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Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados mipunto.com

LEY ORGÁNICA DE LOS CONSEJOS LEGISLATIVOS DE LOS ESTADOS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°: Objeto. Esta Ley tiene por objeto establecer las bases y principios del régimen de organización y
funcionamiento de los Consejos Legislativos de los Estados y establecer los principios generales para el ejercicio de
la función legislativa.

Artículo 2°: Sede. El Poder Legislativo Estadal se ejercerá en cada estado por un Consejo Legislativo. El Consejo
sesionará en la capital de los estados y podrá excepcionalmente, sesionar en otra localidad del estado por acuerdo
de la mayoría absoluta de los legisladores que la conforman.

CAPÍTULO II
DE LOS LEGISLADORES Y LEGISLADORAS DE LOS CONSEJOS LEGISLATIVOS DE LOS ESTADOS

Artículo 3°: Denominación de los integrantes. La denominación de los integrantes del Consejo Legislativo Estadal
será de legisladores y legisladoras.

Artículo 4°: Condiciones de elegibilidad. Las condiciones de elegibilidad e inelegibilidad de los legisladores y
legisladoras a los Consejos Legislativos de los Estados son las mismas establecidas en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela para los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional.

Artículo 5°: Deberes. Son deberes de los legisladores y legisladoras:

1. Cumplir sus obligaciones y compromisos con el pueblo, que derivan del ejercicio de sus funciones, en honor al
juramento prestado.

2. Velar por el cumplimiento de la misión y funciones encomendadas al Poder Legislativo Estadal en la Constitución
y demás leyes de la República.

3. Sostener una vinculación permanente con sus electores y electoras, atender sus opiniones, sugerencias,
peticiones y mantenerlos informados e informadas sobre su gestión.

4. Atender las consultas de la Asamblea Nacional cuando se trate de la aprobación de proyectos de ley en materia
relativa a los estados.

5. Rendir cuenta anual de su gestión a los electores y electoras.

6. Asistir puntualmente y permanecer en las sesiones del Consejo, comisiones y subcomisiones, salvo causa
justificada.

7. Cumplir todas las funciones que les sean encomendadas a menos que aleguen motivos justificados ante la Junta
Directiva.

8. No divulgar la información emanada de una sesión calificada como secreta por las dos terceras partes de los
asistentes, de conformidad con la Constitución y la ley.

9. Todos los demás deberes que le corresponden conforme a la Constitución, esta Ley y el respectivo Reglamento
Interior y de Debates.

Artículo 6°: Incompatibilidades. Los legisladores o legisladoras a los Consejos Legislativos de los Estados no podrán
ser propietarios o propietarias, administradores o administradoras o directores o directoras de empresas que
contraten con personas jurídicas estatales, ni gestionar causas particulares de interés lucrativo con las mismas.
Durante la votación sobre causas en las cuales surjan conflictos de intereses económicos, los y las integrantes de

23/10/2005 Venezuela Virtual - Leyes 1/33
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los Consejos Legislativos de los Estados, que estén involucrados o involucradas en dichos conflictos, deberán
abstenerse.

Artículo 7°: Dedicación exclusiva. Los legisladores o legisladoras a los Consejos Legislativos de los Estados no
podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas,
accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva.

A los efectos de esta Ley se entenderá por dedicación exclusiva el deber que tiene el legislador o legisladora de
estar en todo momento a disposición de la institución parlamentaria estadal y no podrán excusar el cumplimiento
de sus deberes por el ejercicio de actividades públicas o privadas.

Artículo 8°: Derechos. Son derechos de los legisladores y legisladoras:

1. Recibir oportunamente, por parte de la Secretaría, toda la documentación relativa a las materias objeto de
debate, así como obtener información oportuna de todas las dependencias administrativas del Consejo Legislativo
Estadal.

2. Solicitar, obtener y hacer uso del derecho de palabra en los términos que establezca el Reglamento Interior y de
Debates del respectivo Consejo Legislativo Estadal.

3. Proponer leyes y acuerdos ante el Consejo Legislativo e intervenir en las discusiones y votaciones de los mismos
conforme a lo establecido en el respectivo Reglamento Interior y de Debates del Consejo Legislativo Estadal.

4. Asociarse al grupo o grupos parlamentarios de conformidad con lo establecido en esta Ley y en el Reglamento
Interior y de Debates del respectivo Consejo.

5. Contar con el apoyo administrativo que les permita desempeñar con eficacia su función parlamentaria.

6. Gozar de un sistema de previsión y protección social, sin perjuicio de los demás beneficios establecidos en la ley.

7. Realizar sus funciones en un ambiente adecuado.

8. Recibir protección a su integridad física. Toda autoridad pública, civil o militar de la República, de los estados y
municipios prestará cooperación y protección a los legisladores y legisladoras en el ejercicio de sus funciones en el
respectivo estado.

Artículo 9°: Inmunidad. Los legisladores y legisladoras de los Consejos Legislativos de los Estados gozarán de
inmunidad en el ejercicio de sus funciones en los términos establecidos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, autorizará de manera privativa el enjuiciamiento del legislador o
legisladora a quien se le impute la presunta comisión de un hecho punible y, previa autorización del Consejos
Legislativo Estadal, podrá ordenar su detención. El expediente respectivo será remitido al tribunal de instancia
competente para la continuación del enjuiciamiento.

En caso de delito flagrante, la autoridad competente lo o la pondrá bajo su custodia en su residencia y comunicará
inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.

Artículo 10°: Levantamiento de la inmunidad. A efectos del procedimiento establecido en el artículo anterior, una
vez recibida la autorización formulada por el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Legislativo Estadal procederá
a designar una comisión especial que se encargará de estudiar el asunto y presentar al Cuerpo en pleno, dentro de
los treinta (30) días siguientes a su constitución, un informe pormenorizado, con una proposición sobre la
procedencia o no de la autorización solicitada, garantizando, a todo evento, al legislador o legisladora involucrado,
la aplicación de las reglas del debido proceso consagradas en el artículo 49 de la Constitución de la República



La comisión especial podrá recabar de la autoridad judicial solicitante, así como de cualquier otro órgano del
estado o de los particulares la información que estime necesaria, y se abstendrá de presentar en el informe
opiniones sobre la calificación jurídica del asunto.

En todo caso, la autorización se entenderá denegada si en el plazo de treinta (30) días siguientes a la presentación
del informe por la comisión especial correspondiente, el Consejo Legislativo Estadal respectivo no se hubiere
pronunciado sobre el particular.

El legislador o legisladora, a quien se haya solicitado el levantamiento de su inmunidad, se abstendrá de votar en la
decisión que sobre el asunto tome el correspondiente Consejo Legislativo Estadal.

Artículo 11°: Carácter de la representación. Los legisladores o legisladoras son representantes del pueblo y de los
municipios, no sujetos a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su voto en el Consejo Legislativo es
personal.

Artículo 12°: Remuneración. La remuneración y otros emolumentos de los legisladores o legisladoras serán de
hasta ciento treinta unidades tributarias (130 U.T.)

Los legisladores y legisladoras no percibirán emolumentos por conceptos distintos a los contemplados en su
remuneración ni ningún otro beneficio distinto de los establecidos en la previsión social.

Artículo 13°: Presupuesto anual. El presupuesto anual de los Consejos Legislativos de los Estados no podrá ser
mayor al uno coma cinco por ciento (1,5%) del Situado Constitucional correspondiente a cada estado.

Artículo 14°: Beneficio de jubilación. Los legisladores y legisladoras de los Consejos Legislativos de los Estados,
gozarán de los derechos de pensión y /o jubilación de conformidad con lo establecido en la ley nacional que rige la
materia.

Capítulo III

De los Consejos Legislativos de los Estados

Sección primera

De sus atribuciones y de la delegación reglamentaria

Artículo 15°: Atribuciones. Corresponde a los Consejos Legislativos de los Estados:

1. Sancionar el proyecto de constitución estadal y presentar iniciativas, enmiendas o reformas de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

2. Sancionar las leyes de desarrollo de aquellas leyes de base dictadas por el Poder Nacional, que regulen las
competencias concurrentes.

3. Sancionar la Ley Orgánica de Hacienda Pública del respectivo estado, conforme a los principios del régimen
presupuestario y sistema tributario, establecidos en la Constitución y en la ley, en cuanto sean aplicables.

4. Sancionar las leyes de descentralización y transferencia de los servicios públicos a los municipios y a las
comunidades organizadas, así como aquellas que promuevan la participación de los ciudadanos en los asuntos de
la competencia estadal.

5. Sancionar la Ley de Presupuesto del estado.

6. Participar en la designación, juramentar y destituir al Contralor o Contralora del estado, de conformidad con lo
establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con la ley que rige la materia.



7. Organizar y promover la participación ciudadana e implementar los mecanismos que garanticen la inclusión de
las opiniones que emanen de los diferentes sectores, en el ejercicio de las funciones propias del órgano legislativo
estadal.

8. Ejercer funciones de control, seguimiento y evaluación parlamentaria de los órganos de la Administración
Pública Estadal, en los términos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la
Constitución de los estados y las leyes respectivas.

9. Recibir para su evaluación el informe anual del Gobernador sobre su gestión durante el año inmediato anterior.
A tales efectos, el Consejo Legislativo fijará dentro de los treinta (30) días siguientes a su instalación anual, la
sesión en la que el ciudadano Gobernador presentará dicho informe.

10. Autorizar los créditos adicionales a los presupuestos estadales.

11. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo del estado, que serán presentadas por el Poder Ejecutivo
Regional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional.

12. Solicitar la remoción, destitución o retiro del Secretario o Secretaria General de Gobierno, y de los directores
generales sectoriales que con abuso de autoridad, negligencia e imprudencia en el ejercicio de sus funciones violen
o menoscaben los derechos constitucionales o causen perjuicio patrimonial a la administración o a los particulares.
Cuando la solicitud de destitución o remoción se apruebe con el voto de las dos terceras partes de los legisladores
presentes, su acatamiento será obligatorio para el Gobernador.

13. Autorizar al Gobernador del estado el nombramiento del Procurador o Procuradora General del Estado de
acuerdo a los parámetros establecidos en la Constitución del respectivo estado.

14. Autorizar la salida del Gobernador del estado, del espacio geográfico venezolano cuando su ausencia se
prolongue por un lapso superior a cinco (5) días consecutivos.

15. Dictar su Reglamento interno de organización y aplicar las sanciones que en él se establezcan.

16. Organizar su servicio interior de vigilancia y custodia.

17. Aprobar, modificar y ejecutar su presupuesto de gastos, de acuerdo a su autonomía funcional y administrativa
de conformidad con la ley correspondiente.

18. Autorizar al Ejecutivo Estadal para enajenar bienes muebles e inmuebles, con las excepciones que establezca la
ley.

19. Designar su representante ante el Consejo de Planificación de Políticas Públicas.

20. Las demás que le señalen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución del
respectivo estado y la ley.

Artículo 16°: Reglamento Interior y de Debates. Cada Consejo Legislativo dictará su Reglamento Interior y de
Debates en el cual regulará su estructura orgánica interna tratando en lo posible de fijar su organización bajo
parámetros de homogeneidad con los Consejos Legislativos de los demás estados. Dicho Reglamento regulará todo
lo relativo a las sesiones, postulaciones, debates, quórum, deliberaciones, régimen de votaciones y mociones con
excepción de las que expresamente prevea la presente Ley.

Sección segunda

De la organización de los Consejos Legislativos de los Estados

Artículo 17°: Instalación. La instalación del Consejo Legislativo Estadal estará a cargo de una comisión preparatoria,
presidida por el legislador o la legisladora con mayor edad del estado. Esta comisión se convocará, reunirá,
integrará y funcionará en los términos que señale la Constitución Estadal.



Artículo 18°: Períodos de sesiones. El primer período de las sesiones ordinarias de los Consejos Legislativos de los
Estados, comenzará, sin convocatoria previa, el cinco de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible
y durará hasta el quince de agosto.

El segundo período comenzará el quince de septiembre o el día posterior más inmediato posible y terminará el
quince de diciembre.

Artículo 19°: Sesiones extraordinarias. Los Consejos Legislativos de los Estados, se podrán reunir en sesiones
extraordinarias para tratar las materias expresadas en la convocatoria y las que les fueren conexas. También
podrán considerar las que fueren declaradas de urgencia por la mayoría de sus integrantes.

Sección tercera

De la Junta Directiva

Artículo 20°: Integración. Los Consejos Legislativos Estadales tendrán una Junta Directiva integrada por un
Presidente o Presidenta y un Vicepresidente o Vicepresidenta, la cual será elegida entre los legisladores o
legisladoras presentes al inicio del período constitucional en la sesión de instalación y al inicio de cada período
anual de sesiones ordinarias, por votación pública e individual. Asimismo, nombrarán, fuera de su seno, un
Secretario o Secretaria.

Artículo 21°: Atribuciones de la Junta Directiva. La Junta Directiva del Consejo Legislativo Estadal tendrá las
siguientes atribuciones:

1. Velar por el cumplimiento de la misión y funciones encomendadas al Poder Legislativo Estadal en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución del respectivo estado y la ley.

2. Cuidar de la efectividad del trabajo legislativo.

3. Estimular y facilitar la participación ciudadana de conformidad con la Constitución y las leyes.

4. Dirigir al Consejo Legislativo Estadal hasta tanto se elija la Junta Directiva para el período para el cual fue elegida.

5. Rendir cuenta pública sobre la gestión anual realizada por el Consejo Legislativo Estadal.

6. Garantizar el buen funcionamiento de los servicios de apoyo a la gestión del Consejo Legislativo, sus comisiones
y subcomisiones, para el cumplimiento de sus funciones.

7. Las demás que le sean encomendadas por el Consejo Legislativo Estadal, esta Ley y el Reglamento Interior y de
Debates correspondiente.

Los integrantes de la Junta Directiva cooperarán entre sí en el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de sus
responsabilidades y competencias individuales.

Las decisiones de la Junta Directiva se tomarán, en lo posible, por consenso, los asuntos en que no lo hubiere, serán
resueltos por el Cuerpo en pleno.

Artículo 22°: Atribuciones del Presidente. Son atribuciones del Presidente o Presidenta del Consejo Legislativo
Estadal:

1. Ejercer la representación del Consejo Legislativo Estadal.

2. Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo Legislativo Estadal.

3. Presidir, abrir, prorrogar, suspender y levantar las sesiones.

4. Presidir la Comisión Delegada.



5. Convocar las reuniones de la Junta Directiva.

6. Conducir los debates y las deliberaciones del pleno, conforme al Reglamento Interior y de Debates del Consejo
Legislativo Estadal.

7. Llamar al orden a los miembros del Consejo Legislativo y al público asistente a las sesiones, dictando las medidas
necesarias para conservarlo.

