Ley de responsabilidad del estado de Guerrero.

CC. DIPUTADAS SECRETARIAS
DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E S.
Los suscritos Diputados Ricardo Mejía Berdeja, Silvano Blanco
Deaquino y Magdalena Camacho Díaz, Integrantes de la Fracción
Parlamentaria de Movimiento Ciudadano de la Sexagésima Primera
Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 65
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286,
ponemos a la consideración de esta Soberanía Popular, la Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley número ___________
de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero, al tenor de la
siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado 29 de abril de 2014, se publicó en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Guerrero el Decreto por el que se adicionó el
artículo 194 a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero mediante el cual se incorporó al orden constitucional guerrerense
el principio de la responsabilidad patrimonial del Estado, de carácter
objetiva y directa.
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En tal sentido, la Bancada Ciudadana nos hemos dado a la tarea de
elaborar la iniciativa de ley reglamentaria a esta nueva garantía
constitucional, tomando en consideración la obra del Investigador del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Doctor Álvaro Castro
Estrada, publicada por Editorial Porrúa en 1997 con el título
Responsabilidad patrimonial del Estado.
Por principio de cuentas, es de recalcar que el nuevo texto del artículo 194
de nuestra Constitución califica la responsabilidad del Estado como de
carácter directo y objetivo.
Con esta nueva garantía, los ciudadanos pueden obtener la indemnización
correspondiente por parte del Estado, cuando con motivo de la actuación
de los servidores públicos se les causa una lesión patrimonial.
Por ello, es menester incorporar los mecanismos para la ejecución de este
derecho, adoptando la doctrina ius-publicista, así como la teoría de la
culpa, pues en ambas se desarrolla con mayor amplitud el concepto de
daño ilícito, que dan luz para el desarrollo de la reparación del daño a
causa de los servidores públicos que con su actuar ocasionen daños y
perjuicios a los particulares.
En consecuencia, se propone la creación de un régimen de responsabilidad
patrimonial del Estado de carácter directa y objetiva.
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La creación de un régimen de responsabilidad directa significa que es el
Estado quien responde al reclamo de indemnización que le formulan los
particulares cuando la actuación de los servidores públicos les ocasionan
lesiones en ellos mismos o en sus respectivos patrimonios, en la
inteligencia de que el Estado se reserva el derecho de repetir lo pagado
contra los servidores públicos, que con su actuar (o no actuar, tratándose
de una conducta omisiva) hayan incurrido en falta o infracción grave.
Por otra parte, la incorporación además de un régimen de responsabilidad
objetiva significa que, independientemente de que la conducta del servidor
público que ocasione la lesión haya sido lícita o ilícita, regular o irregular,
legítima o ilegítima, la lesión causada debe indemnizarse en tanto que tal
acción (u omisión) conculca un derecho a la integridad patrimonial que se
contempla previamente como garantía, y que ahora se ha elevado a nivel
constitucional.
Es por lo anterior que con el propósito de evitar cualquier género de
contradicción o confusión entre la restricción de la responsabilidad del
Estado sólo a su actividad administrativa irregular, y el carácter de
responsabilidad objetiva que consigna la propia reforma constitucional, se
hace preciso señalar que para los efectos de esta Ley, se entenderá por
actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y
derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de
soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de
justificación para legitimar el daño de que se trate.
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Esto bajo el entendido de considerar a la actividad irregular del Estado
como causante de daños al patrimonio de los particulares, y no como
conducta ilícita o irregular de los servidores públicos que lo produjeron.
Así, puede afirmarse que la actividad administrativa es irregular en tanto
que produce lesiones patrimoniales que afectan el patrimonio de los
particulares, sin tener éstos la obligación jurídica de soportarlos.
En consecuencia, la actividad desplegada por el Estado como hecho
imputable deberá tener el carácter de irregular, entendiendo por ello un
funcionamiento fuera de lo normal, donde existan conductas ilegales o
sujetas a imputación de culpabilidad, ya sea de funcionarios o de manera
impersonal.
De esta manera, se hace necesario demostrar el vínculo de causalidad
entre el actuar irregular de la administración y sus servidores públicos, en
ejercicio de su potestad como agentes de la misma, con el resultado
dañoso.
Con la expedición de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado
propuesta por los diputados ciudadanos, se espera generar una mayor
confianza en el Estado y en el derecho en Guerrero.
Además, la presente iniciativa busca generar una mayor seguridad jurídica
para los guerrerenses, pero sobre todo, lo que con esta Ley se pretende
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alcanzar una función inhibitoria de la ineficiencia y la impunidad dentro de
la administración pública.
Dada la importancia que reviste la responsabilidad patrimonial del Estado,
en Movimiento Ciudadano hemos tomado la decisión de convertirnos en la
fuerza política que apoye e impulse la presente iniciativa para introducir al
sistema jurídico guerrerense la Ley Reglamentaria al artículo 194 de la
Constitución Política del Estado, pues estamos convencidos de su alto
contenido de justicia.
