La verdadera cifra negra

…por los caminos de Ferrajoli
LA VERDADERA CIFRA NEGRA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO,
el talón de Aquiles de la justicia guatemalteca
Joaquín Medina Bermejo1
La infraestructura en la mayoría de los centros de detención de hombres y mujeres
del país, se encuentra deteriorada, y esto se debe, principalmente por que no fueron
diseñados para atender a tantos reclusos como en la actualidad. Según un informe
del Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales, CIEN, el hacinamiento en los
centros carcelarios responde al 66%, puesto que actualmente el Sistema
Penitenciario tiene espacio para recluir a 6,674 personas, pero en el momento que
concluimos este trabajo (finales del 2017) se encuentran 11,064 reclusos, lo que
significa un hacinamiento de 4,390 personas.
Cuadro # 1
Población privada de libertad en Guatemala
oct-16 Total jul-17 Total DIFERENCIA
Hombres con condenada 10,319
18,895
10,178
20,170 1,275
Hombres con prisión preventiva
8,576 9,992
Mujeres con condena 983
2,044
1,032
2,240 196
Mujeres con prisión preventiva
1,061 1,208
TOTALES 20,939 22,410 1,471
Cuadro comparativo 2016-2017.
Fuente: Dirección General de Presidios.
Elaborado por PhD. JMB
Los últimos dos años, ha habido sectores interesados en reformar el sector justicia,
aunque conforme nuestro criterio, con las iniciativas presentadas, hasta el
momento, que muestran intereses de sectores políticos y económicos, realmente se
está perjudicando al sistema penitenciario de Guatemala, convirtiéndose en el talón
de Aquiles de la Justicia del país.
1 Doctor en Ciencias Penales, especialista en derecho constitucional. Magistrado suplente en la Corte de apelaciones, docente, asesor y
revisor de tesis doctorales en Programa de Estudios Internacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC, docente en
maestría en derecho procesal y doctorado en derecho y justicia de la Universidad Panamericana. doctormedinabermejo@gmail.com

Para comenzar y entrar en materia, sin más aspavientos, refiero a uno de los
grandes, sino el más grande del garantismo, Luigüi Ferrajoli, quien expone en forma
cruda pero muy real, lo que define como la “cifra negra de la justicia”, misma que
subdivide en tres elementos (los no condenados, los inocentes condenados y los
que siendo culpables han sido dejados en libertad), y que, en el caso específico de
Guatemala, me he tomado la tarea de estudiar y exponer más adelante.
El estudioso, ocupa cerca de un mil páginas para describir el desarrollo del
garantismo en su libro: Derecho y Razón, pero es en las páginas de la 209 a la 280
cuando desarrolla el tema de la axiología jurídica en el que subraya un término luego
acuñado por la sociología como: “La Cifra Negra” de la criminalidad, refiriéndose a
ésta, como el total de prisioneros que yacen en los centros carcelarios, muchos de
los cuales no han sido condenados y entre los que figuran inocentes, quienes deben
pagar por el reproche penal del cual no tienen responsabilidad alguna , y a la que
denomina: la cifra de la injusticia, y culpables que son liberados, quedando impunes
de sus crímenes, a quienes los ubica en: la cifra de la ineficiencia.
Nuestro sistema de justicia, quizá con enorme razón, ha sido criticado, aduciendo
los críticos del mismo que es lento, genera desgaste a las víctimas, no produce la
resocialización del criminal y no pocas veces condena a inocentes. Esto sin contar
lo que implica la permanencia en los centros carcelarios del país, en donde
pareciera existir otro Estado, con normas y autoridades propias, donde los
delincuentes hacen sucumbir a los más débiles, a los más pobres y a quienes no
cuentan con una organización de respaldo.
Sin embargo, es falso y poco profesional hacer un llamado de esta naturaleza
recurriendo a datos estadísticos parciales, que para colmo son manipulados a sabor
y antojo de contados escribientes, como les denominó el Premio Nobel de Literatura,
abogado y periodista Miguel Ángel Asturias, cuando se refirió a quienes conforme
la libre emisión del pensamiento, hacen uso de los medios de comunicación y ante
una opinión pública sobreexitada2, y respondiendo a sus intereses personales o de
grupo, atacan, sin fundamento, muchas veces, las cárceles, las penas, los jueces,
los fiscales y el sistema en sí.
2 René Girard, en su libro el chivo Expiatorio, página 21, define de esta forma a la estimulación de los medios de comunicación social para
la creación de estereotipos que criminalizan acciones que antes no eran punitivas.
Lawrence McKinney, que tenía 22 años en ese momento. El
hombre fue condenado por violación y robo en 1978 y sentenciado
a 115 años de cárcel.
En el 2008, la evidencia forense (ADN) permitió que se anulara su
juicio y fue encontrado libre.
Esto fue en Tennessee, EUA.
En Guatemala, ya ocurrieron casos similares.

Hay quienes, dentro de los detractores del sistema de justicia guatemalteco, que de
entrada admitimos contiene numerosas falencias que le debilitan y lo vuelven lento
y muchas veces inoperante, sin ser estudiosos, doctrinólogos o cientistas del
derecho, son del criterio que “si no puedes pagar la condena, no debes cometer
el crimen”, verbigracia: únicamente pueden cometer crímenes quienes tienen
cómo “pagar la condena”.
La duda que surge de dicha
sentencia popular, mal empleada
por desconocedores del derecho,
nos lleva a preguntarnos ¿qué es
pagar la condena? Por lo menos
para ellos. Será acaso que al
haber tomado una vida (asesinato
y homicidio) debe pagarse con
otra vida y que debemos retornar
a épocas jurásicas dentro del
derecho punitivo; en la que las
normativas arrebataban ojo por
ojo y diente por diente (Ley del Talión), y olvidándose de las familias de la víctima y
del victimario que nada o poco tienen que ver con la acción consecuencia de
reproche.
Para no pocos articulistas, quienes por cierto, no son periodistas de profesión y
mucho menos de vocación, pero quienes son admitidos en los medios para que
escriban todo lo que se les ocurra, porque tienen una pequeña cuota de poder e
influencia que al medio le interesa, pareciera que, en nuestro país, hay que retornar
a la ley de la selva o del lejano oeste y volver delito toda acción humana por lo que
más que escuelas, lo que hay que construir son cárceles, por lo que recurren a datos
represivos que extraen de informes de instituciones como el estudio del Centro
Internacional de Estudios Penitenciarios, ICPS3, que refiere que el promedio
mundial por cada cien mil habitantes es de 175 prisioneros, mientras que Guatemala
tiene una de las tasas más bajas, al contar con 145 por cada cien mil habitantes.
Otros, no tan pocos, por cierto, pero quizá los más estudiosos, parten de la premisa
que el sistema jurídico nacional, al igual que las leyes y todo el sistema de división
de poderes del Estado guatemalteco está dirigido específicamente para y contra los
más pobres, por lo que se amparan en la premisa que “La Ley sólo pica pie
3 Referido en escrito de Prensa Libre del siete de octubre del 2017 “Las cárceles de Guatemala están fuera de control”