8. Dirigir la administración y el personal del respectivo Consejo Legislativo, y disponer lo relativo a la formulación,
ejecución y control del presupuesto anual del Consejo Legislativo Estadal.

9. Designar los presidentes o presidentas, vicepresidentes o vicepresidentas e integrantes de cada comisión
permanente o especial.

10. Firmar y autorizar la publicación en la Gaceta Oficial del Consejo Legislativo Estadal los reglamentos, acuerdos,
resoluciones, decretos, oficios, comunicaciones y demás documentos que sean sancionados por la Cámara.

11. Responder oportunamente la correspondencia recibida.

12. Solicitar a los órganos del Poder Público y a todas las autoridades la cooperación y los informes necesarios para
el cumplimiento de las funciones del Consejo Legislativo Estadal.

13. Rendir cuenta pública, al finalizar cada período anual, de la gestión realizada por el Consejo Legislativo Estadal
en el ejercicio de sus funciones.

14. Coordinar y garantizar el buen funcionamiento de las comisiones del Consejo Legislativo Estadal.

15. Ejercer las demás que le sean encomendadas por el Consejo Legislativo Estadal, la Constitución, la Asamblea
Nacional, esta Ley y el Reglamento Interior y de Debates del Consejo Legislativo Estadal.

Artículo 23°: Atribuciones del Vicepresidente. El Vicepresidente o Vicepresidenta auxiliará al Presidente de la Junta
Directiva en el desempeño de sus funciones y lo suplirá en sus ausencias.

Sección cuarta

De la Secretaría

Artículo 24°: Servicio de Secretaría. La Secretaría garantizará apoyo eficaz y eficiente a las funciones del Consejo
Legislativo Estadal y de los legisladores y legisladoras, y estará a cargo del Secretario o Secretaria, bajo la dirección
del Presidente o Presidenta.

Artículo 25°: Del Secretario. El Secretario o Secretaria durará en el ejercicio de su cargo el mismo período de la
Junta Directiva del Consejo Legislativo Estadal, y podrá ser reelegido o reelegida para períodos sucesivos. También
podrá ser removido o removida cuando por mayoría así lo decidan los legisladores y legisladoras presentes.

Las faltas temporales del Secretario o Secretaria serán suplidas por un funcionario designado a tal efecto por el
Cuerpo en pleno.

Artículo 26°: Atribuciones del Secretario. Son atribuciones del Secretario o Secretaria del Consejo Legislativo
Estadal:

1. Distribuir oportunamente a los legisladores y legisladoras, la cuenta y el orden del día.

2. Comprobar al inicio de cada sesión y, en su caso, previo a las votaciones, la existencia del quórum requerido.

3. Llevar el control de asistencia de los legisladores y legisladoras a las sesiones del Consejo Legislativo Estadal.



4. Llevar al día el Libro de Actas de sesiones del Consejo Legislativo Estadal y los demás libros de registro necesarios,
expedientes y documentos del Consejo Legislativo.

5. Custodiar el archivo y los sellos del Consejo Legislativo Estadal y garantizar su eficiente organización.

6. Formar el expediente contentivo de todo proyecto de ley o acuerdo admitido por la plenaria.

7. Verificar la exactitud y autenticidad de los textos de las leyes aprobadas, acuerdos y demás actos del Consejo
Legislativo Estadal, así como de todas las publicaciones que éste ordene.

8. Cuidar la integración y publicación del Diario de Debates y de cualquier otra publicación que se ordene.

9. Proveer todo cuanto sea necesario para el mejor desarrollo de las sesiones del Consejo Legislativo.

10. Recoger y computar las votaciones y comunicar al Presidente de la Junta Directiva sus resultados.

11. Colaborar con los demás servicios del Consejo Legislativo Estadal.

12. Las demás que les confiera esta Ley y el Reglamento Interior y de Debates del Consejo Legislativo.

Capítulo IV

Del Funcionamiento de los Consejos Legislativos de los Estados

Sección primera

De las comisiones

Artículo 27°: Formas de funcionamiento. Los Consejos Legislativos de los Estados funcionarán en pleno o en
comisiones permanentes y especiales las cuales se regirán por lo previsto en esta Ley y en sus reglamentos internos.

Artículo 28°: Comisiones permanentes. Los Consejos Legislativos Estadales contarán con comisiones permanentes
referidas a los sectores de la actividad estadal y cumplirán las funciones de organizar y promover la participación
ciudadana; estudiar la materia legislativa a ser discutida en las sesiones; realizar investigaciones; ejercer controles;
estudiar, promover, elaborar y evacuar proyectos de acuerdos, resoluciones, solicitudes y demás materias en el
ámbito de su competencia, que por acuerdo de sus miembros sean consideradas procedentes, y aquellas que le
fueren encomendadas por el Consejo Legislativo Estadal, la Comisión Delegada, los ciudadanos o ciudadanas y las
organizaciones de la sociedad en los términos que establece la Constitución y la ley.

Los legisladores y legisladoras suplentes también podrán participar con derecho a voz o como asesores o asesoras
ad honorem de las comisiones previa notificación del Presidente.

Artículo 29°: Número de comisiones permanentes. Las comisiones permanentes no podrán ser más de siete (7) en
aquellos Consejos Legislativos Estadales constituidos entre once (11) y quince (15) legisladores o legisladoras, ni
más de cuatro (4) en aquellos Consejos que tengan menos de once (11) legisladores o legisladoras, y estarán
integradas por un mínimo de tres (3) legisladores o legisladoras, uno de los cuales fungirá como Presidente.

Artículo 30°: Creación y supresión de comisiones permanentes. El respectivo Consejo Legislativo Estadal, podrá
crear o suprimir comisiones permanentes con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes.

El Reglamento Interior y de Debates de cada Consejo Legislativo Estadal establecerá la denominación y objeto de
cada comisión permanente.

Artículo 31°: Comisiones especiales. Los Consejos Legislativos de los Estados podrán crear comisiones especiales
con carácter temporal para investigación y estudio, cuando así lo requiera el tratamiento de alguna materia. El
objeto de dichas comisiones no podrá colidir con la materia de estudio de las comisiones permanentes, y estarán



integradas por un máximo de tres (3) legisladores o legisladoras quienes no podrán durar más de treinta (30) días
en sus funciones salvo que sea prorrogado por el Cuerpo en pleno

Sección segunda

De los grupos parlamentarios de opinión

Artículo 32°: Grupos parlamentarios de opinión. Los legisladores o legisladoras de los Consejos Legislativos
Estadales podrán integrarse en grupos parlamentarios de opinión a fin de orientar, disciplinar y unificar criterios
de sus integrantes en relación con el trabajo parlamentario.

Sección tercera

De la Comisión Delegada

Artículo 33°: Comisión Delegada. Durante el receso de los Consejos funcionará la Comisión Delegada integrada por
el Presidente o Presidenta del respectivo Consejo Legislativo Estadal, quien la presidirá y un número no mayor de
cuatro (4) de sus integrantes, quienes representarán en lo posible la composición política del Cuerpo en pleno.

Artículo 34°: Atribuciones de la Comisión Delegada. Son atribuciones de la Comisión Delegada:

1. Convocar al Consejo Legislativo a sesiones extraordinarias, cuando así lo exija la importancia de algún asunto.

2. Autorizar al Gobernador o a la Gobernadora de los estados para salir del espacio geográfico del respectivo
estado por más de cinco (5) días.

3. Autorizar al gobierno estadal para decretar créditos adicionales y traslados de partidas de conformidad con la ley.

4. Designar comisiones especiales integradas por los miembros del Consejo Legislativo.

5. Ejercer las funciones de investigación atribuidas a los Consejos.

6. Autorizar al Ejecutivo Estadal por el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes para crear,
modificar o suspender servicios públicos en caso de emergencia comprobada.

7. Las demás que establezcan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución del
respectivo estado y la ley.

Capítulo V

De la Formación de las Leyes

Artículo 35°: Función legislativa. Los Consejos Legislativos Estadales podrán dictar leyes, acuerdos y reglamentos.

Artículo 36°: Ley estadal. La Ley Estadal es el acto legislativo de efectos generales, sancionado por el Consejo
Legislativo como cuerpo legislador.

Artículo 37°: Proceso de formación de leyes. El proceso de formación, discusión y aprobación de las leyes, se
regulará por lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo previsto en el
Reglamento Interior y de Debates de cada Consejo Legislativo Estadal. En ningún caso podrán ser aprobadas leyes
que no hayan sido sometidas a un mínimo de dos (2) discusiones.

Artículo 38°: Iniciativa de leyes. La iniciativa para la formación de las leyes corresponde:

1. A los legisladores de los Consejos Legislativos, en números no menor de dos (2).

2. A la Comisión Delegada o a las Comisiones Permanentes.



3. Al Gobernador del estado.

4. A los concejos municipales.

5. A un número no menor del uno por mil de los electores residentes en el territorio del respectivo estado que
reúnan los requisitos establecidos en la ley electoral respectiva.

Artículo 39°: Consulta a los municipios y la sociedad civil. Cuando se legisle en materias relativas a los municipios y
a la sociedad civil, los mismos serán consultados por el Consejo Legislativo del Estado a través de los mecanismos
que establezca la ley.

Artículo 40°: Acuerdos. Los actos legislativos de naturaleza no normativa dictados por el Consejo Legislativo se
denominaran acuerdos, recibirán una sola discusión, y se notificarán de conformidad con la ley. Serán publicados
en la Gaceta Oficial del Estado cuando se trate de asuntos relacionados con el patrimonio estadal.

Capítulo VI

Del ejercicio de la función de control

Artículo 41°: Mecanismos de control. Los Consejos Legislativos de los Estados podrán ejercer su función de control
legislativo, mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las
autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en la Constitución del estado respectivo y en la ley.

Asimismo, en ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios y
solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad.

Artículo 42°: Obligación de comparecencia. Los Consejos Legislativos de los Estados o sus comisiones podrán
realizar las investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el
Reglamento Interior y de Debates.

Todos los funcionarios o funcionarias públicos estadales están obligados u obligadas, bajo las sanciones que
establezca la ley, a comparecer ante el respectivo Consejo Legislativo o sus comisiones y a suministrarle las
informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.

Esta obligación comprende también a los particulares; quedando a salvo los derechos y garantías que consagra la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 43°: Invitaciones a funcionarios públicos nacionales. A los efectos de las investigaciones que se adelanten,
los funcionarios responsables de las delegaciones regionales de los organismos de la Administración Pública
Nacional, están obligados en las materias de su competencia, a comparecer cuando le sea requerido por los
Consejos Legislativos de los Estados.

Artículo 44°: Colaboración de poderes. El ejercicio de la facultad de investigación no afecta las atribuciones de los
demás poderes públicos. Los jueces o juezas estarán obligados u obligadas a evacuar las pruebas para las cuales
reciban comisión de los cuerpos legislativos.

Capítulo VII

Disposiciones finales y transitorias

Artículo 45°: A todo lo no previsto en esta Ley, será aplicable la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, el Reglamento Interior y de Debates de cada uno de los Consejos Legislativos, así como la legislación
nacional y estadal, cuando le sea aplicable.

Artículo 46°: Quedan derogadas todas las normas que contraríen la presente Ley



Artículo 47°: Esta Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial de la República

Artículo 48°: Los Consejos Legislativos de los Estados en un término no mayor de un año, contado a partir de la
entrada en vigencia de esta Ley, ajustarán las constituciones de los estados a los términos establecidos en esta Ley
y dispondrán, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo
conducente para la aprobación de dichas constituciones.

Artículo 49°: La previsión y protección social de los legisladores y las legisladoras se regirá por lo establecido en la
ley nacional que rige la materia.

Artículo 50°: La asignación de los recursos presupuestarios establecida en el artículo 13 de esta Ley, entrará en
vigencia para el ejercicio fiscal del año 2002, y para el año 2001 se sujetará al presupuesto existente.

LEY ORGÁNICA DE ADUANAS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1°: Los derechos y obligaciones de carácter aduanero y las relaciones jurídicas derivadas de ellos, se
regirán por las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, así como por las normas de naturaleza aduanera
contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por la República, en las obligaciones
comunitarias y en otros instrumentos jurídicos vigentes, relacionados con la materia.
La Administración Aduanera tendrá por finalidad intervenir, facilitar y controlar la entrada, permanencia y salida
del territorio nacional, de mercancías objeto de tráfico internacional y de los medios de transporte que las
conduzcan, con el propósito de determinar y aplicar el régimen jurídico al cual dichas mercancías estén sometidas,
así como la supervisión de bienes inmuebles cuando razones de interés y control fiscal lo justifiquen.

Artículo 2°: La organización, el funcionamiento, el control y el régimen del servicio aduanero competen al
Presidente de la República, en Consejo de Ministros, al Ministro de Hacienda y al Jefe de la Administración
Aduanera.