La presente iniciativa consta cincuenta y cinco artículos divididos en siete
capítulos, el Primero contiene lo referente a las disposiciones generales
que regirán la responsabilidad patrimonial de los entes públicos.
En el Capítulo Segundo se establece lo relativo a las indemnizaciones que
deberán cubrir los entes públicos de resultar responsables, las cuales
deberán ser suficientes para resarcir los daños y perjuicios materiales que
constituyan la lesión patrimonial reclamada, incluidos los personales y
morales.
Por su parte, en el Capítulo Tercero se rige el procedimiento para
establecer la responsabilidad patrimonial de los sujetos obligados, el cual
habrá de iniciar a petición de parte interesada, quien deberá presentar su
reclamación ante el organismo, dependencia o entidad presuntamente
responsable.
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El Capítulo Cuarto se establece que en los casos donde exista
concurrencia en la responsabilidad patrimonial del Estado, el pago de la
indemnización deberá distribuirse proporcionalmente entre todos los
causantes de la lesión patrimonial reclamada, de acuerdo con su respectiva
participación.
En el Capítulo Quinto se establece el Derecho de los entes públicos de
ejecutar acciones de responsabilidad patrimonial contra otros servidores
públicos que causen daño al patrimonio de los guerrerenses
El Capítulo Sexto se prevé que las notificaciones personales del inicio y
resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial se harán en el
domicilio señalado por el reclamante, en el lugar de ubicación de la
autoridad o por correo certificado con acuse de recibo si el domicilio se
encuentra fuera del lugar de ubicación de la misma, pero en el estado de
Guerrero.
Asimismo, se establece que las notificaciones surtirán sus efectos al día
hábil siguiente a aquel en que se practiquen. Para tal efecto, se establece
en ese apartado que se consideran días hábiles todos los del año, con
exclusión de los sábados, domingos y aquellos que se señalen en el
calendario oficial correspondiente.
Finalmente, en el Capítulo Séptimo se establecen los criterios para tener a
una sentencia por ejecutoriada y el mecanismo para su ejecución.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado en los artículos 65 fracción I de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 8 fracciones
II y III, 126 fracción II, 127 párrafo tercero, y demás aplicables de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero Número 286,
someto a la consideración del Pleno el siguiente:
DECRETO NÚMERO _____ POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY NÚMERO
__________ DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO DE
GUERRERO
ARTÍCULO ÚNICO. Se expide la Ley Número _____ de Responsabilidad
Patrimonial del Estado de Guerrero, para quedar como sigue:
LEY NÚMERO _________ DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL
ESTADO DE GUERRERO
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del 194 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y sus disposiciones son
de orden público e interés general.
Tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho
a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran
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daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la
actividad administrativa irregular del Estado o de los Ayuntamientos.
La responsabilidad extracontractual a cargo de los sujetos obligados por
esta Ley es objetiva y directa, y la indemnización deberá ajustarse a los
términos y condiciones señalados en esta y en las demás disposiciones
legales a que la misma hace referencia.
Para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividad administrativa
irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los
particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de
no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el
daño de que se trate.
Artículo 2. Son sujetos obligados por las disposiciones contenidas en esta
Ley, los representantes de elección popular, los funcionarios, empleados y,
en general, toda persona que con independencia de su jerarquía o
adscripción desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de los poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los Ayuntamientos, los Órganos
Autónomos y los Órganos con Autonomía Técnica.
La obligación de indemnizar de los Poderes Legislativo y Judicial, así como
de los organismos autónomos, se entenderá exclusivamente para las
funciones y actos irregulares materialmente administrativos que realicen.
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La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y sus
servidores públicos, no son sujetos de responsabilidad patrimonial por las
opiniones y recomendaciones que formulen, así como por los actos que
realicen en ejercicio de las funciones de su competencia.
Artículo 3. Las disposiciones de esta Ley serán aplicables, en lo
conducente, para cumplimentar los fallos de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, así como las recomendaciones de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de Guerrero, aceptadas por los entes públicos
estatales y municipales, en cuanto se refieran al pago de indemnizaciones.
La aceptación y cumplimiento de las recomendaciones a que se refiere el
párrafo anterior, en su caso, deberá llevarse a cabo por el ente público que
haya sido declarado responsable; lo mismo deberá observarse para el
cumplimiento de los fallos jurisdiccionales de reparación.
Artículo 4. Se exceptúan de la obligación de indemnizar, de acuerdo con
esta Ley:
I. Los supuestos de caso fortuito y de fuerza mayor;
II. Los daños y perjuicios que no sean consecuencia de la actividad
administrativa irregular del Estado;
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III. Las que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran
podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o
de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento; y
V. En aquellos casos en los que el solicitante de la indemnización sea el
único causante del daño.
