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LOE, TÍTULO II: EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN. Art. 71 a 821
DISCAPACIDAD
NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES (NEE) TRASTORNOS GRAVES DE
CONDUCTA

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE
ALUMNADO CON NECESIDAD
APRENDIZAJE
ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO
ALTA CAPACIDAD INTELECTUAL
(ANEAE)
PROCEDER DE OTROS PAÍSES
INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL
SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL
OTROS MOTIVOS

CONDICIONES PERSONALES O DE
HISTORIA ESCOLAR

FACTORES SOCIALES,
ECONÓMICOS, CULTURALES,
PERSONAS, GRUPOS Y ÁMBITOS
COMPENSACIÓN DE LAS GEOGRÁFICOS, ÉTNICOS O DE
TERRITORIALES EN SITUACIONES
DESIGUALDADES OTRA ÍNDOLE
DESFAVORABLES
ESCUELA RURAL

1
INTERPRETACIÓN: Jesús Rodríguez de Guzmán Romero del H. ASESORÍA DE ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD . CEP VALDEPEÑAS

LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN (BOE 106 de 4 de mayo)

TÍTULO II. EQUIDAD EN LA EDUCACIÓN.

CAPÍTULO I. ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO.

Artículo 71. Principios.
1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el
alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como
los objetivos establecidos con carácter general en la presente Ley.
2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para
que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria,
por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de
aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al
sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos
establecidos con carácter general para todo el alumnado.
3. Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos para
identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas
a las que se refiere el apartado anterior. La atención integral al alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad
sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión.
4. Corresponde a las Administraciones educativas garantizar la escolarización, regular y
asegurar la participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la
escolarización y a los procesos educativos de este alumnado. Igualmente les corresponde
adoptar las medidas oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el adecuado
asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la
educación de sus hijos.
Artículo 72. Recursos.
1. Para alcanzar los fines señalados en el artículo anterior, las Administraciones educativas
dispondrán del profesorado de las especialidades correspondientes y de profesionales
cualificados, así como de los medios y materiales precisos para la adecuada atención a
este alumnado.
2. Corresponde a las Administraciones educativas dotar a los centros de los recursos
necesarios para atender adecuadamente a este alumnado. Los criterios para determinar
estas dotaciones serán los mismos para los centros públicos y privados concertados.
3. Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las adaptaciones y
diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la consecución de
los fines establecidos.
4. Las Administraciones educativas promoverán la formación del profesorado y de otros
profesionales relacionada con el tratamiento del alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
5. Las Administraciones educativas podrán colaborar con otras Administraciones o
entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, instituciones o asociaciones, para facilitar
la escolarización y una mejor incorporación de este alumnado al centro educativo.

SECCIÓN I. ALUMNADO QUE PRESENTA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.

Artículo 73. Ámbito.
Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que
requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados
apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves
de conducta.
Artículo 74. Escolarización.

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1. La escolarización del alumnado que presenta necesidades educativas especiales se regirá
por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la
igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo
introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se
considere necesario. La escolarización de este alumnado en unidades o centros de
educación especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará a cabo
cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a
la diversidad de los centros ordinarios.
2. La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se
realizará, lo más tempranamente posible, por personal con la debida cualificación y en los
términos que determinen las Administraciones educativas.
3. Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los
alumnos en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Dicha
evaluación permitirá proporcionarles la orientación adecuada y modificar el plan de
actuación así como la modalidad de escolarización, de modo que pueda favorecerse,
siempre que sea posible, el acceso del alumnado a un régimen de mayor integración.
4. Corresponde a las Administraciones educativas promover la escolarización en la
educación infantil del alumnado que presente necesidades educativas especiales y
desarrollar programas para su adecuada escolarización en los centros de educación
primaria y secundaria obligatoria.
5. Corresponde asimismo a las Administraciones educativas favorecer que el alumnado con
necesidades educativas especiales pueda continuar su escolarización de manera adecuada
en las enseñanzas postobligatorias, así como adaptar las condiciones de realización de las
pruebas establecidas en esta Ley para aquellas personas con discapacidad que así lo
requieran.
Artículo 75. Integración social y laboral.
1. Con la finalidad de facilitar la integración social y laboral del alumnado con necesidades
educativas especiales que no pueda conseguir los objetivos de la educación obligatoria, las
Administraciones públicas fomentarán ofertas formativas adaptadas a sus necesidades
específicas.
2. Las Administraciones educativas establecerán una reserva de plazas en las enseñanzas
de formación profesional para el alumnado con discapacidad.

