La Ley Especial de Delitos Informáticos protege los sistemas de tecnologías de información y establece penas para delitos como sabotaje, espionaje y fraude informático. También abarca delitos contra la privacidad y el orden económico, así como deficiencias en su aplicación y definición. Aunque la ley llena un vacío legal, presenta limitaciones como la falta de tipificación y repeticiones de delitos existentes.