Ley seguridad publica

2016: “Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional “
RIO GALLEGOS, 25 de Octubre de 2016
A LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS:
Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad, en los términos del Art.
119 inc. 3) de la Constitución Provincial, con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de Ley por el que se propicia consolidar un nuevo paradigma en materia de
políticas públicas de seguridad para la Provincia de Santa Cruz.
Esta propuesta persigue como objetivo fundamental lograr la acción integrada y
la interacción permanente entre los santacruceños y las Instituciones del Sistema
Democrático, Representativo y Republicano.
Este nuevo modelo de la seguridad propone una gestión integral, en el que los
tres Poderes del Estado, los organismos de seguridad y la activa participación de la
comunidad constituyan lo que denominaremos como Sistema de Seguridad Pública.
A partir de ello, se promueve la implementación de un nuevo modelo de gestión
y gobierno de la seguridad pública instituyendo principios y responsabilidades del
Estado con el objetivo de ampliar su capacidad de respuesta para lograr la atención de
las demandas por parte de la sociedad y lograr la prevención integral del delito.
La implementación de un Sistema de Seguridad Pública tiene como finalidad
brindar herramientas que nos permitan la elaboración, implementación y evaluación de
las políticas de seguridad que estén referidas a estrategias sociales de prevención de la
violencia y el delito; así como a las estrategias institucionales de persecución penal, de
seguridad preventiva, comunitaria y compleja.
La utilización de estas herramientas constituye una nueva concepción del
tratamiento de las diversas expresiones del delito, la violencia y otras conflictividades
sociales.
La actualidad nos exige superar antiguos preceptos en los que el Estado
actuaba con un abordaje en el que la definición de las políticas venían aparejadas de la
actuación de las fuerzas de seguridad con una concepción reactiva frente al conflicto y
con una compleja capacidad resolutiva o de anticipación.
Condiciones que junto a los antecedentes históricos con los que cuenta nuestro
país en materia de seguridad, nos instan a profundizar en mejores criterios de
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
ENTRO: 25/10/2016
HORA: 17:00
PROY Nº: 611
P O D E R E J E C U T I V O

planificación, planeamiento y determinación del diseño institucional.
La creación del Ministerio de Seguridad de la Nación significó una clara
determinación del Poder Ejecutivo Nacional en asumir la conducción política de la
seguridad, demarcando el rumbo de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad,
logrando una reparación institucional y ciudadana; convocando a la sociedad a
coparticipar en la definición de políticas públicas.
En la esfera Provincial en materia de legislación general de la seguridad solo
existen dos leyes rectoras: la Orgánica Policial (Ley Nº 688) y la de Personal Policial
(Ley Nº 746); de la organización y actuación de la institución de la Policía de la
Provincia y los derechos, deberes y obligaciones del personal policial.
Dichas normas sufrieron un progresivo deterioro en cuanto al crecimiento y
evolución institucional de la propia fuerza policial, ya que las mismas constan de
principios de la década del ‘70, regulando expresamente el régimen interno; sin
contemplar nuevos paradigmas y principios democráticos.
Además del propio deterioro normativo, al correr de los últimos años se ha
puesto de manifiesto la falta de atención en políticas de gestión conducentes para el
bienestar del personal policial, como a su vez dimensionar las necesidades de
equipamiento policial realizando las inversiones correspondientes del caso.
Aquel conjunto de circunstancias recayeron en diversas “crisis policiales” que
concluyeron en decisiones administrativas que no han resuelto la cuestión de fondo,
demostrando, que no puede existir un Sistema de Seguridad Pública sin que contemple
el deber del Estado frente a las problemáticas propias de las instituciones policiales y en
la dirección y coordinación del sistema de prevención de la violencia y el delito en
función a las demandas de la sociedad civil.
No alejado del contexto situacional descripto en torno a la administración de la
seguridad, es menester dimensionar también la esfera del régimen penitenciario de la
Provincia que se encuentra enmarcado en la Ley Nº 3.224 que crea la Dirección Policial
Penitenciaria en la órbita de la Subjefatura de Policía.
Pensar un lineamiento en principios de la seguridad democrática y al
mejoramiento de las instituciones policiales, requiere dimensionar aquellos aspectos
incongruentes para homogenizar un nuevo sistema.
En este sentido, resulta incompatible que el personal policial, que debe llevar
adelante tareas de prevención y conjuración de hechos delictuosos, tenga que atender
el cuidado de procesados y condenados; lo cual exhibe un déficit funcional en cuanto a
las finalidades propias de una fuerza policial. Circunstancia que repercute directamente
en el desempeño de la labor que demanda el cumplimiento del servicio.
Asimismo, la necesidad de atender integralmente las demandas propias de un
Sistema Penitenciario requiere de un abordaje interdisciplinario a los efectos de
canalizar las necesidades propias del interno, formulando acciones que promuevan
nuevos hábitos de conducta social con el objetivo de lograr la reinserción a la sociedad.
Esto surge de lo contemplado en la Ley Nacional Nº 24.660 de “Ejecución de
la Pena Privativa de la Libertad” en la que se abordan criterios y paradigmas
penitenciarios basados no solo en el cumplimiento de la pena, sino en los mecanismos
que producto de ello se puedan implementar con el objetivo de lograr una regresión de
la conducta original requiriendo contar con nuevos institutos especializados y formados
en la materia.
Es así que este proyecto de Ley prevé la creación del Servicio Penitenciario de
la Provincia de Santa Cruz siendo esta una nueva Fuerza de Seguridad de la Provincia

cuya finalidad es la custodia y guarda de procesados y la ejecución de las sanciones
penales privativas de la libertad.
Esta incorporación bajo los parámetros de un Sistema de Seguridad Pública
busca cumplir con lo establecido por la Constitución Nacional en su Artículo 18º y la
Constitución Provincial en su Artículo 28º valorizando la condiciones en los que deberán
encontrarse los establecimientos carcelarios, como así también, la finalidad de los
mismos.
Constituye un esfuerzo por parte de este Ejecutivo Provincial, el reconocer las
problemáticas actuales impulsando, sobre las bases de reformulación, organización y
lineamientos centrales, la atención de estas problemáticas estructurales.
Con la promoción de esta visión estratégica del rol del “Gobierno de la
Seguridad” se fijan nuevos principios normativos para mejorar la situación actual,
ampliando la respuesta del Estado.
Para ello, el presente proyecto de Ley entiende que la formulación de nuevos
organismos de la seguridad, es el puntapié inicial para la reparación y reconstrucción
del antiguo Sistema que a la luz de lo expuesto se considera finalizado.
Frente a todo lo descripto, se propone la consolidación de un Sistema de
Seguridad Pública bajo una conducción político-institucional que ampare los preceptos
definidos anteriormente.
Esta Ley propone la determinación expresa de nuevas funciones para el
Ministerio de Gobierno en materia de política de seguridad, como así también la
conducción operativa de las Fuerzas Policiales y de Seguridad de la Provincia en figura
de la Secretaría de Estado de Seguridad que además de determinar los alcances de
sus funciones propiciará la coordinación y las relaciones interjuridicionales a efectos de
cumplimentar los componentes del sistema en mención.
Asimismo, se consagra el derecho de los ciudadanos y ciudadanas, lo que
constituye un deber irrenunciable del Estado de la Provincia, en la promoción efectiva
de la participación comunitaria en temas vinculados con la seguridad.
A su vez, se incorporan aspectos referidos a la actuación del personal policial y
de seguridad contenidos en normas constitucionales, legales y reglamentarias en
vigencia, así como Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos
ratificados por la República; el Código de Conducta para los Funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley; y los Principios de las Naciones Unidas sobre el Uso de la
Fuerza y Armas de Fuego.
En materia de igualdad de género se promueve la estricta representación de
ambos géneros tanto para el ingreso, acceso a cargos de conducción, niveles y áreas
favoreciendo y preservando las condiciones igualitarias en el desarrollo de la función
pública policial.
Sobre la Policía de la Provincia de Santa Cruz se propicia la actualización
normativa de la Orgánica Policial en base al crecimiento y evolución institucional,
normando nuevos principios de interoperabilidad y planificación y gestión de los
recursos de la institución policial.
Por otra parte, se crea la Auditoría Externa Policial, siendo un instituto de la
seguridad que tiene por cometido el abordaje sobre controles normativos, de
procedimiento, por resultados, impacto de funcionamiento y sobre principios de
desempeño en materia de violencia institucional, derechos humanos y discriminación en
la esfera de la Policía de la Provincia.