Artículo 3°: Corresponde al Presidente de la República, en Consejo de Ministros:
1. Crear y eliminar aduanas, otorgarles carácter de principales o subalternas, habilitarlas y delimitar sus
circunscripciones;
2. Promulgar el Arancel de Aduanas;
3. Crear Zonas, Puertos o Almacenes libres o francos;
4. Reglamentar los almacenes aduaneros (in bond),
5. Fijar las tasas y determinar las cantidades que deban pagar los usuarios de los servicios que preste la
Administración Aduanera, según lo establezca el Reglamento, dentro de los siguientes límites:
a. Entre una unidad tributaria (1 U.T.) y diez unidades tributarias (10 U.T.) por hora o fracción, cuando el
servicio prestado por las aduanas se realice fuera de las horas ordinarias de labor, en días no laborables o
fuera de la zona primaria inmediata de la aduana;
b. Entre dos unidades tributarias (2 U.T.) y cinco unidades tributarias (5 U.T.) por cada consulta de
clasificación arancelaria y valoración de mercancía en aduana. Si la consulta exige análisis de laboratorio,
el límite máximo podrá llegar a trescientas unidades tributarias (300 U.T.) según el costo de los análisis;
c. Entre el cero coma cinco por ciento (0,5 %) y el dos por ciento (2%) del valor en aduanas de las mercancías;
o entre cinco milésimas de unidad tributaria (0,005 U.T.) y una unidad tributaria (1 U.T.) por tonelada o



fracción; o entre una décima de unidad tributaria (0,1 U.T.) y una unidad tributaria (1 U.T.) por documento,
por la determinación del régimen aplicable a las mercancías sometidas a potestad aduanera;
d. Entre cinco milésimas de unidad tributaria (0,005 U.T.) y una décima de unidad tributaria (0,1 U.T.) por
metro cúbico o por tonelada; o entre el uno por ciento (1%) y el cinco por ciento (5%) del valor FOB o CIF de
las mercancías, por el depósito o permanencia de éstas en los almacenes, patios u otras dependencias
adscritas a las aduanas;
e. Entre una décima de unidad tributaria (0,1 U.T.) y cinco unidades tributarias (5 U.T.) por hora o fracción,
por uso del sistema informático de la Administración Aduanera;
f. Entre tres unidades tributarias (3 U.T.) y doce unidades tributarias (12 U.T.) por hora o fracción, por el uso
de medios, mecanismos o sistemas automatizados para la detección y verificación de documentos o de
mercancías.
6. Aumentar hasta el límite máximo previsto en esta Ley y rebajar o suprimir los gravámenes de importación,
exportación o tránsito, para todas o algunas de las mercancías originarias, procedentes o destinadas a
determinado país, países o personas;
7. Gravar hasta el límite máximo previsto en esta Ley a todas o algunas de las mercancías originarias,
procedentes o destinadas a determinado país, países o personas, cuando aquéllas estén calificadas como de
importación, exportación o tránsito no gravado;
8. Establecer, modificar o suprimir recargos o impuestos adicionales a los gravámenes arancelarios previstos para
la importación, exportación o tránsito de las mercancías señalando los supuestos de hecho que den lugar a su
aplicación, conforme a las disposiciones previstas en el Reglamento;
9. Crear zonas de vigilancia aduanera y delimitar su ámbito geográfico;
10. Establecer, restablecer, modificar o suprimir en el marco de tratados, acuerdos o convenios internacionales,
salvaguardias a la importación de mercancías. Cuando la decisión de salvaguardia imponga la aplicación de
gravámenes, el mismo no podrá exceder del límite establecido en el artículo 84 de esta Ley. El Reglamento
establecerá los procedimientos sobre el particular;
11. Ejercer las demás facultades establecidas en esta Ley, su Reglamento u otras disposiciones legales vigentes
sobre la materia.
12. Implementar y reglamentar un Régimen Aduanero Especial para el intercambio comercial terrestre y fluvial
internacional realizado en los estados fronterizos.
13. Establecer, mediante Reglamento las causales de suspensión de las autorizaciones para actuar como Agente
de Aduanas;
Parágrafo Primero: Las tasas previstas en el numeral 5 del presente artículo se enterarán al Fisco Nacional, previa
deducción del cincuenta por ciento (50%), el cual será destinado a cubrir las necesidades del servicio aduanero,
debiendo liquidarse en planilla separada. A tales fines, se abrirán las cuentas donde será depositado el producto de
esta deducción. El Reglamento establecerá el procedimiento y los mecanismos necesarios para la administración
de dicho porcentaje. Esta tasa no podrá ser utilizada para cubrir remuneraciones a funcionarios.
Parágrafo Segundo: La Administración Aduanera podrá prestar los respectivos servicios por sí o a través de un
concesionario.

Artículo 4°: Corresponde al Ministro de Hacienda:
1. Ejercer la máxima autoridad sobre los funcionarios de la Administración Aduanera, incluso los del Resguardo
Aduanero Nacional;
2. Organizar, los servicios de control, fiscalización y resguardo de la Administración Aduanera;
3. Elaborar, proponer y dictar, las normas de carácter aduanero en lo que se refiere a esta Ley, su Reglamento, el
Arancel de Aduanas, el Valor en Aduanas de las mercancías, liberaciones de gravámenes arancelarios,
exoneraciones, equipaje de pasajeros, operaciones aduaneras, origen de las mercancías y demás obligaciones
comunitarias y cualesquiera otros aspectos que afecten directamente la actividad;



4. Participar en el tratamiento y determinación de las políticas relativas al comercio exterior, en cuanto afecten
directamente la actividad aduanera, sin menoscabo, de las facultades que en este mismo sentido,
correspondan al Jefe de la Administración Aduanera;
5. Intervenir en las decisiones relativas a Acuerdos, Tratados o Convenios Internacionales sobre comercio,
integración económica, transporte, comunicación, sanidad, substancias estupefacientes y psicotrópicas,
seguridad y otros, así como la administración de los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por la
República, y demás obligaciones comunitarias, cuando afecten directamente la actividad aduanera;
6. Celebrar convenios con los servicios aduaneros de otros países o con entidades internacionales, sobre
prevención, persecución y represión del contrabando y otros ilícitos aduaneros a fin de facilitar, complementar,
armonizar, simplificar y perfeccionar los controles aduaneros;
7. Requerir las informaciones que necesite la Administración Aduanera en forma directa, a los funcionarios de la
República acreditados en el exterior;
8. Establecer, regímenes especiales en determinadas aduanas o secciones del territorio aduanero nacional, sea
respecto de todas o algunas de las mercancías, operaciones aduaneras, transportistas, unidades de transporte,
destinatarios y usuarios;
9. Establecer, restablecer, modificar o suprimir, temporal o permanentemente, por Resolución y previa
aprobación del Consejo de Ministros, los códigos, numerales, descripciones, notas, régimen legal, restricciones,
registros u otros requisitos y tarifas del arancel de aduanas, dentro de los límites establecidos en esta Ley, para
las mercancías de importación, exportación o tránsito, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 3 de este
artículo. Dicha Resolución deberá publicarse en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, sin que se
requiera la transcripción íntegra del Arancel;
10. Establecer precios mínimos de referencia basados en los estudios de mercado referidos a precios
internacionales y en casos excepcionales precios oficiales para las mercancías de importación, exportación o
tránsito, a los fines del cálculo de los gravámenes ad valorem, conforme a las normas que señale el
Reglamento.
11. Suspender temporalmente la importación, exportación o tránsito de determinados productos;
12. Fijar, suspender o eliminar las restricciones, registros u otros requisitos a la importación, exportación o
tránsito de mercancías en general. Esta facultad podrá ser aplicada respecto de todas o algunas de las
mercancías originarias, procedentes o destinadas a determinado país, países o personas, en concordancia con
lo establecido en el numeral 9 de este artículo;
13. Suscribir, debidamente autorizado por el Presidente de la República, convenios, modus vivendi o acuerdos
entre Venezuela y otros países, que afecten las operaciones aduaneras;
14. Establecer estímulos a la exportación mediante la liberación, anulación, reintegro o devolución, remisión de
gravámenes, restricciones y otras obligaciones de carácter aduanero, mediante regímenes de reposición, de
depósito aduanero y, en general, de estímulos a la referida operación;
15. Eximir total o parcialmente de gravámenes, restricciones, registros u otros requisitos, el ingreso o la salida
temporal o definitiva de mercancías destinadas a socorro en ocasión de catástrofes;
16. Inhabilitar temporalmente cualquier aduana cuando concurran circunstancias que así lo justifiquen, en lo
referente a los actos y operaciones que se determinen en la Resolución que dicte al efecto;
17. Autorizar que las actividades y operaciones aduaneras se efectúen en sitios distintos de los establecidos bajo el
control de la aduana competente;
18. Dictar las normas para que la información relativa a las operaciones aduaneras y a la actividad financiera
generada por ella sea asentada en libros, registros, documentos o cuentas bancarias especiales;
19. Autorizar a la Administración Aduanera para que el registro, intercambio y procesamiento de los datos,
documentos y actos inherentes a las operaciones y actividades aduaneras se efectúe mediante procesos
electrónicos u otros medios de comunicación sustitutivos del papel, en todas o algunas aduanas, los cuales
tendrán la debida fuerza probatoria. El Reglamento establecerá las normas complementarias de dicho registro,
intercambio y procesamiento.
20. Suscribir convenios con particulares relacionados con el uso de medios, mecanismos y sistemas automatizados
para la detección y verificación de documentos o de mercancías;



21. Ejercer las demás facultades establecidas en esta Ley, su normativa reglamentaria y demás disposiciones
legales.

Artículo 5°: Corresponde al Jefe de la Administración Aduanera:
1. Dirigir y supervisar la actuación de las aduanas del país;
2. Planificar, ejecutar, coordinar, organizar y programar el control, la inspección, fiscalización y resguardo en
materia aduanera; requerir informaciones a organismos o personas públicas o privadas y seguir los
procedimientos e investigaciones a que haya lugar, sin perjuicio de facultades similares que correspondan a
otras dependencias;
3. Aplicar las normas de carácter aduanero en lo que se refiere a esta Ley, su Reglamento, el Arancel de Aduanas,
el Valor de las Mercancías, medidas o cláusulas de salvaguardias, liberación y suspensión de gravámenes,
operaciones aduaneras, Origen de las Mercancías, y a los auxiliares de la administración, resguardo, inspección,
fiscalización y control;
4. Participar en el tratamiento y determinación de las políticas relativas a comercio exterior, transporte
internacional, salvaguardias, propiedad intelectual, medidas sobre agricultura, substancias estupefacientes y
psicotrópicas y otras en cuanto afecten directamente la potestad aduanera;
5. Solicitar en forma directa a los funcionarios de la República acreditados en el exterior la información que
requiera la Administración Aduanera;
6. Reintegrar o devolver total o parcialmente el monto de los impuestos arancelarios que hubieren sido
cancelados, cuando se trate de mercancías destinadas a la elaboración o terminación en el país de productos
que luego sean exportados, o en el caso de mercancías nacionalizadas que por circunstancias especiales
debidamente comprobadas deban salir definitivamente del país;
7. Ordenar los estudios, experticias y análisis que sean requeridos por los servicios aduaneros;
8. Autorizar la enajenación o disposición de mercancías y sus envases o embalajes, importados con
desgravámenes, liberación o suspensión del pago de gravámenes arancelarios;
9. Autorizar que las actividades y operaciones aduaneras se efectúen en sitios distintos de los establecidos bajo el
control de la aduana competente;
10. Conceder, cuando concurran circunstancias que lo justifiquen, la autorización para reexportar mercancías bajo
promesa de anulación o reintegro del monto de los impuestos aduaneros causados y, si fuere procedente, de
las penas pecuniarias si fuere el caso, siempre que dichas mercancías se encuentren aún bajo potestad
aduanera, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29;
11. Diseñar y aplicar los sistemas y medios informáticos a los fines de obtener la máxima eficacia, celeridad y
transparencia de los sistemas y procedimientos que utiliza el servicio aduanero;
12. Divulgar, por cualquier medio, las informaciones que la Administración Aduanera obtenga de los
contribuyentes;
13. Planificar, dirigir y ejecutar con la colaboración y asistencia de otros organismos, las medidas relativas a la
prevención, persecución y represión del contrabando y de las infracciones aduaneras;
14. Elaborar y aplicar los manuales organizacionales y de procedimiento que requiera el servicio aduanero;
15. Autorizar a laboratorios especializados la realización de los exámenes requeridos para evacuar las consultas;
16. Autorizar en los términos que establezca el Reglamento, la enajenación para fines distintos o por una persona
diferente al beneficiario de mercancías y sus envases o embalajes, importados con liberación o suspensión del
pago de gravámenes arancelarios. Esta autorización no será exigible cuando las mercancías hayan sido
destinadas por el beneficiario al fin que tomó en cuenta el Ejecutivo Nacional para conceder la liberación, ni en
este último caso para la enajenación o disposición de los envases, embalajes, subproductos, residuos,
desperdicios, desechos, y, en general, remanentes de la mercancía objeto de la liberación;
17. Ejercer las demás facultades establecidas en esta Ley y su Reglamento.

Artículo 6°: La potestad aduanera es la facultad de las autoridades competentes para intervenir sobre los bienes a
que se refiere el artículo 7°, autorizar o impedir su desaduanamiento, ejercer los privilegios fiscales, determinar los



tributos exigibles, aplicar las sanciones procedentes y en general, ejercer los controles previstos en la legislación
aduanera nacional.

Artículo 7°: Se someterán a la potestad aduanera:
1. Toda mercancía que vaya a ser introducida o extraída del territorio nacional;
2. Los bienes que formen parte del equipaje de pasajeros y tripulantes;
3. Los vehículos o medios de transporte, comprendidos sus aparejos, repuestos, provisiones de a bordo,
accesorios e implementos de navegación y movilización de carga o de personas, que sean objeto de tráfico
internacional o que conduzcan las mercancías y bienes; así como las mercancías que dichos vehículos o medios
contengan, sea cual fuere su naturaleza;
4. Las mercancías, medios de transporte y demás efectos cuando sean objeto de tráfico interno en aguas
territoriales o interiores, espacio aéreo nacional y zona de vigilancia aduanera, áreas especiales de control, de
almacenes generales de depósito, depósitos aduaneros o almacenes libres de impuestos.
Parágrafo Único: Se excluyen de la potestad aduanera los vehículos y transporte de guerra y los que expresamente
determine el Ministro de Hacienda, excepto cuando realicen operaciones de tráfico internacional o nacional de
mercancías y pasajeros.

Artículo 8°: A los fines señalados en el artículo 6°, la autoridad aduanera respectiva, en cumplimiento de sus
funciones podrá ingresar a los almacenes, patios, oficinas, vehículos y demás lugares privados o públicos, sujetos a
la potestad aduanera, sin necesidad de autorización especial.

Artículo 9°: Las mercancías que ingresen a la zona primaria, no podrán ser retiradas de ella sino, mediante el pago
de los impuestos, tasas, penas pecuniarias y demás cantidades legalmente exigibles y el cumplimiento de otros
requisitos a que pudieran estar sometidas. Quedan a salvo las excepciones establecidas en esta Ley y en leyes
especiales. El Ministerio de Hacienda podrá autorizar que el retiro de las mercancías se efectúe sin haber sido
cancelada la planilla de liquidación definitiva mediante garantía que cubra el monto de la liquidación provisional
que deberá formularse al efecto.

Artículo 10: El Fisco Nacional tendrá privilegio preferente a cualquier otro, sobre los bienes a que se refiere el
artículo 7° de esta Ley, para exigir el pago de los impuestos tasas, intereses moratorios, penas pecuniarias y otros
derechos o cantidades que se originen en virtud de lo establecido en ella. Dichos bienes no podrán ser objeto de
medidas judiciales preventivas o ejecutivas mientras no hayan sido cumplidos los requisitos y pagado o
garantizado el crédito fiscal correspondiente.

Artículo 11: Cuando las mercancías hubieren sido retiradas de la zona aduanera, sin que se hubieren satisfecho
todos los requisitos establecidos en la Ley o las condiciones a que quedó sometida su introducción o extracción o
no se hubiere pagado el crédito fiscal respectivo, el Fisco Nacional podrá perseguirlas y aprehenderlas.

Artículo 12: Cuando exista demora en el pago de las cantidades líquidas y exigibles causadas con motivo del paso
de mercancías a través de las aduanas, éstas podrán retener las demás que hayan llegado a nombre del mismo
destinatario o consignatario, hasta que el pago se efectúe, sin perjuicio de los demás privilegios y acciones a que
haya lugar de la aplicación de los derechos de almacenaje y causales de abandono respectivo. En estos casos, no se
dará curso a escritos de designación de consignatarios presentados por el deudor.
El Reglamento determinará la manera de hacer efectiva la presente disposición por todas las aduanas del país.

