Los pasivos ambientales_iconos_pam
- 1. Iconos. Revista de Ciencias Sociales ISSN: 1390-1249 [email protected] Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Ecuador Russi, Daniela; Martinez Alier, Joan Los pasivos ambientales Iconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 15, diciembre, 2002, pp. 123-131 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Quito, Ecuador Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=50901513 Cómo citar el artículo Número completo Más información del artículo Página de la revista en redalyc.org Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
- 2. Daniela Russi y Joan Martinez-Alier* El término “pasivo ambiental” tiene orígenes empresariales: en el balance de ejercicio de una empresa, el pasivo es el conjunto de deu- das y gravámenes que disminuyen su activo. Sin embargo, mientras las deudas financieras están minuciosamente inscritas en el balance, muchas deudas ambientales y sociales no se registran en la contabilidad de las empresas. Si estas entidades fuesen obligadas a conside- rar como costos al conjunto de daños que transfieren a la colectividad, probablemente los daños ambientales producidos se reduci- rían, porque las empresas son hábiles para mi- nimizar los costos si tienen que pagarlos ella mismas. El término “pasivo ambiental” está logran- do una rápida difusión. En América Latina está definiéndose una discusión sobre los pa- sivos ambientales de empresas mineras, quí- micas, petroleras y de otros sectores, a partir de casos concretos. A veces el debate nace de reclamos por in- demnización en casos judiciales, como el que se ha intentado contra la Texaco por los daños producidos en la selva ecuatoriana como re- sultado de la explotación petrolera; contra la Southern Perú Copper Corporation por la contaminación debida a la minería y fundi- ción de cobre, o contra la Dow Chemicals por los casos de esterilidad de los trabajadores bananeros que aplicaron el nematicida DBCP. En Neuquen, Argentina, algunas co- munidades mapuche están enjuiciando a Repsol-YPF, en demanda del resarcimiento de daños – hay ya varias estimaciones realiza- das de ese pasivo ambiental, la primera, por Héctor Sejenovich. En otros casos, las propias empresas, pú- blicas o privadas, preocupadas por las deudas ocultas a la hora de su compra-venta, quieren saber si deben hacer frente a los pasivos am- bientales. Existen consultoras en América La- tina, que ofrecen sus servicios a las empresas para el cálculo de los pasivos ambientales. La industria minera en Chile, en Perú, en Boli- via usa el término en un contexto empresa- rial. La administración de Petroecuador ha iniciado la adopción del término “pasivo am- biental” (Zehner 2001)1 . Piénsese en la gran repercusión que para toda la política petrole- ra tendría, que se considerasen seriamente los pasivos ambientales, como los que ocasiona ya la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), incluso antes de que inicie su funcionamiento. A veces, la administración pública intenta establecer normas sobre la reparación de da- ños. En el 1997, el término “pasivo ambien- Los pasivos ambientales * Universitat Autónoma de Barcelona 1 La diplomática e ingeniera Rosa Zehner es asesora de Pe- troecuador y asesora técnica de la Subsecretaría de Pro- tección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas.
