La Corte Constitucional declaró inconstitucional la ley del Código Minero pero difirió sus efectos por dos años para permitir que el Congreso realice consultas a las comunidades indígenas. Esto genera incertidumbre para los mineros pero también una oportunidad para revisar aspectos como la protección del medio ambiente y el tipo de minería que se desea. Mientras tanto, proyectos mineros como el de Greystar en Santander tendrán que rediseñarse para no afectar ecosistemas protegidos como los páramos.