Con respecto, al apartado del Servicio
Penitenciario Provincial, se sientan las bases normativas para su reglamentación,
entendiendo que lo que respecta a la planificación orgánica, de recursos, inversiones y
fundamentalmente la legislación de derechos sobre el personal penitenciario debe ser
motivo de una reglamentación minuciosa en virtud a los alcances y proyecciones de una
implementación acabada, como así también sujeto a todo diagnóstico pormenorizado
propio de la creación de un organismo nuevo que propicia la atención de temas tan
complejos.
Por último, en las disposiciones complementarias y transitorias se establece un
plazo de trescientos sesenta (360) días corridos para la reglamentación de lo atinente al
Servicio Penitenciario Provincial, sin perjuicio de poner en funcionamiento en el plazo
de noventa (90) días corridos el resto de los contenidos fijados por la Ley.
En consecuencia, este Gobierno Provincial considera que resulta necesaria la
creación de un Sistema de Seguridad Pública de la Provincia de Santa Cruz en el que
se cimenten las bases fundamentales de la protección integral de la libertad, la vida y el
patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las
instituciones del sistema democrático, representativo y republicano; el que no puede
edificarse sobre las bases de una normativa obsoleta que no contemple nuevos
paradigmas en la materia. Por lo que se eleva el presente proyecto a consideración de
Vuestra Honorabilidad solicitando su pronta sanción.
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
NOTA GOB Nº 056/16
EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
SANCIONA CON FUERZA DE LEY
Dra. Alicia M. KIRCHNER
GOBERNADORA

“LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA”
TITULO I
EL MARCO GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1°.- La presente Ley establece las bases jurídicas e institucionales
fundamentales del sistema de seguridad pública de la Provincia de Santa Cruz en lo
referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y
funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación,
implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad.
Artículo 2°.- A los fines de la presente Ley se define como Seguridad Pública a la
acción integrada del Estado para resguardar la libertad, la vida y el patrimonio de los
habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema
representativo, republicano y federal que establecen la Constitución Nacional y la
Constitución de la Provincia de Santa Cruz.
Artículo 3°.- A los fines de la presente Ley, se define como:
a) Prevención, a las acciones tendientes a impedir, evitar, obstaculizar o limitar
aquellos hechos que, dadas determinadas circunstancias y elementos objetivos y
concurrentes, pudieran resultar delictivos, contravenciones o pudieran configurar
actos atentatorios de la seguridad pública.
b) Conjuración, a las acciones tendientes a neutralizar, hacer cesar o contrarrestar
en forma inmediata los delitos o hechos en ejecución que resulten atentatorios de
la seguridad pública, utilizando - cuando sea necesario - el poder coercitivo que
la ley autorice y evitando consecuencias ulteriores.
c) Investigación, a las acciones tendientes a conocer y analizar los delitos y hechos
vulneratorios de la seguridad, sus modalidades y manifestaciones, las
circunstancias estructurales y coyunturales en cuyo marco se produjeron, sus
factores determinantes y condicionantes, las personas o grupos que lo
protagonizaron como autores, instigadores o cómplices y sus consecuencias y
efectos institucionales y sociales mediatos e inmediatos. Cuando la investigación
se desarrolla en la esfera judicial, ella engloba a la persecución penal de los
delitos consumados a través de las acciones tendientes a esclarecer la comisión
de los mismos y sus circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución,
individualizar a los responsables de los mismos y reunir las pruebas para
acusarlos penalmente.
d) Cuerpo Policial, Fuerza Policial o Institución Policial a la Policía de la Provincia
de Santa Cruz.
e) Fuerza de Seguridad al Servicio Penitenciario Provincial.
Artículo 4°.- La seguridad pública implica la acción coordinada y la interacción

permanente entre las personas y las instituciones del sistema democrático,
representativo y republicano, particularmente, los organismos componentes del sistema
institucional de seguridad ciudadana.
Artículo 5°.- La seguridad pública es deber propio e irrenunciable del Estado de la
Provincia de Santa Cruz, que debe arbitrar los medios para salvaguardar la libertad, la
integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden público,
implementando políticas públicas tendientes a asegurar la convivencia y fortalecer la
inclusión social, dentro del estado de derecho, posibilitando el goce y pleno ejercicio,
por parte de las personas, de las libertades, derechos y garantías constitucionalmente
consagrados.
Capítulo II
Del Sistema de Seguridad Pública
Artículo 6°.- El Sistema de Seguridad Pública de la Provincia de Santa Cruz tiene como
finalidad la formulación, implementación y control de las políticas de seguridad pública
desarrolladas en el ámbito local, aquellas referidas a las estrategias sociales de
prevención de la violencia y el delito, así como a las estrategias institucionales de
persecución penal, de seguridad preventiva comunitaria y de seguridad compleja.
Artículo 7°.- Son objetivos del Sistema de Seguridad Pública de la Provincia:
a) Facilitar las condiciones que posibiliten el pleno ejercicio de las libertades,
derechos y garantías constitucionales en la Provincia de Santa Cruz.
b) Mantener el orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la Provincia,
con excepción de los lugares sujetos a jurisdicción federal.
c) Proteger la integridad física de las personas, así como sus derechos y bienes.
d) Promover y coordinar los programas de disuasión y prevención de delitos,
contravenciones y faltas;
e) Establecer los mecanismos de coordinación y colaboración para evitar la
comisión de delitos, contravenciones y faltas.
f) Promover la investigación de delitos, contravenciones y faltas, la persecución y
sanción de sus autores.
g) Promover el intercambio de información delictiva en los términos de esta Ley.
h) Dirigir y coordinar los organismos de ejecución de pena, a los fines de lograr la
reinserción social del/la condenado/a, en cumplimiento de la legislación vigente.
i) Establecer los mecanismos de coordinación entre las diversas autoridades para
apoyo y auxilio a la población en casos de siniestros o desastres, conforme a los
ordenamientos legales vigentes en la materia.
j) Garantizar la seguridad en el tránsito, a través de la prevención del riesgo vial y
el control de la seguridad vial.
k) Regular y controlar la prestación de los servicios de seguridad privada.
Artículo 8º.- El Sistema de Seguridad Pública de la Provincia de Santa Cruz está
integrado por los siguientes componentes:
a) El/la Gobernador/a;

b) El Poder Legislativo de la Provincia;
c) El Poder Judicial de la Provincia;
d) El Pueblo de la Provincia de Santa Cruz a través de las diferentes instancias de
participación comunitaria en los asuntos de la seguridad pública;
e) El Consejo Provincial de Seguridad Vial;
f) El Consejo Provincial de Seguridad Pública;
g) El Ministerio Público Fiscal;
h) El/la Ministro/a de Gobierno;
i) El/la Secretario/a de Estado de Seguridad;
j) La Policía de la Provincia de Santa Cruz;
k) El Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Cruz;
l) La Agencia Provincial de Seguridad Vial;
m) La Dirección Provincial de Protección Civil.
Capítulo III
De la Conducción Política del Sistema de Seguridad Pública
Artículo9.- El/la Gobernador/a, en su carácter de Titular del Poder Ejecutivo de la
Provincia de Santa Cruz, ejerce la conducción política superior del Sistema de
Seguridad Pública.
Artículo 10.- El Ministro de Gobierno tendrá las siguientes funciones en lo que respecta
a la presente Ley:
a) La elaboración, implementación y evaluación de las políticas y las estrategias de
seguridad ciudadana y de las directivas generales y específicas necesarias para
su gestión y control.
b) La planificación estratégica basada en la elaboración y formulación de la
estrategia institucional asentada en la realización del diagnóstico institucional y
de los planes de reforma y modernización institucional, así como de las
estrategias de control social e institucional de la violencia y de las diferentes
modalidades delictivas.
c) La gestión del conocimiento en materia de seguridad pública a través de la
planificación, producción, coordinación y evaluación del conocimiento
institucional referido a la situación y el desempeño de los componentes del
sistema de seguridad pública, así como del conocimiento criminal referido a la
situación del delito y la violencia en el nivel estratégico.
d) La dirección superior de la Policía de la Provincia mediante la planificación
estratégica, el diseño y formulación de las estrategias policiales de control de la
violencia y el delito, la conducción y coordinación funcional y organizativa de las
diferentes instancias y componentes de la misma, la dirección del accionar
específico, así como también a las actividades y labores conjuntas con otros
cuerpos policiales y fuerzas de seguridad, de acuerdo con sus funciones y
competencias específicas.