TÍTULO II
DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS
CAPÍTULO I
DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

Artículo 13: Todo vehículo que practique operaciones de tráfico internacional, terrestre, marítimo y aéreo, deberá
contar con un representante domiciliado en el lugar del país donde vayan a efectuarse dichas operaciones, quién



constituirá garantía permanente y suficiente a favor del Fisco Nacional, para cubrir las obligaciones en que puedan
incurrir los porteadores, derivadas de la aplicación de esta ley, de las cuales será responsable solidario. Los
representantes de varias empresas de vehículos podrán prestar una sola garantía para todas aquellas líneas que
representen.
Para los vehículos de transporte terrestre, fluvial, lacustre, ferroviario y otros que determine el Ministerio de
Hacienda, se aplicarán las normas especiales que este último podrá señalar al respecto.
Parágrafo Único: El Reglamento establecerá el tratamiento aduanero aplicable a los bienes establecidos en el
numeral 3 del artículo 7° de esta Ley, sin perjuicio de la aplicación de los Convenios y Tratados Internacionales
sobre la materia.

Artículo 14: Los vehículos destinados a territorio nacional deberán arribar a una aduana habilitada para las
operaciones aduaneras que vayan a realizar. De la misma manera, los vehículos que hayan tomado carga de
exportación o de tránsito en dicho territorio deberán partir de una aduana habilitada. En ambos casos, quedan a
salvo las excepciones que pueda establecer el Ministerio de Hacienda, el cual podrá dictar las normas especiales de
carácter fiscal para aquellos vehículos que vayan a permanecer en el país en condiciones de transitoriedad.
Cuando los vehículos sean objeto directo de una operación de tráfico internacional, su matriculación o
desmatriculación ante el organismo competente quedará condicionada al cumplimiento previo de las obligaciones
aduaneras exigibles y a su exclusión de la potestad aduanera. La violación de esta disposición configurará
contrabando en los términos previstos en esta Ley.
El Reglamento determinará las formalidades que deberán cumplirse con ocasión del tráfico de vehículos a que se
refiere el presente artículo.

Artículo 15: Las operaciones aduaneras relativas al transporte multimodal, carga consolidada y mensajería
internacional deberán realizarse en los lugares y rutas habilitados para ello. El Reglamento determinará las
formalidades relativas a la documentación y las respectivas responsabilidades de los transportistas o de las
empresas especializadas, así como las demás normas relativas a los sistemas indicados, en lo que se refiere a los
controles aduaneros.

Artículo 16: Sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales, los vehículos que arriben al territorio aduanero
nacional, así como los que deban partir de él, serán objeto de requisa y despacho por parte de las autoridades
aduaneras en los casos y bajo las formalidades que indique el Reglamento.

Artículo 17: El Reglamento deberá establecer las normas especiales de control aplicables a la circulación o depósito
de vehículos y mercancías en zonas inmediatas o adyacentes a la frontera o a territorios sometidos a régimen
aduanero especial.

Artículo 18: El Reglamento determinará las formalidades relativas a los documentos, plazos y requisitos que
deberán presentarse con ocasión del tráfico de vehículos a que se refiere el presente Capítulo.

CAPÍTULO II
DE LAS OPERACIONES ADUANERAS

Artículo 19: La recepción de los cargamentos y de su documentación, cuando corresponda a la autoridad
aduanera, se efectuará en base a los procedimientos internos establecidos para las aduanas por el Ministerio
de Hacienda, conforme a las normas que señale el Reglamento.
Cuando la recepción corresponda a un organismo público o privado distinto a la aduana, los cargamentos deberán
ser puestos a la orden de la autoridad aduanera en las condiciones que señale el Reglamento. La aplicación del
régimen jurídico correspondiente a los cargamentos y a su desaduanamiento serán competencia exclusiva de la
autoridad aduanera.

Artículo 20: Los representantes legales de las empresas porteadoras deberán registrar en la oficina aduanera
correspondiente, los manifiestos de carga a más tardar en la fecha de llegada o salida del vehículo. Podrán,
consignarlos igualmente, antes de la llegada del mismo.
Los demás operadores de transporte deberán registrar en la Oficina Aduanera correspondiente los manifiestos de
carga a más tardar el día hábil posterior a la fecha de llegada del vehículo.



Artículo 21: Las mercancías sólo podrán ser embarcadas, desembarcadas o transbordadas en la zona primaria
aduanera y en los lugares, horas y días que se señalen como hábiles o que sean habilitados a tales fines, a solicitud
de los interesados.

Artículo 22: Las mercancías deberán ser entregadas por los porteadores a los responsables de los recintos,
almacenes o depósitos aduaneros autorizados, públicos, privados o ante quien acredite debidamente ser el
propietario o representante autorizado del consignatario, a más tardar al siguiente día hábil de su descarga, con
especificación precisa de los bultos faltantes y sobrantes, los cuales deberán ser notificados a la aduana.
En aquéllos terminales acuáticos, aéreos o terrestres, en los cuales existiese más de un recinto, almacén o depósito
aduanero, el documento de transporte podrá indicar el almacén autorizado al cual deberán entregarse las
mercancías, salvo que, la autoridad competente disponga lo contrario.

Artículo 23: Las mercancías deberán permanecer depositadas, mientras se cumple el trámite aduanero respectivo,
en las zonas de almacenamiento previamente señaladas o autorizadas para tal fin, por el organismo competente.
Se exceptúan de esta obligación los efectos que sean descargados o embarcados en forma directa, los que por su
naturaleza o características especiales deban permanecer a la orden de la aduana en otros lugares a juicio de la
autoridad competente, y los que expresamente se señalen por vía reglamentaria.
Cuando se trate de almacenes a cargo de otros entes públicos se aplicarán las disposiciones especiales que regulan
la materia.

Artículo 24: Una vez recibidas las mercancías, el responsable procederá a elaborar una relación detallada de los
bienes efectivamente entregados, con indicación precisa de los elementos de identificación cualitativa y
cuantitativa y del número y fecha del documento de transporte, dicha relación deberá estar concluida y notificada
a la aduana a más tardar el segundo día hábil de recibidas las mercancías.

Artículo 25: Las mercancías se consideran puestas a la orden de la autoridad aduanera, cuando se trate de actos de
introducción, en el momento en que se inicia la descarga del vehículo porteador y, en el caso de actos de extracción,
en la fecha de registro de declaración ante la aduana.

Artículo 26: Las personas que operen recintos, almacenes o depósitos bajo potestad aduanera responderán
directamente ante el Fisco Nacional por el monto de los créditos fiscales que corresponda pagar por las mercancías
perdidas o averiadas y ante los interesados por el valor de las mismas. Se considera que una mercancía se ha
perdido cuando transcurridos tres (3) días hábiles de la fecha en que la autoridad aduanera ha solicitado o
autorizado su examen, entrega, reconocimiento, o cualquier otro propósito, no sea puesto a la orden por los
responsables de su guarda y custodia.
Se considera que una mercancía se ha averiado cuando no se entregue en las mismas condiciones en que fue
recibida por haber experimentado roturas, daños u otras circunstancias semejantes.

Artículo 27: Cuando el documento de transporte no señale el almacén de entrega, las mercancías podrán
permanecer depositadas mientras se cumple el trámite aduanero respectivo y previo el cumplimiento de las
condiciones que indique el Reglamento, en los lugares que señale el proveedor o embarcador, el consignatario,
exportador o remitente, salvo que la autoridad aduanera competente disponga lo contrario o cuando el interesado
no manifieste voluntad alguna al respecto, en cuyo caso permanecerán depositadas en la zona primaria inmediata
de la aduana.

Artículo 28: Los porteadores de mercancías de importación y tránsito están obligados a participar de inmediato a
los consignatarios la llegada de las mercancías. Esta participación podrá revestir la forma de publicación del
sobordo en un diario local o nacional, la exposición pública del mismo en el local de la aduana de la jurisdicción o
en las oficinas del representante legal del transportista o cualquier otra que señale el Reglamento.

Artículo 29: Toda mercancía de importación podrá ser reexportada previa manifestación de voluntad del
consignatario que aún no haya aceptado la consignación o designado otro consignatario. El Reglamento
establecerá las formalidades que al efecto se cumplirán. En estos casos no serán exigibles los impuestos de
importación y penas pecuniarias, pero si las tasas y demás derechos que se hubieren causado, los cuales deberán
ser cancelados antes de la reexportación.



Artículo 30: Las mercancías objeto de operaciones aduaneras deberán ser declaradas a la aduana por quienes
acrediten la cualidad jurídica de consignatario, exportador o remitente, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a su ingreso a las zonas de almacenamiento debidamente autorizadas, según el caso, mediante la
documentación, términos y condiciones que determine el Reglamento.
Quienes hayan declarado las mercancías se considerarán a los efectos de la legislación aduanera, como
propietarios de aquéllas y estarán sujetos a las obligaciones y derechos que se generen con motivo de la operación
aduanera respectiva.
Cuando las mercancías sujetas a una operación aduanera hayan sido objeto de liberación o suspensión de
gravámenes, de licencias, permisos, delegaciones, restricciones, registros u otros requisitos arancelarios, el
consignatario aceptante o exportador o remitente, deberá ser el destinatario o propietario real de aquellas.

Artículo 31: Cuando la declaración de las mercancías se efectúe fuera del plazo que se establezca y las mismas
hayan permanecido bajo la responsabilidad de la Administración Aduanera, el consignatario aceptante pagará el
almacenaje a que hubiere lugar, salvo que el retardo fuere imputable a la Administración Pública. En los casos de
exportación el referido almacenaje se causará en los términos y condiciones que señale el Reglamento.

Artículo 32: Salvo lo dispuesto en el artículo 12, mientras las mercancías no hayan sido declaradas y siempre que
no se encuentren en estado de abandono, el consignatario podrá designar a otra persona para que las declare a la
aduana. Esta designación se efectuará con las formalidades que señale el Reglamento.

Artículo 33: La aceptación de la consignación solamente podrá efectuarse por quien acredite ser el propietario de
las mercancías, conforme a la documentación que señale el Reglamento.
Cuando esta documentación no se encontrare disponible, la aceptación podrá efectuarse por quien figure como
consignatario o por quien haya sido legalmente designado como tal; en este caso, las mercancías no podrán ser
retiradas de la aduana si no es presentada garantía que cubra el valor de aquéllas, incluidos flete y seguro. El
Reglamento determinará las formalidades relativas a esta garantía, así como los plazos y condiciones para su
ejecución o finiquito.
En los casos de mercancías de exportación la propiedad sobre las mercancías se acreditará mediante la
documentación que indique el Reglamento.

Artículo 34: La aceptación de la consignación, declaración de los efectos de exportación y el cumplimiento de los
diversos trámites relacionados con las operaciones aduaneras, deberán efectuarse a través de un agente de
aduanas debidamente autorizado salvo las excepciones que establezca el Reglamento.

Artículo 35: El Agente de Aduanas es la persona autorizada por el Ministerio de Hacienda para actuar ante los
órganos competentes en nombre y por cuenta de aquél que contrata sus servicios, en el trámite de una operación
o actividad aduanera.
Sin menoscabo de las responsabilidades, que según esta Ley correspondan al consignatario aceptante, exportador
o remitente de las mercancías, el agente de aduanas será responsable ante el Fisco Nacional y ante su mandante
por las infracciones cometidas a la normativa aduanera derivadas de su acción u omisión, dolosa o culposa en el
ejercicio de sus funciones.

Artículo 36: La autorización para actuar como agente de aduanas será otorgada a solicitud de parte interesada,
previo cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Ser venezolano;
2. Ser mayor de edad y gozar del pleno ejercicio de sus derechos;
3. Egresado de Universidad o Instituto de Educación Superior, inscrito en el Ministerio de Educación y haber
aprobado estudios vinculados directamente con la materia aduanera. El Reglamento establecerá las
condiciones de homologación;
4. No ser funcionario o empleado público ni militar en ejercicio activo;
5. No haber prestado servicio en la Administración Aduanera durante el año anterior a la solicitud; y



6. No tener parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con los funcionarios que
representen al Fisco Nacional en la respectiva aduana;
7. Haber aprobado concurso de conocimientos, según lo establezca el Reglamento.
8. Cualquier otro requisito que establezca el Reglamento.
La Administración Aduanera evaluará anualmente a las personas autorizadas para actuar como agente de aduanas,
conforme a las normas establecidas en el Reglamento, a fin de verificar que mantienen las mismas condiciones
que dieron lugar a la autorización. De no mantenerse tales condiciones, la autorización será revocada.
Parágrafo Primero: Las personas jurídicas que soliciten autorización para actuar como agente de aduanas, deberán
mantener en su nómina una o más personas naturales autorizadas a la vez, como agente de aduanas, conforme a
las disposiciones anteriores y según lo que disponga el Reglamento.
Parágrafo Segundo: Las personas jurídicas distintas a las previstas en el parágrafo anterior, que deseen actuar en
su propio nombre ante la Administración Aduanera, deberán cumplir con todos los requisitos previstos en este
artículo.
Parágrafo Tercero: El Reglamento establecerá las condiciones y requisitos necesarios a los efectos del
otorgamiento de la autorización.

Artículo 37: En la autorización deberá indicarse las operaciones aduaneras sobre las cuales se podrá actuar;
carácter temporal o permanente, autoridades ante las que podrá gestionar; y cualquier otra circunstancia que
señale el Reglamento.

Artículo 38: La autorización para actuar como agente de aduanas podrá ser revocada definitivamente o suspendida
hasta por un (1) año cuando a juicio del Ministerio de Hacienda concurran circunstancias que lo justifiquen o
cuando haya desaparecido alguna de las condiciones que debieron tomarse en cuenta para otorgarla. En todo caso
deberá oírse previamente al afectado.
El Ministerio de Hacienda llevará un registro de los agentes de aduanas autorizados, en la forma que indique el
Reglamento.

Artículo 39: Cuando las mercancías de exportación deban retornar al territorio aduanero nacional por no haber
encontrado mercado en el exterior o por otras circunstancias especiales debidamente justificadas, no serán
aplicables los requisitos y obligaciones que rigen para la importación de dichas mercancías, previo cumplimiento
de las formalidades que establezca el Reglamento. En estos casos el interesado deberá reintegrar al Fisco Nacional
las cantidades que haya recibido por concepto de estímulo, a cuyos fines la aduana emitirá las planillas de
liquidación correspondientes.

Artículo 40: El Reglamento señalará los tipos de tránsito y las formalidades y requisitos que deben cumplirse con
ocasión de dicha operación.

