.
El Abogado será responsable del fondo y de la forma de los escritos que autorice con su firma.
CAPÍTULO II.
PROCEDIMIENTO.
En cuanto al desarrollo del proceso que debe diligenciarse en el Juicio Oral, se analizará grosso-modo
las diferentes fases o etapas del mismo y para ilustrarlo de mejor manera se incluye un esquema detallado
del mismo, con sus respectivos plazos.
1. LA DEMANDA:
Es la etapa procesal que da inicio prácticamente a todo un proceso, en este caso, el juicio oral. De
acuerdo con lo que establece el artículo doscientos uno (201) del Código Procesal Civil y Mercantil, la
demanda puede presentarse de forma oral, levantándose para el efecto el acta correspondiente por parte
del secretario del órgano jurisdiccional, para dejar constancia de lo que el demandante expone verbalmente.
El mismo artículo citado, establece que la demanda puede presentarse
también por escrito, sin olvidar que en ambos casos, debe cumplirse cabalmente con los requisitos que para
el efecto establecen los artículos 61, 106 y 107 del cuerpo legal citado constantemente.
En la demanda deben fijarse con claridad y precisión los hechos en que se fundamenta, las pruebas que
en su momento oportuno deben rendirse, los
fundamentos de derecho y por supuesto, la petición. El actor también debe acompañar a su demanda los
documentos en que funda su derecho y si en caso no los tiene a su disposición, debe mencionarlos con la
individualidad posible, expresando lo que en ellos resulte y debe designar el archivo, oficina pública o lugar
donde se encuentren los originales.
En cuanto a la demanda, debe aplicarse supletoriamente, los requisitos esenciales que se mencionan en
el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil. Además, la demanda puede ser ampliada o modificada
antes de que haya sido contestada, de acuerdo al principio de preclusión, con fundamento en el artículo 110
de la ley citada anteriormente, artículo que es aplicable por supletoriedad al juicio oral. Ahora bien, si la
demanda se amplía o modifica en la primera audiencia, el juez debe suspender la misma, señalando nueva
audiencia para que las partes comparezcan a juicio oral, por el derecho de defensa; salvo que el
demandado prefiera contestarla en el mismo acto, esto con fundamento en el artículo 204, tercer párrafo del
cuerpo legal citado en oportunidades anteriores.
2. EL EMPLAZAMIENTO.
Si la demanda se ajusta a los requisitos legales que establecen los artículos 61, 106 y 107 del cuerpo
legal citado, el juez debe señalar día y hora para que el demandante y demandado comparezcan a juicio
oral, con sus respectivas pruebas, previniéndoles continuar el juicio en rebeldía de la parte procesal que no
compareciere.
De acuerdo a lo que establece el artículo 202 segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil,
entre el emplazamiento del demandado y la audiencia debe mediar por lo menos tres días, término que
según la distancia debe ser ampliado. Si observamos, en esta clase de juicio, el demandado solo cuenta
con tres días para preparar su defensa, debido a la celeridad en el diligenciamiento del juicio oral.
3. CONCILIACIÓN.
Esta es una etapa procesal discutida en cuanto a si se realiza antes o después de la contestación de la
demanda, sin embargo, esta es una cuestión que no presenta mayor relevancia, tomando en cuenta que en
la realidad, la mayoría de jueces, busca en primer lugar, la conciliación entre las partes procesales.
El artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que en la primera audiencia, el juez debe
esforzarse para conseguir un acuerdo voluntario entre demandante y demandado, proponiendo fórmulas
ecuánimes de conciliación, aprobando cualquier forma de arreglo que las partes acuerden, siempre y
cuando no sean contrarias a las leyes. Si la conciliación obtenida es parcial, el juicio debe continuar en
cuanto a las peticiones no comprendidas en el acuerdo.
Esta etapa procesal es de carácter obligatorio para el juez, porque debe buscarse una justa composición
de las diferencias, evitando llegar de manera directa a un debate. En cambio, para las partes procesales no

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es obligatoria la conciliación,
ya que a nadie debe obligársele a que celebre un acto conciliatorio, que puede producirse en la primera
audiencia o en la segunda, según sea el caso.
En cuanto a esta etapa del proceso, algunos juristas hacen un parangón con los preceptos que regula en
esta materia el Código de Trabajo, en base a dos cuestionamientos que es interesante analizar:
a) El Código de Trabajo en su artículo 340 segundo párrafo, establece que la conciliación es promovida
por el juez al comienzo de la diligencia. Los juristas
que están del lado del Código de Trabajo, consideran que la conciliación debe
procurarse después de la contestación de la demanda, porque ya en ese momento están fijados los
términos del conflicto y por ende el juez cuenta con mayores elementos de juicio para avenir a las
partes de manera más equitativa.
b) En cambio, los que se inclinan por los preceptos del Código Procesal Civil y Mercantil, consideran de
que una vez contestada la demanda, en muchos casos, los estados de ánimo se han exaltado y el
propósito conciliatorio brilla por su ausencia. En este sentido, se considera que si se concilia, sobra la
contestación de la demanda y se evita que el conflicto adquiera mayores proporciones. A mi criterio,
estoy de acuerdo con la segunda posición.
4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
Al contestarse la demanda, debe presentarse un memorial que debe cumplir los mismos requisitos
establecidos para la demanda y puede hacerse oralmente en la primera audiencia. También puede
presentarse por escrito hasta o en el momento de la primera audiencia, de acuerdo a lo que establece el
artículo 204 en su primero y segundo párrafo respectivamente. Debe tenerse presente que contestada la
demanda, quedan determinados los hechos sobre los cuales ha de versar el juicio oral, por lo tanto, la
ampliación o modificación de la demanda ya no es posible por el principio de preclusión, obligando con ello
a las partes procesales a ser claros y precisos en sus peticiones, desde un inicio y no estar a la expectativa
de la defensa del demandado para introducir las modificaciones o ampliaciones que la contestación de la
demanda pueda sugerir. Además, debe tenerse en cuenta que el actor ha tenido más tiempo para la
preparación de su demanda, es decir, el plazo de la prescripción que es de cinco años, mientras que el
demandado solo cuenta con los tres días establecidos para el emplazamiento. Por otra parte, la misma
oportunidad que tiene el demandado para contestar la demanda, la tiene el actor para la ampliación de ella,
siempre y cuando, antes de que el demandado la haya contestado.
5. RECONVENCIÓN.
Esta es una actitud activa negativa del demandado, toda vez que constituye su propia demanda contra
el actor o demandante. En este orden de ideas, la reconvención, en caso sea aplicada, debe llenar los
requisitos que establece el artículo 119 del Código Procesal Civil y Mercantil, en base al artículo 200 del
mismo cuerpo legal, que permite la aplicación supletoria del juicio oral con las disposiciones del juicio
ordinario, en lo que fueren aplicables. En este sentido, la pretensión ejercida en la reconvención, debe tener
conexión por razón del objeto o del título con la demanda y no debe estar sujeta a distintos trámites. En el
juicio oral, la reconvención puede presentarse oral o por escrito antes o durante la celebración de la primera
audiencia.
6. EXCEPCIONES.
Las excepciones son mecanismos de defensa u oposición que utiliza el demandado en contra del actor.
De acuerdo a lo que establece el artículo 205 del Código Procesal Civil y Mercantil, todas las excepciones
en el juicio oral deben oponerse en el momento de contestar la demanda o la reconvención. Sin embargo,
en el artículo citado, se hace una aclaración referente a las excepciones nacidas con posterioridad a la
contestación de la demanda y las de cosa juzgada, caducidad, prescripción, pago, transacción y
litispendencia; se pueden interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en segunda
instancia y deben resolverse en sentencia final. Esto es así porque el artículo citado con antelación, solo
faculta para resolver en la primera audiencia o en auto separado, las excepciones previas que se hubieran
interpuesto al contestar la demanda o la reconvención, pero luego dice: “las demás excepciones se
resolverán en sentencia”; esto debido a la celeridad que el proceso del juicio oral supone. Si nos damos
cuenta, todas las excepciones anteriores, le ponen fin al proceso (cosa juzgada, caducidad, prescripción,
pago y transacción); excepto la excepción de litispendencia.
Lo anterior se sintetiza en que todas las excepciones que desee hacer valer el demandado, deben
interponerse en el momento de contestar la demanda o en su caso la reconvención, en base a los principios
de eventualidad, economía procesal y concentración. Las excepciones previas deben resolverse en la
primera audiencia; sin embargo, el juez puede resolver en auto separado, es decir, fuera de la audiencia,
aquellas excepciones previas que se presenten con características complicadas. En cuanto a las
excepciones que no son previas, es decir la mixtas y perentorias, deben resolverse en sentencia. Si entre

