La transición democrática mexicana.

LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA MEXICANA.

José Woldenberg K.

Señores y señoras, muy buenas tardes.

El Centro para América Latina y el Caribe y el Instituto de Investigaciones sobre Cuba de la
Universidad Internacional de Florida me han invitado a este recinto y participar en el evento que nos
reúne. No puedo más que decir gracias por la oportunidad de dirigirme a un auditorio tan importante.
Voy a tratar de colocar seis tesis sobre la transición democrática de México y, como sugiere el
título de esta mesa redonda, lo voy a hacer en “perspectiva histórica”. ¿Porque la transición merece
llamarse histórica? ¿Cuál es su originalidad? ¿Cuándo empezó? ¿Cuál fue su forma concreta de
desarrollo? ¿Cuál fue su trayecto? ¿Por qué se centró en los temas electorales? ¿Por qué lo
electoral en realidad, trajo consecuencias mucho mayores a casi todas las esferas de la vida política
y cultural? ¿Y cual es el lugar del domingo dos de julio en ese largo periodo de cambio político? Voy
a formular estos problemas puntualmente, no solo para facilitar la exposición, sino para propiciar una
discusión, acaso más precisa, de las proposiciones que quiero hacer frente a ustedes.
En primer lugar: la transición a la democracia en México es un periodo histórico. Aunque
parece una tesis de Perogrullo, la cosa no carece de importancia. Vale la pena reafirmarlo frente a
otras nociones o alusiones que se han multiplicado a propósito del mismo proceso: la transición no
es una idea, ni un esquema preconcebido; no es el proyecto de un grupo ni de un partido; no tiene
un protagonista privilegiado, ni un sujeto único; no es una fecha, una coyuntura, una reforma, un
episodio y mucho menos una campaña electoral, por importante que sea. La transición es la suma
de todo eso y mucho más.
La transición democrática alude a un proceso de mayores proporciones:
su tema de fondo es el de una sociedad modernizada que ya no cabía ni quería hacerlo en el
formato político de partido hegemónico; México se hizo más complejo, diverso, plural: un solo
partido, una sola coalición, ya no podía representar ni conciliar todos los intereses, proyectos y
pulsiones de un país que crecía y se diversificaba aceleradamente. La transición democrática es, en
realidad, la historia de ese acomodo: encontrar una fórmula para una vida política moderna acorde
con nuestra verdadera modernidad social.
Es un proceso histórico en su doble acepción. Primero, por su duración en el tiempo. Periodo
extenso, de dos décadas, en el cual la lucha y los cambios políticos sustituyen, “desconstruyen” y

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reemplazan un tipo de relaciones políticas, autoritarias; la tarea era cambiar sus fundamentos para
instalar otras, de carácter democrático.
Y segundo, es histórica por su originalidad: en sus raíces, forma y consecuencias, porque
México no vivió antes un proceso similar. Nunca se había desarrollado un cambio cuyo fin explícito
hubiera sido procurar la existencia y el fortalecimiento de partidos en plural; mediante negociaciones
recurrentes entre las organizaciones adversarias; que tomaron a la arena electoral como el espacio
común para medir y desplegar sus fuerzas y cuyo consenso subyacente –aún entre los protagonistas
más enfrentados- fue evitar la violencia política en el país.
Una vez que situamos el proceso en su dimensión, paso a mi segunda proposición: la historia
de la lucha política en México durante los últimos veinte años puede resumirse así: partidos políticos
en plural, distintos y auténticos, acuden a las elecciones; en ciertos comicios ganan algunas
posiciones legislativas y en otros conquistan posiciones de gobierno; desde ahí promueven reformas
que les dan más derechos, seguridades y prerrogativas. Los partidos, así fortalecidos, vuelven a
participar en nuevas elecciones, donde se hacen de más posiciones y lanzan un nuevo ciclo de
exigencias y reformas electorales. A este proceso, cíclico y que se autorrefuerza, lo hemos llamado
la “mecánica” del cambio político en México. Ricardo Becerra, Pedro Salazar y yo hemos publicado
un libro con ese nombre, porque creemos, que nada podría entenderse, de la política mexicana en el
último cuarto de siglo, si no se reconoce ese proceso vertebral que fortaleció a los partidos y que
encontró en cada reforma electoral un pivote para una nueva fase del cambio.
No fue sólo una estrategia pensada por ningún partido, ideólogo o personalidad política. En
parte, por eso hablamos de “mecánica”, un proceso que pone en marcha energías políticas y que las
encauza; un proceso que viene de menos a más y como una bola de nieve no cesaría de
expandirse, tocando y alterando muchas otras esferas de la vida política, social y cultural.
El arranque puede ubicarse en 1977; no porque antes no se hubieran escenificado fuertes –y
hasta heroicas- luchas democratizadoras; no porque antes no hubieran existido episodios
democratizadores o reformas electorales y “aflojamientos” de los amarres autoritarios. El arranque lo
ubicamos allí, en 1977, porque a partir de ahí se configuró “la estructura del cambio” a la que aludí
antes, es decir, un proceso que se desarrolla en una misma dirección, democratizadora,
fortaleciendo partidos y cuyos momentos de expansión cristalizaron en las negociaciones y reformas
electorales.
En 1977, por primera vez se abrieron las compuertas para el libre desarrollo de las opciones
organizadas y para su asistencia al mundo electoral. Haciendo historia, puedo decir que la
plataforma originaria de la transición fue construida sobre cinco columnas:

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1) se declara a los partidos políticos como “entidades de interés público” y se de paso a su
“constitucionalización”, es decir, al reconocimiento de la personalidad jurídica de los partidos en
plural y a su importancia en la conformación de los órganos del Estado;
2) se abre la puerta de la competencia electoral, mediante el “registro condicionado” a las fuerzas
políticas más significativas de la izquierda mexicana hasta entonces marginadas
3) se concreta la ampliación del Congreso y la introducción de los diputados plurinominales; la
nueva fórmula conjugaba 300 diputados de mayoría y 100 de representación proporcional. Así se
inyectó un mayor y más intenso pluralismo a la Cámara de Diputados y los incentivos suficientes
para que los partidos desarrollaran campañas a escala nacional, en busca de todos los votos
posibles acumulables en la bolsa plurinominal.
4) Por primera vez el Estado asume la obligación de otorgar recursos para el sostenimiento de todos
los partidos políticos. Adquieren prerrogativas, en los medios de comunicación y en dinero de
parte del Estado.
5) Con su registro ante la autoridad electoral federal, los partidos políticos adquirieron
automáticamente la posibilidad de asistir a las diferentes elecciones en los otros niveles: estatal y
municipal. La participación electoral de alternativas distintas, legalizadas y legitimadas desde la
Constitución, se multiplicó a lo largo y ancho del país.
Esta fue la base sobre la cual se desarrollaría nuestro proceso de democratización. La
reforma era un paraguas protector con una característica muy importante: estaba dedicado no sólo a
los jugadores que tenían ya un lugar dentro del sistema legal, sino justamente a los que nunca
habían estado dentro. En su momento éstos cambios (que hoy pueden parecer hasta pequeños, o
simplemente “liberalizadores”) provocaron una enorme discusión, resistencias, críticas, miedo y un
gran impacto público. Pero la intención de esa reforma era muy simple: por una parte fortalecer las
opciones organizativas existentes pero también permitir la entrada al juego electoral de fuerzas
reales, que se desplegaban sobre todo en la acción social y sindical (y aún, a través de la vía
armada).
Poco a poco y uno tras otro, vastos contingentes, de todas las ideologías, antes herméticos a
la vida electoral, se fueron incorporando a ella, la fueron ensanchando, construyendo nuevas
alternativas o fortaleciendo a las existentes. En particular, las elecciones en ciertas regiones del país
presentaban síntomas cada vez más acusados y claros de competitividad, de verdadera disputa por
el gobierno y las posiciones legislativas.
Mi tercera propuesta es esta: la nuestra fue una transición que se desarrolló de la periferia al
centro y de abajo hacia arriba. Fue una lenta pero sistemática “colonización del Estado nacional” por
muchos partidos políticos, en plural. De manera que la transición no puede ser entendida desde el
mirador de un solo cambio ó una sola elección: es la historia de cientos de procesos que acabaron
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“pluralizando” al Estado y en esa medida, fueron erosionando al autoritarismo y a las palancas, las
prácticas y aún la cultura de la época del partido hegemónico.
Echemos una rápida mirada a ese proceso de colonización: en 1977 había cuatro municipios
gobernados por partidos distintos al PRI. En 1988, 39; y antes del dos de julio del año 2000, 583
municipios, incluyendo los más poblados y prósperos del país. Algo parecido había ocurrido en el
nivel de las gubernaturas, los ayuntamientos y los Congresos locales. Las elecciones estatales se
convirtieron en un largo período de ensayo, error y experiencia democrática: la celebración de más
de 4 mil 400 comicios en el lapso cíclico de seis años en todos los municipios del país; de 64
elecciones para integrar congresos locales y de 31 elecciones para elegir gobernadores por sexenio,
además de las elecciones intermedias para el Congreso de la Unión y para jefe de gobierno en el
D.F., se convirtieron en los laboratorios donde acudían todos los partidos y donde se reforzaba y se
multiplicaba la “mecánica” del cambio político.
Pongamos por caso la elección para gobernador en Chihuahua, en 1986. En esa ocasión
quedaron sentados varios precedentes cruciales: un estado de la República había vivido una muy
intensa competencia electoral, la ciudadanía chihuahuense se había volcado masivamente a las
urnas, las instituciones y los instrumentos electorales habían sido seriamente impugnados, una
movilización postelectoral, de grandes dimensiones, se había desarrollado tras unas elecciones con
sombras y dudas, el conflicto había tenido repercusiones nacionales e incluso internacionales, el
nuevo gobierno llegaba severamente debilitado por la impugnación, la crisis envenenaba el
ambiente político nacional y la única salida positiva era intentar llegar a acuerdos, a reformas
electorales, que suprimieran esos escenarios de tensión y de conflicto.
Anoto algo más, la creciente centralidad política de las elecciones y de los partidos fue el
acicate más fuerte para la entrada de la crítica, de la academia, del mundo intelectual, también en la
órbita electoral. Fue un proceso al mismo tiempo político y cultural: las preocupaciones en torno al
fenómeno electoral se expandieron y los temas típicos de la investigación jurídica, politológica y
sociológica cedieron su lugar al tema comicial. La mecánica electoral arrastró también a buena parte
del mundo académico. Hasta los años ochenta, pocos autores mexicanos habían estudiado de
manera sistemática esos asuntos, entre otras cosas por la naturaleza poco o nada competitiva del
sistema político. Pero su creciente importancia política provocó un giro temático muy importante en
las ciencias sociales mexicanas.
Pero regreso al punto: las miles de elecciones locales fueron el equivalente de un destape
democrático. El calendario electoral mexicano se reveló como uno de los más abigarrados y
abundantes del mundo, y como un camino del cual surgieron una larga colección de novedades
democráticas: alcaldes de la oposición en las ciudades más importantes del país, gobernadores de la