e) La gestión administrativa general de la Policía de la Provincia en todo lo que
compete a la dirección de los recursos humanos, la planificación y ejecución
presupuestaria, la gestión económica, contable, financiera y patrimonial, la
planificación y gestión logística e infraestructural y la asistencia y asesoramiento
jurídico-legal, todo lo cual se realizará a través de una unidad de organización
administrativa especial.
f) La dirección y coordinación del sistema de prevención de la violencia y el delito,
especialmente en la formulación, implementación y/o evaluación de las
estrategias de prevención social de la violencia y el delito.
g) La coordinación integral de la participación comunitaria en asuntos de seguridad
pública.
h) La fiscalización del sistema de seguridad privada y la administración del régimen
sancionatorio y de infracciones.
i) La elaboración, implementación y evaluación de las políticas y las estrategias en
materia penitenciaria y de reinserción social de los/as condenados/as, de las
directivas generales y específicas necesarias para su gestión y control.
j) La planificación, organización y ejecución de la capacitación, formación e
investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana tanto para el
personal policial como para los/as funcionarios/as civiles y demás sujetos
públicos y privados vinculados a la materia.
k) La elaboración y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad vial.
l) Auditoría Externa prevista en la presente Ley.
Capítulo IV
De la Conducción Operativa del
Sistema de Seguridad Pública
Artículo 11º.- El/La Secretario/a de Estado de Seguridad tendrá a su cargo la
Conducción Operativa de la Fuerza/s Policiales y de Seguridad Provinciales, asistiendo
al Ministro/a de Gobierno en las funciones establecidas en el Artículo 10º de la presente
norma, teniendo como funciones:
a) Asistir al Ministro de Gobierno en todo lo concerniente a la seguridad de la
Provincia.
b) Formular las políticas públicas en materia de seguridad, coordinando, dirigiendo,
supervisando y apoyando a la Policía de la Provincia.
c) Entender la cuestión carcelaria asegurando los extremos previstos por el
Artículo 28 de la Constitución Provincial y la normativa vigente en la materia.
d) Planificar, coordinar, controlar las líneas de acción e intervención territorial en
materia de seguridad ciudadana.
e) Desarrollar y entender las relaciones con otros organismos, instituciones, entes
y/o reparticiones tanto del ámbito público como privada, Nacionales, Provinciales,
Municipales e Internacionales, y con los demás poderes del Estado.

f) Asesorar, intervenir y proponer en la instrumentación, elaboración y
perfeccionamiento de las normas y reglamentos atinentes a mejorar la seguridad
pública y privada en todos sus aspectos.
g) Proponer y diseñar los planes, programas y proyectos de investigación de la
política criminal.
h) Determinar y diseñar la logística del sistema de seguridad, coordinando la
actuación y la actividad de la Policía de la Provincia.
i) Articular dispositivos de seguridad que coordinen la actuación de la Policía de la
Provincia, sobre el diagnóstico diferenciado que tenga de fuente la participación
comunitaria, la demanda social y la información criminal calificada.
j) Coordinar y ejecutar las acciones de prevención respuesta requerida para la
protección civil de los habitantes ante hechos del hombre y de la naturaleza.
k) Entender en la coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad
vial.
l) Intervenir en los proceso de evaluación de desempeño, ascensos del personal de
la Policía de la Provincia, y asignación de destinos y formulación del perfil de los
ingresantes a la misma.
m) Atender en todo los relativo al régimen disciplinario y del control de la Policía de
la Provincia de acuerdo a la normativa vigente.
n) Establecer las políticas de gestión conducentes para el bienestar del personal
policial, como a su vez dimensionar las necesidades de equipamiento de la
Policía de la Provincia realizando las inversiones correspondientes.
o) Atender las causas de la criminalidad con políticas de prevención social,
interviniendo en la detección de delitos con carácter preventivo.
Artículo 12º.- Es atribución del Poder Ejecutivo Provincial adecuar los mecanismos
pertinentes a los efectos de adoptar la estructura organizativa funcional a los efectos de
cumplimentar las funciones encomendadas por la presente Ley.
Capítulo V
De la Coordinación y las Relaciones Interjurisdiccionales
Artículo 13º.-El Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de
Seguridad tendrá la función de coordinar el ejercicio de las respectivas funciones de los
componentes del Sistema de Seguridad Pública para el cumplimiento de los objetivos
previstos en la presente Ley.
Artículo14º.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Gobierno, establecerá las
formas y modalidades en que se articulará la acción de los distintos ministerios en
apoyo a los esfuerzos que se desarrollen para la prevención integral del delito.
Capítulo VI
De la Participación Comunitaria
Artículo15º.- Es un derecho de los/as ciudadanos/as y un deber del Estado de la

Provincia promover la efectiva participación comunitaria en asuntos de seguridad
ciudadana.
Artículo16º.- La participación comunitaria se efectiviza a través de la actuación de los
Foros de Seguridad Ciudadana, que se constituyen mediante la reglamentación de la
presente Ley, como ámbito de participación y colaboración entre la sociedad civil y las
autoridades, para la canalización de demandas y la formulación de propuestas en
materia de seguridad ciudadana.
Capítulo VII
De los Principios Básicos de Actuación de las
Fuerzas Policiales y de Seguridad
Artículo 17º.- Las tareas que desarrolla el personal de las Fuerzas Policiales y de
Seguridad constituyen un servicio público esencial.
Artículo 18º.- El personal policial y de seguridad debe adecuar su conducta, durante el
desempeño de sus funciones, al cumplimiento, en todo momento, de los deberes
legales y reglamentarios vigentes, realizando una actividad cuyo fin es garantizar la
seguridad pública, actuando con el grado de responsabilidad y ética profesional que su
función exige y teniendo como meta la preservación y protección de la libertad, los
derechos de las personas y el mantenimiento del orden público.
Artículo 19º.- La actuación del personal policial y de seguridad se determina de acuerdo
a la plena vigencia de los siguientes principios:
a) El principio de legalidad, por medio del cual el personal policial y de seguridad
debe adecuar sus conductas y prácticas a las normas constitucionales, legales y
reglamentarias vigentes así como a los Tratados Internacionales en materia de
Derechos Humanos ratificados por la República, el Código de Conducta para
Funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley y los Principios de las Naciones
Unidas sobre el Uso de la Fuerza y Armas de Fuego.
b) El principio de oportunidad, a través del cual el personal policial y de seguridad
debe evitar todo tipo de actuación funcional innecesaria cuando no medie una
situación objetiva de riesgo o peligro que vulnere la vida, la libertad, los bienes u
otros derechos fundamentales de las personas.
c) El principio de razonabilidad, mediante el cual el personal policial y de seguridad
evitará todo tipo de actuación funcional que resulte abusiva, arbitraria o
discriminatoria, que entrañe violencia física o moral contra las personas,
escogiendo las modalidades de intervención adecuadas a la situación objetiva de
riesgo o peligro existente y procurando la utilización de los medios apropiados a
esos efectos.
d) El principio de gradualidad, por medio del cual el personal policial y de seguridad
debe privilegiar las tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso
efectivo de la fuerza, procurando siempre preservar la vida y la libertad de las
personas en resguardo de la seguridad ciudadana.
e) El principio de responsabilidad, el personal policial y de seguridad es
responsable personal y directamente por los actos que en su actuación
profesional llevare a cabo infringiendo los principios enunciados
precedentemente, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda
corresponder a la administración pública.
Artículo 20º.- Durante el desempeño de sus funciones, el personal policial y de
seguridad debe adecuar su conducta a los siguientes preceptos generales:
a) Actuar con responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad en
el cumplimiento de la Ley, protegiendo la libertad y los derechos fundamentales

de las personas.
b) No infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos crueles,
inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o cualquier tipo de
circunstancias especiales o situación de emergencia pública para justificar la
comisión de delitos contra la vida, la libertad o la integridad de las personas.
Toda acción que pueda menoscabar los derechos de los/as afectados/as debe
ser imprescindible y gradual evitando causar un mal mayor a los derechos de
estos/as, de terceros o de sus bienes.
c) Asegurar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de las
personas bajo su cuidado y/o custodia.
d) No cometer, instigar o tolerar ningún acto de corrupción que supongan abuso de
autoridad o exceso en el desempeño de sus funciones y labores, persigan o no
fines lucrativos, o consistan en uso indebido o excesivo de la fuerza, abuso
verbal o mera descortesía.
e) Impedir la violación de normas constitucionales, legales y reglamentarias durante
su accionar o el de otras fuerzas, organismos o agencias con la que se
desarrollen labores conjuntas o combinadas, o en las conductas de personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, con las que se relacionen, debiendo dar
inmediata cuenta de la inconducta o del hecho de corrupción a la autoridad
superior u organismo de control competente.
f) Mantener en reserva las cuestiones de carácter confidencial, particularmente las
referidas al honor, la vida y los intereses privados de las personas, de que
tuvieran conocimiento, a menos que el cumplimiento de sus funciones o las
necesidades de la justicia exijan estrictamente lo contrario.
g) Ejercer la fuerza física o la coacción directa en función del resguardo de la
seguridad ciudadana, solamente para hacer cesar una situación en que, pese a
la advertencia u otros medios de persuasión empleados por el/la funcionario/a
del servicio, se persista en el incumplimiento de la ley o en la inconducta grave y
utilizar la fuerza en la medida estrictamente necesaria, adecuada a la resistencia
del/la infractor/a y siempre que no le infligiera un daño excesivamente superior al
que se quiere hacer cesar.
h) Recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa, propia
o de terceros y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro
grave, inminente y actual para la vida de las personas protegidas, o para evitar la
comisión de un delito que entrañe ese mismo peligro, debiendo obrar de modo
de reducir al mínimo los posibles daños y lesiones a terceros ajenos a la
situación.
i) Cuando el empleo de la fuerza y de armas de fuego sea inevitable, en la medida
de lo posible y razonable, identificarse como funcionarios/as del servicio y dar
una clara advertencia de su intención de emplear la fuerza o armas de fuego, con
tiempo suficiente como para que la misma sea tomada en cuenta, salvo que al
dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a las personas
protegidas o al/la funcionario/a del servicio, se creara un riesgo cierto para sus
vidas y el de otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas
las circunstancias del caso.
Artículo 21º.- En ningún caso, el personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, en
el marco de las acciones y actividades propias de sus misiones y funciones, puede:
a) Inducir a terceros a la comisión de actos delictivos o que afecten a la intimidad y
privacidad de las personas.
b) Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial,
social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los
partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en

medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
c) Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas por
el solo hecho de su raza, fe religiosa, orientación o identidad sexual, acciones
privadas u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones
partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales,
culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en
cualquier esfera de acción.
Artículo 22º.- Las órdenes emanadas de un/a superior jerárquico/a se presumen
legales. El personal policial y de seguridad no guardará deber de obediencia cuando la
orden de servicio impartida sea manifiestamente ilegal, atente manifiestamente contra
los derechos humanos, su ejecución configure manifiestamente un delito, o cuando
provenga de autoridades no constituidas de acuerdo con los principios y normas
contenidos en la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Santa Cruz.
En estos casos, la obediencia a una orden superior nunca será considerada como
eximente o atenuante de responsabilidad.
Si el contenido de la orden de servicio implicase la comisión de una falta disciplinaria
leve o grave, el/la subordinado/a debe formular la objeción, siempre que la urgencia de
la situación lo permita.
Artículo 23º.- El personal policial y de seguridad debe comunicar inmediatamente a la
autoridad judicial competente los delitos que llegaren a su conocimiento durante el
desempeño de sus funciones.
Artículo 24º.- El personal policial y de seguridad no está facultado para privar a las
personas de su libertad, salvo que durante el desempeño de sus funciones deba
proceder a la aprehensión de aquella persona que fuera sorprendida cometiendo algún
delito o perpetrando una agresión o ataque contra la vida o integridad física de otra
persona o existieren indicios y hechos fehacientes y concurrentes que razonablemente
pudieran comprobar su vinculación con la comisión de algún delito de acción pública.
La privación de la libertad debe ser notificada inmediatamente a la autoridad judicial
competente y la persona detenida debe ser puesta a disposición de dicha autoridad en
forma inmediata.
Capítulo VIII
De la Igualdad de Género
Artículo 25º.- El personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad de la Provincia debe
guardar una estricta representación de ambos géneros, ya sea para el acceso efectivo a
cargos de conducción, como así también en todos los niveles y áreas.
Artículo 26º.- Se promoverá a través de la reglamentación de la presente, la
modificación de los patrones socioculturales estereotipados, con el objeto de eliminar
prácticas basadas en el principio de superioridad de cualquiera de los géneros dentro
de las Fuerzas Policiales y de Seguridad.
Artículo 27º.- Se deberá promover como principios inherentes a favorecer y preservar
las condiciones igualitarias entre ambos géneros:
a) Fomenta la plena integración de las mujeres a los puestos de mando y control
respetando el régimen de carrera y el plan de ascensos establecidos a tal efecto;
b) Instituye y fomenta las acciones y disposiciones legales concretas tendientes a
garantizar la paridad entre el trabajo realizado y la remuneración recibida en su
consecuencia, entre hombres y mujeres;
c) Prohibirá todas las prácticas que impliquen cualquier forma de segregación y
discriminación por estado civil o maternidad.

TÍTULO II
SOBRE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA
Capítulo I
Objetivo: Jurisdicción y Funciones
Artículo 28º.- La Policía de la Provincia de Santa Cruz es la Institución que tiene a su
cargo el mantenimiento del orden público y la paz social; actúa como auxiliar
permanente de la administración de justicia y ejerce por sí las funciones que las Leyes,
Decretos y Reglamentos establecen, para resguardar la vida, los bienes y otros
derechos de la población.
Artículo 29º.- La Policía de la Provincia depende jerárquica y funcionalmente del/la
Gobernador/a a través del Ministerio de Gobierno; como representante y depositaria de
la fuerza pública en su jurisdicción, debe proceder como agente inmediato del Poder
Ejecutivo Provincial y hacer cumplir sus órdenes.
Artículo 30º.- Ejercerá las funciones de Policía de Seguridad y Judicial en todo el
Territorio de la Provincia, excepto aquellos lugares sujetos exclusivamente a la
jurisdicción militar o federal.
Artículo 31º.- La policía es instituida como un servicio técnico especializado e imparcial,
que no podrá ser utilizado para ninguna finalidad de política partidaria, ni intereses
personales que no se encuentren amparados por la presente Ley. El personal policial
debe abstenerse de toda participación en actividades políticas; cualquier transgresión a
estas normas debidamente comprobadas, podrá determinar la inmediata baja de la
Institución Policial.
Artículo 32º.- El personal policial prestará colaboración y actuación supletoria y
reciprocidad, en los casos previstos por la Ley; a los Jueces Nacionales, de las Fuerzas
Armadas, y a los Magistrados de la Administración de la Justicia de la Provincia de
Santa Cruz. Del mismo modo la cooperación será norma de conducta en las relaciones
con otros organismos de la Administración Pública, la Policía Federal Argentina, la
Prefectura Naval Argentina, La Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería
Nacional, en los asuntos que competen a estas Instituciones dentro del Territorio de la
Provincia.
La cooperación, colaboración y coordinación de procedimientos cautelares adquisitivos,
probatorios, y meramente administrativos, con otras Policías provinciales, se ajustará a
las normas establecidas por las Leyes vigentes y los convenios y acuerdos aprobados
por el Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 33º.- Ausente la autoridad de la Policía Federal, Prefectura Naval, Policía de
Seguridad Aeroportuaria o Gendarmería Nacional, el personal de la Institución está
obligado a intervenir en hechos ocurridos en jurisdicción de aquellos, al sólo efecto de
prevenir el delito, asegurar la persona del delincuente o realizar las medidas urgentes
para la conservación de la prueba. Deberá dar aviso a la autoridad correspondiente
entregando las actuaciones instruidas con motivo del procedimiento, los detenidos,
objetos o instrumentos del delito si los hubiere.
Artículo 34º.- Todos los componentes de la Institución, en cualquier momento y lugar de
la provincia, podrán ejercer la jurisdicción territorial para la ejecución de actos propios
de sus funciones de Policía de seguridad y judicial, siempre que los mismos cumplan
con los demás requisitos exigidos por la ley.
Artículo 35º.- La norma del artículo anterior será aplicable, cuando se diera alguna de
las siguientes circunstancias:
a) Que el procedimiento se realice de modo excepcional en cumplimiento de orden
proveniente de autoridad competente para impartirla, en razón del cargo;
b) Que no hubiere, en el momento y lugar de la intervención otro funcionario