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las excepciones previas, se encuentra la de incompetencia, el juez debe resolverla antes de las demás,
porque en caso de declararse su incompetencia, obviamente no puede seguir conociendo de las demás
excepciones.
CLASES DE EXCEPCIONES:
A) EXCEPCIONES PREVIAS:
Son medios de defensa utilizados por el demandado ante la inexistencia de presupuestos procesales.
Con una excepción previa, el demandado pretende depurar o dilatar la acción del actor. Hay que recordar
que en el juicio oral, el demandado solo cuenta con tres días para interponer las excepciones previas,
debido a que se presentan al momento de contestar la demanda.
Las excepciones previas son nominadas, porque en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil
aparecen reguladas con un nombre ya definido. Además, la legislación no permite otras denominaciones,
por lo que se habla de un número clausus (cerrado).
Las excepciones previas que establece el artículo 116 de la ley citada anteriormente son:
a) INCOMPETENCIA.
Cuando el Juez ante quien se plantea la acción carece de competencia sea por razón de la materia, del
territorio o cuantía para conocer de ella.
b) LITISPENDENCIA.
Cuando exite juicio pendiente, es decir, se encuentra en trámite y se alega cuando se siguen dos o más
procedimientos iguales en cuanto a sujetos, objeto y causa.
c) DEMANDA DEFECTUOSA.
Cuando la demanda no cumple con los requisitos formales que establece los artículos 61, 106 y 107 del
Código Procesal Civil y Mercantil y el Juez no se ha percatado de ello.
d) FALTA DE CAPACIDAD LEGAL.
Cuando el actor carece de capacidad de ejercicio para adquirir los derechos que pretende en contra del
demandado.
e) FALTA DE PERSONALIDAD.
Cuando el actor no tiene la legitimación activa, es decir, no está vinculado al proceso.
f) FALTA DE PERSONERÍA.
Cuando una persona actúa en representación del actor, sin reunir las calidades que se requieren para los
apoderados o reprsentantes legales de una persona jurídica.
g) FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAZO A QUE ESTUVIERE SUJETA LA OBLIGACIÓN QUE SE
HAGA VALER.
Cuando el actor exije el cumplimento de la obligación antes de que expire el plazo fijado para el efecto.
a) FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LA CONDICIÓN A QUE ESTUVIERE SUJETA LA OBLIGACIÓN
QUE SE HAGA VALER.
Cuando el actor o demandante, exije el cumplimiento de la obligación antes de que suceda el
acontecimiento fijado para el efecto.
b) CADUCIDAD.
Cuando el actor exije el cumplimiento de un derecho o una acción, habiendo transcurrido el plazo para tal
ejercicio.
c) PRESCRIPCIÓN.
Esta excepción se refiere a la extinción de obligaciones en contra del actor o demandante.
d) COSA JUZGADA.
Cuando se pretende evitar la revisión de un fallo favorable para el demandado y por ende su
revocabilidad por parte del actor.
e) TRANSACCIÓN.
Es un contrato mediante el cual, las partes procesales deciden de común acuerdo algún punto dudoso o
litigioso, evitan el pleito que podrá promoverse o terminan el que está principiando, mediante concesiones
recíprocas.
f) ARRAIGO.
Con la finalidad de continuar un proceso judicial, cuando el actor es extranjero o transeúnte y el
demandado guatemalteco. Esto con la finalidad de proteger los intereses de los nacionales contra los daños
y perjuicios que pudieran sufrir por parte de una persona extranjera, que promoviere una demanda sin
fundamento legal.
B) EXCEPCIONES PERENTORIAS.

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Estas excepciones son inominadas, es decir, uno les pone nombre. Estas son un medio de defensa que
utiliza el demandado con el objeto de atacar las pretensiones del actor, atacando en consecuencia el fondo
del asunto y se resuelven en sentencia.
Como ejemplos de excepciones perentorias puede citarse: “Falta de capacidad económica para poder
cumplir la obligación”, “falta de veracidad de los hechos en que se funda el actor”. Para el efecto, debe
analizarse detenidamente el término que se va a utilizar.
C) EXCEPCIONES MIXTAS.
Estas son excepciones previas que al acogerse tienen efecto de perentorias. Por ejemplo: las
excepciones de caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción; porque con ellas se impide reinciar la
acción.
7) PRUEBAS.
En cuanto a las pruebas se refiere, es aplicable supletoriamente los preceptos del juicio ordinario. Las
pruebas deben ofrecerse en la demanda o en la contestación de ella, debiendo individualizarse. En el juicio
oral no existe el término de prueba, sino audiencias.
De acuerdo a lo que establece el artículo 206 del Código Procesal Civil y Mercantil, las partes
procesales están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. La
intención de esta norma es concentrar los actos de prueba en la primera audiencia, ya que las siguientes
dos audiencias que permite el Código Procesal Civil y Mercantil, tienen carácter excepcional. Sin embargo,
en la práctica se ha observado dificultad de que la parte pueda comparecer a la primera audiencia con todos
sus medios probatorios y en algunos casos, si se presentan todas la pruebas, ha sido difícil recibirlas por
parte del juez, por la falta de tiempo.
Al hacer un análisis del artículo 206 del código en mención, surge una duda por las siguientes razones:
a) En el primer párrafo se establece que las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con
sus respectivos medios de prueba. En este caso, es cierto que no se menciona que las partes
concurran con todas sus pruebas, simplemente dice con sus respectivos medios de prueba; por lo que
considero que la norma citada permite cierto grado de flexibilidad.
b) Mientras tanto, en el segundo párrafo si se habla de todas la pruebas, pero atendiendo a la hipótesis de
que las mismas no puedan rendirse en la primera audiencia. Tampoco menciona el artículo citado que
la falta de cumplimiento en aportar todas las pruebas en la primera audiencia, produzca como efecto la
preclusión del derecho a aportarlas en la segunda o tercera audiencia según sea el caso.
El juicio oral, por su naturaleza, es el que más se presta para la indagación de la verdad material, por ello
considero que debe apoyarse una actitud judicial que se incline por facilitar la recepción de la prueba,
tomando como factor el tiempo, ya que sólo se permite para el efecto tres audiencias, siendo esto una
limitación a la facultad de las partes para aportar sus respectivos medios de prueba.
LAS AUDIENCIAS.
Como ya se hizo mención, sólo es posible desarrollar en el juicio oral, tres audiencias. Si por alguna
circunstancia en la primera audiencia no es posible recibir las pruebas ofrecidas por las partes, tiene que
señalarse una segunda audiencia, que deberá tener lugar dentro de un término que no exceda de quince
días, tal como lo establece el segundo párrafo del artículo 206 de la ley mencionada en párrafos anteriores.
Desde luego, las partes procesales son las más interesadas en procurar que sus pruebas sean recibidas en
la primera audiencia o a más tardar en la segunda, ya que la tercera audiencia es de naturaleza
extraordinaria y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes, no hubiere sido posible
aportar todas las pruebas. Esta audiencia es exclusivamente para este efecto y debe practicarse dentro de
un término que no exceda de diez días, plazo que se cuenta a partir del desarrollo de la segunda audiencia.
La frase que el Código ´Procesal Civil y Mercantil tomó de la legislación laboral, al indicar en su artículo
206 “las partes están obligadas” a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba,
no fue muy afortunada, porque en
realidad las partes tienen esa carga procesal, pero no una auténtica obligación, puesto que en ninguna parte
del artículo mencionado se establece algún tipo de sanción por el incumplimiento.
El último párrafo del artículo 206 de la ley mencionada, establece la facultad que tienen los jueces para
señalar términos extraordinarios, cuando algún medio de prueba debe ser rendido fuera de nuestro país, es
decir en el extranjero. Para el efecto, es aplicable las disposiciones del artículo 124 del mismo cuerpo legal,
que hace referencia a un término improrrogable suficiente que no deberá exceder de 120 días.
¿QUÉ CLASE DE PRUEBAS PUEDEN SER APORTADAS EN EL JUICIO ORAL?
Recordemos que para este efecto se aplican supletoriamente artículos pertenecientes a las disposiciones
del juicio ordinario. En este sentido, son medios de prueba de acuerdo al artículo 128 del Código Procesal
Civil y Mercantil los siguientes:
A) DECLARACIÓN DE LAS PARTES.