Artículo 5. Los daños y perjuicios materiales que constituyan la lesión
patrimonial reclamada, incluidos los personales y morales, habrán de ser
reales, evaluables en dinero, directamente relacionados con una o varias
personas, y desiguales a los que pudieran afectar al común de la
población.
Artículo 6. Los sujetos obligados por esta Ley cubrirán las
indemnizaciones derivadas de responsabilidad patrimonial que se
determinen conforme a la misma, con cargo a sus respectivos
presupuestos.
Los pagos de las indemnizaciones derivadas de responsabilidad
patrimonial se realizarán conforme a la disponibilidad presupuestaria del
ejercicio fiscal correspondiente, sin afectar el cumplimiento de los objetivos
de los programas que se aprueben en el Presupuesto de Egresos del
Estado de Guerrero.
En la fijación de los montos de las partidas presupuestales deberán
preverse las indemnizaciones que no hayan podido ser pagadas en el
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ejercicio inmediato anterior, según lo dispuesto en los artículos 9 y 12 de la
presente Ley.
Artículo 7. El Ejecutivo del Estado propondrá al Congreso Local, en la
iniciativa de Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero para
el ejercicio fiscal correspondiente, el monto de la partida presupuestal que
deberá destinarse para cubrir las erogaciones que se deriven de la
responsabilidad patrimonial del Estado.
De igual forma, los Ayuntamientos al aprobar su presupuesto de egresos,
deberán prever el monto de la partida presupuestal que deberá destinarse
para cumplir con las erogaciones que deriven de la responsabilidad
patrimonial del Municipio.
La suma total de los recursos comprendidos en los respectivos
presupuestos de egresos del Estado o de los ayuntamientos, no podrá
exceder del equivalente al 0.3 al millar del respectivo gasto programable
para el ejercicio fiscal correspondiente.
El excedente que no se haya aplicado en el ejercicio fiscal correspondiente,
siempre y cuando no hubiese procedimientos pendientes o resoluciones
firmes que se deban ejecutar, podrán reorientarse a obras o servicios
públicos.
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En el establecimiento de los montos correspondientes a las partidas
presupuestales, deberán preverse las indemnizaciones que no hayan
podido ser pagadas en el ejercicio inmediato anterior.
Artículo 8. El Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, a través de la
Secretaría de Finanzas y Administración, en los términos de la Ley del
Presupuesto de Egresos del Estado de Guerrero, deberá autorizar el
traspaso de los montos presupuestales aprobados a las diferentes
dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal para
responsabilidad patrimonial, cuando por la naturaleza de la actividad
administrativa de las mismas, sea pertinente y se justifique ante las
autoridades competentes.
En el caso de las entidades no sujetas o sujetas parcialmente a control
presupuestal, los traspasos correspondientes deberán ser aprobados por
los órganos de gobierno respectivos.
Artículo 9. Las indemnizaciones fijadas por autoridades administrativas
que excedan del monto máximo presupuestado en un ejercicio fiscal
determinado serán cubiertas en el siguiente ejercicio fiscal, según el orden
de registro a que se refiere el artículo 17 de la presente Ley.
Artículo 10. A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán de
manera supletoria, en lo conducente las disposiciones contenidas en el
Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de
Guerrero número 215, el Código Civil del Estado Libre y Soberano de
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Guerrero número 358, el Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano
de Guerrero número 364 y los principios generales del derecho.
Artículo 11. Los entes públicos están en obligación de denunciar ante el
Ministerio Público a toda persona que directa o indirectamente participe,
coadyuve, asista o simule la producción de daños con el propósito de
acreditar indebidamente la Responsabilidad Patrimonial o de obtener
alguna de las indemnizaciones a que se refiere esta Ley.
Capítulo II
De las Indemnizaciones
Artículo 12. La indemnización por responsabilidad patrimonial derivada de
la actividad administrativa irregular, deberá pagarse al reclamante de
acuerdo a las modalidades que establece esta Ley y las bases siguientes:
I. Deberá pagarse en moneda nacional;
II. Podrá convenirse su pago en especie;
III. La cuantificación de la indemnización se calculará de acuerdo a la fecha
en que la lesión efectivamente se produjo o la fecha en que haya cesado
cuando sea de carácter continuo;
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IV. En todo caso deberá actualizarse la cantidad a indemnizar al tiempo en
que haya de efectuarse el cumplimiento de la resolución por la que se
resuelve y ordena el pago de la indemnización;
V. En caso de retraso en el cumplimiento del pago de la indemnización
procederá la actualización de conformidad con lo dispuesto en el Código
Fiscal del Estado de Guerrero número 429; y
VI. Los sujetos obligados por esta Ley podrán cubrir el monto de la
indemnización mediante parcialidades en ejercicios fiscales subsecuentes,
realizando una proyección de los pagos de acuerdo a lo siguiente:
a) Los diversos compromisos programados de ejercicios fiscales anteriores
y los que previsiblemente se presentarán en el ejercicio de que se trate;
b) El monto de los recursos presupuestados o asignados en los cinco
ejercicios fiscales previos al inicio del pago en parcialidades, para cubrir la
Responsabilidad Patrimonial por la actividad administrativa irregular
impuestas por autoridad competente; y
c) Los recursos que previsiblemente serán aprobados y asignados en el
rubro correspondiente a este tipo de obligaciones en los ejercicios fiscales
subsecuentes con base en los antecedentes referidos en el numeral
anterior y el comportamiento del ingreso-gasto.