competente para actuar y en condiciones de hacerlo;
c) Que el personal interviniente, por razón de número, u otra circunstancia no
satisfaga las exigencias del procedimiento. En estos casos se estará en atención
al pedido de colaboración inmediata, o circunstancias razonables indicadoras de
intervención necesaria.
Artículo 36º.- Los actos ejecutados por un empleado que no tuviera competencia en el
lugar de procedimiento siempre que tuviese facultad para realizarlo y reúna los demás
requisitos exigidos por la ley, serán válidos para todos sus efectos.
Artículo 37º.- Cuando personal de la Policía de la Provincia, por la persecución
inmediata de delincuentes, deba penetrar en territorio de otra Provincia o jurisdicción
Nacional, se ajustará a las reglas que para tales efectos establezcan las Leyes de
procedimientos aplicables o, a falta de ella las normas fijadas por las convenciones y
prácticas policiales interjurisdiccionales. Ello siempre será comunicado a la Policía del
lugar indicando las causas del procedimiento y sus resultados.
Artículo 38º.- La Policía de la Provincia de Santa Cruz podrá, con respecto a toda
institución análoga Nacional o Provincial:
a) Realizar convenios con otras Policías Nacionales y Provinciales con fines de
cooperación recíproca y ayuda mutua que faciliten la actuación policial, de
acuerdo con las recomendaciones de los diversos congresos de Policía
celebrados en el país. Dichos convenios estarán supeditados a la aprobación o
rectificación posterior del Poder Ejecutivo Provincial;
b) Practicar con las Policías Nacionales y Provinciales intercambios de fichas, datos
estadísticos informes y toda otra diligencia de coordinación que fuera necesaria;
c) Mantener relaciones con las Policías Extranjeras, especialmente de países
limítrofes con fines de cooperación y coordinación internacional, en la
persecución de los delincuentes y en todo lo que se refiere a las actividades de
los tratantes de personas, traficantes de estupefacientes, saboteadores, espías,
contrabandistas de armas, falsificadores de monedas y demás delitos reprimidos
por convenciones internacionales de la que nuestro país sea signatario.
d) Organizar secciones y gabinetes especializados en el aludido intercambio
internacional o interno especialmente en lo concerniente a las obligaciones
emergentes de los tratados nacionales con países extranjeros ratificado en los
convenios policiales signados en los congresos de la materia;
e) En aquellos procedimientos que no sean materia de legislación procesal, la
Policía de la Provincia podrá realizar convenios con las instituciones similares
nacionales y provinciales "ad-referendum" del Poder Ejecutivo Provincial;
f) Intervenir en todos los actos de migración que afecten directa o indirectamente a
la Provincia de Santa Cruz y en que la Policía se encuentre facultada por Ley,
Decreto-Ley, Decreto y Resoluciones de la Dirección Nacional de Migraciones.
Capítulo II
De la Policía de Seguridad
Artículo 39º.- La Policía de Seguridad tiene por fin el mantenimiento del orden público,
la preservación de la seguridad pública y la prevención del delito y sus causas.
Artículo 40º.- A los fines del artículo anterior, corresponde a la Policía de la Provincia:
a) Prevenir y conjurar toda perturbación del orden público garantizando
especialmente la tranquilidad de la población y la seguridad de las personas y la
propiedad contra todo ataque o amenaza;

b) Asegurar la plena vigencia de los Poderes del Estado, el Orden Constitucional y
el libre ejercicio de las Instituciones de la Democracia.
c) Proveer la custodia policial del/a Gobernador/a de la Provincia, adoptando para
ello todas las medidas necesarias.
d) Impedir las consecuencias dañosas para la vida e integridad física de las
personas y la propiedad cuando sean amenazadas por un peligro inminente o en
caso de siniestro o calamidad pública, prestando auxilio a los amenazados o a
las víctimas;
e) Desarrollar toda actividad de observación y vigilancia destinada a prevenir el
delito y aplicar para tal fin los medios disponibles;
f) Asistir a las personas con capacidad restringida y/o padecimientos en su salud
mental, que se encuentre en los lugares públicos, dando intervención a los
familiares, parientes, curadores o guardadores. Cuando carezcan de ellos, se
dará intervención a los Organismo de Salud y Ministerio desarrollo Social,
dando intervención a la Justicia. Cuando por razones de riesgo inminente para sí
o para terceros, deberán ser trasladados al Centro de Salud y dar inmediata
intervención ala Justicia;
g) Recoger las cosas perdidas o abandonadas y proceder con ellas de acuerdo a lo
dispuesto por el Código Civil y Comercial y Leyes complementarias en la
materia, procediendo similarmente con los depósitos abandonados por los
detenidos;
h) Intervenir en la realización de reuniones públicas para mantener el orden y
prevenir el delito, incidentes, disturbios y manifestaciones prohibidas;
i) Vigilar las reuniones deportivas y de esparcimiento, disponiendo las medidas
que sean necesarias para proteger la normalidad del acto y las buenas
costumbres;
j) Auxiliar en materia de Seguridad Vial a la Autoridad de Aplicación establecido
mediante la Ley Nº 2.417 y su modificatoria Ley Nº 3.286, como así también
Decretos Reglamentarios.
k) Dictar las medidas preventivas y determinar la organización del servicio de lucha
contra el fuego en colaboración directa con las unidades especializadas, y otros
estragos por sí, o coordinadamente con las autoridades Nacionales, Provinciales
y Comunales;
l) Intervenir mediante el control respectivo en la venta, tenencia, portación,
transporte y demás actos que se relacionen con armas y explosivos, fiscalizando
el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones respectivas;
m) Concurrir a la ejecución de las Leyes y Ordenanzas Municipales en cuanto se le
atribuya especialmente esa competencia;
n) Proveer servicios de "policía adicional" dentro de su jurisdicción, en los casos y
forma que determine la reglamentación.
Artículo 41º.- En función de Policía de Seguridad, la Policía de la Provincia en ejercicio
de sus atribuciones, dispondrá de las siguientes facultades:
a) Dictar reglamentaciones cuando sean imprescindibles para poner en ejecución
disposiciones legales que se le refieran a impartir órdenes, cuando el
cumplimiento de las leyes así lo exija y en los casos que ellas determinen;

b) Aprehender a los presuntos culpables en los casos y formas que el Código de
Procedimiento Penal de la Provincia de Santa Cruz autoriza y disponer su
incomunicación cuando concurran los requisitos del artículo 196º (o norma que
en futuro lo reemplace), por un término máximo de seis (6) horas, que no podrá
prolongarse por ningún motivo sin orden judicial. En tales supuestos deberá
practicarse un informe médico a efectos de verificar el estado psicofísico de la
persona al momento de su aprehensión.
c) Expedir certificados policiales conforme a los reglamentos en vigencia;
d) Controlar el movimiento de pasajeros en hoteles, casa de hospedajes y
establecimientos afines, en cuanto interese a la función de Policía de Seguridad
y en cumplimiento de leyes y/u ordenanzas respectivas;
e) Controlar documentación personal de conductores y pasajeros que se
encuentren en circulación, a los fines de verificar el cumplimiento de las leyes de
tránsito. Controlar conductores y pasajeros de los que se encuentren en
circulación en el transporte público;
f) Mediar, en forma conciliatoria, de oficio o a petición de parte en conflictos e
incidentes entre particulares, cuando pudiere originar violencias o desórdenes.
Artículo 42º.-Las facultades que resulten de los artículos anteriores no excluyen otras
que en materia no prevista y con relación al orden y seguridad pública y a la prevención
del delito, sea imprescindible ejercer por motivos de interés general. Este ejercicio se
ajustará a los principios, derechos y garantías constitucionales y, los principios y
protocolos de actuación policial y las órdenes emanadas de autoridad competente con
las formalidades que la ley exige, sin perjuicio del derecho que corresponden a los
particulares según las leyes para concurrir ante la autoridad judicial o administrativa,
cuando considerase injusta o innecesariamente restringido sus derechos o
desconocidas sus garantías y sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios por
cualquier exceso en el ejercicio de la autoridad.
Capítulo III
De la Policía Judicial
Artículo 43º.- La Policía Judicial tiene por misión averiguar la comisión de los delitos,
practicar las diligencias necesarias para asegurar sus pruebas y descubrir a sus autores
o participes, entregándolos a la autoridad judicial.
Artículo 44º.- En el ejercicio de la Función de Policía Judicial, en todo el ámbito
jurisdiccional de la provincia, le corresponde:
a) Investigar los delitos, practicando las diligencias necesarias, con arreglo de lo
establecido en los Códigos de Procedimientos en Materia Penal;
b) Prestar el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de las órdenes y
resoluciones de la administración de justicia;
c) Proceder a la detención de las personas contra las cuales exista auto de prisión
u orden de detención, dictados por autoridad competente y ponerlos
inmediatamente a disposición de la misma;
d) Cooperar con la justicia nacional y provincial para el mejor cumplimiento de la
función jurisdiccional;
e) Realizar las pericias que soliciten los Jueces Federales y Provinciales, en los
casos y forma que determinará la reglamentación. La designación judicial, obrará

