Ley de-contrataciones-con-el-estado

LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO
Y SU REGLAMENTO

ConCordado

Presentación

OSCE - SERvICIO OpORTUNO EN LAS
CONTRATACIONES púbLICAS

Nuestro país ha tomado una sana y sostenida senda de crecimiento
económico que le está permitiendo hacer frente, con reconocido éxito, a la grave
crisis financiera internacional. Por esta misma razón, se está logrando mejores
condiciones de bienestar para todos nuestros compatriotas.

El mantenimiento de esta senda, es decir, de la adecuada y correcta política
económica, necesita de un sistema muy eficiente de las contrataciones públicas.
Que facilite y promueva las inversiones que se requieren en todos los campos de
la actividad económica para que los bienes, las obras y los servicios demandados
por la comunidad puedan ser utilizados por ella oportuna y satisfactoriamente.

En estas condiciones, la sociedad peruana exige, con plena razón, que el sistema
de contrataciones públicas sea transparente y libre de corrupción.

Por ello, la modernización de las contrataciones públicas, en la dirección planteada,
requería de una orientación que sirviera de guía para una reforma profunda de todo
el sistema. A eso obedece la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 1017
que crea el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), marcando
el punto de partida de esta transformación que tiene como objetivo consolidar un
sistema de contrataciones eficiente, incorruptible y promotor del desarrollo.

Este cambio demanda un nuevo enfoque que impone alinearse con la tendencia
mundial de las contrataciones públicas, lo que supone reorientar la manera de
operar el sistema, apoyándose en la experiencia de la estrategia de mercados que,
en otras palabras, significa dejar atrás la gestión centrada en procedimientos, en el
estricto cumplimiento de exigencias legalistas, para concentrarse en la obtención
de resultados.

En consecuencia, hay que resaltar que la nueva Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento, que entraron en vigencia a partir del 1 de febrero de
este año, están diseñados para que el OSCE ayude a la gestión de las instituciones
públicas en el cumplimiento de sus objetivos y, a través de ellos, satisfacer las
necesidades de nuestra población, por lo que su tarea y misión diarias pueden
resumirse en un “Servicio Oportuno en las Contrataciones Públicas”.

Lima, Abril 2009

Santiago Antúnez de Mayolo Morelli
presidente Ejecutivo del OSCE

LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO

(aprobado mediante d.l. n° 1017)

ConCordado

Ley de contrataciones deL estado

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

TÍTULO I
DISpOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Alcances
Artículo 2.- Objeto
Artículo 3.- Ámbito de aplicación
Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones
Artículo 5.- Especialidad de la norma y delegación
Artículo 6.- Órganos que participan en las contrataciones
Artículo 7.- Expediente de Contratación
Artículo 8.- Plan Anual de Contrataciones

TÍTULO II
DE LOS pROCESOS DE SELECCIÓN

CApÍTULO I

Artículo 9.- Del Registro Nacional de Proveedores
Artículo 10.- Impedimentos para ser postor y/o contratista
Artículo 11.- Prohibición de prácticas restrictivas
Artículo 12.- Requisitos para convocar a un proceso
Artículo 13.- Características técnicas de los bienes, servicios y obras a
contratar
Artículo 14.- Contenido de la convocatoria y plazos de los procesos de
selección

CApÍTULO II

Artículo 15.- Mecanismos de contratación
Artículo 16.- Licitación pública y concurso público
Artículo 17.- Adjudicación directa
Artículo 18.- Adjudicación de menor cuantía
Artículo 19.- Prohibición de fraccionamiento
Artículo 20.- Exoneración de procesos de selección
Artículo 21.- Formalidades de las contrataciones exoneradas

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Artículo 22.- Situación de desabastecimiento
Artículo 23.- Situación de emergencia
Artículo 24.- Del Comité Especial
Artículo 25.- Responsabilidad

CApÍTULO III
DE LAS bASES

Artículo 26.- Condiciones mínimas de las Bases
Artículo 27.- Valor Referencial
Artículo 28.- Consultas y Observaciones a las Bases
Artículo 29.- Sujeción legal de las Bases

CApÍTULO Iv
DE LOS pROCEDIMIENTOS

Artículo 30.- Presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro
Artículo 31.- Evaluación y calificación de propuestas
Artículo 32.- Proceso de selección desierto
Artículo 33.- Validez de las propuestas
Artículo 34.- Cancelación del proceso

TÍTULO III
DE LAS CONTRATACIONES
Disposiciones Generales

Artículo 35.- Del contrato
Artículo 36.- Ofertas en consorcio
Artículo 37.- Subcontratación
Artículo 38.- Adelantos
Artículo 39.- Garantías
Artículo 40.- Cláusulas obligatorias en los contratos
Artículo 41.- Prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones
Artículo 42.- Culminación del contrato
Artículo 43.- Requisitos especiales en los contratos de obra
Artículo 44.- Resolución de los contratos
Artículo 45.- Registro de Procesos y Contratos

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TÍTULO Iv
DERECHOS, ObLIGACIONES Y SANCIONES

CApÍTULO I
DE LAS ENTIDADES Y fUNCIONARIOS

Artículo 46.- De las responsabilidades y sanciones
Artículo 47.- Supervisión

CApÍTULO II
DE LOS CONTRATISTAS

Artículo 48.- Intereses y penalidades
Artículo 49.- Cumplimiento de lo pactado
Artículo 50.- Responsabilidad del contratista
Artículo 51.- Infracciones y sanciones administrativas

TÍTULO v
SOLUCIÓN DE CONTROvERSIAS E IMpUGNACIONES

Artículo 52.- Solución de controversias
Artículo 53.- Recursos impugnativos
Artículo 54.- Suspensión del proceso de selección
Artículo 55.- Denegatoria Ficta
Artículo 56.- Nulidad de los actos derivados de los procesos de selección

TÍTULO vI
DEL ORGANISMO SUpERvISOR DE LAS CONTRATACIONES
DEL ESTADO

Artículo 57.- Definición
Artículo 58.- Funciones
Artículo 59.- Organización y recursos
Artículo 60.- Del Consejo Directivo y la Presidencia Ejecutiva del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
Artículo 61.- Requisitos e impedimentos
Artículo 62.- Causales de remoción y vacancia

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TÍTULO vII
DEL TRIbUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Artículo 63.- Tribunal de Contrataciones del Estado
Artículo 64.- Requisitos e impedimentos para ser Vocal del Tribunal de
Contrataciones del Estado
Artículo 65.- Causal de remoción y vacancia
Artículo 66.- Publicidad de las resoluciones

TÍTULO vIII
DEL SISTEMA ELECTRÓNICO CONTRATACIONES DEL ESTADO

Artículo 68.- Obligatoriedad
Artículo 69.- Administración
Artículo 70.- Validez y eficacia de actos

DISpOSICIONES COMpLEMENTARIAS fINALES

DISpOSICIONES COMpLEMENTARIAS TRANSITORIAS

DISpOSICIÓN COMpLEMENTARIA MODIfICATORIA

DISpOSICIÓN COMpLEMENTARIA DEROGATORIA

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DECRETO LEGISLATIvO Nº 1017

EL pRESIDENTE DE LA REpúbLICA

pOR CUANTO:

El Congreso de la República por Ley Nº 29157, ha delegado en el Poder
Ejecutivo la facultad de legislar, por un plazo de ciento ochenta (180) días
calendario, sobre diversas materias relacionadas con la implementación del
Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos y con el apoyo de
la competitividad económica para su aprovechamiento; entre las que se
encuentran la mejora del marco regulatorio, la simplificación administrativa y
la modernización del Estado;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIvO QUE ApRUEbA LA LEY
DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

TÍTULO I

La presente norma contiene las disposiciones y lineamientos que deben
observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones de
bienes, servicios u obras y regula las obligaciones y derechos que se derivan de
los mismos.
Concordancia: RLCE: Artículo 2º.

El objeto del presente Decreto Legislativo es establecer las normas orientadas
a maximizar el valor del dinero del contribuyente en las contrataciones que
realicen las Entidades del Sector Público, de manera que éstas se efectúen en
forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad, a través del
cumplimiento de los principios señalados en el artículo 4º de la presente norma.

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Artículo 3.- Ámbito de aplicación
3.1 Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente
norma, bajo el término genérico de Entidad(es):
a) El Gobierno Nacional, sus dependencias y reparticiones;
b) Los Gobiernos Regionales, sus dependencias y reparticiones;
c) Los Gobiernos Locales, sus dependencias y reparticiones;
d) Los Organismos Constitucionales Autónomos;
e) Las Universidades Públicas;
f) Las Sociedades de Beneficencia y las Juntas de Participación Social;
g) Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú;
h) Los Fondos de Salud, de Vivienda, de Bienestar y demás de naturaleza
análoga de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú;
i) Las empresas del Estado de derecho público o privado, ya sean de
propiedad del Gobierno Nacional, Regional o Local y las empresas
mixtas bajo control societario del Estado; y,
j) Los proyectos, programas, fondos, órganos desconcentrados,
organismos públicos del Poder Ejecutivo, instituciones y demás
unidades orgánicas, funcionales, ejecutoras y/o operativas de
los Poderes del Estado; así como los organismos a los que alude
la Constitución Política del Perú y demás que sean creados y
reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional.
3.2 La presente norma se aplica a las contrataciones que deben realizar las
Entidades para proveerse de bienes, servicios u obras, asumiendo el
pago del precio o de la retribución correspondiente con fondos públicos,
y demás obligaciones derivadas de la calidad de contratante.
3.3 La presente norma no es de aplicación para:
a) La contratación de trabajadores, empleados, servidores o funcionarios
públicos sujetos a los regímenes de la carrera administrativa o laboral
de la actividad privada;
b) La contratación de auditorías externas en o para las Entidades, la
que se sujeta a las normas que rigen el Sistema Nacional de Control.
Todas las demás contrataciones que efectúe la Contraloría General
de la República se sujetan a lo dispuesto en el presente Decreto
Legislativo y su Reglamento;
c) Las operaciones de endeudamiento y administración de deuda
pública;
d) La contratación de asesoría legal y financiera y otros servicios
especializados, vinculados directa o indirectamente a las operaciones
de endeudamiento interno o externo y de administración de deuda
pública;
e) Los contratos bancarios y financieros celebrados por las
Entidades;
f) Los contratos de locación de servicios o de servicios no personales

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que celebren las Entidades con personas naturales, con excepción
de los contratos de consultoría. Asimismo, estarán fuera del
ámbito de la presente norma, los contratos de locación de servicios
celebrados con los presidentes de directorios o consejos directivos,
que desempeñen funciones a tiempo completo en las Entidades o
empresas del Estado;
g) Los actos de disposición y de administración y gestión de los bienes
de propiedad estatal;
h) Las contrataciones cuyos montos, sean iguales o inferiores a tres
(3) Unidades Impositivas Tributarias, vigentes al momento de la
transacción; salvo que se trate de bienes y servicios incluidos en el
Catálogo de Convenios Marco;
i) La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones
previstas en la presente norma y su Reglamento;
j) Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de
conciliación, instituciones arbitrales y demás derivados de la función
conciliatoria y arbitral;
k) Las contrataciones que deban realizarse con determinado proveedor,
por mandato expreso de la ley o de la autoridad jurisdiccional;
l) La concesión de recursos naturales y obras públicas de infraestructura,
bienes y servicios públicos;
m) La transferencia al sector privado de acciones y activos de propiedad
del Estado, en el marco del proceso de privatización;
n) La modalidad de ejecución presupuestal directa contemplada en
la normativa de la materia, salvo las contrataciones de bienes y
servicios que se requieran para ello;
ñ) Las contrataciones realizadas con proveedores no domiciliados en
el país cuyo mayor valor estimado de las prestaciones se realice en
el territorio extranjero;
o) Las contrataciones que realicen las Misiones del Servicio Exterior
de la República, exclusivamente para su funcionamiento y gestión,
fuera del territorio nacional;
p) Las contrataciones de servicios de abogados, asesores legales y
de cualquier otro tipo de asesoría requerida para la defensa del
Estado en las controversias internacionales sobre inversión en foros
arbitrales o judiciales;
q) Las compras de bienes que realicen las Entidades mediante remate
público, las que se realizarán de conformidad con la normativa de
la materia;
r) Los convenios de cooperación, gestión u otros de naturaleza
análoga, suscritos entre Entidades, o entre éstas y organismos
internacionales, siempre que se brinden los bienes, servicios u obras
propios de la función que por ley les corresponde, y además no se

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persigan fines de lucro;
s) La contratación de servicios públicos, siempre que no exista la
posibilidad de contratar con más de un proveedor; y,
t) Las contrataciones realizadas de acuerdo con las exigencias y
procedimientos específicos de organismos internacionales, Estados
o entidades cooperantes, siempre que estén asociadas a donaciones
u operaciones oficiales de crédito.
Concordancias: RLCE: Artículo 2º, 5ta. y 8va. Disposición Completaria
Transitoria.

Artículo 4.- principios que rigen las contrataciones
Los procesos de contratación regulados por esta norma y su Reglamento se
rigen por los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios
generales del derecho público:
a) Principio de Promoción del Desarrollo Humano: La contratación
pública debe coadyuvar al desarrollo humano en el ámbito nacional,
de conformidad con los estándares universalmente aceptados sobre
la materia.
b) Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los procesos
de contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de
honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad.
c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos
de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que
fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia,
pluralidad y participación de postores.
d) Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones de los
funcionarios y órganos responsables de las contrataciones de
la Entidad, se adoptarán en estricta aplicación de la presente
norma y su Reglamento; así como en atención a criterios técnicos
que permitan objetividad en el tratamiento a los postores y
contratistas.
e) Principio de Razonabilidad: En todos los procesos de selección el
objeto de los contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos
y cualitativos, para satisfacer el interés público y el resultado
esperado.
f) Principio de Eficiencia: Las contrataciones que realicen las Entidades
deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad, precio
y plazos de ejecución y entrega y con el mejor uso de los recursos
materiales y humanos disponibles. Las contrataciones deben
observar criterios de celeridad, economía y eficacia.
g) Principio de Publicidad: Las convocatorias de los procesos de selección
y los actos que se dicten como consecuencia deberán ser objeto de
publicidad y difusión adecuada y suficiente a fin de garantizar la

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libre concurrencia de los potenciales postores.
h) Principio de Transparencia: Toda contratación deberá realizarse
sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y
accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el
proceso de selección a la documentación correspondiente, salvo
las excepciones previstas en la presente norma y su Reglamento.
La convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados
deben ser de público conocimiento.
i) Principio de Economía: En toda contratación se aplicarán los
criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el
uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y
en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose
evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las
Bases y en los contratos.
j) Principio de Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios o la ejecución
de obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad
tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad los fines para
los que son requeridos, desde el mismo momento en que son
contratados, y por un determinado y previsible tiempo de duración,
con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el
caso, con los avances científicos y tecnológicos.
k) Principio de Trato Justo e Igualitario: Todo postor de bienes, servicios
o de obras debe tener participación y acceso para contratar con
las Entidades en condiciones semejantes, estando prohibida la
existencia de privilegios, ventajas o prerrogativas.
l) Principio de Equidad: Las prestaciones y derechos de las partes
deberán guardar una razonable relación de equivalencia y
proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden
al Estado en la gestión del interés general.
m) Principio de Sostenibilidad Ambiental: En toda contratación se
aplicarán criterios para garantizar la sostenibilidad ambiental,
procurando evitar impactos ambientales negativos en concordancia
con las normas de la materia.

Estos principios servirán también de criterio interpretativo e integrador para
la aplicación de la presente norma y su Reglamento y como parámetros para la
actuación de los funcionarios y órganos responsables de las contrataciones.

Artículo 5.- Especialidad de la norma y delegación
El presente Decreto Legislativo y su Reglamento prevalecen sobre las normas
de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables.
El Titular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la autoridad que
la presente norma le otorga. No pueden ser objeto de delegación, la aprobación

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de exoneraciones, la declaración de nulidad de oficio y las autorizaciones de
prestaciones adicionales de obra y otros supuestos que se establezcan en el
Reglamento.
Concordancias: RLCE: Artículos 3º y 5º.

Artículo 6.- Órganos que participan en las contrataciones
Cada Entidad establecerá en su Reglamento de Organización y Funciones
u otros instrumentos de organización, el órgano u órganos responsables de
programar, preparar, ejecutar y supervisar los procesos de contratación hasta
su culminación, debiendo señalarse las actividades que competen a cada
funcionario, con la finalidad de establecer las responsabilidades que le son
inherentes.
Los funcionarios y servidores que formen parte del órgano encargado de las
contrataciones de la Entidad, deberán estar capacitados en temas vinculados con
las contrataciones públicas, de acuerdo a los requisitos que sean establecidos
en el Reglamento.
Mediante convenio, las Entidades podrán encargar a otras del Sector
Público y/o Privado, nacional o internacional, la realización de sus procesos de
contratación incluyendo los actos preparatorios que sean necesarios, conforme
a los procedimientos y formalidades que se establezcan en el Reglamento.
Concordancias: RLCE: Artículos 5º, 86º al 89º, 2da. y 8va. Disposición
Complementaria Transitoria.

La Entidad llevará un Expediente de Contratación que contendrá todas las
actuaciones del proceso de contratación, desde el requerimiento del área usuaria
hasta la culminación del contrato, debiendo incluir las ofertas no ganadoras.
El referido expediente quedará bajo custodia del órgano encargado de las
contrataciones, conforme se establezca el Reglamento.

Artículo 8.- plan Anual de Contrataciones
Cada Entidad elaborará su Plan Anual de Contrataciones, el cual deberá
prever todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán
durante el año fiscal, con independencia del régimen que las regule o su fuente
de financiamiento, así como de los montos estimados y tipos de procesos de
selección previstos. Los montos estimados a ser ejecutados durante el año fiscal
correspondiente deberán estar comprendidos en el presupuesto institucional. El
Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular de la Entidad y deberá
ser publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
El Reglamento determinará los requisitos, contenido y procedimientos para
la formulación y modificación del Plan Anual de Contrataciones.
Concordancias: RLCE: Artículos 6º al 9º.

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TÍTULO II

CApÍTULO I

Artículo 9.- Del Registro Nacional de proveedores
Para ser participante, postor y/o contratista se requiere estar inscrito en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) y no estar impedido, sancionado ni
inhabilitado para contratar con el Estado.
El Reglamento establecerá la organización, funciones y procedimientos del
Registro Nacional de Proveedores (RNP), así como los requisitos para la inscripción,
la asignación de categorías y especialidades, la inclusión y la periodicidad con
que se publicará la relación de sancionados en el Diario Oficial “El Peruano”. En
ningún caso, estos requisitos constituirán barreras a la competencia.
Aquellos proveedores cuya inscripción en el Registro Nacional de Proveedores
(RNP) haya sido declarada nula por haber presentado documentación falsa o
información inexacta, sólo podrán solicitar su reinscripción en el referido Registro
luego de transcurrido dos (2) años desde que quedó administrativamente firme
la resolución que declaró la nulidad.
El Registro Nacional de Proveedores (RNP) no deberá exigir la licencia de
funcionamiento en el procedimiento de inscripción.
En ningún caso, las Bases de los procesos de selección podrán requerir a los
postores la documentación que éstos hubiesen tenido que presentar para su
inscripción ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE administrará
el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y deberá mantenerlo actualizado en
su portal institucional.
Las Entidades están prohibidas de llevar registros de proveedores. Sólo estarán
facultadas para llevar y mantener un listado interno de proveedores, consistente
en una base de datos que contenga la relación de aquellos. Bajo ninguna
circunstancia, la incorporación en este listado será requisito para la participación
en los procesos de selección que la Entidad convoque. La incorporación de
proveedores en este listado es discrecional y gratuita.
El Registro Nacional de Proveedores (RNP) tendrá carácter desconcentrado a
fin de no perjudicar ni generar mayores costos de transacción a las pequeñas y
micro empresas localizadas en las diversas regiones del país.
Bajo responsabilidad y en el marco de la legislación vigente sobre la materia,
el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia Nacional de
Registros Públicos (SUNARP), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el Poder Judicial y la Policía

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Nacional del Perú (PNP) deberán proporcionar el acceso a la información pertinente,
salvaguardando la reserva tributaria, con la finalidad que el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) cuente con información actualizada que permita ejercer la
fiscalización posterior de la información presentada por los proveedores.
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y
Finanzas podrá disponerse el acceso a la información que posean otras Entidades
y que sea relevante para el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Concordancias: RLCE: Artículos 52º, 251º al 282º.

Artículo 10.- Impedimentos para ser postor y/o contratista
Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos
de ser participantes, postores y/o contratistas:

a) En todo proceso de contratación pública, hasta doce (12) meses después
de haber dejado el cargo, el Presidente y los Vicepresidentes de la
República, los Congresistas de la República, los Ministros y Viceministros
de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la República,
los titulares y los miembros del órgano colegiado de los Organismos
Constitucionales Autónomos;
b) En el ámbito regional, hasta doce (12) meses después de haber deja-
do el cargo, los Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros de los
Gobiernos Regionales;
c) En el ámbito de su jurisdicción, hasta doce (12) meses después de
haber dejado el cargo, los Vocales de las Cortes Superiores de Justicia,
los Alcaldes y Regidores;
d) En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o de
organismos públicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y
trabajadores de las empresas del Estado, los funcionarios públicos,
empleados de confianza y servidores públicos, según la ley especial
de la materia;
e) En el correspondiente proceso de contratación, las personas naturales
o jurídicas que tengan intervención directa en la determinación de
las características técnicas y valor referencial, elaboración de Bases,
selección y evaluación de ofertas de un proceso de selección y en la
autorización de pagos de los contratos derivados de dicho proceso,
salvo en el caso de los contratos de supervisión;
f) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los
literales precedentes, el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;
g) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los
literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan
o hayan tenido una participación superior al cinco por ciento (5%) del
capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores

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a la convocatoria;
h) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los
literales precedentes, las personas jurídicas sin fines de lucro en las que
aquellas participen o hayan participado como asociados o miembros
de sus consejos directivos, dentro de los doce (12) meses anteriores
a la convocatoria;
i) En el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los
literales precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los
órganos de administración, apoderados o representantes legales sean
las personas señaladas en los literales precedentes. Idéntica prohibición
se extiende a las personas naturales que tengan como apoderados o
representantes a las personas señaladas en los literales precedentes;
j) Las personas naturales o jurídicas que se encuentren sancionadas
administrativamente con inhabilitación temporal o permanente en
el ejercicio de sus derechos para participar en procesos de selección y
para contratar con Entidades, de acuerdo a lo dispuesto por la presente
norma y su Reglamento;
k) Las personas jurídicas cuyos socios, accionistas, participacionistas,
titulares, integrantes de los órganos de administración, apoderados o
representantes legales formen o hayan formado parte, en los últimos
doce (12) meses de impuesta la sanción, de personas jurídicas que
se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación
temporal o permanente para participar en procesos de selección y
para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas
naturales hayan sido sancionadas por la misma infracción; conforme
a los criterios señalados en el presente Decreto Legislativo y su
Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o
titulares, este impedimento se aplicará siempre y cuando la participación
sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y
por el tiempo que la sanción se encuentre vigente;
l) Otros establecidos por ley o por el Reglamento de la presente norma.

Las propuestas que contravengan lo dispuesto en el presente artículo se
tendrán por no presentadas. Los contratos celebrados en contravención de lo
dispuesto por el presente artículo son nulos, sin perjuicio de las responsabilidades
a que hubiere lugar de los funcionarios y servidores de la Entidad contratante y
de los contratistas que celebraron dichos contratos.

Artículo 11.- prohibición de prácticas restrictivas
Los postores en un proceso de selección están prohibidos de concertar
entre sí o con terceros, con el fin de establecer prácticas restrictivas de la libre
competencia, bajo sanción de quedar inhabilitados para contratar con el Estado,

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sin perjuicio de las demás sanciones que establecen las disposiciones vigentes.

Artículo 12.- Requisitos para convocar a un proceso
Es requisito para convocar a proceso de selección, bajo sanción de nulidad,
que el mismo esté incluido en el Plan Anual de Contrataciones y cuente con el
Expediente de Contratación debidamente aprobado conforme a lo que disponga
el Reglamento, el mismo que incluirá la disponibilidad de recursos y su fuente de
financiamiento, así como las Bases debidamente aprobadas, salvo las excepciones
establecidas en el Reglamento.
Se podrán efectuar procesos cuya ejecución contractual se prolongue por
más de un (1) ejercicio presupuestario, en cuyo caso deberá adoptarse la debida
reserva presupuestaria en los ejercicios correspondientes, para garantizar el pago
de las obligaciones.
Concordancias: LCE: Artículo 8º.
RLCE: Artículos 10º y 35º.

Artículo 13.- Características técnicas de los bienes, servicios y obras a
contratar
Sobre la base del Plan Anual de Contrataciones, el área usuaria deberá requerir
la contratación de los bienes, servicios u obras, teniendo en cuenta los plazos
de duración establecidos para cada proceso de selección, con el fin de asegurar
la oportuna satisfacción de sus necesidades.
Al plantear su requerimiento, el área usuaria deberá describir el bien, servicio
u obra a contratar, definiendo con precisión su cantidad y calidad, indicando la
finalidad pública para la que debe ser contratado.
La formulación de las especificaciones técnicas deberá ser realizada por el área
usuaria en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones de la
Entidad, evaluando en cada caso las alternativas técnicas y las posibilidades que
ofrece el mercado para la satisfacción del requerimiento. Esta evaluación deberá
permitir la concurrencia de la pluralidad de proveedores en el mercado para
la convocatoria del respectivo proceso de selección, evitando incluir requisitos
innecesarios cuyo cumplimiento sólo favorezca a determinados postores.
Las especificaciones técnicas deben cumplir obligatoriamente con los
reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, si las
hubiere. Estas podrán recoger las condiciones determinadas en las normas
técnicas, si las hubiere.
En el caso de obras, además, se deberá contar con la disponibilidad física del
terreno o lugar donde se ejecutará la misma y con el expediente técnico aprobado,
debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento. La Entidad
cautelará su adecuada formulación con el fin de asegurar la calidad técnica y
reducir al mínimo la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de ejecución de obras.
En los procesos de selección según relación de ítems, etapas, tramos, paquetes

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o lotes se podrá convocar la contratación de bienes, servicios y obras en un solo
proceso, estableciéndose un valor referencial para cada ítem, etapa, tramo,
paquete o lote. El Reglamento establecerá los procedimientos adicionales a
seguir en éstos casos.

Artículo 14.- Contenido de la convocatoria y plazos de los procesos de
selección
El contenido de la convocatoria de los procesos de selección se fijará en
el Reglamento, debiendo existir un plazo razonable entre la convocatoria y la
presentación de propuestas atendiendo a las características propias de cada
proceso.
Los plazos de los procesos de selección se computan por días hábiles,
debiendo fijarse en el Reglamento los que corresponderán a cada una de las
etapas del proceso.

CApÍTULO II

Artículo 15.- Mecanismos de contratación
Los procesos de selección son: licitación pública, concurso público,
adjudicación directa y adjudicación de menor cuantía, los cuales se podrán realizar
de manera corporativa o sujeto a las modalidades de selección de Subasta Inversa
o Convenio Marco, de acuerdo a lo que defina el Reglamento.
En el Reglamento se determinará las características, requisitos, procedimientos,
metodologías, modalidades, plazos, excepciones y sistemas aplicables a cada
proceso de selección.
Concordancias: RLCE: Artículos 21º, 80º al 85º, 90º al 103º.

Artículo 16.- Licitación pública y concurso público
La licitación pública se convoca para la contratación de bienes, suministros y obras.
El concurso público se convoca para la contratación de servicios de toda naturaleza.
En ambos casos, se aplican los márgenes que establece la Ley de Presupuesto
del Sector Público.

Artículo 17.- Adjudicación directa
La adjudicación directa se aplica para las contrataciones que realice la Entidad,
dentro de los márgenes que establece la Ley de Presupuesto del Sector Público.
La adjudicación directa puede ser pública o selectiva. El Reglamento señalará la
forma, requisitos y procedimiento en cada caso.

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Artículo 18.- Adjudicación de menor cuantía
La adjudicación de menor cuantía se aplica a las contrataciones que realice la
Entidad, cuyo monto sea inferior a la décima parte del límite mínimo establecido
por la Ley de Presupuesto del Sector Público para los casos de licitación pública
y concurso público.
El Reglamento señalará los requisitos y las formalidades mínimas para el
desarrollo de los procesos de selección a que se refiere el presente artículo. Las
Entidades deberán publicar en su portal institucional los requerimientos de bienes
o servicios a ser adquiridos bajo la modalidad de menor cuantía.
En las adjudicaciones de menor cuantía, las contrataciones se realizarán
obligatoriamente en forma electrónica a través del Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE), con las excepciones que establezca el
Reglamento.
Asimismo, el Reglamento de la presente norma, establecerá la forma en que
se aplicarán progresiva y obligatoriamente las contrataciones electrónicas a los
procesos de licitación pública, concurso público y adjudicación directa en sus
distintas modalidades.

Artículo 19.- prohibición de fraccionamiento
Queda prohibido fraccionar la contratación de bienes, de servicios y la
ejecución de obras con el objeto de modificar el tipo de proceso de selección
que corresponda, según la necesidad anual. No se considera fraccionamiento
a las contrataciones por etapas, tramos, paquetes o lotes posibles en función a
la naturaleza del objeto de la contratación o para propiciar la participación de
las pequeñas y micro empresas en aquellos sectores económicos donde exista
oferta competitiva.
El Ministerio de Economía y Finanzas, previa opinión favorable de los
Ministerios de Trabajo y Promoción del Empleo y de la Producción, establecerá
mediante Decreto Supremo los sectores que son materia de interés del Estado
para promover la participación de la micro y pequeña empresa.
En estos casos, la prohibición se aplicará sobre el monto total de la etapa,
tramo, paquete o lote a ejecutar.
El órgano encargado de las contrataciones en cada Entidad es responsable en
caso del incumplimiento de la prohibición a que se refiere el presente artículo.

Artículo 20.- Exoneración de procesos de selección
Están exoneradas de los procesos de selección las contrataciones que se realicen:

a) Entre Entidades, siempre que en razón de costos de oportunidad
resulten más eficientes y técnicamente viables para satisfacer la
necesidad y no se contravenga lo señalado en el artículo 60º de la
Constitución Política del Perú;

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b) Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos
catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o que afecten
la defensa y seguridad nacional;
c) Ante una situación de desabastecimiento debidamente comprobada que
afecte o impida a la Entidad cumplir con sus actividades u operaciones,
debiendo determinarse, de ser el caso, las responsabilidades de
los funcionarios o servidores cuya conducta hubiera originado la
configuración de esta causal;
d) Con carácter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno,
por parte de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y los
organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia, que
deban mantenerse en reserva conforme a ley, previa opinión favorable
de la Contraloría General de la República.
e) Cuando exista proveedor único de bienes o servicios que no admiten
sustitutos, o cuando por razones técnicas o relacionadas con la
protección de derechos, se haya establecido la exclusividad del
proveedor; y,
f) Para los servicios personalísimos con la debida sustentación objetiva.

El Reglamento establecerá las formalidades, condiciones y requisitos
complementarios que corresponden a cada una de las causales de
exoneración.

Artículo 21.- formalidades de las contrataciones exoneradas
Las contrataciones derivadas de exoneración de procesos de selección
se realizarán de manera directa, previa aprobación mediante Resolución del
Titular de la Entidad, Acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o del Concejo
Municipal, según corresponda, en función a los informes técnico y legal previos
que obligatoriamente deberán emitirse.
Copia de dichas Resoluciones o Acuerdos y los informes que los sustentan
deben remitirse a la Contraloría General de la República y publicarse en el Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), dentro de los diez (10) días
hábiles de su aprobación, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Están
exonerados de las publicaciones los casos a que se refiere el inciso d) del artículo
20º de la presente norma.
Está prohibida la aprobación de exoneraciones en vía de regularización, a
excepción de la causal de situación de emergencia.

Artículo 22.- Situación de desabastecimiento
Se considera desabastecimiento a aquella situación inminente, extraordinaria
e imprevisible en la que la ausencia de bien, servicio u obra compromete en

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forma directa e inminente la continuidad de las funciones, servicios, actividades u
operaciones que la Entidad tiene a su cargo. Dicha situación faculta a la Entidad
a la contratación de los bienes, servicios u obras sólo por el tiempo o cantidad,
según sea el caso, necesario para resolver la situación y llevar a cabo el proceso
de selección que corresponda.
La aprobación de la exoneración en virtud de la causal de situación de
desabastecimiento no constituye dispensa, exención o liberación de las
responsabilidades de los funcionarios o servidores de la Entidad cuya conducta
hubiese originado la presencia o configuración de dicha causal. Constituye
agravante de responsabilidad si la situación fue generada por dolo o culpa
inexcusable del funcionario o servidor de la Entidad. En estos casos, la autoridad
competente para autorizar la exoneración deberá ordenar, en el acto aprobatorio
de la misma, el inicio de las acciones que correspondan, de acuerdo al artículo
46º del presente Decreto Legislativo.
Cuando no corresponda realizar un proceso de selección posterior, en los
informes técnico y legal previos que sustentan la Resolución o el Acuerdo que
autoriza la exoneración, se deberán fundamentar las razones que motivan la
contratación definitiva materia de la exoneración. Esta disposición también es
de aplicación, de ser el caso, para la situación de emergencia.

Artículo 23.- Situación de emergencia
Se entiende como situación de emergencia aquella en la cual la Entidad tenga que
actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones
que supongan grave peligro, o que afecten la defensa y seguridad nacional.
En este caso, la Entidad queda exonerada de la tramitación del expediente
administrativo y podrá ordenar la ejecución de lo estrictamente necesario
para remediar el evento producido y satisfacer la necesidad sobrevenida, sin
sujetarse a los requisitos formales del presente Decreto Legislativo. El Reglamento
establecerá los mecanismos y plazos para la regularización del procedimiento
correspondiente.
Las demás actividades necesarias para completar el objetivo propuesto por
la Entidad no tendrán el carácter de emergencia y se contratarán de acuerdo a
lo establecido en la presente norma.

Artículo 24.- Del Comité Especial
En las licitaciones públicas y concursos públicos, la Entidad designará a un
Comité Especial que deberá conducir el proceso.
Para las adjudicaciones directas, el Reglamento establecerá las reglas
para la designación y conformación de Comités Especiales Permanentes o el
nombramiento de un Comité Especial ad hoc.
El órgano encargado de las contrataciones tendrá a su cargo la realización

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de los procesos de adjudicación de menor cuantía. En estos casos el Titular de
la Entidad podrá designar a un Comité Especial ad hoc o permanente, cuando
lo considere conveniente.
El Comité Especial estará integrado por tres (3) miembros, de los cuales uno
(1) deberá pertenecer al área usuaria de los bienes, servicios u obras materia de
la convocatoria, y otro al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad.
Necesariamente alguno de los miembros deberá tener conocimiento técnico
en el objeto de la contratación. En el caso de bienes sofisticados, servicios
especializados, obras o cuando la Entidad no cuente con un especialista, podrán
integrar el Comité Especial uno o más expertos independientes, ya sean personas
naturales o jurídicas que no laboren en la Entidad contratante o funcionarios
que laboran en otras Entidades.
El Comité Especial tendrá a su cargo la elaboración de las Bases y la
organización, conducción y ejecución del proceso de selección, hasta que la
Buena Pro quede consentida o administrativamente firme, o se cancele el proceso
de selección.
Si el Comité Especial toma conocimiento que en las propuestas obra un
documento sobre cuya veracidad o exactitud existe duda razonable, informará el
hecho al órgano encargado de las contrataciones para que efectúe la inmediata
fiscalización. Ello no suspenderá, en ningún caso, la continuidad del proceso
de selección.
En los casos a que se refiere el artículo 32º del presente Decreto Legislativo,
los procesos de selección serán conducidos por el mismo Comité Especial que
condujo el proceso de selección original.
RLCDE: Artículos 27º, 28º, 30º al 31º.

Artículo 25.- Responsabilidad
Los miembros del Comité Especial son solidariamente responsables de que
el proceso de selección realizado se encuentre conforme a ley y responden
administrativa y/o judicialmente, en su caso, respecto de cualquier irregularidad
cometida en el mismo que les sea imputable por dolo, negligencia y/o culpa
inexcusable. Es de aplicación a los miembros del Comité Especial lo establecido
en el artículo 46º del presente Decreto Legislativo.
En caso se determine responsabilidad en los expertos independientes que
participen en el Comité Especial, sean éstos personas naturales o jurídicas, el
hecho se comunicará al Tribunal de Contrataciones del Estado para que previa
evaluación se les incluya en el Capítulo de Inhabilitados para Contratar con el
Estado del Registro Nacional de Proveedores (RNP).
RLCE: Artículo 34º.

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CApÍTULO III
DE LAS bASES

Artículo 26.- Condiciones mínimas de las bases
Las Bases de un proceso de selección serán aprobadas por el Titular de la
Entidad o por el funcionario al que le hayan delegado esta facultad y deben
contener obligatoriamente, con las excepciones establecidas en el Reglamento
para la adjudicación de menor cuantía, lo siguiente:

a) Los mecanismos que fomenten la mayor concurrencia y participación de
postores en función al objeto del proceso y la obtención de la propuesta
técnica y económica más favorable. No constituye tratamiento
discriminatorio la exigencia de requisitos técnicos y comerciales de
carácter general establecidos por las Bases;
b) El detalle de las características técnicas de los bienes, servicios u obras
a contratar; el lugar de entrega, elaboración o construcción, así como
el plazo de ejecución, según el caso. Este detalle puede constar en
un Anexo de Especificaciones Técnicas o, en el caso de obras, en un
Expediente Técnico;
c) Las garantías, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento;
d) Los plazos y mecanismos de publicidad que garanticen la efectiva
posibilidad de participación de los postores;
e) La difinición del sistema y/o modalidad a seguir, conforme a lo dispuesta
en la presente norma y su Reglamento.
f) El cronograma del proceso de selección;
g) El método de evaluación y calificación de propuestas;
h) La proforma de contrato, en la que se señale las condiciones de la
contratación, salvo que corresponda sólo la emisión de una orden
de compra o de servicios. En el caso de contratos de obras, figurarán
necesariamente como anexos el Cronograma General de Ejecución de la
obra, el Cronograma de los Desembolsos previstos presupuestalmente
y el Expediente Técnico;
i) El Valor Referencial y las fórmulas de reajuste en los casos que determine
el Reglamento;
j) Las normas que se aplicarán en caso de financiamiento otorgado por
entidades Multilaterales o Agencias Gubernamentales; y,
k) Los mecanismos que aseguren la confidencialidad de las propuestas.

Lo establecido en las Bases, en la presente norma y su Reglamento obliga a
todos los postores y a la Entidad convocante.
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, mediante Directivas,
aprobará Bases Estandarizadas, cuyo uso será obligatorio por las Entidades.

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Concordancias : RLCE: Artículos 35º al 49º, 4ta. Disposición
Complementaria Transitoria.

Artículo 27.- valor Referencial
El órgano encargado de las contrataciones en cada Entidad determinará el Valor
Referencial de contratación con el fin de establecer el tipo de proceso de selección
correspondiente y gestionar la asignación de los recursos presupuestales necesarios.
El Valor Referencial será determinado sobre la base de un estudio de las
posibilidades de precios y condiciones que ofrece el mercado, efectuado
en función del análisis de los niveles de comercialización, a partir de las
especificaciones técnicas o términos de referencia y los costos estimados en el Plan
Anual de Contrataciones, de acuerdo a los criterios señalados en el Reglamento.
Cuando se trate de proyectos de inversión, el valor referencial se establecerá de
acuerdo al monto de inversión consignado en el estudio de preinversión que
sustenta la declaración de viabilidad.
Tratándose de obras, el Valor Referencial no podrá tener una antigüedad
mayor a los seis (6) meses contados desde la fecha de la convocatoria del
proceso respectivo.
En el caso de bienes y servicios, la antigüedad del Valor Referencial no podrá
ser mayor a tres (3) meses contados a partir de la aprobación del Expediente de
Contratación. Para los casos en que se requiera un período mayor a los consignados,
el órgano encargado de las contrataciones, responsable de determinar el Valor
Referencial, deberá indicar el período de actualización del mismo.
El Valor Referencial tiene carácter público. Sólo de manera excepcional, la
Entidad determinará que éste tenga carácter reservado, mediante decisión
debidamente sustentada, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. El Valor
Referencial siempre será informado al Sistema Electrónico de Contrataciones del
Estado (SEACE).
El Reglamento señalará los mecanismos para la determinación del Valor
Referencial, incluyendo la contratación de servicios de cobranza, recuperaciones
o similares, y honorarios de éxito.

Artículo 28.- Consultas y Observaciones a las bases
El cronograma a que se refiere el inciso f) del artículo 26º de la presente norma
debe establecer un plazo para la presentación de consultas y observaciones al
contenido de las Bases y otro para su absolución.
A través de las consultas, se formulan pedidos de aclaración a las disposiciones
de las Bases y mediante las observaciones se cuestionan las mismas en lo relativo
al incumplimiento de las condiciones mínimas o de cualquier disposición en
materia de contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas
que tengan relación con el proceso de selección.
Las respuestas a las consultas y observaciones deben ser fundamentadas

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y sustentadas y se comunicarán, de manera oportuna y simultánea, a todos
los participantes a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE), considerándose como parte integrante de las Bases.
En caso que el Comité Especial no acogiera las observaciones formuladas por
los participantes, éstos podrán solicitar que las Bases y los actuados del proceso
sean elevados al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE,
siempre que el Valor Referencial del proceso de selección sea igual o mayor a
trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Si el Valor Referencial es menor al monto señalado en el párrafo precedente, las
observaciones serán absueltas por el Titular de la Entidad en última instancia.
El procedimiento y plazo para tramitar las consultas y observaciones se fijará
en el Reglamento.
Concordancias: RLCE: Artículos 54º, 56º y 58º.

Artículo 29.- Sujeción legal de las bases
La elaboración de las Bases recogerá lo establecido en la presente norma y
su Reglamento y otras normas complementarias o conexas que tengan relación
con el proceso de selección, las que se aplicarán obligatoriamente. Sólo en caso
de vacíos normativos se observarán los principios y normas de derecho público
que le sean aplicables.

CApÍTULO Iv
DE LOS pROCEDIMIENTOS

Artículo 30.- presentación de propuestas y otorgamiento de la buena pro
La presentación de propuestas y el otorgamiento de la Buena Pro, en los
casos que señale el Reglamento, se realizará en acto público en una o más
fechas señaladas en la convocatoria, con presencia de notario público o Juez
de Paz cuando en la localidad donde se efectúe no hubiera el primero. Los
procedimientos y requisitos de dicha presentación serán regulados por el
Reglamento.
Las etapas y los actos del proceso de selección podrán ser materia de
prórroga o postergación por el Comité Especial siempre y cuando medien
causas debidamente justificadas, dando aviso de ello a todos los participantes
del proceso de selección. Además, se deberá remitir un informe al Titular de la
Entidad explicando el motivo de la prórroga o de la postergación.
La postergación o prórroga no podrá conducir a la Entidad a una situación
de desabastecimiento, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.
Del acto de presentación de propuestas y de otorgamiento de Buena Pro se
levantará un acta que será suscrita por todos los miembros del Comité Especial,
por todos los veedores y por los postores que deseen hacerlo.

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El procedimiento para la presentación de propuestas, el otorgamiento de
la Buena Pro y la publicación de resultados a través del Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado (SEACE), se fijarán en el Reglamento.
Concordancias: RLCE: Artículos 26º, 64º, 72º y 75º.

Artículo 31.- Evaluación y calificación de propuestas
El método de evaluación y calificación de propuestas que será establecido en el
Reglamento debe objetivamente permitir una selección de la calidad y tecnología
requeridas, dentro de los plazos más convenientes y al mejor costo total.
El referido método deberá exigir la presentación de los documentos
estrictamente necesarios por parte de los postores.
El Reglamento establecerá los criterios, el sistema y los factores aplicables
para cada tipo de bien, servicio u obra a contratarse.
En las contrataciones sujetas a la modalidad de Subasta Inversa se adjudicará
la Buena Pro a la propuesta de menor costo, no siendo aplicable puntajes,
bonificaciones, promociones u otros beneficios adicionales que impliquen una
evaluación distinta.
Concordancias: RLCE: Artículos 43º al 47º, 69º.

Artículo 32.- proceso de selección desierto
El Comité Especial otorga la Buena Pro en una licitación pública, concurso
público o adjudicación directa aún en los casos en los que se declare como válida
una única oferta.
El proceso de selección será declarado desierto cuando no quede válida
ninguna oferta; y, parcialmente desierto cuando no quede válida ninguna oferta
en alguno de los items identificados particularmente.
La declaración de desierto de un proceso de selección obliga a la Entidad a
formular un informe que evalúe las causas que motivaron dicha declaratoria,
debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente,
bajo responsabilidad.
En el supuesto que una licitación pública, concurso público o adjudicación
directa sean declaradas desiertas, se convocará a un proceso de adjudicación
de menor cuantía.
Para otorgar la Buena Pro en los procesos de selección convocados bajo la
modalidad de Subasta Inversa se requerirá la existencia de dos (2) ofertas válidas
como mínimo; de lo contrario, el proceso se declarará como desierto.

Artículo 33.- validez de las propuestas
En todos los procesos de selección sólo se considerarán como ofertas válidas
aquellas que cumplan con los requisitos establecidos en las Bases.
Las propuestas que excedan el Valor Referencial serán devueltas por el Comité
Especial, teniéndose por no presentadas; salvo que se trate de la ejecución

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de obras, en cuyo caso serán devueltas las propuestas que excedan el Valor
Referencial en más del diez por ciento (10%) del mismo.
El Reglamento de la presente norma señalará los límites inferiores en el caso
de la ejecución y consultoría de obras.
Para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el Valor Referencial hasta
el límite antes establecido, se deberá contar con la aprobación del Titular de la
Entidad y la disponibilidad necesaria de recursos.

Artículo 34.- Cancelación del proceso
En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes del otorgamiento
de la Buena Pro, la Entidad que lo convoca puede cancelarlo por razones de
fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar, o
cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse
a otros propósitos de emergencia declarados expresamente, bajo su exclusiva
responsabilidad. En ese caso, la Entidad deberá reintegrar el costo de las Bases
a quienes las hayan adquirido.
La formalización de la cancelación del proceso deberá realizarse mediante
Resolución o Acuerdo debidamente sustentado, del mismo o superior nivel de
aquél que dio inicio al expediente de contratación, debiéndose publicar conforme
lo disponga el Reglamento.

TÍTULO III
DE LAS CONTRATACIONES

Disposiciones Generales

Artículo 35.- Del contrato
El contrato deberá celebrarse por escrito y se ajustará a la proforma incluida en
las Bases con las modificaciones aprobadas por la Entidad durante el proceso de
selección. El Reglamento señalará los casos en que el contrato puede formalizarse
con una orden de compra o servicio, no debiendo necesariamente en estos
casos incorporarse las cláusulas a que se hace referencia en el artículo 40º de la
presente norma, sin perjuicio de su aplicación legal.
El contrato entra en vigencia cuando se cumplan las condiciones establecidas
para dicho efecto en las Bases y podrá incorporar otras modificaciones
expresamente establecidas en el Reglamento.

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Artículo 36.- Ofertas en consorcio
En los procesos de selección podrán participar distintos postores en consorcio,
sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. Para ello, será
necesario acreditar la existencia de una promesa formal de consorcio, la que se
perfeccionará una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro y antes de
la suscripción del contrato.
Las partes del consorcio responderán solidariamente ante la Entidad por todas
las consecuencias derivadas de su participación individual en el consorcio durante
los procesos de selección, o de su participación en conjunto en la ejecución del
contrato derivado de éste. Deberán designar un representante común con poderes
suficientes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que se deriven de
su calidad de postores y del contrato hasta la liquidación del mismo.
Las partes del consorcio deben estar inscritas en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) y encontrarse hábiles para contratar con el Estado.
Concordancias: RLCE: Artículos 42 y 48º.

El contratista podrá subcontratar, previa aprobación de la Entidad, parte de sus
prestaciones en el contrato, salvo prohibición expresa contenida en las Bases.
El contratista mantendrá la responsabilidad por la ejecución total de su
contrato frente a la Entidad, sin perjuicio de la responsabilidad que le puede
corresponder al subcontratista.
Para ser subcontratista se requiere no estar inhabilitado para contratar con
el Estado y estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos precedentes, los contratistas
extranjeros podrán subcontratar con sus similares nacionales asegurando
capacitación y transferencia de tecnología a sus subcontratistas.

Artículo 38.- Adelantos
A solicitud del contratista, y siempre que haya sido previsto en las Bases, la
Entidad podrá entregar adelantos en los casos, montos y condiciones señalados
en el Reglamento.
Para que proceda el otorgamiento del adelanto, el contratista garantizará el
monto total de éste.
El adelanto se amortizará en la forma que establezca el Reglamento.
Concordancias: RLCE: Artículos 162º, 186º, 171º al 173º.

Artículo 39.- Garantías
Las garantías que deberán otorgar los postores y/o contratistas, según
corresponda, son las de seriedad de oferta, fiel cumplimiento del contrato, por
los adelantos y por el monto diferencial de propuesta; sus modalidades, montos
y condiciones serán regulados en el Reglamento.

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Las garantías que acepten las Entidades deben ser incondicionales, solidarias,
irrevocables y de realización automática en el país al solo requerimiento de
la respectiva Entidad, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten,
las mismas que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones
o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría
que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
En virtud de la realización automática, a primera solicitud, las empresas
emisoras no pueden oponer excusión alguna a la ejecución de las garantías
debiendo limitarse a honrarlas de inmediato dentro del plazo máximo de tres
(3) días. Toda demora generará responsabilidad solidaria para el emisor de la
garantía y para el postor o contratista, y dará lugar al pago de intereses en favor
de la Entidad.
El Reglamento señalará el tratamiento a seguirse en los casos de contratos de
arrendamiento y de aquellos donde la prestación se cumpla por adelantado al pago.
En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de
servicios, así como en los contratos de ejecución y consultoría de obras que
celebren las Entidades con las Micro y Pequeñas Empresas, éstas últimas podrán
otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto
total a contratar, porcentaje que será retenido por la Entidad.
En el caso de los contratos para la ejecución de obras, tal beneficio sólo será
procedente cuando:

a) Por el monto, el contrato a suscribirse corresponda a un proceso de
selección de adjudicación de menor cuantía, a una adjudicación directa
selectiva o a una adjudicación directa pública;
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días
calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones
periódicas en función del avance de la obra.
Sin perjuicio de la conservación definitiva de los montos retenidos, el
incumplimiento injustificado por parte de los contratistas beneficiados con lo
dispuesto en el presente artículo, que motive la resolución del contrato, dará
lugar a la inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período
no menor a un (1) año ni mayor a dos (2) años.
Concordancias: RLCE: Artículos 141º, 155º al 164º.

Artículo 40.- Cláusulas obligatorias en los contratos
Los contratos regulados por la presente norma incluirán necesariamente y
bajo responsabilidad cláusulas referidas a:

a) Garantías: La Entidad establecerá en el contrato las garantías que deberán
otorgarse para asegurar la buena ejecución y cumplimiento del mismo.

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b) Solución de controversias: Toda controversia surgida durante la etapa
de ejecución del contrato deberá resolverse mediante conciliación
o arbitraje. En caso que en las Bases o el contrato no se incluya la
cláusula correspondiente, se entenderá incorporada de pleno derecho
la cláusula modelo que establezca el Reglamento.
c) Resolución de contrato por incumplimiento: En caso de incumplimiento
por parte del contratista de alguna de sus obligaciones, que haya sido
previamente observada por la Entidad, y no haya sido materia de
subsanación, esta última podrá resolver el contrato en forma total o
parcial, mediante la remisión por la vía notarial del documento en el que
se manifieste esta decisión y el motivo que la justifica. Dicho documento
será aprobado por autoridad del mismo o superior nivel jerárquico
de aquella que haya suscrito el contrato. El contrato queda resuelto
de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación por
el contratista. El requerimiento previo por parte de la Entidad podrá
omitirse en los casos que señale el Reglamento. Igual derecho asiste al
contratista ante el incumplimiento por la Entidad de sus obligaciones
esenciales, siempre que el contratista la haya emplazado mediante
carta notarial y ésta no haya subsanado su incumplimiento.