- 3. tal” fue ya aplicado en el contexto de la priva- tización de la industria del aluminio en Vene- zuela2 . Por ejemplo, en Chile se discute acti- vamente acerca de quién debe hacer frente a los gastos y cuáles son los estándares ambien- tales en los cierres de las faenas mineras 3 . Por último, los activistas que impulsan el debate sobre la Deuda Ecológica del Norte con el Sur, incluyen los pasivos ambientales de las empresas transnacionales como uno de los principales rubros4 . Cualquiera sea el actor social que levanta la discusión, los temas en debate son los si- guientes: ¿En qué instancia reclamar los pasi- vos ambientales, y cuál es el procedimiento social y legalmente adecuado? ¿Puede haber una genuina “resolución de conflictos” en los casos de gran distancia social entre empresas y damnificados? ¿Es buena idea ir a juicio, en este caso, en el país donde se producen los da- ños o en el lugar donde las empresas tienen su domicilio principal? ¿Cuáles son los montos que se reclaman, cuál el método contable idó- neo para calcularlos, cómo tratar los aspectos difícilmente expresables en dinero? ¿Qué re- percusiones tendrán, en los resultados conta- bles de las empresas y en la contabilidad na- cional macroeconómica, la inclusión de los pasivos ambientales? ¿Cómo afectarán al pre- cio de las acciones de las empresas? temas 2 Con tal propósito, Arnoldo Gabaldón se expresó co- mo sigue: “Más temprano de lo previsto, tuvimos que ir al proceso de privatización de las empresas de Guayana. Llegó el triste momento entonces, de sin- cerar la corrupción y desastres administrativos que hoy nos afligen como venezolanos. Ahora, cuando se han evaluado los pasivos ambientales de esas empre- sas, encontramos que las del aluminio tienen saldos negativos por este concepto de alrededor de los 200 millones de dólares y Sidor otros USD 74 millones. En total cerca de 130 millardos de bolívares, que des- contarán los nuevos propietarios para dedicarlos a lo que por fuerza de la Ley están obligados a invertir”, El Universal 30/6/97,http://www.el-universal.com/ 1997/06/30/61948.shtml. 3 Véase http://ww.idrc.ca/mpri/documents/cochil- co.pdf, http://www.idrc.ca/mpri/documents/que- becsymp_s.html, http://www.sonami.cl/boletin/bo- l1135/art8.html. 4 Para más información acerca de la Deuda Ecológica, véase http://ww.cosmovisiones.com/DeudaEcologica, http://www.rcade.org/comisiones/deudaecologi- ca.htm, http://www.redisseny.debtwatch.org/cast/ob- servatorios/deco/index.php. Gonzalo Vargas
- 4. ¿Qué es el pasivo ambiental? Por pasivo ambiental se entiende la suma de los daños no compensados producidos por una empresa al medio ambiente a lo largo de su historia, en su actividad normal o en caso de accidente. En otras palabras, se trata de sus deudas hacia la comunidad donde opera. Es- tas deudas a veces no son reconocidas como tales por la jurisdicción vigente, en otras opor- tunidades las leyes establecen límites y prohi- biciones que no son respetados. Los econo- mistas hablan de los daños ambientales como ‘externalidades’, es decir como lesiones al me- dioambiente producidas por un fracaso del mercado, que hace que no sea el responsable del daño el que pague la reparación o com- pensación, sino la sociedad en su conjunto. En realidad, se podría decir que dichas deudas son éxitos de traslación de los costos a la socie- dad, que permiten a las empresas ser competi- tivas (Martínez - Alier y O’ Connor 1996). Probablemente, si las empresas tuvieran que pagar por todos los daños que producen, una parte de sus ganancias desaparecería. Tal vez muchas empresas, sobre todo en el sector de las industrias pesada, química y extractiva, quebrarían rápidamente. Al considerar los pasivos ambientales, sur- gen dos temas de análisis: la evaluación mo- netaria y la responsabilidad jurídica. En cuan- to al primero, ¿cómo determinar el impacto de una actividad contaminante en un contex- to complejo y de fuerte incertidumbre? Y, puesto que se trata en la mayoría de casos de bienes no intercambiables en el mercado, ¿có- mo valorar los daños ambientales? En primer lugar, la evaluación de los pasi- vos ambientales se enfrenta a problemas de inconmensurabilidad de valores, es decir, la imposibilidad de representar en un solo len- guaje, en este caso el lenguaje monetario, los daños producidos en esferas diferentes de la actividad humana (Martínez - Alier, Munda y O’Neill 1998): ¿cuál es el valor monetario de la degradación de un paisaje, de la reducción de la biodiversidad, de la erosión cultural, de la pérdida de la salud? Además, muchas veces los daños ambien- tales producidos y sus consecuencias a largo plazo no son fácilmente cuantificables debido a la interacción con los ecosistemas y con la sociedad humana (Chavas 2000; Eurpean Environment Agency 2001). En segundo lu- gar, ¿qué incluir en la evaluación del pasivo ambiental? Se po- dría decir que una estimación com- pleta tendría que incluir: - el costo de repa- ración del daño; - el valor de la producción per- dida a causa de la contamina- ción, es decir, la riqueza no pro- ducida; - una compensa- ción por los da- ños irreversi- bles. Cuando una em- presa causa un da- ño a la colectivi- dad, la responsabi- lidad moral es cla- ra, pero ¿de quién es la responsabilidad jurí- dica? ¿Quién tiene que hacerse cargo del cos- to de saneamiento de los lugares contamina- dos y de la compensación de los daños, cuan- do se puede? ¿Y quién tiene que pagar a las víctimas cuando los daños son irreversibles: la sociedad en su conjunto o el causante de la contaminación? ¿El pasivo ambiental es una responsabilidad pública o privada? El grado de responsabilidad jurídica del pasivo ambiental al que las empresas están su- jetas depende del sistema legislativo nacional donde el daño se produce. Muchas transna- cionales occidentales prefieren operar en los países del Sur, no sólo porque allí están las materias primas sino también porque las nor- Pasivo ambiental es la suma de los daños no compensados producidos por una empresa al medio ambiente a lo largo de su historia, en su actividad normal o en caso de accidente. Son sus deudas hacia la comunidad donde opera. Surgen así, dos temas de análisis: la evaluación monetaria y la responsa- bilidad jurídica.