como suficiente título habilitante;
f) Perseguir y detener a los prófugos de la justicia o de policías nacionales o
provinciales que fugaren dentro de su jurisdicción y ponerlos inmediatamente a
disposición de la autoridad respectiva;
g) Secuestrar elementos y efectos provenientes de delitos e instrumentos utilizados
para consumarlos;
h) Organizar el archivo de Antecedentes de procesados, contraventores e
identificados, mediante legajos reservados y en las condiciones que los
reglamentos determinen. Tales prontuarios, en ningún caso serán entregados a
otra autoridad; sus constancias solo podrán ser informadas con carácter
reservado a las autoridades que lo requieran en los casos y formas que
establezca la reglamentación;
i) Concurrir a la escena del hecho, debiendo procurar la preservación de todo
elemento que pueda servir de prueba, e informar sobre el estado de cosas,
personas o lugares conforme a los principios y técnicas de la Policía Científica;
j) Adoptar los recaudos necesarios y conducentes a fin de asegurar la cadena de
custodias de las evidencias colectadas;
k) Auxiliar a los miembros del Ministerio Público Fiscal, en la investigación de los
hechos punibles, prestándoles la colaboración y el asesoramiento necesario y
brindándoles el pertinente apoyo profesional.
Artículo 45º.- El Preventor actuará como auxiliar de la justicia en los términos de la Ley
Procesal, cuando el Juez se haga cargo de las actuaciones sumariales, no importando
esa actuación una subordinación permanente, tácita o expresa. Fuera de ese caso los
requerimientos judiciales serán dirigidos a la Dependencia policial correspondiente, por
razones de organización.
Artículo 46º.- El Reglamento respectivo podrá disponer reglas de competencia y
unificación de los procedimientos policiales, para la mejor aplicación de la Ley Procesal
y de las normas emergentes de esta Ley.
Capítulo IV
Disposiciones Comunes a Ambas Funciones
Artículo 47º.- Las actuaciones realizadas por los funcionarios de la Policía de la
Provincia, en cumplimiento de obligación legal u orden de autoridad competente, serán
válidas y merecerán plena fe, sin requerir ratificación mientras no se declaren nulas por
vías legítimas.
Artículo 48º.- Requerir de los jueces competentes, las autorizaciones formales para
allanamiento de domicilios, conforme a las normas y a los fines que determina el Código
Procesal Penal. Los resultados de allanamientos de domicilio por pesquisas,
detenciones, secuestros u otras causas se comunicarán a los jueces correspondientes
con las formalidades de estilo, sin perjuicio de anticiparlo por los medios de que se
disponga, a la brevedad posible. La autorización judicial no será imprescindible para
entrar a los establecimientos públicos, en los que se dará solamente aviso de atención.
Tampoco lo será para penetrar en los domicilios privados cuando lo autoricen sus
ocupantes mayores de edad; centros de reunión o recreos que fueren de libre acceso al
público, se pague o no entrada para ello y, al igual que en los establecimientos
industriales y rurales, serán respetadas las habitaciones, oficinas y otras dependencias
privadas, en las que sólo se podrá intervenir con orden de allanamiento de juez
competente, o autorización del principal ocupante.

Capítulo V
Disposiciones Complementarias a Ambas Funciones
Artículo 49º.- Los nombres, uniformes, insignias, distintivos y símbolos adoptados por la
Policía de la Provincia de Santa Cruz, para uso de la Institución y su personal, como así
también las características especiales de sus unidades, vehículos, son exclusivos y no
deberán ser utilizados en forma igual o similar, por ninguna persona ajena a la
Repartición o Institución Pública o privada.- Ningún organismo público ni privado, podrá
utilizar la denominación de "Policía", ni el nombre de sus unidades, comprensiva del
ejercicio del poder de policía de seguridad, ni utilizar grados de jerarquía policial, y que
induzcan a confusiones.
Artículo 50º.- Queda prohibido el uso de la denominación "Policía de la Provincia", en
toda publicación que no fuera oficial de la Institución. Esta prohibición alcanzará al
mencionar textos, revistas, folletos, diarios y credenciales o cualquier tipo de
documentación emanado de personas o entidades privadas tipo de documentación, en
forma tal que pudieran dar lugar a confusión, en el sentido de pertenecer a la Policía de
la Provincia de Santa Cruz o ser expedidos por esta Institución. La violación de esta
prohibición traerá aparejada multas y sanciones, sin perjuicio de las acciones civiles o
penales que pudieran corresponder.
Capítulo VI
De la Organización y Medios
Artículo 51º.- La Policía Provincial dispondrá de fondos y recursos humanos destinados
a satisfacer sus requerimientos funcionales y servicios auxiliares, conforme a la Ley de
Presupuesto.
El Ministerio de Gobierno adaptará las previsiones presupuestarias que resulten
necesarias para asegurar el normal funcionamiento de la Policía de la Provincia.
Artículo 52º.- Los recursos humanos asignados a la Policía de la Provincia se desdoblan
en los siguientes agrupamientos primarios:
a) Personal Policial;
b) Personal Civil
Artículo 53º.- Los efectivos del Agrupamiento Personal Civil, no excederán de las
necesidades impuestas por las actividades que no corresponden efectivamente al
personal policial, conforme a esta Ley y las disposiciones complementarias de la
misma. El Personal Civil, por ninguna causa ejercerá cargos de nivel superior policial.
Solo serán llamados a ejercer cargos o funciones afines con su especialización o
categoría administrativa. Serán transferidos al Cuerpo Profesional Policial, conforme a
su título o especialidad, de acuerdo a las necesidades del servicio y a las vacantes
que se generen.
Artículo 54º.- El Poder Ejecutivo dictará las regulaciones necesarias para determinar el
alcance previsto en el Artículo 52º.
Capítulo VII
De la Jefatura de Policía

Artículo 55º.- La Policía de la Provincia de Santa Cruz se organizará en forma
centralizada en lo administrativo y descentralizada en lo funcional.
Artículo 56º.- La Policía de la Provincia se organizará de la siguiente forma:
a) Jefatura – Subjefatura;
b) Superintendencias:
i. Policía de Seguridad
ii.Policía Judicial e Investigaciones
iii. Personal, Instrucción y Derechos Humanos
iv. Administración, Planificación y Desarrollo
v. Bomberos
Artículo 57º.- Las Superintendencias se organizarán conforme lo determine la
reglamentación de esta Ley, en los niveles de Direcciones Generales, Departamentos y
Divisiones.
Artículo 58º.- Es facultad del Jefe de Policía de la Provincia la organización de los
servicios a nivel de Sección o inferiores.
Capítulo VIII
Nivel Superior Policial
Artículo 59º.- El Nivel Superior Policial será ejercido por el Jefe de Policía de la
Provincia el que será secundado por el Subjefe de Policía de la Provincia.
Artículo 60º.- El Cargo de Jefe de Policía, será desempeñado por la persona que
designe el Poder Ejecutivo Provincial que posea idoneidad para desempeñar dicha
función. Tendrá su asiento en la Capital de la Provincia. Este cargo no se considerará
como formando parte de la carrera policial y el haberlo desempeñado no será título
suficiente para ingresar al cuerpo en otra forma que la prevista en esta Ley. En caso de
ser desempeñado por personal de carrera de la Institución, mantendrá su cargo de
revista mientras dure su gestión debiendo pasar a retiro una vez producido el cese.
Asimismo deberá acreditar dos (2) años de residencia inmediata anterior en el territorio
de la provincia.
Artículo 61º.- El Jefe de Policía tendrá rango y atribuciones de Subsecretario de Estado.
La asignación salarial que percibiere será la que fije el Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 62º.- Serán funciones principales del Jefe de Policía de la Provincia, la
conducción de la Institución Policial y ejercer la representación de la misma ante otras
autoridades.
Artículo 63º.- Son atribuciones y deberes del Jefe de Policía de la Provincia en
particular:
a) Proveer a la organización y control de los servicios de la Institución, en todo el
territorio de la Provincia;
b) Proponer al Poder Ejecutivo Provincial los nombramientos, ascensos y bajas del
personal policial y civil de la Policía;
c) Asignar destinos al personal policial y civil de la Institución y disponer los pases
traslados y permutas, conforme a la reglamentación correspondiente;

d) Acordar las licencias ordinarias especiales extraordinarias y excepcionales del
personal policial y civil de la Institución, conforme a las normas que determine la
reglamentación;
e) Ejercer las facultades disciplinarias que determine la Ley del Personal Policial;
f) Conferir los premios policiales instituidos y recomendar a la consideración del
personal, los procedimientos que fueren calificables como de mérito
extraordinario y las iniciativas que procuren beneficios a la Institución y al
servicio;
g) Ejercer las atribuciones que las leyes y reglamentaciones le asignen en cuanto la
inversión de fondos y el régimen financiero de la Institución;
h) Crear, modificar o suprimir normas reglamentarias internas, para mejorar los
servicios y facilitar el desarrollo institucional cuando la medida se encuentre
dentro de sus facultades administrativas;
i) Propiciar ante el Poder Ejecutivo Provincial, la sanción de los decretos
destinados a modificar normas de los reglamento "Generales" y "orgánicos
principales" para adaptarlas al nivel alcanzado en la evolución institucional;
j) Proponer a las autoridades judiciales las medidas que estime necesarias, o
convenientes para el mejor desempeño de las funciones de Policía Judicial, que
competen a la Institución y para obtener las más armónicas relaciones entre los
órganos de la Administración de Justicia y la Policía de la Provincia; y,
k) Proveer lo conducente al debido cumplimiento de las funciones de Policía
Judicial y de Seguridad en todo el territorio de la Provincia, conforme a lo
determinado por los Códigos, Leyes, Decretos y otras disposiciones legales.-
Artículo 64º.- Para el cumplimiento de los fines indicados precedentemente el Jefe de
Policía de la Provincia contará con las Asesorías necesarias y será secundado por un
Subjefe de Policía y una organización denominada Plana Mayor Policial.
Artículo 65º.- El cargo de Subjefe de Policía será cubierto por un Comisario General en
actividad nombrado por el Poder Ejecutivo Provincial. Tendrá asiento en la Ciudad
Capital de la Provincia y percibirá una asignación especial que será determinada para el
cargo por la Ley de Presupuesto.
Artículo 66º.- Serán funciones del Subjefe de Policía:
a) Colaborar con el Jefe de Policía y reemplazarlo con sus derechos y obligaciones
en los casos de ausencia;
b) Ejercer la Jefatura de la Plana Mayor Policial, conforme lo determinara el
Reglamento Orgánico de la misma.-
c) Presidir el tribunal disciplinario para oficiales superiores y jefes, rubricando sus
dictámenes;
d) Presidir la Junta de Calificaciones para ascensos de Oficiales Superiores y Jefes
de la Institución;
e) Proponer formalmente los cambios de destino fundados en razones de servicio,
conforme a los estudios realizados con la intervención de la Superintendencia de
Personal, Instrucción y Derechos Humanos;