SECCIÓN II. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES.

Artículo 76. Ámbito.
Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para
identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus
necesidades. Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación adecuados a dichas
necesidades.
El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las normas para
flexibilizar la duración de cada una de las etapas del sistema educativo para los alumnos
con altas capacidades intelectuales, con independencia de su edad.

SECCIÓN III. ALUMNOS CON INTEGRACIÓN TARDÍA EN EL SISTEMA EDUCATIVO
ESPAÑOL.

1. Corresponde a las Administraciones públicas favorecer la incorporación al sistema
educativo de los alumnos que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se
incorporen de forma tardía al sistema educativo español. Dicha incorporación se
garantizará, en todo caso, en la edad de escolarización obligatoria.

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2. Las Administraciones educativas garantizarán que la escolarización del alumnado que
acceda de forma tardía al sistema educativo español se realice atendiendo a sus
circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo que se pueda
incorporar al curso más adecuado a sus características y conocimientos previos, con los
apoyos oportunos, y de esta forma continuar con aprovechamiento su educación.
Artículo 79. Programas específicos.
1. Corresponde a las Administraciones educativas desarrollar programas específicos para
los alumnos que presenten graves carencias lingüísticas o en sus competencias o
conocimientos básicos, a fin de facilitar su integración en el curso correspondiente.
2. El desarrollo de estos programas será en todo caso simultáneo a la escolarización de los
alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución de su aprendizaje.
3. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas necesarias para que
los padres o tutores del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo
reciban el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades que
comporta la incorporación al sistema educativo español.

CAPÍTULO II. COMPENSACIÓN DE LAS DESIGUALDADES EN EDUCACIÓN.

Artículo 80. Principios.
1. Con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la
educación, las Administraciones públicas desarrollarán acciones de carácter compensatorio
en relación con las personas, grupos y ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones
desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello.
2. Las políticas de educación compensatoria reforzarán la acción del sistema educativo de
forma que se eviten desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales,
geográficos, étnicos o de otra índole.
3. Corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos de
competencia fijar sus objetivos prioritarios de educación compensatoria.
1. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar una actuación preventiva y
compensatoria garantizando las condiciones más favorables para la escolarización, durante
la etapa de educación infantil, de todos los niños cuyas condiciones personales supongan
una desigualdad inicial para acceder a la educación básica y para progresar en los niveles
posteriores.
2. Corresponde a las Administraciones educativas adoptar medidas singulares en aquellos
centros escolares o zonas geográficas en las cuales resulte necesaria una intervención
educativa compensatoria.
3. En la educación primaria, las Administraciones educativas garantizarán a todos los
alumnos un puesto escolar gratuito en su propio municipio o zona de escolarización
establecida.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo I de este mismo título, las Administraciones
educativas dotarán a los centros públicos y privados concertados de los recursos humanos y
materiales necesarios para compensar la situación de los alumnos que tengan especiales
dificultades para alcanzar los objetivos de la educación obligatoria, debido a sus
condiciones sociales.
Artículo 82. Igualdad de oportunidades en el mundo rural.
1. Las Administraciones educativas tendrán en cuenta el carácter particular de la escuela
rural a fin de proporcionar los medios y sistemas organizativos necesarios para atender a
sus necesidades específicas y garantizar la igualdad de oportunidades.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo anterior, en la educación
básica, en aquellas zonas rurales en que se considere aconsejable, se podrá escolarizar a
los niños en un municipio próximo al de su residencia para garantizar la calidad de la

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enseñanza. En este supuesto las Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los
servicios escolares de transporte y, en su caso, comedor e internado.
Artículo 83. Becas y ayudas al estudio.
1. Para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la
educación, los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables tendrán derecho
a obtener becas y ayudas al estudio. En la enseñanza postobligatoria las becas y ayudas al
estudio tendrán en cuenta además el rendimiento escolar de los alumnos.
2. El Estado establecerá, con cargo a sus Presupuestos Generales, un sistema general de
becas y ayudas al estudio, con el fin de que todas las personas, con independencia de su
lugar de residencia, disfruten de las mismas condiciones en el ejercicio del derecho a la
educación.
3. A estos efectos, el Gobierno regulará, con carácter básico, las modalidades y cuantías de
las becas y ayudas al estudio a las que se refiere el apartado anterior, las condiciones
económicas y académicas que hayan de reunir los candidatos, así como los supuestos de
incompatibilidad, revocación, reintegro y cuantos requisitos sean precisos para asegurar la
igualdad en el acceso a las citadas becas y ayudas, sin detrimento de las competencias
normativas y de ejecución de las Comunidades Autónomas.
4. Con el fin de articular un sistema eficaz de verificación y control de las becas y ayudas
concedidas, se establecerán los procedimientos necesarios de información, coordinación y
cooperación entre las diferentes Administraciones educativas.