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Esta diligencia de prueba es propia y aplicable al juicio oral, toda vez que el tercer párrafo del artículo
206 del cuerpo legal mencionado en oprotunidades anteriores establece: “cuando se proponga la prueba de
declaración de la parte, el juez determinará la audiencia en que deba practicarse. Hay que tomar en cuenta
que este medio de prueba también tiene su característica del principio de escritura, ya que para el efecto
deben redactarse posiciones en forma de interrogatorio, dirigidas hacia la parte contraria del litigio. Las
posiciones deben versar sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho,
expresadas con claridad, precisión y en sentido afirmativo.
En cuanto a la práctica existen algunas dificultades como las siguientes:
a) Existe la duda si debe acompañarse la plica que contiene las posiciones con el escrito en que se solicita
la prueba. En este punto debemos recordar que las disposiciones del juicio ordinario son aplicables al
juicio oral en lo que sea pertinente. Entre esas disposiciones supletorias, encontramos el artículo 131
del Código Procesal Civil y Mercantil, cuyo primer párrafo establece: “El que haya de absolver
posiciones será citado personalmente a más tardar dos días antes del señalado para la diligencia, bajo
aprecibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa, será tenido por confeso a solicitud de
parte. Para ordenar la citación es necesario que se haya presentado la plica que contenga el pliego de
posiciones, el cual quedará bajo reserva en la secretaría del tribunal”. Como puede observarse, este
artículo exige la presentación de la plica para que el juez pueda disponer la citación.
El fundamento de esta norma en nuestro sistema, es evitar que el litigante malicioso pueda utilizar
varias plicas, presentando la que convenga a sus intereses si el absolvente no comparece en la
audiencia señalada y de esa manera, lograr una confesión ficta, es decir, imaginaria, ficticia o falsa;
sobre las posiciones que a él le interesen.
TERMINACIÓN DEL PROCESO.
Supongamos que ambas partes procesales comparecen a la primera audiencia, pueden presentarse
varios supuestos, en cuanto a las actitudes demostradas, principalmente del demandado. En efecto, el
demandado puede allanarse, es decir, aceptando todas o algunas de las pretensiones del actor. El
allanamiento no implica confesión de los hechos, pero termina el proceso. Por otra parte, puede confesar
expresamente los hechos en que se funda la demanda. En ambas situaciones, el juez no necesita recibir
más pruebas y debe dictar sentencia dentro del tercer día, de acuerdo a lo que establece el primer párrafo
del artículo 208 del Código Procesal Civil y Mercantil.
Ahora, si no hubiere allanamiento ni confesión, debe recibirse la prueba propuesta por las partes
procesales, en cuyo caso, el juez debe dictar la sentencia dentro de los cinco días contados a partir de la
última audiencia, de acuerdo a lo que establece el último párrafo del cuerpo legal anteriormente citado.
Por otro lado, si a la audiencia comparece una sola de las partes, se incurre en rebeldía por la parte
incompareciente, sea esta el demandado o el actor. Cuando el demandado no comparece a la primera
audiencia sin causa justificada, el juez debe fallar, siempre que se haya recibido la prueba ofrecida por el
actor. Esto quiere decir, que si el demandado no comparece a la primera audiencia, corre el riesgo de que
en la misma se rinda toda la prueba por el actor y el juez pueda inmediatamente dictar sentencia.
Para que el demandado pueda evitar lo anterior, debe comparecer a la primera audiencia personalmente
o por medio de apoderado. También puede contestar la demanda por escrito para que tenga derecho a que
su prueba sea recibida si su incomparecencia es por motivos justificados. Algo importante de señalar en
este aspecto es que el Código Procesal Civil y Mercantil difiere con el Código de Trabajo, ya que en este
cuerpo legal (Código de Trabajo) se admite la excusa de la parte que no comparece, siempre que se
presente antes de la hora señalada para la audiencia (ver artículo 336 del Código de Trabajo). Mientras que
en el Código Procesal civil y Mercantil no exise tal posibilidad de excusa.
Es conveniente hacer ver que en el juicio oral puede también producirse la rebeldía del demandante, ya
que el artículo 202 del cuerpo legal mencionado, establece que la citación para la comparecencia a la
primera audiencia se hará bajo el aprecibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la parte que no
compareciere. Si nos damos cuenta, esta disposición comprende tanto al actor como al demandado, sin
embargo, las consecuencias son más graves para el demandado como quedó establecido anteriormente.
Asidero legal: artículos 128 numeral primero, 130 al 141 del Código Procesal Civil y Mercantil. Este
medio de prueba se rige por el sistema de la prueba legal o tasada, pues produce plena prueba.
B) DECLARACIÓN DE TESTIGOS.
Cuando se hace a través del interrogatorio y declaración verbal o escrita de personas que han
presenciado los hechos litigiosos o han oído su relato de otros. Hay que tomar en cuenta que los que tienen
conocimiento de los hechos que las partes procesales deben probar, están obligados a declarar como
testigos, siempre
que sean requeridos. Cada uno de los litigantes puede presentar hasta cinco testigos sobre cada uno de los
hechos que deban ser acreditados.

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En cuanto a la edad para reunir la calidad de testigo, de acuerdo al artículo 143 del Código Procesal
Civil y Mercantil, se requiere que la persona haya cumplido dieciséis años de edad cronológica. Sin
embargo, existe una serie de prohibiciones para ser testigo como las siguientes:
Los parientes consanguineos o afines de las partes, ni el cónyuge aunque esté separado legalmente;
salvo que el testigo haya sido propuesto por ambas partes, donde dichos testigos sí pueden declarar, como
también en los procesos sobre filiación, edad, parentesco o derechos de familia que se litiguen entre
parientes.
Las preguntas deben ser claras y precisas de manera que no sean de respuesta sobre apreciaciones ni
opiniones propias del testigo. Si en la audiencia no se presentan todos los testigos, el juez puede practicar
la diligencia con los que concurran si está de acuerdo el proponente, en este caso, ya no se recibirán las
declaraciones de los testigos ausentes. Pero si la parte interesada lo pide, el juez debe suspender la
diligencia y señalar día y hora para recibir las declaraciones a todos los testigos propuestos.
A los testigos, debe preguntársele sus datos generales, de acuerdo a lo que establece el artículo 148 del
Código Procesal Civil y Mercantil y además deben declarar bajo juramento, en base al artículo 134 del
mismo cuerpo legal, para no incurrir en los delitos de perjurio y falso testimonio, tipificados en los artículos
459 y 460 del Código Penal. Si un testigo se encuentra imposibilitado para presentarse a declarar al juzgado
o por tener una razón justificada a juicio del juez, debe ser examinado donde se encuentre.
Las partes pueden alegar y probar acerca de la idoneidad de los testigos, dentro del mismo término de
prueba. Si el testigo no sabe el idioma español, declarará en su dioma materno, necesitándose para el
efecto, la intervención de un intérprete nombrado por el juez. El artículo 162 del Código Procesal Civil y
Mercantil, en este caso, hace referencia a un intérprete, situación que no comparto, porque este término
debe utilizarse en el caso de la declaración de personas que no pueden expresarse en ningún idioma, por
ejemplo un mudo; situación en la que sí es neceario el auxilio del mismo. En este caso es más técnico
utilizar el término de traductor.
El juez debe valorar o apreciar la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos, mediante el
sistema de la sana crítica.
Fundamento legal: artículos 128 numeral segundo, 142 al 163 del Código Procesal Civil y Mercantil.
C) DICTAMEN DE EXPERTOS.
Esta constituye una prueba pericial, porque surge del dictamen de peritos, es decir, personas llamadas a
informar ante un órgano jurisdiccional por razón de sus conocimientos especiales. Para este efecto, cada
parte debe designar un experto y el juez un tercero para el caso de discordia, salvo que las partes se
pongan de acuerdo en el nombramiento de un solo experto.
Los expertos tienen cinco días, contados a partir de ser notificados, para aceptar o no el cargo para el
que han sido nombrados. El dictamen brindado por estos especialistas, no obliga al juzgador a tomarla
como veraz, sino que el juez debe formar su convicción, es decir, valorar la prueba, de acuerdo a lo que el
dictamen provoca en él.
Fundamentación legal: artículos 128 numeral tercero, 164 al 171 del Código Procesal Civil y Mercantil.
D) RECONOCIMIENTO JUDICIAL.
Este medio de prueba, es producto de un examen que practica el juez personalmente o con el auxilio de
peritos según sea el caso, en el lugar donde se produjo el hecho o de la cosa en litigio. En nuestra
legislación, pueden ser objeto de reconocimiento judicial o inspección ocular las personas, los lugares y las
cosas que interesen al proceso. Esta diligencia se puede practicar en cualquier momento del proceso, hasta
antes del día de la vista, sea de oficio o a petición de parte; incluso puede practicarde en diligencia para
mejor fallar. Las partes procesles y sus respectivos abogados pueden presenciar la diligencia y pueden
realizar las observaciones que consideren pertinentes ante el juez que la practica.
Fundamento legal: artículos 128 numeral cuarto, 172 al 176 del Código Procesal Civil y Mercantil.
E) PRUEBA DE DOCUMENTOS.
La prueba documental o instrumental, se realiza por medio de documentos privados, documentos
públicos, libros de comerciantes, correspondencia o cualquier otro escrito. En este aspecto, pueden
presentarse toda clase de documentos legales por supuesto como: fotostáticas, fotocopias, fotografías,
radiografías, mapas, diagramas, calcos y otros similares.
El artículo 178 del cuerpo legal citado, hace referencia a la prohibición de utiizar como medio de prueba
documental las cartas dirigidas a terceros, excepto cuando se trata de probar el estado civil de las personas,
en procesos de ejecución colectiva y en aquellos contra el Estado, las municipalidades o entidades
autónomas y/o descentralizadas. También es importante hacer referencia a la no admisión de documentos
incompletos por estar rotos, cancelados, quemados o raspados en su parte fundamental.
Cuando el documento propuesto está bajo el poder de la parte adversaria, el interesado debe presentar
copia del mismo o por lo menos, los datos que conozca acerca de su contenido, asi mismo probar que el