Artículo 41.-prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones
Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación,
la Entidad podrá ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones
adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento
(25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad
del contrato. Asimismo, podrá reducir bienes, servicios u obras hasta por el
mismo porcentaje.
Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el
quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los
presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las
sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales
de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para tal
efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de la Entidad.
En el supuesto de que resultara indispensable la realización de prestaciones
adicionales de obra por deficiencias del Expediente Técnico o situaciones
imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, mayores a las establecidas
en el segundo párrafo del presente artículo y hasta un máximo de cincuenta
por ciento (50%) del monto originalmente contratado, sin perjuicio de la
responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el Titular de la Entidad
podrá decidir autorizarlas. Para ello se requerirá contar con la autorización
del Titular de la Entidad, debiendo para la ejecución y el pago contar con
la autorización previa de la Contraloría General de la República y con la

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comprobación de que se cuentan con los recursos necesarios. En el caso de
adicionales con carácter de emergencia dicha autorización se emitirá previa al
pago. La Contraloría General de la República contará con un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento.
Dicha situación debe ponerse en conocimiento de la Comisión de Presupuesto
y Cuenta General de la República del Congreso de la República y del Ministerio
de Economía y Finanzas, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.
Alternativamente, la Entidad podrá resolver el contrato, mediante
comunicación escrita al contratista.
La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar
o no la ejecución de prestaciones adicionales, no podrá ser sometida a arbitraje.
Tampoco podrán ser sometidas a arbitraje las controversias referidas a la ejecución
de las prestaciones adicionales de obra y mayores prestaciones de supervisión que
requieran aprobación previa de la Contraloría General de la República.
El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos
y/o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que
modifiquen el cronograma contractual.
Las discrepancias respecto de la procedencia de la ampliación del plazo se
resuelven de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 40º de
la presente norma.
Concordancias: RLCE: Artículos 174º, 175º, 207º, 208º.

Artículo 42.- Culminación del contrato
Los contratos de bienes y servicios culminan con la conformidad de
recepción de la última prestación pactada y el pago correspondiente.
Tratándose de contratos de ejecución o consultoría de obras, el contrato
culmina con la liquidación y pago correspondiente, la misma que será elaborada y
presentada a la Entidad por el contratista, según los plazos y requisitos señalados
en el Reglamento, debiendo aquélla pronunciarse en un plazo máximo fijado
también en el Reglamento bajo responsabilidad del funcionario correspondiente.
De no emitirse resolución o acuerdo debidamente fundamentado en el plazo
antes señalado, la liquidación presentada por el contratista se tendrá por
aprobada para todos los efectos legales.
El expediente de contratación se cerrará con la culminación del contrato.
RLCE: Artículos 149º y 177º.

Artículo 43.-Requisitos especiales en los contratos de obra
Para efectos de la ejecución de los contratos de obra, el Reglamento
establecerá los requisitos que debe cumplir el ingeniero o arquitecto colegiado
residente designado por el contratista y el inspector designado por la Entidad o
el supervisor contratado por la Entidad, así como las características, funciones y
las responsabilidades que éstos asumen. Asimismo, el Reglamento establecerá

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las características del cuaderno de obra y las formalidades para la recepción de
obras y liquidación del contrato.
Concordancia: RLCE: Artículos 185º, 190º, 194º, 210º, 211º.

Artículo 44.- Resolución de los contratos
Cualquiera de las partes podrá resolver el contrato, sin responsabilidad de
ninguna de ellas, en caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera
definitiva la continuación del contrato.
Cuando se resuelva el contrato, por causas imputables a alguna de las partes,
se deberá resarcir los daños y perjuicios ocasionados.
En caso de resolución de contrato de obra y de existir saldo de obra por
ejecutar, la Entidad contratante podrá optar por culminar la obra mediante
administración directa, convenio con otra Entidad o, teniendo en cuenta el
orden de prelación, podrá invitar a los postores que participaron en el proceso
de selección que dio origen a la ejecución de la obra para que manifiesten su
intención de realizar el saldo de la misma. El procedimiento será establecido en
el Reglamento del presente Decreto Legislativo.
De no proceder ninguno de los mecanismos antes mencionados, se deberá
convocar el proceso de selección que corresponda, teniendo en cuenta el Valor
Referencial respectivo.
Concordancias: RLCE: Artículos 167º, 168º, 209º.

Artículo 45.- Registro de procesos y Contratos
La Entidad, bajo responsabilidad, deberá registrar en el Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado (SEACE), todos los actos realizados en cada proceso
de selección que convoque, los contratos suscritos y su ejecución, en la forma
que establezca el Reglamento.
Las Entidades exceptuadas de registrar información en el Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado (SEACE), estarán obligadas a remitir dentro de los
quince (15) días siguientes al cierre de cada trimestre a la Contraloría General de
la República, una relación de todas las convocatorias realizadas en dicho período,
con la documentación que permita apreciar su resultado.

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TÍTULO Iv
DERECHOS, ObLIGACIONES Y SANCIONES

CApÍTULO I
DE LAS ENTIDADES Y fUNCIONARIOS

Artículo 46.-De las responsabilidades y sanciones
Los funcionarios y servidores, así como los miembros del Comité Especial
que participan en los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, son
responsables del cumplimiento de la presente norma y su Reglamento.
En caso que las normas permitan márgenes de discrecionalidad para la
actuación del servidor o funcionario, éste deberá ejercerla de acuerdo a los
principios establecidos en el artículo 4º del presente Decreto Legislativo.
La evaluación del adecuado desempeño de los servidores o funcionarios en las
decisiones discrecionales a que se refiere el párrafo precedente, es realizada por la
más alta autoridad de la Entidad a la que pertenece, a fin de medir el desempeño
de los mismos en sus cargos. Para tal efecto, la Entidad podrá disponer, en forma
periódica y selectiva, la realización de exámenes y auditorías especializadas.
En el caso de las empresas del Estado, dicha evaluación es efectuada por el
Directorio.
En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente
Decreto Legislativo se aplicarán, de acuerdo a su gravedad, las siguientes
sanciones:
a) Amonestación escrita;
b) Suspensión sin goce de remuneraciones de treinta (30) a noventa (90)
días;
c) Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce (12) meses; y,
d) Destitución o despido.
Concordancia: LCE: Artículo 25º.

Artículo 47.- Supervisión
La Entidad supervisará, directamente o a través de terceros, todo el proceso de
ejecución, para lo cual el contratista deberá ofrecer las facilidades necesarias.
En virtud de ese derecho de supervisión, la Entidad tiene la potestad de aplicar
los términos contractuales para que el contratista corrija cualquier desajuste
respecto del cumplimiento exacto de las obligaciones pactadas.
El hecho que la Entidad no supervise los procesos, no exime al contratista de
cumplir con sus deberes ni de la responsabilidad que le pueda corresponder.

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CApÍTULO II
DE LOS CONTRATISTAS

Artículo 48.- Intereses y penalidades
En caso de atraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, ésta reconocerá al contratista los intereses
legales correspondientes. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea
la acreedora.
El contrato establecerá las penalidades que deberán aplicarse al contratista
ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales, de
acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento.
Concordancias: RLCE: Artículos 165º, 166º, 181º.

Artículo 49.- Cumplimiento de lo pactado
Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su
propuesta y en cualquier manifestación formal documentada que hayan apor-
tado adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la formalización
del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 1774º
del Código Civil.

Artículo 50.- Responsabilidad del contratista
El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos
de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado
a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato podrá establecer
excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza
de estos bienes no se adecue a este plazo. En el caso de obras, el plazo de
responsabilidad no podrá ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la
conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.
Las Bases deberán establecer el plazo máximo de responsabilidad del contratista.


51.1 Infracciones
Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes,
postores y/o contratistas que:
a) No mantengan su oferta hasta el consentimiento de la Buena Pro o,
de resultar ganadores hasta la suscripción del contrato, no suscriban
injustificadamente el contrato, o no reciban injustificadamente la
orden de compra o de servicio emitida a su favor;
b) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de
servicios por causal atribuible a su parte;

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c) Hayan entregado el bien, prestado el servicio o ejecutado la obra
con existencia de vicios ocultos, previa sentencia judicial firme o
laudo arbitral;
d) Contraten con el Estado estando impedidos para ello, de acuerdo
a la presente norma;
e) Participen en procesos de selección o suscriban un contrato
sin contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP);
f) Suscriban un contrato, en el caso de ejecución o consultoría de
obras, por montos mayores a su capacidad libre de contratación,
o en especialidades distintas, según sea el caso;
g) Realicen subcontrataciones sin autorización de la Entidad o por
un porcentaje mayor al permitido en el Reglamento;
h) Participen en prácticas restrictivas de la libre competencia,
previa declaración del organismo nacional competente; así
como cuando incurran en los supuestos de socios comunes no
permitidos según lo que establece el Reglamento;
i) Presenten documentos falsos o información inexacta a las
Entidades, al Tribunal de Contrataciones del Estado o al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado -OSCE;
j) Interpongan recursos impugnativos contra los actos inimpugnables
establecidos en el Reglamento;
k) Se constate después de otorgada la conformidad que incumplieron
injustificadamente las obligaciones del contrato hasta los plazos
de responsabilidad establecidos en las Bases; y,
l) Otras infracciones que se establezcan en el Reglamento.

51.2 Sanciones
En los casos que la presente norma o su Reglamento lo señalen, el
Tribunal de Contrataciones del Estado impondrá a los proveedores,
participantes, postores y contratistas las sanciones siguientes:
a) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un período
determinado, de los derechos a participar en procesos de selección
y a contratar con el Estado. Esta inhabilitación en ningún caso
podrá ser menor de seis (6) meses ni mayor de tres (3) años.
b) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente
del ejercicio de los derechos de los proveedores, participantes,
postores y contratistas a participar en procesos de selección y
a contratar con el Estado. Cuando en un período de cuatro (4)
años a una persona natural o jurídica se le impongan dos (2) o
más sanciones que en conjunto sumen treinta y seis (36) o más
meses de inhabilitación temporal, el Tribunal de Contrataciones

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del Estado resolverá la inhabilitación definitiva del proveedor,
participante, postor o contratista.
c) Económicas: Son aquellas que resultan de la ejecución de las
garantías otorgadas a la presentación de recursos de apelación
que son declarados infundados o improcedentes por la Entidad
o el Tribunal de Contrataciones del Estado. Si el recurso de
apelación es declarado fundado en todo o en parte, se devolverá
la garantía por el Tribunal o la Entidad. En caso de desistimiento,
se ejecutará el cien por ciento (100%) de la garantía.

Las sanciones que se imponen no constituyen impedimento para que el
contratista cumpla con las obligaciones derivadas de contratos anteriormente
suscritos con Entidades; por lo tanto, deberá proseguir con la ejecución de los
contratos que tuviera suscritos hasta la culminación de los mismos.
Los proveedores, participantes, postores o contratistas que incurran en las
causales establecidas en el literal g) del numeral 51.1 del presente artículo, serán
sancionados con inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un
período no menor de seis (6) meses ni mayor de un (1) año.
causales establecidas en los literales a), b), c), d), e), f), h), i), j) y k) del numeral
51.1 del presente artículo 51º, serán sancionados con inhabilitación temporal
para contratar con el Estado por un período no menor a un (1) año ni mayor
de tres (3) años.
La imposición de las sanciones es independiente de la responsabilidad civil o
penal que pueda originarse por las infracciones cometidas.
Asimismo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
podrá imponer sanciones económicas a las Entidades que trasgredan la normativa
de contratación pública.

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TÍTULO v
SOLUCIÓN DE CONTROvERSIAS E IMpUGNACIONES

Artículo 52.- Solución de controversias
Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación,
resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resolverán
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, debiendo solicitarse
el inicio de estos procedimientos en cualquier momento anterior a la fecha de
culminación del contrato, considerada ésta de manera independiente. Este plazo es
de caducidad, salvo para los reclamos que formulen las Entidades por vicios ocultos
en los bienes, servicios y obras entregados por el contratista, en cuyo caso, el plazo
de caducidad será el que se fije en función del artículo 50º de la presente norma, y
se computará a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.
El arbitraje será de derecho, a ser resuelto por árbitro único o tribunal arbitral
mediante la aplicación del presente Decreto Legislativo y su Reglamento, así
como de las normas de derecho público y las de derecho privado; manteniendo
obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicación del derecho.
El árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deben ser necesariamente
abogados, que cuenten con especialización acreditada en derecho
administrativo, arbitraje y contrataciones con el Estado, pudiendo los demás
integrantes del colegiado ser expertos o profesionales en otras materias. La
designación de los árbitros y demás aspectos de la composición del tribunal
arbitral serán regulados en el Reglamento.
Los árbitros deben cumplir con la obligación de informar oportunamente si
existe alguna circunstancia que les impida ejercer el cargo con independencia,
imparcialidad y autonomía, encontrándose sujetos a lo establecido en el
Código de Ética que apruebe el Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado - OSCE. Los árbitros que incumplan con esta obligación serán
sancionados en aplicación del Reglamento y el Código de Ética. El deber
de informar se mantiene a lo largo de todo el arbitraje. Las partes pueden
dispensar a los árbitros de las causales de recusación que no constituyan
impedimento absoluto.
Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia
derivada del mismo contrato y tratándose de arbitraje ad hoc, cualquiera de
las partes puede solicitar a los árbitros la acumulación de las pretensiones a
dicho arbitraje, debiendo hacerlo dentro del plazo de caducidad previsto en
el primer párrafo del presente artículo. No obstante, en el convenio arbitral se
podrá establecer que sólo procederá la acumulación de pretensiones cuando
ambas partes estén de acuerdo y se cumpla con las formalidades establecidas
en el propio convenio arbitral; de no mediar dicho acuerdo, no procederá la
acumulación.
El laudo arbitral de derecho es inapelable, definitivo y obligatorio para las
partes desde el momento de su notificación, debiendo ser remitido por el

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árbitro único o Tribunal Arbitral al Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado - OSCE, dentro del plazo establecido por el Reglamento. Cuando
corresponda, el Tribunal de Contrataciones del Estado impondrá sanciones
económicas en caso de incumplimiento en la remisión de laudo, de acuerdo
a lo establecido en el Reglamento.
El arbitraje a que se refiere la presente norma se desarrolla en cumplimiento
del Principio de Transparencia, debiendo el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE disponer la publicación de los laudos y
actas, así como su utilización para el desarrollo de estudios especializados en
materia de arbitraje administrativo.
Asimismo, los procedimientos de conciliación y arbitraje se sujetarán
supletoriamente a lo dispuesto por las leyes de la materia, siempre que no se
opongan a lo establecido en la presente norma y su Reglamento.

Artículo 53.- Recursos impugnativos
Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes o postores
en un proceso de selección, solamente podrán dar lugar a la interposición del
recurso de apelación. Mediante el recurso de apelación se podrán impugnar los
actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la celebración del contrato.
Por esta vía no se podrán impugnar las Bases ni su integración, así como tampoco
las resoluciones o acuerdos que aprueben las exoneraciones.
El recurso de apelación sólo podrá interponerse luego de otorgada la Buena
Pro. El Reglamento establecerá el procedimiento, requisitos y plazo para su
presentación y resolución.
El recurso de apelación será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad
siempre y cuando el valor referencial del proceso no supere las seiscientas (600)
Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En caso el valor referencial del proceso de
selección sea superior a dicho monto, los recursos de apelación serán conocidos y
resueltos por el Tribunal de Contrataciones del Estado, en la forma y oportunidad
que establezca el Reglamento de la presente norma, salvo lo establecido en la
Décimo Tercera Disposición Complementaria Final. La resolución que resuelva el
recurso de apelación agota la vía administrativa.
El Titular de la Entidad podrá delegar la potestad de resolver el recurso de
apelación. El funcionario a quién se otorgue dicha facultad será responsable por
la emisión del acto que resuelve el recurso.
Cuando la apelación se haya interpuesto ante el Tribunal de Contrataciones
del Estado, la Entidad está obligada a remitir el expediente correspondiente,
dentro del plazo máximo de tres (3) días de requerida, bajo responsabilidad
del Titular de la Entidad. El incumplimiento de dicha obligación por parte de la
Entidad será comunicada a la Contraloría General de la República.
La garantía por interposición del recurso de apelación deberá otorgarse a
favor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE y de la

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Entidad, cuando corresponda. Esta garantía será equivalente al tres por ciento
(3%) del valor referencial del proceso de selección o del ítem que se decida
impugnar. En cualquier caso, la garantía no podrá ser menor al cincuenta por
ciento (50%) de una (1) UIT.
La interposición de la acción contencioso-administrativa procede contra lo
resuelto en última instancia administrativa, sin suspender su ejecución.
Mediante acuerdos adoptados en Sala Plena, los cuales constituyen
precedentes de observancia obligatoria, el Tribunal de Contrataciones del Estado
interpreta de modo expreso y con carácter general las normas establecidas en
la presente norma y su Reglamento.

Artículo 54.- Suspensión del proceso de selección
La presentación de los recursos interpuestos de conformidad con lo establecido
en el artículo precedente dejará en suspenso el proceso de selección hasta que
el recurso sea resuelto por la instancia competente, conforme a lo establecido
en el Reglamento, siendo nulos los actos posteriores practicados hasta antes de
la expedición de la respectiva resolución.

Artículo 55.- Denegatoria ficta
En el caso que la Entidad o cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado
según corresponda, no resuelvan y notifiquen sus resoluciones dentro del plazo
que fija el Reglamento, los interesados considerarán denegados sus recursos de
apelación, pudiendo interponer la acción contencioso-administrativa contra la
denegatoria ficta dentro del plazo legal correspondiente.
En estos casos, la Entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado devolverá
lo pagado por los interesados como garantía al momento de interponer su
recurso de apelación.

Artículo 56.- Nulidad de los actos derivados de los procesos de selección
El Tribunal de Contrataciones del Estado, en los casos que conozca, declarará
nulos los actos expedidos, cuando hayan sido dictados por órgano incompetente,
contravengan las normas legales, contengan un imposible jurídico o prescindan
de las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por la
normatividad aplicable, debiendo expresar en la Resolución que expida la etapa
a la que se retrotraerá el proceso de selección.
El Titular de la Entidad declarará de oficio la nulidad del proceso de selección,
por las mismas causales previstas en el párrafo anterior, sólo hasta antes de la
celebración del contrato, sin perjuicio que pueda ser declarada en la resolución
recaída sobre el recurso de apelación.
Después de celebrados los contratos, la Entidad podrá declarar la nulidad

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de oficio en los siguientes casos:

a) Por haberse suscrito en contravención con el artículo 10º de la presente
norma;
b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de
veracidad durante el proceso de selección o para la suscripción del
contrato;
c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite
un recurso de apelación; o,
d) Cuando no se haya utilizado el proceso de selección correspondiente.

En caso de contratarse bienes, servicios u obras, sin el previo proceso de
selección que correspondiera, se incurrirá en causal de nulidad del proceso y
del contrato, asumiendo responsabilidades los funcionarios y servidores de la
Entidad contratante conjuntamente con los contratistas que celebraron dichos
contratos irregulares.
Cuando corresponda al árbitro único o al Tribunal Arbitral evaluar la nulidad
del contrato, se considerarán en primer lugar las causales previstas en el presente
Decreto Legislativo y su Reglamento, y luego las causales de nulidad reconocidas
en el derecho público aplicable.

TÍTULO vI
DEL ORGANISMO SUpERvISOR DE LAS CONTRATACIONES
DEL ESTADO

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE es un organismo
público adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica
de derecho público, que goza de autonomía técnica, funcional, administrativa,
económica y financiera, con representación judicial propia, sin perjuicio de la defensa
coadyuvante de la Procuraduría Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Su
personal está sujeto al régimen laboral de la actividad privada.

Artículo 58.- funciones
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE tiene las
siguientes funciones:

a) Velar y promover el cumplimiento y difusión de esta norma, su
Reglamento y normas complementarias y proponer las modificaciones
que considere necesarias;

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b) Emitir Directivas en las materias de su competencia, siempre que se refieran
a aspectos de aplicación de la presente norma y su Reglamento;
c) Resolver los asuntos de su competencia en última instancia administrativa;
d) Supervisar y fiscalizar, de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos
de contratación que se realicen al amparo de la presente norma y su
Reglamento;
e) Administrar y operar el Registro Nacional de Proveedores (RNP), así
como cualquier otro instrumento necesario para la implementación y
operación de los diversos procesos de contrataciones del Estado;
f) Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de las
Contrataciones del Estado (SEACE);
g) Organizar y administrar arbitrajes, de conformidad con los reglamentos
que apruebe para tal efecto;
h) Designar árbitros y resolver las recusaciones sobre los mismos en arbi-
trajes que no se encuentren sometidos a una institución arbitral, en la
forma establecida en el Reglamento;
i) Absolver consultas sobre las materias de su competencia. Las consultas
que le efectúen las Entidades serán gratuitas;
j) Imponer sanciones a los proveedores inscritos en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) que contravengan las disposiciones de esta norma,
su Reglamento y normas complementarias;
k) Poner en conocimiento de la Contraloría General de la República los
casos en que se observe trasgresiones a la normativa de contrataciones
públicas, siempre que existan indicios razonables de perjuicio económico
al Estado o de comisión de delito;
l) Suspender los procesos de contratación, en los que como consecuencia
del ejercicio de sus funciones observe trasgresiones a la normativa de
contrataciones públicas, siempre que existan indicios razonables de
perjuicio económico al Estado o de comisión de delito, dando cuenta
a la Contraloría General de la República, sin perjuicio de la atribución
del Titular de la Entidad que realiza el proceso, de declarar la nulidad
de oficio del mismo;
m) Promover la Subasta Inversa, determinando las características técnicas
de los bienes o servicios que serán provistos a través de esta modalidad
y establecer metas institucionales anuales respecto al número de fichas
técnicas de los bienes o servicios a ser contratados;
n) Desconcentrar sus funciones en sus órganos de alcance regional o local de
acuerdo a lo que establezca su Reglamento de Organización y Funciones;
ñ) Proponer estrategias y realizar estudios destinados al uso eficiente de
los recursos públicos y de reducción de costos; y,
o) Las demás que le asigne la normativa.
Concordancias: RLCE: Artículo 4º, 2da. Disposición Complementaria
final.

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La organización del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
- OSCE, las características de los registros referidos en el presente Decreto
Legislativo y demás normas complementarias para su funcionamiento serán
establecidas en su Reglamento de Organización y Funciones.
Los recursos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado -
OSCE son los siguientes:

a) Los generados por el cobro de tasas previstas en el Texto Único de
Procedimientos Administrativos del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE;
b) Los generados por la venta de bienes y prestación de servicios;
c) Los generados por la ejecución de las garantías;
d) Los generados por la capacitación y difusión de la normativa en materia
de su competencia;
e) Los provenientes de la cooperación técnica nacional o internacional;
f) Los provenientes de las donaciones que se efectúen a su favor;
g) Los provenientes de la imposición de multas; y,
h) Los demás que le asigne la normativa.

La administración y cobranza de los recursos y tributos a que se refiere el
presente artículo es competencia del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado - OSCE, para lo cual tiene facultad coactiva.

Artículo 60.- Del Consejo Directivo y la presidencia Ejecutiva del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
El Consejo Directivo es el máximo órgano del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado – OSCE. Se encuentra integrado por tres (3) miembros
los que serán designados por un período de tres (3) años, mediante Resolución
Suprema refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas. Los miembros del
Consejo Directivo perciben dietas a excepción de su Presidente Ejecutivo.
Son funciones del Consejo Directivo:

a) Aprobar las Directivas referidas en el inciso b) del artículo 58º del
presente Decreto Legislativo;
b) Proponer estrategias de gestión institucional;
c) Proponer las estrategias destinadas a promover el uso eficiente
de los recursos públicos y de reducción de costos en materia de
contrataciones del Estado;
d) Aprobar los lineamientos de gestión de sus órganos desconcentrados; y,
e) Otras que se le asigne en el Reglamento de Organización y Funciones.

El Presidente Ejecutivo del Consejo Directivo será uno de sus miembros, el

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cual será designado mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro
de Economía y Finanzas. El cargo de Presidente Ejecutivo es remunerado.
Son funciones del Presidente Ejecutivo:

a) Convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo;
b) Actuar como Titular del Pliego, máxima autoridad administrativa y
representante legal del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado – OSCE;
c) Supervisar la marcha institucional y administrativa;
d) Designar a los altos funcionarios de acuerdo a las normas que resulten
aplicables; y,
e) Otras que se le asigne en el Reglamento de Organización y Funciones.

Para ser designado miembro del Consejo Directivo o Presidente Ejecutivo del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, se requiere:

a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Este requisito
se acredita demostrando no menos de tres (3) años de experiencia
en un cargo de gestión ejecutiva; o, no menos de cinco (5) años de
experiencia en temas afines a las materias reguladas en esta norma;
b) Contar con título profesional universitario;
c) No estar inhabilitado para ejercer la función pública por sentencia
judicial o resolución del Congreso de la República;

Artículo 62.- Causales de remoción y vacancia
Los miembros del Consejo Directivo y el Presidente Ejecutivo del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE podrán ser removidos de
su cargo por Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y
Finanzas.
La vacancia en el cargo también se produce por renuncia.

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TÍTULO vII
DEL TRIbUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Artículo 63.- Tribunal de Contrataciones del Estado
El Tribunal de Contrataciones del Estado es un órgano resolutivo que
forma parte de la estructura administrativa del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado – OSCE. Cuenta con plena autonomía e independencia
en el ejercicio de sus funciones.
Tiene las siguientes funciones:

a) Resolver, de ser el caso, las controversias que surjan entre las Entidades,
los participantes y los postores durante el proceso de selección;
b) Aplicar las sanciones de inhabilitación temporal y definitiva a los
proveedores, participantes, postores, contratistas, entidades y expertos
independientes, según corresponda para cada caso; y,
c) Las demás funciones que le otorga la normativa.

Su conformación y el número de Salas se establecerán por Decreto Supremo,
refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas.

Artículo 64.- Requisitos e impedimentos para ser vocal del Tribunal de
Contrataciones del Estado
Los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado son elegidos por
concurso público. Para ello se requiere:

a) Contar con título profesional universitario;
b) Experiencia acreditada no menor a cinco (5) años en las materias
relacionadas con la presente norma;
c) Acreditar estudios de especialización en temas afines a las materias de
esta norma;
d) Contar con reconocida solvencia moral;
e) No estar inhabilitado para ejercer la función pública por sentencia
judicial o por resolución del Congreso de la República;
f) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos
en personas jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un
(1) año, previo a la declaración;
g) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado;
h) No tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado; y,
i) No estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la
función pública.

El Presidente del Tribunal de Contrataciones del Estado será elegido de acuerdo
a lo que disponga el Reglamento de la presente norma.

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Artículo 65.- Causal de remoción y vacancia
Los Vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado podrán ser removidos
mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Economía y
Finanzas por falta grave, permanente incapacidad física o incapacidad moral
sobreviniente.
La vacancia en el cargo también se produce por renuncia.

Artículo 66.- publicidad de las resoluciones
El Tribunal de Contrataciones del Estado deberá publicar en el Sistema
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) las resoluciones que expida
como última instancia administrativa.

TÍTULO vIII
DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), es el sistema
electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las
contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas.

Las Entidades estarán obligadas a utilizar el Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado (SEACE), sin perjuicio de la utilización de otros regímenes especiales de
contratación estatal, según se establezca en el Reglamento.
El Reglamento establecerá los criterios de incorporación gradual de las
Entidades al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE),
considerando la infraestructura y condiciones tecnológicas que éstas posean o
los medios disponibles para estos efectos.

Artículo 69.- Administración
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE desarrollará,
administrará y operará el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado
(SEACE). El Reglamento de la materia establecerá su organización, funciones y
procedimientos, con sujeción estricta a los lineamentos de política de contrataciones
electrónicas del Estado que disponga la Presidencia del Consejo de Ministros.

Artículo 70.- validez y eficacia de actos
Los actos realizados por medio del Sistema Electrónico de Contrataciones del

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Estado (SEACE) que cumplan con las disposiciones vigentes poseen la misma
validez y eficacia que los actos realizados por medios manuales, pudiéndolos
sustituir para todos los efectos legales.
La intervención de los notarios públicos se efectúa en las oportunidades y
formas que establezca el Reglamento.


pRIMERA.- En el Diario Oficial El Peruano se insertará una sección especial
dedicada exclusivamente a las contrataciones públicas.

SEGUNDA.- Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas, se aprobará el Reglamento de la presente norma, dentro
de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a su publicación, el cual
contendrá un Glosario de Términos.

TERCERA.- Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de
Economía y Finanzas, se aprobará el Reglamento de Organización y Funciones
y el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Organismo Supervisor
de Contrataciones del Estado - OSCE.

CUARTA.- El personal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado – OSCE se encontrará sujeto al régimen laboral de la actividad privada.

QUINTA.- Adicionalmente a los métodos de notificación tradicionales,
las Entidades podrán utilizar medios electrónicos de comunicación para el
cumplimiento de los distintos actos que se disponen en la presente norma y
su Reglamento.
En todos los casos, se deberán utilizar las tecnologías necesarias que garanticen
la identificación de los participantes y la confidencialidad de las propuestas.
El Reglamento de la presente norma establece las condiciones necesarias para
la utilización de los medios electrónicos de comunicación.

SEXTA.- En aquellas contrataciones que se encuentren bajo el ámbito de
tratados u otros compromisos internacionales, que impliquen la aplicación de
los principios de Trato Nacional y No Discriminación, las Entidades contratantes
deberán conceder incondicionalmente los bienes, servicios y proveedores de la
otra parte, un trato similar o no menos favorable que el otorgado por la normativa
peruana a los bienes, servicios y proveedores nacionales, de conformidad con
las reglas, requisitos procedimientos establecidos en la presente norma, su

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Reglamento y en la normativa de la materia.

SÉpTIMA.- La Contraloría General de la República tendrá acceso a la información
registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

OCTAvA.- Los insumos directamente utilizados en los procesos productivos
por las empresas del Estado que se dediquen a la producción de bienes o
prestación de servicios, pueden ser contratados a proveedores nacionales o
internacionales mediante el proceso de adjudicación de menor cuantía, a precios
de mercado, siempre que se verifique una situación de escasez acreditada por el
Titular de la Entidad. No se requiere la verificación de una situación de escasez
en el caso de empresas que por la naturaleza de su actividad requieran un
suministro periódico o continuo, incluyendo la entrega en un solo acto de los
insumos, bienes o servicios.
La lista de los insumos directamente vinculados en los procesos productivos,
que corresponden a cada empresa, es establecida mediante Resolución Ministerial
del Ministerio de Economía y Finanzas.
Las contrataciones deben aprobarse mediante resolución del Titular de la
Entidad e informarse mensualmente al Fondo Nacional de Financiamiento de
la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, y a la Contraloría General de la
República, bajo responsabilidad del Directorio.
En el proceso necesariamente se designa a un Comité Especial conforme a las
reglas de contrataciones del Estado. El otorgamiento de la Buena Pro se realiza
mediante acto público.
Los órganos de control institucional participan como veedores en el proceso
de adjudicación de menor cuantía, conforme a la normativa del Sistema Nacional
de Control.
Todos los actos realizados dentro de los procesos a que se refiere la
presente disposición se comunican obligatoriamente al Sistema Electrónico
de Contrataciones del Estado (SEACE) en la oportunidad y forma que señale la
presente norma, el Reglamento y las directivas que emite el Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado - OSCE.
Las contrataciones que se realicen de acuerdo a la presente disposición no
requieren de la constitución de la garantía de fiel cumplimiento, siempre que la
prestación se cumpla por adelantado.

NOvENA.- En adelante, cualquier referencia al Consejo Superior de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado – CONSUCODE y al Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del Estado se entenderá hechas al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE y al Tribunal de Contrataciones
del Estado, respectivamente. Asimismo, toda referencia hecha al CONSUCODE o
a las competencias, funciones y atribuciones que éste venía ejerciendo, así como
a sus aspectos presupuestarios, contables, financieros, de tesorería, inversión y

47


otros sistemas administrativos se entenderán hechas al Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado – OSCE.
Los entes rectores de los Sistemas Administrativos quedan autorizados a
emitir, de ser necesario, las disposiciones que resulten necesarias para la mejor
aplicación de lo establecido en el párrafo precedente.

DÉCIMA.- Para efectos de lo dispuesto en el articulo 60º de la presente norma,
la Resolución Suprema N° 007-2008-EF surtirá efectos respecto a la designación
de un miembro del Consejo Directivo y del Presidente Ejecutivo del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE, bajo los términos de la
presente norma.

DÉCIMO pRIMERA.- Los Vocales del Tribunal de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado mantendrán su cargo hasta el cumplimiento del plazo
por el cual fueron designados, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 64º
y 65º de la presente norma.

DÉCIMO SEGUNDA.- La presente norma entrará en vigencia a los treinta
(30) días calendario contados a partir de la publicación de su Reglamento y
del Reglamento de Organización y Funciones del Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado - OSCE, excepto la Segunda y Tercera Disposiciones
Complementarias Finales, que entrarán en vigencia a partir del día siguiente de
la publicación de la presente norma en el Diario Oficial El Peruano.

DÉCIMO TERCERA.- Para definir la instancia que resolverá los recursos
impugnativos que se interpongan en los procesos de selección en los que
participen proveedores que provengan de países con los que la República
del Perú tuviera vigente un tratado o compromiso internacional que incluya
disposiciones sobre contrataciones públicas, se aplicarán, de ser el caso, los
criterios establecidos en las mismas.

48



pRIMERA.- Mediante acuerdo de su Directorio, la Agencia de la Promoción
de la Inversión Privada (PROINVERSION) podrá exceptuar de la aplicación total o
parcial de la presente norma a las contrataciones vinculadas a los procesos a que
se refieren el Decreto Legislativo Nº 674, el Decreto Supremo Nº 059-96-PCM,
el Decreto Legislativo Nº 1012, y sus normas modificatorias.

SEGUNDA.- Los procesos de contratación iniciados antes de la entrada en
vigencia del presente Decreto Legislativo se rigen por sus propias normas.
Concordancias: Segunda Disposición Complementaria Transitoria
del Decreto de Urgencia Nº 020-2009
Comunicado Nº 003-2009-OSCE/pRE

TERCERA.- El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE
deberá aprobar al 31 de julio de 2009, un mínimo de 1,500 fichas técnicas a ser
utilizadas bajo la modalidad de Subasta Inversa.

DISpOSICIÓN COMpLEMENTARIA MODIfICATORIA

úNICA.- Modifíquese la Quinta Disposición Final de la Ley Nº 28411, Ley
General del Sistema del Presupuesto Público, en los términos siguientes:

“QUINTA.- Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando se cuente,
previamente, con disponibilidad presupuestal, con aprobación del Titular de
Entidad mediante la resolución correspondiente, o en el caso de empresas,
incluyendo aquellas bajo el ámbito de FONAFE, por Acuerdo del Directorio de la
empresa, y en los casos en que su valor, restándole los presupuestos deductivos
vinculados a tales adicionales, no superen el quince por ciento (15%) del monto
total del contrato original.
Para el caso de las obras adicionales que superen el quince por ciento (15%)
del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad o el
Directorio de la empresa, según corresponda, se requiere contar, previamente,
para su ejecución y pago, con la disponibilidad presupuestaria y la autorización
expresa de la Contraloría General de la República, independientemente de la
fecha del contrato de obra. Para estos efectos, la Contraloría General de la
República debe observar los plazos y procedimientos establecidos en la ley de
contrataciones del Estado y su reglamento.
Cuando se trate de la ejecución de obras adicionales en el marco de un
proyecto de inversión pública, cuya viabilidad se haya visto afectada, el órgano
competente deberá proceder a la verificación de la misma.”

49


DISpOSICIÓN COMpLEMENTARIA DEROGATORIA

úNICA.- A partir de la vigencia de la presente norma, deróguense los
siguientes dispositivos:

a) Ley Nº 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y
normas modificatorias.
b) Las demás normas que se opongan a lo dispuesto en la presente norma.

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días del mes de junio del
año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ
Presidente Constitucional de la República

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE
Ministro de Economía y Finanzas

MERCEDES ARÁOZ FERNÁNDEZ
Ministra de Comercio Exterior y Turismo

50

REGLAMENTO DE LA LEY
DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO
(aprobado mediante d.S. n° 184-2008-ef)

ConCordado

regLamento de La Ley de
contrataciones deL estado

DECRETO SUpREMO Nº 184-2008-Ef


CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo Nº 1017, se aprobó la Ley de
Contrataciones del Estado que establece las disposiciones y lineamientos que
deben observar las Entidades del Sector Público en los procesos de contrataciones
de bienes, servicios u obras que realicen;
Que, la Segunda Disposición Complementaria Final del mencionado Decreto
Legislativo, dispone que el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
será aprobado por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía
y Finanzas;
De conformidad con el inciso 8) del artículo 118º de la Constitución Política
del Perú, la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Decreto Legislativo
Nº 1017;

DECRETA:

Apruébese el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1017 – Ley de
Contrataciones del Estado, el mimo que consta de seis (6) Títulos, doscientos
noventa y ocho (298) artículos, cinco (5) disposiciones complementarias
transitorias y un (1) Anexo, que forma parte del presente Decreto Supremo.

Artículo 2.- vigencia
El presente Reglamento entrará en vigencia cuando se cumpla con lo
dispuesto en el Décimo Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto
Legislativo Nº 1017 – Ley de Contrataciones del Estado.

Artículo 3.- Refrendo
El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía
y Finanzas.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los treintiún días del mes de diciembre
del año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ

LUIS M. VALDIVIESO M.

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REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

TÍTULO I

Artículo 1.- Referencias
Artículo 2.- Ámbito de aplicación de la Ley
Artículo 3.- Aplicación supletoria de la Ley
Artículo 4.- Competencias en materia de contrataciones del Estado
Artículo 5.- Funcionarios y órganos encargados de las contrataciones
Artículo 6.- Elaboración del Plan Anual de Contrataciones
Artículo 7.- Contenido mínimo del Plan Anual de Contrataciones
Artículo 8.- Aprobación del Plan Anual de Contrataciones
Artículo 9.- Modificación del Plan Anual de Contrataciones
Artículo 11.- Características técnicas de lo que se va a contratar
Artículo 12.- Estudio de posibilidades que ofrece el mercado
Artículo 13.- Valor referencial
Artículo 14.- Valor referencial para ejecución y consultoría de obras
Artículo 15.- Valor referencial en cobranzas o recuperaciones y en servicios
con honorarios de éxito
Artículo 16.- Antigüedad del valor referencial
Artículo 17.- Publicidad o reserva del valor referencial
Artículo 18.- Disponibilidad presupuestal

TITULO II
pROCESOS DE SELECCIÓN

CApÍTULO I
ASpECTOS GENERALES

Artículo 19.- Tipos de Procesos de Selección
Artículo 20.- Prohibición de fraccionamiento
Artículo 21.- Modalidades Especiales de Selección
Artículo 22.- Etapas de los Procesos de Selección
Artículo 23.- Cómputo de plazos durante el Proceso de Selección
Artículo 24.- Plazos generales para Procesos de Selección
Artículo 25.- Régimen de notificaciones
Artículo 26.- Prórrogas o postergaciones

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CApÍTULO II
COMITÉ ESpECIAL

Artículo 27.- Designación
Artículo 28.- Participación de expertos independientes
Artículo 29.- Impedimentos para ser miembro del Comité Especial
Artículo 30.- Comité Especial Permanente
Artículo 31.- Competencias
Artículo 32.- Quórum y acuerdos
Artículo 33.- Intervención de los miembros suplentes
Artículo 34.- Responsabilidad, remoción e irrenunciabilidad

CApÍTULO III
bASES

Artículo 35.- Aprobación
Artículo 36.- Acceso a las Bases
Artículo 37.- Prepublicación
Artículo 38.- Estandarización de las Bases
Artículo 39.- Contenido mínimo
Artículo 40.- Sistemas de Contratación
Artículo 41.- Modalidades de Ejecución Contractual
Artículo 42.- Especificación del Contenido de los sobres de propuesta
Artículo 43.- Método de evaluación de propuestas
Artículo 44.- Factores de evaluación para la contratación de bienes
Artículo 45.- Factores de evaluación para la contratación de servicios en
general
Artículo 46.- Factores de evaluación para la contratación de servicios de
consultoría
Artículo 47.- Factores de evaluación para la contratación de obras
Artículo 48.- Acreditación de la experiencia del Consorcio
Artículo 49.- Fórmulas de reajuste

CApÍTULO Iv
CONvOCATORIA, REGISTRO, CONSULTAS Y ObSERvACIONES A LAS bASES

Artículo 50.- Convocatoria
Artículo 51.- Publicación en el SEACE
Artículo 52.- Registro de participantes
Artículo 53.- Oportunidad del registro
Artículo 54.- Formulación y absolución de consultas
Artículo 55.- Plazos para formulación y absolución de Consultas

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Artículo 56.- Formulación y absolución de observaciones a las Bases
Artículo 57.- Plazos para formulación y absolución de observaciones
Artículo 58.- Elevación de observaciones
Artículo 59.- Integración de Bases
Artículo 60.- Publicación de Bases Integradas

CApÍTULO v
pRESENTACIÓN DE pROpUESTAS

Artículo 61.- Requisitos para la admisión de propuestas
Artículo 62.- Presentación de documentos
Artículo 63.- Forma de presentación y alcance de las propuestas
Artículo 64.- Acto de presentación de propuestas
Artículo 65.- Acreditación de representantes en acto público
Artículo 66.- Acto público de presentación de propuestas
Artículo 67.- Acto privado de presentación de propuestas
Artículo 68.- Subsanación de propuestas

CApÍTULO vI
CALIfICACIÓN Y EvALUACIÓN DE pROpUESTAS

Artículo 69.- Oportunidad para la calificación y evaluación de propuestas
Artículo 70.- Procedimiento de calificación y evaluación de propuestas
Artículo 71.- Evaluación de propuestas

CApÍTULO vII
OTORGAMIENTO DE LA bUENA pRO

Artículo 72.- Otorgamiento de la Buena Pro
Artículo 73.- Solución en caso de empate
Artículo 74.- Distribución de la Buena Pro
Artículo 75.- Notificación del otorgamiento de la Buena Pro
Artículo 76.- Otorgamiento de la Buena Pro a propuestas que excedan el valor
referencial
Artículo 77.- Consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro
Artículo 78.- Declaración de Desierto
Artículo 79.- Cancelación del Proceso de Selección

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CApITULO vIII
COMpRAS CORpORATIvAS

Artículo 80.- Características del proceso de Compra Corporativa
Artículo 81.- Alcances del encargo en el caso de Compras Corporativas
Artículo 82.- Compras Corporativas Obligatorias y entidad a cargo
Artículo 83.- Entidades participantes y entidad técnica
Artículo 84.- Sustento presupuestal
Artículo 85.- Compras Corporativas Facultativas

CApÍTULO IX
SELECCIÓN pOR ENCARGO

Artículo 86.- Características del Proceso de Selección por Encargo
Artículo 87.- Encargo a una Entidad Pública
Artículo 88.- Encargo a una Entidad Privada, nacional o internacional
Artículo 89.- Encargo a Organismos Internacionales

CApÍTULO X
SUbASTA INvERSA

Artículo 90.- Definición y aplicación
Artículo 91.- Uso de la modalidad de Subasta Inversa
Artículo 92.- Convocatoria y desarrollo del Proceso
Artículo 93.- Presunción de cumplimiento
Artículo 94.- Recurso de apelación
Artículo 95.- Particularidades de la Subasta Inversa Presencial
Artículo 96.- Particularidades de la Subasta Inversa Electrónica

CApÍTULO XI
CONvENIOS MARCO

Artículo 98.- Reglas para la realización y ejecución de los Convenios Marco
Artículo 99.- Reglas especiales del proceso de selección
Artículo 100.- Contratación de bienes y servicios por Convenio Marco
Artículo 101.- Responsabilidad del pago
Artículo 102.- Vigencia y renovación del Convenio Marco
Artículo 103.- Causales de exclusión de las fichas o del Proveedor del Catálogo
Electrónico de Convenios Marco

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CApÍTULO XII
SOLUCION DE CONTROvERSIAS DURANTE EL pROCESO
DE SELECCIÓN

Artículo 105.- Actos impugnables
Artículo 106.- Actos no impugnables
Artículo 107.- Plazos de la interposición del recurso de apelación
Artículo 108.- Efectos de la interposición del recurso de apelación
Artículo 109.- Requisitos de admisibilidad del recurso de apelación
Artículo 110.- Trámite de admisibilidad del recurso de apelación
Artículo 111.- Improcedencia del recurso de apelación
Artículo 112.- Garantía por interposición de recurso de apelación
Artículo 113.- Recurso de apelación ante la Entidad
Artículo 114.- Contenido de la resolución de la Entidad
Artículo 115.- Agotamiento de la vía administrativa
Artículo 116.- Recurso de apelación ante el Tribunal
Artículo 117.- Uso de la palabra
Artículo 118.- Contenido de la resolución del Tribunal
Artículo 119.- Alcances de la resolución
Artículo 120.- Desistimiento
Artículo 123.- Cumplimiento de las resoluciones del Tribunal
Artículo 124.- Precedentes de Observancia Obligatoria
Artículo 125.- Ejecución de la garantía
Artículo 126.- Acción contencioso administrativa

CApÍTULO XIII
EXONERACIÓN DEL pROCESO DE SELECCIÓN

Artículo 127.- Contratación entre Entidades
Artículo 128.- Situación de Emergencia
Artículo 129.- Situación de Desabastecimiento Inminente
Artículo 130.- Carácter de secreto, secreto militar o de orden interno
Artículo 131.- Proveedor único de bienes o servicios que no admiten
sustitutos
Artículo 132.- Servicios Personalísimos
Artículo 133.- Informe Técnico-Legal previo en caso de Exoneraciones
Artículo 134.- Publicación de las resoluciones o acuerdos que aprueban las
Exoneraciones
Artículo 135.- Procedimiento para las contrataciones exoneradas
Artículo 136.- Limitaciones a las contrataciones exoneradas

57


TITULO III
EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CApÍTULO I
DEL CONTRATO

Artículo 137.- Obligación de contratar
Artículo 138.- Perfeccionamiento del Contrato
Artículo 139.- Suscripción del Contrato
Artículo 140.- Sujetos de la relación contractual
Artículo 141.- Requisitos para suscribir el Contrato
Artículo 142.- Contenido del Contrato
Artículo 143.- Modificación en el Contrato
Artículo 144.- Nulidad del Contrato
Artículo 145.- Consorcio
Artículo 147.- Cesión de Derechos y de Posición Contractual
Artículo 148.- Plazos y procedimiento para suscribir el Contrato
Artículo 149.- Vigencia del Contrato
Artículo 150.- Casos especiales de vigencia contractual
Artículo 151.- Cómputo de los plazos
Artículo 152.- Fallas o defectos percibidos por el contratista luego de la
suscripción
Artículo 153.- Responsabilidad de la Entidad
Artículo 154.- Tributos, gravámenes y otros

CApÍTULO II
GARANTÍAS

Artículo 155.- Requisitos de las garantías
Artículo 156.- Clases de garantías
Artículo 157.- Garantía de seriedad de oferta
Artículo 158.- Garantía de fiel cumplimiento
Artículo 159.- Garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
Artículo 160.- Garantía por el monto diferencial de propuesta
Artículo 161.- Excepciones
Artículo 162.- Garantía por adelantos
Artículo 163.- Garantías a cargo de la Entidad
Artículo 164.- Ejecución de garantías

58


CApÍTULO III
INCUMpLIMIENTO DEL CONTRATO

Artículo 165.- Penalidad por mora en la ejecución de la prestación
Artículo 166.- Otras penalidades
Artículo 167.- Resolución de Contrato
Artículo 168.- Causales de resolución por incumplimiento
Artículo 169.- Procedimiento de resolución de Contrato
Artículo 170.- Efectos de la resolución

CApÍTULO Iv
ADELANTOS, ADICIONALES, REDUCCIONES Y AMpLIACIONES

Artículo 171.- Clases de Adelantos
Artículo 172.- Entrega de Adelantos
Artículo 173.- Amortización de los Adelantos
Artículo 174.- Adicionales y Reducciones
Artículo 175.- Ampliación del plazo contractual

CApITULO v
CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Artículo 176.- Recepción y conformidad
Artículo 177.- Efectos de la conformidad
Artículo 178.- Constancia de prestación
Artículo 179.- Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra

CApÍTULO vI
EL pAGO

Artículo 180.- Oportunidad del pago
Artículo 181.- Plazos para los pagos
Artículo 182.- Contrataciones Complementarias

CApÍTULO vII
ObRAS

Artículo 183.- Requisitos adicionales para la suscripción del Contrato de Obra
Artículo 184.- Inicio del plazo de Ejecución de Obra
Artículo 185.- Residente de Obra

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Artículo 186.- Clases de Adelantos en Obras
Artículo 187.- Entrega del Adelanto Directo
Artículo 188.- Entrega del Adelanto para Materiales e Insumos
Artículo 189.- Amortización de Adelantos
Artículo 190.- Inspector o Supervisor de Obras
Artículo 191.- Costo de la supervisión o inspección
Artículo 192.- Obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la
finalización de la obra
Artículo 193.- Funciones del Inspector o Supervisor
Artículo 194.- Cuaderno de Obra
Artículo 195.- Anotación de ocurrencias
Artículo 196.- Consultas sobre ocurrencias en la obra
Artículo 197.- Valorizaciones y Metrados
Artículo 198.- Reajustes
Artículo 199.- Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados
Artículo 200.- Causales de ampliación de plazo
Artículo 201.- Procedimiento de ampliación de plazo
Artículo 202.- Efectos de la modificación del plazo contractual
Artículo 203.- Cálculo del Gasto General Diario
Artículo 204.- Pago de Gastos Generales
Artículo 205.- Demoras injustificadas en la Ejecución de la Obra
Artículo 206.- Intervención Económica de la Obra
Artículo 207.- Obras adicionales menores al quince por ciento (15%)
Artículo 208. - Prestaciones adicionales de obras mayores al quince por ciento
(15%)
Artículo 209.- Resolución del Contrato de Obras
Artículo 210.- Recepción de la Obra y plazos
Artículo 211.- Liquidación del Contrato de Obra
Artículo 212.- Efectos de la liquidación
Artículo 213.- Declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada

CApÍTULO vIII
CONCILIACIÓN Y ARbITRAJE

Artículo 214.- Conciliación
Artículo 215.- Inicio del Arbitraje
Artículo 216.- Convenio Arbitral
Articulo 217.- Estipulaciones adicionales al Convenio Arbitral
Artículo 218.- Solicitud de Arbitraje
Artículo 219.- Respuesta de Arbitraje
Artículo 220.- Árbitros
Artículo 221.- Impedimentos

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Artículo 223.- Aceptación de los Árbitros
Articulo 224.- Independencia, imparcialidad y deber de información
Articulo 225.- Causales de Recusación
Artículo 226.- Procedimiento de Recusación
Artículo 227.- Instalación
Artículo 228.- Regulación del Arbitraje
Artículo 229.- Acumulación
Artículo 230.- Gastos Arbitrales
Artículo 231.- Laudo
Artículo 232.- Registro de Árbitros
Artículo 233.- Organización y Administración de Arbitrajes
Articulo 234.- Órganos del Sistema Nacional de Arbitraje

TITULO Iv
SANCIONES

Artículo 235.- Potestad sancionadora del Tribunal
Artículo 236.- Causal de imposición de sanción a los expertos independientes
Artículo 238.- Causal de imposición de sanción a árbitros en materia de
contratación pública
Artículo 239.- Sanciones a Consorcios
Artículo 240.- Obligación de informar sobre supuestas infracciones
Artículo 241.- Denuncias de terceros
Artículo 242.- Debido Procedimiento
Artículo 243.- Prescripción
Artículo 244.- Suspensión del plazo de prescripción
Artículo 245.- Determinación gradual de la sanción
Artículo 246.- Inhabilitación Definitiva
Artículo 247.- Notificación y vigencia de las sanciones
Artículo 248.- Suspensión de las sanciones
Artículo 249.- Recurso de reconsideración
Artículo 250.- Acción Contencioso Administrativo

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TITULO v
REGISTROS

CApÍTULO I
REGISTRO NACIONAL DE pROvEEDORES

Artículo 251.- Conformación
Artículo 252.- Inscripción en los Registros del RNP y vigencia de la inscripción
Artículo 253.- Calificación de Subcontratos
Artículo 254.- Fiscalización posterior a los procedimientos tramitados ante el
RNP
Artículo 255.- Proveedores extranjeros
Artículo 257.- Categorías y Especialidades
Artículo 258.- Comunicación de ocurrencias
Artículo 260.- Socios Comunes
Artículo 261.- Inscripción en el Registro de Proveedores de Bienes
Artículo 262.- Obligaciones de los proveedores de bienes
Artículo 263.- Inscripción en el Registro de Proveedores de Servicios
Artículo 264.- Obligaciones de los proveedores de servicios
Artículo 265.- Inscripción en el Registro de Consultores de Obras
Artículo 266.- Profesión de las personas naturales e integrantes del plantel
técnico
Artículo 267.- Asignación de Especialidades de los Consultores
Artículo 268.- Especialidades de los Consultores
Artículo 269.- Ampliación de la Especialidad
Artículo 270.- Obligaciones de los Consultores de Obras
Artículo 271.- Récord de Consultoría de Obras
Artículo 272.- Inscripción en el Registro de Ejecutores de Obras
Artículo 273.- Profesión de las personas naturales e integrantes del plantel
técnico
Artículo 274.- Categorización
Artículo 275.- Capacidad Máxima de Contratación
Artículo 276.- Número de profesionales
Artículo 277.- Capacidad Libre de Contratación
Artículo 278.- Obligaciones de los ejecutores de obras
Artículo 279.- Récord de Obras
Artículo 280.- Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado
Artículo 281.- Publicación del Registro de Inhabilitados
Artículo 282.- Constancia de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado

62


CApÍTULO II
REGISTRO DE ENTIDADES CONTRATANTES

Artículo 283.- Registro de las Entidades Contratantes
Artículo 284.- Registro de la información en el Registro de Entidades Contratantes

TITULO vI
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - SEACE

CApÍTULO I
GENERALIDADES

Artículo 286.- Acceso al SEACE
Artículo 288.- Registro de la información
Artículo 289.- Condiciones de continuidad del sistema

CApÍTULO II
pROCESOS ELECTRONICOS

Artículo 292.- Procesos electrónicos
Artículo 293.- Nomenclatura de un proceso electrónico
Artículo 294.- Propuestas electrónicas
Artículo 295.- Contenido de las propuestas electrónicas
Artículo 296.- Apertura electrónica de las propuestas técnicas
Artículo 297.- Evaluación de la propuesta técnica
Artículo 298.- Evaluación y Buena Pro



ANEXO úNICO - ANEXO DE DEfINICIONES

63


REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

TÍTULO I

Artículo 1.- Referencias
Cuando en el presente Reglamento se mencione la palabra Ley, se entenderá
que se está haciendo referencia al Decreto Legislativo Nº 1017 - Ley de
Contrataciones del Estado; la mención al «OSCE» estará referida al Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado; la alusión a «la Entidad» estará
referida a las Entidades señaladas en el artículo 3° de la Ley, la referencia a «el
Tribunal» se entenderá que alude al Tribunal de Contrataciones del Estado, al
«SEACE» al Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado y al «RNP» al Registro
Nacional de Proveedores. Asimismo, cuando se mencione un artículo sin hacer
referencia a norma alguna, estará referido al presente Reglamento.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación de la Ley
La Ley y el presente Reglamento son aplicables a la contratación de
bienes, servicios y obras, siempre que sean brindados por terceros y que la
contraprestación sea pagada por la Entidad con fondos públicos.
Concordancias: LCE: Artículos 1º y 3º.