descalzo”4, son de la firme convicción que efectivamente el sistema de justicia no
se aplica para personas con recursos económicos, sino para los pobres, para las
inmensas masas que no cuentan con la educación, los recursos, los defensores ni
las influencias como para poder acceder a un proceso justo y fundado en ley. Dicha
sentencia, que advertimos al pie de página es adjudicada a Monseñor Romero, hace
acústica más, no sintonía, con la primera frase que hemos referido: “si no puedes
pagar la condena, no debes cometer el crimen.”
Humberto Ak´abal, un dirigente indígena guatemalteco, ilustrado y quien como
poeta marca el ritmo de la prosa nativa del país, aporta lo propio a estas
valoraciones sobre lo que debe denominarse “justicia”, y a quién se le aplica, por lo
que en forma coincidente con la frase de Monseñor Romero, advierte, en uno de los
informes del PNUD5, que: “La justicia no habla en lengua de indios, la justicia no
desciende a los pobres, la justicia no usa caites, la justicia no camina descalza por
caminos de tierra…” Es decir, como dijera en vida el clérigo salvadoreño, la justicia
no es para todos y en el caso específico de Guatemala, la diferencia es abismal,
principalmente porque la justicia como valor superior, debe partir del principio de
igualdad, pero que al aplicarse en forma discriminatoria y principalmente en perjuicio
de quienes menos poseen, deslegitima su razón de ser.
El referido Informe del PNUD, en su capítulo ocho (páginas de la 190 a la 219)
refiere con sobrada amplitud a lo relacionado con El Estado, la seguridad y la
justicia, por lo que indica que: “…desde hace un tiempo en Guatemala, existe una
percepción de inseguridad y de falta de confianza plena en la justicia.”
No obstante, así como refleja muchas realidades de Guatemala, dicho informe
exacerba el incremento de los hechos criminales en el país, cuando refiere que entre
1995 y el 2005 hubo 20,633 hechos criminales, y escasamente diez años después
se registran 33,328 hechos delincuenciales, lo que de acuerdo con dicho informe ha
representado un incremento de más del cincuenta por ciento de hechos criminales
en comparación con la década 1995-2005.
Indudablemente, ha aumentado la cantidad de hechos delincuenciales, pero junto a
éstos, la población ha crecido en forma desproporcionada; se ha criminalizado casi
cualquier actividad humana, y qué decir de los índices de pobreza y miseria
extrema, que se quiera o no, perjudican las acciones de buenos guatemaltecos,
quienes, sin empleo, con hambre y sin salud, se ven obligados a cometer delitos de
bagatela, como los definen estudiosos como Zaffaroni, Carbonell y otros, para
4 Frase que se le adjudica a Monseñor Oscar Romero, clérigo salvadoreño asesinado en la época de guerra interna en el hermano país
centroamericano.
5 Guatemala: hacia un Estado para el desarrollo humano. Informe Nacional de Desarrollo Humano 2009/2010 del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, página 190.

quienes este tipo de delitos pequeños, que otrora fueran faltas objeto de una
llamada de atención, o incluso hechos administrativos, que requieren de otro
procedimiento, no deben ser conocidos dentro del mismo proceso judicial que se
aplica en los delitos que pueden calificarse de interés o afección social.
Taylor, Walton y Young (págs. 21 y 183), en su libro La Nueva Criminología:
contribución a una teoría social de la conducta desviada., no dejan de advertir que
son los grupos sociales los que crean la desviación e implantan las reglas de lo que
desde ese momento ya se considera un nuevo reproche o desviación para la
sociedad, y de esa cuenta el Estado redetermina el “novedoso” catálogo de bienes
jurídicos a tutelar, fijando nuevas conductas como desviadas y a las que hay que
sancionar como crimen, y como consecuencia, con una pena.
El problema es que mientras una persona de humilde cuna no puede pagar un
abogado defensor privado y debe esperar a que le designen un cargado defensor
público (que diariamente debe atender cinco o más audiencias), habiendo sido
detenido y encerrado en uno de los centros carcelarios del país, los que provienen
de sectores económicamente poderosos, los que integran grupos de
narcotraficantes, tratantes de personas, bandas de robacarros y secuestradores,
violadores en serie, asesinos y otros delincuentes, incluso no pocos de cuello
blanco, quienes se han apropiado del patrimonio de los guatemaltecos y que están
siempre involucrados en operaciones financieras que han provocado la pobreza de
miles de personas, habiendo contaminado el proceso de justicia penal con
sobornos, extorsiones, chantajes y amenazas, entre otras acciones, logran salir,
luego de permanecer unas horas o máximo un día detenidos, mediante el pago de
cuantiosas cauciones económicas negociadas, y defendidos, no pocas veces por
bufetes que operan dentro de la impunidad y con enorme cercanía con juzgadores,
a quienes por cierto, no les interesa su salario, sino todo lo que les ingresa
proveniente de estos sectores.
Es decir, que al llevar estas faltas o hechos administrativos y volverlos delitos de
orden penal, a las personas se les somete a un proceso igual que los delitos de
interés y afección social, siendo claramente desiguales y, por lo tanto, se vulnera un
principio universal que permite establecer que, condiciones iguales serán
tratadas iguales y las condiciones desiguales serán abordadas en forma
desigual.
A la pobreza, al crecimiento poblacional, a la carencia de oportunidades de empleo,
a la desigualdad (de género, étnica y de edad, entre otras), y la criminalización de
casi todo hecho humano, también hay que agregar la enorme influencia que tienen
los medios de comunicación social en las actitudes humanas, puesto que en series