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oposición en el norte y en el sur, incluida la capital del país, cámaras estatales con mayoría de la
oposición, partidos extraordinariamente vigorosos y ciudadanos expertos en el uso de su voto.
Todo lo que la teoría nos ha enseñado; todos aquellos que son los síntomas irrecusables de la
democracia (gobiernos divididos, poder compartido, triunfos electorales a los que sigue una derrota,
desahogo jurisdiccional de las controversias, alternancia) aparecieron en los estados y los municipios
antes que a escala nacional. Así que nuestra transición había tenido todos esos ingredientes: desde
la entrada del Partido Comunista al juego democrático, hasta el primer gobernador de la oposición en
1989; de la experiencia del poder compartido en decenas de estados hasta el triunfo de la oposición
de izquierda en el gobierno de la ciudad capital.
Todo lo cual me lleva a mi cuarta observación: la progresiva normalización electoral trajo un
efecto social, político y cultural todavía más grandes, o mejor, de mayores consecuencias: la
experiencia viva de la pluralidad, la competencia, la cohabitación y el cambio en el gobierno. Quiero
decir: el cambio político se hizo tangible, cotidiano, visible para millones de mexicanos y en esa
medida, también dejó de ser fuente de temores.
Por ejemplo: durante los últimos años, bastante antes del dos de julio, un ciudadano de la
zona metropolitana del país podía ver como el Presidente de la República, perteneciente al PRI,
gobernaba en su propia esfera, nacional; pero también y al mismo tiempo, veía que la ciudad capital
era dirigida por un personaje proveniente del perredismo; al propio tiempo constataba como el
municipio aledaño al D.F., Naucalpan, estaba en manos de un alcalde del Partido Acción Nacional, y
se enteraba como discutía y trabajaba un Congreso de la Unión donde asistían diversas corrientes
políticas sin mayorías absolutas. Esa experiencia se convirtió en un hecho cotidiano cada vez con
más amplio, en el norte y en el sur del país. Este fue un aprendizaje sistemático y expansivo que le
quitó dramatismo y temor al cambio político.
El Congreso de la Unión, los Congresos locales, los ayuntamientos, todos ellos se convirtieron
en instancias cruzadas por la pluralidad, surgidas de procesos electorales normales, en convivencia,
tensión y colaboración. El reparto efectivo del poder acabó siendo una verdadera escuela de
democracia para millones en un país de tradición autoritaria.
Antes del dos de julio el cambio político había arrojado un mapa gubernativo y de
representación nuevo. Los meses previos a julio, el PAN gobernaba al 29.6 por ciento de la
población en los estados; el PRI el 46.7, el PRD al 20.7; el PT al 0.52 y el PVEM al 0.36 por ciento.
Los efectos de la esfera electoral saltaron a la esfera gubernativa y de ahí a la experiencia de
millones. El reparto efectivo del poder era un dato real y constatable. Y fue mucho más: era la
evidencia del avance democrático ante los ojos del electorado, de que las oposiciones tenían un
espacio abierto, que el sufragio era un poderoso instrumento de cambio político y que el cambio por
la vía electoral era posible.
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Mi quinta proposición es esta: la transición mexicana, que estuvo fuertemente centrada en el
tema electoral, fue en realidad mucho más que electoral.
México descubriría que “lo electoral” era mucho más que una esfera circunscrita, llena de
recovecos legales y técnicos. Pues en realidad lo electoral afecta e impacta muchos otros ámbitos;
al amparo de los procesos comiciales y merced a la existencia de partidos cada vez más poderosos,
se fue modificando el paisaje político y cultural del país.