CAPÍTULO III. ESCOLARIZACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS CONCERTADOS.

Artículo 84. Admisión de alumnos.
1. Las Administraciones educativas regularán la admisión de alumnos en centros públicos y
privados concertados de tal forma que garantice el derecho a la educación, el acceso en
condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres o tutores. En todo
caso, se atenderá a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares de
los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo.
2. Cuando no existan plazas suficientes, el proceso de admisión se regirá por los criterios
prioritarios de existencia de hermanos matriculados en el centro o padres o tutores legales
que trabajen en el mismo, proximidad del domicilio o del lugar de trabajo de alguno de sus
padres o tutores legales, rentas anuales de la unidad familiar, atendiendo a las
especificidades que para su cálculo se aplican a las familias numerosas, y concurrencia de
discapacidad en el alumno o en alguno de sus padres o hermanos, sin que ninguno de ellos
tenga carácter excluyente y sin perjuicio de lo establecido en el apartado 7 de este artículo.
3. En ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
4. Las Administraciones educativas podrán solicitar la colaboración de otras instancias
administrativas para garantizar la autenticidad de los datos que los interesados y los
centros aporten en el proceso de admisión del alumnado.
5. Los centros públicos adscritos a otros centros públicos, que impartan etapas diferentes, se
considerarán centros únicos a efectos de aplicación de los criterios de admisión del
alumnado establecidos en la presente Ley. Asimismo, en los centros públicos que ofrezcan
varias etapas educativas el procedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo de la
que corresponda a la menor edad.
6. Corresponde a las Administraciones educativas establecer el procedimiento y las
condiciones para la adscripción de centros públicos a la que se refiere el apartado anterior,
respetando la posibilidad de libre elección de centro.
7. En los procedimientos de admisión de alumnos en centros públicos que impartan
educación primaria, educación secundaria obligatoria o bachillerato, cuando no existan
plazas suficientes, tendrán prioridad aquellos alumnos que procedan de los centros de
educación infantil, educación primaria o de educación secundaria obligatoria,

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respectivamente, que tengan adscritos. En el caso de los centros privados concertados se
seguirá un procedimiento análogo, siempre que dichas enseñanzas estén concertadas.
8. En los centros privados concertados, que impartan varias etapas educativas, el
procedimiento inicial de admisión se realizará al comienzo de la oferta del curso que sea
objeto de concierto y que corresponda a la menor edad. Este procedimiento se realizará de
acuerdo con lo establecido para los centros públicos.
9. La matriculación de un alumno en un centro público o privado concertado supondrá
respetar su proyecto educativo, sin perjuicio de los derechos reconocidos a los alumnos y a
sus familias en las leyes y lo establecido en el apartado 3 de este artículo.
10. La información de carácter tributario que se precisa para la acreditación de las
condiciones económicas a las que se refieren el artículo 84.2 de esta Ley, será suministrada
directamente a la Administración educativa por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria y por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la
Comunidad Foral de Navarra, a través de medios informáticos o telemáticos, en el marco
de colaboración que se establezca en los términos y con los requisitos a que se refiere la
disposición adicional cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, y las disposiciones que las
desarrollan.
11. En la medida en que a través del indicado marco de colaboración se pueda disponer de
dicha información, no se exigirá a los interesados que aporten individualmente
certificaciones expedidas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por los
órganos mencionados en el apartado anterior, ni la presentación, en original, copia o
certificación, de sus declaraciones tributarias. En estos supuestos, el certificado será
sustituido por declaración responsable del interesado de que cumple las obligaciones
señaladas, así como autorización expresa del mismo para que la Agencia Estatal de
Administración Tributaria o los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del País
Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, suministren la información a la Administración
educativa.
Artículo 85. Condiciones específicas de admisión de alumnos en etapas postobligatorias.
1. Para las enseñanzas de bachillerato, además de a los criterios establecidos en el artículo
anterior, se atenderá al expediente académico de los alumnos.
2. En los procedimientos de admisión de alumnos a los ciclos formativos de grado medio o
de grado superior de formación profesional, cuando no existan plazas suficientes, se
atenderá exclusivamente al expediente académico de los alumnos con independencia de
que éstos procedan del mismo centro o de otro distinto.
3. Aquellos alumnos que cursen simultáneamente enseñanzas regladas de música o danza y
enseñanzas de educación secundaria tendrán prioridad para ser admitidos en los centros
que impartan enseñanzas de educación secundaria que la Administración educativa
determine. El mismo tratamiento se aplicará a los alumnos que sigan programas deportivos
de alto rendimiento.
Artículo 86. Igualdad en la aplicación de las normas de admisión.
1. Las Administraciones educativas garantizarán la igualdad en la aplicación de las normas
de admisión, lo que incluye el establecimiento de las mismas áreas de influencia para los
centros públicos y privados concertados, de un mismo municipio o ámbito territorial.
2. Sin perjuicio de las competencias que le son propias, las Administraciones educativas
podrán constituir comisiones u órganos de garantías de admisión, que deberán en todo
caso, constituirse cuando la demanda de plazas en algún centro educativo del ámbito de
actuación de la comisión supere la oferta. Estas comisiones recibirán de los centros toda la
información y documentación precisa para el ejercicio de estas funciones. Dichas
comisiones supervisarán el proceso de admisión de alumnos, el cumplimiento de las normas
que lo regulan y propondrán a las Administraciones educativas las medidas que estimen
adecuadas. Estas comisiones u órganos estarán integrados por representantes de la
Administración educativa, de la Administración local, de los padres, de los profesores y de
los centros públicos y privados concertados.