Artículo 3.- Aplicación supletoria de la Ley
La Ley y el presente Reglamento serán de aplicación supletoria a todas aquellas
contrataciones de bienes, servicios u obras sujetas a regímenes especiales bajo
ley específica, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con las
normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia
de dichas normas.

Artículo 4.- Competencias en materia de contrataciones del Estado
Las normas sobre contrataciones del Estado establecidas en la Ley y el
presente Reglamento son de ámbito nacional, siendo competencia exclusiva del
Ministerio de Economía y Finanzas el diseño de políticas sobre dicha materia y
su regulación. Corresponde al OSCE emitir directivas respecto a la aplicación de
la Ley y su Reglamento, y aquellas que la normativa le asigne.
Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o acto que se emita en
contravención de lo dispuesto en el párrafo anterior.
Concordancia: LCE: Artículo 58º inciso b).

Artículo 5.- funcionarios y órganos encargados de las contrataciones
Para los efectos de la aplicación de la Ley y el presente Reglamento están

64


a cargo de las contrataciones los siguientes funcionarios y dependencias de la
Entidad:

1. Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva, de conformidad
con sus normas de organización, que ejerce las funciones previstas en
la Ley y en el presente Reglamento para la aprobación, autorización y
supervisión de los procesos de contrataciones del Estado. En el caso de
las empresas del Estado, el Titular de la Entidad es el Gerente General
o el que haga sus veces.
2. Área usuaria es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas
con determinada contratación, o que, dada su especialidad y funciones,
canaliza los requerimientos formulados por otras dependencias.
3. Órgano encargado de las contrataciones es aquél órgano o unidad
orgánica que realiza las actividades relativas a la gestión del
abastecimiento al interior de una Entidad.
4. Comité Especial es el órgano colegiado encargado de seleccionar al
proveedor que brindará los bienes, servicios u obras requeridos por el
área usuaria a través de determinada contratación.

Los funcionarios y servidores del órgano encargado de las contrataciones de
la Entidad que, en razón de sus funciones intervienen directamente en alguna
de las fases de contratación, deberán ser profesionales y/o técnicos debidamente
certificados, debiendo reunir como mínimo los siguientes requisitos:

1. Capacitación técnica en contrataciones públicas o gestión logística en
general, no menor a ochenta (80) horas lectivas;
2. Experiencia laboral en general, no menor a tres (3) años;
3. Experiencia laboral en materia de contrataciones públicas o en logística
privada, no menor de un (1) año.

El procedimiento de certificación será establecido según directivas emitidas
por el OSCE. El OSCE administrará una base de datos de los profesionales y
técnicos que cuenten con la respectiva certificación. Esta información será pública
y de libre acceso en su portal institucional.
Asimismo, el OSCE emitirá directivas para la acreditación de las instituciones o
empresas capacitadoras con la finalidad de que éstas capaciten a los operadores
de la norma en aspectos vinculados con las contrataciones del Estado.
La Entidad podrá realizar contrataciones a través de sus órganos desconcentrados,
siempre que éstos cuenten con capacidad para contratar; o por medio de otros
órganos funcionales con presupuesto propio y autonomía administrativa.
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley, el Titular de la Entidad
podrá delegar, mediante resolución, la autoridad que la Ley le otorga, excepto
en la aprobación de exoneraciones, la declaración de nulidad de oficio, las

65


autorizaciones de prestaciones adicionales de obra y otros supuestos que se
establecen en el presente Reglamento.
Concordancias: LCE: Artículos 5º, 6º, 24º.
RLCE: 2da. Disposición Complementaria Transitoria.

Artículo 6.- Elaboración del plan Anual de Contrataciones
En la fase de programación y formulación del Presupuesto Institucional, cada
una de las dependencias de la Entidad determinará, dentro del plazo señalado por
la normativa correspondiente, sus requerimientos de bienes, servicios y obras, en
función de sus metas presupuestarias establecidas, señalando la programación de
acuerdo a sus prioridades. Las Entidades utilizarán el Catálogo Único de Bienes,
Servicios y Obras que administra el OSCE, siendo el órgano encargado de las
contrataciones de la Entidad responsable de esta actividad.
Los requerimientos serán incluidos en el cuadro de necesidades que será
remitido al órgano encargado de las contrataciones para su consolidación,
valorización y posterior inclusión en el Plan Anual de Contrataciones.
Una vez aprobado el Presupuesto Institucional, el órgano encargado de
las contrataciones revisará, evaluará y actualizará el proyecto de Plan Anual
de Contrataciones sujetándolo a los montos de los créditos presupuestarios
establecidos en el citado Presupuesto Institucional.

Artículo 7.- Contenido mínimo del plan Anual de Contrataciones
El Plan Anual de Contrataciones contendrá, por lo menos, la siguiente
información:

1. El objeto de la contratación;
2. La descripción de los bienes, servicios u obras a contratar y el
correspondiente código asignado en el Catálogo;
3. El valor estimado de la contratación;
4. El tipo de proceso que corresponde al objeto y su valor estimado, así
como la modalidad de selección;
5. La fuente de financiamiento;
6. El tipo de moneda;
7. Los niveles de centralización o desconcentración de la facultad de
contratar; y
8. La fecha prevista de la convocatoria.

El Plan Anual de Contrataciones considerará todas las contrataciones, con inde-
pendencia del tipo del proceso de selección y/o el régimen legal que las regule.
No será obligatorio incluir en el Plan Anual de Contrataciones las Adjudica-
ciones de Menor Cuantía no programables.

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Artículo 8.- Aprobación del plan Anual de Contrataciones
El Plan Anual de Contrataciones será aprobado por el Titular de la Entidad
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la aprobación del Presupuesto
Institucional y publicado por cada Entidad en el SEACE en un plazo no mayor
de cinco (5) días hábiles de aprobado, incluyendo el dispositivo o documento
de aprobación. Excepcionalmente y previa autorización del OSCE, las Entidades
que no tengan acceso a Internet en su localidad, deberán remitirlos a este
organismo por medios magnéticos, ópticos u otros que determine el OSCE,
según el caso.
La contratación de bienes, servicios y obras, con carácter de secreto, secreto militar
o por razones de orden interno, contenidos en el Decreto Supremo N° 052-2001-PCM,
están exceptuados de su difusión en el SEACE, mas no de su registro.
El Ministerio competente tendrá acceso permanente a la base de datos de
los Planes Anuales de Contrataciones registrados en el SEACE para su análisis y
difusión entre las microempresas y pequeñas empresas.
Adicionalmente, el Plan Anual de Contrataciones aprobado estará a
disposición de los interesados en el órgano encargado de las contrataciones de
la Entidad y en el portal institucional de ésta, si lo tuviere, pudiendo ser adquirido
por cualquier interesado al precio equivalente al costo de reproducción.

Artículo 9.- Modificación del plan Anual de Contrataciones
El Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado de conformidad con la
asignación presupuestal o en caso de reprogramación de las metas institucionales:
cuando se tenga que incluir o excluir procesos de selección o el valor referencial
difiera en más de veinticinco por ciento (25%) del valor estimado y ello varíe el
tipo de proceso de selección. 1
La aprobación y difusión de las modificaciones se hará en la forma prevista
en el artículo anterior.
El Titular de la Entidad evaluará semestralmente la ejecución del Plan Anual de
Contrataciones debiendo adoptar las medidas correctivas pertinentes para alcanzar
las metas y objetivos previstos en el Plan Operativo Institucional y, de corresponder,
disponer el deslinde de las responsabilidades respectivas. Ello sin perjuicio de las
evaluaciones periódicas que cada Entidad considere pertinente efectuar.

El Expediente de Contratación se inicia con el requerimiento del área usuaria.
Dicho Expediente debe contener la información referida a las características
técnicas de lo que se va a contratar, el estudio de las posibilidades que ofrece el
mercado, el valor referencial, la disponibilidad presupuestal, el tipo de proceso
de selección, la modalidad de selección, el sistema de contratación, la modalidad

1 Según Fe de Erratas publicada el 15 de enero de 2009.

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de contratación a utilizarse y la fórmula de reajuste de ser el caso.
En todos los casos en que las contrataciones estén relacionadas a la ejecución
de un proyecto de inversión pública, es responsabilidad de la Entidad:
1. Que los proyectos hayan sido declarados viables, en el marco del
Sistema Nacional de Inversión Pública.
2. Que se tomen las previsiones necesarias para que se respeten los
parámetros bajo los cuales fue declarado viable el proyecto, incluyendo
costos, cronograma, diseño u otros factores que pudieran afectar la
viabilidad del mismo.

Tratándose de obras, se adjuntará el Expediente Técnico respectivo y,
cuando corresponda, la declaratoria de viabilidad conforme al Sistema Nacional
de Inversión Pública. En la modalidad de concurso oferta no se requerirá el
Expediente Técnico, debiéndose anexar el estudio de preinversión y el informe
técnico que sustentó la declaratoria de viabilidad, conforme al Sistema Nacional
de Inversión Pública.
En el caso de obras bajo la modalidad de llave en mano, si éstas incluyen la
elaboración del Expediente Técnico, se deberá anexar el estudio de preinversión y
el informe técnico que sustentó la declaratoria de viabilidad, conforme al Sistema
Nacional de Inversión Pública.
Una vez aprobado el Expediente de Contratación, se incorporarán todas las
actuaciones que se realicen desde la designación del Comité Especial hasta la
culminación del contrato, incluyendo las ofertas no ganadoras. Debe entenderse
por ofertas no ganadoras aquellas que fueron admitidas y a las que no se les
otorgó la Buena Pro.
El órgano encargado de las contrataciones tiene a su cargo la custodia y
responsabilidad del Expediente de Contratación, salvo en el período en el que
dicha custodia esté a cargo del Comité Especial. También es responsable de remitir
el Expediente de Contratación al funcionario competente para su aprobación,
de acuerdo a sus normas de organización interna.
En el caso que un proceso de selección sea declarado desierto, la nueva
convocatoria deberá contar con una nueva aprobación del Expediente de
Contratación sólo en caso que haya sido modificado en algún extremo.
Concordancias: LCE: Artículos 7º, 12º, 32º, 42º.

Artículo 11.- Características técnicas de lo que se va a contratar
El área usuaria es la responsable de definir con precisión las características,
condiciones, cantidad y calidad de los bienes, servicios u obras que requiera
para el cumplimiento de sus funciones, debiendo desarrollar esta actividad de
acuerdo a lo indicado en el Artículo 13° de la Ley. El órgano encargado de las
contrataciones, con la autorización del área usuaria y, como producto del estudio
de las posibilidades que ofrece el mercado, podrá ajustar las características de
lo que se va a contratar.

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Para la descripción de los bienes y servicios a contratar no se hará referencia a
marcas o nombres comerciales, patentes, diseños o tipos particulares, fabricantes
determinados, ni descripción que oriente la adquisición o contratación de marca,
fabricante o tipo de producto específico. Sólo será posible solicitar una marca o tipo
de producto determinado cuando ello responda a un proceso de estandarización
debidamente sustentado, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.
En adición a lo establecido en el Artículo 13° de la Ley, serán obligatorios los
requisitos técnicos establecidos en reglamentos sectoriales dentro del ámbito
de su aplicación, siempre y cuando cuenten con el refrendo del Ministro de
Economía y Finanzas de acuerdo a lo dispuesto por los Decretos Leyes Nº 25629
y Nº 25909.
Las normas técnicas nacionales, emitidas por la Comisión competente de
Reglamentos Técnicos y Comerciales del Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, podrán ser
tomadas en cuenta para la definición de los bienes, servicios u obras que se van a
contratar mediante los procesos de selección regulados por la Ley y el Reglamento.

Artículo 12.- Estudio de posibilidades que ofrece el mercado
Sobre la base de las características técnicas definidas por el área usuaria,
el órgano encargado de las contrataciones tiene la obligación de evaluar las
posibilidades que ofrece el mercado para determinar lo siguiente:

1. El valor referencial;
2. La existencia de pluralidad de marcas y/o postores;
3. La posibilidad de distribuir la Buena Pro;
4. Información que pueda utilizarse para la determinación de los factores
de evaluación, de ser el caso;
5. La pertinencia de realizar ajustes a las características y/o condiciones
de lo que se va a contratar, de ser necesario;
6. Otros aspectos necesarios que tengan incidencia en la eficiencia de la
contratación.

A efectos de establecer el valor referencial, el estudio tomará en cuenta,
cuando exista la información y corresponda, entre otros, los siguientes
elementos: presupuestos y cotizaciones actualizados, los que deberán provenir
de personas naturales o jurídicas que se dediquen a actividades materia de
la convocatoria, incluyendo fabricantes cuando corresponda, a través de
portales y/o páginas Web, catálogos, entre otros, debiendo emplearse como
mínimo dos (2) fuentes. También tomará en cuenta cuando la información
esté disponible: precios históricos, estructuras de costos, alternativas existentes
según el nivel de comercialización, descuentos por volúmenes, disponibilidad
inmediata de ser el caso, mejoras en las condiciones de venta, garantías y otros

69


beneficios adicionales, así como también la vigencia tecnológica del objeto de
la contratación de las Entidades.

Artículo 13.- valor referencial
El valor referencial es el monto determinado por el órgano encargado de las
contrataciones, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27° de la Ley, como
resultado del estudio a que se refiere el artículo anterior.
El valor referencial se calculará incluyendo todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales respectivos conforme a
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que
pueda incidir sobre el valor de los bienes y servicios a contratar. Las cotizaciones
de los proveedores deberán incluir los mencionados componentes.
Para la determinación del valor referencial, el órgano encargado de las
contrataciones está facultado para solicitar el apoyo que requiera del área usuaria,
la que estará obligada a brindarlo bajo responsabilidad.
En el caso de los procesos de selección convocados según relación de ítems,
el valor referencial del conjunto se determinará en función a la sumatoria de los
valores referenciales de cada uno de los ítems considerados. En las Bases deberá
especificarse tanto el valor referencial de los ítems cuanto el valor referencial del
proceso de selección.
El Comité Especial puede observar el valor referencial y solicitar su revisión
o actualización al órgano encargado de las contrataciones de la Entidad, de
acuerdo con el artículo 27° de la Ley.
Cuando el valor referencial es observado por los participantes, el Comité
Especial deberá poner en conocimiento del órgano encargado de las
contrataciones para su opinión y, si fuera el caso, para que apruebe un nuevo
valor referencial, verificando que se cuente con la disponibilidad presupuestal y
poniendo en conocimiento de tal hecho al funcionario que aprobó el Expediente
de Contratación. En caso el nuevo valor referencial implique la modificación del
tipo de proceso de selección convocado éste será declarado nulo.

Artículo 14.- valor referencial para ejecución y consultoría de obras
En el caso de ejecución y consultoría de obras la determinación del valor
referencial se sujetará a lo siguiente:

1. En la contratación para la ejecución de obras, corresponderá al monto
del presupuesto de obra establecido en el Expediente Técnico. Este
presupuesto deberá detallarse considerando la identificación de las
partidas y subpartidas necesarias de acuerdo a las características de la
obra, sustentándose en análisis de precios unitarios por cada partida
y subpartida, elaborados teniendo en cuenta los insumos requeridos

70


en las cantidades y precios o tarifas que se ofrezcan en las condiciones
más competitivas en el mercado. Además, debe incluirse los gastos
generales variables y fijos, así como la utilidad.
El presupuesto de obra deberá estar suscrito por los consultores y/o
servidores públicos que participaron en su elaboración y/o aprobación,
según corresponda.
En la ejecución de obras bajo la modalidad de concurso oferta, el valor
referencial deberá determinarse teniendo en cuenta el objeto de la obra
y su alcance previsto en los estudios de preinversión que dieron lugar
a la viabilidad del correspondiente proyecto, así como el resultado del
estudio de las posibilidades de precios de mercado.
2. En el caso de consultoría de obras deberá detallarse, en condiciones
competitivas en el mercado, los honorarios del personal propuesto,
incluyendo gastos generales y la utilidad, de acuerdo a los plazos y
características definidos en los términos de referencia del servicio
requerido.

El presupuesto de obra o de la consultoría de obra deberá incluir todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los
costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier
otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el presupuesto.
Cuando el valor referencial es observado por los participantes, el Comité
Especial deberá poner en conocimiento de la unidad orgánica competente para su
opinión y, si fuera el caso, para que apruebe un nuevo valor referencial, verificando
que se cuente con la disponibilidad presupuestal y poniendo en conocimiento
de tal hecho al funcionario que aprobó el Expediente de Contratación. En caso el
nuevo valor referencial implique la modificación del tipo de proceso de selección
convocado, este será declarado nulo.

Artículo 15.- valor referencial en cobranzas o recuperaciones y en servicios
con honorarios de éxito
El valor referencial en la contratación de servicios de cobranzas o recuperaciones
deberá ser determinado aplicando el porcentaje que se fije en las Bases, sobre el
monto máximo a cobrar o recuperar. Dicho porcentaje incluye todos los conceptos
que comprende la contraprestación que le corresponde al contratista.
Para la contratación de servicios será posible considerar honorarios de éxito,
siempre y cuando éstos sean usuales en el mercado, debiendo justificarse la
necesidad y su monto a través de un informe técnico emitido por el órgano
encargado de las contrataciones de la Entidad. En caso que se considere el pago
de honorarios de éxito, el valor referencial estará conformado por la suma del
honorario fijo más el honorario de éxito. Para efectos de la inclusión de este
último en el valor referencial, se tomará en cuenta el monto máximo que la

71


Entidad pagaría como honorario de éxito.

Artículo 16.- Antigüedad del valor referencial
Para convocar a un proceso de selección, el valor referencial no podrá tener
una antigüedad mayor a los seis (6) meses, tratándose de ejecución y consultoría
de obras, ni mayor a tres (3) meses en el caso de bienes y servicios.
Para el caso de ejecución de obras que cuenten con Expediente Técnico, la
antigüedad del valor referencial se computará desde la fecha de determinación
del presupuesto de obra consignada en el Expediente Técnico.
En el caso de bienes, servicios y consultoría de obras, la antigüedad del valor
referencial se computará desde la aprobación del expediente de contratación.
Lafecha de aprobación del Expediente de Contratación deberá ser consignada
en las Bases.

Artículo 17.- publicidad o reserva del valor referencial
El valor referencial es público. Sin embargo, podrá ser reservado cuando
la naturaleza de la contratación lo haga necesario, previo informe del órgano
encargado de las contrataciones de la Entidad, el cual deberá ser aprobado por
el Titular de ésta. La reserva del valor referencial deberá ser establecida en el
Expediente de Contratación.
En los casos de reserva del valor referencial, ésta cesa cuando el Comité Especial
lo haga de conocimiento de los participantes en el acto de apertura de los sobres.
En los procesos de selección con valor referencial reservado no será de
aplicación los límites mínimos y máximos para admitir la oferta económica,
previstos en la Ley y el Reglamento.
En cualquiera de los supuestos, es obligatorio registrar el valor referencial
en el SEACE, debiendo garantizarse los mecanismos de confidencialidad en el
caso de ser reservado.

Artículo 18.- Disponibilidad presupuestal
Una vez que se determine el valor referencial de la contratación, se debe
solicitar a la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, la certificación
de disponibilidad presupuestal a fin de garantizar que se cuenta con el
crédito presupuestario suficiente para comprometer un gasto en el año fiscal
correspondiente. Para su solicitud, deberá señalarse el período de contratación
programado.
En caso que las obligaciones de pago a cargo de la Entidades se devenguen
en más de un (1) año fiscal, sea porque los contratos de las que se derivan tengan
un plazo de ejecución que exceda el año fiscal correspondiente a aquel en que
se convocó el proceso o porque dicho plazo de ejecución recién se inicia en el

72


siguiente año fiscal, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, deberá
otorgar la certificación por el año fiscal vigente, así como la constancia sobre
que el gasto a ser efectuado será considerado en la programación y formulación
del presupuesto del año fiscal que corresponda.
Al certificar la disponibilidad presupuestal solicitada, la Oficina de Presupuesto
o la que haga sus veces, deberá señalar la fuente de financiamiento, la cadena
funcional programática y del gasto y el monto al cual asciende la certificación
con las anotaciones que correspondan.

TITULO II
pROCESOS DE SELECCIÓN

CApÍTULO I
ASpECTOS GENERALES

Artículo 19.- Tipos de procesos de Selección
De conformidad con lo establecido en los artículos 15°,16º, 17º y 18° de la
Ley, son procesos de selección los siguientes:

1. Licitación Pública, que se convoca para la contratación de bienes y obras,
dentro de los márgenes que establecen las normas presupuestarias.
2. Concurso Público, que se convoca para la contratación de servicios,
dentro de los márgenes establecidos por las normas presupuestarias.
3. Adjudicación Directa, que se convoca para la contratación de bienes,
servicios y ejecución de obras, conforme a los márgenes establecidos
por las normas presupuestarias.
La Adjudicación Directa puede ser Pública o Selectiva.
La Adjudicación Directa Pública se convoca cuando el monto de la
contratación es mayor al cincuenta por ciento (50%) del límite máximo
establecido para la Adjudicación Directa en las normas presupuestarias.
En caso contrario, se convoca a Adjudicación Directa Selectiva.
4. Adjudicación de Menor Cuantía, que se convoca para:

a) La contratación de bienes, servicios y obras, cuyos montos sean infe-
riores a la décima parte del límite mínimo establecido por las normas
presupuestarias para las Licitaciones Públicas o Concursos Públicos,
según corresponda;
b) La contratación de expertos independientes para que integren los
Comités Especiales; y,

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c) Los procesos declarados desiertos, cuando corresponda de acuerdo a
lo establecido en el artículo 32° de la Ley.

Para la determinación del proceso de selección se considerará el objeto
principal de la contratación y el valor referencial establecido por la Entidad para
la contratación prevista. En el caso de contrataciones que involucren un conjunto
de prestaciones, el objeto principal del proceso de selección se determinará en
función a la prestación que represente la mayor incidencia porcentual en el costo.
En cualquier caso, los bienes o servicios que se requieran como complementarios
entre sí, se consideran incluidos en la contratación objeto del contrato.
Mediante el proceso de selección según relación de ítems, la Entidad, teniendo
en cuenta la viabilidad económica, técnica y/o administrativa de la vinculación,
podrá convocar en un solo proceso la contratación de bienes, servicios u obras
distintas pero vinculadas entre sí con montos individuales superiores a tres (3) UIT.
A cada caso les serán aplicables las reglas correspondientes al proceso principal,
con las excepciones previstas en el presente Reglamento, respetándose el objeto
y monto de cada ítem.
En el caso de declaración de desierto de uno o varios ítems, el proceso de
selección que corresponde para la segunda convocatoria será la Adjudicación
de Menor Cuantía.
Mediante el proceso de selección por paquete, la Entidad agrupa, en el
objeto del proceso, la contratación de varios bienes o servicios de igual o distinta
clase, considerando que la contratación conjunta es más eficiente que efectuar
contrataciones separadas de dichos bienes o servicios.
Las entidades preferentemente contratarán por paquete la elaboración
de los estudios de preinversión de perfil, prefactibilidad y factibilidad, según
corresponda, así como la elaboración del expediente técnico y/o estudio definitivo,
debiendo preverse en los términos de referencia que los resultados de cada nivel
de estudio sean considerados en los niveles siguientes.
Para la contratación de estudios de preinversión y elaboración de expediente
técnico y/o estudio definitivo, el área usuaria en coordinación con el órgano
encargado de las contrataciones sustentará la convocatoria de los procesos de
selección cuando tenga que realizarse por paquete, o en forma separada.2
Concordancias: LCE: Artículos 13º, 15º al 18º, 32º.

Artículo 20.- prohibición de fraccionamiento
La prohibición de fraccionamiento a que se refiere el artículo 19° de la Ley
significa que no debe dividirse una contratación para dar lugar al cambio del
tipo de proceso de selección.
La contratación de bienes o servicios de carácter permanente, cuya provisión se requiera
de manera continua o periódica se realizará por periodos no menores a un (1) año.

2 Modificado mediante Decreto Supremo Nº 021-2009-EF publicado el 01 de febrero de 2009.

74


No se considerará fraccionamiento cuando:

1. Estando acreditada la necesidad en la etapa de planificación, la Entidad
restringió la cantidad a contratar por no disponer a dicha fecha la
disponibilidad presupuestal correspondiente, situación que varía
durante la ejecución del Plan Anual de Contrataciones al contarse con
mayores créditos presupuestarios no previstos, provenientes de, entre
otros, transferencias de partidas, créditos suplementarios y recursos
públicos captados o percibidos directamente por la Entidad.
2. Con posterioridad a la aprobación del Plan Anual de Contrataciones,
surja una necesidad extraordinaria e imprevisible adicional a la
programada, la cual deberá ser atendida en su integridad a través de
una contratación, salvo que respecto de la contratación programada
aun no se haya aprobado el Expediente de Contratación.
3. Se contrate con el mismo proveedor como consecuencia de procesos de
selección con objetos contractuales distintos o en el caso que concurran
procesos de selección con contratos complementarios, exoneraciones
o con procesos bajo regímenes especiales.
4. La contratación se efectúe a través del Catálogo de Convenios Marco.
5. Se requiera propiciar la participación de las microempresas y pequeñas
empresas, en aquellos sectores donde exista oferta competitiva,
siempre que sus bienes, servicios y obras sean de la calidad necesaria
para que la Entidad se asegure el cumplimiento oportuno y los costos
sean razonables en función a las condiciones del mercado.

Artículo 21.- Modalidades Especiales de Selección
Los tipos de procesos de selección previstos en el artículo anterior, podrán
sujetarse a las modalidades especiales de Convenio Marco y Subasta Inversa, de
acuerdo a lo indicado en este Reglamento.
RLCE: Artículos 90º al 96º, 97º al 103º.

Artículo 22.- Etapas de los procesos de Selección
Los procesos de selección contendrán las etapas siguientes, salvo las
excepciones establecidas en el presente artículo:

1. Convocatoria.
2. Registro de participantes.
3. Formulación y absolución de consultas.
4. Formulación y absolución de observaciones.
5. Integración de las Bases.
6. Presentación de propuestas.

75


7. Calificación y evaluación de propuestas.
8. Otorgamiento de la Buena Pro.

En los procesos de Adjudicación Directa y Adjudicación de Menor Cuantía
para obras y consultoría de obras se fusionarán las etapas 3 y 4. Asimismo, en
los procesos de Adjudicación de Menor Cuantía para bienes y servicios no se
incluirán en el proceso las etapas 3, 4 y 5.
El incumplimiento de alguna de las disposiciones que regulan el desarrollo de
estas etapas constituye causal de nulidad de las etapas siguientes del proceso,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56° de la Ley, y lo retrotrae al
momento anterior a aquél en que se produjo dicho incumplimiento.
Los procesos de selección culminan cuando se produce alguno de los
siguientes eventos:
1. Se suscribe el contrato respectivo o se perfecciona éste.
2. Se cancela el proceso.
3. Se deja sin efecto el otorgamiento de la Buena Pro por causa imputable
a la Entidad.
4. No se suscriba el contrato por las causales establecidas en el artículo 137°.

Artículo 23.- Cómputo de plazos durante el proceso de Selección
Los plazos en los procesos de selección, desde su convocatoria hasta la
suscripción del contrato, se computan por días hábiles. Son inhábiles los días
sábado, domingo y feriados no laborables, y los declarados por el Poder Ejecutivo
o autoridades competentes. El plazo excluye el día inicial e incluye el día de
vencimiento, salvo disposición distinta establecida en el presente Reglamento.

Artículo 24.- plazos generales para procesos de Selección
En las Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, entre las fechas de
convocatoria y de presentación de propuestas no deberán mediar menos de
veintidós (22) días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación
de la convocatoria en el SEACE. Asimismo, entre la integración de las Bases y la
presentación de propuestas no podrán mediar menos de cinco (5) días hábiles,
computados a partir del día siguiente de la publicación de las Bases integradas
en el SEACE.
En las Adjudicaciones Directas mediarán no menos de diez (10) días hábiles
entre la convocatoria y la presentación de propuestas y tres (3) días hábiles entre
la integración de las bases y la presentación de las propuestas.
En las Adjudicaciones de Menor Cuantía para bienes y servicios, desde la
convocatoria hasta la fecha de presentación de las propuestas existirá un plazo
no menor de dos (2) días hábiles. En el caso de Adjudicaciones de Menor Cuantía
derivadas de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas

76


declaradas desiertas, el plazo será no menor de seis (6) días hábiles.
En las Adjudicaciones de Menor Cuantía para la consultoría de obras o
ejecución de obras, desde la convocatoria hasta la fecha de presentación de
propuestas deberán mediar no menos de seis (6) días hábiles. En el caso de
Adjudicaciones de Menor Cuantía derivadas de Licitaciones Públicas, Concursos
Públicos y Adjudicaciones Directas declaradas desiertas, el plazo será no menor
de ocho (8) días hábiles.3

Todos los actos realizados durante los procesos de selección se entenderán
notificados el mismo día de su publicación en el SEACE.
A solicitud del participante, en adición a la efectuada a través del SEACE, se
le notificará personalmente en la sede de la Entidad o a la dirección de correo
electrónico que consigne al momento de registrarse como participante.
La notificación a través del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya
utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante el permanente
seguimiento del respectivo proceso a través del SEACE.
Concordancias: RLCE: Artículos 290º, 5ta. Disposición Complementaria
final.

Artículo 26.- prórrogas o postergaciones
La prórroga o postergación de las etapas de un proceso de selección deben
registrarse en el SEACE modificando el cronograma original.
El Comité Especial comunicará dicha decisión a los participantes o postores,
según sea el caso, a través del SEACE, y simultáneamente en la propia Entidad o
al correo electrónico que hayan consignado al registrarse como participantes.

CApÍTULO II
COMITÉ ESpECIAL

El Titular de la Entidad o el funcionario a quien se hubiera delegado esta
atribución, designará por escrito a los integrantes titulares y suplentes del Comité
Especial, indicando los nombres completos y quién actuará como presidente y
cuidando que exista correspondencia entre cada miembro titular y su suplente.
La decisión será notificada a cada uno de los miembros.


77


Conjuntamente con la notificación de designación, se entregará al presidente
del Comité Especial el Expediente de Contratación aprobado y toda la información
técnica y económica necesaria que pudiera servir para cumplir el encargo.
Una vez recibida la documentación señalada en el párrafo anterior, el
presidente del Comité Especial, a más tardar al día siguiente hábil de recibida,
deberá convocar a los demás miembros para la instalación respectiva, dejando
constancia en actas.
El Comité Especial elaborará las Bases y las elevará para la aprobación de la
autoridad competente. Luego de aprobadas, el Comité Especial dispondrá la
convocatoria del proceso.
Durante el desempeño de su encargo, el Comité Especial está facultado para
solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la
Entidad, las que estarán obligadas a brindarlo bajo responsabilidad.
Los acuerdos que adopte el Comité Especial deberán constar en actas, cuyas
copias deberán incorporarse al Expediente de Contratación.
Para tal efecto, toda Entidad contará con un libro de actas de Licitaciones
Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas, o con un libro de actas
por cada tipo de proceso de selección, debidamente foliado y legalizado, el
mismo que podrá ser llevado en hojas mecanizadas. Facultativamente, también
podrá incluir las actas de las Adjudicaciones de Menor Cuantía o contar con un
libro de actas para este tipo de procesos de selección. El órgano encargado de
las contrataciones será el responsable de la custodia de los indicados libros.

Artículo 28.- participación de expertos independientes
Los expertos independientes podrán ser personas jurídicas o naturales. En el
caso que se designe como experto independiente a una persona jurídica del sector
privado, ésta deberá tener como giro principal de su negocio aquél vinculado
con el objeto de la convocatoria, debiendo además designar a la persona natural
que la representará dentro del Comité Especial.
Podrán ser invitados expertos independientes que provengan de otras
Entidades del sector público. Para estos efectos, será necesaria la autorización
del Titular de la Entidad de la que provenga el experto independiente.
El experto independiente deberá guardar confidencialidad respecto de toda
la información a que tenga acceso con ocasión del servicio.

Artículo 29.- Impedimentos para ser miembro del Comité Especial
Se encuentran impedidos de formar parte de un Comité Especial:

1. El Titular de la Entidad.
2. Todos los funcionarios que tengan atribuciones de control o fiscalización
tales como regidores, consejeros regionales, directores de empresas,

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auditores, entre otros, salvo que el Órgano de Control Institucional de
la Entidad sea el área usuaria.
3. Los funcionarios que por delegación hayan aprobado el Expediente
de Contratación, designado el Comité Especial, aprobado las Bases o
tengan facultades para resolver el recurso de apelación.
4. Los funcionarios o servidores que hayan sido sancionados por su
actuación como integrantes de un Comité Especial, mediante decisión
debidamente motivada y consentida o administrativamente firme, con
suspensión o cese temporal, mientras se encuentre vigente; o hayan
sido sancionados con destitución o despido. Si la sanción a un miembro
del Comité Especial es impuesta luego de ser designado, dejará de ser
integrante de dicho Comité.

En el caso del inciso 3), el impedimento se circunscribe al proceso de
contratación a que se refieren las delegaciones en él señaladas.

Artículo 30.- Comité Especial permanente
Tratándose de Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía,
podrá designarse uno o más Comités Especiales Permanentes para objetos
de contrataciones afines, excepto en el caso de procesos derivados de una
declaratoria de desierto, los que serán conducidos por el mismo Comité Especial
designado inicialmente.
En la conformación del Comité Especial Permanente sólo será exigible
que uno de sus integrantes sea representante del órgano encargado de las
contrataciones.

Artículo 31.- Competencias
El Comité Especial conducirá el proceso encargándose de su organización,
conducción y ejecución, desde la preparación de las Bases hasta la culminación
del proceso. El Comité Especial es competente para:

1. Consultar los alcances de la información proporcionada en el
Expediente de Contratación y sugerir, de ser el caso, las modificaciones
que considere pertinentes. Cualquier modificación requerirá contar
previamente con la conformidad del área usuaria y/o del órgano
encargado de las contrataciones, según corresponda. La modificación
requerirá una nueva aprobación del Expediente de Contratación.
2. Elaborar las Bases.
3. Convocar el proceso.
4. Absolver las consultas y observaciones.
5. Integrar las Bases.
6. Evaluar las propuestas.

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7. Adjudicar la Buena Pro.
8. Declarar desierto.
9. Todo acto necesario para el desarrollo del proceso de selección hasta
el consentimiento de la Buena Pro.

El Comité Especial no podrá de oficio modificar las Bases aprobadas.

Artículo 32.- Quórum y acuerdos
Para sesionar y adoptar acuerdos válidos, el Comité Especial se sujetará a las
siguientes reglas:

1. El quórum para el funcionamiento del Comité Especial se da con la
presencia del número total de miembros titulares. En caso de ausencia
de alguno de éstos, se procederá conforme a lo dispuesto en los
artículos 33° y 34°.
2. Los acuerdos se adoptan por unanimidad o por mayoría. No cabe la
abstención por parte de ninguno de los miembros.

Los actos del Comité Especial constan en actas que, debidamente suscritas,
quedan en poder de la Entidad. La fundamentación de los acuerdos y de los
votos discrepantes se hará constar en el acta.

Artículo 33.- Intervención de los miembros suplentes
En caso de ausencia de un titular, éste deberá ser reemplazado por su
correspondiente suplente, respetándose la conformación establecida en el
artículo 24º de la Ley, salvo lo establecido en el artículo 30°.
La Entidad evaluará el motivo de la ausencia del titular, a efectos de determinar
responsabilidad, si la hubiere, sin que ello impida la participación del suplente.
Una vez que el miembro titular ha sido reemplazado por el suplente, aquél
podrá reincorporarse como miembro suplente al Comité Especial, previa
autorización a partir de la evaluación señalada en el párrafo anterior.

Artículo 34.- Responsabilidad, remoción e irrenunciabilidad
El Comité Especial actúa en forma colegiada y es autónomo en sus
decisiones, las cuales no requieren ratificación alguna por parte de la Entidad.
Todos los miembros del Comité Especial gozan de las mismas facultades, no
existiendo jerarquía entre ellos. Sus integrantes son solidariamente responsables
por su actuación, salvo el caso de aquellos que hayan señalado en el acta
correspondiente su voto discrepante.
Los integrantes del Comité Especial sólo podrán ser removidos por caso fortuito
o fuerza mayor, o por cese en el servicio, mediante documento debidamente

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motivado. En el mismo documento podrá designarse al nuevo integrante.
Los integrantes del Comité Especial no podrán renunciar al cargo encomendado.

CApÍTULO III
bASES

Artículo 35.- Aprobación
Las Bases de los procesos de selección serán aprobadas por el Titular de
la Entidad, el mismo que podrá delegar expresamente y por escrito dicha
función.
La aprobación de las Bases debe ser por escrito, ya sea mediante resolución,
acuerdo o algún otro documento en el que exprese de manera indubitable la
voluntad de aprobación. En ningún caso esta aprobación podrá ser realizada
por el Comité Especial o el órgano a cargo del proceso de selección.
Para la aprobación, los originales de las Bases deberán estar visados en todas
sus páginas por los miembros del Comité Especial o el órgano a cargo del proceso
de selección, según corresponda.
Las Entidades utilizarán obligatoriamente las Bases estandarizadas que
aprobará el OSCE y divulgará a través del SEACE.

Artículo 36.- Acceso a las bases
Todo proveedor, sin restricciones ni pago de derechos, puede tener acceso
a las Bases de un proceso de selección a través del SEACE. En caso opten por
solicitar copia directamente a la Entidad, abonarán el costo de reproducción
correspondiente.

Artículo 37.- prepublicación
Las Bases aprobadas de los procesos de selección podrán ser prepublicadas
en el SEACE y en el portal institucional de la Entidad convocante.
Lo anteriormente dispuesto no representa una etapa adicional a las definidas
en cada uno de los procesos de selección, por lo que cualquier consulta u
observación respecto del contenido de las Bases sólo podrán efectuarse en la
etapa correspondiente del proceso.

Artículo 38.- Estandarización de las bases
De acuerdo a lo establecido en el Articulo 26° de la Ley, el OSCE aprobará Bases
Estandarizadas para facilitar el monitoreo y procesamiento de las contrataciones.
Para tal fin las Bases tendrán una sección general y una sección especifica. La
sección general contendrá disposiciones comunes a todos los procesos incluyendo

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las bases administrativas y el contrato respectivo. La sección específica contendrá
un conjunto de anexos específicos para cada proceso que serán preparadas por
la Entidad.
El OSCE aprobara como mínimo Bases Estandarizadas para los siguientes procesos:

1. Contratación de bienes por licitación publica
2. Contratación de suministros por licitación publica
3. Contratación de obras por licitación publica
4. Contratación de servicios por concurso publico
5. Contratación de bienes por adjudicación directa pública
6. Contratación de suministros por adjudicación directa pública
7. Contratación de obras por adjudicación directa pública
8. Contratación de servicios por adjudicación directa pública
9. Contratación de bienes por adjudicación directa selectiva
10. Contratación de suministros por adjudicación directa selectiva
11. Contratación de obras por adjudicación directa selectiva
12. Contratación de servicios por adjudicación directa selectiva
13. Contratación de bienes por adjudicación de menor cuantía
14. Contratación de suministros por adjudicación de menor cuantía
15. Contratación de obras por adjudicación de menor cuantía
16. Contratación de servicios por adjudicación de menor cuantía
RLCE: 4ta. Disposición Complementaria Transitoria.

Artículo 39.- Contenido mínimo
El Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según
corresponda, elaborará las Bases del proceso de selección a su cargo, conforme
a lo establecido en el artículo anterior y la información técnica y económica
contenida en el Expediente de Contratación.
Las Bases de los procesos de selección deberán contener las condiciones
mínimas señaladas en el artículo 26° de la Ley. En el caso de las Adjudicaciones
de Menor Cuantía para bienes y servicios, las bases deberán contener las
condiciones establecidas en los literales a), b), d), e), f), g), i) y k) del citado
artículo de la Ley.
De conformidad con el artículo 33° de la Ley, las Bases deberán consignar, en
el caso de los procesos para la ejecución de obras, el monto máximo admisible
de la propuesta económica, el cual será el ciento diez por ciento (110%) del
valor referencial; y para el caso de los procesos de ejecución y consultoría de
obras, el monto mínimo admisible, el cual será el noventa por ciento (90%) del
valor referencial.
Para tal efecto, los límites del valor referencial se calcularán considerando
dos (2) decimales. Para ello, si el límite inferior del valor referencial tiene más de
dos (2) decimales, se aumentará en un dígito el valor del segundo decimal. En el

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caso del límite superior del valor referencial, se consignará el valor del segundo
decimal, sin efectuar redondeo.
Las Bases deben especificar la moneda o monedas en que se expresarán las
propuestas.
En el caso de procesos de ejecución de obras, las Bases establecerán el
requisito de calificación previa de postores, siempre que el valor referencial del
proceso de selección sea igual o superior a veinticinco mil Unidades Impositivas
Tributarias (25,000 UIT).
En estos procesos de selección sólo podrán presentar propuestas técnica y
económica aquellos postores que hayan sido aprobados en la etapa de calificación
previa. Las Bases establecerán el plazo de esta etapa.
Las Bases deberán indicar las condiciones especiales, criterios y factores a
considerar en la calificación previa en la que sólo cabe evaluar a los postores
con el fin de determinar su capacidad y/o solvencia técnica y económica, su
experiencia en la actividad y en la ejecución de prestaciones similares y, de ser
el caso, en equipamiento y/o infraestructura física y de soporte en relación con
la obra por contratar.
El OSCE emitirá una directiva que establezca las normas complementarias para la
calificación previa. Las controversias que surjan sobre la calificación previa se tramitan
de conformidad con el Capítulo XII del Título II del presente Reglamento.
El plazo de ejecución contractual y el plazo de entrega máximo serán los
indicados en el Expediente de Contratación, los cuales serán recogidos en las
Bases, constituyendo requerimientos técnicos de obligatorio cumplimiento.

Artículo 40.- Sistemas de Contratación
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 26°, inciso e) de la Ley, las bases
incluirán la definición del sistema de contratación.4
Los sistemas de contratación son:
1. Sistema a suma alzada, aplicable cuando las cantidades, magnitudes
y calidades de la prestación estén totalmente definidas en las
especificaciones técnicas, en los términos de referencia o, en el caso
de obras, en los planos y especificaciones técnicas respectivas. El
postor formulará su propuesta por un monto fijo integral y por un
determinado plazo de ejecución.
Tratándose de obras, el postor formulará dicha propuesta considerando
los trabajos que resulten necesarios para el cumplimiento de la
prestación requerida según los planos, especificaciones técnicas,
memoria descriptiva y presupuesto de obra que forman parte del
Expediente Técnico, en ese orden de prelación; considerándose que
el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe


83


presentar para la suscripción del contrato, es referencial.
2. Sistema de precios unitarios, tarifas o porcentajes, aplicable cuando
la naturaleza de la prestación no permita conocer con exactitud o
precisión las cantidades o magnitudes requeridas.
En este sistema, el postor formulará su propuesta ofertando precios
unitarios, tarifas o porcentajes en función de las partidas o cantidades
referenciales contenidas en las Bases y que se valorizan en relación a
su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.
En el caso de obras, el postor formulará su propuesta ofertando
precios unitarios considerando las partidas contenidas en las Bases,
las condiciones previstas en los planos y especificaciones técnicas, y las
cantidades referenciales, y que se valorizan en relación a su ejecución
real y por un determinado plazo de ejecución.
3. Esquema mixto de Suma Alzada y Precios Unitarios, al que podrán optar
las Entidades si en el Expediente Técnico uno o varios componentes
técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con
precisión, los que podrán ser contratados bajo el sistema de precios
unitarios, en tanto, los componentes cuyas cantidades y magnitudes
estén totalmente definidas en el Expediente Técnico, serán contratados
bajo el sistema de suma alzada.5

Artículo 41.- Modalidades de Ejecución Contractual
Cuando se trate de bienes u obras, las bases indicarán la modalidad en que
se realizará la ejecución del contrato, pudiendo ésta ser:

1. Llave en mano: Si el postor debe ofertar en conjunto la construcción,
equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de determinada
obra, y de ser el caso la elaboración del Expediente Técnico. En el
caso de contratación de bienes el postor oferta, además de éstos, su
instalación y puesta en funcionamiento.
2. Concurso oferta: Si el postor debe ofertar la elaboración del Expediente
Técnico, ejecución de la obra y, de ser el caso el terreno. Esta modalidad sólo
podrá aplicarse en la ejecución de obras que se convoquen bajo el sistema a
suma alzada y siempre que el valor referencial corresponda a una Licitación
Pública. Para la ejecución de la obra es requisito previo la presentación y
aprobación del Expediente Técnico por el íntegro de la obra.

En el caso de obras convocadas bajo las modalidades anteriores, en que deba
elaborarse el Expediente Técnico y efectuarse la ejecución de la obra, el postor
deberá acreditar su inscripción en el RNP como ejecutor de obras y consultor de


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obras. Dicha acreditación podrá ser realizada de manera individual o mediante
la conformación de un consorcio.

Artículo 42.- Especificación del Contenido de los sobres de propuesta
Las bases establecerán el contenido de los sobres de propuesta para los
procesos de selección. El contenido mínimo será el siguiente:

1. Propuesta Técnica:
a) Documentación de presentación obligatoria
i. Copia simple del certificado o constancia de inscripción vigente
en el registro correspondiente del Registro Nacional de
Proveedores-RNP.
ii. Declaración jurada simple declarando que:
a. No tiene impedimento para participar en el proceso de
selección ni para contratar con el Estado, conforme al
artículo 10° de la Ley;
b. Conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y
procedimientos del proceso de selección;
c. Es responsable de la veracidad de los documentos e
información que presenta para efectos del proceso;
d. Se compromete a mantener su oferta durante el proceso
de selección y a suscribir el contrato en caso de resultar
favorecido con la Buena Pro; y
e. Conoce las sanciones contenidas en la Ley y su Reglamento,
así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.
iii. Declaración jurada y/o documentación que acredite el
cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos.
iv. Promesa de consorcio, de ser el caso, consignando los
integrantes, el representante común, el domicilio común y el
porcentaje de participación. La promesa formal de consorcio
deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes. En caso
de no establecerse en las bases o en la promesa formal de
consorcio las obligaciones, se presumirá que los integrantes del
consorcio ejecutarán conjuntamente el objeto de convocatoria,
por lo cual cada uno de sus integrantes deberá cumplir con los
requisitos exigidos en las Bases del proceso.
Se presume que el representante común del consorcio se encuen-
tra facultado para actuar en nombre y representación del mismo
en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y
ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

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b) Documentación de presentación facultativa
i. Certificado de inscripción o reinscripción en el Registro de la
Micro y Pequeña Empresa-REMYPE, de ser el caso.
ii. Documentación relativa a los factores de evaluación, de así
considerarlo el postor.

2. Propuesta Económica:
a) Oferta económica y el detalle de precios unitarios cuando este
sistema haya sido establecido en las Bases.
b) Garantía de seriedad de oferta, cuando corresponda.

Artículo 43.- Método de evaluación de propuestas
Las Bases deberán especificar los factores de evaluación, precisando los
criterios que se emplearán para su aplicación, así como los puntajes, la forma
de asignación de éstos a cada postor y la documentación sustentatoria para la
asignación de éstos.
El Comité Especial determinará los factores de evaluación técnicos a ser
utilizados, los que deberán ser objetivos y congruentes con el objeto de la
convocatoria, debiendo sujetarse a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
Se podrá calificar aquello que supere o mejore el requerimiento mínimo, siempre
que no desnaturalice el requerimiento efectuado.
El único factor de evaluación económica es el monto total de la oferta.

Artículo 44.- factores de evaluación para la contratación de bienes
1. En caso de contratación de bienes podrán considerarse los siguientes factores
de evaluación de la propuesta técnica, según corresponda al tipo del bien,
su naturaleza, finalidad, funcionalidad y a la necesidad de la Entidad:
a) El plazo de entrega.
b) La garantía comercial del postor y/o del fabricante.
c) La disponibilidad de servicios y repuestos.
d) La capacitación del personal de la Entidad.
e) Mejoras a las características técnicas de los bienes y a las
condiciones previstas en las Bases, que no generen costo adicional
para la Entidad. Las Bases deberán precisar aquellos aspectos que
serán considerados como mejoras.
f) La experiencia del postor, la cual se calificará considerando el
monto facturado acumulado por el postor durante un período
determinado de hasta ocho (8) años a la fecha de la presentación
de propuestas, por un monto máximo acumulado de hasta cinco
(5) veces el valor referencial de la contratación o ítem materia de

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la convocatoria, sin que las Bases puedan establecer limitaciones
referidas a la cantidad, monto o a la duración de cada contratación
que se pretenda acreditar.
La experiencia se acreditará con un máximo de veinte (20)
contrataciones, sin importar el número de documentos que las
sustenten. Tal experiencia se acreditará mediante contratos y su
respectiva conformidad por la venta o suministro efectuados o
mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite
documental y fehacientemente. En el caso de suministro de bienes,
sólo se considerará la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha
de presentación de propuestas, debiendo adjuntar la conformidad
de la misma o acreditar su pago.
En las Bases deberá señalarse los bienes, iguales y similares, cuya
venta o suministro servirá para acreditar la experiencia del postor.
g) Cumplimiento de la prestación, el cual se evaluará en función al
número de certificados o constancias que acrediten que aquél se
efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo
ser mayor de veinte (20) contrataciones. Tales certificados
o constancias deben referirse a todos los contratos que se
presentaron para acreditar la experiencia del postor. En el caso de
suministro de bienes, se evaluarán los certificados o constancias
emitidos respecto de la parte del contrato ejecutado.