y películas muestran la forma de cómo librarse de un crimen cuando no aparece el
cuerpo, el arma homicida o tener una buena coartada.
Sin embargo, el problema no radica únicamente en la imposibilidad de defensa
adecuada y oportuna dentro de un proceso punitivo, sino la carga tan fuerte que ya
advertimos que existe en la defensa pública y que en el caso de las fiscalías es igual
o mucho peor, sin olvidar a los fiscales, que al igual que numerosos jueces, operan
en forma venal y no favorecen el desarrollo incluso conciliado de los procesos, todo
porque aducen los auxiliares y fiscales, que las órdenes de arriba, obligan a
presentar acusación y con su trabajo tratar de buscar sentencias condenatorias,
pues ello, les mejora las posibilidades de acenso, esto sin importar cuál es la verdad
que rodea el hecho, y que no en uno, sino en numerosos artículos refiere nuestro
Código Procesal Penal, y que exige, por cierto, de un trabajo imparcial por parte de
los agentes fiscales, quienes están obligados a buscar y obtener la verdad.
Pero qué hacer si no hay suficientes fiscales en todo el país, si muchos son
corruptos y otros son incapaces o simplemente no nacieron para formar parte del
equipo de investigadores, criminólogos y especialistas que debería haber en el
Ministerio Público. El resultado es lamentable, y aunque desde hace algunos años
(2009), se firma el Acuerdo Nacional para el avance de la seguridad y la justicia, y
con éste se empodera al Ministerio Público como si fuese un poder paralelo a los
tres organismos del Estado, lo que se traduce no sólo en la mora judicial provocada
por el ente investigador, sino actitudes de prepotencia y discriminación similares a
la Gestapo alemana o las controversiales organizaciones que hace cuatro décadas
existieron en el país como la controversial G2.
Por cierto, conforme dicho “Acuerdo”, preparado por los dos representantes de las
iglesias, el Procurador de los Derechos Humanos y el rector de la universidad estatal
(último que ha sido señalado de estar involucrado en hechos no tan transparentes
y quien nunca deja de tratar de tener su tajada en las instituciones de derecho y del
Estado), queda en evidencia que se trató de una propuesta de cuatro personas,
puesto que ninguno de ellos puede arrogarse la representación del pueblo católico,
evangélico, los profesionales, docentes y alumnos universitarios del país ni de los
sectores que luchan por los derechos humanos en Guatemala. No obstante,
mediante ese controversial Acuerdo, se pretende que, conforme diez ejes temáticos
y 101 acciones, se reduzca la violencia y se implemente una acción de combate
contra el crimen organizado.
Me refiero en este escrito al controversial Acuerdo de Estado porque conforme el
PNUD, página 201 del Informe referido, una de las acciones más importantes era
la: “e) instalación de un sistema correccional eficiente.” Situación que casi ocho años

después no es más que una nueva deuda que tienen estás instituciones con los
guatemaltecos.
Sirva de referente el informe anual de OACNUDH6 del 2009, en el que conforme el
informe del PNUD (pág. 204) “<<El Estado continúa enfrentando dificultades para
ejercer eficazmente el control en los lugares de detención de la Dirección General
del Sistema Penitenciario (DGSP) y aquellos que se encuentran bajo autoridad de
la PNC. La oficina en Guatemala recibió información según la cual redes
delincuenciales siguen operando dentro y desde algunos centros de detención, y
que actos de corrupción, así como recursos insuficientes, limitaron sustancialmente
el impacto de medidas que buscaban retomar el control de dichos centros como las
requisas, los traslados de detenidos y la instalación de bloqueadores de telefonía
celular>>.”
Importante es observar lo señalado por la OACNUDH, puesto que advierte haber
recibido información, según la cual hay redes delincuenciales que operan en las
cárceles del país, situación que incluso en el informe del PNUD (pág. 211) se critica
aduciendo que: “…no es explicable que un delincuente condenado continúe
delinquiendo desde la cárcel, como hoy día sucede.”
Este último argumento lo compartimos plenamente, y queda claro que desde las
cárceles y en las cárceles de Guatemala, se cometen otros ilícitos incluso por
quienes deben salvaguardar a los prisioneros, pero debemos ser honestos al
señalar que el informe de la Alta Comisionada se quedó corto, primero porque
parece haber obtenido información de hechos referenciales o circunstanciales … de
lo que les contaron, puesto que por lo que indica su informe, no tuvo la oportunidad,
ella ni su equipo, de visitar los centros carcelarios del país y constatar que
efectivamente, con autorización de los guardias penitenciarios, los prisioneros
someten a castigos, maltratos y tortura a quienes no pagan la talacha, que es una
manera de extorsionar a los nuevos, a los recién ingresados, y quienes en su
mayoría, provienen principalmente de estratos sociales desposeídos.
Quizá la experta observó que no pocos son los prisioneros que ostentan cierto poder
en los sectores carcelarios, en donde cobran por los alimentos, tienen grupos que
les protegen (su propia seguridad), pueden deambular con libertad entre los
guardias, a quienes tratan como amigos o empleados suyos, e incluso pueden salir
a conversar con sus abogados, mujeres y amistades en las oficinas del director
6 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala
(2009), citado en el Informe del PNUD antes referido.