Artículo 41: No podrán ser objeto de tránsito las mercancías inflamables, explosivos, de importación prohibida, las
que expresamente señale el Ministerio de Hacienda y las indicadas en las Leyes especiales. No obstante, en casos
especiales debidamente justificados el Jefe de la Administración Aduanera podrá autorizar el tránsito de los
efectos indicados tomando las previsiones conforme lo establezca el Reglamento. Si las mercancías de tránsito a
través del Territorio Nacional estuvieren a la vez sometidas a restricciones a la importación, deberá darse
cumplimiento a estas últimas antes del ingreso.

Artículo 42: Las autoridades aduaneras podrán ordenar el reconocimiento de las mercancías de tránsito cuando así
lo estimen necesario, para lo cual se cumplirán las disposiciones a que se refiere esta Ley.

Artículo 43: Las mercancías de tránsito podrán ser nacionalizadas mediante manifestación de voluntad del
consignatario y cumplimiento de las disposiciones a que se refiere esta Ley, que sean aplicables.

Artículo 44: Las mercancías de tránsito que no fuesen nacionalizadas o reexpedidas dentro del plazo que señale el
Reglamento, se consideran legalmente abandonadas.



Artículo 45: Cuando el tránsito se efectúe a través del territorio aduanero nacional, los consignatarios deberán
presentar garantía a fin de asegurar la salida de los efectos hacia su lugar de destino. El Reglamento señalará las
normas relativas a la mencionada garantía.

Artículo 46: Las mercancías de importación, exportación o tránsito podrán ser objeto de transbordo en aduanas
nacionales habilitadas para dichas operaciones, mediante cumplimiento de las disposiciones que señale el
Reglamento.

Artículo 47: La nacionalización de las mercancías de importación o tránsito podrá efectuarse en el lugar de
transbordo, si estuviese habilitado para la importación.

Artículo 48: El Reglamento establecerá las normas y plazos relativos al abandono aduanero, almacenes
dependientes del Ministerio de Hacienda y a la nacionalización de los efectos transbordados.

CAPÍTULO III
DEL RECONOCIMIENTO

Artículo 49: El reconocimiento es el procedimiento mediante el cual se verifica el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el régimen aduanero y demás disposiciones legales a las que se encuentra sometida la
introducción o la extracción de las mercancías declaradas por los interesados, conforme a la documentación
exigida por esta Ley y su Reglamento para la aplicación de ese régimen. El reconocimiento podrá practicarse de
forma selectiva y/o aleatoria.
Parágrafo Primero: El reconocimiento fiscal se podrá realizar aún cuando no exista la declaración de aduanas.
Parágrafo Segundo: El Reglamento establecerá las condiciones, modalidades y elementos para el procedimiento de
reconocimiento y asignación del funcionario.

Artículo 50: Cuando fuere procedente, formarán parte del reconocimiento las actuaciones de verificación de la
existencia y estado físico de los efectos, de la documentación respectiva, de identificación, examen, clasificación
arancelaria, restricciones, registros u otros requisitos arancelarios, determinación del valor en aduana, certificados
de origen, medida, peso y la cuenta de las mercancías, a que hubiere lugar.
Podrá realizarse el reconocimiento documental o físico de la totalidad de los documentos que se presenten ante la
aduana.

Artículo 51: El reconocimiento se efectuará a los fines de su validez, con la asistencia del funcionario competente,
quien tendrá el carácter de Fiscal Nacional de Hacienda.
El procedimiento se desarrollará en condiciones que aseguren su imparcialidad, normalidad y exactitud, debiendo
estar libre de apremios, perturbaciones y coacciones de cualquier naturaleza. El Ministerio de Hacienda podrá,
cuando lo considere conveniente a los servicios aduaneros, a través de resolución, modificar el número de
funcionarios necesarios para efectuar el reconocimiento.

Artículo 52: Concluido el reconocimiento documental y/o físico, según sea el caso, se dejará constancia de las
actuaciones cumplidas, de las objeciones de los interesados, si las hubiere, y de los resultados del procedimiento.
No será necesario levantamiento de acta de reconocimiento cuando no hubieren surgido objeciones en el
procedimiento respectivo, bastando la firma y sello del funcionario competente. En caso de objeciones, el acta
deberá ser suscrita por los comparecientes y uno de sus ejemplares se entregará al interesado al concluir el acto.

Artículo 53: El reconocimiento generará responsabilidad penal, civil y administrativa para los funcionarios
actuantes, cuando la irregularidad sea consecuencia de su acción u omisión dolosa o culposa.

Artículo 54: El jefe de la oficina aduanera podrá ordenar la realización de nuevos reconocimientos cuando lo
considere necesario, o a solicitud del consignatario, conforme a las normas que señale el Reglamento, o cuando se
trate de efectos que presenten condiciones de peligrosidad, que amenacen la integridad de otras mercancías,
personas, instalaciones y equipos, que estén sujetos a inmediata descomposición o deterioro, o cuando existan
fundados indicios de alguna incorrección o actuación ilícita.



Artículo 55: El Ministerio de Hacienda podrá autorizar que la determinación del valor y de otros aspectos
inherentes al reconocimiento, se efectúen con posterioridad al retiro de las mercancías de la zona primaria de la
aduana, tomando las medidas necesarias en resguardo de los controles fiscales.

Artículo 56: Cuando el consignatario, exportador o remitente no estuvieren conformes con los resultados del
reconocimiento podrán recurrir de conformidad con lo establecido en el Título VII de esta Ley.

Artículo 57: Se harán exigibles los gravámenes causados aún cuando en el reconocimiento faltaren mercancías o
éstas presenten averías, señales de descomposición, fallas, violaciones, pérdidas y otras irregularidades similares.

Artículo 58: La aduana podrá ordenar la realización del reconocimiento, aún sin haber sido aceptada la
consignación o declaradas las mercancías y conforme a las normas que señale el Reglamento, cuando se trate de
efectos que presenten condiciones de peligrosidad, que amenacen la integridad de otras mercancías o de las
personas, instalaciones y equipos, o las que estén sujetas a inmediata descomposición o deterioro.

CAPÍTULO IV
DE LA LIQUIDACIÓN, PAGO Y RETIRO

Artículo 59: El Jefe de la Administración Aduanera competente deberá disponer, conforme a las normas que
establezca el Reglamento y para todas o algunas aduanas, que la liquidación de los gravámenes y demás derechos
causados con ocasión de la introducción o extracción de las mercancías haya sido efectuada por el consignatario
exportador o exportador para el momento de la aceptación o declaración de estas últimas. En estos casos podrá,
igualmente, exigirse que para el mismo momento dichos gravámenes y derechos se encuentren cancelados o
garantizados.

Artículo 60: Las planillas de liquidación emitidas por la oficina aduanera únicamente podrán ser devueltas en caso
de errores materiales, de hecho o de cálculo.

Artículo 61: Los créditos del Fisco Nacional que surjan con motivo de las operaciones y actos a que se refiere esta
Ley, prescribirán a los cinco (5) años, contados a partir de la fecha en la cual se hicieron exigibles. Los créditos del
contribuyente contra el Fisco Nacional con motivo de las referidas operaciones y actos, prescribirán a los dos (2)
años contados a partir de la fecha de la operación o acto que dio lugar al crédito. El Ministerio de Hacienda podrá,
de oficio, declarar la prescripción cuando las gestiones de cobro hayan sido totalmente infructuosas.

Artículo 62: Cuando las mercancías hayan permanecido bajo responsabilidad de la aduana, la demora en el retiro
de los efectos por causa imputable al consignatario o exportador dará lugar al cobro de la tasa de almacenaje
prevista en el literal d) del numeral 5, del artículo 3° de esta Ley.

CAPÍTULO V
DEL ABANDONO Y DEL REMATE ADUANERO

Artículo 63: El abandono y el remate aduanero de las mercancías, se regirá por las disposiciones de este Capítulo,
sin perjuicio de las facultades legales otorgadas al respecto, a otros entes públicos. El abandono aduanero de las
mercancías podrá ser voluntario o legal.

Artículo 64: El abandono voluntario es la manifestación escrita e irrevocable formulada a la aduana por el
consignatario, exportador o remitente, con el objeto de renunciar en favor del Fisco Nacional a su derecho sobre
las mercancías. Esta manifestación se efectuará dentro del plazo que señala el Reglamento.

Artículo 65: El abandono voluntario se podrá producir mientras no haya habido declaración de las mercancías y
liberará al consignatario o exportador del cumplimiento de las obligaciones causadas en aplicación de esta Ley, por
las mercancías objeto del abandono.
En virtud del abandono voluntario, las mercancías serán adjudicadas al Fisco Nacional, el cual podrá disponer de
ellas en la forma que estime conveniente, asumiendo, quien las haya abandonado, las responsabilidades para con
terceros derivados de la importación de las mismas.



Artículo 66: El abandono legal se producirá cuando el consignatario, exportador o remitente no haya aceptado la
consignación o cuando no haya declarado o retirado las mercancías, según el caso, dentro de los treinta (30) días
continuos a partir del vencimiento del plazo a que se refiere el artículo 30 o a partir de la fecha de reconocimiento.
El Ejecutivo Nacional podrá modificar este lapso mediante decreto.
Cuando las mercancías se encuentren bajo régimen de almacén o depósito aduanero, el abandono legal se
producirá al vencerse el plazo máximo de permanencia bajo tal régimen, según el procedimiento previsto en el
presente Capítulo.

Artículo 67: Las mercancías legalmente abandonadas deberán ser rematadas por el Ministerio de Hacienda a
través del órgano competente, dentro de los plazos y conforme al procedimiento que señale el Reglamento. La
base mínima de las posturas será el valor en aduanas de las mercancías determinado en la fecha del
reconocimiento con deducción de un diez por ciento (10%). Si en el acto de remate no surgieren posturas las
mercancías serán adjudicadas al Fisco Nacional.
Parágrafo Único: No serán objeto de remate y se adjudicarán al Fisco Nacional, las mercancías abandonadas que
estén afectadas por prohibiciones, reservas y otras restricciones y requisitos arancelarios y legales salvo que
existan postores que cuenten con la posibilidad de realizar lícitamente la operación aduanera.

Artículo 68: Las mercancías no podrán ser rematadas sin que se haya efectuado su reconocimiento.

Artículo 69: Los remates serán realizados por las aduanas mediante ofertas bajo sobre cerrado o a través de
cualquier otro procedimiento que señale el Reglamento

Artículo 70: Cuando el producto del remate no alcance para cubrir los créditos fiscales, el deudor, si lo hubiere,
quedará obligado a cancelar la diferencia. Si el producto del remate excede los créditos fiscales más sus costos, la
diferencia podrá ser reclamada por quien demuestre ser el propietario de los efectos, antes de su adjudicación.

Artículo 71: Cuando las mercancías abandonadas sean de evidente necesidad o interés social, el Ministerio de
Hacienda, previa decisión motivada, ordenará que la adjudicación se haga en favor del Fisco Nacional, oponiendo el
monto de su crédito. El Reglamento dictará las medidas complementarias a la presente disposición.

CAPÍTULO VI
DEL CABOTAJE

Artículo 72: El tráfico marítimo, fluvial, lacustre y aéreo de mercancías y equipajes nacionales o nacionalizados,
entre diversos lugares del territorio del país, solamente podrá efectuarse en vehículos de matrícula nacional, salvo
que el Ministerio de Hacienda disponga lo contrario, de acuerdo con el procedimiento que señale el Reglamento.

Artículo 73: Los vehículos que realicen operaciones de tráfico exterior no podrán dedicarse al cabotaje y los
dedicados a este último no podrán realizar aquellas operaciones. No obstante, en casos excepcionales el Ministerio
de Hacienda podrá autorizar lo contrario, dando preferencia a los vehículos de matrícula nacional.

Artículo 74: El Ministerio de Hacienda podrá autorizar con carácter permanente y por lapsos que no excedan de un
(1) año, que los vehículos de cabotaje puedan tocar en lugares extranjeros, a cuyo fin establecerá las condiciones
que estime convenientes en resguardo de los intereses fiscales. Cuando el cabotaje se efectúe en lugares del
territorio nacional sometidos a regímenes fiscales especiales en materia aduanera, el Ministerio de Hacienda
tomará las previsiones necesarias en resguardo de los intereses fiscales.

Artículo 75: Se considerarán como cabotajes las operaciones realizadas por vehículos de matrícula nacional en
aguas internacionales, salvo que realicen o hayan realizado operaciones en aguas territoriales extranjeras. En estos
casos, los productos de la pesca y de las demás actividades realizadas por dichos vehículos serán considerados
como nacionales.

Artículo 76: Los vehículos deportivos y de recreo que realicen el tráfico a que se refiere el artículo 73 de esta Ley,
quedan sometidos a las normas de este Capítulo. Las autoridades de los lugares particulares donde realicen las
respectivas operaciones quedan sujetas a las responsabilidades que establece esta Ley por las irregularidades
debidas a su acción u omisión dolosa o culposa.



Artículo 77: El Reglamento establecerá los lapsos para el abandono legal de los efectos de cabotaje, los respectivos
derechos de almacenaje, así como las demás condiciones y requisitos complementarios a las normas que
anteceden.

CAPÍTULO VII
DE LOS ACCIDENTES DE NAVEGACIÓN

Artículo 78: En los casos de arribada forzosa, imposibilidad para continuar navegando y naufragio, debidamente
justificados, no se aplicarán las disposiciones de esta Ley y su Reglamento, relativas a la llegada de vehículos
procedentes del exterior y a la documentación que debe amparar a los cargamentos, los cuales podrán ser
nacionalizados, a solicitud de quien tuviere cualidad para ello, previa declaración, reconocimiento y cumplimiento
de las demás obligaciones aduaneras aplicables.

Artículo 79: En los casos a que se refiere el artículo anterior, tanto el vehículo como sus despojos, cargamento y
demás efectos podrán ser despachados al exterior a solicitud de quien tuviese cualidad para ello, dentro del plazo
que señala el Reglamento, sin necesidad de otras formalidades o restricciones. Una vez vencido el referido plazo,
los bienes mencionados, caerán en estado de abandono.
En estos casos, serán exigibles al solicitante las cantidades correspondientes a los servicios prestados.

Artículo 80: Si el accidente de navegación ocurriere en un lugar no habilitado, la autoridad aduanera de la
jurisdicción tomará de inmediato las medidas necesarias en resguardo de los intereses fiscales y del ejercicio de la
potestad aduanera.

Artículo 81: El Reglamento señalará las formalidades, restricciones y demás aspectos relacionados con la materia a
que se refiere este Capítulo, sin perjuicio de lo que establezcan disposiciones especiales.

TÍTULO III
DEL ARANCEL DE ADUANAS
Artículo 82: La importación, exportación y tránsito de mercancías estarán sujetas al pago del impuesto que
autoriza esta Ley, en los términos por ella previstos.