Asimismo, el Comité Especial podrá establecer otros factores de evaluación.

2. El único factor de evaluación de la propuesta económica será el monto total in-
dicado en la misma y, en su caso, el monto total de cada ítem, paquete o lote.6

Artículo 45.- factores de evaluación para la contratación de servicios en general
1. En caso de contratación de servicios en general deberá considerarse
como factor referido al postor la experiencia, en la que se calificará
la ejecución de servicios en la actividad y/o en la especialidad,
considerando el monto facturado acumulado por el postor durante
un período determinado de hasta ocho (8) años a la fecha de la
presentación de propuestas, por un monto máximo acumulado de
hasta cinco (5) veces el valor referencial de la contratación o ítem
materia de la convocatoria.
Se acreditará mediante contratos y la respectiva conformidad por
la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya
cancelación se acredite documental y fehacientemente, con un máximo


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de diez (10) servicios en cada caso, prestados a uno o más clientes, sin
establecer limitaciones por el monto o el tiempo de cada servicio que
se pretenda acreditar. En el caso de servicios de ejecución periódica,
sólo se considerará la parte que haya sido ejecutada hasta la fecha de
presentación de propuestas, debiendo adjuntar la conformidad de la
misma o acreditar su pago.
En las Bases deberá señalarse los servicios, iguales y/o similares, cuya
prestación servirá para acreditar la experiencia del postor.
El servicio presentado para acreditar la experiencia en la especialidad
sirve para acreditar la experiencia en la actividad.
2. Adicionalmente, podrán considerarse los siguientes factores de
evaluación de la propuesta técnica, según corresponda al tipo del
servicio, su naturaleza, finalidad y a la necesidad de la Entidad:

a) Cumplimiento del servicio, el cual se evaluará en función al
número de certificados o constancias que acrediten que aquél se
efectuó sin que se haya incurrido en penalidades, no pudiendo
ser mayor de diez (10) servicios. Tales certificados o constancias
deberán referirse a los servicios que se presentaron para acreditar
la experiencia del postor.
b) Personal propuesto para la prestación del servicio, el cual
se evaluará por el tiempo de experiencia en la especialidad
del personal propuesto para la ejecución del servicio, que se
acreditará con constancias o certificados.
c) Mejoras a las condiciones previstas. Las Bases deberán precisar
aquellos aspectos que serán considerados como mejoras.
d) Otros factores referidos al objeto de la convocatoria tales como
equipamiento, infraestructura, siempre y cuando cumplan con
lo dispuesto en el artículo 43°.

En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que
acredite como tal, podrá acreditarla también como personal propuesto para el
servicio, si fuera el caso.
3. El único factor de evaluación de la propuesta económica será el monto
total indicado en la misma y, en su caso, el monto total de cada ítem.7

Artículo 46.- factores de evaluación para la contratación de servicios de consultoría

1. En caso de contratación de servicios de consultoría deberán considerarse
los siguientes factores de evaluación:


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a) Experiencia

a.1) La experiencia en la actividad se calificará considerando el
determinado de hasta quince (15) años a la fecha de la
presentación de propuestas, por un monto acumulado de hasta
cinco (5) veces el valor referencial de la contratación o ítem materia
de la convocatoria. Tales experiencias se acreditarán mediante
contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada
o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite
documental y fehacientemente, con un máximo de diez (10)
servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones
por el monto o el tiempo del servicio ejecutado.
a.2) La experiencia en la especialidad se calificará considerando el
determinado de hasta diez (10) años a la fecha de la presentación
de propuestas, por un monto máximo acumulado de hasta dos
(2) veces el valor referencial de la contratación o ítem materia
de la convocatoria. Tales experiencias se acreditarán mediante
contratos y su respectiva conformidad por la prestación efectuada
o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite
documental y fehacientemente, con un máximo de diez (10)
servicios prestados a uno o más clientes, sin establecer limitaciones
por el monto o el tiempo del servicio ejecutado. En las Bases deberá
señalarse los servicios cuya prestación servirá para acreditar la
experiencia del postor.
El servicio presentado para acreditar la experiencia en la
especialidad sirve para acreditar la experiencia en la actividad.

b) Experiencia y calificaciones del personal propuesto para la prestación
del servicio: El tiempo de experiencia en la especialidad y las
calificaciones del personal se acreditará con constancias o certificados.
Las Bases establecerán los requisitos de conformación y permanencia
del personal propuesto.
c) Mejoras a las condiciones previstas. Las Bases deberán precisar
aquellos aspectos que serán considerados como mejoras.
d) Objeto de la convocatoria, en el que se calificará, entre otros, la presentación
del plan de trabajo, metodología, equipamiento e infraestructura, siempre
y cuando cumplan con lo dispuesto en el artículo 43°.
En el supuesto que el postor fuera una persona natural, la experiencia que
acredite como tal, podrá acreditarla también como personal propuesto para el
servicio, si fuera el caso.

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2. Adicionalmente, podrá considerarse como factor de evaluación de
la propuesta técnica el cumplimiento del servicio por el postor. Éste
se evaluará en función al número de certificados o constancias que
acrediten que aquél se efectuó sin que se haya incurrido en penalida-
des, no pudiendo ser mayor de diez (10) servicios. Tales certificados o
constancias deberán referirse a los servicios que se presentaron para
acreditar la experiencia del postor.
3. Las Bases deberán establecer los siguientes márgenes de puntaje para
los factores de evaluación:

3.1. Experiencia: De 20 a 25 puntos, puntaje que deberá incluir el que
corresponda a la experiencia en la actividad, en la especialidad
y al cumplimiento del servicio, cuando éste último se haya incor-
porado como factor de evaluación.
3.2. Personal propuesto para la prestación del servicio: De 30 a 35
puntos.
3.3. Mejoras a las condiciones previstas en las Bases: De 15 a 20
puntos.
3.4. Objeto de la convocatoria: De 25 a 30 puntos.

total de la oferta y, en su caso, el monto total de cada ítem.8

Artículo 47.- factores de evaluación para la contratación de obras

1. Para la contratación de obras que correspondan a Adjudicaciones
Directas Selectivas y Adjudicaciones de Menor Cuantía no se
establecerán factores técnicos de evaluación, sólo se evaluará la
propuesta económica de aquellos postores cuya propuesta cumpla
con lo señalado en el expediente técnico.
2. En las obras que correspondan a Licitaciones Públicas y Adjudicaciones
Directas Públicas deberán considerarse los siguientes factores de
evaluación de la propuesta técnica:

a) Experiencia en obras en general ejecutadas hasta en los últimos
diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un
monto acumulado equivalente de hasta cinco (5) veces el valor
referencial de la obra materia de la convocatoria.
b) Experiencia de obras similares ejecutadas hasta en los últimos
diez (10) años a la fecha de presentación de propuestas, por un


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máximo acumulado equivalente al valor referencial de la obra
materia de la convocatoria, siendo el valor mínimo de cada obra
similar al quince por ciento (15%) del valor referencial. En las Bases
deberá señalarse las obras similares que servirán para acreditar la
experiencia del postor.
La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares
sirve para acreditar la experiencia en obras en general.
c) Experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto, las
que serán establecidas en forma objetiva en las Bases, las cuales
establecerán los requisitos de conformación y permanencia del
personal profesional propuesto.
d) Cumplimiento de ejecución de obras, el cual se evaluará en función
al número de certificados o constancias que acrediten que aquella
se efectuó y liquidó sin que se haya incurrido en penalidades, no
pudiendo ser mayor de diez (10) contratos de obras en general
y/o similares. Estos certificados o constancias deben referirse a
las obras que se presentaron para acreditar la experiencia del
postor.
La experiencia del postor se acreditará con copias simples de
contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad.

En los casos de contratación de obras bajo las modalidades por el alcance del
contrato, las Bases incluirán, además, factores que permitan evaluar la calidad
de las soluciones técnicas de diseño, de equipamiento o similares ofertadas
por el postor.
El plazo de ejecución, al ser un requerimiento técnico mínimo, no podrá ser
considerado como factor de evaluación.
3. Las Bases deberán considerar los siguientes márgenes de puntaje
para los factores de evaluación:
3.1 Experiencia en obras en general: De 15 a 20 puntos.
3.2 Experiencia en obras similares: De 30 a 35 puntos.
3.3 Experiencia y calificaciones de personal profesional: De 30 a
35 puntos.
3.4 Cumplimiento de ejecución de obras: De 15 a 20 puntos.
total de la oferta.9

Artículo 48.- Acreditación de la experiencia del Consorcio
En la evaluación técnica de la propuesta, el consorcio podrá acreditar como
experiencia la sumatoria de los montos facturados de aquellos integrantes


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que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente el objeto materia
de la convocatoria.

Artículo 49.- fórmulas de reajuste
1. En los casos de contratos de tracto sucesivo o de ejecución periódica
o continuada de bienes o servicios, pactados en moneda nacional,
las Bases podrán considerar fórmulas de reajuste de los pagos que
corresponden al contratista, conforme a la variación del Índice
de Precios al Consumidor que establece el Instituto Nacional de
Estadística e Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe
efectuarse el pago.
Cuando se trate de bienes sujetos a cotización internacional o cuyo
precio esté influido por ésta, no se aplicará la limitación del Índice de
Precios al Consumidor a que se refiere el párrafo precedente.
2. En el caso de contratos de obras pactados en moneda nacional, las
Bases establecerán las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que
se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones serán
ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste
“K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas,
los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, correspondiente
al mes en que debe ser pagada la valorización.
Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas
se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.
3. En el caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda
nacional, los pagos estarán sujetos a reajuste por aplicación de
fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, las cuales
deberán estar previstas en las Bases. Para tal efecto, el consultor
calculará y consignará en sus facturas el monto resultante de la
aplicación de dichas fórmulas, cuyas variaciones serán mensuales,
hasta la fecha de pago prevista en el contrato respectivo, utilizando
los Índices de Precios al Consumidor publicados por el Instituto
Nacional de Estadística e Informática - INEI a la fecha de facturación.
Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió
efectuarse el pago, se realizarán las regularizaciones necesarias.
4. No son de aplicación las fórmulas de reajuste cuando las Bases
establezcan que las propuestas se expresen en moneda extranjera,
salvo el caso de los bienes sujetos a cotización internacional o cuyo
precio esté influido por ésta.

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CApÍTULO Iv
CONvOCATORIA, REGISTRO, CONSULTAS Y ObSERvACIONES A LAS bASES

Artículo 50.- Convocatoria
La convocatoria de todo proceso de selección deberá contener obligatoriamente
lo siguiente:

1. La identificación, domicilio y RUC de la Entidad que convoca.
2. La identificación del proceso de selección.
3. La indicación de la modalidad de selección, de ser el caso.
4. La descripción básica del objeto del proceso.
5. El valor referencial.
6. El lugar y la forma en que se realizará la inscripción o registro de
participantes.
7. El costo del derecho de participación.
8. El calendario del proceso de selección.
9. El plazo de entrega requerido o de ejecución del contrato.
10. La indicación de los instrumentos internacionales bajo cuyos alcances
se encuentra cubierto el proceso de selección, de ser el caso.

El OSCE será el responsable de incluir en el SEACE la información señalada en el
inciso 10. Asimismo, para todos aquellos procesos de selección que se encuentren
bajo la cobertura de uno o más instrumentos internacionales, el OSCE se encargará
de elaborar y publicar una versión en idioma inglés de la convocatoria.

Artículo 51.- publicación en el SEACE
La convocatoria de las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y
Adjudicaciones Directas se realizará a través de su publicación en el SEACE,
oportunidad en la que se deberán publicar las Bases y un resumen ejecutivo del
estudio de posibilidades que ofrece el mercado, bajo sanción de nulidad.
El Ministerio competente tendrá acceso permanente a la información de
los procesos de selección registrados en el SEACE para su difusión entre las
microempresas y pequeñas empresas.
Las Entidades podrán utilizar, adicionalmente, otros medios a fin de que los
proveedores puedan tener conocimiento de la convocatoria del proceso de selección.
La convocatoria a un proceso de Adjudicación de Menor Cuantía se realiza a través
de su publicación en el SEACE, oportunidad en la que deberá publicarse las Bases, sin
perjuicio de las invitaciones que se pueda cursar a uno (1) o más proveedores, según
corresponda, en atención a la oportunidad, al monto, a la complejidad, envergadura
o sofisticación de la contratación, bajo sanción de nulidad.
RLCE: Artículos 287º, 6ta. Disposición Complementaria
Transitoria.

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Artículo 52.- Registro de participantes
La persona natural o jurídica que desee participar en un proceso de selección,
deberá registrarse como participante conforme a las reglas establecidas en
las Bases, para cuyo efecto acreditará estar con inscripción vigente en el RNP
conforme al objeto contractual. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción
en el RNP y que no se encuentre inhabilitado para contratar con el Estado.
El participante se registrará previo pago de un derecho, cuyo monto no podrá
ser mayor al costo de reproducción de las Bases. En las Adjudicaciones de Menor
Cuantía para bienes o servicios, el registro como participante será gratuito.
La Entidad tendrá la obligación de entregar al participante, por cualquier medio y
en el mismo día de su registro, la respectiva constancia o comprobante de registro.
En caso solicite que, adicionalmente, se le notifique electrónicamente, deberá
consignar una dirección de correo electrónico y mantenerla activa, a efecto de las
notificaciones que deban realizarse, conforme a lo previsto en el Reglamento.
La persona que se registra como participante se adhiere al proceso de selección
en el estado en que éste se encuentre.

Artículo 53.- Oportunidad del registro
El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la
convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las
Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se
registre uno (1) de sus integrantes.
En el caso de Adjudicaciones de Menor Cuantía para bienes y servicios, el registro
de participantes deberá hacerse efectivo antes de la presentación de propuestas.
Concordancia: Comunicado Nº 001-2009-OSCE/pRE

Artículo 54.- formulación y absolución de consultas
A través de consultas, los participantes podrán solicitar la aclaración de
cualquiera de los extremos de las Bases, o plantear solicitudes respecto a ellas.
El Comité Especial absolverá las consultas mediante un pliego absolutorio, debidamente
fundamentado, el que deberá contener la identificación de cada participante que las
formuló, las consultas presentadas y la respuesta para cada una de ellas.
El mencionado pliego deberá ser notificado a través del SEACE y a los correos
electrónicos de los participantes, de ser el caso.
Las respuestas se consideran como parte integrante de las Bases y del contrato.

Artículo 55.- plazos para formulación y absolución de Consultas
El Comité Especial recibirá las consultas por un período mínimo de cinco (5)
días hábiles contados desde el día siguiente de la convocatoria para Licitaciones
y Concursos Públicos. El período mínimo será de tres (3) días hábiles para
Adjudicaciones Directas y de dos (2) días hábiles para Adjudicaciones de Menor

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Cuantía para obras y consultoría de obras.
El plazo para la absolución y su respectiva notificación a través del SEACE y
a los correos electrónicos de los participantes, de ser el caso, no podrá exceder
de cinco (5) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las
consultas en el caso de Licitaciones y Concursos Públicos. Para Adjudicaciones
Directas no podrá exceder de tres (3) días hábiles y para Adjudicaciones de Menor
Cuantía para obras y consultoría de obras de dos (2) días hábiles.10

Artículo 56.- formulación y absolución de observaciones a las bases
Mediante escrito debidamente fundamentado, los participantes podrán
formular observaciones a las Bases, las que deberán versar sobre el incumplimiento
de las condiciones mínimas a que se refiere el artículo 26° de la Ley, de
cualquier disposición en materia de contrataciones del Estado u otras normas
complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.
El Comité Especial deberá absolverlas de manera fundamentada y sustentada,
sea que las acoja, las acoja parcialmente o no las acoja, mediante un pliego
absolutorio que deberá contener la identificación de cada observante y la
respuesta del Comité Especial para cada observación presentada.
El mencionado pliego deberá ser notificado a través del SEACE en la sede de
la Entidad y a los correos electrónicos de los participantes, de ser el caso.

Artículo 57.- plazos para formulación y absolución de observaciones
En Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, las observaciones a las Bases
serán presentadas dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber
finalizado el término para la absolución de las consultas. El Comité Especial
notificará la absolución a través del SEACE y a los correos electrónicos de los
participantes, de ser el caso, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde
el vencimiento del plazo para recibir las observaciones.
En Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía para ejecución
y consultoría de obras, las observaciones serán presentadas y absueltas en forma
simultánea a la presentación de las consultas.11

Artículo 58.- Elevación de observaciones
El plazo para solicitar la elevación de observaciones al Titular de la Entidad
y al OSCE, según corresponda, en los casos y dentro de los límites establecidos
en el Artículo 28° de la Ley es de tres (3) días hábiles, computados desde el día
siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE. Dicha opción
no sólo se originará cuando las observaciones formuladas no sean acogidas
por el Comité Especial, sino, además, cuando el observante considere que el


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acogimiento declarado por el Comité Especial continúa siendo contrario a lo
dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa
sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que
tengan relación con el proceso de selección.
Igualmente, cualquier otro participante que se hubiere registrado como tal
antes del vencimiento del plazo previsto para formular observaciones, tendrá la
opción de solicitar la elevación de las Bases, cuando habiendo sido acogidas las
observaciones formuladas por los observantes, considere que la decisión adoptada
por el Comité Especial es contraria a lo dispuesto por el artículo 26° de la Ley, cualquier
otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas
complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.
El Comité Especial, cuando corresponda, deberá incluir en el pliego de
absolución de observaciones, el requerimiento de pago de la tasa por concepto
de remisión de actuados al OSCE, debiendo bajo responsabilidad remitir las
Bases y los actuados del proceso de selección a más tardar al día siguiente de
solicitada la elevación por el participante.
El Pronunciamiento deberá estar motivado y expresado de manera
objetiva y clara; en él se absolverá las observaciones y, de ser el caso, se
emitirá pronunciamiento de oficio sobre cualquier aspecto de las Bases que
contravenga la normativa sobre contrataciones del Estado. El plazo para emitir
y notificar el pronunciamiento a través del SEACE será no mayor de ocho (8)
días hábiles, tratándose del Titular de la Entidad y de diez (10) días hábiles
tratándose del OSCE. Los plazos serán improrrogables y serán contados
desde la presentación de la solicitud de elevación de las Bases, en el caso del
Titular de la Entidad y de la recepción del expediente completo, tratándose
del OSCE. De no emitir Pronunciamiento dentro del plazo establecido, se
devolverá el importe de la tasa al observante, manteniendo la obligación de
emitir el respectivo Pronunciamiento.
Una vez publicado el Pronunciamiento a través del SEACE, éste deberá ser
implementado por el Comité Especial, aun cuando ello implique la suspensión
temporal del proceso y/o la prórroga de las etapas del mismo, en atención a la
complejidad de las correcciones, adecuaciones o acreditaciones que sea necesario
realizar. El Comité Especial no puede continuar con la tramitación del proceso de
selección si no ha cumplido con implementar adecuadamente lo dispuesto en el
Pronunciamiento, bajo sanción de nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades
a que hubiere lugar.
La competencia del Titular de la Entidad para emitir el Pronunciamiento sobre
las observaciones a las Bases es indelegable.
Contra el Pronunciamiento de la Entidad o el OSCE, no cabe la interposición de recurso
alguno, constituyendo además, en este último caso, precedente administrativo.12


96


Artículo 59.- Integración de bases
Una vez absueltas todas las consultas y/u observaciones, o si las mismas no
se han presentado, las Bases quedarán integradas como reglas definitivas y
no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad
administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta
restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del
proceso por deficiencias en las Bases.
En las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, Adjudicaciones Directas y
Adjudicaciones de Menor Cuantía para obras y consultoría de obras, el Comité
Especial o el órgano encargado, cuando corresponda y bajo responsabilidad,
deberá integrar y publicar las Bases Integradas al día siguiente de vencido el plazo
para absolver las observaciones, de no haberse presentado éstas.
En el caso que se hubieren presentado observaciones a las Bases, la integración
y publicación se efectuará al día siguiente de vencido el plazo para solicitar la
elevación de las bases al Titular de la Entidad o al OSCE, correspondiendo al
Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases conforme a lo dispuesto
en el pliego de absolución de consultas y observaciones.
Si se solicita la elevación, la integración y publicación se efectuará dentro de
los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el Pronunciamiento.13

Artículo 60.- publicación de bases Integradas
Si no se cumple con publicar las Bases Integradas a través del SEACE, el Comité
Especial no puede continuar con la tramitación del proceso de selección, bajo
sanción de nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar.
Las Bases Integradas que se publiquen en el SEACE incorporarán
obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas, observaciones y/o Pronunciamiento.
La publicación de las Bases Integradas es obligatoria, aun cuando no se
hubieran presentado consultas y observaciones.

CApÍTULO v
pRESENTACIÓN DE pROpUESTAS

Artículo 61.- Requisitos para la admisión de propuestas
Para que una propuesta sea admitida deberá incluir, cumplir y, en su caso,
acreditar la documentación de presentación obligatoria que se establezca en las
Bases y los requerimientos técnicos mínimos que constituyen las características
técnicas, normas reglamentarias y cualquier otro requisito establecido como tal
en las Bases y en las disposiciones legales que regulan el objeto materia de la
contratación.


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Artículo 62.- presentación de documentos
Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos
para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma
castellano o, en su defecto, acompañados de traducción efectuada por traductor
público juramentado, salvo el caso de la información técnica complementaria
contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada
en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de
dichos documentos. La omisión de la presentación del documento o su traducción
no es subsanable.
Cuando se exija la presentación de documentos que sean emitidos por
autoridad pública en el extranjero, el postor podrá presentar copia simple de
los mismos sin perjuicio de su ulterior presentación, la cual necesariamente
deberá ser previa a la firma del contrato. Dichos documentos deberán estar
debidamente legalizados por el Consulado respectivo y por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, en caso sea favorecido con la Buena Pro.

Artículo 63.- forma de presentación y alcance de las propuestas
Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el
primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.
La propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias
requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros
que conforman el Comité Especial. La propuesta económica sólo se presentará
en original.
En el caso de las contrataciones electrónicas, deberá observarse lo dispuesto
en este Reglamento.
Cuando las propuestas se presenten en hojas simples se redactarán por
medios mecánicos o electrónicos, llevarán el sello y la rúbrica del postor y serán
foliadas correlativamente empezando por el número uno.
Cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente
mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier
medio, incluyendo el manual, debiendo llevar el sello y la rúbrica del postor o
su representante legal o mandatario designado para dicho fin.
Las propuestas económicas deberán incluir todos los tributos, seguros,
transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme
a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener
incidencia sobre el costo del bien, servicio u obra a adquirir o contratar; excepto
la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.
El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen
deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser
expresados con más de dos decimales.
Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni
conformar más de un consorcio en un proceso de selección, o en un determinado
ítem cuando se trate de procesos de selección según relación de ítems.

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Artículo 64.- Acto de presentación de propuestas
El acto de presentación de propuestas será público cuando el proceso
convocado sea Licitación Pública, Concurso Público y Adjudicación Directa Pública,
y podrá ser privado cuando se trate de una Adjudicación Directa Selectiva o
Adjudicación de Menor Cuantía.
El acto público se realiza, cuando menos, en presencia del Comité Especial,
los postores y con la participación de Notario o Juez de Paz en los lugares donde
no exista Notario.
Los actos se llevan a cabo en la fecha y hora señaladas en la convocatoria,
salvo que éstos se posterguen, de acuerdo con lo establecido en la Ley y el
presente Reglamento.
En todos los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la
Buena Pro, se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema
Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta
correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Artículo 65.- Acreditación de representantes en acto público
Las personas naturales concurren personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial mediante carta poder simple.
Las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal o
apoderado. El representante legal acreditará tal condición con copia simple
del documento registral vigente que consigne dicho cargo y, en el caso del
apoderado, será acreditado con carta poder simple suscrita por el representante
legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que acredite la
condición de éste.

Artículo 66.- Acto público de presentación de propuestas
El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en
el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus
propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente,
se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con
la presentación de la constancia de su registro como participante.
El Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta
técnica de cada postor.
El Comité Especial comprobará que los documentos presentados por cada
postor sean los solicitados por las Bases, la Ley y el Reglamento. De no ser así,
devolverá la propuesta, teniéndola por no presentada, salvo que el postor exprese
su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el
Notario o Juez de Paz mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento
en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que
finalmente se resuelva al respecto.
Si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas

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técnicas se realice en fecha posterior, el Notario o Juez de Paz procederá a colocar
los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más
sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros
del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta
la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a
los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.
El Comité levantará el acta respectiva, la cual deberá ser suscrita por todos
sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

Artículo 67.- Acto privado de presentación de propuestas
Tratándose de acto privado, los participantes presentarán sus propuestas,
con cargo y en sobre cerrado, en la dirección, en el día y horario señalados en
las Bases, bajo responsabilidad del Comité Especial.
En el caso que la propuesta del postor no fuera admitida, el Comité Especial
incluirá el motivo de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que
publicará en el SEACE, debiendo devolverse los sobres que contienen la propuesta
técnica y económica, una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro.
En caso de la descalificación de propuestas, el Comité Especial incluirá el motivo
de esa decisión en el acta de los resultados del proceso que publicará en el SEACE.

Artículo 68.- Subsanación de propuestas
Si existieran defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables
en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta
técnica, el Comité Especial otorgará un plazo entre uno (1) o dos (2) días, desde
el día siguiente de la notificación de los mismos, para que el postor los subsane,
en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto, a condición de
la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo
que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.
No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica,
salvo defectos de foliación y de rúbrica de cada uno de los folios que componen la
oferta, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 71º.

CApÍTULO vI
CALIfICACIÓN Y EvALUACIÓN DE pROpUESTAS

Artículo 69.- Oportunidad para la calificación y evaluación de propuestas
En todos los procesos de selección, las Bases deben definir un método de
calificación y evaluación de propuestas, pudiendo establecer que el otorgamiento
de la Buena Pro se realice en acto separado.

100


Artículo 70.- procedimiento de calificación y evaluación de propuestas
La calificación y evaluación de las propuestas es integral, realizándose en
dos (2) etapas. La primera es la técnica, cuya finalidad es calificar y evaluar la
propuesta técnica, y la segunda es la económica, cuyo objeto es calificar y evaluar
el monto de la propuesta.
Las propuestas técnica y económica se evalúan asignándoles puntajes de
acuerdo a los factores y criterios que se establezcan en las Bases del proceso, así
como a la documentación que se haya presentado para acreditarlos.
En ningún caso y bajo responsabilidad del Comité Especial y del funcionario
que aprueba las Bases se establecerán factores cuyos puntajes se asignen
utilizando criterios subjetivos.
El procedimiento general de calificación y evaluación será el siguiente:

1. A efecto de la admisión de las propuestas técnicas, el Comité Especial
verificará que las ofertas cumplan con los requisitos de admisión de
las propuestas establecidos en las Bases.
Sólo una vez admitidas las propuestas, el Comité Especial aplicará los
factores de evaluación previstos en las Bases y asignará los puntajes
correspondientes, conforme a los criterios establecidos para cada factor
y a la documentación sustentatoria presentada por el postor.
Las propuestas que en la evaluación técnica alcancen el puntaje
mínimo fijado en las Bases, accederán a la evaluación económica. Las
propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán descalificadas
en esta etapa.
Los miembros del Comité Especial no tendrán acceso ni evaluarán a las
propuestas económicas sino hasta que la evaluación técnica haya concluido.
2. A efectos de la admisión de la propuesta económica, el Comité Especial
verificará que se encuentre dentro de los topes fijados por la Ley y el
presente Reglamento. Las propuestas que excedan o estén por debajo
de los referidos topes serán descalificadas.
La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo
establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de
propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional,
según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
Pi = Puntaje de la propuesta económica i
Oi = Propuesta económica i
Om = Propuesta económica de monto o precio más bajo
PMPE = Puntaje máximo de la propuesta económica

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Si la propuesta económica incluye una propuesta de financiamiento, la prime-
ra se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que
comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta
todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones,
seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso.

Para el cálculo del valor presente neto del flujo financiero se aplicará lo dis-
puesto por la Ley de Endeudamiento del Sector Público y la Ley de Equilibrio
Financiero, utilizándose como tasa de descuento, la tasa de interés activa en
moneda nacional o en moneda extranjera, vigente al día anterior a la realización
de la evaluación económica. La fórmula de valor presente es la siguiente:

n
Ii
VPP = ∑
V
i =1 (1 + i ) n
Donde,

VP = Valor Presente.
I = Pagos periódicos por parte de la Entidad.
i = Tasa de interés activa en la moneda correspondiente.
n = Número de períodos de pago.

Artículo 71.- Evaluación de propuestas
La evaluación de propuestas se sujeta a las siguientes reglas:

1. Etapa de evaluación técnica:

a) El Comité Especial evaluará cada propuesta de acuerdo con las
Bases y conforme a una escala que sumará cien (100) puntos.
b) Para acceder a la evaluación de las propuestas económicas, las
propuestas técnicas deberán alcanzar el puntaje mínimo de
sesenta (60), salvo en el caso de la contratación de servicios
y consultoría en que el puntaje mínimo será de ochenta (80).
Las propuestas técnicas que no alcancen dicho puntaje serán
descalificadas en esta etapa.

2. Etapa de evaluación económica:

El puntaje de la propuesta económica se calculará siguiendo las pautas
del artículo 70°, donde el puntaje máximo para la propuesta económica
será de cien (100) puntos.

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3. Determinación del puntaje total:

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a deter-
minar el puntaje total de las mismas.
Tanto la evaluación técnica como la evaluación económica se califican sobre
cien (100) puntos. El puntaje total de la propuesta será el promedio ponderado
de ambas evaluaciones, obtenido de la aplicación de la siguiente fórmula:

PTPi = c1PTi + c2PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i
PEi = Puntaje por evaluación económica del postor i
c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica
c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica

Los coeficientes de ponderación deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) La suma de ambos coeficientes deberá ser igual a la unidad (1.00).

b) Los valores que se aplicarán en cada caso deberán estar comprendidos
dentro de los márgenes siguientes:

b.1) En todos los casos de contrataciones se aplicará las siguientes
ponderaciones:

0.60 < c1 < 0.70; y
0.30 < c2 < 0.40

b.2) Sólo en el caso de servicios de consultoría se aplicará las siguientes
ponderaciones:
0.70 < c1 < 0.80; y
0.20 < c2 < 0.30

La propuesta evaluada como la mejor será la que obtenga el mayor
puntaje total.

4. Para la contratación de obras que correspondan a Adjudicaciones
Directas Selectivas o Adjudicaciones de Menor Cuantía, la evaluación se
realizará sobre cien (100) puntos atendiendo únicamente a la propuesta
económica.

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5. En el caso de los procesos de selección convocados bajo el sistema
de precios unitarios, tarifas o porcentajes, el Comité Especial deberá
verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor
puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de
consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda.
Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.
6. Tratándose de la contratación de obras y servicios que se ejecuten
o presten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyos montos
correspondan a Adjudicación Directa Selectiva o Adjudicación de Menor
Cuantía, a solicitud del postor se asignará una bonificación equivalente
al diez por ciento (10%) sobre la sumatoria de las propuestas técnica
y económica de los postores con domicilio en la provincia donde
se ejecutará la obra o se prestará el servicio objeto del proceso de
selección o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o región. El domicilio será el consignado en la
constancia de inscripción ante el RNP.14

CApÍTULO vII
OTORGAMIENTO DE LA bUENA pRO

Artículo 72.- Otorgamiento de la buena pro
El otorgamiento de la Buena Pro se realizará en acto público para todos
los procesos de selección. Sin embargo, tratándose de Adjudicaciones Directas
Selectivas y Adjudicaciones de Menor Cuantía, el otorgamiento de la Buena Pro
podrá ser realizado en acto privado.
En la fecha señalada en las Bases, el Comité Especial procederá a otorgar la
Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso
de selección a través de un cuadro comparativo, en el que se consignará el orden
de prelación y el puntaje técnico, económico y total obtenidos por cada uno
de los postores.
Una vez otorgada la Buena Pro, el Comité Especial está en la obligación de
permitir el acceso de los postores al Expediente de Contratación, a más tardar
dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.
El acceso a la información contenida en un Expediente de Contratación
se regulará por lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y su Reglamento, incluidas las excepciones y limitaciones
al ejercicio del derecho de acceso a la información pública allí establecidas
o en los compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano.

14 Modificaco mediante Decreto Supremo Nº 021-2009-EF publicado el 01 de febrero de 2009.

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Artículo 73.- Solución en caso de empate
En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de
la Buena Pro se efectuará observando estrictamente el siguiente orden:

1. En Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía, a favor
de las microempresas y pequeñas empresas integradas por personas
con discapacidad o a los consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, siempre que acrediten tener tales condiciones de
acuerdo con la normativa de la materia; o
2. En Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía, a
favor de las microempresas y pequeñas empresas o a los consorcios
conformados en su totalidad por éstas, siempre que acrediten tener
tal condición de acuerdo con la normativa de la materia; o
3. A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje económico, en
el caso de bienes u obras; o el mejor puntaje técnico, tratándose de
servicios; o
4. A prorrata entre los postores ganadores, de acuerdo con el monto de
sus propuestas, siempre que el objeto de la contratación sea divisible y
aquellos manifiesten su voluntad de cumplir la parte correspondiente
del contrato. Este criterio no será de aplicación para el caso de
consultoría en general, consultoría y ejecución de obras; o
5. A través de sorteo en el mismo acto.

Cuando el otorgamiento de la Buena Pro se desarrolle en acto privado, la
aplicación de los dos últimos criterios de desempate requiere de la citación
oportuna a los postores que hayan empatado, pudiendo participar el veedor
del Sistema Nacional de Control.

Artículo 74.- Distribución de la buena pro
En el caso que el resultado del estudio de las posibilidades que ofrece el
mercado hubiere establecido que el requerimiento de la Entidad no puede
ser cubierto por un solo proveedor, las Bases deberán prever la posibilidad de
distribuir la Buena Pro.
El Comité Especial otorgará la Buena Pro al postor que hubiera obtenido
el mejor puntaje total, en los términos de su propuesta y por la cantidad que
hubiese ofertado. El saldo del requerimiento no atendido por el postor ganador
será otorgado a los postores que le sigan, respetando el orden de prelación,
siempre que las propuestas económicas presentadas no sean superiores al cinco
por ciento (5%) de aquella del postor ganador.
En caso que las propuestas económicas superen dicho límite, para efectos de
otorgarse la Buena Pro, los postores tendrán la opción de reducir su propuesta
para adecuarse a la condición establecida en el párrafo anterior.

105


Artículo 75.- Notificación del otorgamiento de la buena pro
El otorgamiento de la Buena Pro en acto público se presumirá notificado a todos
los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores
copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando
los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba
en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.
El otorgamiento de la Buena Pro en acto privado se publicará y se entenderá
notificado a través del SEACE, el mismo día de su realización, bajo responsabilidad
del Comité Especial u órgano encargado de conducir el proceso, debiendo incluir
el acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando
los resultados en cada factor de evaluación. Adicionalmente, se podrá notificar
a los correos electrónicos de los postores, de ser el caso.

Artículo 76.- Otorgamiento de la buena pro a propuestas que excedan el
valor referencial
En el caso previsto en el artículo 33° de la Ley, para que el Comité Especial
otorgue la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial en procesos
de selección para la ejecución de obras, hasta el límite máximo previsto en dicho
artículo, se deberá contar con la asignación suficiente de créditos presupuestarios
y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que hubiera
obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto
igual o menor al valor referencial. En los procesos realizados en acto público, la
aceptación deberá efectuarse en dicho acto; en los procesos en acto privado la
aceptación constará en documento escrito.
El plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles,
contados desde la fecha prevista en el calendario para el otorgamiento de la
Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

Artículo 77.- Consentimiento del otorgamiento de la buena pro
Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento
de la Buena Pro se producirá a los ocho (8) días hábiles de la notificación de su
otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el
recurso de apelación. En el caso de Adjudicaciones Directas y de Adjudicaciones de
Menor Cuantía, el plazo será de cinco (5) días hábiles. Para constatar que la Buena
Pro quedó consentida, en el caso que corresponda interponer recurso de apelación
ante el Tribunal, la Entidad deberá verificar en el detalle del proceso de selección
registrado en el SEACE, si se interpuso el respectivo recurso impugnativo.
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena
Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento.
Una vez consentido el otorgamiento de la Buena Pro, el Comité Especial
remitirá el Expediente de Contratación al órgano encargado de las contrataciones

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de la Entidad, el que asumirá competencia desde ese momento para ejecutar
los actos destinados a la formalización del contrato.
El consentimiento del otorgamiento de la Buena Pro deberá ser publicado
en el SEACE al día siguiente de producido.

Artículo 78.- Declaración de Desierto
El proceso de selección será declarado desierto cuando no quede ninguna
propuesta válida. En caso no se haya registrado ningún participante, dicha
declaración podrá efectuarse culminada la etapa de Registro de Participantes.
La publicación sobre la declaratoria de desierto de un proceso de selección
deberá registrarse en el SEACE, dentro del día siguiente de producida.
Cuando un proceso de selección es declarado desierto total o parcialmente, el
Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones, según corresponda,
deberá emitir informe al Titular de la Entidad o al funcionario a quien haya
delegado la facultad de aprobación del Expediente de Contratación en el que
justifique y evalúe las causas que no permitieron la conclusión del proceso,
debiéndose adoptar las medidas correctivas antes de convocar nuevamente.
En caso el motivo de declaratoria de desierto esté referido al valor referencial o a
las características del objeto contractual, el Comité Especial solicitará información al
órgano encargado de las contrataciones o al área usuaria, según corresponda.
La siguiente convocatoria se realizará mediante un proceso de Adjudicación
de Menor Cuantía, que no se podrá realizar en forma electrónica.

Artículo 79.- Cancelación del proceso de Selección
Cuando la Entidad decida cancelar total o parcialmente un proceso de
selección, por causal debidamente motivada de acuerdo a lo establecido en
el artículo 34° de la Ley, debe comunicar su decisión dentro del día siguiente y
por escrito al Comité Especial, debiendo registrarse en el SEACE la resolución o
acuerdo cancelatorio al día siguiente de esta comunicación y, de ser el caso, al
correo electrónico señalado por los participantes.
La resolución o acuerdo que formaliza la cancelación deberá ser emitida
por el funcionario que aprobó el Expediente de Contratación u otro de igual o
superior nivel.
En este caso, el plazo para el reintegro del pago efectuado como derecho
de participación no podrá exceder de los cinco (5) días hábiles posteriores a
la notificación de la cancelación, siendo suficiente para la devolución la sola
presentación del comprobante de pago.

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CApITULO vIII
COMpRAS CORpORATIvAS

Artículo 80.- Características del proceso de Compra Corporativa
Las Entidades podrán contratar bienes y servicios en forma conjunta, a través
de un proceso de selección único, aprovechando los beneficios de las economías
de escala, en las mejores y más ventajosas condiciones para el Estado.
Las Compras Corporativas podrán ser facultativas, para lo cual las Entidades
celebrarán un convenio interinstitucional, u obligatorias, cuando se establezca
por Decreto Supremo emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, con el
voto aprobatorio del Consejo de Ministros.
Los bienes y servicios que pueden ser objeto de Compras Corporativas deben
ser susceptibles de ser homogenizados.
Para la agregación de la demanda de las Entidades se podrá utilizar criterios tales
como el geográfico, el sectorial, el temporal o la combinación de éstos, entre otros.
El proceso de selección se realizará conforme a las reglas establecidas en la
Ley y el presente Reglamento.

Artículo 81.- Alcances del encargo en el caso de Compras Corporativas
El encargo que se efectúe en las Compras Corporativas sólo alcanza las
acciones necesarias que permitan a la Entidad encargada realizar el proceso de
selección para obtener, de parte de los proveedores del Estado, una oferta por
el conjunto de los requerimientos similares de las Entidades participantes, y sólo
hasta el momento en el que se determine al proveedor seleccionado y la Buena
Pro quede consentida, luego de lo cual, cada una de las Entidades suscribirá los
contratos correspondientes con el proveedor o proveedores seleccionados por
el o los requerimientos que hubiesen sido encargados.
Una vez consentida la Buena Pro, la Entidad encargada deberá comunicar
a las Entidades participantes los resultados del proceso, dentro de un plazo no
mayor de tres (3) días hábiles. El plazo del procedimiento para la suscripción
del contrato previsto en el presente Reglamento se computará a partir del día
siguiente de recibida la indicada comunicación.
Del mismo modo, el encargo efectuado no podrá, en ningún caso, ser
interpretado como extensivo a la ejecución de las obligaciones y/o prestaciones
que se generan en la fase de ejecución contractual propiamente dicha, tales como
el pago del precio, la supervisión de la ejecución de las prestaciones, la liquidación
de contrato y demás prestaciones inherentes a las Entidades participantes.

Artículo 82.- Compras Corporativas Obligatorias y entidad a cargo
Mediante Decreto Supremo del Ministerio de Economía y Finanzas, con el
voto aprobatorio del Consejo de Ministros, se establecerán los bienes y servicios
que se contratarán mediante Compras Corporativas Obligatorias, así como las

108


Entidades participantes y técnicas.
La Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS es la Entidad encargada de
realizar las Compras Corporativas Obligatorias, de acuerdo a lo establecido en el
Decreto Legislativo N° 1018, y a sus normas de organización y funciones.
La Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS se encargará de consolidar
los requerimientos de las Entidades participantes, para cuyo efecto determinará
el contenido, cantidad y oportunidad de remisión de la información que deberán
proporcionar las mismas.
La Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS se encuentra obligada a
remitir información que, para el cumplimiento de sus funciones de supervisión,
le solicite el OSCE.

Artículo 83.- Entidades participantes y entidad técnica
Se consideran Entidades participantes aquellas que están obligadas a
contratar los bienes y servicios contenidos en sus respectivos Planes Anuales de
Contratación, mediante Compra Corporativa Obligatoria.
Designadas las Entidades participantes, éstas tendrán la obligación de
homogenizar y consolidar los requerimientos de todas sus unidades orgánicas
y remitirlas a la Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS dentro del plazo
que ésta fije, bajo responsabilidad.
Las Entidades participantes se encuentran obligadas a contratar directa y
exclusivamente con los proveedores seleccionados, los bienes y/o servicios cuyo
requerimiento haya sido materia del proceso de Compra Corporativa Obligatoria.
Asimismo, se encuentran obligadas a suscribir todos los documentos que
resulten necesarios para la formalización del o los contratos que se deriven del
o los procesos de selección, pagar al proveedor o proveedores seleccionados la
contraprestación acordada, previa conformidad con la prestación ejecutada, así
como los demás actos relacionados con la ejecución del contrato.
La Entidad Técnica de la Compra Corporativa es la que determina las
características homogenizadas de los bienes y servicios requeridos por las
Entidades participantes, teniendo como base la consolidación remitida por la
Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS.

Artículo 84.- Sustento presupuestal
En el caso que la consolidación y/o agregación de la cantidad total de
requerimientos de bienes y/o servicios se realice durante un período fiscal,
para la atención de requerimientos para el siguiente año fiscal, la Central de
Compras Públicas - PERÚ COMPRAS requerirá a cada Entidad participante en
la Compra Corporativa Obligatoria, que gestione la disponibilidad de créditos
presupuestarios ante su respectiva Oficina de Presupuesto o la que haga sus
veces, tomando como referencia el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal siguiente que el Poder Ejecutivo haya remitido al
Congreso de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78°

109


de la Constitución Política, y que le remita dicha información.
Asimismo, las Entidades participantes no podrán efectuar modificación alguna
en sus marcos presupuestales que pueda afectar el cumplimiento de las obligaciones
que se deriven de la suscripción y ejecución de los contratos que se celebren
luego de efectuada la Compra Corporativa, salvo los casos de desabastecimiento
inminente o situación de emergencia previstos en la normativa.

Artículo 85.- Compras Corporativas facultativas
Para las Compras Corporativas que se realicen de manera facultativa, se deberá
elaborar un convenio que deberá ser suscrito por los funcionarios competentes de
todas las Entidades participantes, en el que se establezca el objeto y alcances del
mismo, las obligaciones y responsabilidades de las partes, así como la designación
de la Entidad encargada de la compra corporativa.
La Entidad encargada de la Compra Corporativa tendrá a su cargo las
siguientes tareas:

a) Recibir los requerimientos de las Entidades participantes;
b) Consolidar y homogenizar las características de los bienes y servicios,
así como determinar el valor referencial para cada proceso de selección
a convocarse en forma conjunta;
c) Efectuar todos aquellos actos previos y necesarios para conformar y
aprobar el Expediente de Contratación;
d) Designar al o a los Comités Especiales que tendrán a su cargo los
procesos de selección para las compras corporativas;
e) Aprobar las Bases;
f) Resolver los recursos de apelación, en los casos que corresponda.

El funcionamiento, competencia, obligaciones y demás atribuciones del
Comité Especial son las previstas en la Ley y el presente Reglamento, teniendo
a su cargo:

a) Elaborar las Bases, conforme al contenido del Expediente de
Contratación. En las Bases deberá distinguirse claramente el
requerimiento de cada Entidad participante del convenio, para los
efectos de la suscripción y ejecución del contrato respectivo.
b) Una vez que quede consentido el otorgamiento de la Buena Pro,
elevar el expediente al Titular de la Entidad encargada de la Compra
Corporativa para su remisión a las Entidades participantes.

Las Entidades participantes se encuentran obligadas a contratar directa y
exclusivamente con los proveedores seleccionados los bienes y/o servicios cuyo
requerimiento haya sido materia del proceso de Compra Corporativa, conforme al
procedimiento establecido en el presente Reglamento. Asimismo, se encuentran

110


obligadas a suscribir todos los documentos que resulten necesarios para la
formalización del o los contratos que se deriven del o los procesos de selección,
así como a pagar al proveedor o proveedores seleccionados la contraprestación
acordada, previa conformidad con la prestación ejecutada.
Las Compras Corporativas no requieren de la modificación del Plan Anual
de Contrataciones de las Entidades participantes, aunque debe indicarse que se
procederá a contratar mediante Compra Corporativa Facultativa, con expresa
mención de la Entidad encargada de la Compra Corporativa.
La Entidad encargada de la Compra Corporativa y el o los Comités Especiales
que se designen para tal fin, deberán observar lo dispuesto en la Ley, el
Reglamento y demás disposiciones complementarias.
En caso que se desee complementar o incorporar requerimientos adicionales a
los previstos en el convenio, las Entidades participantes podrán hacerlo mediante
la suscripción de cláusulas adicionales.
El convenio permitirá la adhesión de cualquier otra Entidad siempre y cuando
esta se efectúe antes de la convocatoria.
Los contratos derivados de la Compra Corporativa, así como la información
referida a su ejecución deberán ser ingresados al SEACE, por cada una de las
Entidades participantes, en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes
a su perfeccionamiento, ocurrencia o aprobación, según corresponda.

CApÍTULO IX
SELECCIÓN pOR ENCARGO

Artículo 86.- Características del proceso de Selección por Encargo
Por razones económicas o de especialidad en el objeto de la convocatoria,
una Entidad podrá encargar a otra Entidad pública o privada, nacional o
internacional u organismos internacionales, mediante convenio interinstitucional,
la realización del proceso de selección que aquélla requiera para la contratación
de bienes, servicios y obras, previo informe técnico legal que sustente la
necesidad y viabilidad del Encargo, el mismo que será aprobado por el Titular
de la Entidad.
La aprobación del Expediente de Contratación y de las Bases será competencia
de la Entidad encargante.
RLCE: 8va. Disposición Complementaria Transitoria.

Artículo 87.- Encargo a una Entidad pública
1. La Entidad pública encargada designará a un Comité Especial que,
además de conducir el proceso de selección, elaborará las Bases, las
mismas que deben ser aprobadas por el funcionario responsable
de la Entidad encargante. Una vez que ha quedado consentido o

111


administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, deberá
remitirse el expediente a la Entidad encargante para la suscripción
y ejecución del contrato respectivo. La designación, conformación
y funcionamiento del Comité Especial se sujetará a lo estipulado en
este Reglamento, en lo que le sea aplicable.
2. En caso de presentarse recurso de apelación, el mismo será resuelto por el
Titular de la Entidad encargada o por el Tribunal, según corresponda.

Artículo 88.- Encargo a una Entidad privada, nacional o internacional
1. La Entidad encargada será seleccionada, mediante el proceso de
selección que corresponda, teniendo en cuenta el objeto y la cuantía de
la comisión, conforme a lo dispuesto en la Ley y el presente Reglamento.
La decisión de encargar la contratación corresponde al Titular de la
Entidad, siendo esta facultad indelegable.
2. Las Entidades participantes deberán acreditar una experiencia
de contratación pública o privada, no menor a dos (2) años en el
mercado nacional o internacional, en bienes, servicios u obras, según
corresponda al requerimiento de la Entidad encargante. Asimismo,
deberán estar inscritas en el RNP y no encontrarse impedidas para
contratar con el Estado.
3. La Entidad encargada celebrará un convenio con la Entidad encargante,
el que deberá ser específico y concreto para cada proceso de contratación
encargado. Cada convenio detallará las obligaciones y responsabilidades
de cada una de las partes. La solución de controversias derivadas del
convenio se realizará por conciliación o arbitraje.
4. Los procesos de contratación que realicen las Entidades encargadas
se sujetarán a lo dispuesto en la Ley y el presente Reglamento. De
interponerse un recurso de apelación, éste será resuelto por la Entidad
encargante o por el Tribunal, según corresponda.

El OSCE establecerá mediante directiva un Convenio Modelo, que será
empleado obligatoriamente para realizar procesos por encargo a Entidades
Privadas nacionales o internacionales; así como otros requerimientos necesarios
y aspectos complementarios para la participación de las Entidades Privadas
nacionales o internacionales en el proceso de selección por Encargo.15

Artículo 89.- Encargo a Organismos Internacionales
1. Los convenios de encargo se aprueban para el caso de las Entidades
del Gobierno Nacional, mediante resolución suprema refrendada por el
Ministro del Sector correspondiente, y mediante Resolución del Titular
en el caso de Organismos Constitucionalmente Autónomos.


112


En el caso de los Gobiernos Regionales y Locales, los convenios se
aprueban mediante Acuerdo del Consejo Regional o Municipal,
respectivamente.
2. Para adoptar la decisión de encargo y para designar el organismo
internacional se debe contar previamente con:

a) Informe favorable de la Oficina de Presupuesto, o la que haga sus
veces, sobre la disponibilidad de los recursos para el financiamiento
de la contratación objeto del encargo.
b) Informe de la Oficina de Administración, o la que haga sus veces,
sobre las ventajas y beneficios de la concertación del convenio.

3. Los organismos o instituciones internacionales con los cuales las
Entidades suscriban los referidos convenios deberán encontrarse
acreditadas en el Perú de acuerdo con las normas sobre la materia,
debiendo presentar a la Entidad el documento correspondiente.
4. La Entidad encargante celebrará un convenio con el organismo
encargado, el que deberá ser específico y concreto para cada proceso
de contratación encargado. Cada convenio detallará las obligaciones
y responsabilidades de cada una de las partes.
5. Los convenios contendrán los siguientes aspectos:

a) El compromiso por parte del organismo internacional de que
los procesos se sujetarán a normas uniformes aplicables a nivel
internacional y que cumplan los principios establecidos en la Ley
de Contrataciones del Estado.
b) El compromiso del organismo internacional de llevar a cabo procesos de
capacitación en materia de compras al personal que la Entidad designe.
c) Obligación por parte de la Entidad de incluir las contrataciones
en el Plan Anual de Contrataciones, registrar en el SEACE la
convocatoria de los procesos de contratación que realice el
organismo internacional encargado, el resultado de los mismos,
los proveedores adjudicados, los montos y contratos celebrados.
d) Provisión de información periódica al Ministerio de Economía y
Finanzas, Contraloría General de la República y al OSCE, respecto de
la ejecución del encargo, sin perjuicio de aquella que sea solicitada
por estas entidades.