(alcaide) del centro carcelario. Por su puesto, acá no contemplamos la cárcel VIP
que constituye el Cuartel de Matamoros.
Si la experta hubiera obtenido la información de primera mano, quizá también se
hubiese percatado, que los teléfonos públicos a los que tienen acceso los guardias,
son los mismos de donde llaman los prisioneros para extorsionar a los
guatemaltecos, a quienes buscan al azar entre los extintos directorios telefónicos y
algunas bases de datos telefónicas obtenidas incluso del mismo Ministerio Público
o de las empresas telefónicas del país.
Acaso no son los guardias penitenciarios los que permiten el ingreso, incluso
descarado de drogas, puesto que antes se las ocultaban en sus no tan nobles partes
las amasiatas de los prisioneros, pero ahora las introducen mediante el pago de
comisiones o favores especiales, y ya no sólo drogas, sino teléfonos celulares y
hasta armas de grueso calibre.
Sí, este si es un problema en las cárceles, porque los prisioneros y los propios
guardias se han encargado de destruir los controversiales bloqueadores de telefonía
celular, pero que ha quedado claro que sí funcionan, porque en el nefasto gobierno
de los patriotas (2011-2015), cuando participamos en 23 manifestaciones en el año
2015, nos colocaron una serie de bloqueadores que impedían que se transmitiera
desde nuestros celulares e incluso los canales de televisión abierta y de cable
tuvieron problemas para enviar sus señales en vivo. Entonces ¿por qué en las
cárceles no funcionan?, y aduciendo que no funcionan ¿por qué los han destruido?
¿Qué ha ocurrido con las requisas en las cárceles, en donde no se encuentra nada,
pero a los pocos días hay balaceras y reos muertos en los motines? Las requisas,
junto a los traslados de los condenados han sido una burla al sistema penitenciario,
porque los policías de presidios están involucrados, y por ello, siempre hay fugas
organizadas cuando se anuncian traslados o se preparan las interceptaciones de
los convoyes en el camino, donde se transportará a los prisioneros.
ENTONCES ¿QUÉ HACER?
La pregunta a todo lo que hemos venido exponiendo a manera de diagnóstico de
nuestro sistema de justicia que culmina con el sistema penitenciario, que no tiene
su origen en las cárceles, sino que se inicia con una acusación, continua con la
investigación y culmina con una sentencia, muchas veces infundada pero
condenatoria, es ¿qué hacer para que este sistema de corrección y supuesta
rehabilitación y reinserción social verdaderamente funcione?

En principio podemos decir que, en las cárceles de todo el mundo, puesto que
Guatemala, en este caso, sólo es una referencia, no están todos los que son ni son
todos los que están detenidos. Permítanme aclarar este extremo, asegurando que
en las cárceles hay muchos inocentes y en las calles hay muchos delincuentes.
Acá nuevamente hacemos referencia a lo expresado por Ferrajoli, quien cuando
refiere al coste de la justicia explica: “depende de las opciones penales del legislador
-las prohibiciones de los comportamientos que ha considerado delictivos, las penas
y los procesos contra sus transgresores-, se añade por tanto un altísimo coste de
injusticias, que depende del funcionamiento concreto de cualquier sistema penal. Y
a lo que llaman los sociólogos la <<cifra negra>> de la criminalidad- formada por el
número de culpables que, sometidos o no a juicio, quedan impunes y/o ignorados-
ha de añadirse una cifra no menos oscura pero aún más inquietante e intolerable:
la formada por el número de inocentes procesados y a veces condenados. Llamaré
cifra de la ineficiencia a la primera de estas cifras y cifra de la injusticia a la segunda,
en la que se incluyen: a) los inocentes reconocidos como tales en sentencias
absolutorias tras haber sufrido el proceso y en ocasiones la prisión preventiva; b)
los inocentes condenados por sentencia firme y ulteriormente absueltos a resultas
de un procedimiento de revisión; c) las víctimas, cuyo número quedará sin calcular
-verdadera cifra de la injusticia-, de los errores judiciales no reparados.”
Cuando nos referimos a la cifra negra dentro del sistema penitenciario no podemos
olvidar lo que se reproduce con estereotipos y calificativos previamente concebidos
por medio de prejuicios, no de pocos jueces, fiscales y abogados, quienes
estigmatizan un tatuaje, una joroba, un rostro torcido o dañado, una marca de
nacimiento o incluso un carácter fuerte. Cabe recordar a aquellos médicos
(Lombroso, Garofalo y Ferri…) para quienes los ladrones, los violadores y en fin
todos los delincuentes estaban definidos por características físicas como la ceguera,
la gordura, una deformidad genética, el color de la piel, las enfermedades
hereditarias, los ojos taciturnos y, en fin, todo lo que mostraba diferencia ante la
sociedad. A ellos, agrega Girard, que igualmente se considera que los no creyentes,
los ateos o los de otras religiones (como ocurrió con los católicos en Roma, los
judíos en Alemania y, en fin, las persecuciones que aún se reportan en el medio
oriente) al igual que las diferencias de talla y proveniencia cultural o étnica son
objeto de criminalización, en nuestras, cada vez más, intolerantes sociedades.
En Guatemala, se llegó al extremo de pensar que quienes pertenecemos al género
masculino éramos los nuevos enemigos del Estado y la sociedad, porque la
violencia, principalmente los femicidios (muerte de una mujer por ser mujer) eran
provocadas por la cultura machista prevaleciente en el país. Ahora, las propias