Artículo 83: La tarifa aplicable para la determinación del impuesto aduanero será fijada en el Arancel de Aduanas.
En dicho Arancel, las mercancías objeto de operaciones aduaneras quedarán clasificadas así: gravadas, no gravadas,
prohibidas, reservadas y sometidas a otras restricciones, registros u otros requisitos. La calificación de las
mercancías dentro de la clasificación señalada solamente podrá realizarse a través del Arancel de Aduanas, siendo
absolutamente nula la calificación que no cumpla con esta formalidad.
Parágrafo Único: Cuando el Ejecutivo Nacional de acuerdo con sus facultades y dentro de los límites previstos en
esta Ley, establezca, modifique o suprima un impuesto, tasa, recargo u otra cantidad, estos regirán a partir del
vencimiento del término previo a su aplicación que al efecto deberá fijar. Si no lo estableciera, se aplicará vencidos
los sesenta (60) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela.

Artículo 84: El impuesto a que se refiere el artículo anterior, podrá ser de tipo "ad valorem", específico o mixto y
estará comprendido dentro de los siguientes límites:
- Entre un centésimo por ciento (0,01%) y el quinientos por ciento (500%) del valor de aduana de las mercancías.
- Entre una millonésima (0,000001) de Unidades Tributarias y diez (10) Unidades Tributarias por unidades del
sistema métrico decimal.

Artículo 85: El Reglamento determinará los elementos constitutivos, el alcance, las formas, medios y sistemas que
deben ser utilizados para la verificación y fijación de la base imponible de los impuestos previstos en el Arancel de
Aduanas.



Artículo 86: Las mercancías causarán los impuestos establecidos en el artículo 84, a la fecha de su llegada a la zona
primaria de cualquier aduana nacional habilitada para la respectiva operación y estarán sometidas al régimen
aduanero vigente para esa fecha.
Cuando se trate de exportación de mercancías a ser reconocidas fuera de la zona primaria de la aduana, se aplicará
el impuesto y el régimen aduanero vigente para la fecha de registro de la declaración presentada a la aduana.
En caso de zonas, puertos o almacenes libres o francos, o almacenes aduaneros (in bond), cuando las mercancías
vayan a ser destinadas a uso o consumo en el territorio aduanero nacional, se aplicará el impuesto y el régimen
aduanero vigente para la fecha del registro de la declaración formulada ante la aduana del respectivo manifiesto.

TÍTULO IV
MEDIDAS EN ADUANAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
Artículo 87: Las autoridades aduaneras deberán, a solicitud del órgano competente en materia de propiedad
intelectual, impedir el desaduanamiento de bienes que presuntamente violen derechos de propiedad intelectual
obtenidos en el país o derivados de acuerdos internacionales de los que la República sea parte.
El órgano competente en materia de propiedad Intelectual podrá solicitar a la autoridad aduanera, mediante acto
motivado, a las autoridades aduaneras el desaduanamiento de la mercancía en cualquier momento, previa
presentación de garantía suficiente para proteger al titular del derecho en cualquier caso de infracción, la cual
deberá ser fijada por el órgano competente.
Las autoridades aduaneras notificarán al propietario, importador o consignatario de la mercancía cuestionada, la
retención de la misma.

Artículo 88: Las autoridades aduaneras, conjuntamente con las oficinas competentes en materia de propiedad
intelectual, establecerán servicios de información que permitan el cumplimiento de las anteriores disposiciones.

TÍTULO V
DE LOS REGÍMENES DE LIBERACIÓN Y SUSPENSIÓN
CAPÍTULO I
DE LAS LIBERACIONES DE GRAVÁMENES

Artículo 89: Están exentos del pago de gravámenes aduaneros los efectos pertenecientes al Presidente de la
República. Las exenciones de gravámenes, impuestos o contribuciones en general y las de gravámenes aduaneros,
que puedan estar previstas en las leyes especiales, se regirán por estas últimas y por las normas que al efecto
señala el artículo siguiente.
Las mercancías que ingresen a zonas, puertos, almacenes libres o francos, o almacenes aduaneros (in bond)
estarán exentas de impuestos de importación. Sólo podrán ingresar bajo este régimen las mercancías que hayan
cumplido previamente con la obtención de los permisos, certificados y registros establecidos en la legislación
sanitaria agrícola y pecuaria, sustancias estupefacientes y psicotrópicas y productos esenciales, armas y explosivos,
cuando sea procedente.

Artículo 90: Cuando las exenciones se encuentren previstas en leyes especiales, se entenderá que aquéllas
solamente procederán cuando las mercancías se adecuen a los fines específicos previstos en dichas leyes para los
beneficiarios, quienes realizarán el correspondiente trámite ante el Ministerio de Hacienda, a fin de que examine la
procedencia de la exención y sean luego giradas las debidas instrucciones a la aduana correspondiente. En estos
casos se cumplirán los requisitos que prevea el Reglamento.

Artículo 91: El Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Hacienda, podrá conceder exoneración total o
parcial de impuestos aduaneros en los siguientes casos: a) Para los efectos destinados a la Administración Pública
Nacional, Estadal y Municipal, necesarios para el servicio público; b) Para los efectos destinados al uso y consumo
personal y consignados a los funcionarios diplomáticos y consulares o a las misiones acreditadas ante el Gobierno
Nacional, conforme al principio de reciprocidad y a las normas internacionales sobre la materia; c) Para los efectos



usados por los funcionarios del servicio exterior de la República, como representantes del gobierno de Venezuela o
como miembros de una organización internacional o de un órgano establecido conforme a tratados en los cuales
sea parte la República, que traigan, con motivo de su regreso al país por traslado o cese de sus funciones. El
Ministerio de Hacienda, a través del órgano competente, podrá mediante disposiciones de carácter general,
establecer las excepciones correspondientes a este caso, siempre y cuando las circunstancias así lo justifiquen,
salvaguardando los intereses del Fisco Nacional. d) Para los efectos consignados a instituciones religiosas,
destinados directamente al ejercicio del culto respectivo; e) Para los efectos destinados a obras de utilidad pública
y asistencia social, consignados a quienes realizarán dichas obras en casos debidamente justificados; f) Para los
efectos destinados a la industria, la agricultura, la cría, el transporte, la minería, la pesca, la manufactura y en
casos de productos calificados como de primera necesidad. g) En los casos de accidentes de navegación, los
despojos o restos del vehículo si las circunstancias así lo justificaren; h) Los previstos expresamente por la Ley o en
contratos aprobados por el Congreso de la República.
En los supuestos previstos en los literales b) y c) de este artículo, la exoneración podrá ser concedida para los
gravámenes que puedan ser exigibles con motivo de la exportación y tránsito de los efectos de uso y consumo
personal correspondientes.
La exoneración prevista en los literales a), d), e), f) y h) de este artículo no procederá cuando exista producción
nacional suficiente y adecuada, excepto si concurren circunstancias que justifiquen la concesión del beneficio.

Artículo 92: Sin perjuicio de lo establecido en tratados o acuerdos internacionales, la exoneración para los casos
previstos en el artículo anterior podrá comprender a las tasas y otras cantidades contempladas en esta Ley, cuando
concurran circunstancias que así lo justifiquen, salvo lo dispuesto en el último párrafo del referido artículo.

Artículo 93: Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 16 del artículo 5°, las mercancías respecto de las cuales se
haya concedido la exoneración, deberán ser utilizadas exclusivamente por el beneficiario en los fines considerados
para la concesión de la liberación.

Artículo 94: El Reglamento establecerá las normas complementarias a las disposiciones que anteceden.

CAPÍTULO II
DE LAS DESTINACIONES SUSPENSIVAS.

Artículo 95: El Ministerio de Hacienda podrá autorizar la admisión o exportación temporal de mercancías con fines
determinados y a condición de que sean luego reexpedidas o reintroducidas, según el caso, dentro del término que
Dichas mercancías deberán ser susceptibles de individualización o identificación, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo siguiente.

Artículo 96: Las mercancías a que se refiere el artículo anterior podrán ser objeto de transformación, combinación,
mezcla, rehabilitación, reparación o cualquier otro tipo de perfeccionamiento, salvo disposición en contrario y bajo
las condiciones que señale el Ministerio de Hacienda. Si se tratare de mercancías exportadas temporalmente, su
reintroducción estará sujeta a las obligaciones ordinarias de importación que sean aplicables en lo que respecta al
valor agregado en el exterior por perfeccionamiento pasivo.
El Ministerio de Hacienda podrá, cuando las circunstancias así lo justifiquen, exigir la cancelación de los derechos
correspondientes a la depreciación sufrida entre la fecha del ingreso y la de reexportación de determinadas
mercancías de admisión temporal.

Artículo 97: Los impuestos aduaneros que correspondan a las mercancías referidas en este Capítulo, serán
garantizados para responder de su reexportación o reimportación dentro del plazo señalado. Las tasas y otros
derechos previstos en esta Ley deberán ser cancelados, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 90 y 92. En los
casos de exportaciones temporales la garantía a que se refiere este artículo podrá cubrir hasta el doble del valor de
las mercancías, si la exportación ordinaria de las mismas se encontrare sometida a restricciones de cualquier
naturaleza, sin perjuicio de la sanción prevista para el caso en esta Ley.

Artículo 98: No podrán ser objeto de admisión temporal las mercancías de importación prohibida o reservada a la
República, salvo que en este último caso, tengan autorización del organismo competente. Si dichas mercancías se



encontraren sujetas a otras restricciones, éstas deberán ser cumplidas, salvo excepción otorgada por el organismo
competente si fuere el caso.

Artículo 99: Las mercancías a que se refiere este Capítulo quedarán sometidas a los requisitos y formalidades
previstas en esta ley que fueren aplicables. Cuando las mercancías de admisión temporal vayan a ser
nacionalizadas, se cumplirán las respectivas formalidades, pudiendo en estos casos aplicarse las liberaciones de
gravámenes procedentes. Cuando se trate de mercancías exportadas temporalmente, podrá autorizarse su
permanencia definitiva en el exterior con liberación de la garantía prestada, en casos justificados y bajo las
condiciones que establezca el Ejecutivo Nacional.
Si ocurriesen averías, pérdidas o destrucción de las mercancías, como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor,
podrá liberarse la garantía prestada, bajo las condiciones que establezca el Ministerio de Hacienda.

Artículo 100: Podrá autorizarse el ingreso al país, bajo tratamiento de régimen temporal, de mercancías idénticas o
similares que hayan sustituido a las exportadas bajo dicho régimen, en los casos y bajo las condiciones que señale
el Reglamento.

Artículo 101: El Reglamento establecerá las normas complementarias a las disposiciones de este Capítulo y
señalará los plazos dentro de los cuales deberá producirse la reimportación o salida de los efectos. Estos plazos
podrán ser prorrogados por una sola vez y por un período que no podrá exceder del plazo originalmente otorgado.

CAPÍTULO III
DEL EQUIPAJE DE LOS PASAJEROS Y TRIPULANTES

Artículo 102: Serán aplicables a las operaciones aduaneras que se realicen sobre efectos que formen parte del
equipaje de los pasajeros y tripulantes, sean o no considerados como tal, las disposiciones que rigen para la
importación, exportación o tránsito ordinarios, salvo disposición en contrario de esta Ley y su Reglamento. El
régimen de equipaje aplicable a pasajeros que ingresen al resto del territorio aduanero desde zonas, puertos o
almacenes libres o francos, será determinado por el Reglamento.

Artículo 103: El Reglamento determinará las mercancías que podrán ser consideradas como equipajes ; las
formalidades que regirán para su importación, exportación y tránsito ; las liberaciones de gravámenes y
restricciones a que tendrán derecho sus propietarios de acuerdo a la naturaleza de los efectos o a la condición de
los pasajeros y tripulantes ; los lapsos para su abandono legal ; los derechos de almacenaje que causará su
permanencia en la zona primaria de la aduana cuando corresponda, el término para su arribo a esta última y los
demás requisitos y formalidades aplicables al caso.
Las liberaciones de gravámenes aplicables al equipaje podrán comprender, conforme lo establezca el Reglamento
la totalidad o parte de los gravámenes ordinarios.

TÍTULO VI
DEL ILÍCITO ADUANERO
CAPÍTULO I
DEL CONTRABANDO

Artículo 104: Incurre en contrabando y será penado con prisión de dos a cuatro años quien, mediante actos u
omisiones, eluda o intente eludir la intervención de las autoridades aduaneras en la introducción de mercancías al
territorio nacional o en la extracción de las mismas de dicho territorio. Igual pena se aplicará en los supuestos
siguientes: a) La conducción, tenencia, depósito o circulación de mercancías extranjeras, si no se comprueba su
legal introducción o su adquisición mediante lícito comercio en el país. b) El ocultamiento de las mercancías en
cualquier forma que dificulte o impida el descubrimiento de los bienes en el reconocimiento. c) El transporte o
permanencia de mercancías extranjeras en vehículos de cabotaje no autorizados para el tráfico mixto y la de
mercancías nacionales o nacionalizadas en el mismo tipo de vehículos, sin haberse cumplido los requisitos legales
del caso. d) La circulación por rutas o lugares distintos de los autorizados, de mercancías extranjeras no
nacionalizadas, salvo caso fortuito o fuerza mayor. e) La rotura no autorizada de precintos, sellos, marcas, puertas,
envases y otros medios de seguridad de mercancías cuyos trámites aduaneros no hayan sido perfeccionados, o que