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documento lo tiene el adversario en el litigio. Por su parte, el artículo 186 de la ley en mención, hace
referencia al sistema de valoración de la prueba legal o tasada, toda vez que a tenor de su literalidad
establece: “Que los documentos autorizados por notario o por fucnionario o empleado público en ejercicio
de su cargo, producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho de las partes de redargüirlos de nulidad o
falsedad”. La parte contraria puede impugnar los documentos públicos o privados.
Los documentos otorgdos fuera de la República, producen efectos en Guatemala, siempre y cuando
reunan los requisitos que establece el artículo 190 del cuerpo legal en mención.
Fundamento legal: artículos 128 numeral quinto, 177 al 190 del Código Procesal Civil y Mercantil.
F) MEDIOS CIENTÍFICOS DE PRUEBA.
Pueden presentarse a solicitud de parte o de oficio. En este aspecto puede mencionarse como
ejemplos: calcos, relieves, las reproducciones o videos y fotografías de objetos, documentos y lugares.
Actualmente puede hacerse mención del ADN (ácido desoxirribonucleico) como una prueba moderna,
segura, pero de un fuerte costo económico, eficaz para los casos donde debe probarse la paternidad. El
juez, para apreciar esta clase de pruebas, puede auxiliarse de expertos, por ejemplo un médico.
Asidero legal: artículos 128 numeral sexto, 191 al 193 del Código Procesal Civil y Mercantil.
G) PRESUNCIONES.
Esta es una prueba conjetural, porque resulta de indicios, señales o argumentos. Las presunciones son
consecuencias que deduce un juez tomando como base los hechos que conoce y que le llevan al
conocimiento de los hechos que desconoce.
El Código Procesal Civil y Mercantil, establece en sus artículos 194 y 195 dos clases de presunciones:
A) PRESUNCIONES LEGALES:
Son aquellas que el legislador incluyó en la ley y que pueden ser:
a) Juri et de jure. Es aquella suposición legal que no admite prueba en contrario. Como ejemplo
de ella puede citarse el precepto establecido en el artículo 3 de la Ley del Organismo Judicial,
donde se indica que contra la observancia de la ley, no puede alegarse ignorancia, desuso,
costumbre o práctica en contrario.
b) Juris tantum. Es aquella presunción que sí admite prueba en contrario, o sea que puede ser
destruida por otra prueba presentada en su contra. Como ejemplo de ella, puede mencionarse
la mayoría de pruebas contenidas en el Código Civil guatemalteco. Por ejemplo, la presunción
de paternidad y filiación matrimonial y cuasimatrimonial, reguladas en los artículos 182 y 199 de
dicho cuerpo legal.
B) PRESUNCIONES HUMANAS:
Estas solo producen prueba, si es consecuencia directa, precisa y logicamente deducida de un hecho
comprobado; es decir, las presunciones humanas se derivan de los hechos probados.
8) INCIDENTES Y NULIDADES.
El propósito de la norma contenida en el artículo 207 del cuerpo legal en mención, es obtener el mayor
grado de celeridad en la tramitación del juicio oral y se deja a criterio del juez la consideración de la
importancia que pueda revestir el incidente o nulidad que se plantea. En este sentido, si el incidente o
nulidad tienen, a juicio del juez, la gravedad necesaria que haga imprescindible su resolución inmediata, así
debe hacerlo. Esto es lógico, porque normalmente estos incidentes o nulidades se presentan en el
desarrollo de una audiencia, por lo que el juez tiene la posibilidad que le proporciona el artículo mencionado
con antelación, para actuar de forma inmediata.. Tambien tiene el juez la facultad de determinar si estos
incidentes y nulidades deben resolverse previamente, porque si decide lo contrario, los resolverá en
sentencia. Lo mismo ocurre con aquellos incidentes o nulidades que por su complejidad no puedan
resolverse previamente ni sea necesario hacerlo así, en cuyo caso se resolverán también en sentencia. De
todas maneras, la ley prevé que si no se resuelven inmediatamente debe darse audiencia por veinticuatro
horas a la otra parte del litigio. También establece el Código Procesal Civil y Mercantil que la prueba que
se proponga en relación con estos incidentes o nulidades, se recibirá en una de las audiencias mencionadas
en el artículo 206 antes citado.
9) SENTENCIA.
Resolución que le pone fin al proceso del juicio oral, sea la misma absolutoria o condenatoria. Para
llegarse a ella puede ser mediante el desenvolvimiento de un máximo de tres audiencias como ya se
explicó, o bien mediante la concurrencia de el allanamiento o de la confesión, que permite que el juez pueda
dictar la sentencia y poner así fin al litigio. En efecto, el artículo 208 del Código Procesal Civil y Mercantil en
su primer párrafo establece: “si el demandado se allanare a la demanda o confesare los hechos expuestos
en la misma, el juez dictará sentencia dentro del tercer día”. Esto quiere decir que el juez ya no necesita de
ninguna otra prueba para que el asunto judicial termine mediante una sentencia,

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El mismo artículo citado, en su párrafo segundo establece que si el demandado no comparece a la
primera audiencia sin causa justificada, el juez debe fallar, siempre y cuando, el demandante ofrezca sus
pruebas y que las mismas sean recibidas por el juzgador; de manera que la rebeldía del demandado no
produce confesión ficta como norma general en el Código Procesal Civil y Mercantil, sin embargo existen al
respecto algunas excepciones en relación al juicio oral de alimentos, de ínfima cuantía, de rendición de
cuentas, de jactancia, en el juicio sumario de deshacio y en el interdicto de despojo.
Ahora, si se lleva a cabo una, dos o tres audiencias, el juez debe dictar la sentencia dentro de cinco días
que se cuentan a partir de la audiencia o última audiencia realizada según sea el caso. Es impotante hacer
hincapié que en el artículo 208 del cuerpo legal citado, no se menciona nada sobre la incomparecencia sin
causa justificada del demandante a la primera audiencia, situación que ha dado lugar a que se plentee la
duda de la actitud que el juez debe asumir, especialmente en cuanto a si debe dictar sentencia absolutoria,
si el demandado comparece y niega la demanda.
No obstante lo anterior, muchos juristas consideran de que el código Procesal Civil y Mercantil
específicamnente, no le atribuye ese efecto a la rebeldía del actor y que el juez tiene facultades para señalar
una segunda audiencia, para el caso de que no haya sido posible rendir todas las pruebas en la primera, en
este caso por parte del demandado.
10) RECURSOS.
El artículo 209 de la ley citada establece que en este tipo de proceso solo es apelable la sentencia. El
objeto de esta norma es que el juicio oral se tramite con toda la celeridad posible, dando amplias facultades
al juez para resolver las excepciones, incidencias o nulidades que se presenten durante el transcurso del
proceso, sin que haya necesidad de que se abra una segunda instancia.
Es importante tener presente que el juez o tribunal superior, al recibir los autos, debe señalar día para la
vista, la que tendrá lugar dentro de los ocho días siguientes y si no se hubieran ordenado diligencias para
mejor proveer, se dictará sentencia dentro de los tres días siguientes. A este precepto, muchos analistas
han criticado de que debiera permitirse el recurso de apelación contra la resolución que resuelva la
excepción de incompetencia, ya que es conveniente que un tribunal de segunda instancia ratifique lo
resuelto por el juez o lo revoque en su caso. Con relación a esta crítica debe tomarse en cuenta que
muchas veces la excepción de incompetencia sólo se utiliza para demorar innecesariamente el trámite del
proceso, recordando con ello que la finalidad del juicio oral es terminar el proceso lo más rápido posible.
11) EJECUCIÓN.
La ejecución de sentencias en los juicios orales, según lo establecido en el artículo 210 del Código
Procesal Civil y Mercantil, se lleva a cabo en la forma establecida en dicho cuerpo legal para cualquier otra
sentencia, pero los plazos deben enterderse reducidos a la mitad. En el cuerpo legal mencionado, lo
relacionado con la ejecución de sentencias nacionales está comprendido en los asrtículos 340 al 343.
Atendiendo a la naturaleza de las distintas clases de juicios orales que regula el artículo 199 de la ley
mencionada, es lógico que la ejecución de sentencias para cada uno de ellos pueda diferir y no siempre
será aplicable la vía de apremio En este sentido, es importante tener presente lo que establece los artículos
340, 341. 342 y 343 del Código Procesal Civil y Mercantil; así mismo los artículos 173, 174 y 175 de la Ley
del Organismo Judicial.
CLASES DE JUICIOS ORALES
A grosso-modo, se explica a continuación las clases de juicio oral que regula el artículo 199 del Código
Procesal Civil y Mercantil.
CAPÍTULO III.
1. JUICIO ORAL DE ÍNFIMA CUANTÍA.
Por razón de la cuantía, son competentes los jueces menores cuando el valor que se litiga no exceda de
un mil quetzales, salvo que se trate de asuntos de familia, cuya ínfima cuantía queda establecida por la
suma de seis mil quetzales; esto de acuerdo a lo que establecen los acuerdos 43-97, 5-97 y 6-97 de la
Corte Suprema de Justicia.
En este caso, la demanda, su contestación y demás diligencias se harán de palabra, dejando constancia
de ellas en un libro que se llevará al efecto, así como de la resolución que se dicte en el acto. Contra esa
resolución no cabe recurso alguno. Además, en esta clase de proceso no se grava a las partes con gastos,
costas ni honorarios de ninguna clase. En esta clase de juicio, la incomparecencia del demandado se tiene
como confesión de los hechos afirmados por el actor.
2. JUICIO ORAL DE MENOR CUANTÍA.
Se promueve en esta vía, aquellos procesos en los cuales se pretende una sentencia de condena y
cuyo monto se encuentra determinado conforme las siguientes reglas establecidas en el acuerdo 37-2006
de la Corte Suprema de Justicia:

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a) En el municipio de Guatemala, hasta cincuenta mil quetzales ( Q 50,000.00).
b) En las cabeceras departamentales y en los municipios de Coatepeque en Quetzaltenango; Santa
Lucía Cotzumalguapa en Escuintla; Malacatán e Ixchiguán en San Marcos; Santa María Nebaj en El
Quiché; Poptún en El Petén; Santa Eulalia y La Democracia en Huehuetenango; Mixco, Amatitlán y
Villa Nueva en Guatemala; hasta veinticinco mil quetzales (Q 25,000.00). Esto, por ser municipios
donde existe Juzgado de Primera Instancia del ramo civil.
c) En el resto de municipios del país, es decir, que no son cabeceras departamentales ni los
mencionados en el inciso anterior, hasta quince mil quetzales ( Q15,000.00).
CAPÍTULO IV.
3. JUICIO ORAL DE ALIMENTOS.
Para iniciar el análisis al respecto, debe recordarse que el Código Civil en su artículo 278 establece que
la denominación de alimentos comprende todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido,
asistencia médica y también la educación e instrucción del alimentista cuando aún es menor de edad. En
este sentido, los alimentos deben ser proporcionados a las circunstancias personales y pecuniarias de quien
los debe y también de quien los recibe, pudiendo estos aumentar o disminuir de acuerdo a las necesidades
que tenga el alimentista y la fortuna del alimentante.
Para entablar una demanda de alimentos, basta la presentación de cualquiera de los títulos que se
mencionan en el artículo 212 del Código Procesal Civil y Mercantil, para que el juez proceda a darle trámite.
Sin embargo, el artículo mencionado establece que uno de los títulos es el testamento, lo que es
contradictorio con el artículo 22 del Código de Notariado guatemalteco, el cual establece que los
testamentos y donaciones morti-causa no pueden consultarse por cualquier persona, sino únicamente por
los otorgantes, mientras estos vivan; exceptuando con ello el principio de publicidad. Entonces, en atención
al título discutido, puede analizarse que solo debe presentarse el testimonio de la cláusula donde se
reconoce el hijo y no el testamento completo.
El juez tiene la facultad de ordenar una pensión alimenticia provisional, recordando que el juicio oral en
esta materia es de carácter urgente por su misma naturaleza; sin perjuicio de la restitución que debe
hacerse a la persona, en caso la misma sea absuelta de dicha obligación. En el artículo 279 del Código
Civil, se establece que el juez a su libre arbitrio puede decidir que los alimentos no se
otorguen en dinero, sino de otra manera, cuando a juicio del juzgador hayan razones que lo justifiquen; por
ejemplo, que se den en especie.
En esta clase de juicio, el demandante puede pedir toda clase de medidas precautorias, las que deben
ordenarse sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía, de conformidad con el artículo 214 del
Código Procesal Civil y Mercantil; disposición que concuerda con el artículo 12 segundo párrafo de la Ley de
Tribunales de Familia (Dto-ley 206), que establece que cuando el juez considere necesaria la protección de
los derechos de una parte, antes o dutante la tramitación de un proceso, puede dictar de oficio o a petición
de parte, tada clase de medidas precautorias, las que se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de
prestar garantía. Por lo tanto, al hacer un análisis, estas normas constituyen una excepción a lo establecido
en el artículo 531 del Código Procesal Civil y Mercantil que dispone el otorgamiento de garantía para que
pueda ejecutarse una medida precautoria. En este mismo orden de ideas, el artículo 292 del Código Civil
establece que la persona obligada a dar alimentos contra la cual haya habido necesidad de promover juicio
para obtenerlos, deberá garantizar suficientemente la cumplida prestación de ellos con hipoteca,, si tuviera
bienes hipotecables (bienes inmuebles obviamente), con fianza u otras seguridades a juicio del juez.
Como puede apreciarse, el juez que conoce del juicio oral de alimentos tiene amplias facultades para
dictar toda clase de medidas precautorias. Además debe tenerse presente que el Código Penal regula un
capítulo referente al incumplimiento de deberes, mismo que está integrado del artículo 242 al 245. Además
debe citarse el artículo 55 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece la
obligación de prestar alimentos.
El juicio oral de alimentos, puede terminar si el demandado incurre en rebeldía; pero no a la inversa, es
decir, que el actor incurra en rebeldía. Si el demandado incumpliera con su obligación, se procederá
inmediatamente al embargo y remate de bienes suficientes para cubrir el importe de la pensión alimenticia o
al pago si de trata de cantidades en efectivo. Ahora, si se hubiera otorgado garantías específicas como la
hipoteca, prenda o fianza, la ejecución debe ser por la vía de apremio para el caso de la hipoteca y de la
prenda, y por la vía ejecutiva común para el caso de la fianza, pero sin perjudicar en este último caso al
actor.
¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A PRESTAR ALIMENTOS?.
De acuerdo al artículo 283 del Código Civil están obligados recíprocamente a prestarse alimentos, los
cónyuges, los ascendientes, descendientes y hermanos. Cuando el padre de familia, por sus circunstancias

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personales y pecuniarias no tuviera la posibilidad de proporcionar los alimentos y la madre tampoco pudiera
hacerlo, tal obligación corresponde a los abuelos paternos de los alimentistas, por el tiempo que dure la
imposibilidad del padre.
CAPÍTULO V.
4. JUICIO ORAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
Esta obligación la tienen las personas a quienes se les atribuye por disposición de la ley o del propio
contrato. Es decir, aquel que ha administrado bienes ajenos está obligado a rendir cuentas de acuerdo a lo
que establece el artículo 1515 del Código Civil. En la realidad, existen muchas personas que en cualquier
momento pueden ser obligadas a rendir cuentas, por ejemplo puede citarse: a los albaceas; adminsitradores
de la mortual; tutores; depositarios; interventores; administradores de bienes del menor, incapaces y
ausentes; presidentes de asociaciones; Alcaldes Municipales; etc.
En esta clase de juicio según los casos, la sentencia puede contener:
a) La aprobación o improbación de las cuentas.
Cuando se han rendido cuentas durante el juicio y se han aportado las pruebas.
b) La condena al pago del saldo que resulte de las mismas.
El juez aprueba la rendición de cuentas de conformidad con los resultados que ofrezca la prueba
aportada al juicio., pero determina un saldo a favor del actor a cuyo pago condena al demandado.
c) La condena en daños y perjuicios que se fijarán prudentemente por el juez, para el caso de la
rebeldía a rendir cuentas, o de improbación de las mismas, tomando como base las afrmaciones del
actor. En ambas hipótesis, el juez estima prudencialmente los daños y perjuicios, tomando como
base las afirmaciones del actor.
d) La condena al pago de intereses legales y las costas.
Esto opera cuando se ha determinado la existencia de un saldo deudor.
e) La fijación del plazo dentro del cual deberá hacerse el pago.
Esto puede ser en cuanto al pago del saldo resultante, de los daños y perjuicios o de los intereses
legales; según sea el caso.
f) La absolución del demandado con base en que no estaba obligado a rendir cuentas.
Los incisos anteriores, representan situaciones en que el demandado ha sido condenado; pero en
esta literal se hace referencia a la situación en que con la prueba presentada, se haya desvirtuado
la obligación de rendir cuentas.
CAPÍTULO VI.
5. JUICIO ORAL DE DIVISIÓN DE LA COSA COMÚN.
El artículo 492 del Código Civil establece que ningún copropietario está obligado a pemanecer en
mancomunidad. Cada uno de ellos puede pedir en cualquier tiempo, que se divida la cosa común, salvo los
casos en que la indivisión esté establecida por la ley, como sucede por ejemplo, en el régimen de propiedad
horizontal, en la cual los elementos y partes comunes se han de mantener en indivisión forzosa, mientras
dure ese régimen, siendo nulo cualquier pacto en contrario (ver artículo 534 del Código Civil).
Para llevar a cabo la división de la cosa común, es necesario la interención de un partidor que deberá
tener la calidad de Notario, situación que no comparto, porque debió ser un Ingeniero Agrónomo por
ejemplo, por tratarse de terrenos a los que hay que aplicar fórmulas técnicas para su partición. Por ser la
división de la cosa común, materia del juicio oral, se aplican las normas del mismo y por supletoriedad,
cuando corresponde, las normas del juicio ordinario; sin embargo por su misma naturaleza, en los artículos
del 219 al 224 del Código Procesal Civil y Mercantil, se incluyen normas específicas de este juicio.
El juicio oral de división de la cosa común, procede cuando los copropietarios no están de acuerdo, caso
en el cual procede la petición de la división de la cosa común o en su caso, la venta en pública subasta.
Estos dos presupuestos son lógicos porque no todas las cosas admiten cómoda división (por ejemplo un
vehículo), y cuando eso sucede, procede su venta en pública subasta y será el producto de la venta lo que
se repartirá a prorrata entre los condóminos. Es necesaria la declaración judicial de la división de la cosa
común cuando existan intereses de menores, ausentes, incapaces o del Estado. Un aspecto que
únicamente por cuestión técnica, es recomendable observar es que no debería hablarse de división de la
cosa común; sino de división de la cosa en común, por tratarse de una copropiedad.
CAPÍTULO VII.
6. JUICIO ORAL DE DECLARATORIA DE JACTANCIA.
Etimológicamente la palabra jactancia proviene del vocablo latino “iactancia” que quiere decir “alabanza
propia, desordenada y presuntuosa”. La jactancia implica la ostentación pública por el jactancioso de una

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pretensión jurídica respecto de un tercero, atribuyéndose determinados derechos reales o bien acciones en
contra del mismo, ocasionando con ello perjuicios materiales y morales al verdadero titular del derecho
discutido.
En este sentido, la acción de jactancia se define como: la facultad de iniciar una demanda para obtener
mediante el oportuno pronunciamiento judicial, una declaración relativa al derecho cuestionado. Con la
acción de jactancia se obliga a otra persona a demandar, lo que quiere decir que en cierta forma esta
persona se ve coaccionada a demandar, si no desea soportar las consecuencias jurídicas de su omisión. Al
demandar dicha persona, se cambia la situación jurídica de las partes procesales, porque quien era actor en
el juicio de jactancia, será demandado en el que se inicie, lo que provoca variación en la carga de la prueba.
El juicio de jactancia configura uno de los casos en que se obliga a una persona a demandar, los cuales
están mencionados en el artículo 52 del Código Procesal Civil y Mercantil, que se refiere a la provocación de
la demanda. El artículo 225 del cuerpo legal mencionado, inspirado en el artículo 541 del Código de
Enjuiciamiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdova en Argentina, que establece: que la declaratoria
de jactancia procede contra todo aquel que fuera de juicio, se hubiere atribuido derecho sobre bienes del
demandante, créditos o acciones en contra del mismo.
El juicio de jactancia, por ser de naturaleza oral, debe sujetarse a las normas ya explicadas, pero el
Código Procesal Civil y Mercantil trae normas especiales de acuerdo con su naturaleza, como por ejemplo
los artículos 226 y 227 del cuerpo legal citado con antelación, donde se establece que el actor además de
cumplir con los requisitos establecidos para la demanda, debe expresar en qué consiste la jactancia, cuándo
se produjo, medios por la que llegó a su conocimiento y debe formular petición para que el demandado
confiese o niegue el hecho o hechos imputados.
7. OTROS ASUNTOS QUE PUEDEN SEGUIRSE EN JUICIO ORAL.
El numeral 7° del artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que se tramitarán en juicio
oral los asuntos que por disposición de la ley o por convenio de las partes, deban seguirse en esta vía. De
acuerdo con esta disposición, el legislador está facultado para determinar en la ley que algunas
controversias se sujeten al juicio oral; o bien las partes por convenio pueden establecerlo así; esto con el
objeto de favorecer la implantación de la oralidad.
Véase en la siguiente página, el esquema del juicio oral.
BREVE ESQUEMA DEL JUICIO ORAL.
TÍTULO III.