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Artículo 13. Las indemnizaciones corresponderán a la reparación integral
del daño y, en su caso, por el daño personal y moral.
Artículo 14. El monto de la indemnización por daños y perjuicios
materiales se calculará de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley
número 877 de Expropiación para el Estado de Guerrero, el Código Fiscal
del Estado de Guerrero número 429 y demás disposiciones aplicables,
debiéndose tomar en consideración los valores comerciales o de mercado.
Artículo 15. Los montos de las indemnizaciones se calcularán de la
siguiente forma:
I. Cuando el daño se cause a las personas y produzca la muerte,
incapacidad total permanente, parcial permanente, total temporal o parcial
temporal, el grado de la reparación se determinará atendiendo a lo
dispuesto por la Ley Federal del Trabajo.
Para calcular la indemnización que corresponda se tomará como base el
cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en vigor en la región
y se extenderá al número de días que para cada una de las incapacidades
mencionadas señala la Ley Federal del Trabajo.
En caso de muerte la indemnización corresponderá a los herederos de la
víctima. Los créditos por indemnización cuando la víctima fuere un
asalariado son intransferibles y se cubrirán preferentemente en una sola
exhibición, salvo convenio entre las partes.
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II. En el caso de daño moral, la autoridad administrativa o jurisdiccional, en
su caso, calculará el monto de la indemnización de acuerdo con los
criterios establecidos en el Código Civil del Estado Libre y Soberano de
Guerrero número 358, debiendo tomar en consideración los dictámenes
periciales ofrecidos por el reclamante.
La indemnización por daño moral que el Estado esté obligado a cubrir no
excederá del equivalente a 20,000 veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente en el estado de Guerrero, por cada reclamante
afectado.
III. Cuando el daño sea sobre bienes, el monto de la indemnización se
sujetará a la práctica de un avalúo, que tenderá a establecer el valor
comercial, los frutos que en su caso hubiere podido producir la cosa objeto
del avalúo y todas las circunstancias que puedan influir en la determinación
del valor comercial. Las erogaciones del avalúo serán a cargo del sujeto
obligado.
Artículo 16. Las indemnizaciones deberán cubrirse en su totalidad de
conformidad con los términos y condiciones dispuestos por esta Ley y a las
que ella remita. En los casos de haberse celebrado contrato de seguro
contra la responsabilidad, ante la eventual producción de daños y perjuicios
que sean consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado o
de los Ayuntamientos, la suma asegurada se destinará a cubrir el monto
equivalente a la reparación integral. De ser ésta insuficiente, el ente público
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responsable continuará obligado a resarcir la diferencia respectiva. El pago
de cantidades líquidas por concepto de deducible corresponde al sujeto
obligado y no podrá disminuirse de la indemnización.
Artículo 17. Las sentencias firmes deberán registrarse por el ente público
responsable, quienes deberán llevar un registro de indemnizaciones
debidas por responsabilidad patrimonial, que será de consulta pública.
Las indemnizaciones por lesiones patrimoniales serán pagadas tomando
en cuenta el orden cronológico en que se emitan las resoluciones de las
autoridades administrativas.
Capítulo III
Del Procedimiento
Artículo 18. El procedimiento de responsabilidad patrimonial se iniciará a
petición de parte interesada, quien deberá presentar su reclamación ante el
organismo, dependencia o entidad presuntamente responsable.
Los particulares en su demanda, deberán señalar, en su caso, el o los
servidores públicos involucrados en la actividad administrativa que se
considere irregular.
Si iniciado el procedimiento de responsabilidad patrimonial se encontrare
pendiente alguno de los procedimientos por los que el afectado haya
impugnado el acto de autoridad que se reputa como dañoso, el
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procedimiento de responsabilidad patrimonial se suspenderá hasta en tanto
en los otros procedimientos, la autoridad competente no haya dictado una
resolución que cause estado.
Artículo 19. El procedimiento de responsabilidad patrimonial deberá
ajustarse, además de lo dispuesto por esta Ley, a lo dispuesto por el
Guerrero número 215, en la vía jurisdiccional.