no estén destinados al país, salvo caso fortuito o fuerza mayor. f) El despacho o entrega de mercancías sin
autorización de la aduana, en contravención a lo dispuesto en el artículo 26 de esta Ley. g) La descarga o embarque
de mercancías en general, de suministros, repuestos, provisiones de a bordo, combustible, lubricantes y otras
destinadas al uso o consumo a bordo de los vehículos de transporte, sin el cumplimiento de las formalidades
legales. h) El transbordo de mercancías extranjeras efectuado sin el cumplimiento de las formalidades legales. i) El
abandono de las mercancías en lugares contiguos o cercanos a las fronteras, al mar territorial o en dependencias
federales, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Artículo 105: Con la misma pena, aumentada de un tercio a la mitad, se castigará: a) La desviación, consumo,
disposición o sustitución de mercancías sin autorización y las cuales se encuentren sometidas o en proceso de
sometimiento a un régimen de almacén o de depósito aduanero. b) La conducción de mercancías extranjeras en
buque de cualquier nacionalidad en aguas territoriales, sin que estén destinadas al tráfico o comercio legítimo con
Venezuela o alguna otra nación, así como el desembarque de las mismas. c) La apropiación, retención, consumo,
distribución o falla en la entrega a la autoridad aduanera competente por parte de los aprehensores o de los
depositarios de los efectos embargados que, en virtud de esta Ley, deban ser objeto de comiso. d) La introducción
al territorio aduanero de mercancías procedentes de Zonas, Puertos o Almacenes libres o francos, o almacenes
aduaneros (in bond), sin haberse cumplido o violándose los requisitos de la respectiva operación. e) El impedir o
dificultar mediante engaño, ardid o simulación el cabal ejercicio de las facultades otorgadas legalmente a las
aduanas. f) La violación de las obligaciones establecidas en los artículos 7° y 15 de esta Ley. g) La presentación a la
aduana como sustento de la base imponible declarada o como fundamento del valor declarado, de factura
comercial falsa, adulterada, forjada, no emitida por el proveedor o emitida por éste en forma irregular en
connivencia o no con el declarante, a fin de variar las obligaciones fiscales, monetarias o cambiarias derivadas de la
operación aduanera. Igualmente, la presentación a la aduana como sustento del origen declarado, de certificado
falso, adulterado, forjado, no emitido por el órgano o funcionario autorizado, o emitidos por éstos en forma
irregular en connivencia o no con el declarante con el objeto de acceder a un tratamiento preferencial, de evitar la
aplicación de restricción u otra medida a la operación aduanera o en todo caso, defraudar los intereses del Fisco
Nacional. h) La utilización, adulteración, tenencia o preparación irregular de los sellos, troqueles u otros
mecanismos o sistemas informáticos o contables destinados a aparentar el pago o la caución de las cantidades
debidas al Fisco Nacional. i) La presentación de delegación, licencia, permiso, registro u otro requisito o documento
falso, adulterado, forjado, no emitido por el órgano o funcionario autorizado o emitidos por éste en forma irregular,
cuando la introducción o extracción de las mercancías estuviere condicionada a su exigibilidad. j) El respaldo de las
declaraciones aduaneras, solicitudes o recursos, con criterios técnicos de clasificación arancelaria o valoración
aduanera, obtenidos mediante documentos o datos falsos, forjados o referidos a mercancías diferentes. k) La
alteración, sustitución, destrucción, adulteración o forjamiento de declaraciones, actas de reconocimiento, actas
sobre pérdidas o averías, actas de recepción y confrontación de cargamentos, resoluciones, facturas, certificaciones,
formularios, planillas de liquidación o autoliquidación y demás documentos propios de la gestión aduanera. l) La
inclusión en contenedores, en carga consolidada o en envíos a través de empresas de mensajería internacional,
mercancías no declaradas cuya detección en el reconocimiento o en una gestión de control posterior, exija la
descarga total o parcial del contenido declarado. m) La simulación de la operación aduanera de importación,
exportación, tránsito, o de las actividades de admisión, reimportación, reexportación, reexpedición, reintroducción,
transbordo, reembarque o retorno. n) La participación en el contrabando de un funcionario público u obrero al
servicio de la Administración Pública o un auxiliar de la Administración Aduanera o de quien tenga parentesco
hasta el cuarto grado de consanguinidad y hasta el segundo grado de afinidad con los funcionarios de la aduana de
introducción o extracción de las mercancías. o) Cuando las mercancías objeto de contrabando sean prohibidas o
reservadas. p) Cuando el hecho se haya cometido en ocasión de incendio, catástrofe, naufragio o de circunstancias
perturbadoras de la tranquilidad y seguridad públicas.

Artículo 106: Los cómplices y encubridores serán castigados con la misma pena impuesta para los autores y
coautores, rebajada en la mitad a los cómplices y en un tercio a los encubridores.

Artículo 107: Son circunstancias atenuantes del contrabando: entregar voluntariamente no menos del cincuenta
por ciento (50%) del total de los efectos no aprehendidos y facilitar el descubrimiento o la aprehensión de los
efectos objeto del delito.

Artículo 108: Sin perjuicio de la obligación de pagar los derechos exigibles con motivo de la operación aduanera,
las personas incursas en contrabando serán sancionadas, además, de la siguiente manera: a) Con multa
equivalente a dos (2) veces el valor en aduana de las mercancías, cuando ese valor no exceda de veinte unidades
tributarias (20 U.T.). b) Con multa equivalente a tres (3) veces el valor en aduana de las mercancías cuando ese



valor sea superior a veinte unidades tributarias (20 U.T.) y no exceda de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.). c)
Con multa equivalente a cuatro (4) veces el valor en aduana de las mercancías cuando ese valor sea superior a
cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) y no exceda de cien unidades tributarias (100 U.T.). d) Con multa
equivalente a cinco (5) veces el valor en aduana de las mercancías, cuando ese valor sea superior a cien unidades
tributarias (100 U.T.) y no exceda de doscientas cincuenta unidades tributarias (250 U.T.). e) Con multa equivalente
a seis (6) veces el valor en aduana de las mercancías, cuando ese valor sea superior a doscientas cincuenta
unidades tributarias (250 U.T.) y no exceda de quinientas unidades tributarias (500 U.T.). f) Con multa equivalente
a siete (7) veces el valor en aduana de las mercancías, cuando ese valor sea superior a quinientas unidades
tributarias (500 U.T.).
Parágrafo Único: En los casos de mercancías exentas o exoneradas de gravámenes o libres de impuesto de
conformidad con lo previsto en el Arancel de Aduanas, o que estén liberadas en el marco de los tratados, acuerdos
o convenios internacionales ratificados por la República en materia comercial, la multa aplicable será equivalente
al valor en aduana de las mercancías.

Artículo 109: Cuando la operación aduanera relativa a las mercancías objeto de contrabando estuvieren sometidas
a prohibición, reserva, suspensión, restricción, registro sanitario, o cualquier otro requisito arancelario
condicionante de su introducción o extracción, el valor en aduana señalado en el artículo anterior será
incrementado, a los fines del cálculo de la multa, en un cincuenta por ciento (50%).
En el caso de mercancías sujetas a prohibición o reserva, el valor en aduana será incrementado, a los fines del
cálculo de la multa, en un doscientos por ciento (200%).

Artículo 110: Además de la multa prevista en los artículos anteriores, se impondrá también el comiso de los efectos
objeto del contrabando, así como el de los vehículos, semovientes, enseres, utensilios, aparejos y otras mercancías
usadas para cometer, encubrir o disimular el contrabando. Se exceptúan, sin embargo, del comiso: a) Los vehículos
de transporte, cuando su propietario no sea autor, coautor, cómplice o encubridor del contrabando; b) Los
vehículos de transporte cuyo valor no exceda del décuplo del valor en aduana de los efectos del contrabando, en
cuyo caso se aplicará una multa equivalente a dicho décuplo.

Artículo 111: Se impondrán como sanciones accesorias a los responsables del contrabando: 1) Cierre del
establecimiento y suspensión de la autorización para operarlo; 2) Inhabilitación para ocupar cargos públicos o para
prestar servicio a la Administración Pública; 3) Inhabilitación para ejercer actividades de comercio exterior y las
propias de los auxiliares de la Administración Aduanera.
Dichas sanciones serán establecidas por un lapso comprendido entre seis (6) y sesenta (60) meses, según la entidad
del contrabando y la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes.
Cuando resulte responsable del contrabando un funcionario público o un auxiliar de la Administración Aduanera,
la decisión que establezca la responsabilidad dispondrá la revocación inmediata de la autorización respectiva o la
destitución del funcionario, según sea el caso.

Artículo 112: A fin de establecer el valor en aduana de las mercancías objeto del contrabando, serán designados
dos peritos: uno por el jefe de la oficina aduanera de la jurisdicción y otro por el Juez competente. En el peritaje
podrá estar presente o hacerse representar el presunto contraventor, a cuyos fines será notificado del acto en los
términos estipulados en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, todo a objeto de que sean aportadas o
expuestas las observaciones, informaciones u objeciones que estime pertinentes y pueda ejercer los recursos
legales. En caso de discrepancia entre los peritos, el juez decidirá.

Artículo 113: El Juez competente para conocer del delito de contrabando podrá autorizar el uso o disposición de las
mercancías incautadas con motivo de dicho delito, en casos previstos en el Reglamento y mediante preservación
de las pruebas indispensables para la decisión del asunto.

CAPÍTULO II
DE LAS INFRACCIONES ADUANERAS

Artículo 114: Cuando la operación aduanera tuviere por objeto mercancías sometidas a prohibición, reserva,
suspensión, restricción arancelaria, registro sanitario, certificado de calidad o cualquier otro requisito, serán
decomisadas, se exigirá al contraventor el pago de los derechos, tasas y demás impuestos que se hubieren causado,
si la autorización, permiso o documento correspondiente, de ser el caso, no fuesen presentados con la declaración.



Artículo 115: El incumplimiento de las obligaciones y condiciones bajo las cuales hubiere sido concedida una
autorización, delegación, permiso, licencia, suspensión o liberación, será sancionado con multa equivalente al
doble de los impuestos de importación legalmente causados, sin perjuicio de la aplicación de la pena de comiso. La
misma sanción se aplicará cuando se infrinja lo previsto en el último párrafo del artículo 30.

Artículo 116: La utilización o disposición de mercancías y sus envases o embalajes, exonerados, liberados o
suspendidos de gravámenes aduaneros, con un fin distinto al considerado para la concesión o por una persona
diferente al beneficiario sin la correspondiente autorización, cuando ella fuere exigible, serán sancionados con
multa equivalente al doble del valor de las mercancías cuya utilización o disposición hayan dado lugar a la
aplicación de la sanción.

Artículo 117: La utilización o disposición de mercancías exentas de gravámenes aduaneros, por otra persona o con
fines distintos a los considerados para la procedencia de la liberación, serán sancionadas con multa equivalente al
doble del valor total de las mercancías, que se impondrá a la persona que autorizó la utilización o disposición.

Artículo 118: La falta de reexportación, o nacionalización legal, dentro del plazo vigente, de mercancías
introducidas bajo el régimen de admisión temporal, o su utilización o destinación para fines diferentes a los
considerados para la concesión del permiso respectivo, serán penados con multa equivalente al valor total de las
mercancías.

Artículo 119: Se aplicará multa del diez por ciento (10%) del valor de las mercancías de exportación cuando su
reconocimiento se haya efectuado en los locales del interesado o para el momento del envasamiento y luego no
sean enviadas a la aduana dentro del lapso establecido para ello, por causa imputable al exportador.

Artículo 120: Las infracciones cometidas con motivo de la declaración de las mercancías en aduanas, serán
sancionadas así, independientemente de la liberación de gravámenes que pueda aplicarse a los efectos:
1. Cuando las mercancías no correspondan a la clasificación arancelaria declarada: Con multa del doble de la
diferencia, si resultan impuestos superiores. Si en estos casos las mercancías se encuentran, además,
sometidas a restricciones, registros u otros requisitos, establecidos en el arancel de Aduanas, con multa
equivalente a la cantidad que resulte mayor entre el doble de los impuestos diferenciales y el valor en aduanas
de las mercancías. Si se tratare de efectos de exportación o tránsito no gravados, pero sometidos a
restricciones, registros u otros requisitos, establecidos en el Arancel de Aduanas, la multa será equivalente al
valor en Aduana de las mercancías. Si resultan impuestos inferiores, con multa de una unidad tributaria (1
U.T.) a cinco unidades tributarias (5 U.T.). Si en estos casos las mercancías resultaren sometidas a restricciones,
registros u otros requisitos establecidos en el arancel de aduanas, con multa equivalente a su valor en aduana.
2. Cuando el valor declarado no corresponda al valor en aduana de las mercancías: Con multa del doble de los
impuestos y la tasa aduanera diferencial que se hubieren causado, si el valor resultante del reconocimiento o
de una actuación de control posterior fuere superior al declarado. Con multa equivalente a la diferencia entre
el valor resultante del reconocimiento o de una actuación de control posterior y el declarado, si el valor
declarado fuere superior a aquel.
3. Cuando las mercancías no correspondan a las unidades del sistema métrico decimal declaradas: Con multa del
doble de los gravámenes aduaneros diferenciales que se hubieren causado, si el resultado del reconocimiento
o de una actuación de control posterior fuere superior a lo declarado. Con multa de una unidad tributaria (1
U.T.) a cinco unidades tributarias (5 U.T.), si el resultado del reconocimiento o de una actuación de control
posterior fuere inferior a lo declarado. En los casos de diferencia de peso, las multas referidas solamente serán
procedentes cuando entre el resultado y lo declarado, exista una diferencia superior al tres por ciento (3%), en
cuyo caso la sanción a imponer abarcará la totalidad de la diferencia.
4. Cuando un embarque contenga mercancías no declaradas, con multa igual al triple de los gravámenes
aduaneros aplicables a dichas mercancías. Si los efectos no declarados resultaren sometidos a restricciones,
registros u otros requisitos establecidos en el Arancel de Aduanas, con multa adicional equivalente al valor en
aduana de dichos efectos. Sin perjuicio de la aplicabilidad de la pena de comiso.
5. Cuando las declaraciones relativas a marcas, cantidad, especie, naturaleza, origen y procedencia, fueren falsas
o incorrectas, con multa equivalente al doble del perjuicio fiscal que dichas declaraciones hubieren podido
ocasionar. Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal a) de este artículo, la presente multa será procedente en los
casos de mala declaración de tarifas.



6. Cuando la declaración de aduanas no sea presentada dentro del plazo establecido, con multa de cinco
unidades tributarias (5 U.T.).

Artículo 121: Las infracciones cometidas por los auxiliares de la Administración Aduanera: transportistas,
consolidadores, porteadores, depositarios, almacenistas, agente de aduanas, mensajeros internacionales, serán
sancionadas de la siguiente manera:
1. Cuando no entreguen oportunamente a la aduana alguno de los documentos exigidos en esta Ley o su
Reglamento con multa de cinco unidades tributarias (5 U.T.) a cincuenta unidades tributarias (50 U.T.).
2. Cuando obstaculicen o no realicen la carga o descarga en la debida oportunidad, por causas que les sean
imputables, con multa de cinco unidades tributarias (5 U.T.) a cincuenta unidades tributarias (50 U.T.).
3. Cuando descarguen bultos de más o de menos, respecto de los anotados en la respectiva documentación, que
no fueren declarados a la aduana dentro del término que señale el Reglamento, con multa equivalente a cinco
unidades tributarias (5 U.T.) por cada kilogramo bruto en exceso o faltante. La misma sanción será aplicable al
depositario o almacenista que no declare oportunamente a la aduana los bultos sobrantes o faltantes en la
entrega.
4. Cuando no hubiere sido participada al consignatario la llegada de los cargamentos, en las condiciones
señaladas por el Reglamento, con multa de cinco unidades tributarias (5 U.T.).
5. Si se trata de vehículos de cabotaje que por cualquier circunstancia justificada, hayan tocado en el extranjero,
sin participación a la autoridad aduanera, con multa de cinco unidades tributarias (5 U.T.) por cada kilogramo
de peso bruto de mercancías embarcadas en dicho lugar, excluidas las provisiones de a bordo y el lastre.
6. Cuando impidan o retrasen el ejercicio de la potestad aduanera, con multa equivalente entre cien unidades
tributarias (100 U.T.) y mil unidades tributarias (1.000 U.T.).