- Los procesos electorales eran momentos de expansión de las libertades públicas, no solo los
federales sino también la multitud de procesos locales.

- Eran una oportunidad de manifestación y crítica abierta, amparada por la Constitución y la ley.

- Con la entrada de diputados de diferentes partidos a la Cámara, también se modificó el trabajo y
el debate legislativo.

- Los partidos políticos opositores y sus figuras centrales, cobraron visibilidad pública,

- La recurrencia de procesos electorales empezó a cambiar también las estrategias de los partidos
(sobre todo de la izquierda) y su cultura política: empezó una lenta reconversión de la idea de la
revolución a la idea de la lucha legal y las reformas.

- La academia también empezó a virar sus preocupaciones y a mirar y estudiar el fenómeno
electoral como una de sus prioridades.

- El espacio electoral empezó a ejercer un poder gravitacional sobre grupos de lo más disímbolo:
sinarquistas, comunistas, trotskistas, derechas e izquierdas “cayeron” por así decirlo en la órbita
electoral.

- La discusión pública también se modificó: las decisiones de gobierno, el ejercicio del
presidencialismo, dejaron de estar acompañadas por la unanimidad y cada vez más, fueron
discutidas, cuestionadas y aún modificadas o impedidas por fuerzas opositoras con poder
también creciente.

- En el transcurso ocurrió lo que quizás sea el cambio más importante de todos: una verdadera
creación de ciudadanía. No escépticos ni súbditos: sino personas que saben que su voto
contribuye a optar entre diferentes opciones. Fue un cambio individual pero cuyo sentido ha
adquirido toda fuerza al volverse colectivo. No hablamos de cien, ni de mil, ni de un millón, sino
de decenas de millones de mexicanos quienes han abandonado actitudes tradicionales -
autoritarias o pasivas- para influir en la marcha del país.