juezas y profesionales del derecho abogan porque se distinga entre violencia
intrafamiliar y los delitos de violencia contra la mujer. Como hijo, padre, esposo y
profesional, el ensayista está convencido que ni una ni otra acciones, deben quedar
impunes, pero que deben ser medidas con diferente vara y en forma proporcional,
porque la consecuencia de las acciones represivas ha ocasionado una nueva
fragmentación social, que ha venido en detrimento de la familia, como núcleo social.
A esa proporcionalidad se refirió ya hace más de un siglo Herber Spencer, cuando
en su libro “La justicia”, hace un apartado sobre la justicia humana y aparte de
indicar las características propias de la raza humana (organización, piedad,
clemencia, generosidad, venganza…) señala que, así como debe darse una
recompensa adecuada para las acciones adecuadas, la justicia exige esa
proporcionalidad.
Cabe recordar como ejemplo de lo
que acontece en las cárceles del
mundo entero, el controversial
experimento de la cárcel de Stanford
realizado en 1971 por un grupo de
psicólogos, quienes pagaron a una
veintena de personas adultas, para
que permanecieran durante dos
semanas jugando el rol de
prisioneros y guardias. Situación
que se desbordó a escasos cinco o
seis días de iniciado el mismo, con
la muerte de uno de los participantes
en manos de los supuestos guardias
del supuesto penal, quienes
asumieron su rol con tal convicción que comenzaron a observar a los supuestos
criminales como delincuentes reales y, por ende, al contar con el poder suficiente
para provocarles daño, les vejaron en sus derechos hasta el grado de violarlos
sádicamente, mutilarlos y finalmente matar a uno de éstos.
El conflicto, como podemos deducir, es el estigma que se tiene sobre los prisioneros
de las cárceles, a quienes se les considera atrofiados sociales y a quienes como
enemigos del Estado se les debe castigar con dureza, aunque entre ellos, como ya
indicamos, haya inocentes o culpables de delitos menores, frente a criminales
reincidentes y policías penitenciarios que nada tienen que envidiar al peor de los
internos. Por su puesto que tampoco se propone lo que en su novela Crimen y

Castigo plantea Fedor M. Dostoievski, para quien la muerte de una vieja usurera en
manos de su protagonista (Raskolnikov) genera duda sobre si realmente se ha
registrado un crimen, o si, por el contrario, ha liberado de un mal mayor a mucha
gente buena.
De dicha cuenta, no podemos admitir que quienes están en las cárceles son parte
de la anomia social existente, puesto que los desadaptados, los desviados o los
otros como desvelan en sus estudios Becker, Durkheim, Merton, Tarde y Foucault,
entre otros, no están en las cárceles necesariamente, puesto que muchos incluso
están haciendo gobierno (y esto no es una broma en nuestro país ni en muchas
naciones de Latinoamérica).
En nuestra Constitución Política de la República, artículo 19, del cual hablaremos
continuamente se define que: “El sistema penitenciario debe atender a la
readaptación social y la reeducación de los reclusos y cumplir con el tratamiento de
los mismos, con las siguientes reglas mínimas: a) Deben ser tratados como seres
humanos… b) Deben cumplir las penas en los lugares destinados para el efecto…
y c) Tienen derecho a comunicarse, cuando lo soliciten, con sus familiares, abogado
defensor, asistente religioso o médico… La infracción de cualquiera de las normas
establecidas en este artículo, da derecho al detenido a reclamar del Estado la
indemnización por los daños ocasionados y la Corte Suprema de Justicia ordenará
su protección inmediata. El Estado deberá crear y fomentar las condiciones para el
exacto cumplimiento de lo preceptuado en este artículo.”
Importante advertir, a nuestro dilecto lector, que el espíritu del artículo 19, conforme
la Corte de Constitucionalidad7, es la readaptación social, esto es, responder a un
eficaz tratamiento del recluso, orientado a su readaptación social y reeducación.
Sin embargo, no hay que confundir el propósito del sistema penitenciario con extraer
más temprano al delincuente que aún no ha superado ese proceso de readaptación,
que aclaro, lamentablemente en Guatemala no existe, pero que está provocando
que asesinos, violadores y otros delincuentes salgan mucho tiempo antes, por la
reducción de las penas que les otorga la norma, pero que niega con ello la
readaptación.
De dicha cuenta, la opinión consultiva emanada de la Corte de Constitucionalidad a
solicitud del Organismo Legislativo va más allá que referirse y ponderar la
readaptación social como finalidad del proceso judicial, puesto que argumenta, en
su resolución, que las normas mínimas para ese tratamiento, contenidas en los
7 Gaceta No. 3, expediente No. 170-86, página No. 2 de la resolución del 28 de enero de 1987 y ratificada en la sentencia del dos de mayo
de 1989, contenida en el expediente No. 56-89, página No. 38 de la Gaceta No. 12.

incisos a), b) y c), en ningún caso refieren a la reducción de las penas, por lo que
subraya: “…ninguno de ellos se refiere a reducciones en las penas sino a
tratamiento institucionalizado. No es a través de una rebaja general de penas como
pueden alcanzarse las condiciones mínimas que permitan la reeducación y
reinserción social del condenado a la pena privativa de libertad, y aunque no sea
esta la panacea que va a resolver el problema de la antisocialidad, por el momento
nuestra política criminal no tiene más remedio que seguir recurriendo en gran
número de casos a este tipo de sanción.”
Eugenio Raúl Zaffaroni en su libro Política Criminal Latinoamericana (Página 36 a
38) expresa con enorme contundencia lo que debemos entender como
resocialización, a la cual lo califica como mito dentro de nuestras sociedades. El
criminólogo latinoamericano asevera: “El mito penal de la “resocialización” se lleva
hoy a tal extremo que la naturaleza retributiva de la pena -consecuencia lógica de
las imágenes idealistas- se desdibuja cuando se apela al ingenioso artificio de
desvincular el fin de la pena del fin de la ejecución penal, asignando carácter
resocializador a éste último, como si la ejecución de algo pudiera tener un fin distinto
e incompatible con las del objeto que ejecuta. De este modo, el idealismo procura
hoy la resocialización en forma casi ilimitada con las “medidas”, y en forma limitada
con las penas, en tanto que el positivismo permite su obtención en forma ilimitada
por cualquier vía y mantiene abierto el recurso de la eliminación por “incorregible”,
incluso por la llamada “pena de muerte”, que en la legislación penal se llegó a llamar
“suprema medida de seguridad”…”
Partiendo de lo expresado por la Corte de Constitucionalidad e igualmente analizado
por Zaffaroni, podemos concluir inicialmente que nuestro sistema penitenciario es
el patito feo de la administración de justicia, sobre todo porque es administrado por
quienes no lo han estudiado, no lo conocen, lo ven con desdén y desprecio, y
estiman que ahí, en los recintos carcelarios sólo hay desechos humanos que no
merecen el respeto de ningún derecho. No quiero con esto señalar que no haya ese
tipo de personas que no tienen posibilidad de reincorporarse a la sociedad, pero el
problema real es que se introduzca en un saco a todos, y por los violadores,
asesinos, narcotraficantes, genocidas, torturadores, secuestradores e integrantes
de bandas del crimen organizado se pierda la oportunidad de reducir el
encarcelamiento en nuestro país. Cuando este ensayo se inició, era aprobada la ley
de aparatos de detección de prisioneros (22-11-2016) denominada “Ley de
implementación del control telemático en el proceso penal” que conforme lo que
expresamos en este ensayo permitirá reducir la cantidad de prisioneros en
Guatemala, aunque conociendo nuestra cultura criminalizadora, junto a ésta nueva
forma de sustituir la prisión podrían surgir nuevos delitos a los que se les agregue