113


CApÍTULO X
SUbASTA INvERSA

La Subasta Inversa es la modalidad de selección por la cual una Entidad realiza
la contratación de bienes y servicios comunes a través de una convocatoria
pública, y en la cual el postor ganador será aquel que oferte el menor precio
por los bienes o servicios objeto de la convocatoria. Esta modalidad de selección
puede realizarse de manera presencial o electrónica.
Se consideran bienes o servicios comunes, aquellos respecto de los cuales existe
más de un proveedor, tienen patrones de calidad y de desempeño objetivamente
definidos por características o especificaciones usuales en el mercado o han sido
estandarizados como consecuencia de un proceso de homogenización llevado a
cabo al interior del Estado, de tal manera que el factor diferenciador entre ellos
lo constituye el precio al cual se transan.
El OSCE aprobará las fichas técnicas de los bienes y servicios transables que
puedan contratarse bajo esta modalidad, observando las normas técnicas,
metrológicas y/o sanitarias, así como la normativa aplicable. Dichas fichas técnicas
serán incluidas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes publicado en el SEACE,
debiendo ser revisadas permanentemente por el OSCE, pudiendo ser objeto de
modificación o exclusión, previo sustento técnico legal.
La Subasta Inversa Presencial se realiza en acto público por medio de
propuestas de precios escritos y lances verbales. La Subasta Inversa Electrónica
se realiza a través del SEACE.

Artículo 91.- Uso de la modalidad de Subasta Inversa
La contratación de un bien o servicio que se encuentra incluido en el Listado
de Bienes y Servicios Comunes resulta obligatoria utilizando la modalidad de
Subasta Inversa, a partir de los treinta (30) días calendario desde la publicación de
las fichas técnicas respectivas en el SEACE, siempre que dicho bien o servicio no
se encuentre incluido en el Catálogo de Convenios Marco, en cuyo caso deberá
adquirirlo empleando tal modalidad. Antes del cumplimiento de dicho plazo, la
utilización de la modalidad de Subasta Inversa es facultativa.
Las Entidades podrán convocar un proceso de selección tradicional, en caso
de la existencia de condiciones más ventajosas que sean objetivas, demostrables
y sustanciales para la Entidad, para lo cual deberán obtener la autorización del
OSCE, antes de efectuar la contratación. En el caso que el valor referencial de
la contratación de bienes o servicios comunes corresponda a una Adjudicación
de Menor Cuantía, será potestad de la Entidad utilizar la modalidad de Subasta
Inversa, en cuyo caso deberá realizarse de manera electrónica.
En caso que, con anterioridad a la publicación de las fichas técnicas, las
Entidades hayan convocado un proceso de selección sobre los mismos bienes

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y servicios, deberán continuar con dicho proceso. En caso que el proceso de
selección convocado sea declarado desierto, la convocatoria ulterior deberá
efectuarse por Subasta Inversa.
Si un proceso de selección sujeto a la modalidad de Subasta Inversa es
declarado desierto, la siguiente convocatoria se realizará bajo dicha modalidad,
salvo que se haya excluido la ficha técnica objeto del proceso, en cuyo caso la
contratación ulterior deberá efectuarse por un proceso de Adjudicación de Menor
Cuantía no sujeto a esta modalidad.

Artículo 92.- Convocatoria y desarrollo del proceso
La conformación y actuación del Comité Especial se sujeta a las reglas previstas
en el presente Reglamento, con las particularidades que se establezcan en el
presente Capítulo.
Las Bases deberán contener la convocatoria, la ficha técnica del bien o servicio
requerido, la misma que se obtendrá del Listado de Bienes o Servicios Comunes
publicado en el SEACE, la proforma del contrato, los plazos, la forma, el lugar
y las demás condiciones para el cumplimiento de la prestación, siguiendo lo
establecido en el artículo 26° de la Ley, en lo que resulte aplicable, entre otras
condiciones mínimas que establezca el OSCE a través de directivas.
La Subasta Inversa puede ser presencial o electrónica.
Cualquiera que sea el tipo de proceso de selección, la convocatoria será
efectuada a través de su publicación en el SEACE, oportunidad en la que deberá
publicarse las Bases y, cuando corresponda, un resumen ejecutivo del estudio de
posibilidades que ofrece el mercado, bajo sanción de nulidad de todos los actos
desarrollados con posterioridad.
La descripción del objeto de la contratación deberá estar acompañada
del código respectivo, de acuerdo a la clasificación adoptada por el Listado
correspondiente.
La utilización de la modalidad de selección por Subasta Inversa no exime
a la Entidad del cumplimiento de las disposiciones referidas a las fases de
Programación y Actos Preparatorios y de Ejecución Contractual, salvo las
particularidades expresamente señaladas en el presente Capítulo.
RLCE: Artículos 27º al 34º.

Artículo 93.- presunción de cumplimiento
Se presume que los bienes y/o servicios ofertados cumplen con las
características exigidas en las fichas técnicas y con las condiciones previstas en
las Bases. Esta presunción no admite prueba en contrario.

Las discrepancias que surjan desde la convocatoria hasta la celebración del
contrato inclusive, podrán dar lugar a la interposición del recurso de apelación

115


ante el Titular de la Entidad o el Tribunal, según corresponda, debiendo cumplirse
los requisitos y garantías establecidos en la Ley y el presente Reglamento.
El Titular de la Entidad o el Tribunal, deberán resolver dentro del término
no mayor de diez (10) días hábiles de admitido el recurso, salvo que hubiese
requerido información adicional, en cuyo caso deberá pronunciarse dentro del
término de quince (15) días hábiles.
RLCE: Artículos 104º al 126º.

Artículo 95.- particularidades de la Subasta Inversa presencial
Cualquiera sea el tipo de proceso de selección convocado, el registro de
participantes se realizará desde el día siguiente de publicada la convocatoria
en el SEACE, hasta un día (1) antes de la fecha prevista para el acto público de
presentación de propuestas, puja y otorgamiento de la Buena Pro.
En el caso de Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, el plazo entre la
convocatoria y la presentación de propuestas no será menor a ocho (8) días
hábiles. En las Adjudicaciones Directas, dicho plazo no será menor a cinco (5)
días hábiles. En esta modalidad de selección no se considerarán las etapas de
consulta ni de observaciones a las Bases.
En el día, hora y lugar indicados se realizará el acto público para la presentación
de propuestas, puja y otorgamiento de la Buena Pro, en presencia de Notario o
Juez de Paz si es que en la localidad no hubiera acceso al primero.
Las personas naturales concurren personalmente o a través de su apoderado
debidamente acreditado ante el Comité Especial mediante carta poder simple.
Las personas jurídicas lo hacen por medio de su representante legal o
apoderado. El representante legal acreditará tal condición con copia simple
del documento registral vigente que consigne dicho cargo y, en el caso del
apoderado, será acreditado con carta poder simple suscrita por el representante
legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que acredite la
condición de éste.
En ambos casos, en la carta poder debe establecerse la representación
para formular propuestas, efectuar lances y para ejercer todos los demás actos
inherentes a la Subasta Inversa durante el acto público.
El Comité Especial llamará a todos los participantes en el orden en que se hubieren
inscrito, con la finalidad que presenten sus dos (2) sobres, de los cuales el primero,
denominado sobre de habilitación, contendrá la documentación que acredite que
el postor se encuentra habilitado para participar en el proceso de selección y cumple
con el objeto de la contratación, y el segundo su propuesta económica.
Se entenderá que la Buena Pro ha quedado consentida el día de su otorgamiento,
si otorgada la Buena Pro del proceso o del ítem, de ser el caso, ningún postor
hubiera dejado constar en el acta su intención de impugnar el proceso.
En caso de empate el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará a través de
sorteo en el mismo acto.

116


Para otorgar la Buena Pro, el Comité Especial verificará que por lo menos haya
dos (2) propuestas válidas, caso contrario el proceso se declarará desierto.
El recurso de apelación contra los actos producidos durante el acto público
de presentación de propuestas, puja y otorgamiento de la Buena Pro, y contra
los actos que afecten su validez, deberá ser interpuesto por los postores dentro
de los ocho (8) días hábiles siguientes de dicho acto público, en el caso de
Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, y cinco (5) días hábiles siguientes de
dicho acto público en el caso de Adjudicaciones Directas.
En el caso de procesos de selección según relación de ítems, el plazo indicado
en el párrafo anterior se contará a partir de la culminación del acto público de
otorgamiento de la Buena Pro de la totalidad de los ítems.
Para los actos posteriores al otorgamiento de la Buena Pro, el recurso de
apelación deberá interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de
haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, en el caso de
Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, y cinco (5) días hábiles siguientes en
el caso de Adjudicaciones Directas.

Artículo 96.- particularidades de la Subasta Inversa Electrónica
La convocatoria, el registro de participantes, el registro y presentación
de propuestas, la apertura de propuestas y el periodo de lances, así como el
otorgamiento de la buena pro se efectuarán y difundirán a través del SEACE.
Cualquiera sea el tipo de proceso de selección convocado, el registro de
participantes, registro y presentación de propuestas se realizará desde el día
siguiente de publicada la convocatoria en el SEACE hasta la fecha y hora señaladas
en el calendario para tales efectos y se efectuará a través del SEACE, de acuerdo
al procedimiento establecido por el OSCE.
En los procesos de selección que correspondan a Licitaciones Públicas y
Concursos Públicos, la etapa de registro de participantes, registro y presentación
de propuestas no podrá tener un plazo menor a ocho (8) días hábiles. En los
procesos de Adjudicaciones Directas, dicho plazo no podrá ser menor a cinco (5)
días hábiles. En los procesos de selección de Adjudicaciones de Menor cuantía,
el plazo no podrá ser menor a dos (2) días hábiles.
La apertura de propuestas y período de lances se realizará a través del SEACE,
de acuerdo al procedimiento establecido por el OSCE.
Una vez culminada la etapa de apertura de propuestas y período de lances, el
sistema registrará los resultados y el orden de prelación de los postores, generando
y publicando el acta electrónica con el detalle del desarrollo de dicha etapa.
El Comité Especial verificará que el postor que haya obtenido el primer lugar
en el orden de prelación, haya presentado la documentación exigida por las Bases;
en caso contrario procederá a descalificarlo, y evaluará la documentación del
siguiente postor en estricto orden de prelación, y así de manera sucesiva. Para
otorgar la Buena Pro, el Comité Especial verificará que por lo menos haya dos
(2) propuestas válidas, caso contrario el proceso se declarará desierto.

117


Se entenderá que la Buena Pro ha quedado consentida, si dentro de los ocho
(8) días hábiles siguientes de la publicación en el SEACE del acta de otorgamiento
de la Buena Pro, en el caso de Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, o de
cinco (5) días en el caso de Adjudicaciones Directas o Adjudicaciones de Menor
Cuantía, no se ha interpuesto recurso de apelación.
En caso de empate el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará a través de
sorteo en el mismo acto.
El recurso de apelación contra los actos que se produzcan desde la
convocatoria hasta el otorgamiento de la Buena Pro y contra los actos que afecten
su validez, deberá ser interpuesto por los postores dentro de los ocho (8) días
hábiles siguientes de la publicación en el SEACE del acta de otorgamiento de
la Buena Pro, en el caso de Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, y cinco
(5) días hábiles siguientes de dicho acto público en el caso de Adjudicaciones
Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía.
Para los actos posteriores al otorgamiento de la Buena Pro, el recurso de
apelación deberá interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de
haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar, en el caso de
Licitaciones Públicas y Concursos Públicos, y cinco (5) días hábiles siguientes en
el caso de Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía.

CApÍTULO XI
CONvENIOS MARCO

El Convenio Marco es la modalidad por la cual se selecciona a aquellos proveedores
con los que las Entidades deberán contratar los bienes y servicios que requieran y
que son ofertados a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco.
La definición de los bienes y servicios a contratar mediante esta modalidad,
la conducción de los procesos de selección, la suscripción de los acuerdos
correspondientes y la administración de los Convenios Marco, estarán a cargo
de la Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS.
El Catálogo Electrónico de Convenios Marco está a cargo del OSCE. Es publicado
y difundido a través del SEACE y contiene las fichas con las características de
los bienes y servicios en las que son ofertados bajo la modalidad de Convenio
Marco. Dichas fichas incluyen los proveedores adjudicatarios, precios, lugares
de entrega y demás condiciones de la contratación.
La contratación de un bien o servicio utilizando el Catálogo Electrónico de
Convenios Marco resulta obligatoria desde el día siguiente a la publicación de
las fichas respectivas en el SEACE.
En las Bases se podrá establecer montos de transacción mínimos a partir de
los cuales los proveedores deberán atender a las Entidades.

118


Las Entidades podrán emplear otro mecanismo de contratación, en caso de
la existencia de condiciones más ventajosas que sean objetivas, demostrables
y sustanciales para la Entidad, para lo cual deberán obtener la autorización del
OSCE antes de efectuar la contratación.
En caso que, con anterioridad a la publicación de las fichas, las Entidades hayan
convocado un proceso de selección sobre los mismos bienes y servicios, deberán
continuar con dicho proceso. En caso que el proceso de selección convocado sea
declarado nulo por vicios en los actos preparatorios, o sea declarado desierto, la
contratación ulterior deberá efectuarse por Convenio Marco.

Artículo 98.- Reglas para la realización y ejecución de los Convenios Marco
La realización y ejecución de los Convenios Marco se sujetarán a las siguientes reglas:

1. Los Convenios Marco para la contratación de bienes y servicios serán
iniciados por la Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS de oficio
o a sugerencia de una o más Entidades, o de los gremios legalmente
constituidos, previa evaluación de su factibilidad, oportunidad, utilidad
y conveniencia.
2. Los Convenios Marco se desarrollarán a través de las fases de actos
preparatorios, de selección, de catalogación y de ejecución contractual,
rigiéndose por lo previsto en el presente Capítulo y en el Reglamento
correspondiente, siendo de aplicación supletoria lo dispuesto en la Ley
y en el presente Reglamento.
3. Las fases de actos preparatorios y de selección serán conducidas por la
Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS y la de ejecución contractual
por cada Entidad. La catalogación le corresponderá al OSCE.
4. El desarrollo de las fases de selección y de ejecución contractual de los
Convenios Marco serán publicados y difundidos a través del SEACE.
5. Cada Convenio Marco se regirá en orden de prelación por las Bases Integradas,
los términos del Acuerdo de Convenio Marco suscrito, la correspondiente
orden de compra o de servicio y el contrato, si fuera el caso.
6. La Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS no asumirá
responsabilidad alguna en caso que un determinado bien o servicio
incluido en el Catálogo no sea objeto de contratación por parte de las
Entidades, ni por la falta de pago al proveedor adjudicatario por parte
de las Entidades.
7. Los proveedores adjudicatarios deberán mantener las condiciones
ofertadas en virtud a las cuales suscribieron el respectivo Acuerdo
de Convenio Marco; no obstante, tienen la posibilidad de proponer
mejoras a dichas condiciones, las cuales serán autorizadas por la Central
de Compras Públicas - PERU COMPRAS.
8. Los proveedores adjudicatarios podrán solicitar a la Central de

119


Compras Públicas - PERU COMPRAS el reajuste de sus precios en un
determinado Convenio Marco cuando tal posibilidad esté contemplada
expresamente en las Bases y según los criterios establecidos en ellas.
9. Las Entidades tienen la obligación de registrar en el SEACE las órdenes
de compra, órdenes de servicio o contratos que se hubieran generado
en el empleo de esta modalidad.

Artículo 99.- Reglas especiales del proceso de selección
El desarrollo de la fase de selección se realizará a través de una Licitación
Pública o Concurso Público que contendrá las siguientes reglas especiales:

1. La elaboración de las Bases y desarrollo del proceso de selección para la
generación de un Convenio Marco estará a cargo de un Comité Especial
designado por la Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS.
2. La absolución de consultas y de observaciones se efectuará en un
plazo máximo de diez (10) días hábiles en cada caso, contados desde
el vencimiento del plazo para su recepción.
3. Los observantes tienen la opción de que las Bases y los actuados del proceso
sean elevados al OSCE, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 58.
4. La Buena Pro será otorgada a los proveedores que cumplan con las
condiciones indicadas en las respectivas Bases.
5. Una vez que quede consentida la adjudicación de la Buena Pro, los
proveedores adjudicatarios procederán a suscribir el correspondiente
Acuerdo de Convenio Marco, mediante el cual éstos sólo adquieren
el derecho de incluir sus productos en el Catálogo Electrónico de
Convenios Marco.
6. Las controversias que surjan en la selección darán lugar a la interposición
del recurso de apelación ante el Tribunal, según las disposiciones
contenidas en el presente Reglamento.
7. Las controversias que surjan durante la ejecución contractual involucran
únicamente a la Entidad contratante y al proveedor adjudicatario, y se
resolverán mediante conciliación y/o arbitraje.

Artículo 100.- Contratación de bienes y servicios por Convenio Marco
Cuando el área usuaria requiera la contratación de un bien o servicio deberá
consultar el Catálogo Electrónico de Convenios Marco. Si el Catálogo contiene
el bien o servicio con las condiciones requeridas, las Entidades, a través del
órgano encargado de las contrataciones, estarán obligadas a contratarlos de los
proveedores adjudicatarios, previa verificación de la disponibilidad de recursos, en
la forma, precio, plazos y demás condiciones establecidas en las correspondientes
fichas del Catálogo Electrónico de Convenios Marco, por medio de la emisión
de órdenes de compra o de servicio si los montos contratados corresponden a
un proceso de selección de Adjudicación de Menor Cuantía, y en el caso que los

120


montos contratados corresponden a procesos de Adjudicación Directa, Licitación
o Concurso Público, mediante la suscripción del contrato.
Como excepción, y previa aprobación por escrito del OSCE, las Entidades
que no tengan acceso a Internet en su localidad no se encuentran obligadas
a contratar a través de Convenio Marco, debiendo emplear el mecanismo de
contratación que corresponda.
La contratación a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco puede
realizarse de acuerdo a los requerimientos periódicos de cada Entidad, sin que
dichas operaciones sean consideradas como fraccionamiento.

Artículo 101.- Responsabilidad del pago
Las Entidades que contraten a través de la modalidad de selección de Convenio
Marco son responsables del pago al proveedor adjudicatario, de conformidad
con lo establecido en la Ley y en el presente Reglamento, no existiendo
responsabilidad de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.
Un proveedor adjudicatario podrá abstenerse de recibir las órdenes de
compra o de servicio o de suscribir los contratos, cuando la Entidad tenga
retraso en el pago de deudas derivadas de cualquier tipo de obligación con
dicho proveedor.

Artículo 102.- vigencia y renovación del Convenio Marco
El plazo de vigencia de cada Convenio Marco será especificado en las Bases
del proceso, no pudiendo ser mayor a un (1) año, y podrá ser renovado de
forma sucesiva por periodos menores o iguales, siempre que dichos períodos en
conjunto, incluyendo el plazo original, no excedan de un (1) año y medio.
Sin embargo, la Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS podrá revisar
los términos de un determinado Convenio con la finalidad de obtener condiciones
más convenientes, pudiendo darlo por finalizado anticipadamente en caso las
condiciones ofertadas no sean las más beneficiosas.
La facultad de disponer la renovación o la revisión del Convenio corresponde a
la Central de Compras Pública - PERUCOMPRAS, de acuerdo a lo que establezca el
Reglamento de Convenio Marco que se apruebe mediante Decreto Supremo refrendado
por el Ministro de Economía y Finanzas y las directivas que emita el OSCE.

Artículo 103.- Causales de exclusión de las fichas o del proveedor del
Catálogo Electrónico de Convenios Marco
Las fichas de Convenio Marco serán excluidas del Catálogo Electrónico de
Convenios Marco en los siguientes casos:

1. Vencimiento del plazo de vigencia del Acuerdo de Convenio Marco.
2. Solicitud justificada del proveedor adjudicatario, aprobada por la
Central de Compras Públicas - PERU COMPRAS.
3. Efecto de la revisión del Convenio Marco.

121


4. Incumplimiento injustificado del proveedor adjudicatario de sus
obligaciones contractuales derivadas de órdenes de compra, de
servicios o contratos, según corresponda, que dé lugar a la resolución
del contrato de manera consentida o arbitralmente firme.

Un proveedor será excluido del Catálogo Electrónico de Convenios Marco
en los siguientes casos:

1. Esté impedido para contratar con el Estado, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 10º de la Ley;
2. Esté inhabilitado temporal o definitivamente para contratar con el Estado; o;
3. No cuente con inscripción vigente en el RNP.

En estos casos, la exclusión se refiere a todos los Convenios Marco vigentes
con el proveedor adjudicatario.

CApÍTULO XII
SOLUCION DE CONTROvERSIAS DURANTE EL pROCESO DE SELECCIÓN

Artículo 104°.- Recurso de apelación
Mediante recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el
desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos
antes de la celebración del contrato.
En aquellos procesos de selección cuyo valor referencial no supere las
seiscientas Unidades Impositivas Tributarias (600 UIT), el recurso de apelación se
presenta ante la Entidad que convocó el proceso de selección que se impugna,
y será conocido y resuelto por el Titular de la Entidad. En caso que el valor
referencial del proceso de selección sea igual o superior a seiscientas Unidades
Impositivas Tributarias (600 UIT), el recurso de apelación se presenta ante y es
resuelto por el Tribunal. En los procesos de selección según relación de ítems,
el valor referencial total del proceso determinará ante quién se presentará el
recurso de apelación.
Con independencia del valor referencial del proceso de selección, los actos
emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen
el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal.
En aplicación de la Décimo Tercera Disposición Complementaria y Final de la
Ley, el Tribunal será competente para conocer y resolver las controversias que
surjan en los procesos de selección de las contrataciones que se encuentren
bajo los alcances de tratados o acuerdos internacionales donde se asuman
compromisos en materia de contratación pública.
Concordancia: LCE: Artículo 53º, Décimo Tercera Disposición
Complementaria final.

122


Artículo 105.- Actos impugnables
Son impugnables:

1. Los actos dictados por el Comité Especial o el órgano encargado de las
contrataciones, según corresponda, durante el desarrollo del proceso
de selección.
2. Los actos expedidos luego de haberse otorgado la Buena Pro y hasta
antes de la celebración del contrato.
3. Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuación
del proceso de selección, distintos de aquellos que resuelven recursos
de apelación, tales como nulidad de oficio, cancelación u otros.

Artículo 106.- Actos no impugnables
No son impugnables:

1. Las actuaciones y actos preparatorios de la Entidad convocante,
destinadas a organizar la realización de procesos de selección.
2. Las Bases del proceso de selección y/o su integración.
3. Las actuaciones materiales relativas a la programación de los
procesos de selección en el SEACE y las referidas a la inscripción de
participantes.
4. Los actos que aprueban la exoneración del proceso de selección.

Artículo 107.- plazos de la interposición del recurso de apelación
La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados
con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles
siguientes de haberse otorgado la Buena Pro. En el caso de Adjudicaciones Directas
y Adjudicaciones de Menor Cuantía, el plazo será de cinco (5) días hábiles.
La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo
anterior debe interponerse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de
haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar. En el caso de
Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía, el plazo será de
cinco (5) días hábiles.
Los plazos indicados resultan aplicables a todo recurso de apelación, sea que
se interponga ante la Entidad o ante el Tribunal, según corresponda.

Artículo 108.- Efectos de la interposición del recurso de apelación
La interposición del recurso de apelación suspende el proceso de selección. Si el
proceso de selección fue convocado por ítems, etapas, lotes, paquetes o tramos, la
suspensión afectará únicamente al ítem, etapa, lote, paquete o tramo impugnado.
Son nulos los actos expedidos con infracción de lo establecido en el párrafo
precedente.
Tanto la Entidad como el Tribunal, según corresponda, deben informar en la

123


ficha del proceso de selección obrante en el SEACE la interposición del recurso
de apelación, el mismo día de su interposición.

Artículo 109.- Requisitos de admisibilidad del recurso de apelación
El recurso de apelación, sea presentado ante la Entidad o ante el Tribunal,
deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Ser presentado ante la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad
o Mesa de Partes del Tribunal, conforme a lo indicado en el artículo
105°. En el caso de las Entidades domiciliadas fuera de Lima, el recurso
de apelación dirigido al Tribunal podrá ser presentado ante las oficinas
desconcentradas del OSCE, el que lo derivará a la Mesa de Partes del
Tribunal al día siguiente de su recepción.
2. Identificación del impugnante, debiendo consignar su nombre y
número de documento oficial de identidad, o su denominación o razón
social. En caso de actuación mediante representante, se acompañará
la documentación que acredite tal representación. Tratándose de
consorcios, el representante común debe interponer el recurso de
apelación a nombre de todos los consorciados, acreditando sus
facultades de representación mediante la presentación de copia simple
de la promesa formal de consorcio.
3. Señalar como domicilio procesal una dirección electrónica propia.
4. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo
que se solicita.
5. Los fundamentos de hecho y derecho que sustentan su petitorio.
6. Las pruebas instrumentales pertinentes.
7. La garantía, conforme a lo señalado en el artículo 112°.16
8. La firma del impugnante o de su representante. En el caso de consorcios
bastará la firma del representante común señalado como tal en la
promesa formal de consorcio.
9. Copias simples del escrito y sus recaudos para la otra parte, si la hubiera, y
10. Autorización de abogado, sólo en los casos de Licitaciones Públicas,
Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas Públicas, y siempre que
la defensa sea cautiva.

Artículo 110.- Trámite de admisibilidad del recurso de apelación
Independientemente que sea interpuesto ante la Entidad o ante el Tribunal,
el trámite de admisibilidad del recurso de apelación es el siguiente:

1. El análisis referido a la conformidad de los requisitos de admisibilidad
se realiza en un solo acto, al momento de la presentación del recurso


124


de apelación, por la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad,
por la Mesa de Partes del Tribunal o las Oficinas Desconcentradas del
OSCE, según corresponda.
2. El recurso de apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o
contra los actos dictados con anterioridad a ella que sea presentado
antes de haberse efectuado el otorgamiento de la Buena Pro, será
rechazado de plano, sin mayor trámite, por la Unidad de Trámite
Documentario de la Entidad por la Mesa de Partes del Tribunal o las
Oficinas Desconcentradas del OSCE, según corresponda, con la simple
verificación en el SEACE de la fecha programada para el otorgamiento
de la Buena Pro.
3. El requisito de admisibilidad indicado en el inciso 8) del artículo
precedente debe ser consignado obligatoriamente en el primer escrito
que se presente; de lo contrario, el recurso será rechazado de plano, sin
mayor trámite, por la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad,
por la Mesa de Partes del Tribunal o las Oficinas Desconcentradas del
OSCE, según corresponda.
4. La omisión de los requisitos señalados en los incisos 1), 2), 3), 4), 5), 6),
7), 9) y 10) del artículo precedente deberá ser subsanada por el apelante
dentro del plazo máximo de dos (2) días hábiles desde la presentación
del recurso de apelación. El plazo otorgado para la subsanación
suspende todos los plazos del procedimiento de impugnación.
5. Transcurrido el plazo a que se contrae el inciso anterior sin que
se hubiese subsanado la omisión, el recurso de apelación se
considerará automáticamente como no presentado, sin necesidad de
pronunciamiento alguno, y los recaudos se pondrán a disposición del
apelante para que los recabe en la Unidad de Trámite Documentario
de la Entidad, en la Mesa de Partes del Tribunal o en las Oficinas
Desconcentradas del OSCE, según corresponda.
6. Si la Entidad advirtiera, dentro de los tres (3) días hábiles de admitido el
recurso de apelación, que el impugnante omitió alguno de los requisitos
de admisibilidad detallados en el inciso 4) del presente artículo, y ello
no fue advertido por su Unidad de Trámite Documentario, deberá
emplazarlo inmediatamente a fin de que realice la subsanación
correspondiente, otorgándole un plazo máximo de dos (2) días hábiles,
sin que el mismo suspenda el plazo para la resolución del recurso.
Transcurrido el plazo señalado sin que se realice la subsanación, el
recurso se tendrá por no presentado.

Artículo 111.- Improcedencia del recurso de apelación
El recurso de apelación presentado ante la Entidad o ante el Tribunal será
declarado improcedente cuando:

125


1. La Entidad o el Tribunal, según corresponda, carezca de competencia
para resolverlo.
2. Sea interpuesto contra alguno de los actos que no son impugnables,
conforme a lo señalado en el artículo 106°.
3. Sea interpuesto fuera del plazo indicado en el artículo 107°.
4. El que suscriba el recurso no sea el impugnante o su representante.
5. El impugnante se encuentre impedido para participar en los procesos de
selección y/o contratar con el Estado, conforme al artículo 10° de la Ley.
6. El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer
actos civiles.
7. El impugnante carezca de legitimidad procesal para impugnar el acto
objeto de cuestionamiento.
8. Sea interpuesto por el postor ganador de la Buena Pro.
9. No exista conexión lógica entre los hechos expuestos en el recurso y
el petitorio del mismo.

Artículo 112.- Garantía por interposición de recurso de apelación
La garantía que respalda la interposición del recurso de apelación, de
conformidad con el artículo 53° de la Ley, deberá otorgarse a favor de la Entidad
o del OSCE, según corresponda, por una suma equivalente al tres por ciento
(3%) del valor referencial del proceso de selección impugnado. En los procesos
de selección según relación de ítems, etapas, tramos, lotes y paquetes el monto
de la garantía será equivalente al tres por ciento (3%) del valor referencial del
respectivo ítem, etapa, tramo, lote o paquete.
En ningún caso, la garantía será menor al cincuenta por ciento (50%) de la
Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente.
La garantía deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización
automática en el país al solo requerimiento de la Entidad o del OSCE, según
corresponda, bajo responsabilidad de las empresas que las emiten, las mismas
que deberán estar dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
Así también, la garantía podrá consistir en un depósito en la cuenta bancaria
de la Entidad o del OSCE, según corresponda.
En caso el recurso de apelación se presente ante la Entidad, la garantía deberá
tener un plazo mínimo de vigencia de veinte días (20) calendario; de presentarse
ante el Tribunal, la garantía deberá tener un plazo mínimo de vigencia de treinta
(30) días calendario; debiendo ser renovada, en cualquiera de los casos, hasta el
momento en que se agote la vía administrativa, siendo obligación del impugnante
realizar dichas renovaciones en forma oportuna. En el supuesto que la garantía
no fuese renovada hasta la fecha consignada como vencimiento de la misma,
se considerará el recurso como no presentado.

126


Artículo 113.- Recurso de apelación ante la Entidad
El Titular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la facultad de
resolver los recursos de apelación, sin que en ningún caso dicha delegación
pueda recaer en los miembros del Comité Especial o en el órgano encargado
de las contrataciones de la Entidad, según corresponda.
La tramitación del recurso de apelación presentado ante la Entidad se sujetará
al siguiente procedimiento:
1. La presentación de los recursos de apelación deberá registrarse en el
SEACE el mismo día de haber sido interpuestos.
2. De haberse interpuesto dos (2) o más recursos de apelación respecto
de un mismo proceso o ítem, la Entidad podrá acumularlos a fin de
resolverlos de manera conjunta, siempre que los mismos guarden
conexión. El plazo de resolución de dichos recursos acumulados será
el plazo del último recurso interpuesto o subsanado.
3. La Entidad correrá traslado de la apelación a los postores que pudiesen
resultar afectados con la resolución del recurso, dentro del plazo de dos
(2) días hábiles contados desde la presentación del recurso o desde la
subsanación de las omisiones advertidas en la presentación del mismo,
según corresponda.
4. El postor o postores emplazados podrán absolver el traslado del recurso
interpuesto en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles. La Entidad
deberá resolver con la absolución del traslado o sin ella.
Al interponer el recurso o al absolverlo, el impugnante o los postores
podrán solicitar el uso de la palabra, lo cual deberá efectuarse dentro
de los tres (3) días hábiles siguientes de culminado el plazo para la
absolución del traslado del recurso de apelación.
5. La Entidad resolverá la apelación y notificará su decisión a través del
SEACE, en un plazo no mayor de doce (12) días hábiles, contados desde
la presentación del recurso o desde la subsanación de las omisiones
y/o defectos advertidos en la presentación del mismo.
A efectos de resolver el recurso de apelación, el Titular de la Entidad,
o en quien se haya delegado dicha facultad, deberá contar con un
informe técnico legal sobre la impugnación, emitido por las áreas
correspondientes de la Entidad. Dicho informe no podrá ser emitido
por el Comité Especial o el órgano encargado de las contrataciones
de la Entidad, según sea el caso.
6. El impugnante deberá asumir que su recurso de apelación ha sido
desestimado, operando la denegatoria ficta, cuando la Entidad no
resuelva y notifique su resolución dentro del plazo de doce (12) días
hábiles siguientes a la presentación o subsanación del recurso de
apelación, a efectos de la interposición de la demanda contencioso
administrativa.
7. Es procedente el desistimiento del recurso de apelación mediante

127


escrito con firma legalizada ante el fedatario de la Entidad, Notario o
Juez de Paz, según sea el caso. El desistimiento es aceptado mediante
resolución y pone fin al procedimiento administrativo, salvo cuando
comprometa el interés público.
En caso de desistimiento, se ejecutará el cien por ciento (100%) de la
garantía, de conformidad con el literal c) del numeral 51.2 del artículo
51° de la Ley.

Artículo 114.- Contenido de la resolución de la Entidad
El acto expedido por la Entidad que resuelve el recurso de apelación deberá
consignar como mínimo lo siguiente:

1. Los antecedentes del proceso en que se desarrolla la impugnación.
2. La determinación de los puntos controvertidos planteados por
el impugnante mediante su recurso y por los demás postores
intervinientes en el procedimiento.
3. El análisis respecto de cada uno de los puntos controvertidos
propuestos.
4. La decisión respecto de cada uno de los extremos del petitorio del recurso
de apelación y de la absolución de los demás postores intervinientes
en el procedimiento, conforme a los puntos controvertidos.

Al ejercer su potestad resolutiva, la Entidad deberá resolver de una de las
siguientes formas:

1. De considerar que el acto impugnado se ajusta a la Ley, al presente
Reglamento, a las Bases y demás normas conexas o complementarias,
declarará infundado el recurso de apelación.
2. Cuando en el acto impugnado se advierta la aplicación indebida o
interpretación errónea de la Ley, del presente Reglamento, de las Bases
o demás normas conexas o complementarias, declarará fundado el
recurso de apelación y revocará el acto objeto de impugnación.
Si el acto o actos impugnados están directamente vinculados a la
evaluación de las propuestas y/o otorgamiento de la Buena Pro, deberá,
de contar con la información suficiente, efectuar el análisis pertinente
sobre el fondo del asunto y otorgar la Buena Pro a quien corresponda.
3. Cuando, en virtud del recurso interpuesto, se verifique la existencia
de actos dictados por órganos incompetentes, que contravengan
normas legales, que contengan un imposible jurídico o prescindan de
las normas esenciales del procedimiento o de la forma prescrita por
la normatividad aplicable, el Titular de la Entidad declarará de oficio
la nulidad de los mismos, debiendo precisar la etapa hasta la que se

128


retrotraerá el proceso de selección, en cuyo caso podrá declarar que
resulta irrelevante pronunciarse sobre el petitorio del recurso.
4. Cuando el recurso de apelación incurra en alguna de las causales
establecidas en el artículo 111°, la Entidad lo declarará improcedente.

La resolución de la Entidad que resuelve el recurso de apelación o la
denegatoria ficta, de no emitir y notificar su decisión dentro del plazo respectivo,
agotan la vía administrativa.
La omisión de resolver y notificar el recurso de apelación dentro del plazo
establecido genera la responsabilidad funcional del Titular de la Entidad y del
funcionario a quien se hubiese delegado la función de resolver.

Artículo 116.- Recurso de apelación ante el Tribunal
El Tribunal tramita el recurso de apelación conforme a las siguientes reglas:

1. De haberse interpuesto dos (2) o más recursos de apelación respecto de
un mismo proceso o ítem, independientemente del acto impugnado,
el Tribunal procederá a acumularlos a fin de resolverlos de manera
conjunta, salvo que por razones debidamente fundamentadas decida
lo contrario.
2. Admitido el recurso el Tribunal correrá traslado, en el plazo no mayor
de dos (2) días hábiles, a la Entidad que emitió el acto que se impugna,
requiriéndole la remisión del Expediente de Contratación completo.
La Entidad deberá notificar con el decreto que admite a trámite el
recurso de apelación al postor y/o postores distintos al impugnante
que pudieran verse afectados con la resolución del Tribunal.
3. Dentro del plazo de tres (3) días hábiles, la Entidad está obligada
a remitir al Tribunal el Expediente de Contratación completo
correspondiente al proceso de selección, que deberá incluir las
propuestas de todos los postores, incluyendo, además, como recaudo
del mismo, un informe técnico legal sobre la impugnación, en el cual
se indique expresamente la posición de la Entidad respecto de los
fundamentos del recurso interpuesto. Simultáneamente, la Entidad
deberá remitir la documentación que acredite la notificación del
decreto que admite a trámite el recurso de apelación al postor y/o
postores distintos al impugnante que pudieran verse afectados con
la resolución del Tribunal.
El incumplimiento de dichas obligaciones por parte de la Entidad
será comunicada al Órgano de Control Institucional de ésta y/o a
la Contraloría General de la República y generará responsabilidad
funcional en el Titular de la Entidad.

129


4. Remitido el expediente a la Sala correspondiente del Tribunal, con o
sin la absolución del postor o postores que resulten afectados, ésta
tiene un plazo de cinco (5) días hábiles para evaluar la documentación
obrante en el expediente y, de ser el caso, para declarar que está listo
para resolver.
El Tribunal, de considerarlo pertinente puede, por única vez, solicitar
información adicional a la Entidad, al impugnante y a terceros a
fin de recaudar la documentación necesaria para mejor resolver,
quedando prorrogado el plazo de evaluación al que se alude en el
párrafo precedente por el término necesario, el que no podrá exceder
de quince (15) días hábiles. En caso de haberse concedido, de oficio
o a pedido de parte, el uso de la palabra para los informes orales, el
requerimiento de información adicional podrá efectuarse luego de
realizada la respectiva audiencia pública.
5. El Tribunal resolverá y notificará su resolución a través del SEACE dentro
del plazo de cinco (5) días hábiles, contados desde la fecha de emisión
del decreto que declare que el expediente está listo para resolver.

Cuando la impugnación así lo exija, para efectos de su resolución, el Tribunal
podrá formular requerimiento de información a las Entidades o personas
naturales o jurídicas que estime necesarios, sean o no partes en el procedimiento
impugnativo.
Todas las Entidades y las personas naturales o jurídicas que hayan sido
requeridas para los efectos a que se contrae el párrafo anterior están obligadas a
remitir la información solicitada por el Tribunal en el plazo que se les otorgue, bajo
responsabilidad. La oposición u omisión al cumplimiento del mandato requerido
supondrá, sin excepción alguna, una infracción del deber de colaboración con
la Administración que, en el caso de las Entidades, se pondrá en conocimiento
de su Órgano de Control Institucional para la adopción de las medidas a que
hubiere lugar. Tratándose de las demás personas naturales o jurídicas, o del postor
adjudicatario de la Buena Pro, el incumplimiento del mandato será apreciado por
el Tribunal al momento de resolver, valorándose conjuntamente con los demás
actuados que obren en el expediente.

Artículo 117.- Uso de la palabra
El Tribunal podrá conceder a las partes el uso de la palabra a efectos de
sustentar su derecho, cuando sea solicitada por ellas, sólo hasta antes que el
Tribunal declare que el expediente está listo para resolver, sin perjuicio que sea
requerido de oficio a consideración del Tribunal. Para tal efecto el Tribunal señalará
día y hora para la realización de la respectiva audiencia pública. En este caso,
el plazo de evaluación del expediente queda prorrogado hasta el día en que se
realice la correspondiente audiencia pública.

130


Artículo 118.- Contenido de la resolución del Tribunal
La resolución expedida por el Tribunal que se pronuncia sobre el recurso de
apelación deberá consignar como mínimo lo siguiente:

1. Los antecedentes del proceso en que se desarrolla la impugnación.
2. La determinación de los puntos controvertidos planteados por
el impugnante mediante su recurso y por los demás postores
intervinientes en el procedimiento de impugnación.
3. El análisis respecto de cada uno de los puntos controvertidos
propuestos.
4. El pronunciamiento respecto de cada uno de los extremos del
petitorio del recurso de apelación y de la absolución de los demás
postores intervinientes en el procedimiento, conforme a los puntos
controvertidos.

Artículo 119.- Alcances de la resolución
Al ejercer su potestad resolutiva, el Tribunal deberá resolver de una de las
siguientes formas:

1. En caso el Tribunal considere que el acto impugnado se ajusta a la Ley,
al presente Reglamento, a las Bases del proceso de selección y demás
normas conexas o complementarias, declarará infundado el recurso
de apelación y confirmará el acto objeto del mismo.
2. Cuando en el acto impugnado se advierta la aplicación indebida o
interpretación errónea de la Ley, del presente Reglamento, de las Bases
del proceso de selección o demás normas conexas o complementarias,
el Tribunal declarará fundado el recurso de apelación y revocará el
acto impugnado.
3. Si el impugnante ha cuestionado actos directamente vinculados a
la evaluación de las propuestas y/o otorgamiento de la Buena Pro,
el Tribunal, además, evaluará si cuenta con la información suficiente
para efectuar el análisis sobre el fondo del asunto. De contar con dicha
información, el Tribunal otorgará la Buena Pro a quien corresponda,
siendo improcedente cualquier impugnación administrativa contra
dicha decisión.
4. Cuando, en virtud del recurso interpuesto o de oficio, se verifique
la existencia de actos dictados por órganos incompetentes, que
contravengan normas legales, que contengan un imposible jurídico
o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de la
forma prescrita por la normatividad aplicable, declarará la nulidad
de los mismos, debiendo precisar la etapa hasta la que se retrotraerá
el proceso de selección, en cuyo caso podrá declarar que resulta
irrelevante pronunciarse sobre el petitorio del recurso.

131


5. Cuando el recurso de apelación incurra en alguna de las causales establecidas
en el artículo 111°, el Tribunal lo declarará improcedente.17

Artículo 120.- Desistimiento
El apelante podrá desistirse del recurso de apelación mediante escrito con
firma legalizada ante Notario o ante la Secretaría del Tribunal, siempre y cuando
la respectiva solicitud de desistimiento haya sido formulada hasta antes de
haberse declarado que el expediente está listo para resolver y no comprometa
el interés público.
El desistimiento es aceptado mediante resolución y pone fin al procedimiento
administrativo.
En caso de desistimiento, se ejecutará el cien por ciento (100%) de la garantía,
de conformidad con el literal c) del numeral 51.2 del artículo 51° de la Ley.

Vencido el plazo para que el Tribunal resuelva y notifique la resolución que se
pronuncia sobre el recurso de apelación, el impugnante deberá asumir que aquél
fue desestimado, operando la denegatoria ficta, a efectos de la interposición de
la demanda contencioso administrativa.

La resolución del Tribunal que resuelve el recurso de apelación o la denegatoria
ficta, de no emitir y notificar su decisión dentro del plazo respectivo, agotan la
vía administrativa.
La omisión de resolver y notificar el recurso de apelación dentro del plazo
establecido genera la responsabilidad funcional de la Sala del Tribunal.

Artículo 123.- Cumplimiento de las resoluciones del Tribunal
La resolución dictada por el Tribunal debe ser cumplida por las partes sin
calificarla y bajo sus términos.
Cuando la Entidad no cumpla con lo dispuesto en una resolución del Tribunal, éste
dictará las medidas pertinentes para su debida ejecución, comunicando tal hecho al
Órgano de Control Institucional de aquella y/o a la Contraloría General de la República,
sin perjuicio del requerimiento al Titular de la Entidad para que se imponga al o a
los responsables las sanciones previstas en el artículo 46° de la Ley. De ser el caso, se
denunciará a los infractores según lo tipificado en el Código Penal.

Artículo 124.- precedentes de Observancia Obligatoria
Mediante acuerdos adoptados en sesión de Sala Plena, el Tribunal interpreta


132


de modo expreso y con carácter general las normas establecidas en la Ley y
el presente Reglamento, los cuales constituyen Precedentes de Observancia
Obligatoria. Dichos acuerdos deberán ser publicados en el Diario Oficial El Peruano
y en el portal institucional del OSCE. Los Precedentes de Observancia Obligatoria
conservarán su vigencia mientras no sean modificados por posteriores acuerdos
de Sala Plena del Tribunal o por norma legal.
Las Entidades y las Salas del Tribunal están obligadas a resolver las apelaciones que
conozcan de conformidad con los Precedentes de Observancia Obligatoria vigentes.

Artículo 125.- Ejecución de la garantía
Independientemente que se haya presentado el recurso de apelación ante la
Entidad o ante el Tribunal, según corresponda, cuando el recurso sea declarado
fundado en todo o en parte, o se declare la nulidad sin haberse emitido
pronunciamiento sobre el fondo del asunto, u opere la denegatoria ficta por no
resolver y notificar la resolución dentro del plazo legal, se procederá a devolver la
garantía al impugnante, en un plazo de quince (15) días hábiles de solicitado.
Cuando el recurso de apelación sea declarado infundado o improcedente o
el impugnante se desista, se procederá a ejecutar la garantía.

Artículo 126.- Acción contencioso administrativa
La interposición de la acción contencioso administrativa cabe únicamente contra
la resolución o denegatoria ficta que agotan la vía administrativa, y no suspende
lo resuelto por la Entidad o por el Tribunal, según corresponda. Dicha acción se
interpondrá dentro del plazo previsto en la ley de la materia, contado a partir del
día siguiente de la notificación de la resolución respectiva o del vencimiento del
plazo para resolver el recurso de apelación, según corresponda.

CApÍTULO XIII
EXONERACIÓN DEL pROCESO DE SELECCIÓN

Artículo 127.- Contratación entre Entidades
Esta exoneración no resultará aplicable a las contrataciones en las que actúe
como proveedor una empresa del Estado organizada bajo la forma que establezca
la legislación vigente, ya sea de propiedad del Gobierno Central, Regional o
Local, o Entidades del Estado que realizan actividades empresariales de manera
habitual en el rubro de la contratación.
Concordancia: LCE: Artículo 20º inciso a).

Artículo 128.- Situación de Emergencia
En virtud de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan
grave peligro, o que afecten la defensa y seguridad nacional, la Entidad deberá

133


contratar en forma inmediata lo estrictamente necesario para prevenir y atender
los requerimientos generados como consecuencia directa del evento producido,
así como para satisfacer las necesidades sobrevinientes. Posteriormente, deberá
convocar los respectivos procesos de selección. Cuando no corresponda realizar
un proceso de selección posterior, en el informe técnico legal respectivo se debe
fundamentar las razones que motivan la contratación definitiva.
Toda contratación realizada para enfrentar una situación de emergencia
deberá regularizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de efectuada
la entrega del bien o la primera entrega en el caso de suministros, o del inicio
de la prestación del servicio o del inicio de la ejecución de la obra, incluyendo el
proceso en el Plan Anual de Contrataciones de la Entidad, publicando la resolución
o acuerdo correspondientes y los informes técnico y legal sustentatorios en
el SEACE, debiendo remitir dicha información a la Contraloría General de la
República, así como emitiendo los demás documentos contractuales que
correspondan según el estado de ejecución de las prestaciones.
Concordancia: LCE: Artículo 20º inciso b).

Artículo 129.- Situación de Desabastecimiento Inminente
La situación de desabastecimiento inminente se configura en los casos
señalados en el artículo 22° de la Ley.
La necesidad de los bienes, servicios u obras debe ser actual e imprescindible
para atender los requerimientos inmediatos, no pudiéndose invocar la existencia de
una situación de desabastecimiento inminente en las siguientes contrataciones:

a) En vía de regularización.
b) Por períodos consecutivos que excedan el lapso del tiempo requerido
para paliar la situación.
c) Para satisfacer necesidades anteriores a la fecha de aprobación de la
exoneración al proceso de selección, y
d) Por cantidades que excedan lo necesario para atender el
desabastecimiento.

En la resolución o acuerdo exoneratorio deberá disponerse el inicio de las
medidas conducentes al deslinde de las responsabilidades administrativas, civiles
y/o penales de los funcionarios o servidores públicos involucrados.
Concordancia: LCE: Artículo 20º inciso c).

Artículo 130.- Carácter de secreto, secreto militar o de orden interno
Las contrataciones con carácter de secreto, de secreto militar o de orden interno
que deban realizar los organismos que conforman el Sistema de Inteligencia
Nacional, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, están exoneradas del
proceso de selección respectivo, siempre que su objeto esté incluido en la lista que,
mediante Decreto Supremo, haya aprobado el Consejo de Ministros.

134


La opinión favorable de la Contraloría General de la República deberá
sustentarse en la comprobación de la inclusión del objeto de la contratación en
la lista a que se refiere el párrafo anterior y deberá emitirse dentro del plazo de
quince (15) días hábiles a partir de presentada la solicitud.
Los bienes, servicios o ejecución de obras de carácter administrativo y operativo,
a que se refiere la última parte del inciso d) del artículo 20° de la Ley, son aquellos
necesarios para el normal funcionamiento de las unidades del Sistema de
Inteligencia Nacional, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.
Concordancia: LCE: Artículo 20º inciso d).

Artículo 131.- proveedor único de bienes o servicios que no admiten sustitutos
En los casos en que no existan bienes o servicios sustitutos a los requeridos por
el área usuaria, y siempre que exista un solo proveedor en el mercado nacional,
la Entidad podrá contratar directamente.
También se considerará que existe proveedor único en los casos que por
razones técnicas o relacionadas con la protección de derechos de propiedad
intelectual se haya establecido la exclusividad del proveedor.
Concordancia: LCE: Artículo 20º inciso e).

Artículo 132.- Servicios personalísimos
Cuando exista un requerimiento de contratar servicios especializados
profesionales, artísticos, científicos o tecnológicos, procede la exoneración por
servicios personalísimos para contratar con personas naturales o jurídicas, siempre
que se sustente objetivamente lo siguiente:

1. Especialidad del proveedor, relacionada con sus conocimientos
profesionales, artísticos, científicos o tecnológicos que permitan
sustentar de modo razonable e indiscutible su adecuación para
satisfacer la complejidad del objeto contractual.
2. Experiencia reconocida en la prestación objeto de la contratación.
3. Comparación favorable frente a otros potenciales proveedores que
estén en la capacidad de brindar el servicio.

Se encuentran incluidos en esta clasificación los servicios de publicidad que
prestan al Estado los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier
otro medio de comunicación, en atención a las características particulares que los
distinguen.
Las prestaciones que se deriven de los contratos celebrados al amparo del presente
artículo no serán materia de subcontratación ni de cesión de posición contractual.
Concordancia: LCE: Artículo 20º inciso f).

Artículo 133.- Informe Técnico-Legal previo en caso de Exoneraciones
La resolución o acuerdo que apruebe la exoneración del proceso de selección

135


requiere obligatoriamente de uno (1) o más informes previos, que contengan
la justificación técnica y legal de la procedencia y necesidad de la exoneración.
En el caso de las empresas públicas, la aprobación de las exoneraciones le
corresponde al Directorio.

Artículo 134.- publicación de las resoluciones o acuerdos que aprueban las
Exoneraciones
Las resoluciones o acuerdos que aprueben las exoneraciones y los informes
que los sustentan, salvo la causal prevista en el inciso d) del artículo 20° de la
Ley, serán publicadas a través del SEACE dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a su emisión o adopción, según corresponda.
En el mismo plazo, la referida información deberá ser comunicada a la
Contraloría General de la República, con copia a los Órganos de Control
Institucional de las Entidades que cuenten con dicho Órgano.

Artículo 135.- procedimiento para las contrataciones exoneradas
La Entidad efectuará las contrataciones en forma directa mediante acciones
inmediatas, requiriéndose invitar a un solo proveedor, cuya propuesta cumpla
con las características y condiciones establecidas en las Bases, las cuales sólo
deben contener lo indicado en los literales b), c), e), h) e i) del artículo 26° de la
Ley. La propuesta podrá ser obtenida, por cualquier medio de comunicación,
incluyendo el facsímil y el correo electrónico.
La exoneración se circunscribe a la omisión del proceso de selección; por lo
que los actos preparatorios y contratos que se celebren como consecuencia de
aquella, deben cumplir con los respectivos requisitos, condiciones, formalidades,
exigencias y garantías que se aplicarían de haberse llevado a cabo el proceso de
selección correspondiente.
La contratación del bien, servicio u obra objeto de la exoneración, será
realizada por el órgano encargado de las contrataciones de la Entidad o el órgano
designado para el efecto.
El cumplimiento de los requisitos previstos para las exoneraciones, en la Ley
y el presente Reglamento, es responsabilidad del Titular del la Entidad y de los
funcionarios que intervengan en la decisión y ejecución.