Artículo 20. La demanda de reclamación de indemnización deberá
presentarse por escrito, debiendo contener lo siguiente:
I. La autoridad a la que se dirige;
II. El nombre, denominación o razón social del reclamante y, en su caso,
del representante legal, agregándose los documentos que acrediten su
personalidad, así como la designación de la persona o personas
autorizadas para oír y recibir notificaciones y documentos;
III. El domicilio para recibir notificaciones, ubicado en la sede de la
autoridad del sujeto obligado;
IV. La petición que se formula, agregando un cálculo estimado del daño
generado;
V. La descripción de los hechos y razones en los que se apoye la petición;
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VI. La relación de causalidad entre el daño producido y la actividad
administrativa irregular del sujeto obligado; y
VII. Las pruebas que acrediten los hechos argumentados y la naturaleza
del acto que así lo exijan, así como el ofrecimiento de las demás que
estime pertinentes.
Toda demanda de reclamación deberá estar firmada por quien la formule y
sin este requisito se tendrá por no presentada, a menos que el solicitante
no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, imprimirá su huella digital y
firmará su representante en la reclamación.
Artículo 21. Las autoridades acordarán la acumulación de los expedientes
de los procedimientos que ante ellas se sigan, de oficio o a petición de
parte, cuando los interesados o los actos administrativos sean iguales, se
trate de actos conexos o resulte conveniente el trámite unificado de los
asuntos para evitar la emisión de resoluciones contradictorias.
Artículo 22. Se considerará que una reclamación es improcedente cuando:
I. Se presente fuera de los plazos establecidos por el artículo 34 de esta
Ley;
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II. Contra actos que sean materia de otra reclamación de indemnización y
que se encuentren pendiente de resolución, promovido por el mismo
reclamante y respecto del mismo acto irregular;
III. No se desprenda de una actividad administrativa irregular; o
IV. Los daños que se le causen al afectado provengan de una resolución
de juicio jurisdiccional, laboral o administrativo que haya sido declarado
como cosa juzgada o la resolución sea firme y definitiva o en su caso tenga
otro medio de defensa legal que pueda restituirle al estado que guardaban
antes que se le causara el daño.
Artículo 23. Las reclamaciones de indemnización por responsabilidad
patrimonial notoriamente improcedentes serán desechadas de plano por la
autoridad ante la cual se presenten.
A quien promueva una reclamación de indemnización notoriamente
improcedente o afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación
con dicha reclamación, se le impondrá una multa cuyo monto será
equivalente de veinte a ciento veinte veces la Unidad de Medida y
Actualización vigente en el estado de Guerrero.
La nulidad o anulabilidad de actos administrativos por la vía administrativa,
o por la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, no presupone por sí
misma derecho a la indemnización.
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Artículo 24. Será sobreseído el juicio de reclamación, cuando:
I. El reclamante se desista expresamente de la demanda de indemnización;
o
II. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de
improcedencia.
Artículo 25. Iniciado el procedimiento, el sujeto obligado que conozca del
juicio de reclamación tendrá un término de diez días hábiles para responder
lo que a sus intereses convenga, así como para que ofrezca las pruebas
que considere necesarias.
El incumplimiento de esta obligación, implicará que se tenga la presunción
de ser ciertos los hechos expresados por el reclamante.
Artículo 26. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, se
abrirá un periodo probatorio por un término que no excederá de quince días
hábiles para el desahogo de las pruebas oportunamente ofrecidas por las
partes, pudiendo ampliarse por una sola vez por igual término.
Las pruebas no documentales deberán ofrecerse dentro de los cinco
primeros días de la dilación probatoria.
En el procedimiento que regula la presente Ley, se admitirán, desahogarán,
evaluarán y valorarán los medios de prueba previstos por el Código de
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Procedimientos Contenciosos Administrativos del Estado de Guerrero
número 215. Las pruebas supervenientes podrán presentarse siempre que
no se haya dictado resolución definitiva.
Artículo 27. Cuando los objetos o documentos sobre los cuales debe
versar la prueba pericial, estén en poder de los sujetos obligados, se les
requerirá para que los pongan a la vista del perito, a fin de que pueda
rendir su dictamen.
Artículo 28. En caso necesario y por razones fundadas y motivadas, el
sujeto obligado podrá ordenar la práctica, repetición o ampliación de
cualquier diligencia probatoria, siempre y cuando sea de las reconocidas
por esta Ley y tenga relación inmediata con la reclamación tramitada.