prisión, y con ello, el sistema telemático entre en crisis. Además, no podemos olvidar
y mucho menos negar, que los brazaletes o collares electrónicos están destinados
no para todos los guatemaltecos, sino con bastante dedicación para los sectores
económicamente más pudientes del país, porque ¿qué va a hacer un campesino
que gana 250 quetzales al mes para pagar un aparato que costará de cinco a diez
mil dólares?
A todo este complejo conflicto hay que agregar con claridad que, conforme lo
expresado por la Corte de Constitucionalidad y el título del libro de Zaffaroni,
quienes nos dedicamos al estudio dogmático y doctrinal del derecho, y quienes lo
aplicamos en procesos ordinarios y constitucionales, tenemos fundadas razones
para admitir que en el país no existe una política criminal de ninguna naturaleza.
Cómo puede ser que el gobierno, ante la incapacidad de sus asesores, considere
que lo que es la función del Ministerio Público, es una política criminal. Aunque es
tema para otro trabajo de investigación, es mi obligación dejar en claro que una
auténtica política criminal debe incluir el todo del sistema de justicia y, por lo tanto,
no puede provenir de una institución tan comprometida y señalada como el
Ministerio Público, quizá no por su última administración, pero sí por su falta de
vocación y compromiso al servicio de los guatemaltecos.
Es importante que no olvidemos que el Decreto 33-2006, Ley del Régimen
Penitenciario, modificado con la Ley del Control Telemático, repite en sus artículos
dos y tres, lo expresado por la Constitución Política de la República de Guatemala,
esto respondiendo al principio de superioridad de la norma constitucional, por lo que
a lo mejor tendré que aceptar a ciegas lo que indica el Informe del PNUD, cuando
refiere que: “El sistema penitenciario se encuentra legalmente bien establecido, pero
faltan las dos dimensiones en que su efectividad se logra: el personal aún no
especializado que debe <<cuidar>> a la población custodiada y las estructuras
físicas que la guardan; …Con respecto a los recursos humanos, éstos no son sólo
insuficientes sino, muchos de ellos, corruptos; varios responsables de cárceles han
sido procesados por vínculos con la delincuencia. La edificación que alberga a los
privados de libertad ha resultado, desde hace ya varios años, insuficiente para
albergarlos. El hacinamiento y la promiscuidad han producido un régimen interno
establecido de hecho por la propia delincuencia; jefes pandilleros y narcos dirigen
el orden interno…”
Está claro entonces que el sistema penitenciario ha colapsado y no lo digo porque
me lo contaron, permítanme compartirles los datos oficiales que existen sobre los
centros carcelarios en Guatemala y cómo se evidencia que el hacinamiento está
matando la estructura que frena a los detenidos, miles de ellos sin condena, puesto

que han superado enormemente la capacidad que cada centro tiene para
proporcionales, no como cree la gente en general, un ambiente de primera, sino por
lo menos la oportunidad de reinsertarse socialmente.
Conforme los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Gobernación
(diciembre 2016), en Guatemala existen 21 centros carcelarios en los cuales entre
hombres y mujeres había 20,939 prisioneros, de los cuales únicamente han sido
condenados once mil trescientos dos, encontrándose en espera, en los centros
carcelarios “preventivos”, nueve mil seiscientos treinta siete personas, a los que no
se les ha definido su culpabilidad ni responsabilidad en las imputaciones formuladas
por el Ministerio Público (Véase: Cuadro # 2 y Gráfica # 3).
Población privada de libertad (dic. 2016)
Hombres condenados 10319
18,895
Hombres preventivos 8576
Mujeres condenadas 983
2,044
Mujeres preventivas 1061
Total general 20,939
CUADRO # 2. Descripción de los reos (hombres
y mujeres) detenidos en los centros carcelarios.
Fuente: Dirección General del Sistema
Penitenciario del Ministerio de Gobernación,
elaborada por JMB.
Ya lo dijera Nelson Mandela, quien pasó 27 años de su vida en la cárcel y quien dio
origen a las “Reglas de Mandela”8 sobre tratamiento de los reclusos, adoptadas en
una revisión histórica de las normas de la ONU: “Se dice que no se conoce un país
realmente hasta que se está en sus cárceles. No se debe juzgar a una nación por
cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino a los más desfavorecidos.”
8
Las “Reglas de Mandela” sobre tratamiento de los reclusos, adoptadas en una revisión histórica de las normas de la ONU 22 mayo 2015.
Las Reglas de Mandela incluyen amplias revisiones e incorporaciones a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la ONU,
que datan de 1955. Está previsto que la Asamblea General de la ONU las adopte este año. “Las Reglas de Mandela podrían ser el anuncio
de una nueva era en la que se respeten plenamente los derechos humanos de los presos”, ha dicho Yuval Ginbar, asesor jurídico de Amnistía
Internacional, que asistió a la reunión de Viena. Las Reglas de Mandela podrían ser el anuncio de una nueva era en la que se respeten
plenamente los derechos humanos de los presos. Las Reglas, si se aplican plenamente, contribuirían a que el encarcelamiento dejara ser un
tiempo desperdiciado de sufrimiento y humillación para convertirse en una etapa de desarrollo personal que condujera a la puesta en
libertad, en beneficio de la sociedad en su conjunto. Yuval Ginbar, asesor jurídico de Amnistía Internacional, que asistió a la reunión de
Viena. “Las Reglas, si se aplican plenamente, contribuirían a que el encarcelamiento dejara ser un tiempo desperdiciado de sufrimiento y
humillación para convertirse en una etapa de desarrollo personal que condujera a la puesta en libertad, en beneficio de la sociedad en su
conjunto.” Las Reglas de Mandela contienen ahora un apartado ampliado de principios básicos, incluida la prohibición absoluta de la tortura
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Se asegura la independencia del personal médico y se establecen amplias
restricciones sobre las medidas disciplinarias, como la prohibición de superar los 15 días en régimen de aislamiento. Se proporcionan
instrucciones claras y detalladas sobre asuntos tales como los registros corporales y de celdas, la inclusión de los reclusos en un registro y el
mantenimiento de éste, la investigación sobre muertes y denuncias de tortura y otros malos tratos, las necesidades de grupos concretos, la
inspección independiente de las cárceles, el derecho a representación letrada y otras cuestiones. Amnistía Internacional se unió a una
coalición de ONG e intelectuales que tomaron parte activa en este proceso de cinco años, trabajando en favor de una reelaboración
progresista de las normas. La organización pide a todos los Estados que estudien las Reglas de Mandela y las apliquen plenamente en la ley,
la normativa y la práctica. Se dice que no se conoce un país realmente hasta que se está en sus cárceles. No se debe juzgar a una nación por
cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino a los más desfavorecidos. Nelson Rolihlahla Mandela.
Gráfica # 3
Población privada de libertad hasta DIC-2016
Hombres condenados Hombres peventivos
Mujeres condenadas Mujeres Preventivas