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3. Las familias podrán presentar al centro en que deseen escolarizar a sus hijos las
solicitudes de admisión, que, en todo caso, deberán ser tramitadas.
Artículo 87. Equilibrio en la admisión de alumnos.
1. Con el fin de asegurar la calidad educativa para todos, la cohesión social y la igualdad
de oportunidades, las Administraciones garantizarán una adecuada y equilibrada
escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. Para ello,
establecerán la proporción de alumnos de estas características que deban ser escolarizados
en cada uno de los centros públicos y privados concertados y garantizarán los recursos
personales y económicos necesarios a los centros para ofrecer dicho apoyo.
2. Para facilitar la escolarización y garantizar el derecho a la educación del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo las Administraciones educativas podrán reservarle
hasta el final del período de preinscripción y matrícula una parte de las plazas de los
centros públicos y privados concertados. Asimismo, podrán autorizar un incremento de
hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos por aula en los centros públicos y
privados concertados de una misma área de escolarización para atender necesidades
inmediatas de escolarización del alumnado de incorporación tardía.
3. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas de escolarización previstas en
los apartados anteriores atendiendo a las condiciones socioeconómicas y demográficas del
área respectiva, así como a las de índole personal o familiar del alumnado que supongan
una necesidad específica de apoyo educativo.
4. Los centros públicos y privados concertados están obligados a mantener escolarizados a
todos sus alumnos, hasta el final de la enseñanza obligatoria, salvo cambio de centro
producido por voluntad familiar o por aplicación de alguno de los supuestos previstos en la
normativa sobre derechos y deberes de los alumnos.
Artículo 88. Garantías de gratuidad.
1. Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por
motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados
concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter
gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o
asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran
aportación económica, por parte de las familias de los alumnos. En el marco de lo
dispuesto en el artículo 51 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, quedan excluidas de esta categoría las actividades extraescolares,
las complementarias, y los servicios escolares, que, en todo caso, tendrán carácter
voluntario.
2. Las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para
hacer posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter gratuito.

CAPÍTULO IV. PREMIOS, CONCURSOS Y RECONOCIMIENTOS.

Artículo 89. Premios y concursos.
El Ministerio de Educación y Ciencia, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades
Autónomas, podrá establecer, por sí mismo o en colaboración con otras entidades, premios
y concursos de carácter estatal destinados a alumnos, profesores o centros escolares.
Artículo 90. Reconocimientos.
El Ministerio de Educación y Ciencia, así como las Comunidades Autónomas, podrán
reconocer y premiar la labor didáctica o de investigación de profesores y centros,
facilitando la difusión entre los distintos centros escolares de los trabajos o experiencias que
han merecido dicho reconocimiento por su calidad y esfuerzo.

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