Artículo 29. El daño que se cause al patrimonio de los particulares por la
actividad administrativa irregular, deberá acreditarse tomando en
consideración los siguientes criterios:
I. En los casos en que la causa o causas productoras del daño sean
identificables, la relación causa-efecto entre la lesión patrimonial y la acción
administrativa irregular imputable al ente público deberá probarse
fehacientemente, y
II. En su defecto, la causalidad única o concurrencia de hechos y
condiciones causales, así como la participación de otros agentes en la
generación de la lesión reclamada, deberá probarse a través de la
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identificación precisa de los hechos que produjeron el resultado final,
examinando rigurosamente las condiciones o circunstancias originales o
sobrevenidas que hayan podido atenuar o agravar la lesión patrimonial
reclamada.
Artículo 30. La responsabilidad del sujeto obligado por esta Ley deberá
probarla el reclamante que considere lesionado su patrimonio, por no tener
la obligación jurídica de soportarlo. Por su parte, al ente público señalado
como responsable, corresponderá probar, en su caso, la participación de
terceros o del propio reclamante en la producción de los daños y perjuicios
irrogados al mismo; que los daños no son consecuencia de la actividad
administrativa irregular del Estado; que los daños derivan de hechos o
circunstancias imprevisibles o inevitables según los conocimientos de la
ciencia o de la técnica existentes en el momento de su acaecimiento, o
bien, la existencia de la fuerza mayor que lo exonera de responsabilidad
patrimonial.
Artículo 31. Una vez concluido el periodo probatorio, el ente público
responsable deberá emitir su resolución en un término de diez días hábiles.
Dicha resolución deberá ser notificada al reclamante.
Artículo 32. Las resoluciones que dicte el ente público responsable con
motivo de las reclamaciones que prevé la presente Ley, deberán contener
como elementos mínimos los siguientes:
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I. La fijación clara y precisa de los puntos controvertidos, así como el
examen y valoración de las pruebas que se hayan rendido;
II. Los fundamentos legales en que se apoyen para producir la resolución;
III. El relativo a la existencia de la relación de causalidad entre la actividad
administrativa y la lesión producida;
IV. La valoración del daño o perjuicio causado, así como el monto en dinero
o en especie de la indemnización, explicitando los criterios utilizados para
su cuantificación; y
V. En los casos de concurrencia previstos en esta Ley, se deberán razonar
los criterios de imputación y la graduación correspondiente para su
aplicación a cada caso en particular.
Artículo 33. Las resoluciones de la autoridad administrativa que nieguen la
indemnización, o que, por su monto, no satisfagan al interesado podrán
impugnarse mediante recurso de revisión acorde con lo dispuesto por el
Guerrero número 215, en la vía jurisdiccional.
Artículo 34. El derecho a reclamar indemnización prescribe en un año,
mismo que se computará a partir del día siguiente a aquel en que se
hubiera producido la lesión patrimonial, o a partir del momento en que
hubiesen cesado sus efectos lesivos, si fuesen de carácter continúo.
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Cuando existan daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo
de prescripción será de dos años.
Los plazos de prescripción previstos en este artículo, se interrumpirán al
iniciarse el procedimiento de reclamación, a través de los cuales se
impugne la legalidad de los actos administrativos que probablemente
produjeron los daños o perjuicios.
Artículo 35. Los reclamantes afectados podrán celebrar convenio con los
entes públicos federales, a fin de dar por concluida la controversia,
mediante la fijación y el pago de la indemnización que las partes acuerden.
Para la validez de dicho convenio se requerirá, según sea el caso, la
aprobación por parte de la Secretaría de Contraloría y Transparencia
Gubernamental o del órgano de vigilancia correspondiente del ente público
responsable.
Capítulo IV
De la Concurrencia
ARTÍCULO 37. En caso de concurrencia acreditada en términos del
artículo 32 de esta Ley, el pago de la indemnización deberá distribuirse
proporcionalmente entre todos los causantes de la lesión patrimonial
reclamada, de acuerdo con su respectiva participación. Para los efectos de
la misma distribución, las autoridades administrativas tomarán en cuenta,
25

entre otros, los siguientes criterios de imputación, mismos que deberán
graduarse y aplicarse de acuerdo con cada caso concreto:
I. Deberá atribuirse a cada ente público responsable los hechos o actos
dañosos que provengan de su propia organización y operación, incluyendo
las de sus órganos administrativos desconcentrados;
II. Los entes públicos responsables responderán únicamente de los hechos
o actos dañosos que hayan ocasionado los servidores públicos que les
estén adscritos;
III. Los entes públicos responsables que tengan atribuciones o
responsabilidad respecto de la prestación del servicio público y cuya
actividad haya producido los hechos o actos dañosos responderán de los
mismos, sea por prestación directa o con colaboración interorgánica;
IV. Los entes públicos responsables que hubieran proyectado obras que
hayan sido ejecutadas por otras responderá de los hechos o actos dañosos
causados, cuando las segundas no hayan tenido el derecho de modificar el
proyecto por cuya causa se generó la lesión patrimonial reclamada. Por su
parte, los entes públicos ejecutores responderán de los hechos o actos
dañosos producidos, cuando éstos no hubieran tenido como origen
deficiencias en el proyecto elaborado, y
26

V. Cuando en los hechos o actos dañosos concurra la intervención de la
autoridad Estatal y la municipal, estas responderán del pago de la
indemnización en forma proporcional a su respectiva participación.