f) Intervenir en las comisiones formadas para discernir premios y otras distinciones
al personal;
g) Toda función atinente al cargo y jerarquía.
Artículo 67º.- En caso de vacancia, ausencia o impedimento del Jefe y Subjefe de la
repartición, las funciones de aquel serán asumidas por el Superintendente de mayor
antigüedad, quien por encontrarse a cargo temporariamente de la Jefatura de Policía,
no deberá dictar disposiciones u órdenes que se opusieren a la política institucional y
normas impuestas con carácter permanente por los titulares de los cargos
mencionados.
Capítulo IX
Del Asesoramiento y Apoyo Técnico de la Jefatura de Policía
Artículo 68º.- Directamente del Jefe de Policía de la Provincia, dependerán equipos de
apoyo técnico permanente. En razón de los asuntos de su competencia, estas
dependencias recibirán las siguientes denominaciones:
a) Dirección General de Asuntos Internos;
b) Dirección General de Asuntos Legales;
c) Dirección General de Despacho y Relaciones Públicas.
Artículo 69º.-La Dirección General de Asuntos Internos tiene por misión la
sustanciación de actuaciones administrativas relacionadas con asuntos disciplinarios
graves del personal policial previsto en la Ley y la Reglamentación. Para tal fin tendrá la
facultad de investigar todos los aspectos que atañen a la conducta del personal policial
de la Institución ante transgresiones graves a normas administrativas, internas o
generales vigentes, tanto en su ámbito de trabajo y también en la vida privada, en
cuanto atañe a su condición de agente de la Institución y como funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley. También tendrá por función investigar y prevenir actos de
corrupción, de brutalidad y acoso policial, apremios ilegales y violación de los Derechos
Humanos, como así efectuar el control del estado patrimonial del personal policial.
Actuará de oficio o por orden del Jefe de Policía.
Artículo 70º.- Corresponderá a la Dirección General de Asuntos Legales, las funciones
de asesoramiento jurídico a la Jefatura de Policía y a la Plana Mayor Policial. Tendrá a
su cargo ejercer la defensa letrada en los casos en que la Policía sea parte como
actora o demandada o en los que deba tomar intervención en toda clase de juicios o
procesos judiciales o administrativos. También asumirá la defensa gratuita del personal
policial que fuere objeto de acusaciones o sospechas, ante los Tribunales penales con
asiento en la Provincia, por hechos normales ocurridos en o con motivo del servicio
cuando le fuese ordenado.
Artículo 71º.- La Dirección General de Despacho y Relaciones Públicas tendrá como
misión desarrollar las acciones que hagan al mejoramiento permanente de la imagen
institucional, propendiendo a la previsión y desarrollo de un relación directa e inmediata
en los ámbitos internos y externos de la Policía de la Provincia; recibir y tramitar el
despacho de tolas las dependencias, organizando y llevando el archivo de las
actuaciones de la Policía de la Provincia.
Artículo 72º.- Las Direcciones Generales destacadas en el presente Capítulo se
organizarán conforme lo determina la Reglamentación de esta Ley.
Capítulo X
De la Plana Mayor Policial
Artículo 73º.- La Plana Mayor Policial será el organismo del planeamiento, control y

coordinación de todas las actividades policiales que se desarrollen en la Provincia de
Santa Cruz, conforme se determinará en el "Reglamento Orgánico de la Plana Mayor
Policial".
Artículo 74º.- El Jefe de Policía, con el asesoramiento de la Plana Mayor Policial,
asegurará la oportuna y eficiente intervención de los recursos de la Institución, en todos
los asuntos que las leyes, decretos y disposiciones vigentes asignan a su competencia.
Artículo 75º.- Por aplicación de los principios de extensión posible del control y
agrupamiento de las actividades compatibles e interrelacionadas, la Plana Mayor
Policial se integrará del modo siguiente:
a) Sub-Jefe de Policía (Jefe de la P.M.P);
b) Superintendente de Policía de Seguridad;
c) Superintendente de Personal, Instrucción y Derechos Humanos;
d) Superintendente de Administración, Planificación y Desarrollo;
e) Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones;
f) Superintendencia de Bomberos;
Podrán participar de las reuniones periódicas, otros Jefes de la Institución, a instancia
del Jefe de Policía.
Capítulo XI
De las Superintendencias
Artículo 76º.- Las Superintendencias son los organismos de conducción superior, que
tendrán a su cargo el planeamiento, coordinación y control de las actividades que les
asigna la presente Ley. En los asuntos específicos de su competencia, impartirán
directivas obligatorias para todas las dependencias policiales de igual e inferior nivel
orgánico.
Artículo 77º.- Los cargos de Superintendentes, serán ejercidos por Oficiales Superiores
de la Institución con el grado de Comisarios Generales, designados por Resolución del
Ministro de Gobierno a propuesta del Jefe de Policía.
Artículo 78º.-Se podrá hacer excepción a lo establecido en el artículo precedente,
poniendo a cargo del despecho de la Superintendencia a un Oficial Superior de menor
jerarquía a la indicada.
Artículo 79º.- La Superintendencia de Policía de Seguridad, es el órgano superior de
conducción operativa y tendrá a su cargo la ejecución, coordinación y control de todas
las operaciones generales y especiales de seguridad pública, que se desarrollen en
todo el ámbito provincial, la preservación del orden y seguridad pública y, prevención
de hechos criminales, con arreglo a lo normado en el Título II - Capítulo III de la
presente Ley, sobre la función de la Policía de Seguridad.
Artículo 80º.- La Superintendencia de Policía Judicial e Investigaciones tendrá a su
cargo la coordinación de los servicios especializados de prevención y conjuración de los
delitos dentro de la jurisdicción provincial e intervenir en todo cuanto importen en la
relación con el Poder Judicial de acuerdo a lo normado en el Título II – Capítulo IV de la
presente Ley, sobre la función de la Policía Judicial.
Artículo 81º.- La Superintendencia de Personal, Instrucción y Derechos Humanos,
tendrá responsabilidad sobre los asuntos relacionados con los integrantes de la Policía

de la Provincia en relación al reclutamiento de acuerdo a las necesidades de la
institución; gestionar los cambios de situación de revista de acuerdo con la
reglamentación; formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal de la
Policía de la Provincia, atendiendo la diagramación y evaluación de las carreras y/o
cursos de formación para el personal ingresante y la capacitación, adiestramiento,
entrenamiento, perfeccionamiento y/o actualización permanente a lo largo de la carrera
profesional en la institución; como así también, arbitrar las medidas conducentes al
bienestar de los integrantes de las Institución velando plenamente por los Derechos
Humanos.
Artículo 82º.- La Superintendencia de Administración, Planificación y Desarrollo, tendrá
a su cargo todo lo relativo al régimen económico-financiero de la Institución, ejerciendo
el contralor administrativo en el orden patrimonial y el planeamiento estratégico de la
seguridad, su organización, ejecución, control y coordinación de las necesidades de la
Institución policial.
Artículo 83º.-La Superintendencia de Bomberos, tendrá como misión coordinar todas las
tareas tendientes a prevenir y neutralizar siniestros que ocurran contra bienes
materiales, personas y la reducción de los daños que los mismos pueda causar al
medio ambiente, en todo el territorio de la Provincia.
TÍTTULO III
DE LA SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS POLICIALES
Capítulo Único
De la Auditoría Externa Policial
Artículo 84º.- Créase en la órbita del Ministerio de Gobierno con dependencia directa del
Secretario de Estado de Seguridad, la Auditoría Externa Policial, que tendrá como
misión principal realizar controles normativos, de procedimientos, por resultados y por
impactos del funcionamiento de la Policía de la Provincia de Santa Cruz.
Artículo 85º.- La Auditoría Externa Policial intervendrá:
a) En el control de las actividades y procedimientos que realice la Policía de la
Provincia en aquellos casos que se denuncien, o en los que razonablemente se
puedan presumir irregularidades;
b) Realizará las investigaciones administrativas, sustanciará los sumarios
administrativos y propondrá al/la Secretario/a, cuando corresponda las sanciones
a aplicar. Cuando de los hechos investigados se pueda presumir la comisión de
delitos, la Auditoría, comunicará dicha circunstancia al/la Secretario/a a los fines
de las presentaciones judiciales que pudieran corresponder.
c) Elaborará un informe anual sobre el desempeño de la institución en materia de
Violencia Institucional, Derechos Humanos y Discriminación.
Artículo 86º.- La Auditoría Externa Policial se organizará conforme lo determine la
reglamentación de esta Ley.
TITULO IV
SOBRE EL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL
Capítulo I
Misión y Dependencia
Artículo 87º.-El Servicio Penitenciario Provincial es un Fuerza de Seguridad de la
Provincia de Santa Cruz destinada a la custodia y guarda de los procesados, y a la