Artículo 136.- Limitaciones a las contrataciones exoneradas
En el caso de las contrataciones exoneradas por causales de desabastecimiento
inminente y situación de emergencia no serán aplicables las contrataciones
complementarias. De ser necesario adicionales se requerirá para su ejecución
de un nuevo y previo acuerdo o resolución exoneratorio.

136


TITULO III
EJECUCIÓN CONTRACTUAL

CApÍTULO I
DEL CONTRATO

Artículo 137.- Obligación de contratar
Una vez que la Buena Pro ha quedado consentida o administrativamente
firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores, están obligados a
suscribir el o los contratos respectivos.
La Entidad no puede negarse a suscribir el contrato, salvo por razones de
recorte presupuestal correspondiente al objeto materia del proceso de selección,
por norma expresa o porque desaparezca la necesidad, debidamente acreditada.
La negativa a hacerlo basada en otros motivos, genera responsabilidad funcional
en el Titular de la Entidad, en el responsable de Administración o de Logística o
el que haga sus veces, según corresponda.
En caso que el o los postores ganadores de la Buena Pro se nieguen a suscribir el
contrato, serán pasibles de sanción, salvo imposibilidad física o jurídica sobrevenida
al otorgamiento de la Buena Pro que no le es atribuible, declarada por el Tribunal.

Artículo 138.- perfeccionamiento del Contrato
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene.
Tratándose de procesos de Adjudicaciones de Menor Cuantía, distintas a las
convocadas para la ejecución y consultoría de obras, el contrato se podrá
perfeccionar con la recepción de la orden de compra o de servicio.
En el caso de procesos de selección por relación de ítems, se podrá perfeccionar
el contrato con la suscripción del documento que lo contiene o con la recepción
de una orden de compra o de servicio según el monto del valor referencial de
cada ítem. En caso que un mismo proveedor resulte ganador en más de un ítem,
podrá suscribirse un contrato por cada ítem o un solo contrato por todos ellos.
La Entidad deberá informar al SEACE de cada ítem contratado.
En las órdenes de compra o de servicios que se remitan a los postores
ganadores de la Buena Pro, figurará como condición que el contratista se obliga a
cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sanción de quedar inhabilitado
para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.
Los contratos y, en su caso, las órdenes de compra o de servicio, así como
la información referida a su ejecución, deberán ser registrados en el SEACE en
un plazo no mayor de diez (10) días hábiles siguientes a su perfeccionamiento,
ocurrencia o aprobación, según corresponda.

Artículo 139.- Suscripción del Contrato
El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o

137


debidamente autorizado, y por el contratista, ya sea directamente o por medio de
su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica,
a través de su representante legal.

Artículo 140.- Sujetos de la relación contractual
Son sujetos de la relación contractual la Entidad y el contratista.
En aquellos casos en los que se haya distribuido o prorrateado la Buena Pro
entre dos (2) o más postores se formalizará un contrato con cada postor.

Artículo 141.- Requisitos para suscribir el Contrato
Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar,
además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

1. Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el
Estado, salvo en los contratos derivados de procesos de Adjudicación
de Menor Cuantía y de procesos de selección según relación de ítems,
en los que el monto del valor referencial del ítem o sumatoria de los
valores referenciales de los ítems adjudicados a un mismo postor no
superen lo establecido en la normativa vigente para convocar a una
Adjudicación de Menor Cuantía, en los que la Entidad deberá efectuar
la verificación correspondiente en el portal del RNP.
2. Garantías, salvo casos de excepción.
3. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los consorciados, de
ser el caso.

Estos requisitos no serán exigibles cuando el contratista sea otra Entidad,
cualquiera sea el proceso de selección, con excepción de las Empresas del Estado
que deberán cumplirlos.
Luego de la suscripción del contrato y, en el mismo acto, la Entidad entregará
un ejemplar del mismo al contratista.

Artículo 142.- Contenido del Contrato
El contrato está conformado por el documento que lo contiene, las Bases
Integradas y la oferta ganadora, así como los documentos derivados del proceso
de selección que establezcan obligaciones para las partes y que hayan sido
expresamente señalados en el contrato.
El contrato es obligatorio para las partes y se regula por las normas de este
Título. Los contratos de obras se regulan, además, por el Capítulo III de este
Título. En lo no previsto en la Ley y el presente Reglamento, son de aplicación
supletoria las normas de derecho público y, sólo en ausencia de éstas, las de
derecho privado.

138


Artículo 143.- Modificación en el Contrato
Durante la ejecución del contrato, en caso el contratista ofrezca bienes y/o
servicios con iguales o mejores características técnicas, de calidad y de precios,
la Entidad, previa evaluación, podrá modificar el contrato, siempre que tales
bienes y/o servicios satisfagan su necesidad. Tales modificaciones no deberán
variar en forma alguna las condiciones originales que motivaron la selección
del contratista.

Artículo 144.- Nulidad del Contrato
Son causales de declaración de nulidad de oficio del contrato las previstas
por el artículo 56° de la Ley, para lo cual la Entidad cursará carta notarial al
contratista adjuntando copia fedateada del documento que declara la nulidad
del contrato. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes el contratista
que no esté de acuerdo con esta decisión, podrá someter la controversia a
conciliación y/o arbitraje.

Artículo 145.- Consorcio
El contrato de consorcio se formaliza mediante documento privado con firmas
legalizadas ante Notario por cada uno de los integrantes, de sus apoderados
o de sus representantes legales, según corresponda, designándose en dicho
documento al representante o apoderado común. No tendrá eficacia legal
frente a la Entidad los actos realizados por personas distintas al representante
o apoderado común.
Si la promesa formal de consorcio no lo establece, se presume que la
participación de cada integrante del consorcio es en proporciones iguales,
condición que se mantendrá al suscribirse el contrato de consorcio.
Los integrantes de un consorcio responden solidariamente respecto de la no
suscripción del contrato y del incumplimiento del mismo, estando facultada la
Entidad, en dichos casos, para demandar a cualquiera de ellos por los daños y
perjuicios causados.
El incumplimiento del contrato generará la imposición de sanciones
administrativas que se aplicarán a todos los integrantes del consorcio, aun
cuando se hayan individualizado las obligaciones y precisado la participación
de cada uno.

El contratista podrá acordar con terceros la subcontratación de parte de las
prestaciones a su cargo, cuando lo autoricen las Bases, siempre que:

1. La Entidad lo apruebe por escrito y de manera previa, por intermedio
del funcionario que cuente con facultades suficientes y dentro de los

139


cinco (5) días hábiles de formulado el pedido. Si transcurrido dicho
plazo la Entidad no comunica su respuesta, se considera que el pedido
ha sido aprobado.
2. Las prestaciones a subcontratarse con terceros no excedan del cuarenta
por ciento (40%) del monto del contrato original.
3. El subcontratista se encuentre inscrito en el RNP y no esté suspendido
o inhabilitado para contratar con el Estado.
4. En el caso de contratistas extranjeros, éstos se comprometan a brindar
capacitación y transferencia de tecnología a los nacionales.

Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme a lo indicado
precedentemente, es el único responsable de la ejecución total del contrato frente
a la Entidad. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación
son ajenas a la Entidad.
Las subcontrataciones se efectuarán de preferencia con las microempresas
y pequeñas empresas.

Artículo 147.- Cesión de Derechos y de posición Contractual
Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, el contratista puede ceder
sus derechos a favor de terceros, caso en el cual la Entidad abonará a éstos la
prestación a su cargo dentro de los límites establecidos en la cesión.
En el ámbito de las normas sobre contrataciones del Estado no procede la cesión de
posición contractual del contratista, salvo en los casos de transferencia de propiedad de
bienes que se encuentren arrendados a las Entidades, cuando se produzcan fusiones
o escisiones o que exista norma legal que lo permita expresamente.

Artículo 148.- plazos y procedimiento para suscribir el Contrato
Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento
de la Buena Pro, los plazos y el procedimiento para suscribir el contrato son los
siguientes:

1. Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al consentimiento de la
Buena Pro, la Entidad deberá citar al postor ganador, otorgándole
el plazo establecido en las Bases, el cual no podrá ser menor de
cinco (5) ni mayor de diez (10) días hábiles, dentro del cual deberá
presentarse a la sede de la Entidad para suscribir el contrato con toda
la documentación requerida.
2. Cuando el postor ganador no se presente dentro del plazo otorgado,
perderá automáticamente la Buena Pro, sin perjuicio de la sanción
administrativa aplicable. En tal caso, el órgano encargado de las
contrataciones llamará al postor que ocupó el segundo lugar en el
orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose

140


conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. Si este postor
no suscribe el contrato, dicho órgano declarará desierto el proceso de
selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable.
3 Cuando la Entidad no cumpla con citar al ganador de la Buena Pro
a suscribir el contrato dentro del plazo establecido, el postor podrá
requerirla para su suscripción, dentro de los dos (2) días hábiles
siguientes de vencido el plazo para suscribir el contrato, dándole un
plazo de entre cinco (5) a diez (10) días hábiles. En estos casos, la
Entidad deberá reconocer a favor del postor una cantidad equivalente
al uno por mil (1/1000) del monto total de su propuesta económica
por cada día de atraso, computado desde el requerimiento y hasta la
fecha efectiva de suscripción del contrato, con un tope máximo de
diez (10) días hábiles.
4. Vencido el plazo otorgado por el ganador de la Buena Pro sin que la
Entidad haya suscrito el contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes, éste podrá solicitar se deje sin efecto el otorgamiento de
la Buena Pro. En tal caso, la Entidad deberá reconocerle una única
indemnización por lucro cesante, cuyo monto deberá ser sustentado
por el postor en su solicitud y no podrá ser mayor al diez por ciento
(10%) del monto adjudicado; sin perjuicio de la responsabilidad que
le pudiera corresponder al funcionario competente para la suscripción
del contrato. La Entidad tendrá un plazo máximo de diez (10) días
hábiles para resolver el pedido de indemnización. De surgir alguna
controversia, ésta será resuelta por el Tribunal.

En los casos que el contrato se perfeccione con orden de compra o de
servicios, dentro de los dos (2) días siguientes del consentimiento de la buena
pro, la Entidad deberá requerir al ganador de la Buena Pro la presentación de
los documentos exigidos en las Bases, otorgándole un plazo no mayor de tres
(3) días hábiles para tal efecto. La orden de compra o de servicios deberá ser
notificada en un plazo no mayor de siete (7) hábiles siguientes al consentimiento
de la Buena Pro.

Artículo 149.- vigencia del Contrato
El contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del
documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de
compra o de servicio.
Tratándose de la adquisición de bienes y servicios, el contrato rige hasta que
el funcionario competente dé la conformidad de la recepción de la prestación a
cargo del contratista y se efectúe el pago.
En el caso de ejecución y consultoría de obras, el contrato rige hasta el
consentimiento de la liquidación y se efectúe el pago correspondiente.

141


Artículo 150.- Casos especiales de vigencia contractual

1. Las Bases pueden establecer que el plazo del contrato sea por más de
un ejercicio presupuestal, hasta un máximo de tres (3), salvo que por
leyes especiales o por la naturaleza de la prestación se requieran plazos
mayores, siempre y cuando se adopten las previsiones presupuestarias
necesarias para garantizar el pago de las obligaciones.
2. En el caso de la ejecución y consultoría de obras, el plazo contractual
corresponderá al previsto para su culminación.
3. Tratándose de servicios de asesoría legal, como el patrocinio judicial,
arbitral u otros similares, el plazo podrá vincularse con la duración del
encargo a contratarse.
4. Cuando se trate del arrendamiento de bienes inmuebles, el plazo
podrá ser hasta por un máximo de tres (3) años prorrogables en forma
sucesiva por igual o menor plazo; reservándose la Entidad el derecho
de resolver unilateralmente el contrato antes del vencimiento previsto,
sin reconocimiento de lucro cesante ni daño emergente, sujetándose
los reajustes que pudieran acordarse al Índice de Precios al Consumidor
que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI.

Artículo 151.- Cómputo de los plazos
Durante la vigencia del contrato, los plazos se computarán en días calendario,
excepto en los casos en los que el Reglamento indique lo contrario.
El plazo de ejecución contractual se computa en días calendario desde
el día siguiente de la suscripción del contrato o desde el día siguiente de
cumplirse las condiciones establecidas en las Bases. En el caso de contrataciones
perfeccionadas mediante orden de compra o de servicio, el plazo de ejecución
se computa desde el día siguiente de recibida.
En ambos casos se aplicará supletoriamente lo dispuesto por los artículos
183° y 184° del Código Civil.

Artículo 152.- fallas o defectos percibidos por el contratista luego de la
suscripción
El contratista debe comunicar de inmediato a la Entidad de las fallas o defectos
que advierta luego de la suscripción del contrato, sobre cualquier especificación
o bien que la Entidad le hubiere proporcionado.
La Entidad evaluará las observaciones formuladas por el contratista y se
pronunciará en el plazo de siete (7) días hábiles.
Si acoge las observaciones, la Entidad deberá entregar las correcciones o
efectuar los cambios correspondientes, y si además, las fallas o defectos afectan
el plazo de ejecución del contrato, éste empezará a correr nuevamente a partir
de dicha entrega o del momento en que se efectúen los cambios.
En caso de que las observaciones no fuesen admitidas, la Entidad hará la

142


correspondiente comunicación para que el contratista continúe la prestación objeto del
contrato, bajo responsabilidad de aquella respecto a las mencionadas observaciones.

Artículo 153.- Responsabilidad de la Entidad
La Entidad es responsable frente al contratista de las modificaciones que
ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquéllos
cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin
perjuicio de la responsabilidad que le corresponde a los autores de los proyectos,
estudios, informes o similares.
La Entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones,
permisos, servidumbre y similares para la ejecución de las obras, salvo que en las
Bases se estipule que la tramitación de éstas correrá a cargo del contratista.

Artículo 154.- Tributos, gravámenes y otros
Los tributos y gravámenes que correspondan al contratista, así como las
responsabilidades de carácter laboral y por el pago de las aportaciones sociales
de su personal, se regularán por las normas sobre la materia.
Asimismo, corresponde al contratista la contratación de todos los seguros
necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los
terceros eventualmente afectados, de acuerdo con lo que establezcan las Bases.

CApÍTULO II
GARANTÍAS

Artículo 155.- Requisitos de las garantías
Las garantías que acepten las entidades conforme al artículo 39° de la Ley sólo
podrán ser efectuadas por empresas bajo el ámbito de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estén
consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría
que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.
Para tal fin, en las bases del proceso de selección, la entidad establece el tipo
de garantía que le otorgará el postor y/o contratista, según corresponda, de
conformidad con lo dispuesto en las normas de contrataciones del Estado.
Alternativamente, en caso de suministro periódico de bienes o de prestación
de servicios de ejecución periódica, así como en los contratos de consultoría y
ejecución de obras, las micro y pequeñas empresas podrán optar que, como
garantía de fiel cumplimiento, la Entidad retenga el diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, conforme a lo dispuesto en el artículo 39° de la Ley.
Para estos efectos, la retención de dicho monto se efectuará durante la primera
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo
a ser devuelto a la finalización del mismo.

143


Las Entidades están obligadas a aceptar las garantías que se hubieren emitido
conforme a lo dispuesto en los párrafos precedentes, bajo responsabilidad.
Aquellas empresas que no cumplan con honrar la garantía otorgada en el plazo
establecido en el artículo 39° de la Ley, serán sancionadas por la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Las garantías sólo se harán efectivas por el motivo garantizado.18

Artículo 156.- Clases de garantías
En aquellos casos y en las oportunidades previstas en el Reglamento, el
postor o el contratista, según corresponda, está obligado a presentar las
siguientes garantías:

1. Garantía de seriedad de oferta.
2. Garantía de fiel cumplimiento.
3. Garantía por el monto diferencial de la propuesta.
4. Garantía por adelantos.

Artículo 157.- Garantía de seriedad de oferta
En los procesos de Licitación Pública, Concurso Público y Adjudicación Directa,
los postores deberán presentar la garantía de seriedad de oferta, la misma que
tiene como finalidad garantizar la vigencia de la oferta. El postor que resulte
ganador de la Buena Pro y el que quedó en segundo lugar están obligados a
mantener su vigencia hasta la suscripción del contrato.
Luego de consentida la Buena Pro, la Entidad devolverá las garantías
presentadas por los postores que no resultaron ganadores de la Buena Pro, con
excepción del que ocupó el segundo lugar y de aquellos que decidan mantenerlas
vigentes hasta la suscripción del contrato.
El monto de la garantía de seriedad de oferta será establecido en las Bases,
en ningún caso será menor al uno por ciento (1%) ni mayor al dos por ciento
(2%) del valor referencial. En el caso de proceso de selección con valor referencial
reservado, dicho monto se efectuará en función a la oferta económica.
En las Adjudicaciones de Menor Cuantía o en los procesos de selección
según relación de ítems cuando el valor referencial del ítem corresponda a
una Adjudicación de Menor Cuantía, bastará que el postor presente en su
propuesta técnica una declaración jurada donde se comprometa a mantener
vigente su oferta hasta la suscripción del contrato.
La falta de renovación de la garantía genera la descalificación de la oferta
económica o, en su caso, que se deje sin efecto la Buena Pro otorgada.
El plazo de vigencia de la garantía de seriedad de oferta no podrá ser menor


144


a dos (2) meses, computados a partir del día siguiente a la presentación de las
propuestas. Estas garantías pueden ser renovadas.
Si, una vez otorgada la Buena Pro, el postor adjudicado no cumple con renovar
su garantía ésta se ejecutará en su totalidad. Una vez suscrito el contrato el monto
de la garantía será devuelto al postor, sin dar lugar al pago de intereses.
En los procesos electrónicos, cuando corresponda, la garantía de seriedad de
oferta se presentará conforme a la Directiva que para el efecto emita el OSCE.
En el caso de la no suscripción del contrato, por causas imputables al
adjudicatario de la Buena Pro, se ejecutará la garantía en las mismas condiciones
previstas en el párrafo anterior, una vez que quede consentida la decisión de
dejar sin efecto la Buena Pro.19

Artículo 158.- Garantía de fiel cumplimiento
Como requisito indispensable para suscribir el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo. Esta deberá ser
emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original y tener vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación a
cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, o hasta el consentimiento
de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras.
De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una
vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las
Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía
de fiel cumplimiento y de ser el caso, la garantía por el monto diferencial de
la propuesta, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar
su vigencia hasta la conformidad de la recepción de la prestación o exista el
consentimiento de la liquidación del contrato.

Artículo 159.- Garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
En las contrataciones de bienes, servicios o de obras que conllevan la ejecución
de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades
afines, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que
se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones
garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso. El OSCE
mediante Directiva establecerá las disposiciones complementarias para la
aplicación de esta garantía.

Artículo 160.- Garantía por el monto diferencial de propuesta
Cuando la propuesta económica fuese inferior al valor referencial en más del
diez por ciento (10%) de éste en el proceso de selección para la contratación

19 Modificado mediante Decreto Supremo 021-2009-EF publicado el 01 de febrero de 2009.

145


de servicios, o en más del veinte por ciento (20%) de aquél en el proceso de
selección para la adquisición o suministro de bienes, para la suscripción del
contrato el postor ganador deberá presentar una garantía adicional por un
monto equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la diferencia entre el valor
referencial y la propuesta económica. Dicha garantía deberá tener vigencia hasta
la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el
caso de bienes y servicios.

No se constituirán garantías de fiel cumplimiento en los siguientes casos:

1. Contratos derivados de procesos de Adjudicación de Menor Cuantía
para bienes y servicios, siempre que no provengan de procesos
declarados desiertos.
Dicha excepción también será aplicable en los contratos derivados
de procesos de selección según relación de ítems, cuando el valor
referencial del ítem o la sumatoria de los valores referenciales de los
ítems adjudicados a un mismo postor no supere el monto establecido
para convocar a una Adjudicación de Menor Cuantía.
2. Contratos de servicios derivados de procesos de Adjudicación Directa
Selectiva o de procesos de selección según relación de ítems cuando
el valor referencial del ítem o la sumatoria de los valores referenciales
de los ítems adjudicados a un mismo postor no supere el monto
establecido para convocar a una Adjudicación Directa Selectiva.
3. Adquisición de bienes inmuebles.
4. Contratación ocasional de servicios de transporte cuando la Entidad
recibe los boletos respectivos contra el pago de los pasajes.
5. Contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.
6. Las contrataciones complementarias celebradas bajo los alcances del
artículo 182°, cuyos montos se encuentren en los supuestos previstos
en los numerales 1) y 2) del presente artículo.
La garantía por el monto diferencial de la propuesta no se
presentará en los casos previstos en los numerales 1, 3, 4, 5 y
para la celebración de las contrataciones complementarias bajo
los alcances del artículo 182º.20

Artículo 162.- Garantía por adelantos
La Entidad sólo puede entregar los adelantos previstos en las Bases y
solicitados por el contratista, contra la presentación de una garantía emitida
por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable

20 Modificado mediante Decreto Supremo 021-2009-EF publicado el 01 de febrero de 2009.

146


trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización
total del adelanto otorgado. La presentación de esta garantía no puede ser
exceptuada en ningún caso.
Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las
garantías podrán ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la
fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.
Tratándose de los adelantos de materiales, la garantía se mantendrá vigente
hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo
reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

Artículo 163.- Garantías a cargo de la Entidad
En los contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, la garantía
será entregada por la Entidad al arrendador en los términos previstos en el
contrato. Dicha garantía cubrirá las obligaciones derivadas del contrato, con
excepción de la indemnización por lucro cesante y daño emergente.

Artículo 164.- Ejecución de garantías
Las garantías se ejecutarán a simple requerimiento de la Entidad en los
siguientes supuestos:

1. Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su
vencimiento. Contra esta ejecución, el contratista no tiene derecho a
interponer reclamo alguno.
Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a
cargo del contratista, el monto ejecutado le será devuelto a éste sin dar
lugar al pago de intereses. Tratándose de las garantías por adelantos,
no corresponde devolución alguna por entenderse amortizado el
adelanto otorgado.
2. La garantía de fiel cumplimiento y la garantía adicional por el monto
diferencial de propuesta se ejecutarán, en su totalidad, sólo cuando
la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa
imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo
arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión
de resolver el contrato. El monto de las garantías corresponderá
íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación
del daño efectivamente irrogado.
3. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento y, de ser necesario, la
garantía por el monto diferencial de propuesta, se ejecutarán cuando
transcurridos tres (3) días de haber sido requerido por la Entidad,
el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo
establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a
cargo del contratista, en el caso de bienes y servicios, o en la liquidación

147


final del contrato debidamente consentida o ejecutoriada, en el caso
de ejecución de obras. Esta ejecución será solicitada por un monto
equivalente al citado saldo a cargo del contratista.

CApÍTULO III
INCUMpLIMIENTO DEL CONTRATO

Artículo 165.- penalidad por mora en la ejecución de la prestación
En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de
atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Esta
penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación
final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las
garantías de fiel cumplimiento o por el monto diferencial de propuesta.
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará
de acuerdo con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en días

Donde F tendrá los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios
y ejecución de obras: F = 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:

b.1) Para bienes y servicios: F = 0.25.
b.2) Para obras: F = 0.15.

Tanto el monto como el plazo se refieren, según corresponda, al contrato
o ítem que debió ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de
ejecución periódica, a la prestación parcial que fuera materia de retraso.
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad
podrá resolver el contrato por incumplimiento.
Para efectos del cálculo de la penalidad diaria se considerará el monto del
contrato vigente.

Artículo 166.- Otras penalidades
En las Bases se podrán establecer penalidades distintas a la mencionada en el
artículo precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes

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con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem
que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente
a la penalidad por mora.

Artículo 167.- Resolución de Contrato
Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato por un hecho
sobreviniente a la suscripción del mismo, siempre que se encuentre previsto
expresamente en el contrato con sujeción a la Ley.
Por igual motivo, se puede resolver el contrato en forma parcial, dependiendo
de los alcances del incumplimiento, de la naturaleza de las prestaciones, o de
algún otro factor relevante, siempre y cuando sea posible sin afectar el contrato
en su conjunto.
Concordancias: LCE: Artículos 40º inciso c), 44º.

Artículo 168.- Causales de resolución por incumplimiento
La Entidad podrá resolver el contrato, de conformidad con el inciso c) del
artículo 40° de la Ley, en los casos en que el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora
o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la
prestación a su cargo; o
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación,
pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

El contratista podrá solicitar la resolución del contrato, de conformidad con
el inciso c) del artículo 40° de la Ley, en los casos en que la Entidad incumpla
injustificadamente sus obligaciones esenciales, las mismas que se contemplan en
las Bases o en el contrato, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento
establecido en el artículo 169°.

Artículo 169.- procedimiento de resolución de Contrato
Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte
perjudicada deberá requerirla mediante carta notarial para que las satisfaga en un
plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.
Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o
sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores,
pero en ningún caso mayor a quince (15) días, plazo este último que se otorgará
necesariamente en el caso de obras. Si vencido dicho plazo el incumplimiento

149


continúa, la parte perjudicada resolverá el contrato en forma total o parcial,
comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.
No será necesario efectuar un requerimiento previo cuando la resolución del
contrato se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora,
o por otras penalidades, o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser
revertida. En este caso, bastará comunicar al contratista mediante carta notarial
la decisión de resolver el contrato.
La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato afectada
por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente
del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolución total del contrato
pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que
se efectúe deberá precisar con claridad qué parte del contrato quedaría resuelta
si persistiera el incumplimiento.
De no hacerse tal precisión, se entenderá que la resolución será total en caso
de persistir el incumplimiento.

Artículo 170.- Efectos de la resolución
Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutará las garantías que el
contratista hubiera otorgado, sin perjuicio de la indemnización por los mayores
daños y perjuicios irrogados.
Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad deberá reconocerle
la respectiva indemnización por los daños y perjuicios irrogados, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad.
Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato podrá ser
sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes de comunicada la resolución. Vencido este plazo
sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderá que la
resolución del contrato ha quedado consentida.

CApÍTULO Iv
ADELANTOS, ADICIONALES, REDUCCIONES Y AMpLIACIONES

Artículo 171.- Clases de Adelantos
Las Bases podrán establecer adelantos directos al contratista, los que en
ningún caso excederán en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del
contrato original.

Artículo 172.- Entrega de Adelantos
La entrega de adelantos se hará en la oportunidad establecida en las Bases.

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En el supuesto que no se entregue el adelanto en dicha oportunidad,
el contratista tiene derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución de la
prestación por el número de días equivalente a la demora, siempre que ésta
afecte realmente el plazo indicado.

Artículo 173.- Amortización de los Adelantos
La amortización de los adelantos se hará mediante descuentos proporcionales
en cada uno de los pagos parciales que se efectúen al contratista por la ejecución
de la o las prestaciones a su cargo.
Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización parcial de
los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que
le corresponda al contratista o al momento de la conformidad de la recepción
de la prestación.

Artículo 174.- Adicionales y Reducciones
Para alcanzar la finalidad del contrato y mediante resolución previa, el Titular
de la Entidad podrá disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por
el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, para
lo cual deberá contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los
adicionales se determinará sobre la base de las especificaciones técnicas del bien
o servicio y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de
estos se determinará por acuerdo entre las partes.
Igualmente, podrá disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite
del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.
En caso de adicionales o reducciones, el contratista aumentará o reducirá de
forma proporcional las garantías que hubiere otorgado, respectivamente.

Artículo 175.- Ampliación del plazo contractual
Procede la ampliación del plazo en los siguientes casos:

1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo.
En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que
hubiere otorgado.
2. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista.
3. Por atrasos o paralizaciones en el cumplimiento de la prestación del
contratista por culpa de la Entidad; y,
4. Por caso fortuito o fuerza mayor.

El contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días
hábiles de aprobado el adicional o de finalizado el hecho generador del atraso
o paralización.
La Entidad resolverá sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) días hábiles,

151


computado desde su presentación. De no existir pronunciamiento expreso, se
tendrá por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular
de la Entidad.
En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los
contratos directamente vinculados al contrato principal.
Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de
servicios darán lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados.
Cualquier controversia relacionada con la ampliación del plazo por parte de
la Entidad podrá ser sometida a conciliación y/o arbitraje dentro de los quince
(15) días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión.

CApITULO v
CULMINACIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Artículo 176.- Recepción y conformidad
La recepción y conformidad es responsabilidad del órgano de administración
o, en su caso, del órgano establecido en las Bases, sin perjuicio de lo que se
disponga en las normas de organización interna de la Entidad.
La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área
usuaria, quien deberá verificar, dependiendo de la naturaleza de la prestación,
la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo
realizar las pruebas que fueran necesarias.
Tratándose de órdenes de compra o de servicio, derivadas de Adjudicaciones
de Menor Cuantía distintas a las de consultoría y ejecución de obras, la
conformidad puede consignarse en dicho documento.
De existir observaciones se consignarán en el acta respectiva, indicándose
claramente el sentido de éstas, dándose al contratista un plazo prudencial para
su subsanación, en función a la complejidad del bien o servicio. Dicho plazo no
podrá ser menor de dos (2) ni mayor de diez (10) días calendarios. Si pese al
plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la
Entidad podrá resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que
correspondan.
Este procedimiento no será aplicable cuando los bienes y/o servicios
manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en
cuyo caso la Entidad no efectuará la recepción, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestación, aplicándose las penalidades que correspondan.
La recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Artículo 177.- Efectos de la conformidad
Luego de haberse dado la conformidad a la prestación se genera el derecho
al pago del contratista. Efectuado el pago culmina el contrato y se cierra el

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expediente de contratación respectivo.
Toda reclamación o controversia derivada del contrato inclusive por defectos
o vicios ocultos se resolverá mediante conciliación y/o arbitraje, en los plazos
previstos para cada caso.

Artículo 178.- Constancia de prestación
Otorgada la conformidad de la prestación, el órgano de administración o
el funcionario designado expresamente por la Entidad es el único autorizado
para otorgar al contratista, de oficio o a pedido de parte, una constancia que
deberá precisar, como mínimo, la identificación del objeto del contrato, el monto
correspondiente y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista.
Sólo se podrá diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubieran
penalidades, hasta que éstas sean canceladas.

Artículo 179.- Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra

1. El contratista presentará a la Entidad la liquidación del contrato de
consultoría de obra dentro de los quince (15) días siguientes de
haberse otorgado la conformidad de la última prestación. La Entidad
deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su
pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes de recibida;
de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación presentada por
el contratista.
Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, éste
deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento en el plazo de
cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá
por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por la
Entidad.
En el caso que el contratista no acoja las observaciones formuladas por
la Entidad, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto
en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5) días
siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento
de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda,
en la forma establecida en los artículos 214° y/o 215°.
2. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado,
la Entidad deberá efectuarla y notificarla dentro de los quince (15) días
siguientes, a costo del contratista; si éste no se pronuncia dentro de los
cinco (5) días de notificado, dicha liquidación quedará consentida.
Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, ésta
deberá pronunciarse y notificar su pronunciamiento dentro de los cinco
(5) días siguientes; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación
con las observaciones formuladas por el contratista.

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En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas
por el contratista, deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo
previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los cinco (5)
días siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento
de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, según corresponda,
en la forma establecida en los artículos 214° y/o 215°.
3. Toda discrepancia respecto de la liquidación, incluso las controversias
relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que
resulten de la misma, se resuelve mediante conciliación y arbitraje, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
Una vez que la liquidación haya quedado consentida, no procede
ninguna impugnación, salvo las referidas a defectos o vicios ocultos,
las que serán resueltas mediante conciliación y arbitraje, de acuerdo
con el plazo señalado en el artículo 52º de la Ley.

CApÍTULO vI
EL pAGO

Artículo 180.- Oportunidad del pago
Todos los pagos que la Entidad deba realizar a favor del contratista por
concepto de los bienes o servicios objeto del contrato, se efectuarán después
de ejecutada la respectiva prestación; salvo que, por razones de mercado, el
pago del precio sea condición para la entrega de los bienes o la realización
del servicio.
La Entidad podrá realizar pagos periódicos al contratista por el valor de los
bienes y servicios contratados en cumplimiento del objeto del contrato, siempre
que estén fijados en las Bases y que el contratista los solicite presentando la
documentación que justifique el pago y acredite la existencia de los bienes
o la prestación de los servicios. Las Bases podrán especificar otras formas de
acreditación de la obligación. Los montos entregados tendrán el carácter de
pagos a cuenta.
En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará
de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Artículo 181.- plazos para los pagos
La Entidad deberá pagar las contraprestaciones pactadas a favor del
contratista en la oportunidad establecida en las Bases o en el contrato. Para
tal efecto, el responsable de dar la conformidad de recepción de los bienes
o servicios, deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los diez (10) días
calendario de ser éstos recibidos.
En caso de retraso en el pago, el contratista tendrá derecho al pago de

154


intereses conforme a lo establecido en el artículo 48° de la Ley, contado desde
la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

Artículo 182.- Contrataciones Complementarias
Dentro de los tres (3) meses posteriores a la culminación del contrato, la
Entidad podrá contratar complementariamente bienes y servicios con el mismo
contratista, por única vez y en tanto culmine el proceso de selección convocado,
hasta por un máximo del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original,
siempre que se trate del mismo bien o servicio y que el contratista preserve las
condiciones que dieron lugar a la adquisición o contratación.

CApÍTULO vII
ObRAS

Artículo 183.- Requisitos adicionales para la suscripción del Contrato de Obra
Para la suscripción del contrato de ejecución de obra, adicionalmente a lo
previsto en el artículo 141°, el postor ganador deberá cumplir los siguientes
requisitos:
1. Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratación expedida
por el RNP.
2. Designar al residente de la obra, cuando no haya formado parte de la
propuesta técnica.
3. Entregar el Calendario de Avance de Obra Valorizado elaborado
en concordancia con el cronograma de desembolsos económicos
establecido, con el plazo de ejecución del contrato y sustentado en el
Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), el cual deberá considerar
la estacionalidad climática propia del área donde se ejecute la obra,
cuando corresponda.
4. Entregar el calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios
para la ejecución de obra, en concordancia con el Calendario de Avance
de Obra Valorizado.
5. Entregar el desagregado por partidas que dio origen a su propuesta,
en el caso de obras sujeto al sistema de suma alzada.

Artículo 184.- Inicio del plazo de Ejecución de Obra
El inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente
de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que se designe al inspector o al supervisor, según corresponda;
2. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;

155


3. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se
ejecutará la obra;
4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;
5. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 187°.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deberán ser
cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de
la suscripción del contrato.
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se
inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.
Asimismo, si la Entidad no cumple con lo dispuesto en los incisos precedentes
por causas imputables a ésta, en los quince (15) días siguientes al vencimiento del
plazo previsto anteriormente, el contratista tendrá derecho al resarcimiento de daños
y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por
diez mil (5/10000) del monto del contrato por día y hasta por un tope de setenta y
cinco por diez mil (75/10000). Vencido el plazo indicado, el contratista podrá además
solicitar la resolución del contrato por incumplimiento de la Entidad.

Artículo 185.- Residente de Obra
En toda obra se contará de modo permanente y directo con un profesional
colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa
conformidad de la Entidad, como residente de la obra, el cual podrá ser ingeniero
o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos
de dos (2) años de ejercicio profesional.
Las Bases pueden establecer calificaciones y experiencias adicionales que
deberá cumplir el residente, en función de la naturaleza de la obra.
Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos
ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
La sustitución del residente sólo procederá previa autorización escrita del
funcionario de la Entidad que cuente con facultades suficientes para ello,
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la
Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se
considerará aprobada la sustitución. El reemplazante deberá reunir calificaciones
profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

Artículo 186.- Clases de Adelantos en Obras
Las Bases podrán establecer los siguientes adelantos:

1. Directos al contratista, los que en ningún caso excederán en conjunto
del veinte por ciento (20%) del monto del contrato original.

156


2. Para materiales o insumos a utilizarse en el objeto del contrato, los
que en conjunto no deberán superar el cuarenta por ciento (40%) del
monto del contrato original.

Artículo 187.- Entrega del Adelanto Directo
En el caso que en las Bases se haya establecido el otorgamiento de este
adelanto, el contratista dentro de los ocho (8) días contados a partir del día
siguiente de la suscripción del contrato, podrá solicitar formalmente la entrega
del adelanto, adjuntando a su solicitud la garantía y el comprobante de pago
correspondientes, debiendo la Entidad entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada
documentación.
En el caso que las Bases hubieran previsto entregas parciales del adelanto
directo, se considerará que la condición establecida en el inciso 5) del artículo
184° se dará por cumplida con la entrega del primer desembolso.

Artículo 188.- Entrega del Adelanto para Materiales e Insumos
Las solicitudes de otorgamiento de adelantos para materiales o insumos
deberán ser realizadas con la anticipación debida, y siempre que se haya dado
inicio al plazo de ejecución contractual, en concordancia con el calendario de
adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.
No procederá el otorgamiento del adelanto de materiales o insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad
a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.
Para el otorgamiento del adelanto para materiales o insumos se deberá tener
en cuenta lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias,
ampliatorias y complementarias.

Artículo 189.- Amortización de Adelantos
La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos
proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.
La amortización del adelanto para materiales e insumos se realizará
de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus
modificatorias, ampliatorias y complementarias.
Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los
adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que
le corresponda al contratista y/o en la liquidación.

Artículo 190.- Inspector o Supervisor de Obras
Toda obra contará de modo permanente y directo con un inspector o con un
supervisor, quedando prohibida la existencia de ambos en una misma obra.
El inspector será un profesional, funcionario o servidor de la Entidad,

157


expresamente designado por ésta, mientras que el supervisor será una persona
natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser
una persona jurídica, ésta designará a una persona natural como supervisor
permanente en la obra.
El inspector o supervisor, según corresponda, debe cumplir por lo menos con
las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.
Será obligatorio contratar un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse
sea igual o mayor al monto establecido en la Ley de Presupuesto del Sector
Público para el año fiscal respectivo.

Artículo 191.- Costo de la supervisión o inspección
El costo de la supervisión no excederá del diez por ciento (10%) del valor
referencial de la obra o del monto vigente del contrato de obra, el que resulte
mayor, con excepción de los casos señalados en los párrafos siguientes. Los
gastos que genere la inspección no deben superar el cinco por ciento (5%) del
valor referencial de la obra o del monto vigente del contrato de obra, el que
resulte mayor.
Cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzcan
variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra,
autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen mayores prestaciones
en la supervisión, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas
condiciones del contrato original y hasta por un máximo del quince por ciento
(15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo
todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas.
Cuando dichas prestaciones superen el quince por ciento (15%), se requiere
aprobación previa al pago de la Contraloría General de la República, la que
deberá pronunciarse en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, el
mismo que se computará desde que la Entidad presenta la documentación
sustentatoria correspondiente, transcurrido el cual sin haberse emitido
pronunciamiento, las prestaciones adicionales se considerarán aprobadas, sin
perjuicio del control posterior.
En los casos en que se generen prestaciones adicionales en la ejecución de
la obra, se aplicará para la supervisión lo dispuesto en los artículos 174° y 175°,
según corresponda.

Artículo 192.- Obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la
finalización de la obra
En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al
contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de
obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los
servicios de inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista
de la ejecución de obra asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios

158


indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del
contrato de ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra dicho costo será
asumido por la Entidad.

Artículo 193.- funciones del Inspector o Supervisor
La Entidad controlará los trabajos efectuados por el contratista a través
del inspector o supervisor, según corresponda, quien será el responsable de
velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y del
cumplimiento del contrato.
El inspector o el supervisor, según corresponda, tiene como función controlar
la ejecución de la obra y absolver las consultas que le formule el contratista
según lo previsto en el artículo siguiente. Está facultado para ordenar el retiro
de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que,
a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra; para rechazar y ordenar
el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de
las especificaciones técnicas; y para disponer cualquier medida generada por
una emergencia.
No obstante lo señalado en el párrafo precedente, su actuación debe ajustarse
al contrato, no teniendo autoridad para modificarlo.
El contratista deberá brindar al inspector o supervisor las facilidades
necesarias para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente
relacionadas con ésta.

Artículo 194.- Cuaderno de Obra
En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el cuaderno de obra, el mismo
que será firmado en todas sus páginas por el inspector o supervisor, según
corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos profesionales
son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.
El cuaderno de obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias
desglosables, correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista y la
tercera al inspector o supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en
la obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.
Si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, será causal de aplicación de
multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día de
dicho impedimento.
Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

Artículo 195.- Anotación de ocurrencias
En el cuaderno de obra se anotarán los hechos relevantes que ocurran
durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o
supervisor o el residente, según sea el que efectuó la anotación. Las solicitudes

159


que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno
de obra, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su representante,
por medio de comunicación escrita.
El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la
obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad.

Artículo 196.- Consultas sobre ocurrencias en la obra
Las consultas se formulan en el cuaderno de obra y se dirigen al inspector o
supervisor, según corresponda.
Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o supervisor,
no requieran de la opinión del proyectista, serán absueltas por éstos dentro del
plazo máximo de cinco (5) días siguientes de anotadas las mismas. Vencido el
plazo anterior y de no ser absueltas, el contratista dentro de los dos (2) días
siguientes acudirá a la Entidad, la cual deberá resolverlas en un plazo máximo de
cinco (5) días, contados desde el día siguiente de la recepción de la comunicación
del contratista.
Las consultas cuando por su naturaleza, en opinión del inspector o
supervisor, requieran de la opinión del proyectista serán elevadas por éstos a
la Entidad dentro del plazo máximo de cuatro (4) días siguientes de anotadas,
correspondiendo a ésta en coordinación con el proyectista absolver la consulta
dentro del plazo máximo de quince (15) días siguientes de la comunicación del
inspector o supervisor.
Para este efecto, los proyectistas establecerán en sus respectivas propuestas
para los contratos de diseño de la obra original, el compromiso de atender
consultas en el plazo que establezcan las Bases.
En caso no hubiese respuesta del proyectista en el plazo máximo fijado en
el párrafo anterior, la Entidad deberá dar instrucciones al contratista a través
del inspector o supervisor, sin perjuicio de las acciones que se adopten contra el
proyectista, por la falta de absolución de la misma.
Si, en ambos casos, vencidos los plazos, no se absuelve la consulta, el
contratista tendrá derecho a solicitar ampliación de plazo contractual por el
tiempo correspondiente a la demora. Esta demora se computará sólo a partir de
la fecha en que la no ejecución de los trabajos materia de la consulta empiece
a afectar la ruta crítica del programa de ejecución de la obra.

Artículo 197.- valorizaciones y Metrados
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas
el último día de cada período previsto en las Bases, por el inspector o supervisor
y el contratista.
En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios,
las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados
con los precios unitarios ofertados, agregando separadamente los montos
proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista; a este

160


monto se agregará, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto
General a las Ventas.
En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la
ejecución de la obra, las valorizaciones se formularán en función de los metrados
ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando
separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del
valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación,
calculado hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agregará, de ser el caso,
el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valorizará
hasta el total de los metrados realmente ejecutados, mientras que en el caso
de las obras bajo el sistema de suma alzada se valorizará hasta el total de los
metrados del presupuesto de obra.
Los metrados de obra ejecutados serán formulados y valorizados
conjuntamente por el contratista y el inspector o supervisor, y presentados a
la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el inspector o
supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, éste
la efectuará. El inspector o supervisor deberá revisar los metrados durante el
período de aprobación de la valorización.
El plazo máximo de aprobación por el inspector o el supervisor de las
valorizaciones y su remisión a la Entidad para períodos mensuales es de cinco (5)
días, contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización
respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de
tal mes. Cuando las valorizaciones se refieran a períodos distintos a los previstos
en este párrafo, las Bases establecerán el tratamiento correspondiente de acuerdo
con lo dispuesto en el presente artículo.
A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas
valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho
al reconocimiento de los intereses legales, de conformidad con los artículos 1244°,
1245° y 1246° del Código Civil. Para el pago de los intereses se formulará una
Valorización de Intereses y se efectuará en las valorizaciones siguientes.

Artículo 198.- Reajustes
En el caso de obras, dado que los Índices Unificados de Precios de
la Construcción son publicados por el Instituto Nacional de Estadística e
Informática - INEI con un mes de atraso, los reintegros se calcularán en base al
coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento. Posteriormente, cuando
se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calculará
el monto definitivo de los reintegros que le corresponden y se pagarán con la
valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento
de intereses.

161


Artículo 199.- Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados
Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o
valorización de los metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o
la Entidad, según sea el caso, se resolverán en la liquidación del contrato, sin
perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
Sólo será posible iniciar un procedimiento de conciliación o arbitraje dentro de
los quince (15) días hábiles después de ocurrida la controversia si la valorización
de la parte en discusión representa un monto igual o superior al cinco por ciento
(5%) del contrato actualizado.
La iniciación de este procedimiento no implica la suspensión del contrato ni
el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

Artículo 200.- Causales de ampliación de plazo
De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la
ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen
la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles
a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. En este caso, el
contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado.

Artículo 201.- procedimiento de ampliación de plazo
Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido
en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el
contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de
obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro
de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista
o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de
ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre
que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente
y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que
el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la
solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.
El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la
solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor
de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La
Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez
(10) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe.
De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará

162


ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad.
Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo
vigente de ejecución de obra, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de
ampliaciones de plazo.
Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas
fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta
independientemente, siempre que las causales diferentes no correspondan a un
mismo periodo de tiempo sea este parcial o total.
En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión,
hecho que deberá ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de
obra, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir
que los contratistas valoricen los gastos generales por dicha ampliación parcial,
para cuyo efecto se seguirá el procedimiento antes señalado.
La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al inspector
o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la
programación PERT-CPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas
que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en
un plazo que no excederá de diez (10) días contados a partir del día siguiente de
la fecha de notificación al contratista de la Resolución que aprueba la ampliación
de plazo. El inspector o supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los reajustes
concordados con el residente, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a
partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un
plazo no mayor de siete (7) días, contados a partir del día siguiente de la recepción
del informe del inspector o supervisor, la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho
calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos
al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo señalado, se tendrá por
aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor.
Cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la Entidad
respecto a las solicitudes de ampliación de plazos podrá ser sometida a
conciliación y/o arbitraje dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la
comunicación de esta decisión.

Artículo 202.- Efectos de la modificación del plazo contractual
Las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de
mayores gastos generales variables iguales al número de días correspondientes
a la ampliación multiplicados por el gasto general variable diario, salvo en los
casos de obras adicionales que cuentan con presupuestos específicos.
Sólo en el caso que la ampliación de plazo sea generada por la paralización
de la obra por causas no atribuibles al contratista, dará lugar al pago de mayores
gastos generales variables debidamente acreditados, de aquellos conceptos que
forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica
del contratista o del valor referencial, según el caso.
En el supuesto que las reducciones de prestaciones afecten el plazo

163


contractual, los menores gastos generales variables se calcularán siguiendo el
procedimiento establecido en el párrafo precedente.
En virtud de la ampliación otorgada, la Entidad ampliará el plazo de los otros
contratos celebrados por ésta y vinculados directamente al contrato principal.

Artículo 203.- Cálculo del Gasto General Diario
En los contratos de obra a precios unitarios, el gasto general diario se calcula
dividiendo los gastos generales variables ofertados entre el número de días del
plazo contractual, ajustado por el coeficiente “Ip/Io”, en donde “Ip” es el Índice
General de Precios al Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional
de Estadística e Informática-INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre
la causal de ampliación del plazo contractual, e “Io” es el mismo índice de precios
correspondiente al mes del valor referencial.
En los contratos de obra a suma alzada, el gasto general diario se calcula
dividiendo los gastos generales variables del presupuesto que sustenta el valor
referencial entre el número de días del plazo contractual, ajustado por el factor
de relación y por el coeficiente “Ip/Io”, en donde “Ip” es el Índice General
de Precios al Consumidor (Código 39) aprobado por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática - INEI correspondiente al mes calendario en que ocurre
la causal de ampliación del plazo contractual, e “Io” es el mismo índice de precios
correspondiente al mes del valor referencial.
En el caso de obras adicionales y prestaciones adicionales de servicios de
supervisión de obras, los gastos generales se determinarán considerando lo
necesario para su ejecución.

Artículo 204.- pago de Gastos Generales
Para el pago de los mayores gastos generales se formulará una Valorización
de Mayores Gastos Generales, la cual deberá ser presentada por el residente al
inspector o supervisor; dicho profesional en un plazo máximo de cinco (5) días
contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada valorización la
elevará a la Entidad con las correcciones a que hubiere lugar para su revisión y
aprobación. La Entidad deberá cancelar dicha valorización en un plazo máximo
de treinta (30) días contados a partir del día siguiente de recibida la valorización
por parte del inspector o supervisor.
A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de esta
valorización, el contratista tendrá derecho al reconocimiento de los intereses
legales, de conformidad con los artículos 1244°, 1245° y 1246° del Código Civil.
Para el pago de intereses se formulará una Valorización de Intereses y se efectuará
en las valorizaciones siguientes.

Artículo 205.- Demoras injustificadas en la Ejecución de la Obra
Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los
avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra. En caso de

164


retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada
a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de
la valorización acumulada programada a dicha fecha, el inspector o supervisor
ordenará al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un
nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que
se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal
hecho en el cuaderno de obra.
La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el
párrafo precedente podrá ser causal para que opere la intervención económica de
la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista
de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo
y control de reintegros.
Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor
al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo
calendario, el inspector o el supervisor anotará el hecho en el cuaderno de obra
e informará a la Entidad. Dicho retraso podrá ser considerado como causal
de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo
necesario apercibimiento alguno al contratista de obra.

Artículo 206.- Intervención Económica de la Obra
La Entidad podrá, de oficio o a solicitud de parte, intervenir económicamente
la obra en caso fortuito, fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones
contractuales que a su juicio no permitan la terminación de los trabajos. La
intervención económica de la obra es una medida que se adopta por consideraciones
de orden técnico y económico con la finalidad de culminar la ejecución de los
trabajos, sin llegar al extremo de resolver el contrato. La intervención económica
no deja al contratista al margen de su participación contractual, y sus obligaciones
correspondientes, perdiendo el derecho al reconocimiento de mayores gastos
generales, indemnización o cualquier otro reclamo, cuando la intervención sea
consecuencia del incumplimiento del contratista.
Si el contratista rechaza la intervención económica, el contrato será resuelto
por incumplimiento.
Para la aplicación de lo establecido en el presente artículo deberá tenerse
en cuenta lo dispuesto en la Directiva y demás disposiciones que dicte el OSCE
sobre la materia.

Artículo 207.- Obras adicionales menores al quince por ciento (15%)
Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se
cuente con la certificación de crédito presupuestario y la resolución del Titular
de la Entidad y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos
deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento (15%) del
monto del contrato original.
Excepcionalmente, en el caso de obras adicionales que por su carácter de

165


emergencia, cuya no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a
la población, los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorización
previa de la Entidad podrá realizarse mediante comunicación escrita a fin de que
el inspector o supervisor pueda autorizar la ejecución de tales obras adicionales,
sin perjuicio de la verificación que realizará la Entidad previo a la emisión de la
resolución correspondiente, sin la cual no podrá efectuarse pago alguno.
En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales
de obra serán formulados con los precios del contrato y/o precios pactados y
los gastos generales fijos y variables propios del adicional para lo cual deberá
realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia los análisis
de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe
incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas
correspondiente.
En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de
obra serán formulados con los precios del presupuesto referencial ajustados
por el factor de relación y/o los precios pactados, con los gastos generales fijos
y variables del valor referencial multiplicado por el factor de relación. Asimismo,
debe incluirse la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relación
y el Impuesto General a las Ventas correspondiente.
La necesidad de tramitar y aprobar una prestación adicional de obra se inicia
con la correspondiente anotación en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista
o el supervisor, la cual deberá realizarse con treinta (30) días de anticipación a la
ejecución. Dentro de los diez (10) días siguientes de la anotación en el cuaderno
de obra, el contratista deberá presentar al supervisor o inspector el presupuesto
adicional de obra, el cual deberá remitirlo a la Entidad en un plazo de diez (10)
días. La Entidad cuenta con diez (10) días para emitir la resolución aprobatoria. La
demora de la Entidad en emitir la resolución en los plazos señalados que autorice
las prestaciones adicionales de obra podrá ser causal de ampliación de plazo.
El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante
valorizaciones adicionales.
Cuando se apruebe la prestación adicional de obras, el contratista estará
obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento.