Artículo 38. En el supuesto de que el reclamante se encuentre entre los
causantes de la lesión cuya reparación solicita, la proporción cuantitativa
de su participación en el daño y perjuicio causado se deducirá del monto de
la indemnización total.
Artículo 39. En el supuesto de que entre los causantes de la lesión
patrimonial reclamada no se pueda identificar su exacta participación en la
producción de la misma, se establecerá entre ellos una responsabilidad
solidaria frente al reclamante, debiéndose distribuir el pago de la
indemnización en partes iguales entre todos los cocausantes.
Artículo 40. En el supuesto de que las reclamaciones deriven de hechos o
actos dañosos producidos como consecuencia de una concesión de
servicio público por parte de la Administración Pública Estatal o municipal,
y las lesiones patrimoniales hayan tenido como causa una determinación
del concesionante que sea de ineludible cumplimiento para el
concesionario, el ente público responsable de otorgar la concesión
responderá directamente.
Los concesionarios tendrán la obligación de contratar seguros u otorgar
garantías a favor del concesionante, para el caso de que la lesión
27

reclamada haya sido ocasionada por la actividad del concesionario y no se
derive de una determinación del concesionante.
Capítulo V
Del Derecho del Estado de Repetir contra los Servidores Públicos
Artículo 41. Los entes públicos responsables podrán repetir de los
servidores públicos el pago de la indemnización cubierta a los particulares
cuando, previa substanciación del procedimiento administrativo disciplinario
previsto en la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, se determine su
responsabilidad, y que la falta administrativa haya tenido el carácter de
infracción grave. El monto que se exija al servidor público por este
concepto formará parte de la sanción económica que se le aplique.
La gravedad de la infracción se calificará de acuerdo con los criterios que
establece la Ley número 695 de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero. Además, se tomarán
en cuenta los siguientes criterios:
I. Los estándares promedio de la actividad administrativa, la perturbación
de la misma:
II. La existencia o no de intencionalidad; y
28

III. La responsabilidad profesional y su relación con la producción del
resultado dañoso.
Artículo 42. Los sujetos obligados por esta Ley podrán, también, instruir
igual procedimiento a los servidores públicos por ellos nombrados,
designados o contratados y, en general, a toda persona que desempeñe un
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración
Pública Estatal o municipal, cuando le hayan ocasionado daños y perjuicios
en sus bienes y derechos derivado de faltas o infracciones administrativas
graves. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes aplicables
en la materia.
Artículo 43. Los servidores públicos podrán impugnar las resoluciones
administrativas por las que se les imponga la obligación de resarcir los
daños y perjuicios que el ente público responsable haya pagado con motivo
de los reclamos indemnizatorios respectivos ante el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero.
Artículo 44. La presentación de reclamaciones por responsabilidad
patrimonial por parte de los sujetos obligados por esta Ley, interrumpirá los
plazos de prescripción que la Ley número 695 de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero determina
para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario a los servidores
públicos, los cuales se reanudarán cuando quede firme la resolución o
sentencia definitiva que al efecto se dicte en el primero de los
procedimientos mencionados.
29

Artículo 45. Las cantidades que se obtengan con motivo de las sanciones
económicas que las autoridades competentes impongan a los servidores
públicos, en términos de lo dispuesto por la Ley número 695 de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los
Municipios de Guerrero se adicionarán, según corresponda, al monto de los
recursos previstos para cubrir las obligaciones indemnizatorias derivadas
de la responsabilidad patrimonial de los entes públicos responsables.
Capítulo VI
De las Notificaciones y Términos
Artículo 46. Las notificaciones para el reclamante serán personales:
I. Cuando se trate del acuerdo recaído a la solicitud de indemnización, así
como cuando se notifique la resolución definitiva;
II. La primera resolución que se dicte cuando por cualquier motivo se
hubiere suspendido el procedimiento o dejado de actuar durante más de
dos meses;
III. Cuando la autoridad estime que se trata de un caso urgente o de alguna
circunstancia especial que así lo haga necesario; y
IV. En los demás casos en que la Ley expresamente lo disponga.
30

Las notificaciones que no deban ser personales se harán en las oficinas del
sujeto obligado, en lugar visible y de fácil acceso, por medio de lista
fechada que se fijará a primera hora de despacho del día siguiente al de la
fecha de la resolución o acuerdo.
En los autos, la autoridad hará constar el día y hora de la notificación por
lista y formará un legajo mensual de las listas, que deberá conservar por el
término de un año a disposición de los interesados.