Así las cosas, entonces debemos preguntarnos que, si las cárceles son el referente
de una nación, ¿cómo está nuestro país en relación a nuestros centros
penitenciarios?
Ya observamos ¿cuántos prisioneros hay? pero resulta que no basta con referirnos
al innegable hecho que cerca del cincuenta por ciento de los prisioneros no han sido
juzgados y, por lo tanto. guardan prisión preventiva, sin sentencia firme.
Ahora observemos que en dichas cárceles, que enumeramos en el cuadro siguiente,
salvo en las cárceles de Matamoros y Pavoncito, en donde aún hay espacio para
seis y 369 reos, todos los centros de prisión han sido rebasados en su capacidad,
pero no por uno o dos prisioneros, sino en algunos casos, por miles de capturados
que están completamente hacinados, como dijera Loïc Wacquant en su libro “Las
Cárceles de la Miseria” como consecuencia de pésimas políticas de persecución
penal y carcelarias, implementadas en nuestras naciones como copia grotesca de
Estados Unidos, en donde incluso han fracasado.
Centros penitenciarios
Masculinos
Cárcel Población Capacidad Hacinamiento
Granja Pavón 2954 960 -1994
Granja Canadá 2851 600 -2251
Granja Cantel 2047 625 -1422
Puerto Barrios 882 175 -707
De Alta Seguridad 288 100 -188
Preventivo Z. 18 4927 1500 -3427
Anexo B, Z. 18 571 240 -331
Fraijanes I 217 160 -57
Fraijanes II 95 40 -55
Pavoncito 681 1050 369
Boquerón 521 80 -441
Zacapa 844 158 -686
Petén 319 115 -204
Cobán 423 120 -303
Chimaltenango 452 140 -310
Quiché 136 86 -50
Mazatenango 462 120 -342
Matamoros z 1 6 16 10
Mariscal Zavala 219 135 -84
TOTAL 18,895 6420 -12,475
Cuadro # 3: Descripción de centros carcelarios en su población, capacidad y
hacinamiento hasta principios del 2017.
Fuente: Ministerio de Gobernación. Elaboración JMB.

Nótese que la segunda cifra negra de nuestro sistema penitenciario, descrito en el
cuadro # 3 y en la gráfica que antecede, nos desvela que no se puede obviar que
hemos fallado con un sistema carcelario que debe ser completamente renovado y
que además advierte que, con los grilletes electrónicos no basta.
El hacinamiento carcelario en Guatemala, es de tres veces la capacidad para el que
fueron diseñadas las cárceles del país. Igual ocurre con las cárceles destinadas
para las mujeres.
SENTENCIAS QUE MATAN
No puedo dejar de referirme a la condena del juez unipersonal de sentencia penal
de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, violencia sexual,
explotación y trata de personas, que dictó el veintidós de junio del año dos mil
quince, cuando en la página 16 de la sentencia y sin fundamento alguno
(imagínense ustedes), resuelve que de aplicar la agravación de la pena no sólo
afectaría el principio de proporcionalidad sino además, que en este caso es lo que
nos interesa, “…al aplicar los dos tipos de agravación de la pena genérica para el
delito de violación, las mismas no cumplirían la finalidad esencial de las penas de
privación de libertad la cual consiste en que deben estar encaminadas a la reforma
y readaptación social de la persona condenada…”9
Dicha sentencia, que en efecto debe ser objeto de estudio para no repetirla, busca
señalar que se perjudica el principio de proporcionalidad en sus sentidos estricto y
9 La sentencia completa puede ser localizada en la página del organismo judicial: www.organismojudicial.gob.gt con el número de carpeta
judicial 01187-2013-00877 de la sentencia del veintidós de junio del dos mil quince.
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Gráfica # 2
Centros penitenciarios masculinos
Población Capacidad