Artículo 208 - prestaciones adicionales de obras mayores al quince por
ciento (15%)
Las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los
presupuestos deductivos vinculados, superen el quince por ciento (15%) del
monto del contrato original, luego de ser aprobadas por el Titular de la Entidad,
requieren previamente, para su ejecución y pago, la autorización expresa de la
Contraloría General de la República.
En el caso de adicionales con carácter de emergencia la autorización de la
Contraloría General de la República se emitirá previa al pago.

166


La Contraloría General de la República contará con un plazo máximo de
quince (15) días hábiles, bajo responsabilidad, para emitir su pronunciamiento,
el cual deberá ser motivado en todos los casos. El referido plazo se computará a
partir del día siguiente que la Entidad presenta la documentación sustentatoria
correspondiente. Transcurrido este plazo, sin que medie pronunciamiento de la
Contraloría General de la República, la Entidad está autorizada para disponer
la ejecución y/o pago de prestaciones adicionales de obra por los montos que
hubiere solicitado, sin perjuicio del control posterior.
De requerirse información complementaria, la Contraloría General de la
República hará conocer a la Entidad este requerimiento, en una sola oportunidad,
a más tardar al quinto día hábil contado desde que se inició el plazo a que se
refiere el párrafo precedente, más el término de la distancia.
La Entidad cuenta con cinco (5) días hábiles para cumplir con el requerimiento.
En estos casos el plazo se interrumpe y se reinicia al día siguiente de la fecha de
presentación de la documentación complementaria por parte de la Entidad a la
Contraloría General de la República.
El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante
valorizaciones adicionales.
Cuando se apruebe la prestación adicional de obras, el contratista estará
obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento.
Las prestaciones adicionales de obra no podrán superar el cincuenta por ciento
(50%) del monto del contrato original. En caso que superen este límite se procederá
a la resolución del contrato, no siendo aplicable el último párrafo del artículo 209°,
debiéndose convocar a un nuevo proceso por el saldo de obra por ejecutar, sin
perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder al proyectista.

Artículo 209.- Resolución del Contrato de Obras
La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de
la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o
disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible.
La parte que resuelve deberá indicar en su carta de resolución, la fecha y hora
para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una
anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes se reunirán en
presencia de Notario o Juez de Paz, según corresponda, y se levantará un acta. Si
alguna de ellas no se presenta, la otra levantará el acta, documento que tendrá
pleno efecto legal, debiéndose realizar el inventario respectivo en los almacenes
de la obra en presencia del Notario o Juez de Paz, dejándose constancia del hecho
en el acta correspondiente, debiendo la Entidad disponer el reinicio de la obras
según las alternativas previstas en el artículo 44° de la Ley.
Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se
procede a la liquidación, conforme a lo establecido en el artículo 211°.
En caso que la resolución sea por incumplimiento del contratista, en la

167


liquidación se consignarán las penalidades que correspondan, las que se harán
efectivas conforme a lo dispuesto en los artículos 164° y 165°.
En caso que la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, ésta reconocerá
al contratista, en la liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%)
de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo de obra que se deja de ejecutar,
actualizado mediante las formulas de reajustes hasta la fecha en que se efectuó
la resolución del contrato .
Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del contrato, como
los notariales, de inventario y otros, son de cargo de la parte que incurrió en la
causal de resolución, salvo disposición distinta del laudo arbitral.
En caso de que surgiese alguna controversia sobre la resolución del contrato,
cualquiera de las partes podrá recurrir a los mecanismos de solución establecidos
en la Ley, el Reglamento o en el contrato, dentro del plazo de diez (10) días hábiles
siguientes de la notificación de la resolución, vencido el cual la resolución del
contrato habrá quedado consentida.
En caso que, conforme con lo establecido en el tercer párrafo del artículo
44° de la Ley, la Entidad opte por invitar a los postores que participaron en
el proceso de selección que dio origen a la ejecución de la obra, teniendo
en cuenta el orden de prelación, se considerará los precios de la oferta de
aquel que acepte la invitación, incorporándose todos los costos necesarios
para su terminación, debidamente sustentados, siempre que se cuente con la
disponibilidad presupuestal.

Artículo 210.- Recepción de la Obra y plazos

1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho
en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector
o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la
anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo
indicado por el residente.
En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra,
la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los
siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector
o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un
representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto,
según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector
o supervisor.
En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada
su designación, el Comité de Recepción, junto con el contratista,
procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos
y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias
para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos.

168


Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a
la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma, en la fecha
indicada por el contratista. El Acta de Recepción deberá ser suscrita
por los miembros del comité y el contratista.
2. De existir observaciones, éstas se consignarán en un Acta o Pliego
de Observaciones y no se recibirá la obra. A partir del día siguiente,
el contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución
vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se
computará a partir del quinto día de suscrito el Acta o Pliego. Las obras
que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho
al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación
de penalidad alguna.
Subsanadas las observaciones, el contratista solicitará nuevamente la
recepción de la obra en el cuaderno de obras, lo cual será verificado por
el inspector o supervisor e informado a la Entidad, según corresponda,
en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El comité de
recepción junto con el contratista se constituirán en la obra dentro
de los siete (7) días siguientes de recibido el informe del inspector
o supervisor. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la
subsanación de las observaciones formuladas en el Acta o Pliego, no
pudiendo formular nuevas observaciones.
De haberse subsanado las observaciones a conformidad del comité de
recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra.
3. En caso que el contratista o el comité de recepción no estuviese
conforme con las observaciones o la subsanación, según corresponda,
anotará la discrepancia en el acta respectiva. El comité de recepción
elevará al Titular de la Entidad, según corresponda, todo lo actuado
con un informe sustentado de sus observaciones en un plazo máximo
de cinco (5) días. La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas
observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia, ésta se
someterá a conciliación y/o arbitraje, dentro de los quince (15) días
siguientes al pronunciamiento de la Entidad.
4. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para
la subsanación, la Entidad comprueba que no se ha dado inicio
a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas
debidamente acreditadas por el contratista, dará por vencido dicho
plazo, ésta intervendrá y subsanará las observaciones con cargo a las
valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento
establecido en la directiva que se apruebe conforme a lo establecido
en el tercer párrafo del artículo 206°.
5. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del
plazo otorgado, se considerará como demora para efectos de las
penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que la Entidad

169


resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se
refiere el presente artículo podrán ser aplicadas hasta el tope señalado
en la Ley, el Reglamento o el contrato, según corresponda.
6. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las
obras, cuando ello se hubiera previsto expresamente en las Bases, en el
contrato o las partes expresamente lo convengan. La recepción parcial
no exime al contratista del cumplimiento del plazo de ejecución; en
caso contrario, se le aplicarán las penalidades correspondientes.
7. Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retardara,
superando los plazos establecidos en el presente artículo para tal
acto, el lapso de la demora se adicionará al plazo de ejecución de la
misma y se reconocerá al contratista los gastos generales debidamente
acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora.
8. Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones,
el comité de recepción constata la existencia de vicios o defectos
distintas a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir
el Acta de Recepción de Obra, informará a la Entidad para que ésta
solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre
que constituyan vicios ocultos.

Artículo 211.- Liquidación del Contrato de Obra
El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la
documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días
o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra,
el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra.
Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá
pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o,
de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que
éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.
Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración
será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos
de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para
que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.
La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes,
no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.
Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra,
ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido
la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las
observaciones formuladas.
En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas
por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto
en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta

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controversia a conciliación y/o arbitraje.
Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones
previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente
Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.
En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la
liquidación final se practicará con los precios unitarios, gastos generales y utilidad
ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada
la liquidación se practicará con los precios, gastos generales y utilidad del valor
referencial, afectados por el factor de relación.
No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes
de resolver.

Artículo 212.- Efectos de la liquidación
Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago que
corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.
Toda reclamación o controversia derivada del contrato, inclusive por defectos
o vicios ocultos, se resolverá mediante conciliación y/o arbitraje en los plazos
previstos para cada caso.

Artículo 213.- Declaratoria de fábrica o memoria descriptiva valorizada
Con la liquidación, el contratista entregará a la Entidad los planos post
construcción y la minuta de declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva
valorizada, según sea el caso, obligación cuyo cumplimiento será condición para
el pago del monto de la liquidación a favor del contratista.
La Declaratoria de Fábrica se otorgará conforme a lo dispuesto en la Ley
de la materia. La presentación de la Declaratoria de Fábrica mediante escritura
pública, es opcional.

CApÍTULO vIII
CONCILIACIÓN Y ARbITRAJE

Artículo 214.- Conciliación
Cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro
del plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170, 175°, 177°, 199°,
201°, 209°, 210° y 211° o, en su defecto, en el artículo 52° de la Ley, debiendo
iniciarse este procedimiento ante un Centro de Conciliación acreditado por el
Ministerio de Justicia.21
Las actas de conciliación deberán ser remitidas al OSCE para su registro y


171


publicación, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de suscritas.
Concordancias: LCE: Artículos 40º inciso b), 52º.

Artículo 215.- Inicio del Arbitraje
Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo
dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144°, 170, 175°, 177°,
199°, 201°, 209°, 210° y 211° o, en su defecto, en el articulo 52° de la Ley.22
De haberse pactado en el convenio arbitral la realización de un arbitraje
institucional, la parte interesada debe recurrir a la institución arbitral en aplicación
del respectivo reglamento arbitral institucional. De haberse pactado arbitraje ad
hoc, la parte interesada procederá a remitir a la otra la solicitud de arbitraje a
que se refiere este Reglamento.
Si las partes optaron por el procedimiento de conciliación de manera previa
al arbitraje, éste deberá iniciarse dentro de un plazo de caducidad de quince (15)
días hábiles siguientes de emitida el Acta de no Acuerdo Total o Parcial.
Las controversias relativas al consentimiento de la liquidación final de los contratos
de consultoría y ejecución de obras o respecto de la conformidad de la recepción en
el caso de bienes y servicios, así como las referidas al incumplimiento de los pagos
que resulten de las mismas, también serán resueltas mediante arbitraje.
El arbitraje se desarrollará de conformidad con la normativa de contrataciones
del Estado, pudiendo el OSCE brindar servicios de organización y administración
en los arbitrajes administrativos que se encuentren bajo el régimen de contratación
publica y de acuerdo a las Directivas que apruebe el OSCE para tal efecto.

Artículo 216.- Convenio Arbitral
En el convenio arbitral las partes pueden encomendar la organización
y administración del arbitraje a una institución arbitral, a cuyo efecto el
correspondiente convenio arbitral tipo puede ser incorporado al contrato. La
OSCE publicará en su portal institucional una relación de convenios arbitrales
tipo aprobados periódicamente.
Si en el convenio arbitral incluido en el contrato, no se precisa que el arbitraje
es institucional, la controversia se resolverá mediante un arbitraje ad hoc. El
arbitraje ad hoc será regulado por las Directivas sobre la materia que para el
efecto emita el OSCE.
Si el contrato no incorpora un convenio arbitral, se considerará incorporado
de pleno derecho el siguiente texto, que remite a un arbitraje institucional del
Sistema Nacional de Arbitraje – OSCE, cuya cláusula tipo es:

“Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del
presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad e invalidez,


172


serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje
de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de
contrataciones del Estado, bajo la organización y administración de los
órganos del Sistema Nacional de Arbitraje del OCSE y de acuerdo con su
Reglamento.”

Articulo 217.- Estipulaciones adicionales al Convenio Arbitral
Las partes podrán establecer estipulaciones adicionales o modificatorias del
convenio arbitral, en la medida que no contravengan las disposiciones de la
normativa de contrataciones, las disposiciones de la Ley General de Arbitraje que
resulten aplicables, ni las normas y Directivas complementarias dictadas por el
OSCE de conformidad con sus atribuciones.

Artículo 218.- Solicitud de Arbitraje
En caso las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional o no hayan
pactado al respecto, el arbitraje se inicia con la solicitud de arbitraje dirigida
a la otra parte por escrito, con indicación del convenio arbitral, incluyendo
la designación del árbitro, cuando corresponda. La solicitud también deberá
incluir de manera referencial y con fines informativos, un resumen de la o las
controversias a ser sometidas a arbitraje y su cuantía.

Artículo 219.- Respuesta de Arbitraje
La parte que reciba una solicitud de arbitraje de conformidad con el articulo
precedente, deberá responderla por escrito dentro del plazo de diez (10) días
hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción de la respectiva
solicitud, con indicación de la designación del árbitro, cuando corresponda, y
su posición o resumen referencial respecto de la controversia y su cuantía. De
ser el caso, la respuesta podrá contener una ampliación o réplica respecto de la
materia controvertida detallada en la solicitud.
La falta de respuesta o toda oposición formulada en contra del arbitraje,
no interrumpirá el desarrollo del mismo ni de los respectivos procedimientos
para que se lleve a cabo la conformación del tribunal arbitral y la tramitación
del arbitraje.

Artículo 220.- Árbitros
El arbitraje será resuelto por árbitro único o por un tribunal arbitral conformado
por tres (3) árbitros, según el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo entre las
partes, o en caso de duda, será resuelto por árbitro único.
El árbitro único y el presidente del tribunal arbitral deben ser necesariamente
abogados.

Se encuentran impedidos para actuar como árbitros

173


1. El Presidente y los Vicepresidentes de la República, los Congresistas,
los Ministros de Estado, los titulares miembros del órgano colegiado
de los organismos constitucionalmente autónomos.
2. Los Magistrados, con excepción de los Jueces de Paz.
3. Los Fiscales, los Procuradores Públicos y los Ejecutores Coactivos.
4. El Contralor General de la República.
5. Los titulares de instituciones o de organismos públicos descentralizados,
los alcaldes y los directores de las empresas del Estado.
6. El personal militar y policial en situación de actividad.
7. Los funcionarios y servidores públicos en los casos que tengan relación
directa con la Entidad en que laboren y dentro de los márgenes
establecidos por las normas de incompatibilidad vigentes.
8. Los funcionarios y servidores del OSCE hasta seis (6) meses después de
haber dejado la institución.
9. Los declarados en insolvencia.
10. Los sancionados o inhabilitados por los respectivos colegios
profesionales o entes administrativos, en tanto estén vigentes dichas
sanciones.

En los casos a que se refieren los incisos 5) y 7), el impedimento se restringe
al ámbito sectorial al que pertenecen esas personas.

En caso las partes no hayan pactado respecto de la forma en que se designará
a los árbitros o no se hayan sometido a arbitraje institucional y administrado por
una institución arbitral, el procedimiento para la designación será el siguiente:

1. Para el caso de árbitro único, una vez respondida la solicitud de arbitraje
o vencido el plazo para su respuesta, sin que se hubiese llegado a un
acuerdo entre las partes, cualquiera de éstas podrá solicitar al OSCE en el
plazo máximo de diez (10) días hábiles, la designación de dicho arbitro.
2. Para el caso de tres (3) árbitros, cada parte designará a un árbitro en su
solicitud y respuesta, respectivamente, y estos dos (2) árbitros designarán
al tercero, quien presidirá el tribunal arbitral. Vencido el plazo para la
respuesta a la solicitud de arbitraje sin que se hubiera designado al árbitro
correspondiente, la parte interesada solicitará al OSCE, dentro del plazo
de diez (10) días hábiles, la respectiva designación.
3. Si una vez designados los dos (2) árbitros conforme al procedimiento
antes referido, éstos no consiguen ponerse de acuerdo sobre la
designación del tercero dentro del plazo de diez (10) días hábiles de
recibida la aceptación del ultimo árbitro, cualquiera de las partes podrá
solicitar al OSCE la designación del tercer arbitro dentro del plazo de
diez (10) días hábiles.

174


Las designaciones efectuadas en estos supuestos por el OSCE se realizarán
de su Registro de Árbitros y son definitivas e inimpugnables.

Artículo 223.- Aceptación de los Árbitros
En caso las partes no se hayan sometido a arbitraje institucional o cuando
no hayan pactado respecto de la aceptación de los árbitros en un arbitraje ad
hoc, cada árbitro, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haber sido
comunicado con su designación, deberá dar a conocer su aceptación por escrito
a la parte que lo designó, la misma que deberá de poner en conocimiento de la
contraria la correspondiente aceptación del árbitro.
Si en el plazo establecido, el árbitro no comunica su aceptación, se presume
que no acepta ejercer el cargo, con lo que queda expedito el derecho de
la parte que lo designó para designar un nuevo árbitro dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes. Si el nuevo árbitro no acepta o no comunica su
aceptación en el plazo de cinco (5) días hábiles, la otra parte podrá solicitar la
designación del árbitro ante el OSCE, sustentando su pedido sobre la base de
la documentación correspondiente.
Los árbitros están sujetos a las reglas de ética que apruebe el OSCE así como
a las normas sobre responsabilidad civil y penal establecidas en la legislación
sobre la materia.

Articulo 224.- Independencia, imparcialidad y deber de información
Los árbitros deben ser y permanecer durante el desarrollo del arbitraje
independientes e imparciales, sin mantener con las partes relaciones personales
profesionales o comerciales. Todos los árbitros deberán cumplir con lo establecido
en el Código de Ética aprobado por el OSCE.
Todo árbitro, al momento de aceptar el cargo, debe informar sobre cualquier
circunstancia acaecida dentro de los cinco (5) años anteriores a su nombramiento,
que pudiera afectar su imparcialidad e independencia. Este deber de información
comprende además la obligación de dar a conocer a las partes la ocurrencia de
cualquier circunstancia sobrevenida a su aceptación durante el desarrollo de todo
el arbitraje y que pudiera afectar su imparcialidad e independencia.
Asimismo, el árbitro designado debe incluir una declaración expresa sobre
su idoneidad para ejercer el cargo, su capacidad profesional en lo que concierne
a contar con conocimientos suficientes para la aplicación de la normativa de
contrataciones del Estado, así como la disponibilidad de tiempo suficiente para
llevar a cabo el arbitraje en forma satisfactoria.

Articulo 225.- Causales de Recusación
Los árbitros podrán ser recusados por las siguientes causas:

1. Cuando se encuentren impedidos conforme el artículo 221° o no
cumplan con lo dispuesto por el artículo 224°.

175


2. Cuando no cumplan con las exigencias y condiciones establecidas por
las partes en el convenio arbitral, con sujeción a la Ley, el Reglamento
y normas complementarias.
3. Cuando existan circunstancias que generen dudas justificadas respecto
de su imparcialidad o independencia y cuando dichas circunstancias no
hayan sido excusadas por las partes en forma oportuna y expresa.

Artículo 226.- procedimiento de Recusación
En el caso que las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional o
cuando no hayan pactado sobre el particular, el trámite de recusación se llevará
a cabo conforme las siguientes reglas:
1. La recusación debe formularse ante el OSCE dentro de los cinco (5)
días hábiles siguientes de comunicada la aceptación del cargo por
el árbitro recusado a las partes o desde que la parte recusante tomó
conocimiento de la causal sobreviniente.
2. El OSCE pondrá en conocimiento de la otra parte y del árbitro o árbitros
recusados la recusación, para que, en el plazo de cinco (5) días hábiles,
manifiesten lo conveniente a su derecho.
3. Si la otra parte está de acuerdo con la recusación o el árbitro o árbitros
renuncian, se procederá a la designación del árbitro o árbitros sustitutos
en la misma forma en que se designo al árbitro o árbitros recusados.
4. Si la otra parte no está de acuerdo con la recusación o el árbitro o
árbitros no renuncian o no absuelven el traslado en el plazo indicado,
el OSCE lo resolverá en un plazo de diez (10) días hábiles.

La resolución de la recusación por el OSCE debe ser motivada, es definitiva e
inimpugnable y será publicada en el portal institucional del OSCE.
Cuando la recusación sea declarada fundada, el OSCE procederá a la
designación del árbitro sustituto.
El trámite de recusación no suspende el arbitraje, salvo cuando se trate de
árbitro único o hayan sido recusados dos (2) o tres (3) árbitros o, en su caso,
cuando lo disponga el tribunal arbitral.

Artículo 227.- Instalación
Salvo que las partes se hayan sometido a un arbitraje institucional, una
vez que los árbitros hayan aceptado sus cargos, cualquiera de las partes
deberá solicitar al OSCE, la instalación del árbitro único o del tribunal
arbitral, dentro de los cinco (5) días siguientes a la aceptación de estos,
según corresponda.
La instalación del árbitro único o del tribunal arbitral suspende el procedimiento
administrativo sancionador que se haya iniciado por la materia controvertida.
Dicha suspensión continuará durante el desarrollo del proceso arbitral y
únicamente podrá ser levantada cuando dicho proceso concluya con el laudo

176


debidamente consentido o sea declarado archivado por el árbitro o tribunal
arbitral, según corresponda.

Artículo 228.- Regulación del Arbitraje
En cualquier etapa del proceso arbitral, los jueces y las autoridades
administrativas se abstendrán de oficio o a petición de parte, de conocer las
controversias derivadas de la validez, invalidez, rescisión, resolución, nulidad,
ejecución o interpretación de los contratos y, en general, cualquier controversia
que surja desde la celebración de los mismos, sometidos al arbitraje conforme al
presente Reglamento, debiendo declarar nulo todo lo actuado y el archivamiento
definitivo del proceso judicial o administrativo que se hubiere generado, en el
estado en que éste se encuentre.
Durante el desarrollo del arbitraje, los árbitros deberán tratar a las partes
con igualdad y darle a cada una de ellas plena oportunidad para ejercer su
derecho de defensa.

Artículo 229.- Acumulación
Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia relativa al
mismo contrato, tratándose de arbitraje ad hoc, cualquiera de las partes puede
pedir a los árbitros la acumulación de las pretensiones a dicho arbitraje dentro
del plazo de caducidad previsto en la Ley, siempre que no se haya procedido a
declarar la conclusión de la etapa probatoria.
Cuando no se establezca expresamente en el convenio arbitral que sólo
procederá la acumulación de pretensiones cuando ambas estén de acuerdo,
una vez iniciada la actuación de pruebas, los árbitros podrán decidir sobre la
acumulación tomando en cuenta la naturaleza de las nuevas pretensiones, el
estado de avance en que se encuentre el arbitraje y las demás circunstancias
que sean pertinentes.

Artículo 230.- Gastos Arbitrales
Los árbitros pueden exigir a las partes los anticipos de honorarios y gastos
que estimen necesarios para el desarrollo del arbitraje.
En el caso que las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional
o cuando no hayan pactado sobre el particular, los honorarios de los árbitros
deberán determinarse en forma razonable teniendo en cuenta el monto en
disputa, las pretensiones de las partes, la complejidad de la materia, el tiempo
dedicado por los árbitros, el desarrollo de las actuaciones arbitrales y cualquier
otra circunstancia pertinente.
En igual sentido, en el caso de los honorarios de la secretaría arbitral, los
mismos deberán observar los criterios de razonabilidad antes indicados.
El OSCE aprobará mediante directiva una tabla de gastos arbitrales, la que
podrá ser utilizada de manera referencial en estos casos.
En el caso de renuncia o de recusación de árbitro declarada fundada y cuando

177


no se trate de un arbitraje institucional, cualquier discrepancia que surja entre
las partes y los árbitros, respecto de la devolución de honorarios, será resuelta a
pedido de parte por el OSCE, de conformidad con la directiva que éste apruebe
para tales efectos.
La decisión que tome el OSCE al respecto es definitiva e inimpugnable.

Artículo 231.- Laudo
El laudo es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta
como una sentencia.El laudo, así como sus correcciones, integraciones y
aclaraciones deberán ser remitidos al OSCE por el árbitro único o el presidente
del tribunal arbitral en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificado para su
registro y publicación.
Como requisito para interponer recurso de anulación contra el laudo, podrá
establecerse en el convenio arbitral que la parte impugnante deberá acreditar
la constitución de carta fianza a favor de la parte vencedora y por la cantidad
que el laudo determine pagar a la parte vencida.
Cuando se interponga recurso de anulación contra el laudo, la parte
impugnante deberá cumplir con comunicar y acreditar ante el arbitro único o
el tribunal arbitral la interposición de este recurso dentro de los cinco (5) días
hábiles siguientes de vencido el plazo correspondiente; en caso contrario se
entenderá que el laudo ha quedado consentido en sede arbitral.
Asimismo, las sentencias que resuelvan de manera definitiva el recurso
de anulación, deberán ser remitidas al OSCE por la parte interesada en el
plazo de diez (10) días hábiles de notificadas para su registro y publicación.
Los representantes de las partes deberán cumplir con dicha obligación bajo
responsabilidad.

Artículo 232.- Registro de Árbitros
El OSCE llevará un Registro de Árbitros para efectos de las designaciones que
deba realizar. Asimismo, aprobara la Directiva correspondiente para establecer el
procedimiento y requisitos para la inscripción de los interesados en dicho Registro.

Artículo 233.- Organización y Administración de Arbitrajes

1. El OSCE podrá proporcionar apoyo administrativo constante o servicios
de organización y administración de arbitrajes y demás medios de
prevención, gestión y solución de controversias. En estos casos, el OSCE
podrá llevar a cabo los cobros correspondientes, de conformidad con
las formas de pago que se apruebe para tales efectos, de acuerdo a la
legislación vigente.
2. El OSCE podrá organizar y administrar arbitrajes, de conformidad con
los reglamentos que se aprueben para tal efecto. El Sistema Nacional
de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE) es autónomo y especializado.

178


Sus órganos tienen la finalidad de brindar servicios de arbitraje y en
general de prevención, gestión y solución de conflictos, en las materias
comprendidas dentro de su estructura normativa y en armonía con
sus principios rectores.
3. El OSCE podrá conformar uno o más tribunales arbitrales especiales
para atender las controversias derivadas de contratos u órdenes de
compras o de servicios originados en Adjudicaciones de Menor Cuantía
y cuyo monto no supere las cinco Unidades Impositivas Tributarias (5
UIT). Los arbitrajes a cargo de estos tribunales serán regulados por el
OSCE mediante la directiva que apruebe para tal efecto.

Articulo 234.- Órganos del Sistema Nacional de Arbitraje
Son órganos del SNA-OSCE:

1. El Colegio de Arbitraje Administrativo del SNA-OSCE, que estará
conformado por:

a) El (la) Secretario (a) General del OSCE.
b) El (la) Jefe (a) de la Oficina de Arbitraje Administrativo del OSCE.
c) El (la) Jefe (a) de la Oficina de Asesoría Jurídica del OSCE.

2. La Secretaria del SNA-OSCE, cuyas funciones serán asumida por el (la)
Jefe (a) de la Oficina de Arbitraje Administrativo del OSCE.

La conformación institucional del SNA-OSCE será aprobada mediante
Resolución de la Presidencia del OSCE, contando ésta con atribuciones para
establecer los procedimientos de designación residual y de recusación de árbitros,
así como con la potestad de delegar dichas atribuciones.

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TITULO Iv
SANCIONES

Artículo 235.- potestad sancionadora del Tribunal
La facultad de imponer sanción administrativa de inhabilitación, temporal o
definitiva, o sanción económica, a que se contraen los artículos 51° y 52° de la
Ley, a proveedores, participantes, postores, contratistas, expertos independientes
y árbitros, según corresponda, por infracción de las disposiciones contenidas en
la Ley y el presente Reglamento, reside en exclusividad en el Tribunal.

Artículo 236.- Causal de imposición de sanción a los expertos independientes
Cuando la Entidad considere que existe responsabilidad por parte de los
expertos independientes que formaron parte de un Comité Especial, remitirá
al Tribunal todos los actuados, incluyendo un informe en el cual se indique la
supuesta responsabilidad en que habrían incurrido los expertos independientes,
adjuntando la evidencia correspondiente, en un plazo que no excederá de diez
(10) días hábiles contados a partir de la detección del hecho correspondiente.
El Tribunal evaluará los actuados y, de concluir que asiste responsabilidad,
impondrá una sanción administrativa de inhabilitación temporal a los expertos
independientes, sean estas personas naturales o jurídicas, por las irregularidades
cometidas como miembros de un Comité Especial, que le sean imputables por
dolo, negligencia y/o culpa inexcusable. Esta inhabilitación para participar en
procesos de selección y para contratar con el Estado podrá ser por un periodo
no menor de seis (6) meses ni mayor a doce (12) meses.


1. Infracciones
Se impondrá sanción administrativa a los proveedores, participantes,
postores y/o contratistas que:

a) No mantengan su oferta hasta el consentimiento de la Buena Pro o,
de resultar ganadores hasta la suscripción del contrato, no suscriban
injustificadamente el contrato, o no reciban injustificadamente la
orden de compra o de servicio emitida a su favor.
b) Den lugar a la resolución del contrato, orden de compra o de
servicios por causal atribuible a su parte.
c) Hayan entregado el bien, prestado el servicio o ejecutado la obra
con existencia de vicios ocultos, previa sentencia judicial firme o
laudo arbitral.
d) Contraten con el Estado estando impedidos para ello, de acuerdo
a lo previsto en el artículo 10º de la Ley.

180


e) Participen en procesos de selección o suscriban un contrato sin
contar con inscripción vigente en el RNP.
f) Suscriban un contrato, en el caso de ejecución o consultoría de
obras, por montos mayores a su capacidad libre de contratación,
o en especialidades distintas, según sea el caso.
g) Realicen subcontrataciones sin autorización de la Entidad o por un
porcentaje mayor al permitido en el Reglamento.
h) Participen en prácticas restrictivas de la libre competencia, previa
declaración del organismo nacional competente; así como cuando
incurran en los supuestos de socios comunes no permitidos, según
lo establecido en el Reglamento.
i) Presenten documentos falsos o información inexacta a las
Entidades, al Tribunal o al OSCE.
j) Interpongan recursos impugnativos contra los actos inimpugnables
establecidos en el Reglamento; y,
k) Se constate después de otorgada la conformidad que
incumplieron injustificadamente las obligaciones del contrato,
distintos de vicios ocultos, hasta los plazos de responsabilidad
establecidos en las Bases.

2. Sanciones
En los casos que la Ley o este Reglamento lo señalen, el Tribunal
impondrá a los proveedores, participantes, postores y contratistas las
sanciones siguientes:

a) Inhabilitación temporal: Consiste en la privación, por un período
determinado, de los derechos a participar en procesos de selección y
a contratar con el Estado. Esta inhabilitación en ningún caso podrá
ser menor de seis (6) meses ni mayor de tres (3) años.
b) Inhabilitación definitiva: Consiste en la privación permanente del
ejercicio de los derechos de los proveedores, participantes, postores
y contratistas a participar en procesos de selección y a contratar
con el Estado.
Cuando en un período de cuatro (4) años a una persona natural o
jurídica se le impongan dos (2) o más sanciones, que en conjunto
sumen treinta y seis (36) o más meses de inhabilitación temporal,
el Tribunal resolverá la inhabilitación definitiva del proveedor,
participante, postor o contratista.
c) Económicas: Son aquellas que resultan de la ejecución de las
garantías otorgadas a la presentación de recursos de apelación
que son declarados infundados o improcedentes por la Entidad
o el Tribunal. Si el recurso de apelación es declarado fundado
en todo o en parte, se devolverá la garantía por el Tribunal o la

181


Entidad. En caso de desistimiento, se ejecutará el cien por ciento
(100%) de la garantía.
Las sanciones que se imponen no constituyen impedimento para que el
contratista cumpla con las obligaciones derivadas de contratos anteriormente
suscritos con Entidades; por lo tanto, deberá proseguir con la ejecución de los
contratos que tuviera suscritos hasta la culminación de los mismos.
causales establecidas en el literal g) del numeral 1) del artículo 51° de la Ley
y en el literal g) del numeral 1) del presente artículo, serán sancionados con
inhabilitación temporal para contratar con el Estado por un período no menor
de seis (6) meses ni mayor de un (1) año.
causales establecidas en los literales a), b), c), d), e), f), h), i), j) y k) del numeral
1) del artículo 51° de la Ley y en los literales a), b), c), d), e), f), h), i), j) y k) del
numeral 1) del presente artículo, serán sancionados con inhabilitación temporal
para contratar con el Estado por un período no menor a un (1) año ni mayor de
tres (3) años.
La imposición de las sanciones es independiente de la responsabilidad civil o
penal que pueda originarse por las infracciones cometidas.
Concordancias: LCE: Artículos 9º, 10º, 11º, 50º, 51º.
RLCE: Artículos 42º, 106º, 146º, 168º, 268º, 277º.

Artículo 238.- Causal de imposición de sanción a árbitros en materia de
contratación pública
El Tribunal impondrá sanción económica, de conformidad con lo establecido
en el artículo 52° de la Ley, a los árbitros, sea que hayan actuado como árbitro
único o tribunal arbitral, cuando incumplan, injustificadamente, con remitir el
laudo correspondiente al OSCE dentro del plazo señalado en el artículo 231°.
Cuando se considere que existe responsabilidad por parte de los árbitros,
de conformidad con lo señalado en el párrafo anterior, se deberá remitir al
Tribunal todos los actuados, incluyendo un informe en el cual se indique el
citado incumplimiento en que habrían incurrido los árbitros, en un plazo que
no excederá de diez (10) días hábiles, contados a partir de la detección de la
omisión
El Tribunal evaluará los actuados y, de concluir que asiste responsabilidad,
sancionará económicamente a los árbitros con una multa no menor de una (1)
ni mayor de cuatro (4) Unidades Impositivas Tributarias vigente. La graduación
de la sanción se sujetará a los criterios establecidos en el artículo 245° en lo que
corresponda.
El OSCE puede exigir, además, coactivamente el pago de la multa, de
conformidad con el artículo 59° de la Ley.

182


Artículo 239.- Sanciones a Consorcios
Las infracciones cometidas por los postores que presentaron promesa de
consorcio durante su participación en el proceso de selección se imputarán
exclusivamente a la parte que las haya cometido, aplicándose sólo a ésta la
sanción a que hubiera lugar, siempre que pueda individualizarse al infractor.
Las infracciones cometidas por un consorcio durante la ejecución del contrato,
se imputarán a todos los integrantes del mismo, aplicándose a cada uno de ellos
la sanción que le corresponda.

Artículo 240.- Obligación de informar sobre supuestas infracciones
El Tribunal podrá tomar conocimiento de hechos que puedan dar lugar a la
imposición de sanción, ya sea de oficio, por petición motivada de otros órganos o
Entidades, o por denuncia; siendo que en todos los casos, la decisión de iniciar el
correspondiente procedimiento administrativo sancionador corresponde al Tribunal.
Las Entidades están obligadas a poner en conocimiento del Tribunal los
hechos que puedan dar lugar a la imposición de las sanciones de inhabilitación
y sanciones económicas, conforme a los artículos 236°, 237° y 238°. Los
antecedentes serán elevados al Tribunal con un informe técnico legal de la
Entidad, que contenga la opinión sobre la procedencia y responsabilidad respecto
a la infracción que se imputa.

Artículo 241.- Denuncias de terceros
Los terceros podrán formular denuncias respecto a proveedores, participantes,
postores o contratistas, que puedan dar lugar a la imposición de las sanciones
a las que se refiere el artículo 52° de la Ley y los artículos 236°, 237° y 238°
del presente Reglamento, para lo cual deberán acompañar el sustento de las
imputaciones que formulan.

Artículo 242.- Debido procedimiento
El Tribunal tramita los procedimientos sancionadores bajo las siguientes reglas:

1. Luego de iniciado el correspondiente procedimiento sancionador,
y antes de imponer una sanción, el Tribunal notificará al respectivo
proveedor, postor, contratista, experto independiente o árbitro para
que ejerza su derecho de defensa dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes de la notificación, bajo apercibimiento de resolverse con la
documentación obrante en autos.
2. Vencido el indicado plazo, y con el respectivo descargo o sin él, el
expediente será remitido a la Sala correspondiente del Tribunal, la cual
podrá realizar de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen
de los hechos, recabando la información y datos necesarios y relevantes
para determinar, de ser el caso, la existencia de responsabilidad
susceptible de sanción.

183


3. La Sala deberá emitir su resolución, determinando la existencia o no de
responsabilidad administrativa, dentro de los tres (3) meses de remitido
el expediente a la Sala correspondiente del Tribunal.
4. En caso se deba emitir acuerdo respecto del inicio de un procedimiento
administrativo sancionador, la Sala debe hacerlo dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes de haber sido remitido el expediente a la Sala
correspondiente del Tribunal.
5. En cualquier caso, la Sala emitirá resolución, determinando la existencia
o inexistencia de responsabilidad administrativa, en un plazo no mayor
a los cuatro (4) meses de remitido el expediente a Sala; y, tratándose del
inicio de un procedimiento administrativo sancionador en un plazo no
mayor de treinta (30) días hábiles de haber sido remitido el expediente
a la Sala correspondiente.
6. De no emitirse la resolución o acuerdo correspondiente dentro de
los plazos establecidos en los incisos 3), 4) y 5), respectivamente, la
Sala correspondiente mantiene la obligación de emitir el respectivo
pronunciamiento, sin perjuicio de las responsabilidades que le
corresponda, de ser el caso.
7. En caso el procedimiento deba suspenderse por la tramitación de un
proceso judicial o arbitral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
245°, el plazo indicado en el inciso 3) del presente artículo quedará
suspendido. La suspensión de dicho plazo surtirá efecto a partir del
acuerdo de la Sala correspondiente, y en tanto no sea comunicado con
la sentencia judicial o laudo arbitral que dé término al proceso.

Artículo 243.- prescripción
Las infracciones establecidas en el presente Reglamento para efectos de las
sanciones a las que se refiere el presente Título, prescriben a los tres (3) años
de cometidas. Para el caso de las infracciones previstas en los literales c) y k) del
artículo 51° de la Ley, el plazo de prescripción se computa, en el primer caso,
a partir de la notificación de la sentencia judicial firme o laudo arbitral, y en el
segundo caso, a partir de que el Titular de la Entidad toma conocimiento del
incumplimiento.
La prescripción se declarará a solicitud de parte.

Artículo 244.- Suspensión del plazo de prescripción
El plazo de prescripción se suspende en los siguientes casos:

1. Por el inicio del procedimiento administrativo sancionador. En caso
que el Tribunal no se pronuncie en el plazo de dos (2) meses, la
prescripción reanuda su curso, adicionándose el periodo transcurrido
con anterioridad a la suspensión.
2. Por la tramitación de proceso judicial o arbitral que sea necesario para la

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determinación de la responsabilidad del proveedor, postor, contratista
o experto independiente, en el respectivo procedimiento administrativo
sancionador. En el caso de procesos arbitrales, se entenderá iniciada la
tramitación a partir de la instalación del árbitro o tribunal arbitral.
En tales supuestos, la suspensión del plazo surtirá efectos a partir del
acuerdo del Tribunal que así lo determine y en tanto dicho órgano
no sea comunicado de la sentencia judicial o laudo que dé término al
proceso.
3. Por la omisión de la Entidad de remitir la información requerida por el
Tribunal, siempre que la misma resulte necesaria para la determinación
de existencia de causal de aplicación de sanción. En tales casos, la
suspensión del plazo de prescripción surtirá efectos a partir del acuerdo
del Tribunal que así lo determine, luego de lo cual, transcurridos cuatro
(4) meses, la prescripción reanuda su curso, adicionándose el tiempo
transcurrido con anterioridad al periodo de suspensión.
En tal supuesto, en el acuerdo del Tribunal que determine la suspensión
del plazo de prescripción deberá ponerse en conocimiento de la
Contraloría General de la República la renuencia de la Entidad.

Artículo 245.- Determinación gradual de la sanción
Para graduar la sanción de inhabilitación temporal a imponerse, conforme a las
disposiciones del presente Título, el Tribunal considerará los siguientes criterios:
1. Naturaleza de la infracción.
2. Intencionalidad del infractor.
3. Daño causado.
4. Reiterancia.
5. El reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea
detectada.
6. Circunstancias de tiempo, lugar y modo.
7. Condiciones del infractor.
8. Conducta procesal del infractor.

En caso de incurrir en más de una infracción en un proceso de selección o en
la ejecución de un contrato, se aplicará la que resulte mayor.

Artículo 246.- Inhabilitación Definitiva
Cuando durante la sustanciación de un procedimiento administrativo
sancionador contra un proveedor, participante, postor, contratista o experto
independiente, el Tribunal constate, además de la responsabilidad del infractor,
que éste ha sido sancionado en oportunidades anteriores con inhabilitación
temporal cuyo tiempo sumado sea mayor a treinta y seis (36) meses dentro de un
lapso de cuatro (4) años, le impondrá la sanción de inhabilitación definitiva.

185


Artículo 247.- Notificación y vigencia de las sanciones
Las resoluciones que determinan la imposición de sanciones se notifican al
infractor y a la Entidad que estuviera involucrada, y se publicarán en la portal
institucional del OSCE. Asimismo, podrán publicarse en el Diario Oficial El Peruano,
siempre que así lo disponga el Tribunal.
La sanción será efectiva desde el sexto día hábil siguiente de la notificación
al infractor. En caso que no se conozca domicilio cierto del infractor, la sanción
será efectiva desde el sexto día hábil siguiente de su publicación en el Diario
Oficial El Peruano.

Artículo 248.- Suspensión de las sanciones.
La vigencia de las sanciones se suspende por medida cautelar dictada en un
proceso judicial. Cancelada o extinta bajo cualquier otra forma dicha medida
cautelar, la sanción continuará su curso por el periodo restante al momento de
la suspensión, siempre que la resolución del Tribunal que dispuso la sanción no
haya sido revocada por mandato judicial firme.
La vigencia de las sanciones también se suspende por la interposición del
recurso de reconsideración, de conformidad con lo dispuesto en el presente
Reglamento, y mientras éste no sea resuelto por el Tribunal.
Lo indicado en los párrafos anteriores resulta aplicable a las sanciones
económicas impuestas por el Tribunal, en cuanto sea aplicable.

Artículo 249.- Recurso de reconsideración
Contra lo resuelto por el Tribunal en un procedimiento sancionador podrá
interponerse recurso de reconsideración dentro de los cinco (5) días hábiles de
notificada o publicada la respectiva resolución.
Como requisito de admisibilidad del recurso de reconsideración deberá
acompañarse una garantía equivalente a una Unidad Impositiva Tributaria (1
UIT) vigente, que deberá cumplir con las características indicadas en el artículo
39° de la Ley y tener una vigencia mínima de treinta (30) días calendario,
la cual podrá consistir en un depósito en cuenta bancaria del OSCE. De no
presentarse este requisito de admisibilidad, la Mesa de Partes del Tribunal o las
oficinas desconcentradas del OSCE otorgarán al impugnante el plazo máximo
de dos (2) días hábiles para su subsanación. Transcurrido dicho plazo sin que
se produzca dicha subsanación, el recurso de reconsideración se considerará
automáticamente como no presentado, sin necesidad de pronunciamiento
alguno, y los recaudos se pondrán a disposición del impugnante para que
los recabe en la Mesa de Partes del Tribunal o las oficinas desconcentradas
del OSCE.
Cuando se declare fundado, en todo o en parte, el recurso de reconsideración
o se declare nulo el procedimiento administrativo sancionador, se devolverá la
garantía presentada. De declararse infundado o improcedente el recurso, se
ejecutará la garantía.

186


El Tribunal resolverá dentro del plazo de quince (15) días hábiles improrrogables
de presentado sin observaciones o subsanado el recurso de reconsideración.

Artículo 250.- Acción Contencioso Administrativo
Procede la acción contencioso administrativa ante el Poder Judicial, de
conformidad con la Ley de la materia, contra:

a) La resolución que impone una sanción; o
b) La resolución que se pronuncia respecto de la reconsideración
interpuesta contra una resolución sancionatoria.

TITULO v
REGISTROS

CApÍTULO I
REGISTRO NACIONAL DE pROvEEDORES

Artículo 251.- Conformación
El Registro Nacional de Proveedores-RNP, cuyo desarrollo, administración y
operación está a cargo del OSCE, está conformado por los siguientes registros:

1. Registro de Proveedores de Bienes, a quienes se acredita con información
suficiente acerca de la naturaleza y objeto de sus actividades,
habilitándolos para ser participantes, postores y/o contratistas en los
procesos de contratación de bienes.
2. Registro de Proveedores de Servicios, a quienes se acredita con
información suficiente acerca de la naturaleza y objeto de sus
actividades, habilitándolos para ser participantes, postores y/o
contratistas en los procesos de contratación de servicios en general y
servicios de consultoría distintos de obras.
3. Registro de Consultores de Obras, a quienes se acredita con información
suficiente acerca de la naturaleza y objeto de sus actividades,
asignándoles especialidades, que los habilita para ser participantes,
postores y/o contratistas en los procesos de contratación de consultoría
de obras.
4. Registro de Ejecutores de Obras, a quienes se acredita con información
suficiente acerca de su naturaleza y objeto de sus actividades,
asignándoles una capacidad máxima de contratación, que los habilita
para ser participantes, postores y/o contratistas en los procesos de
contratación de ejecución de obras.

187


5. Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado, que comprende
a los proveedores, participantes, postores o contratistas sancionados
administrativamente por el Tribunal con inhabilitación temporal o definitiva
para participar en procesos de selección o contratar con el Estado.

Artículo 252.- Inscripción en los Registros del RNp y vigencia de la inscripción
Los proveedores accederán a los Registros de Bienes, de Servicios, de
Consultores de Obras y de Ejecución de Obras, de acuerdo a lo establecido en
el presente Reglamento y cumpliendo con los requisitos, tasas, criterios y escalas
establecidos en el TUPA del OSCE.
Mediante directivas el OSCE establecerá las reglas, pautas y lineamientos de
los respectivos procedimientos. La inscripción en los Registros tendrá validez de
un (1) año a partir del día siguiente de su aprobación, pudiendo el interesado
iniciar el procedimiento de renovación dentro de los treinta días (30) calendario
anteriores a su vencimiento.
Los proveedores serán responsables de que su inscripción en el Registro
correspondiente del RNP se encuentre vigente durante su participación en el
proceso de selección hasta la suscripción del contrato. Las Entidades deberán
verificar su autenticidad y vigencia en el portal institucional de OSCE.23

Artículo 253.- Calificación de Subcontratos
En los procedimientos tramitados ante el RNP, los subcontratos serán
considerados para la calificación del subcontratista y no para la del contratista
principal, siempre que la subcontratación haya sido autorizada por las Entidades
contratantes, de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.

Artículo 254.- fiscalización posterior a los procedimientos tramitados ante el RNp
El OSCE someterá a fiscalización posterior la documentación, información y
declaraciones presentadas por los proveedores, de acuerdo a lo dispuesto por
la normativa aplicable y a sus normas de organización interna.

Artículo 255.- proveedores extranjeros
Para las personas jurídicas constituidas en el extranjero, los requisitos
establecidos en el TUPA del OSCE serán los equivalentes a los solicitados para
las personas jurídicas nacionales, cuando corresponda, expedidos por autoridad
competente en su lugar de origen.
Los documentos que presenten las personas extranjeras deberán contar con
la legalización respectiva del Consulado Peruano correspondiente, en su lugar de
origen, refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú y, de ser el


188


caso, con su respectiva traducción simple indicando el nombre del traductor.
Las empresas extranjeras que no tengan sucursal en el país deberán adjuntar,
para acreditar al representante legal, copia simple del poder vigente otorgado,
debidamente inscrito en los Registros Públicos del Perú.
En el caso de personas jurídicas extranjeras no domiciliadas y sin representante
legal en el país, el OSCE emitirá normas complementarias para su inscripción
en el RNP.

No requieren inscribirse como proveedores en el RNP:

1. Las Entidades del Estado comprendidas en el inciso 3.1. del artículo
3º.de la Ley.
2. Las sociedades conyugales y las sucesiones indivisas.

Artículo 257.- Categorías y Especialidades
El RNP otorgará categorías a los ejecutores de obras, asignándoles una
capacidad máxima de contratación, y especialidades a los consultores de obras.

Artículo 258.- Comunicación de ocurrencias
Para mantener actualizados los datos del RNP, quienes se encuentren
registrados en él, están obligados a comunicar las ocurrencias establecidas
en el presente Reglamento dentro de los plazos previstos, sujetándose a las
consecuencias que se deriven de su incumplimiento.

No podrán inscribirse ni renovar su inscripción en el RNP:

1. Las personas naturales o jurídicas que se encuentren con sanción
vigente de inhabilitación.
2. Los proveedores cuya inscripción haya sido declarada nula por haber
presentado documentación falsa o información inexacta al RNP,
conforme a lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley.24

Artículo 260.- Socios Comunes
Cuando dos o más proveedores tengan socios comunes en los que sus
acciones, participaciones o aportes sean superiores al diez por ciento (10%) del
capital o patrimonio social en cada uno de ellos, con la solicitud de inscripción,
renovación, ampliación de especialidad, aumento de capacidad máxima de
contratación, según corresponda, que formulen ante el RNP, deberán presentar


189


una declaración jurada firmada por la persona natural o el representante
legal de la persona jurídica, según sea el caso, precisando que cuando
participen en un mismo proceso de selección, sólo lo harán en consorcio y no
independientemente.

Artículo 261- Inscripción en el Registro de proveedores de bienes
En el Registro de Proveedores de Bienes deberán inscribirse todas las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en procesos de
selección y/o contratar con el Estado la provisión de bienes, sea que se presenten
de manera individual, en consorcio, o tengan la condición de subcontratistas, para
lo cual deberán estar legalmente capacitadas para contratar:

1. Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus
derechos civiles.
2. Las personas jurídicas nacionales deben haber sido constituidas conforme
a ley. Las personas jurídicas extranjeras deben haber sido constituidas
de conformidad con la ley de su lugar de origen, y cumplir con los
requisitos establecidos en el TUPA de OSCE. El objeto social establecido
en la escritura pública de las personas jurídicas, de ser el caso, deberá
estar referido a las actividades consideradas en este registro.

Artículo 262.- Obligaciones de los proveedores de bienes
Los proveedores de bienes están obligados a comunicar al RNP, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes al término de cada mes, las siguientes
ocurrencias: variación de domicilio, cambio de razón o denominación
social, transformación societaria, representante legal, socios, accionistas,
participacionistas o titular. Si el proveedor no declaró la variación dentro
del plazo establecido, deberá regularizarla mediante la comunicación de
ocurrencias extemporáneas.

Artículo 263.- Inscripción en el Registro de proveedores de Servicios
En el Registro de Proveedores de Servicios deberán inscribirse todas las
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar
en procesos de selección y/o contratar con el Estado la contratación de servicios
en general y las consultorías distintas a las de obras, sea que se presenten de
manera individual, en consorcio, o tengan la condición de subcontratistas, para
lo cual deberán estar legalmente capacitadas para contratar:

1. Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus
derechos civiles.
2. Las personas jurídicas nacionales deben haber sido constituidas conforme
a ley. Las personas jurídicas extranjeras deben haber sido constituidas
de conformidad con la ley de su lugar de origen, y cumplir con los

190


requisitos establecidos en el TUPA de OSCE. El objeto social establecido
en la escritura pública de las personas jurídicas, de ser el caso, deberá
estar referido a las actividades consideradas en este registro.

Artículo 264.- Obligaciones de los proveedores de servicios
Los proveedores de servicios están obligados a comunicar al RNP, dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes al término de cada mes, las siguientes
ocurrencias: variación de domicilio, cambio de razón o denominación
social, transformación societaria, representante legal, socios, accionistas,
participacionistas o titular. Si el proveedor no declaró la variación dentro
del plazo establecido, deberá regularizarla mediante la comunicación de
ocurrencias extemporáneas.

Artículo 265.- Inscripción en el Registro de Consultores de Obras
En el Registro de Consultores de Obras deberán inscribirse todas las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en procesos
de selección y/o contratar con el Estado la consultoría de obras públicas, sea
que se presenten de manera individual, en consorcio o tengan la condición de
subcontratistas, para lo cual deberán:

1. Estar legalmente capacitadas para contratar:

a) Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus
derechos civiles.
b) Las personas jurídicas nacionales deben haber sido constituidas como
sociedades al amparo de la Ley General de Sociedades y normas
complementarias, o como empresas individuales de responsabilidad
limitada. Las personas jurídicas extranjeras deben haber sido
constituidas de conformidad con la ley de la misma materia que las
nacionales, pero de su lugar de origen, y de acuerdo con los requisitos
establecidos en el TUPA del OSCE. El objeto social establecido en la
escritura pública de las persona jurídicas, de ser el caso, deberá estar
referido a las actividades consideradas en ese registro.

2. Tener capacidad técnica: El plantel técnico de los consultores de obras
estará conformado como mínimo por un (1) profesional, sea arquitecto
o ingeniero de las especialidades señaladas en el artículo 266°.