Artículo 47. Las notificaciones deben contener:
I. Copia del texto íntegro del acto o resolución;
II. El lugar, fecha y hora en que se practiquen;
III. La identificación del procedimiento y el número de expediente; y
IV. El fundamento legal.
Artículo 48. Las notificaciones personales se harán en el domicilio
señalado por el reclamante, en el lugar de ubicación de la autoridad o por
correo certificado con acuse de recibo si el domicilio se encuentra fuera del
lugar de ubicación de la misma, pero en el estado de Guerrero.
Cuando exista imposibilidad para hacer la notificación en la forma
establecida en este párrafo, previa circunstanciación, se acordará la
31

notificación por listas de todas las actuaciones. Las notificaciones podrán
realizarse en las oficinas de las autoridades si se presentan los
interesados.
Las notificaciones que deban hacerse a los sujetos obligados, se harán por
medio de oficio que serán entregados en el domicilio de su oficina principal,
en el lugar del procedimiento por el empleado de la autoridad competente,
quien recabará el recibo correspondiente y agregará al expediente,
asentando la razón correspondiente.
Si el domicilio de los servidores públicos se encuentra fuera del lugar sede
de la autoridad responsable de conocer del procedimiento, las
notificaciones a que se refiere el párrafo anterior, se practicarán por correo,
en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará al expediente.
También podrán realizarse mediante el uso de medios electrónicos o
cualquier otro medio; cuando así lo hayan autorizado expresamente y
siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de las
mismas.
Artículo 49. Las notificaciones surtirán sus efectos al día hábil siguiente a
aquel en que se practiquen.
Artículo 50. Son días hábiles todos los del año, con exclusión de los
sábados, domingos y aquellos que se señalen en el calendario oficial
correspondiente. Tampoco son hábiles aquellos en los que, por cualquier
32

causa materialmente no fuere posible que haya labores. La existencia de
personal de guardia no habilita los días.
Son horas hábiles las comprendidas en el horario de servicio al público
señalado por la autoridad de que se trate.
Las autoridades competentes pueden habilitar los días y horas inhábiles,
cuando hubiere causa justificada que lo exija, expresando cuál sea ésta y
las diligencias que hayan de practicarse, notificando al interesado. Si una
diligencia se inició en día y hora hábiles, puede llevarse hasta su fin sin
interrupción y sin necesidad de habilitación expresa.
Artículo 51. Los términos, salvo disposición expresa de la Ley, empezarán
a correr desde el día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la
notificación y se incluirán en ellos el día del vencimiento que se considerará
completo.
Artículo 52. Transcurridos los términos fijados a los interesados, se tendrá
por perdido el derecho que dentro de ellos debió ejercitarse, sin necesidad
de declaratoria en ese sentido.
Artículo 53. Cuando la Ley no señale término para la práctica de alguna
diligencia o para el ejercicio de algún derecho, se tendrá por señalado el de
tres días hábiles.
33

Artículo 54. La autoridad competente podrá ordenar de oficio o a petición
de parte, subsanar las irregularidades u omisiones que observe en la
tramitación del procedimiento para el solo efecto de regularizar el mismo,
sin que ello implique que pueda revocar sus propias resoluciones.
Capítulo VII
De la Sentencia Ejecutoriada y Ejecución de Sentencia
Artículo 55. Para considerar que una sentencia ha causado ejecutoria, así
como para que pueda ser ejecutada se aplicará lo establecido para tal
efecto en el Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos del
Estado de Guerrero número 215 y a falta de disposición expresa, a lo
señalado por el Código Procesal Civil del Estado Libre y Soberano de
Guerrero número 364.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del año
siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Guerrero.
El Estado y los municipios, deberán tomar las previsiones necesarias a
efecto de que en sus presupuestos de egresos para el ejercicio
correspondiente, se incluya una partida especial para este fin.
34

Segundo. Los juicios de responsabilidad patrimonial que sean resueltos a
favor del actor sin que exista aún una partida presupuestal deberán de
liquidarse en el ejercicio fiscal que si esté determinada.
Tercero. Se abrogan todas las disposiciones que se opongan a la presente
Ley.
Cuarto. Publíquese el presente Decreto para el conocimiento general, en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en el Portal Web del Congreso
del Estado, en las redes sociales de internet y difúndase a través de los
medios de comunicación.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo, a los
_______ días del mes de mayo del año dos mil dieciséis.
35

A T E N T A M E N T E
LOS INTEGRANTES DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DE
MOVIMIENTO CIUDADANO
DIPUTADO RICARDO MEJÍA BERDEJA
DIPUTADO SILVANO BLANCO
DEAQUINO
DIPUTADA MAGDALENA
CAMACHO DÍAZ
[Hoja de firmas correspondiente a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
Responsabilidad Patrimonial del Estado de Guerrero]
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