ejecución de las sanciones penales privativas de la libertad, de acuerdo con las
disposiciones legales y reglamentarias en vigor.
Artículo 88º.- El Servicio Penitenciario Provincial estará constituido por:
a) Dirección Ejecutiva;
b) Institutos, servicios y organismos indispensables para el cumplimiento de su
misión;
c) Personal que integre el cuerpo Penitenciario Provincial.
d) Personal civil, para el cual regirán disposiciones legales que correspondan y no
las de la presente Ley.
Artículo 89º.-La Dirección Ejecutiva es el organismo técnico responsable de la
conducción del Servicio Penitenciario Provincial, el que tiene a su cargo los institutos y
servicios destinados a la custodia y guarda de los procesados y a la readaptación social
de los condenados a sanciones penales privativas de la libertad en el territorio de la
Provincia de Santa Cruz y el traslado de los internos de conformidad a las disposiciones
legales y reglamentarias.
Artículo 90º.- El Servicio Penitenciario Provincial dependerá del Poder Ejecutivo
Provincial por intermedio del Ministerio de Gobierno.
Capítulo II
Funciones y Atribuciones
Artículo 91º.- Son funciones del Servicio Penitenciario Provincial:
a) Velar por la seguridad y custodia de las personas sometidas a proceso
procurando que el régimen carcelario contribuya a preservar o mejorar sus
condiciones morales, su educación y su salud física y mental;
b) Promover la readaptación social de los condenados a sanciones privativas de
libertad;
c) Participar en la asistencia pos-penitenciaria;
d) Producir dictámenes criminológicos para las autoridades judiciales y
administrativas sobre la personalidad de los internos, en los casos que legal o
reglamentariamente corresponda;
e) Asesorar al Poder Ejecutivo Provincial en todo asunto que se relacione con la
política penitenciaria;
f) Cooperar con otros organismos en la elaboración de una política de prevención
de la criminalidad;
g) Contribuir al estudio de las reformas de la legislación vinculada a la defensa
social;
h) Asesorar en materia de su competencia a otros organismos de jurisdicción
Nacional o provincial.
Artículo 92º.- Por medio de la reglamentación de la presente la Autoridad de Aplicación
fijará las atribuciones de la Dirección Ejecutiva del Servicio Penitenciario Provincial para
el cumplimiento de sus funciones.

Capítulo III
Estructura y Designaciones
Artículo 93º.- La Dirección Ejecutiva del Servicio Penitenciario Provincial estará a cargo
de un funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo Provincial, el que deberá poseer
preferentemente, título universitario habilitante afín a la función.-
Artículo 94º.-El Poder Ejecutivo Provincial determinará por medio de la reglamentación
de la Presente Ley la Estructura Orgánica Funcional que tendrá la Dirección Ejecutiva
del Servicio Penitenciario Provincial, como así también la modalidad de designación.
Capítulo IV
Junta Asesora de Egresos Anticipados
Artículo 95º.-En virtud a lo contemplado por la Ley Nacional Nº 24.660 “Ley de
Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad” conforme a lo establecido en su Capítulo
II – “Modalidades Básicas de Ejecución” y el Artículo 185 de la mentada Ley, la Junta
Asesora de Egresos Anticipados será el organismo técnico-criminológico facultado para
emitir dictámenes criminológicos.
Artículo 96º.- La reglamentación de la presente establecerá como estará constituida la
Junta Asesora de Egresos Anticipados.
Capítulo V
Consejo Correccional de los Establecimiento Penitenciarios
Artículo 97º.-El Consejo Correccional al que refiere el Artículo 185 inc. g) de la Ley
Nacional Nº 24.660 “Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad” funcionará en
todos los establecimientos penitenciarios dependientes de la Dirección Ejecutiva del
Servicio Penitenciario Provincial.
Artículo 98º.- La reglamentación de la presente determinará como estará integrado el
Consejo Correccional, como así también, sus funciones.
Capítulo VI
Misión y Atribuciones del Personal Penitenciario
Artículo 99º.- La misión de los agentes penitenciarios comprende la realización de las
funciones de seguridad asignadas por el Artículo 3° a la Dirección Ejecutiva del Servicio
Penitenciario Provincial.
Artículo 100º.- El personal penitenciario tiene las facultades y atribuciones
correspondientes a su calidad de depositario de la fuerza pública, de acuerdo a esta Ley
y a los reglamentos que le conciernen.
Artículo102º.- Es obligatoria la cooperación recíproca de personal del Servicio
Penitenciario Provincial con la Policía de la Provincia de Santa Cruz y demás Cuerpos
Policiales y Fuerzas de Seguridad Federales.
Capítulo VII
Estado Penitenciario y Organización del Personal
Artículo 103º.- La reglamentación de la presente establecerá el conjunto de derechos y

obligaciones para los agentes pertenecientes al Servicio Penitenciario Provincial; como
así también, el grado de organización en cuanto al agrupamiento, jerarquías y grados.
Artículo 104º.- Asimismo deberá considerarse en la reglamentación de la misma lo
concerniente al personal penitenciario en cuanto:
a) Situación de revista;
b) Ingreso;
c) Formación y capacitación profesional;
d) Fijación de destino y asignación de funciones:
e) Calificaciones;
f) Ascensos;
g) Régimen de servicio;
h) Régimen de licencias y permisos;
i) Régimen disciplinario;
j) Egreso;
k) Nombramientos, promociones, remociones y convocatorias;
l) Reincorporaciones;
m) Agentes en situación de retiro;
n) Otros que la Autoridad de Aplicación crea corresponder.
TITULO V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS
Capítulo I
Disposiciones Complementarias
Artículo 105º.- Las normas establecidas por la presente Ley de Seguridad Pública de la
Provincia de Santa Cruz, se complementarán con las que contengan los reglamentos
"orgánicos principales" de la Policía de la Provincia y del Servicio Penitenciario
Provincial, que se aplicarán mediante Decretos del Poder Ejecutivo de la Provincia.
Capítulo II
Disposiciones Transitorias
Artículo106º.- La Dirección Policial Penitenciaria creada mediante Ley Nº 3.224
continuará ejerciendo las funciones inherentes a su competencia, hasta tanto el Poder
Ejecutivo efectivice el funcionamiento del Servicio Penitenciario Provincial establecido
en el TÍTULO IV de la presente Ley.
Artículo 107º.- La presente Ley, deroga la Ley Nº 688 “”Ley Orgánica Policial”, a partir
de su sanción y promulgación.
Artículo108º.- La presente Ley cumple con los principios de la Ley Nacional Nº 24.660
de “Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad”; como así también deberá ajustarse
su reglamentación a dichos contenidos.
Artículo 109º.- Dentro del plazo de su reglamentación, el Poder Ejecutivo Provincial, por
intermedio del Ministerio de Gobierno podrá suscribir los convenios necesarios con
organismos internacionales, nacionales o provinciales especializados en esta actividad
a los efectos de lograr el alcance de lo establecido por la presente norma.
Artículo110º.- El Poder Ejecutivo Provincial, en lo que respecta al TITULO IV “SOBRE
EL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL”, tendrá como plazo para su
reglamentación un término no mayor a los trescientos sesenta (360) días corridos desde
su aprobación. Para el resto del contenido de la presente Ley deberá reglamentarla en
un plazo no mayor a los noventa (90) días corridos.
Artículo 111º.- El texto de la presente Ley será publicado y distribuido sin cargo a todo el
Personal Superior y Cadetes de la Policía de la Provincia.

Artículo 112º.- DE FORMA.-
Dra. Alicia M. KIRCHNER
GOBERNADORA

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