amplio, al aplicarle, al condenado, lo que taxativamente expresa la norma, con lo
cual se estaría violentando definitivamente lo que refiere a la verdadera pena. Sin
embargo, la mayor aberración planteada por la sentencia del juzgador, corregida en
segunda instancia, es que se busca adherir como fórmula para readaptar
socialmente a un violador, la reducción de la pena o la no imposición de la que le
corresponde. Esto, como se deduce de la opinión de la Corte de Constitucionalidad
no es la fórmula para readaptar a un criminal y menos si se trata de violadores y
asesinos.
Estas personas, los culpables de los delitos que perjudican de por vida a la víctima,
conforme criterio del ensayista, merecen sanciones principales como la prisión y
mientras ésta no sea sustituida por otro tipo de acciones, debe sufrir
encarcelamiento especializado, en el que sin mayores comodidades se les otorgue
tratamiento psicológico y les motive a comprender el daño que han ocasionado
muchas veces no a una sino a varias víctimas, principalmente menores de edad.
Sin embargo, qué ocurre cuando se desnuda la realidad del sistema penitenciario
de Guatemala y se recurre al principio seis de la referida ley específica, que indica:
“Por ningún motivo o factor se realizarán actos discriminatorios a las personas
reclusas. No se consideran discriminatorias las medidas que se apliquen con arreglo
a la ley y que tiendan a proteger exclusivamente los derechos y la condición especial
de la mujer, en particular de las mujeres embarazadas y las madres lactantes, los
enfermos y los que padezcan algún impedimento físico. Tampoco se considera
discriminatorio el hecho de separar dentro de los centros de detención o
cumplimiento de condena, a las personas reclusas, por razón de edad,
antecedentes y responsabilidad por delitos dolosos y culposos. Así como por
razones de seguridad para sí o para terceros.”
Nótese que este artículo subraya la igualdad de los desiguales10, pero olvida a
quienes no han sido condenados o quienes son detenidos por delitos menores,
quienes por razones de mala administración en los presidios deben compartir sus
espacios con asesinos, mareros, narcotraficantes, genocidas… sin que tengan la
oportunidad de reclamar que se les cambie a un lugar donde puedan permanecer
mientras se les condena o se les absuelve.
Acá, comenzamos a observar ya, parte de un grupo carcelario que permanece entre
la verdadera cifra negra que está perjudicando el sistema penitenciario y pone en
entredicho al sistema de justicia guatemalteco, puesto que la cárcel de muchas
personas únicamente debe ser entendida como el resultado de un problema mucho
10 Norberto Bobbio la define como la regla principal de la justicia, página 64 de su libro Igualdad y Libertad.

mayor, que como indicamos en párrafos anteriores, se origina con una acusación y
culmina en los centros carcelarios. Pero, es que acaso no hay una génesis diferente
a la acusación o no simplemente debo mencionar la pobreza y la problemática
social, sino dentro de este sistema fallido, la falta de absolutamente todo tipo de
satisfactores sociales que motiven a los guatemaltecos a no vivir en cárceles
privadas (colonias con barrotes, guardias, cámaras…)
A ello, hay que agregar el hacinamiento de las cárceles… No es cierto que vivan en
hoteles cinco estrellas, como tampoco es cierto que no tengan acceso a muchos
beneficios (con excepción de los reos VIP). Las prisiones en Guatemala, son
pequeños mundos en los que las autoridades, los policías penitenciarios y los
detenidos forman sus propios feudos, en donde incluso hay concursos de belleza,
competencias de jaripeo, oportunidades de ascender en puestos de control en los
sectores y millonarias sumas de dinero.
Pero no todos son los elegidos, algunos como el difunto Byron Lima, ex militar y
supuestamente el cabecilla de la muerte de Monseñor Juan Gerardi Conedera11,
prácticamente, desde la muerte del obispo encargado del informe de la verdad que
se aduce le costaría la vida, era el dueño de Pavón, la granja penal más importante
y a donde van a dar los prisioneros más peligrosos. Lima era el jeque, el dueño, el
mandamás, de dicho centro carcelario (incluso no pocos le denominaron el
prisionero más poderoso de Guatemala), al extremo que se denunció en varias
ocasiones que se le había visto caminar por varios parques de la ciudad sin ningún
tipo de custodio. Sus privilegios o vida privilegiada en la cárcel llegó hasta el 18 de
julio del año 2016 cuando le dieron muerte, empleando armas militares de grueso
calibre y que nunca fueron localizadas en el centro penitenciario, por lo que
igualmente, como muchos crímenes en Guatemala, se presume fue realizado por
un equipo élite de asesinos que pretendían retomar el control de las cárceles del
país, comenzando con la que estaba a cargo de Lima, quien dentro de la prisión
contaba con casi todos los servicios e incluso con su propio personal de seguridad.
Pero vaya usted a ver cómo viven los indígenas, los campesinos, las personas que
no tienen plata y verá que Guatemala, como en todo es un país de contrastes y ahí
no hay diferencia alguna.
¿PERO SERÁ LA CÁRCEL LA SOLUCIÓN?
La crítica que no es nueva, pero que ahora ha tomado mucho auge en nuestra
nación es la ineficacia de la cárcel como solución para los crímenes, puesto que en
naciones como las de Guatemala, los crímenes han aumentado y la prisión no los
11 El asesinato del Prelado de la Iglesia Católica fue el 26 de abril de 1998 en las instalaciones de la Iglesia que él dirigía.

ha reducido, ni ha sido un factor como para pensar que podría provocar algún tipo
de cambio en un quinquenio, una década o una generación.
La cárcel, quizá ha sido el muro que ha frenado que los criminales actúen con
nepotismo y sin ley, pero no es hoy en día, la solución, salvo en los crímenes de
lesa humanidad, los asesinatos, las torturas y las violaciones, que deben ser sujetas
a prisión y a otro tipo de sanciones para que, si no hay recuperación del condenado,
por lo menos la sociedad se vea resarcida del daño que le ha ocasionado al tejido
social.
Ejemplos de éxito carcelario hay muchos en el mundo, pero es en los países
asiáticos donde se evidencia que cárceles de máxima seguridad, donde los reos
trabajan para resarcir a la sociedad, para pagar sus alimentos y se someten a
exámenes de capacitación técnica y profesional, podrían ser parte del escarmiento
que se requiere para creer nuevamente en un corroído, corrupto y casi irrescatable
sistema penitenciario. La cárcel hoy no es la solución, mañana, dependerá de cómo
sea estructurado un complejo sistema de prisiones con posibilidad de reinserción
social y separando a los prisioneros por crímenes peligrosos, condenados y con
prisión preventiva, entre otros. Sólo de esta forma, las cárceles dejarán de ser el
Talón de Aquiles de la Justicia, y se transformarán en un pilar para la seguridad y la
justicia guatemalteca. JMB

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