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Juicio sumario
El carácter de los juicios sumarios es el de presentar una abreviación y compendiosidad de formas, en
oposición a las del procedimiento del juicio ordinario, amplio y detallado. Los juicios sumarios son célericos
por los plazos cortos que en él se establecen, tal como se verá en el esquema que se presentará en la parte
final de este contenido. Lo resuelto en juicio sumario queda decidido definitivamente, es decir, no hay lugar
a discutirlo con posterioridad en otro proceso.
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES.
De acuerdo al artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil, deben tramitarse en juicio sumario:
a) Los asuntos de arrendamiento y desocupación.
b) La entrega de bienes muebles, que no sean dinero.
c) La rescisión de contratos.
d) La deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos.
e) Los interdictos.
f) Los que por disposición de la ley o por convenio de las partes, deban seguirse en esta vía.
El artículo 230 del mismo cuerpo legal hace referencia a la supletoriedad de las normas, al establecer
que son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario, en cuanto no se opongan a
lo preceptuado en el título III del Código Procesal Civil y Mercantil, que regula el juicio sumario. Al hacer un
análisis de esta norma, la podemos relacionar también con el artículo 200 del cuerpo legal citado, donde
también se establece una supletoriedad de las normas del juicio ordinario, lo único que con relación al juicio
oral.
En cuanto a la supletoriedad que en este caso se está discutiendo, podemos mencionar las normas
referentes a los medios de prueba y lo relativo a la demanda.
El artículo 231 del Código Procesal Civil y Mercantil es interesante, porque el juicio sumario no tiene
recurso de casación, excepto cuando su naturaleza era ordinario y se sigue en esta vía por convenio entre
las partes procesales; esto en aplicación al numeral 6° del artículo 229 del cuerpo legal mencionado en
oportunidades anteriores.
CAPÍTULO II.
PROCEDIMIENTOS.
1) LA DEMANDA.
En atención a lo establecido en el artículo 230 del Código Procesal Civil y Mercantil, la demanda debe
llenar los mismos requisitos establecidos en el artículo 106, también debe observarse lo que establecen los
artículos 107 y 61. Este último es un artículo general que establece directamente los requisitos del escrito
inicial y que es aplicable a todos los juicios.
2) CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y EXCEPCIONES.
El plazo para contestar la demanda es de tres días contados a partir del siguiente día de la notificación,
constituyendo este término lo que se conoce como emplazamiento, en cuya oportunidad debe el
demandado interponer las excepciones perentorias, que tenga contra las pretensiones del demandante o
actor. En cuanto a las excepciones previas reguladas en el artículo 116 del cuerpo legal mencionado y
discutidas en el apartado del juicio oral, deben ser interpuestas por el demandado antes de contestar la
demanda. Hay que recordar que en el juicio ordinario, el término para contestar la demanda es de nueve
días.
Una observación importante que es bueno hacer es en cuanto a la excepción previa de arraigo, que está
contemplada específicamente para el juicio ordinario, misma que no puede interponerse en la vía del juicio
sumario por la siguiente razón: el artículo 232 del Código en mención, hace referencia expresamente a las
excepciones previas contempladas en el artículo 116 del cuerpo legal citado en varias oportunidades,
mientras que la excepción previa de arraigo se encuentra regulada en el artículo 117 y no en el 116 como
quedó establecido. Lo que se persigue con ello es que el juicio sumario se desarrolle sin dilaciones, es
decir, de forma rápida.
El artículo 232 citado, establece que el demandado puede hacer valer las excepciones previas a que se
refiere el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil, dentro del segundo día del emplazamiento, las
cuales se resolverán por medio del trámite de los incidentes. Sin embargo, el demandado puede en
cualquier estado del proceso, interponer las excepciones de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de
personalidad, falta de personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción; tomando en cuenta
que estas excepciones deben resolverse en sentencia. Lo que regula el 2° párrafo del artículo 233 del

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mismo cuerpo legal, hace referencia a las excepciones nacidas después de haber contestado la demanda,
así como las relativas a la de pago y compensación (le ponen fin al proceso), se pueden interponer en
cualquier instancia y deben resolverse también en sentencia.
El artículo 113 del cuerpo legal citado, es aplicable supletoriamente al juicio sumario y el mismo
establece: si transcurrido el término del emplazamiento (en este caso es de tres días), el demandado no
comparece se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se seguirá el juicio en rebeldía del
demandado a solicitud, en este caso del actor.
3) RECONVENCIÓN.
Esta es únicamente admitida cuando la acción en que se fundamenta está sujeta a juicio sumario, lo
cual es un criterio lógico por la naturaleza de los procedimientos del juicio sumario. Debe tenerse claro que
la reconvención, o sea la demanda del demandado en contra del actor, solamente puede interponerse al
contestar la demanda y que debe tramitarse en la misma forma que ésta (la demanda), aplicando con ello
los artículos 230 y 119 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establecen la aplicación supletoria de las
disposiciones del juicio ordinario al sumario y la reconvención respectivamente. Además debe tenerse
presente que para que proceda la reconvención, es necesario que la pretensión que el demandado ejercite
tenga conexión con la demanda del actor, por razón del objeto o del título.
4) PRUEBA.
El término de prueba en el juicio sumario se reduce a la mitad del que corresponde al juicio ordinario,
por lo tanto, si en el juicio ordinario se habla de 30 días de prueba, en el juicio sumario, debe hablarse de
quince días para este efecto, tal como lo establece el artículo 234 primer párrafo del cuerpo legal citado en
ocasiones anteriores. En este juicio es improrrogable el plazo de la prueba, como sucede normalmente en el
juicio ordinario (ver artículo 123 segundo párrafo del CPCyM). Sin embargo, si se trata de una prueba que
hay que rendir en el extranjero, sí es aplicable supletoriamente el artículo 124 del mismo cuerpo legal.
5) VISTA.
De acuerdo con el artículo 234 del Código Procesal Civil y Mercantil en su segundo párrafo, la vista
debe tener lugar dentro de un término no mayor de diez días, contados a partir del vencimiento del término
de prueba que es de quince días.
6) SENTENCIA.
Según el tercer párrafo del artículo 234 de la misma ley citada, la sentencia debe pronunciarse dentro de
los cinco días siguientes a la vista.
7) RECURSOS.
Contra las resoluciones dictadas en el juicio sumario, caben los recursos previstos en el Código
Procesal Civil y Mercantil en su libro sexto, excepto el recurso de casación, siempre y cuando la vía sumaria
se haya seguido por convenio entre las partes, cuando su naturaleza era ordinaria.
En cuanto a la apelación, la ley prevé que cualquiera de las partes procesales que interponga apelación
en una resolución que no sea la sentencia, incurrirá en el pago de las costas judiciales y en una multa de
veinticinco quetzales (Q25.00) que le impondrá el tribunal de segunda instancia, si en caso se confirma la
resolución o se declara improcedente el recurso de apelación (ver artículo 235 del CPCyM).
8) EJECUCIÓN.
La ejecución de sentencias en el juicio sumario no difiere de las formas establecidas para el juicio
ordinario, pero debe tenerse presente la naturaleza especial de cada uno de los juicios que pueden
tramitarse por la vía sumaria, ya que por esa razón existen modalidades distintas para la ejecución de los
fallos que en los mismos se pronuncian.
ASUNTOS QUE SE TRAMITAN EN LA VÍA SUMARIA.
CAPÍTULO III
A) JUICIOS SOBRE ARRENDAMIENTOS Y DESHAUCIO.
Todos los asuntos que se refieren al contrato de arrendamiento, regulado del artículo 1880 al 1941 del
Código Civil y en la Ley de Inquilinato, Decreto Número 1468 del Congreso de la República de Guatemala,
deben discutirse por el procedimiento del juicio sumario. Sin duda alguna, el juicio sumario de deshaucio y
de desalojo representa en definitiva, uno de los medios de que se vale el legislador para proteger la
propiedad de las personas.
Estos juicios solamente proceden en lo que se relaciona con bienes raíces, es decir, bienes inmuebles,
pero se necesita la existencia de un contrato de arrendamiento, donde el arrendatario se comprometa a
devolver el inmueble arrendado, de lo contrario, estaríamos ante un caso de usurpación que constituye un
delito tipificado en el artículo 256 del Código Penal.