- La forma en que funciona el gobierno también cambió, por ejemplo con la puesta en marcha del
federalismo. Antes, gobernadores y presidentes municipales eran decididos al amparo de los
circuitos opacos de la coalición gobernante. Pero una vez que esas posiciones se disputan
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auténticamente en elecciones, las relaciones políticas cambian: los cargos ya no se deben al
Presidente sino a los ciudadanos. Así se pone en marcha y a prueba unas relaciones políticas
totalmente distintas. El federalismo vive de y en esa nueva tensión, entre el centro, que es
gobernado por un representante de un partido y los estados, gobernados por otros. El
funcionamiento del estado nacional se transforma y los mecanismos constitucionales de
negociación, diálogo y acuerdo deben ponerse a funcionar.

- Lo mismo pasa con otras esferas y con otros componentes del edificio republicano: la separación
de poderes –esa aspiración constituyente de 1917- se hace efectiva cuando el Congreso de la
Unión es habitado por una pluralidad denodada de fuerzas políticas, que no se conforman con
sancionar las decisiones tomadas por el poder ejecutivo.

- Por eso la transición democrática de México, ha puesto a funcionar toda la maquinaria
constitucional. Apenas estamos viendo las consecuencias de ese cambio, de esas tensiones, y
¿porque no decirlo?, de las insuficiencias que tiene la propia carta magna.

- El prestigio político del país también se modifica y crece en la medida que sus procesos
electorales se naturalizan y que sus novedades democráticas se multiplican ante los ojos del
mundo.

- La cultura política también se modifica: si hasta hace menos de quince años eran públicas y
sostenibles tesis tan autoritarias como las del “fraude patriótico”, hoy se han vuelto sencillamente
impensables, ya no digamos impracticables. Hace apenas unos años el discurso político
dominante era el de una mayoría capaz de representar a todo el país. Hoy, la idea de pluralismo
se naturaliza, se vuelven una noción compartida por todos los actores y los valores de
convivencia en la diversidad con tolerancia se ensanchan.
Por eso el cambio en la esfera electoral fue en realidad motor y vehículo para un aprendizaje
democrático de mucho mayor alcance. Vale la pena subrayarlo porque a menudo escuchamos voces
que critican el curso de la democratización mexicana o que desdeñan los frutos de la transición por
su carácter “electoral”. Pero no es verdad: la limpieza en los comicios, las reformas electorales, eran
las piezas que hacían falta para echar a andar una serie de cambios políticos y culturales que
rebasaron con mucho el ámbito electoral y que modificaron el mapa de la representación, la forma de
gobierno, el funcionamiento del Estado, vitalizaron las libertades públicas y erosionaron cada uno de
los resortes autoritarios. Por la vía de las elecciones, México entró a un régimen político totalmente
distinto y de carácter democrático.
Mi última observación, la sexta, es la más simple: la transición democrática es un cambio que
viene de lejos, imparable por su magnitud. Como he intentado argumentar, nuestro aprendizaje
colectivo llevaba décadas y había envuelto a todos los actores, mediante una especial mecánica de