3. Tener solvencia económica: Los lineamientos para la evaluación de
la solvencia económica serán establecidos por el OSCE mediante
directivas, considerando la calificación de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones y los indicadores
que se establezcan para tal efecto.

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Artículo 266.- profesión de las personas naturales e integrantes del plantel técnico
Podrán inscribirse como personas naturales en el Registro de Consultores de
Obras o formar parte del plantel técnico los arquitectos y los ingenieros civiles,
sanitarios, agrícolas, geólogos, electromecánicos, mecánicos, eléctricos, electrónicos,
mineros, petroleros, economistas, agrónomos, ambientales e industriales.
Mediante directivas el OSCE determinará la incorporación de nuevas
profesiones y sus especialidades a este Registro.

Artículo 267.- Asignación de Especialidades de los Consultores
El RNP asignará a los consultores de obras una (1) o varias especialidades,
habilitándolos para participar en procesos de selección y contratar con el Estado
la consultoría de obras públicas.
A los consultores de obras sin experiencia se les otorgará la especialidad de
consultorías en obras menores, con la que podrán acceder a las Adjudicaciones
Directas Selectivas y las Adjudicaciones de Menor Cuantía, de conformidad con
los montos establecidos en la Ley Anual de Presupuesto y la Ley.
Sólo se considerará la experiencia obtenida directamente, sea como persona
natural o persona jurídica, en la realización de actividades de consultoría de
obras, no considerándose como tales aquellas actividades ejecutadas como
dependientes o bajo la dirección de otro consultor de obras.
La experiencia en la especialidad para los consultores de obras se acreditará
con un servicio de consultoría de obras culminado.
Los contratos de consultoría de obras provenientes del extranjero deben
estar culminados.

Artículo 268.- Especialidades de los Consultores
La (s) especialidad (es) de los consultores se determinará por:

a) El objeto señalado en la escritura pública de constitución sólo para el
caso de las personas jurídicas; y
b) La experiencia previa determinada por el tipo de proyectos y obras en
que haya prestado servicios de consultoría de obras, en las siguientes
especialidades:

b.1) Consultoría en obras urbanas, edificaciones y afines
Construcción, ampliación o remodelación de edificios,
viviendas, centros comerciales, conjuntos habitacionales,
habilitaciones urbanas, reservorios de agua potable (elevados
o apoyados), muros de contención, pavimentaciones de calles,
fábricas y afines.
b.2) Consultoría en obras viales, puertos y afines
Carreteras con pavimento asfáltico o concreto, caminos rurales,
puentes, túneles, líneas ferroviarias, explotaciones mineras, puertos

192


y aeropuertos, pavimentación de pistas de aterrizaje y afines.
b.3) Consultoría en obras de saneamiento y afines
Plantas de tratamiento de agua potable, redes de conducción de agua
potable, redes de conducción de desagües, conjuntos habitacionales,
habilitaciones urbanas, emisores de desagües, líneas de impulsión,
líneas de aducción, líneas de conducción, cámaras de bombeo,
reservorios elevados o apoyados, lagunas de oxidación, conexiones
domiciliarias de agua y desagüe, plantas de tratamiento.
Redes de conducción de líquidos, combustibles, gases y afines.
b.4) Consultoría en obras electromecánicas y afines
Redes de conducción de corriente eléctrica en alta y baja tensión,
subestaciones de transformación, centrales térmicas, centrales
hidroeléctricas y afines.
b.5) Consultoría en obras energéticas y afines
Plantas de generación eléctrica, líneas de transmisión, redes
primarias, redes secundarias con conexiones domiciliarias,
centrales hidroeléctricas, conjuntos habitacionales, habilitaciones
urbanas y afines.
b.6) Consultoría en obras de represas, irrigaciones y afines
Represas de concreto, represas de tierra y otras, canales de
conducción de aguas, encauzamiento y defensas de ríos, tomas
de derivación, presas, túneles para conducción de aguas.
b.7) Consultoría en obras menores
Entiéndase como consultoría en obras menores a cualquiera de
las especialidades antes mencionadas siempre que sus montos
contratados no excedan lo señalado en la normativa vigente
para las Adjudicaciones Directas Selectivas y Adjudicaciones de
menor cuantía.

Artículo 269.- Ampliación de la Especialidad
Para solicitar la ampliación de la especialidad, el consultor de obras deberá
cumplir con lo siguiente:

1. Tener vigente su inscripción en el RNP.
2. Cumplir con los demás requisitos establecidos en el TUPA del OSCE.

Artículo 270.- Obligaciones de los Consultores de Obras
Los consultores de obras están obligados a comunicar al RNP, dentro de los
primeros diez (10) días hábiles siguientes al término de cada mes de producido
el hecho, las siguientes ocurrencias:

1. Contratos suscritos con entidades del sector público.
2. Variaciones del plantel técnico, y

193


3. Variación de domicilio, representante legal, socios, accionistas,
participacionistas o titular.

En el caso del inciso 1, se declarará a través del récord de consultoría de obras.
En el caso del inciso 2, se efectuará a través del trámite de comunicación
de ocurrencias en el plazo señalado. Si el RNP detectara dicha variación por
cualquier medio, adecuará o cancelará, de ser el caso, la inscripción, publicando
la resolución en el portal institucional del OSCE.
Si el consultor de obras declarase dentro del plazo señalado la variación de
su plantel técnico, se le concederá un plazo de treinta (30) días calendario para
acreditar a su reemplazo, caso contrario, se procederá conforme lo dispone el
párrafo precedente.
En el caso del inciso 3, se comunicará a través del trámite de comunicación
de ocurrencias, de conformidad con lo establecido en el TUPA del OSCE.

Artículo 271.- Récord de Consultoría de Obras
El récord de consultoría de obras es la declaración efectuada por el consultor
con inscripción vigente en el RNP de la información detallada de los contratos
suscritos con las Entidades del sector público comprendidas en el inciso 3.1 del
artículo 3º de la Ley, exonerándose de tal obligación a los consultores que no
hubieran suscrito contrato alguno.
El proveedor se encuentra obligado a efectuar esta declaración electrónicamente
en la sección del RNP del OSCE.
La declaración extemporánea del récord de consultoría de obras podrá
regularizarse, siempre que no haya contratado por especialidades distintas a las
otorgadas por el RNP, situación que será comunicada al Tribunal.

Artículo 272.- Inscripción en el Registro de Ejecutores de Obras
En el Registro de Ejecutores de Obras deberán inscribirse todas las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen participar en procesos
de selección y/o contratar con el Estado la ejecución de obras públicas, ya sea
que se presenten de manera individual, en consorcio o tengan la condición de
subcontratistas, para lo cual deberán:
1. Estar legalmente capacitadas para contratar:

a) Las personas naturales deben encontrarse en pleno ejercicio de sus
derechos civiles.
b) En el caso de personas jurídicas nacionales deben haberse
constituido como sociedades al amparo de la Ley General de
Sociedades y normas complementarias, o como empresas
individuales de responsabilidad limitada; las personas jurídicas
extranjeras deberán haber sido constituidas de conformidad con
la ley de la misma materia que las nacionales, pero de su lugar de

194


origen, y de acuerdo a los requisitos establecidos en el TUPA del
OSCE. En el caso de personas jurídicas, el objeto social establecido
en la escritura pública deberá estar referido a actividades de
ejecución de obras.

2. Tener capacidad técnica: El plantel técnico mínimo de los ejecutores de
obras estará conformado por profesionales arquitectos e ingenieros de
las especialidades indicadas en el artículo 273° y de acuerdo al número
de profesionales establecido en el artículo 276° debiendo mantener
vínculo laboral a plazo indeterminado con el ejecutor.

3. Tener solvencia económica: Los lineamientos para la evaluación de
la solvencia económica serán establecidos por el OSCE mediante
directivas, considerando la calificación de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones y los indicadores
que se establezcan para tal efecto.

Artículo 273.- profesión de las personas naturales e integrantes del plantel técnico
Podrán inscribirse como personas naturales en el Registro de Ejecutores
de Obras o formar parte del plantel técnico los arquitectos y los ingenieros
civiles, sanitarios, agrícolas, geólogos, electromecánicos, mecánicos, eléctricos,
electrónicos, mineros y petroleros.
Mediante directivas el OSCE determinará la incorporación de nuevas
profesiones y sus especialidades a este Registro.

Artículo 274.- Categorización
El RNP categorizará a los ejecutores de obras asignándoles una capacidad
máxima de contratación, habilitándolos para participar en los procesos de
selección y/o contratar la ejecución de obras.
En el caso de ejecutores sin experiencia, se les otorgará una capacidad máxima
de contratación hasta por un total equivalente al monto establecido para la
Adjudicación Directa Selectiva en la Ley Anual de Presupuesto y en la Ley.
Cuando el ejecutor de obras solicite la renovación de inscripción después de
haber vencido la vigencia de su inscripción y/o muestre una reducción de capital
que afecte su capacidad máxima de contratación, ésta se recalculará, debiendo
ser el tope máximo la que tuvo anteriormente, pudiendo en este caso acreditar
nuevas obras para dicho fin.
Los contratos de ejecución de obras provenientes del extranjero deberán
estar culminados.

Artículo 275.- Capacidad Máxima de Contratación
La capacidad máxima de contratación es el monto hasta por el cual un
ejecutor de obras está autorizado a contratar la ejecución de obras públicas

195


simultáneamente, y está determinada por la ponderación del capital y las obras
ejecutadas de la siguiente manera:

CMC = 15 (C) + 2 ( ∑ Obras)

Donde:
CMC: Capacidad máxima de contratación.
C: Capital social suscrito y pagado para personas jurídicas.
Capital contable para personas naturales.
∑ Obras: Sumatoria de los montos de las obras culminadas dentro
de los últimos cinco (5) años, considerados hasta la fecha de
presentación de la respectiva solicitud.

En el caso de las personas naturales, su capital contable es el declarado en el
libro de inventarios y balances y/o en el balance del último ejercicio presentado a
la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, o documentos
equivalentes expedidos por autoridad competente del domicilio de la persona
natural extranjera solicitante.
En el caso de las personas jurídicas, su capital social deberá estar suscrito y
pagado e inscrito en Registros Públicos; para las personas jurídicas extranjeras,
la inscripción en los Registros Públicos se refiere a la inscripción realizada ante
la institución o autoridad competente, conforme a las formalidades exigidas en
su lugar de origen.
Tratándose de capitales o montos de obras contratadas en moneda extranjera, se
determinará su equivalente en la moneda de curso legal vigente en el país, utilizando
el factor de conversión del promedio ponderado venta de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, publicado en
el Diario Oficial El Peruano, a la fecha de la presentación de la solicitud.

Artículo 276.- Número de profesionales
El número mínimo de profesionales con vínculo laboral a plazo
indeterminado y que pertenezcan al plantel técnico del proveedor que se debe
acreditar, de acuerdo a la capacidad máxima de contratación que se solicite,
es el siguiente:

Hasta 1,500 UIT: 1 profesional.
Más de 1,500 a 3,000 UIT: 2 profesionales.
Más de 3,000 hasta 5,000 UIT: 3 profesionales.
Más de 5,000 hasta 7,000 UIT: 4 profesionales.
Más de 7,000 UIT: 5 profesionales.

Los profesionales del plantel técnico sólo podrán ser acreditados por un (1)
ejecutor de obras a la vez.

196


Artículo 277.- Capacidad Libre de Contratación
La capacidad libre de contratación es el monto no comprometido de la
capacidad máxima de contratación y se obtiene deduciendo de ésta las obras
públicas contratadas pendientes de valorización.
Se entiende por capacidad comprometida de contratación a la parte no
valorizada de las obras contratadas.
La capacidad libre de contratación se va restituyendo de acuerdo a la
declaración de lo valorizado por los avances de las obras públicas contratadas,
efectuadas a través del modulo del récord de obras habilitado en el portal
institucional del OSCE.
En el caso de consorcios, éstos solicitarán la correspondiente constancia de
capacidad libre de contratación para cada integrante, donde la suma de las
capacidades libres de contratación deberá ser igual o superior al monto de la
propuesta económica que presenten. La capacidad libre de contratación de cada
integrante del consorcio debe ser superior o igual al monto del porcentaje de
participación que les corresponda en cada proceso.

Artículo 278.- Obligaciones de los ejecutores de obras
Los ejecutores de obras están obligados a comunicar al RNP dentro de los
primeros diez (10) días hábiles siguientes al término de cada mes de ocurrido el
hecho, las siguientes ocurrencias:

1. Contratos suscritos con Entidades del sector público.
2. Valorizaciones presentadas de las obras en ejecución hasta la
culminación física de la misma.
3. Variaciones del plantel técnico, y
4. Variación de domicilio, representante legal, socios, accionistas,
participacionistas o titular.

En el caso de los incisos 1 y 2, se declarará a través del módulo de récord de
obras; si la omisión lo benefició indebidamente, no podrá regularizarlo, situación
que será comunicada al Tribunal para los fines correspondientes.
En el caso del inciso 3, se efectuará a través del trámite de comunicación de
ocurrencias en el plazo señalado; si el RNP detectara dicha variación por cualquier
medio, le disminuirá de oficio la capacidad máxima de contratación o le cancelará
la inscripción, según corresponda, publicando la resolución correspondiente en
el portal institucional del OSCE.
Si el ejecutor de obras declarase dentro del plazo señalado la variación de
su plantel técnico, se le concederá un plazo de treinta (30) días calendario para
acreditar a su reemplazo, caso contrario, se procederá conforme lo dispone el
párrafo precedente.
En el caso del inciso 4, se comunicará a través del trámite de comunicación
de ocurrencias, de conformidad con lo establecido en el TUPA del OSCE.

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Artículo 279.- Récord de Obras
El récord de obras es la declaración efectuada por el ejecutor con inscripción
vigente ante el RNP, de la información detallada de los contratos suscritos con
las Entidades del sector público comprendidas en el inciso 3.1 del artículo 3º
de la Ley, así como las respectivas valorizaciones hasta la culminación final de la
obra, exonerándose de tal obligación a los ejecutores que no hubieran suscrito
contrato alguno.
El proveedor se encuentra obligado a efectuar esta declaración electrónicamente
en la sección del RNP del portal del OSCE.
La declaración extemporánea del récord de obras podrá regularizarse siempre
que la omisión no haya beneficiado al ejecutor en su participación en otros
procesos de selección, situación que será comunicada al Tribunal para los fines
correspondientes.

Artículo 280.- Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado
La inclusión de un proveedor, participante, postor y/o contratista en el Registro
de Inhabilitados para Contratar con el Estado se produce previa resolución del
Tribunal que así lo ordene, o por cumplimiento de sentencia judicial firme.
El OSCE excluirá de oficio del Registro de Inhabilitados para Contratar con
el Estado al proveedor, participante, postor y/o contratista que haya cumplido
con la sanción impuesta o si la misma ha quedado sin efecto por resolución
judicial firme.

Artículo 281.- publicación del Registro de Inhabilitados
La relación de los proveedores, participantes, postores y/o contratistas que
hayan sido sancionados con inhabilitación temporal o definitiva para contratar
con el Estado, será publicada mensualmente por el OSCE en el Diario Oficial El
Peruano, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al término de cada
mes, de conformidad con lo establecido en el artículo 9º de la Ley.

Artículo 282.- Constancia de no estar Inhabilitado para contratar con el Estado
La constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado es el
documento expedido por el OSCE que acredita que un proveedor no se encuentra
incluido en el Registro de Inhabilitados.
La solicitud de expedición de la constancia de no estar inhabilitado para
contratar con el Estado se presentará a partir del día hábil siguiente de haber
quedado consentida la Buena Pro hasta el décimo quinto día hábil de producido
tal hecho.
El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo indicado y, en
ejercicio de su función de supervisión, adoptará las medidas correspondientes.
Concordancia: Comunicado Nº 004-2009-OSCE/pRE

198


CApÍTULO II
REGISTRO DE ENTIDADES CONTRATANTES

Artículo 283.- Registro de las Entidades Contratantes
Para efectos de la realización de los procesos de contrataciones del
Estado, el Registro de Entidades Contratantes (REC) inscribe a las Entidades
comprendidas en el numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley, que realicen procesos
de contratación pública.

Artículo 284.- Registro de la información en el Registro de Entidades
Contratantes
Para su registro en el REC, las Entidades deberán proporcionar la
información que se solicite en el enlace correspondiente del SEACE.
Las modificaciones a la información proporcionada en el REC deberán
ser actualizadas en el SEACE en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles
de producida.

TITULO vI
SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO – SEACE

CApÍTULO I
GENERALIDADES

El presente Capítulo tiene como objeto regular el procedimiento para el
registro de la información de las contrataciones de bienes, servicios y obras en
el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE.
Concordancias: LCE: Artículos 67º al 70º.

Artículo 286.- Acceso al SEACE
Para interactuar con el SEACE, tanto las Entidades como los proveedores,
deberán utilizar el Certificado SEACE emitido por el OSCE.
Es responsabilidad de la Entidad solicitar ante el OSCE la desactivación del
Certificado SEACE de aquellos funcionarios-usuarios que ya no se encuentren
autorizados para registrar información en el SEACE.

Todas las entidades referidas en el numeral 3.1 del artículo 3° de la Ley están
obligadas a registrar información sobre su Plan Anual de Contrataciones, los
procesos de selección, los contratos y su ejecución, y todos los actos que requieran

199


ser publicados, conforme se establece en la Ley, el presente Reglamento y en la
Directiva que emita el OSCE.
La obligatoriedad de publicidad en el SEACE a que se refiere el presente artículo,
incluye las contrataciones que realicen las Entidades con sujeción a regímenes
especiales o a través de convenios nacionales e internacionales, con excepción de
aquellas que se realicen bajo el ámbito del Sistema Nacional de Endeudamiento.

Artículo 288.- Registro de la información
La información que se registra en el SEACE debe ser idéntica a la información
que se tiene como documento final para la realización de cualquier acto en el
proceso de contratación, bajo responsabilidad del funcionario que hubiese
solicitado la activación del Certificado SEACE y de aquél que hubiera registrado
la información.

Artículo 289.- Condiciones de continuidad del sistema
El OSCE acreditará la suspensión de la continuidad del funcionamiento
total o parcial de la plataforma del SEACE, en cuyo caso las Entidades deberán
comunicarse con el OSCE a fin de solicitar tal acreditación, la cual le permitirá
reprogramar las etapas de los procesos de selección.

Todos los actos realizados a través del SEACE se entenderán notificados el
mismo día de su publicación.

CApÍTULO II
pROCESOS ELECTRONICOS

El presente Capítulo establece las reglas que deben aplicarse a los procesos
de selección electrónicos.
Concordancias: LCE: 1era. Disposición Complementaria Transitoria.

Artículo 292.- procesos electrónicos
El desarrollo de las etapas correspondientes a la fase de selección de los
procesos electrónicos se llevará a cabo y difundirá, íntegramente, a través
del SEACE.

1. Convocatoria, contendrá obligatoriamente las Bases bajo sanción
de nulidad.

200


2. Registro de participantes, el que será gratuito en los casos de
Adjudicaciones de Menor Cuantía de bienes y servicios. La participación
del proveedor en procesos electrónicos presume la aceptación de las
condiciones de uso del SEACE.
3. Consultas y observaciones, y
4. Demás actos que correspondan al proceso de selección electrónico.

Artículo 293.- Nomenclatura de un proceso electrónico
Al tipo de proceso de selección que corresponda convocar, dentro de los
márgenes establecidos por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, deberá
agregarse la frase “Proceso Electrónico”. Tal precisión no será necesaria hacerla
en el Plan Anual de Contrataciones.

Artículo 294.- propuestas electrónicas
Los participantes registrarán sus propuestas a través del SEACE de acuerdo
con las características, formatos y demás condiciones establecidas en las Bases.
Para ello, deberán ingresar al Módulo de Transacciones Electrónicas e ingresar su
propuesta técnica y económica, ambas con su certificado SEACE, asegurándose
de haber realizado el envío y la carga de las mismas en el sistema.
Las propuestas electrónicas de todos los participantes serán almacenadas
en una bóveda segura del SEACE hasta la fecha establecida en el calendario del
proceso para el acto de apertura electrónica de propuestas.
Una vez enviadas las propuestas, no cabe subsanación alguna.

Artículo 295.- Contenido de las propuestas electrónicas
La propuesta técnica deberá contener todos los documentos de habilitación
solicitados en las Bases, así como aquellos que sirvan para acreditar los factores
de evaluación. La propuesta económica deberá presentarse en función al valor
referencial total del ítem y, en caso de procesos convocados bajo el sistema de
precios unitarios, deberá registrarse adicionalmente el precio unitario.

Artículo 296.- Apertura electrónica de las propuestas técnicas
El funcionario autorizado de la Entidad ingresará al SEACE en la fecha y
hora establecidas en el calendario del proceso, utilizando su certificado SEACE,
y procederá a la apertura electrónica de las propuestas técnicas.
El SEACE no permitirá la inclusión de ninguna propuesta adicional y habilitará
la opción de descarga de propuestas técnicas electrónicas de la bóveda segura,
en presencia del Comité especial o a quién haga sus veces. Luego, el funcionario
autorizado de la Entidad imprimirá y entregará todas las propuestas técnicas al
Comité especial o a quién haga sus veces.
Si se trata de una contratación con acto público, el Notario firmará las
propuestas técnicas que sean declaradas válidas por el Comité especial o a quién
haga sus veces.

201


Artículo 297.- Evaluación de la propuesta técnica
El Comité Especial evalúa las propuestas técnicas y emite un acta incluyendo
el cuadro de la evaluación técnica, dicha acta contendrá la relación de todas las
propuestas, las que cumplan con los requerimientos mínimos y las descalificadas.
El acta debe ser publicada en el SEACE antes de la apertura de las propuestas
económicas, bajo responsabilidad del Comité Especial o de quién haga sus veces.

Artículo 298.- Evaluación y buena pro
El funcionario autorizado por la Entidad descargará del SEACE las propuestas
económicas electrónicas de los postores que alcanzaron el puntaje mínimo en la
evaluación técnica, en presencia del Comité Especial o de quién haga sus veces
y del Notario, cuando la evaluación se lleve a cabo en acto público.
El Comité Especial o quién haga sus veces recibe y evalúa las propuestas
económicas y emite el cuadro final de calificaciones otorgando la Buena Pro al
postor que ocupe el primer puesto por haber alcanzado el más alto puntaje.
El Comité Especial entrega a los postores que lo soliciten: el Acta del Resultado del
Proceso con el cuadro de calificación y los cuadros de evaluación técnica y económica
detallados. El funcionario autorizado por la Entidad los publica en el SEACE.
El Comité Especial o quien haga sus veces elaborará el Acta de Buena Pro
con el resultado de la evaluación y el sustento debido en los casos en que los
postores serán descalificados.
El Acta de Otorgamiento de Buena Pro deberá ser publicada en el SEACE el
mismo día de la Buena Pro.


pRIMERA.- Las normas complementarias del presente Reglamento se ajustarán
a lo indispensable y serán aprobadas mediante Directivas emitidas por el OSCE.

SEGUNDA.- Según lo dispuesto en el inciso a) y d) del artículo 58° de la
Ley, el OSCE deberá adoptar las medidas necesarias para supervisar el debido
cumplimiento de la Ley, el presente Reglamento y normas complementarias,
dictando para el efecto resoluciones y pronunciamientos; pudiendo requerir
información y la participación de todas las Entidades para la implementación
de las medidas correctivas que disponga.
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el referido artículo, el OSCE absolverá las
consultas motivadas sobre el sentido y alcance de las normas de su competencia,
formuladas por las Entidades del Estado, así como por las instituciones
representativas de las actividades económicas, laborales y profesionales del sector
privado, debiendo remitirse con un informe técnico legal. Las consultas serán
publicadas en el portal institucional del OSCE y deberán efectuarse conforme con

202


las condiciones establecidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del OSCE.
Las consultas que no se ajusten a lo establecido en el párrafo precedente no
darán lugar a respuesta. El OSCE emitirá las respectivas normas complementarias
sobre la materia.

TERCERA.- Las resoluciones y pronunciamientos del OSCE en las materias
de su competencia tienen validez y constituyen precedente administrativo,
siendo de cumplimiento obligatorio.

CUARTA.- En el caso de procesos de selección que convoquen las Entidades en
zonas que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la Ley Nº 27037, Ley
de Promoción de la Inversión en la Amazonía, se aplicarán las siguientes reglas:

1. El valor referencial del proceso de selección es único y deberá incluir
todos los conceptos que incidan sobre el costo del bien, servicio u
obra a contratar, incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV),
determinado en los correspondientes estudios de posibilidades que
ofrece el mercado que realizó la Entidad.
2. El postor que goza de la exoneración prevista en la Ley Nº 27037, Ley de
Promoción de la Inversión en la Amazonía, formulará su propuesta económica
teniendo en cuenta exclusivamente el total de los conceptos que conforman
el valor referencial, excluido el Impuesto General a las Ventas (IGV).
En los procesos de selección para la ejecución y consultoría de obras, la
verificación respecto de que las propuestas económicas se encuentran
dentro de los límites establecidos en la Ley y el presente Reglamento,
se efectuará sobre el total de los conceptos que conforman el valor
referencial excluido el Impuesto General a las Ventas (IGV).
El cumplimiento de lo señalado constituye requisito de admisibilidad
de la propuesta.
3. El postor que no goza de la exoneración prevista en la Ley Nº 27037, Ley
de Promoción de la Inversión en la Amazonía, formulará su propuesta
económica teniendo en cuenta el valor referencial incluido el Impuesto
General a las ventas (IGV)
En los procesos de selección para la ejecución y consultoría de
obras, la verificación respecto de que las propuestas económicas se
encuentran dentro de los límites establecidos en la Ley y el presente
Reglamento, según corresponda, se efectuará sobre el total de los
conceptos que conforman el valor referencial incluido el Impuesto
General a las ventas (IGV).
El cumplimiento de lo señalado constituye requisito de admisibilidad
de la propuesta.

203


4. La evaluación económica de las propuestas se efectuará comparando
los montos de las ofertas formuladas de acuerdo a lo previsto en los
incisos 2) y 3) de la presente Disposición.

QUINTA.- Lo dispuesto en el artículo 242° del Reglamento, respecto del
procedimiento que debe seguir el Tribunal para tramitar los procedimientos
sancionadores, será de aplicación para los expedientes de imposición de sanción
que se generen a partir de la entrada en vigencia de la Ley.


pRIMERA.- Las Adjudicaciones de Menor Cuantía para la contratación de
servicios vía electrónica serán implementadas en el siguiente orden:
A la entrada en vigencia de la Ley y el presente Reglamento:

1. Las Entidades del Gobierno Nacional: Presidencia de la República,
Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerios, Organismos Públicos del Poder
Ejecutivo y las empresas del Estado organizadas conforme a la legislación vigente
sobre actividad empresarial del Estado.
2. Organismos Constitucionalmente Autónomos.
3. Poder Judicial: Corte Suprema y Academia de la Magistratura.
4. Poder Legislativo: Oficialía Mayor.

Mediante Directiva, el OSCE señalará la forma en que se aplicará la
obligatoriedad de las contrataciones de servicios vía electrónica para las
demás Entidades, así como la forma en que se aplicará la obligatoriedad de las
contrataciones electrónicas a los procesos de Licitación Pública, Concurso Público,
Adjudicaciones Directas en sus distintas modalidades y Adjudicación de Menor
Cuantía para bienes, consultoría de obras y ejecución de obras.
De igual manera, se establecerán los criterios para la incorporación gradual
de las Entidades al SEACE, teniendo en cuenta la infraestructura y condiciones
que estás posean o los medios disponibles para estos efectos.

SEGUNDA.- La implementación de lo dispuesto en el artículo 5°, referido a la
capacitación de los funcionarios y servidores de los órganos de contrataciones de
las Entidades se realizará en los nueve (9) meses contados a partir de la entrada
en vigencia del presente Reglamento.

204


TERCERA.- Para efectos de lo dispuesto en el artículo 10º de la Ley, se reputan
como organismos constitucionales autónomos los señalados en los artículos 18°,
82°, 84°, 87°, 150°, 158°, 161°, 177° y 201° de la Constitución Política del Perú.
Asimismo, la restricción a que se refiere el inciso g) del artículo 10° de la Ley, es
de aplicación sin perjuicio a lo dispuesto por el artículo 92° de la Constitución.

CUARTA.- El OSCE mediante Directivas aprobará Bases Estandarizadas, las
mismas que serán utilizadas obligatoriamente por las Entidades. En tanto el OSCE
las apruebe y publique, las Entidades podrán continuar elaborando las Bases de sus
procesos de selección, sujetándose a lo establecido en el presente Reglamento.
Forma parte integrante del presente Reglamento las definiciones que constan
en el Anexo Único.

QUINTA.- En las contrataciones bajo el ámbito del inciso t) del artículo 3.3°
de la Ley, en caso de vacío o deficiencia en la regulación de los procesos de
selección convocados, serán de aplicación supletoria las disposiciones de la
Ley y el presente Reglamento. En uno u otro supuesto corresponderá al OSCE
supervisar el cumplimiento de los principios que rigen los procesos de selección
contemplados en el artículo 3° de la Ley.
Si el vacío o deficiencia a que se refiere el párrafo anterior están referidos
al procedimiento o a las reglas para la determinación de la competencia en la
solución de controversias e impugnaciones, corresponderá al OSCE resolver
la controversia y/o impugnación suscitada en calidad de última instancia
administrativa.

SEXTA.- Las Entidades que no tengan acceso a Internet, para efectos de la
convocatoria y notificaciones que tengan que realizar durante el proceso de
selección, se sujetarán a las reglas siguientes:
1. La convocatoria en el caso de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y
Adjudicaciones Públicas se realizará mediante la publicación de aviso en un diario
de circulación nacional o local.
En el caso de Adjudicaciones Directas Selectivas y Adjudicaciones de Menor
Cuantía la convocatoria se efectuará mediante invitación.
2. La notificación de los demás actos deberán efectuarse mediante
comunicación escrita, salvo el otorgamiento de la Buena Pro realizado en acto
público, cuando corresponda.

SÉTIMA.- De conformidad con el artículo 64° de la Ley, el Presidente del
Tribunal será elegido por el Consejo Directivo del OSCE.

205


La designación de los vocales que resulten elegidos por concurso público se
efectuará mediante la emisión de una Resolución Suprema.

OCTAvA.- Los convenios a que se refiere el literal r) del numeral 3.3) del
artículo 3º de la Ley, en ningún caso se utilizarán para el encargo de la realización
de procesos de selección, el mismo que se sujetará a lo dispuesto en el artículo
6º de la Ley y los artículos 83º y siguientes del presente Reglamento.

206


ANEXO úNICO
ANEXO DE DEfINICIONES

1. bases:
Es el documento que contiene el conjunto de reglas formuladas por la
Entidad convocante, donde se especifica el objeto del proceso, las condiciones
a seguir en la preparación y ejecución del contrato y los derechos y obligaciones
de los participantes, postores y del futuro contratista, en el marco de la Ley y el
presente Reglamento.

2. bases integradas:
Son las reglas definitivas del proceso de selección cuyo texto contempla
todas las aclaraciones y/o precisiones producto de la absolución de consultas,
así como todas las modificaciones y/o correcciones derivadas de la absolución
de observaciones y/o del pronunciamiento del Titular de la Entidad o del OSCE;
o, cuyo texto coincide con el de las bases originales en caso de no haberse
presentado consultas y/u observaciones.

3. bienes:
Son objetos que requiere una Entidad para el desarrollo de sus actividades
y cumplimiento de sus fines.

4. Calendario del proceso de Selección:
El documento que forma parte de las Bases en el que se fijan los plazos de
cada una de las etapas del proceso de selección.

5. Calendario de avance de obra valorizado:
El documento en el que consta la programación valorizada de la ejecución
de la obra, por períodos determinados en las Bases o en el contrato.

6. Certificado SEACE:
Es el mecanismo de identificación y seguridad que deben utilizar todos los
usuarios del sistema para interactuar en él.

7. Compras Corporativas:
Mecanismo de contratación que pueden utilizar las Entidades para que, a
través de un proceso de selección único, puedan adquirir bienes o contratar
servicios en forma conjunta, en las mejores y más ventajosas condiciones para
el Estado, aprovechando las economías de escala.

8. Consorcio:
El contrato asociativo por el cual dos (2) o más personas se asocian, con el

207


criterio de complementariedad de recursos, capacidades y aptitudes, para participar
en un proceso de selección y, eventualmente, contratar con el Estado.

9. Consulta sobre las bases:
La solicitud de aclaración o pedido formulada por los participantes en un
proceso, referido al alcance y/o contenido de cualquier aspecto de las Bases.

10. Consultor:
La persona natural o jurídica que presta servicios profesionales altamente
calificados en la elaboración de estudios y proyectos; en la inspección de fábrica,
peritajes de equipos, bienes y maquinarias; en investigaciones, auditorias, asesorías,
estudios de prefactibilidad y de factibilidad técnica, económica y financiera,
estudios básicos, preliminares y definitivos, asesoramiento en la ejecución de
proyectos y en la elaboración de términos de referencia, especificaciones técnicas
y Bases de distintos procesos de selección, entre otros.

11. Consultor de Obras:
La persona natural o jurídica que presta servicios profesionales altamente
calificados consistentes en la elaboración del expediente técnico de obras, así
como en la supervisión de obras.

12. Contratación:
Es la acción que deben realizar las Entidades para proveerse de bienes,
servicios u obras, asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente
con fondos públicos, y demás obligaciones derivadas de la condición del
contratante.

13. Contrato:
Es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica
dentro de los alcances de la Ley y del Reglamento.

14. Contrato original:
Es el contrato suscrito como consecuencia del otorgamiento de la Buena Pro
en las condiciones establecidas en las Bases y la oferta ganadora.

15. Contrato actualizado o vigente:
El contrato original afectado por las variaciones realizadas por los reajustes,
prestaciones adicionales, reducción de prestaciones, o por ampliación o reducción
del plazo.

16. Contratista:
El proveedor que celebre un contrato con una Entidad, de conformidad con
las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento.

208


17. Convenio Marco:
El Convenio Marco es la modalidad por la cual se selecciona a aquellos proveedores
con los que las Entidades deberán contratar los bienes y servicios que requieran y
que son ofertados a través del Catálogo Electrónico de Convenios Marco.

18. Cuaderno de Obra:
El documento que, debidamente foliado, se abre al inicio de toda obra y en
el que el inspector o supervisor y el residente anotan las ocurrencias, órdenes,
consultas y las respuestas a las consultas.

19. Criterios de Evaluación:
Las reglas consignadas en las Bases respecto a la forma en que el Comité
Especial, asignará los puntajes a las distintas propuestas en cada uno de los
factores de evaluación.

20. Error subsanable:
Aquél que incide sobre aspectos accidentales, accesorios o formales, siendo
susceptible de rectificarse a partir de su constatación, dentro del plazo que
otorgue el Comité Especial.

21. Especificaciones Técnicas:
Descripciones elaboradas por la Entidad de las características fundamentales
de los bienes, suministros u obras a contratar.

22. Estandarización:
El proceso de racionalización consistente en ajustar a un determinado tipo o modelo
los bienes o servicios a contratar, en atención a los equipamientos preexistentes.

23. Expediente de Contratación:
Conjunto de documentos en el que aparecen todas las actuaciones referidas
a una determinada contratación, desde la decisión de adquirir o contratar
hasta la culminación del contrato, incluyendo la información previa referida a
las características técnicas, valor referencial, la disponibilidad presupuestal y su
fuente de financiamiento.

24. Expediente Técnico de Obra:
El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de
obra, fecha de determinación del presupuesto de obra, Valor Referencial, análisis
de precios, calendario de avance de obra valorizado, fórmulas polinómicas y, si
el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, de impacto ambiental
u otros complementarios.

209


25. factores de evaluación:
Son los aspectos consignados en las Bases que serán materia de evaluación
y que deben estar vinculados con el objeto del contrato.

26. factor de relación:
El cociente resultante de dividir el monto del contrato de la obra entre el
monto del Valor Referencial.

27. Gastos Generales:
Son aquellos costos indirectos que el contratista debe efectuar para
la ejecución de la prestación a su cargo, derivados de su propia actividad
empresarial, por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las
obras o de los costos directos del servicio.

28. Gastos Generales fijos:
Son aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución de la
prestación a cargo del contratista.

29. Gastos Generales variables:
Son aquellos que están directamente relacionados con el tiempo de ejecución
de la obra y por lo tanto pueden incurrirse a lo largo del todo el plazo de ejecución
de la prestación a cargo del contratista.

30. Lote:
Conjunto de bienes del mismo tipo.

31. Metrado:
Es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar.

32. Mora:
El retraso parcial o total, continuado y acumulativo en el cumplimiento de
prestaciones consistentes en la entrega de bienes, servicios o ejecución de obras
sujetos a cronograma y calendarios contenidos en las Bases y/o contratos.

33. Obra:
Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación
y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras,
excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren
dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

34. Obra similar:
Obra de naturaleza semejante a la que se desea contratar.

210


35. paquete:
Conjunto de bienes o servicios de una misma o distinta clase.

36. participante:
El proveedor que puede intervenir en el proceso de selección, por haberse
registrado conforme a las reglas establecidas en las Bases.

37. partida:
Cada una de las partes o actividades que conforman el presupuesto de
una obra.

38. postor:
La persona natural o jurídica legalmente capacitada que participa en un
proceso de selección desde el momento en que presenta su propuesta o su
sobre para la calificación previa, según corresponda.

39. prestación:
La ejecución de la obra, la realización de la consultoría, la prestación del
servicio o la entrega del bien cuya contratación se regula en la Ley y en el presente
Reglamento.

40. prestación adicional de obra:
Aquella no considerada en el expediente técnico, ni en el contrato, cuya
realización resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta
prevista de la obra principal.

41. presupuesto adicional de obra:
Es la valoración económica de la prestación adicional de una obra que debe
ser aprobado por la Contraloría General de la República cuando el monto supere
al que puede ser autorizado directamente por la Entidad.

42. proceso de selección:
Es un procedimiento administrativo especial conformado por un conjunto
de actos administrativos, de administración o hechos administrativos, que tiene
por objeto la selección de la persona natural o jurídica con la cual las Entidades
del Estado van a celebrar un contrato para la contratación de bienes, servicios
o la ejecución de una obra.

43. proforma de contrato:
El proyecto del contrato a suscribirse entre la Entidad y el postor ganador
de la buena pro y que forma parte de las Bases.

211


44. proveedor:
La persona natural o jurídica que vende o arrienda bienes, presta servicios
generales o de consultoría o ejecuta obras.

45. proyectista:
El consultor que ha elaborado los estudios o la información técnica del objeto
del proceso de selección.

46. Requerimiento Técnico Mínimo:
Son los requisitos indispensables que debe reunir una propuesta técnica
para ser admitida.

47. Ruta Crítica del programa de Ejecución de Obra:
Es la secuencia programada de las actividades constructivas de una obra
cuya variación afecta el plazo total de ejecución de la obra.

48. Servicio en general:
La actividad o labor que realiza una persona natural o jurídica para atender
una necesidad de la entidad, pudiendo estar sujeta a resultados para considerar
terminadas sus prestaciones.

49. Suministro:
La entrega periódica de bienes requeridos por una Entidad para el desarrollo
de sus actividades.

50. Términos de referencia:
Descripción, elaborada por la Entidad, de las características técnicas y de las
condiciones en que se ejecutará la prestación de servicios y de consultoría.

51. Trabajo similar:
Trabajo o servicio de naturaleza semejante a la que se desea contratar,
independientemente de su magnitud y fecha de ejecución, aplicable en los casos
de servicios en general y de consultoría.

52. Tramo:
Parte de una obra que tiene utilidad por sí misma.

53. valorización de una obra:
Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra,
realizada en un período determinado.

212

anexos

ANEXO I

AbREvIATURAS DE LAS CONCORDANCIAS

LCE : Ley de Contrataciones del Estado.

RLCE : Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

COMUNICADOS

COMUNICADO Nº 001-2009-OSCE/pRE
Registro de participantes en las Adjudicaciones de Menor Cuantía para Bienes y
Servicios, publicado el 11 de marzo de 2009.

Resumen Ejecutivo a ser publicado en el SEACE, publicado el 20 de marzo
de 2009.

Aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, publicado
el 20 de marzo de 2009.

Constancia de No Estar Inhabilitado para contratar con el Estado, publicado el
20 de marzo de 2009.

214

anexos

ANEXO II

DECRETO LEGISLATIvO Nº 1018


pOR CUANTO:

El Congreso de la República, por Ley Nº 29157, ha delegado en el Poder
Ejecutivo la facultad de legislar, por un plazo de ciento ochenta (180) días
calendario, sobre diversas materias relacionadas con la implementación del
Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos, y con el apoyo a
la competitividad económica para su aprovechamiento; entre las que se
encuentran la mejora del marco regulatorio, el fortalecimiento institucional y la
modernización del Estado;
De conformidad con lo establecido en el artículo 104º de la Constitución
Política del Perú;
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República;
Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIvO QUE CREA LA CENTRAL DE COMpRAS
púbLICAS - pERú COMpRAS

Artículo 1.- Creación y Naturaleza
Créase el Organismo Público Ejecutor denominado Central de Compras
Públicas - Perú Compras, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas.
La Central de Compras Públicas - Perú Compras tiene personería jurídica de
derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica
y financiera, constituyendo Pliego Presupuestal.
El Personal de la Central de Compras Públicas – Perú Compras estará sujeto
al régimen laboral de la actividad privada.

Artículo 2.- funciones
La Central de Compras Públicas - Perú Compras tiene las siguientes funciones:

a) Realizar las Compras Corporativas obligatorias, de acuerdo a lo que
se establezca en el Decreto Supremo correspondiente; aprobado con
el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;
b) Realizar las Compras Corporativas facultativas que le encarguen otras

215

anexos

Entidades del Estado;
c) Realizar las adquisiciones que le encarguen otras Entidades del Estado,
de acuerdo al convenio correspondiente, incluyendo la determinación
de las características técnicas de los bienes y servicios a contratar
y el Valor Referencial; así como la aprobación del Expediente de
Adquisiciones y las Bases del proceso correspondiente, hasta antes de
la suscripción del Contrato;
d) Asesorar a las Entidades del Estado que realicen Compras Corporativas
facultativas; así como en la planificación y gestión de sus procesos de
adquisiciones que realicen de manera institucional;
e) Promover y conducir los procesos de selección para la generación de
Convenios Marco para la adquisición de bienes y servicios, así como
suscribir los acuerdos correspondientes;
f) Llevar a cabo los procesos de selección para adquisiciones específicas
que se le asignen mediante Decreto Supremo, aprobado con el voto
aprobatorio del Consejo de Ministros; y,
g) Las demás que le asigne la normativa.

3.1 El funcionamiento, estructura y organización de la Central de Compras
Públicas - Perú Compras serán definidos en su Reglamento de
Organización y Funciones y normas complementarias.
3.2 Los recursos de la Central de Compras Públicas - Perú Compras serán
los siguientes:
a) Los que le asigne la Ley Anual de Presupuesto;
b) Los provenientes de la cooperación técnica;
c) Los provenientes de las donaciones que se efectúen a su favor; y,
d) Los demás que le asigne la normativa.

Artículo 4.- Jefe de la Central de Compras públicas
El Jefe de la Central de Compras Públicas – Perú Compras es nombrado por
Resolución Suprema, refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas.

Para ser designado Jefe de la Central de Compras Públicas - Perú Compras,
se requiere:

a) Contar con reconocida solvencia e idoneidad profesional. Este requisito
se acreditará demostrando no menos de tres (3) años de experiencia
en un cargo de gestión ejecutiva; o cinco (5) años de experiencia en
temas afines a las materias de este Decreto Legislativo;
b) Tener título profesional en Derecho, Economía, Administración o
materias afines;

216

anexos

c) No tener inhabilitación vigente al momento de ser postulado para
dicho cargo;
d) No haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directivos
en personas jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un
(1) año, previo a la designación;
e) No haber sido inhabilitado para contratar con el Estado;
f) No tener participación en personas jurídicas que contraten con el
Estado; y,
g) No estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la
función pública.


pRIMERA.- No se encuentran sujetas al presente Decreto Legislativo, las
contrataciones y adquisiciones efectuadas por los Gobiernos Regionales y Locales,
sin perjuicio de que éstos puedan solicitar participar en alguna de las modalidades
señaladas en el artículo 2°.

SEGUNDA.- La Central de Compras Públicas – Perú Compras podrá recibir
recursos necesarios de la Entidad que le haya delegado las facultades señaladas
en el artículo 2° de la presente norma, a fin de poder cumplir con las mismas.

TERCERA.- Autorícese a la Central de Compras Públicas – Perú Compras
a contratar hasta un máximo de veinte (20) personas que requiera para el
cumplimiento de sus funciones. Dichas contrataciones deben efectuarse
mediante concurso público y de acuerdo a lo establecido en su Reglamento
de Organización y Funciones (ROF), Cuadro de Asignación de Personal (CAP) y
Presupuesto Analítico de Personal (PAP). Su política remunerativa será aprobada
por el Ministerio de Economía y Finanzas.

CUARTA.- La Central de Compras Públicas – Perú Compras asumirá el acervo
documentario, bienes, recursos y personas, previa evaluación, correspondiente
a la Subdirección de Convenio Marco y Compras Corporativas de la Dirección de
Operaciones del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
- CONSUCODE, dentro de un plazo de sesenta (60) días calendario, contado
desde la entrada en vigencia de la presente norma. Dentro de dicho plazo,
la Subdirección de Convenio Marco y Compras Corporativas de la Dirección,
de Operaciones del CONSUCODE ejercerá las funciones que corresponden a
la Central de Compras Públicas, señaladas en el presente Decreto Legislativo.
Vencido este plazo, la Subdirección de Convenio Marco y Compras Corporativas
de la Dirección de Operaciones del CONSUCODE queda desactivada.

217

anexos

QUINTA.- El Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
- CONSUCODE deberá adecuar su Reglamento de Organización y Funciones a
las disposiciones contenidas en la presente norma, en un plazo no mayor de
treinta (30) días contados a partir de su vigencia.

pOR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los tres días del mes de junio del
año dos mil ocho.

ALAN GARCÍA PÉREZ

JORGE DEL CASTILLO GÁLVEZ
Presidente del Consejo de Ministros

LUIS CARRANZA UGARTE

218

anexos

ANEXO III


REGISTRO DE PARTICIPANTES EN LAS ADJUDICACIONES
DE MENOR CUANTÍA PARA BIENES Y SERVICIOS

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE hace
de conocimiento de las entidades que se encuentran dentro del ámbito de la
normativa de contrataciones del Estado, lo siguiente:
El artículo 24º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, dispone que en los
procesos de adjudicación de menor cuantía para bienes y servicios debe
considerarse un plazo no menor de dos (2) días hábiles desde la convocatoria
hasta la presentación de propuestas.
Por su parte, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley Nº 27444,
en su inciso 3) del artículo 138º, prescribe que el horario de atención a los
usuarios establecido por cada Entidad, debe ser continuado para brindar sus
servicios a todos los asuntos de su competencia, como es el caso del registro de
participantes en los procesos de selección que convoquen.
Asimismo, el principio de libre concurrencia y competencia, consagrado en el
artículo 4º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto
Legislativo Nº 1017, promueve la más amplia, objetiva e imparcial participación
de postores.
En tal sentido, el plazo para el registro de participantes en las adjudicaciones
de menores cuantías de bienes y servicios debe llevarse a cabo desde el día
siguiente de la convocatoria hasta antes de la hora prevista para la presentación
de propuestas.
Ahora bien, en la medida que la atención a los usuarios debe ser continuada,
los proveedores podrán registrarse como participantes en cualquier momento
dentro del horario de atención al público de la Entidad dentro del plazo indicado
en el párrafo anterior.
En el caso de las adjudicaciones de menor cuantía electrónicas, el registro
de participantes debe llevarse a cabo desde el día siguiente de la convocatoria
hasta antes de la hora prevista para la presentación de propuestas, en forma
ininterrumpida.

Jesús María, marzo de 2009

pRESIDENCIA EJECUTIvA

219

anexos

ANEXO Iv

COMUNICADO Nº 002 -2009-OSCE/pRE

RESUMEN EJECUTIVO A SER PUBLICADO EN EL SEACE

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), hace de
conocimiento de las Entidades, de los usuarios del Sistema de Contrataciones
del Estado y de la opinión pública en general, lo siguiente:

1. La convocatoria de las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y
Adjudicaciones Directas, cualquiera fuera su modalidad, se realizará a través de la
publicación del aviso correspondiente en el SEACE, debiéndose registrar, además
de las Bases respectivas, un resumen ejecutivo del estudio de posibilidades
que ofrece el mercado, bajo sanción de nulidad, de conformidad con lo señalado
en los artículos 51º y 92º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF, modificado con Decreto
Supremo N.º 021-2009-EF.
2. El mencionado resumen ejecutivo tiene la finalidad de dar a conocer el
análisis realizado por la Entidad para determinar el valor referencial del proceso de
selección, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 12º, 13º y 14º del referido
Reglamento. En tal sentido, el resumen ejecutivo, debe contener lo siguiente:
a) Las fuentes empleadas a fin de determinar el valor referencial del proceso
de selección, debiéndose tener en cuenta que debe existir como mínimo dos (2)
fuentes distintas. Dichas fuentes deben estar referidas al requerimiento realizado
por el área usuaria de la Entidad.
Cabe señalar, que las cotizaciones, sin importar su número, constituyen una
sola fuente. En el caso que exista la imposibilidad de consultar más de una fuente
deberá fundamentarse tal situación en el resumen ejecutivo.
b) Los criterios, el procedimiento y/o metodología utilizados a partir de
las fuentes previamente identificadas, con la finalidad de determinar el valor
referencial del proceso de selección.
c) El valor referencial del proceso de selección así como su antigüedad.
d) Información adicional que, de ser el caso, resulte relevante en el estudio
realizado por la Entidad.
3. El OSCE supervisará el cumplimiento de lo señalado en la normativa
antes referida.



220

anexos

ANEXO v


APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), en relación
con lo señalado en la Segunda Disposición Complementaria Transitoria del
Decreto de Urgencia Nº 020-2009, hace de conocimiento de las Entidades,
proveedores, usuarios del Sistema de Contrataciones del Estado y de la opinión
pública en general, lo siguiente:

1. Los procesos de selección cuyas convocatorias se realizaron durante la
vigencia del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y de su Reglamento, aprobados por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM
y Nº 084-2004-PCM, respectivamente; así como los contratos que deriven de
dichos procesos se regirán por las mencionadas normas.
2. Para los actos preparatorios realizados con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley de Contrataciones del Estado y de su Reglamento, aprobados
mediante Decreto Legislativo Nº 1017 y Decreto Supremo Nº 184-2008-EF,
respectivamente, debe tenerse en cuenta que:
a) Tales actos se rigen por la norma vigente al momento de su celebración,
ejecución y/o aprobación.
b) En los casos que se cuente con Bases aprobadas y que no se haya realizado
el proceso de selección correspondiente, es decir, que no se haya producido
aún la convocatoria de dicho proceso, aquellas deberán adecuarse y aprobarse
conforme a la normativa vigente al momento de la convocatoria del proceso.



221

anexos

ANEXO vI


CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), hace de
conocimiento de los proveedores y, en general, de los usuarios del Sistema de
Contrataciones del Estado, lo siguiente:

1. Una vez que la Buena Pro ha quedado consentida o administrativamente
firme, tanto la Entidad como el o los postores ganadores están obligados a
suscribir el o los contratos respectivos para lo cual debe presentarse, entre otros
documentos, la constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar
con el Estado, a excepción de aquellos casos señalados en la normativa sobre
la materia, conforme a lo dispuesto en los artículos 137º y 141º del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo
Nº 184-2008-EF.

2. Para el efecto, el o los postores ganadores deben solicitar la expedición
de la mencionada constancia de no estar inhabilitado para contratar con el
Estado dentro de los quince días hábiles siguientes de haber quedado consentida
o administrativamente firme la Buena Pro. El OSCE no expedirá constancias
solicitadas fuera del plazo indicado, conforme lo dispuesto en el Artículo 282º del
referido Reglamento.

3. El o los ganadores de la buena pro deben tener presente que la solicitud
de expedición de la referida constancia debe realizarse en el plazo señalado,
independientemente del cumplimiento del procedimiento y plazos para la
suscripción del contrato respectivo, previstos en el artículo 148º del mencionado
Reglamento.



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