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El objeto del juicio sumario de deshaucio y de desocupación es lanzar al inquilino o arrendatario de la
finca arrendada, para que ésta quede a disposición de su dueño. Además, no solo procede en los casos en
que se persiga desalojar a los inquilinos y subarrendatarios, sino en cualquier situación en que el detentador
(Persona que retiene la posesión de lo que no es suyo, sin título ni buena fe que pueda cohonestarlo) tenga
obligación de restituir el inmueble que usa, sin ningún derecho ni título justificativo. También se utiliza este
juicio para obtener una condena en relación con las rentas que deba el inquilino.
El artículo 240 primer párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que sin con los
documentos acompañados por el actor a su demanda, se comprueba la relación jurídica afirmada por el
demandante, el juez, al emplazar al demandado, debe apercibirlo de que si no se opone dentro del término
de tres días de que dispone para contestar la demanda, se ordenará la desocupación sin más trámite.
El artículo 239 del cuerpo legal citado, permite que el actor pueda pedir el embargo de bienes suficientes
para cubrir las responsabilidades a que esté sujeto el demandado según el contrato celebrado y el juez lo
decretará preventivamente. Esta medida precautoria, según el análisis de muchos juristas, puede solicitarse
al inicio del proceso o durante su desarrollo.
En la sentencia, de proceder la pretensión samaria del deshaucio, debe declararse que el contrato de
arrendamiento, deje de producir efectos por cualquiera de los motivos establecidos en la ley para su nulidad,
rescisión, resolución o terminación y como consecuencia se ordene la desocupación. El proceso puede
terminar también por medio de un auto que produce los efectos de una sentencia, cuando el demandado no
se opone a la demanda entablada en su contra, siempre que estuviera documentalmente comprobada la
relación jurídica afirmada por el actor. Transcurridos los plazos fijados para la desocupación sin haberse
ésta efectuado, el juez debe ordenar el lanzamiento, a costa del arrendatario (persona que debe devolver el
bien inmueble). (Ver artículo 241 primer párrafo CPCyM).
El artículo 243 de la ley en mención, establece que en los juicios sumarios de deshaucio y de
desocupación sólo son apelables los autos que resuelvan las excepciones previas y la sentencia. En este
sentido, el apelante debe acompañar a su solicitud, el documento que compruebe el pago corriente de los
alquileres o haber consignado la renta dentro del juicio.
CAPÍTULO IV.
B) JUICIO SUMARIO DE ENTREGA DE COSAS Y RESCISIÓN DE CONTRATOS.
Este capítulo, al respecto regula dos supuestos:
1) ENTREGA DE COSAS:
En este sentido se trata sobre la entrega de cosas que sean bienes muebles, pero que no sea dinero.
Puede acudirse al juicio sumario para la entrega de cosas cuando no proceda la vía ejecutiva, lo cual es un
criterio lógico porque de contarse con el título ejecutivo suficiente para obtener la entrega de una cosa
determinada, no hay razón para seguir un proceso de conocimiento, como lo es el sumario, a fin de que una
vez dictada la sentencia se proceda a la ejecución de la misma, si se cuenta con la disposición del título
ejecutivo.
El artículo 244 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que uno de los casos en que procede el
juicio sumario es para la entrega de cosas, pero que no sean dinero. Esto se puede explicar porque si se
trata de sumas de dinero, para eso están establecidos los juicios orales de ínfima y de menor cuantía; y en
su caso el juicio ordinario. La obligación de entregar dinero puede derivarse de la ley, el testamento, el
contrato, la resolución administrativa o la declaración unilateral de voluntad, en los casos en que ésta es
jurídicamente obligatoria.
2) RESCISIÓN DE CONTRATOS.
El artículo 245 en su primer párrafo del cuerpo legal citado en el párrafo anterior, establece que procede
así mismo el juicio sumario en las demandas de rescisión de contratos que el acreedor haya cumplido por
su parte.
El artículo 1579 del Código Civil establece que los contratos válidamente celebrados, pendientes de
cumplimiento, pueden rescindirse por mutuo consentimiento o por declaración judicial, en los casos que
establece el cuerpo legal citado. Esto quiere decir que la rescisión de los contratos que se encuentren en
esa situación, cuando no sea por mutuo consentimiento, forzosamente requieren de la declaración judicial.
Además es lógico que la legislación procesal admita que estos asuntos se tramiten en la vía sumaria, para
facilitar un procedimiento rápido, con la finalidad de resolver las situaciones en que el deudor no ha
cumplido con la obligación. Sin embargo, el segundo párrafo del artículo 245 del Código Procesal Civil y
Mercantil, dispone que en estos casos también puede optarse por la vía ordinaria, esto cuando el acreedor
desee discutir en forma más amplia el conflicto planteado, lo cual ocurre generalmente en aquellos casos en
que se disponga de suficiente prueba.
CAPÍTULO V.
C) RESPONSABILIDAD CIVIL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS.

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El artículo 246 del Código Procesal Civil y Mercantil, dispone que esta responsabilidad procede en los
casos en que la ley lo establece expresamente y debe deducirse ante le juez de primera instancia por la
parte perjudicada o sus sucesores.
En este sentido, el artículo 145, primer párrafo de la Constitución Política de la República establece que los
funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la
ley y jamás superiores a ella. Por su parte en el artículo 148, primer párrafo de nuestra carta magna, se
establece que si el funcionario o empleado público, en el ejercicio de su cargo, infringe la ley en perjuicio de
los particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva, será subsidiariamente responsable por los
daños y perjuicios que éste cause. En este sentido, la responsabilidad penal se extingue, por el transcurso
del doble del tiempo señalado para la prescripción en el Código Penal, cuyo término es de veinte años, sin
embargo, esta disposición se refiere tanto a la responsabilidad civil como a la responsabilidad penal.
Finalmente, el artículo 248 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que contra la sentencia que
se dicte procede el recurso de apelación ante el tribunal superior; pero si se trata de responsabilidad de los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no caben más recursos que los de aclaración, ampliación y
reposición.
CAPÍTULO VI.
D) INTERDICTOS.
Los interdictos se rigen por una serie de principios que les da un carácter bastante especial y tienen
algunas diligencias peculiares, que se apartan un poco de las disposiciones generales aplicables al juicio
sumario.
Todo lo relativo a los interdictos fue regulado por los romanos, aun cuando en la actualidad no se siga la
misma concepción y estructura del interdicto romano. Uno de los orígenes etimológicos más aceptados al
respecto, constituye el vocablo “interdicere”, que significa “prohibir”.
La verdad es que los interdictos han pasado a los diferentes regímenes jurídicos como formas de
protección de la posesión. Al respecto, el artículo 249 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece que
los interdictos proceden respecto de los bienes inmuebles y de ninguna manera afectan cuestiones relativas
a la propiedad y posesión definitiva.
Al hacer un análisis, podemos deducir que la posesión es de hecho y la propiedad es de derecho, lo cual
significa que la posesión constituye solamente un poder físico, material, mientras que la propiedad implica
un poder jurídico, legal; el propietario tiene el derecho de poseer, mientras tanto, el poseedor ejercita de
hecho aquel derecho del propietario.
El artículo 250 del mismo cuerpo legal citado, establece que el que ha sido vencido en el juicio de
propiedad o en el plenario (ordinario) de posesión, no puede hacer uso de los interdictos, respecto de la
misma cosa. La persona vencida en cualquier interdicto puede después hacer uso del juicio ordinario de
posesión, y una vez adquirida ésta, no se interrumpirá, aunque se interponga demanda de propiedad, sino
hasta la sentencia definitiva. Esta norma nos traslada al artículo 335 del mismo cuerpo legal, donde se
regula el juicio ordinario posterior. Esto quiere decir que primero debe agotarse el interdicto y luego agotar el
juicio ordinario cuando haya necesidad; de lo contrario, si se agota primero el juicio ordinario, no se puede
regresar al interdicto.
Por su parte el artículo 251 de la ley en mención, regula la caducidad, estableciendo que las acciones
interdictales solo pueden interponerse dentro del año siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho que las
motiva, caso contrario, debe acudirse a la vía ordinaria. El segundo párrafo del mismo artículo establece
que si el demandante no es el propietario, debe citarse a éste, dándole audiencia por tres días. Esta norma
se justifica, puesto que en alguna forma el demandante tendrá que hacer valer sus derechos de propietario,
aunque sea en vía procesal distinta
Es importante señalar que el artículo 249 del cuerpo legal citado, establece que no puede rechazarse la
demanda por la circunstancia de haberse denominado equivocadamente el interdicto que legalmente
procede, siempre que de los hechos alegados y probados aparezca que se ha violado un derecho de
posesión; en tal caso el juez resolverá de conformidad con la reglas del interdicto que proceda. Si nos
damos cuenta, esta norma constituye una excepción al principio de congruencia entre la petición y el fallo
que se consagra en el artículo 26 del Código Procesal Civil y Mercantil.
El artículo 249 del cuerpo legal citado establece que los interdictos son:
1) INTERDICTO DE AMPARO, DE POSESIÓN O DE TENENCIA.
Este interdicto procede cuando el que se halla en posesión o tenencia de un bien inmueble es perturbado
de ella, por actos que pongan de manifiesto la intención de despojarlo (ver artículo 253, primer párrafo del
CPCyM). Al respecto el juez debe ordenar que se mantenga al demandante en la posesión o tenencia del
bien inmueble, condenado al perturbador en las costas judiciales y en daños y perjuicios causados, sin
perjuicio también de las responsabilidades penales.