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cambio. Durante veinte años, el país había visto y ensayado los episodios de alternancia en todos
los niveles, municipal, estatal, hasta llegar al cambio presidencial. Por eso, el dos de julio del año
2000, los ciudadanos y los partidos, los candidatos y los medios, todos los actores, ofrecieron
escenas de naturalidad cívica, tal y como si las hubieran practicado toda su vida. Por eso la
sensación pública después de la jornada no era de incertidumbre ni de miedo, sino de confianza.
Nada de eso se entendería si no colocamos el proceso democratizador en su debida
perspectiva histórica.
En la campaña electoral del año 2000 ninguno de los partidos economizó en ideas, en
recursos propagandísticos e incluso diatribas contra el adversario. Fuimos testigos de grandes
propuestas de gobierno, ingeniosas armas publicitarias e insultos de baja laya. De todo hubo en 164
días de contienda.
Se trató de una elección que ya no estaba dirigida hacia sino dentro de la democracia, que dio
vida a disposiciones constitucionales y legales aprobadas con anterioridad, desde 1996. Por eso los
grandes partidos, las coaliciones y sus candidatos ganaron o perdieron en condiciones de equidad.
Los medios de comunicación, por su parte, cobraron o premiaron cada uno de los errores y cada uno
de los aciertos de los actores en contienda.
Los votantes siguieron con atención el curso de la campaña y expresaron soberanamente su
voluntad. Todos se ajustaron al libreto democrático: los ciudadanos, los candidatos, partidos, el
Presidente de la República, los medios, la autoridad electoral. Por su magnitud, fue una jornada
fundadora de los hábitos y las rutinas democráticas: al mismo tiempo civilizada y civilizadora.
La legitimidad y el poder de las elecciones, quedó demostrado en el curso de la campaña:
todas las fuerzas políticas relevantes de México, sus partidos, gremios, sindicatos, agrupaciones
cívicas, grupos económicos, medios de comunicación, incluso aquellos grupos que en otro momento
apostaron por vías violentas, estuvieron dispuestas, explícitamente, a respetar el curso del proceso
electoral. Esa es quizás, la principal reserva de consenso, concordia y estabilidad que tiene el país:
tal y como quiere Juan Linz, México ha asimilado y reconocido que la democracia es “el único juego
en la ciudad”1.
Así pues, la alternancia no constituyó la condición de nuestra democracia: demostró su
existencia. Pero el fin de la transición no es el fin de la política, ni de las reformas, mucho menos es
el fin de los problemas del país. Todo lo contrario. Termino con cuatro conclusiones breves:

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Para Juan Linz, así se cumple la última condición de la consolidación democrática, en otras palabras, ese es el hecho político que
finiquita la transición. Dice Linz: “La consolidación.....es la situación en el que ninguno de los actores políticos más importantes,
partidos o intereses organizados, fuerzas o instituciones, considera que existe alternativa al proceso democrático para llegar al poder
y....ningún grupo o institución política tiene la prerrogativa de vetar la acción de los gobernantes democráticamente electos...para
decirlo de manera más simple, la democracia tiene que ser considerada the only game in town. Linz, Juan. Transitions To
Democracy. Washington Quarterly, 13, núm. 3, 1990. P 156.
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1) El proceso de cambio político en México ha tenido como condición indispensable el respeto al
voto. Para eso se ha levantado un enorme edificio con múltiples requisitos técnicos. La historia
política de México, en el último tramo del siglo, no puede ser entendida si no es en torno a ese
objetivo fundamental. Sobre ese requisito descansa la confianza y el consenso de las grandes
fuerzas y los intereses políticos del país.
2) Las elecciones del año 2000 fueron limpias, por su organización, por sus instrumentos, por la
vigilancia y por la serie de candados y previsiones que impone la ley. La limpieza electoral no
depende del resultado. Si hubiere ganado cualquier otro candidato, hubiéramos tenido la misma
pulcritud, el mismo aliño, la misma legalidad. Serían los mismos instrumentos, las mismas
personas y los mismos vigilantes. Los resultados electorales en México ya no pueden ser
explicados a partir de manipulaciones o de fraudes, sino de los méritos de partidos, candidatos y
campañas.
3) Las elecciones -no la violencia- han demostrado ser la verdadera llave del cambio político. Todo
su poder de transformación está ahí para quien quiera verlo. Las elecciones han alterado y
siguen alterando todas las esferas de la vida política y muchas otras de la vida social y cultural.
Han demostrado ser un instrumento eficaz, una vía transitable, un lugar de cruces donde pueden
disputar, discutir y convivir lo más viejo y lo más nuevo, las posiciones políticas más encontradas,
la pluralidad realmente existente. En definitiva, las elecciones son el método por el que ha optado
la sociedad mexicana.
4) Por eso hay que mantener la puerta abierta. México es una comunidad extraordinariamente viva y
cambiante. Su unidad básica depende de la credibilidad, la flexibilidad y la apertura de su marco
democrático. Todos aquellos grupos que optaron por otras vías, deben saber que la puerta a la
vida legal, al terreno electoral, permanece abierta y que en ella tienen un espacio fértil para
crecer y consolidarse.
**
La democracia, una de las aspiraciones políticas más viejas de la nación, llegó por la vía de las
elecciones. Durante casi dos décadas el país se empeñó en conseguir elecciones limpias, partidos
fuertes, libertad política... y lo logró.

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La transición democrática mexicana.

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