Artículo 122: Serán sancionados con multa de cien unidades tributarias (100 U.T.) a mil unidades tributarias (1.000
U.T.), las infracciones cometidas con motivo de la utilización del sistema informático por parte de los operadores
aduaneros, en los casos siguientes:
1. Cuando accedan sin la autorización correspondiente a los sistemas informáticos utilizados por el servicio
aduanero.
2. Cuando se apoderen, copien, destruyan, inutilicen, alteren, faciliten, transfieran o tengan en su poder, sin la
autorización del servicio aduanero cualquier programa de computación y sus programas de datos, utilizados
por el servicio aduanero, siempre que hayan sido declarados de uso restringido por esta última.
3. Cuando dañen los componentes materiales o físicos de los aparatos, las máquinas o los accesorios que apoyen
el funcionamiento de los sistemas informáticos diseñados para las operaciones del servicio aduanero, con la
finalidad de entorpecerlas u obtener beneficio para sí u otra persona.
4. Cuando faciliten el uso del código y la clave de acceso asignados para ingresar en los sistemas informáticos.

Artículo 123: Los vehículos que arriben al país y no cuenten con el representante legal exigido por esta Ley, no
podrán practicar ninguna operación o actividad hasta tanto no cumplan dicho requisito.

Artículo 124: Salvo disposición en contrario, la aplicación de cualquiera de las sanciones a que se refiere este Título
no excluirá la de otras previstas en esta ley o en leyes especiales.

Artículo 125: Cuando un mismo hecho diere lugar a la aplicación de diversas multas, sólo se aplicará la mayor de
ellas, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones previstas en leyes especiales.

Artículo 126: Si las mercancías decomisables no pudieren ser aprehendidas, se aplicará al contraventor multa
equivalente al valor en aduana de aquellas.

Artículo 127: Para la aplicación de las sanciones comprendidas entre un mínimo y un máximo, la autoridad
competente considerará la entidad de la carga, la reincidencia, las circunstancias concurrentes y demás factores de
juicio que determinen la gravedad del caso.



Artículo 128: Salvo disposición en contrario, para la aplicación de las multas previstas en esta Ley, que dependan
del monto de los impuestos aduaneros, se tendrá en cuenta lo señalado en el Arancel de Aduanas, más los recargos
que fueren exigibles.

Artículo 129: En los casos de contrabando corresponderá a la autoridad judicial competente la imposición de las
penas a que hubiere lugar.

Artículo 130: Corresponde al jefe de la oficina aduanera respectiva, la aplicación de las sanciones previstas en esta
Ley, no atribuidas a otras autoridades judiciales o administrativas. Corresponde a los funcionarios competentes del
servicio aduanero, según lo establezca el Reglamento, la aplicación de las sanciones a los consignatarios,
aceptantes, exportadores, remitentes, transportistas, consolidadores, porteadores, depositarios y mensajeros
internacionales y otros auxiliares de la Administración Aduanera, así como la fijación de la cuantía cuando aquellas
se encuentren comprendidas entre un límite mínimo y otro máximo. Asimismo, podrá autorizar la entrega de las
mercancías sobre las cuales se ha impuesto multa por concepto de infracciones aduaneras, cuando las mismas
sean objeto de recursos administrativos, previa cancelación o garantía del monto correspondiente a los derechos
de importación, tasa por servicios de aduana y demás impuestos y recargos adicionales.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108, cuando la mercancía sea de operación prohibida, reservada,
sometidas a otras restricciones, registros u otros requisitos arancelarios deberá procederse al comiso de la misma y
no podrá aceptarse fianza o garantía de ningún tipo para su entrega.

TÍTULO VII
DE LOS RECURSOS
Artículo 131: De toda decisión se oirá recurso jerárquico por ante el Ministro de Hacienda. La interposición del
recurso no suspenderá los efectos del acto recurrido.

Artículo 132: El recurso jerárquico debe interponerse ante el funcionario que dictó el acto, dentro de los veinticinco
(25) días hábiles siguientes a la notificación del mismo, mediante escrito en el cual el recurrente especificará las
razones de hecho y de derecho en que fundamente su pretensión, pudiendo promover las pruebas que considere
convenientes sin que sean admisibles las de confesión y juramento. Cuando el recurso jerárquico se refiera al
resultado de los reconocimientos, el lapso indicado se contará a partir de la fecha del acta consagrada en el
artículo 51 de esta Ley.

Artículo 133: Cuando el acto recurrido sea de liquidación, contribución o multa, el interesado deberá pagar la
obligación o caucionarla suficientemente, requisito sin el cual no será admisible el recurso. La decisión del
funcionario sobre la inadmisibilidad del recurso podrá ser objeto también del recurso jerárquico a que se refiere
esta Ley. El jefe de la oficina aduanera podrá relevar de la obligación de caucionar cuando las mercancías cuya
importación, exportación o tránsito haya dado lugar a la liquidación recurrida se encuentren bajo potestad
aduanera.

Artículo 134: El recurso debe ser decidido mediante resolución debidamente motivada, dentro de un plazo no
mayor de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de su interposición.

Artículo 135: Las reclamaciones por errores materiales o de cálculo en los actos de liquidación de contribuciones o
de multa se tramitarán y resolverán por la Aduana que los originó, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 62.
Las reclamaciones deberán formularse dentro del término concedido para el pago de las correspondientes planillas,
y en este caso no se requerirá el pago o la constitución de garantía.

Artículo 136: Salvo la corrección de errores materiales o de cálculo, cualquier objeción a actos de liquidación de
contribuciones o multas deberá formularse a través de recurso jerárquico.

Artículo 137: La Administración Aduanera podrá, de oficio o a solicitud del interesado, reconsiderar sus propias
decisiones, cuando se trate de actos revocables.



Artículo 138: Contra la decisión del Ministerio de Hacienda o cuando éste no decidiere dentro de los términos de
Ley, se podrá interponer recurso ante el órgano jurisdiccional competente. Para la interposición de la acción ante el
órgano jurisdiccional competente no es necesario el agotamiento de la vía administrativa.

Artículo 139: En todo lo no previsto en este Título se aplicará supletoriamente la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos y el Código Orgánico Tributario.

Artículo 140: Quien tuviere un interés personal y directo, podrá consultar a la Administración Aduanera sobre la
aplicación de las normas a una situación concreta. A ese efecto, el consultante deberá exponer con claridad y
precisión todos los elementos constitutivos de la misma y podrá expresar así mismo su opinión fundada. La
formulación de la consulta no suspende el transcurso de los plazos, ni exime al consultante del cumplimiento de
sus obligaciones. La Administración Aduanera dispondrá de treinta (30) días hábiles para evacuar dicha consulta.

Artículo 141: No podrá imponerse sanción a los contribuyentes que en la aplicación de la Ley hubieren adoptado el
criterio o la interpretación expresada por la Administración Aduanera, en consulta evacuada sobre el mismo tipo
de asunto.
Tampoco podrá imponerse sanción en aquellos casos en que la Administración Aduanera no hubiere contestado la
consulta que le haya formulado en el plazo fijado, y el consultante hubiere aplicado la interpretación acorde con la
opinión fundada que él mismo haya expresado al formular dicha consulta.
Cuando la Administración Aduanera hubiere emitido opinión a la consulta solicitada, ésta será vinculante para el
consultante.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 142: Cuando esta Ley exija la constitución de garantías éstas podrán revestir la forma de depósitos o de
fianzas. No obstante el Ministerio de Hacienda podrá aceptar o exigir cualquier tipo de garantía, en casos
debidamente justificados.

Artículo 143: Los depósitos deberán efectuarse en una oficina receptora de Fondos Nacionales. Las cantidades
depositadas no ingresarán al Tesoro Nacional hasta tanto no sean directamente imputadas al pago de las
respectivas planillas de liquidación, pero no podrán ser devueltas al depositante sin autorización del jefe de la
oficina aduanera, cuando ello sea procedente.

Artículo 144: Además de los requisitos que establezca el Ministerio de Hacienda mediante resolución, las fianzas
deberán ser otorgadas por empresas de seguros o compañías bancarias establecidas en el país, mediante
documento autenticado y podrán ser permanentes o eventuales. En casos justificados, el Ministro de Hacienda
podrá aceptar que dicha garantía sea otorgada por empresas de comprobada solvencia económica, distintas a las
antes mencionadas.
Cada fianza permanente será otorgada para una sola oficina aduanera y para garantizar un solo tipo de obligación,
salvo en los casos de excepción que establezca el Reglamento de esta Ley.
Las personas naturales o jurídicas y sus representantes legales que tengan el carácter de auxiliares de la
Administración Aduanera deberán prestar garantía, cuando fuere procedente, en los términos y condiciones que
establezca el Reglamento.

Artículo 145: Además de los Agentes de Aduana, son auxiliares de la Administración Aduanera las empresas de
almacenamiento o depósito aduanero, Almacenes Generales de Depósito, Mensajería Internacional, Consolidación
de Carga, Transporte, Verificación de Mercancías, Cabotaje, Laboratorios Habilitados, los cuales deberán estar
inscritos en el registro correspondiente y autorizados para actuar por ante la Administración Aduanera, de
conformidad con las disposiciones establecidas en el Reglamento.

Artículo 146: Los Agentes de Aduanas que para la fecha de la entrada en vigencia de la modificación a esta Ley
hayan sido autorizados e inscritos en el registro correspondiente para actuar como tales, podrán continuar



prestando sus servicios, teniendo un plazo de seis (6) meses para cumplir con el requisito previsto en el numeral 7
del artículo 36 de esta Ley.

Artículo 147: Corresponderá a los reconocedores y al jefe de la oficina aduanera la firma de los documentos que,
conforme a esta Ley y su Reglamento sean resultado de los actos de su competencia.

Artículo 148: Los Fiscales Nacionales de Hacienda, cuando encontraren que se hubiere cometido alguna infracción
a la legislación aduanera nacional, procederán, sin perjuicio de los recursos que acuerda la Ley al contribuyente, de
la siguiente manera:
1. En los casos de contrabando seguirán el procedimiento aplicable que señala la Ley, a fin de que sea
determinada la competencia para conocer el asunto y de que el procedimiento siga su curso legal.
2. Cuando la infracción estuviere sancionada con pena de comiso o multa, o con ambas, las sanciones podrán ser
impuestas por el propio fiscal actuante, siempre que no se trate de contrabando, de acuerdo a las normas que
3. Cuando se hubieren cancelado derechos inferiores a los que fueren exigibles, se formulará el acta respectiva y
se ordenará la liquidación de los derechos diferenciales, sin perjuicio del ejercicio de los privilegios fiscales del
caso.

Artículo 149: El Gerente de Aduana, los Gerentes de las Aduanas Principales y Subalternas, Los Jefes de División, los
Jefes de Áreas y los Jefes de Resguardo Aduanero serán profesionales, graduados universitarios y con estudios
vinculados directamente con la materia aduanera y cumplir con las previsiones del Estatuto Orgánico respectivo.
Parágrafo Único: Se establece un lapso de seis meses a partir de la vigencia de esta Ley a los fines que la
Administración Aduanera se adecue a este requerimiento.

Artículo 150: Los funcionarios que tengan la condición de Fiscales Nacionales de Hacienda podrán ser rotados
luego de prestar sus servicios en la misma aduana por el período, términos y condiciones que establezca el
Reglamento.

Artículo 151: Las actuaciones de los funcionarios de la Administración Aduanera acarrearán responsabilidad penal,
civil y administrativa.

Artículo 152: El jefe de la oficina aduanera será el responsable de la coordinación de la prestación de los servicios
de los entes públicos y privados en la zona primaria de la aduana de su jurisdicción, sin menoscabo del ejercicio de
las facultades otorgadas por la Ley a dichos entes y de la obligación de éstos de coordinar el ejercicio de sus
actividades con el jefe de la oficina aduanera.

Artículo 153: Las funciones de resguardo aduanero estarán a cargo de las Fuerzas Armadas de Cooperación.
El Reglamento establecerá las disposiciones relativas al ejercicio de dichas funciones y a su coordinación con las
autoridades y servicios conexos.

Artículo 154: El Ejecutivo Nacional establecerá para la Administración Aduanera un sistema profesional de
recursos humanos, que incluya normas sobre ingreso, planificación de carrera, clasificación de cargos,
capacitación; sistema de evaluación y de remuneraciones, compensaciones y ascensos; asistencia, traslado,
licencias, normas disciplinarias, cese de funciones y régimen de estabilidad laboral para su personal.
Parágrafo Único: Los funcionarios y empleados de la Administración Aduanera tendrán el carácter de funcionarios
públicos, con los derechos y las obligaciones que le corresponden por tal condición, incluyendo lo relativo a su
seguridad social y se regirán por la Ley de Carrera Administrativa en todo en lo que no se regule por las normas
especiales que sobre el régimen de administración profesional de recursos humanos establezca el Ejecutivo
Nacional. En dichas normas se le deberá consagrar a tal personal, como mínimo, los derechos relativos a preaviso,
prestaciones sociales y vacaciones, establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo.

Artículo 155: Las notas explicativas de la nomenclatura, los criterios de clasificación arancelaria, los criterios, notas,
estudios del valor aduanero y el glosario de términos aduaneros publicados por la Organización Mundial de
Aduanas, tendrán pleno valor legal. Las mismas deberán ser objeto de su publicación oficial en su versión



autorizada en español. Las modificaciones serán igualmente publicadas sin que se requiera la transcripción
completa del texto respectivo.

Artículo 156: La presente Ley podrá ser objeto de varios reglamentos, atendiendo a la naturaleza de las materias en
ella contenidas.

Artículo 157: Esta Ley comenzará a regir a los sesenta (60) días de su publicación en la GACETA OFICIAL DE LA
REPÚBLICA DE VENEZUELA.

Publicada en Gaceta Oficial N° 37.282 de fecha 13 de septiembre de 2001
____________________________________________________________________________________________________
Todas las leyes puestas a disposición en el sitio Web MIPUNTO.COM son transcripciones del texto oficial publicado en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. En cualquier caso, Telcel C.A. no se hace responsable por los errores u
omisiones humanas en los que hubiere podido incurrirse durante el proceso de transcripción, ni por errores que la propia
Gaceta Oficial pudiere presentar, ni por la vigencia de los textos legales transcritos. En la circunstancia de ser requerido el texto
fiel de alguna ley, se recomienda consultar directamente el texto de la Gaceta Oficial indicado en el encabezado de cada ley, o
contactar directamente a la Imprenta Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (San Lázaro a Puente Victoria No. 83,
Parque Carabobo, Caracas-Venezuela. Telf. +58 (212) 572-2321 / +58 (212) 572-0391 / +58 (212) 572-1347)
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