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2). INTERDICTO DE DESPOJO.
Este interdicto procede con respecto a aquellos que teniendo la posesión o la tenencia de un bien
inmueble o derecho real, fueren desposeídos, con fuerza o sin ella, siempre y cuando sin haber sido citados,
oídos y vencidos en juicio. En tales supuestos, las personas afectadas pueden pedir la restitución ante el
juez, exponiendo el hecho del despojo, su posesión y el nombre de despojador, ofreciendo la prueba de
haber poseído el bien inmueble y dejado de poseer el mismo.
Si tramitado el juicio resultan probados los extremos de la demanda con la información que se recabe,
debe ordenarse la restitución, obviamente del bien inmueble. En ambos casos debe condenarse al
despojador en las costas y a la devolución de frutos; y si hubiese existido violencia, debe condenársele
además, al pago de daños y perjuicios, que el juez debe fijar prudencialmente, quedando el demandado
sujeto a las demás responsabilidades a que hubiese dado lugar (la penal por ejemplo).
El Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 257, regula lo referente al DESPOJO JUDICIAL, que
procede cuando el juez haya privado a alguna persona de su posesión, sin previa citación y audiencia. Esta
norma hace que en la práctica, los jueces sean muy cautelosos, especialmente en aquellos casos en que
hayan de entregar la posesión de inmuebles como consecuencia de un litigio que ordenó tal entrega.
Si las providencias que causaron el despojo judicial, hubiesen sido dictadas por un juez que conoce en
primera instancia, se pedirá la restitución ante el tribunal superior. Ahora, si no se interpone el recurso de
apelación en contra de la providencia que causó el despojo, puede el despojado solicitar la restitución ante
el tribunal superior, dentro del año siguiente al despojo.
3) INTERDICTO DE APEO O DESLINDE.
En este interdicto solo se discute una cuestión posesoria de hecho, que se refiere a la alteración de
límites entre heredades vecinas, cuando se han removido las cercas o mojones y se han puesto en lugar
distinto del que tenían y se ha hecho un nuevo lindero en lugar que no corresponde. Esto sucede mucho en
la realidad y nos damos cuenta que solo es aplicable a terrenos.
El objeto de este interdicto es regresar los linderos a donde corresponde, ya que el apeo o deslinde,
significa “alteración de linderos”. Es importante hacer hincapié, que es recomendable agotar primero la vía
civil, para que con la sentencia (favorable) obtenida en ella se acuda a la vía penal por el delito de alteración
de linderos, tipificado en el artículo 258 del Código Penal. Por su parte, el artículo 260 del Código Procesal
Civil y Mercantil, hace referencia a los requisitos específicos que debe contener la demanda del juicio
sumario de interdicto de apeo o deslinde.
En cuanto a las pruebas, la que se practica comúnmente es el reconocimiento judicial, pero no es
necesario remedir el terreno, porque ello implicaría incluso costos muy elevados. Esta prueba, se aplica de
acuerdo a las reglas establecidas en los artículos 261 segundo párrafo y 174 del Código Procesal Civil y
Mercantil. En caso de que la alteración fuese comprobada, se ordenará la restitución a cargo del que la hizo
o hubiese ordenado quien será responsable de las costas del juicio y de los daños y perjuicios, fijados
prudencialmente por el juez, sin perjuicio obviamente de las responsabilidades penales en que hubiese
incurrido.
4) INTERDICTO DE OBRA NUEVA O PELIGROSA.
Es interesante observar que al respecto se regulan dos clases de situaciones que pueden dar origen al
planteamiento de este interdicto. La obra puede ser nueva, aunque no peligrosa pero susceptible de causar
un daño; o bien puede ser no necesariamente nueva, pero sí peligrosa. Por ello se diferencian ambos
supuestos, aun cuando en los dos se persigue fundamentalmente la suspensión de la obra, primero de
forma provisional y luego definitivamente.
4.1) OBRA NUEVA.
La obra nueva que cause un daño público, produce acción popular que puede ejercitarse judicialmente
o bien ante la autoridad administrativa. Cuando la obra nueva perjudica a un particular, sólo a él compete el
derecho de proponer el interdicto. El artículo 264 de la ley citada, contiene una norma equitativa, toda vez
que permite al juez, cuando lo estime justo, que ordene la suspensión inmediata de la obra; pero también,
no se perjudica al dueño, porque también se le faculta para que la continúe si da garantía por las resultas
del juicio y por los daños y perjuicios que la obra pueda ocasionar. Contra lo resuelto por el juez en este
caso, no cabe recurso alguno. Un ejemplo de una obra nueva puede ser la construcción de una carretera
que ha falseado la tierra y que amenaza con ello la caída de una vivienda que se ubica cerca de la misma.
Los efectos de la sentencia dictada en esta clase de interdicto, son los mismos que para el caso de que
la obra fuese peligrosa; es decir, el juez resuelve en ella sobre la suspensión definitiva o la demolición de la
obra y la condena en costas al vencido. Si procede la suspensión definitiva, el juez debe ordenar la
ejecución inmediata del fallo; y si procede la demolición, debe fijarse un plazo para llevarse a cabo a costa
del demandado.
4.2) OBRA PELIGROSA.

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En esta situación, las consecuencias riesgosas de la obra hacen que el juez deba actuar con prontitud.
Al respecto el artículo 265 del cuerpo legal citado, establece que si la obra es peligrosa, o la construcción
por un mal estado pudiera causar daño, o si existiesen árboles de donde pueda éste provenir, el juez debe
dictar en el acto las medidas de seguridad que juzgue necesarias o el derribo de la obra, construcción o
árbol, sin ulterior recurso.
En este caso, el juez no debe esperar que se le solicite la diligencia de reconocimiento judicial, debido a
la situación especial de peligrosidad de la obra. El artículo 267 del mismo cuerpo legal citado, establece que
si es decretada la suspensión y el propietario de la obra no concurre al reconocimiento judicial, el juez hará
la prevención al director o encargado de la obra y a falta de él, a los operarios, para que en el acto
suspendan los trabajos, so pena (bajo pena) de castigarlos como desobedientes. En cualquier momento y a
petición de parte, el juez puede ordenar la demolición de lo construido en contra de la orden de suspensión,
a costa el infractor.
Como ejemplo de una obra peligrosa puede citarse una obra ya existente pero que representa un peligro;
por ejemplo, un muro que está inclinado y amenazando con caer encima de una vivienda.
Para finalizar este análisis, debemos recordar que los efectos de la sentencia, en la que el juez se
pronuncia sobre la suspensión definitiva o la demolición de la obra, son los mismos que para el caso de
obra nueva.
BREVE ESQUEMA DEL JUICIO SUMARIO.
Juicio crítico
En relación a esta tarea ejecutada, parto de dos puntos de vista diferentes:
1) Desde el punto de vista positivo, siendo éste el que más nos interesa, es importante recalcar que a
través de este trabajo se comprenden las diferentes instituciones que conforman los diferentes
procesos de conocimiento que regula en su libro segundo, el Código Procesal Civil y Mercantil;
específicamente lo referente al juicio oral y juicio sumario, que son los juicios tratados en este
trabajo, por la situación de haber hecho en la medida de los posible el análisis que corresponde.
2) El otro aspecto, constituye, un factor que puede considerarse en cierta medida negativo, toda vez
que al realizarse este trabajo, se utilizó un tiempo considerable que afectó un poco la preparación
adecuada para las evaluaciones finales del semestre. Por lo que considero excelente realizar este
tipo de trabajo, pero planificado desde inicio del semestre, para realizarlo de manera más detallada
e integral.
Conclusiones
• La justicia es un elemento que tiene por objeto asegurar el ejercicio de las funciones del Estado.
• Algunas disposiciones del juicio ordinario son aplicables supletoriamente al juicio oral y sumario
respectivamente.

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• El juicio oral es el más breve de todos, por la naturaleza del derecho que se pretende tutelar.
• El juicio sumario constituye un juicio ordinario resumido por los plazos que en el se establecen.
• Los procesos en materia civil, son excesivamente formalistas en cuanto a la escritura.
Recomendaciones
• Es importante que los jueces apliquen la justicia como corresponde, por ser uno de los fines que
persigue el Estado de Guatemala, de manera que la población tenga confianza al respecto.
• Como estudiantes de la carrera de Derecho, debemos tener el conocimiento pleno de los asuntos
que se tramitan en las diferentes clases de juicios que regula el Código Procesal Civil y Mercantil.
• En materia civil, debemos identificar las normas esenciales y el procedimiento que debe dilucidarse
en los diferentes procesos de conocimiento que para el efecto aparecen regulados en el libro
segundo del Código Procesal Civil y Mercantil.
• Es importante que los catedráticos, soliciten a los estudiantes la escritura de un texto paralelo
versado en el análisis del contenido de la asignatura, con la finalidad de comprender mejor el
mismo.
Bibliografía
 Gordillo, Mario. Derecho Procesal Civil Guatemalteco. Aspectos Generales de los procesos de
conocimiento, sexta edición.
 Aguirre Godoy, Mario. Derecho Procesal Civil de Guatemala. Tomo II.
 Constitución Política de la República de Guatemala.
 Osorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales.
 Código Procesal Civil y Mercantil de Guatemala. Decreto-Ley Número 107.
 Código Civil de Guatemala. Decreto-Ley Número 106.
 Código Penal de Guatemala. Decreto Número 17-73.
 Notas escritas en clase.
Autor:
Bernardo David Velásquez Figueróa
bdvelfig@hotmail.com
UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE HUEHUETENANGO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LIC. IVÁN ALMEDA
DERECHO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL II.
TEXTO PARALELO SOBRE JUICIO ORAL Y SUMARIO
HUEHUETENANGO, 20 DE JUNIO DE 2009.

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