- 5. mas ambientales y laborales son menos estric- tas, y esto permite ahorrar en los costos. Sin embargo, muchas veces el problema principal no es tanto la falta de legislación, sino de con- trol. Por ejemplo, las cantidades permitidas de substancias nocivas en el agua en Perú, no son muy diferentes de los límites establecidos por la Agencia de Protección del Me- dio Ambiente de los EE.UU. El problema radica en que en el Sur, más frecuente- mente que en el Norte, estos límites no son respetados, debido al menor po- der político y econó- mico, y al doble chantaje de pobreza y deuda externa. En una economía cada vez más globali- zada, asumen siem- pre más importancia las normas interna- cionales de responsa- bilidad ambiental. Existen ya algunos convenios internacionales sobre temas específi- cos, por ejemplo sobre derrames marinos de petróleo5 . Estos convenios deberían ser exten- didos y reforzados. Otro modelo interesante podría ser la Alien Tort Claims Act -ATCA- (Herz 2000), que cede a las cortes federales estadouniden- ses el derecho de ocuparse de procesos de res- ponsabilidad civil en los casos de agravios co- metidos por empresas de los EE.UU. en el ex- tranjero, cuando hay violación de una norma correspondiente a la ley internacional consue- tudinaria (ley de las naciones)6 . Hay casos de abusos ambientales que se han querido llevar bajo la jurisdicción de la ATCA, aunque, de- safortunadamente, con poco éxito hasta la fe- cha7 . El caso de la Texaco en Ecuador ha sido uno de ellos. Ejemplos de pasivo ambiental: empresas mineras en el Perú La empresa minera en Perú Existen muchos ejemplos de pasivos ambien- tales, en el Norte como en el Sur del mundo. Los autores de este artículo hemos tomado como caso emblemático la actividad de la in- dustria minera en Perú, que reviste un interés particular por muchas razones. El aumento del flujo de recursos primarios del Sur al Norte representa un buen argu- mento contra la tesis de la ‘desmaterializa- ción’ de la economía industrializada. En los países industrializados el consumo de materia y de energía está creciendo, pese a la apari- ción de nuevas tecnologías que supuestamen- te hubieran tenido que invertir esta tendencia (Martínez- Alier 2001). El decremento de los precios de las materias primas que se observa en el ámbito internacional no responde a una reducción de la demanda, sino a un exceso de oferta, producido por una sobreexplotación de los recursos. De hecho, los estados del Sur, bajo la doble espada de Damocles de la deu- da externa y de la pobreza, venden cada vez más recursos a precios que son en general más bajos (Muradian y Martínez - Alier 2001). Esto crea una especialización productiva de los países del Sur en industrias que presentan alta densidad de contaminación. Además, la temas 5 Convenio Internacional sobre Daños por Contamina- ción Petrolera de 1992; Convenio Internacional sobre el Establecimiento de un Fondo Internacional para Compensación de Daños de Contaminación Petrolera de 1992; Convenio International sobre Responsabili- dad Civil por Daños de Contaminación Petrolera por Barcos, 2001. Véase http://www.greenyearbook.org. 6 Se define como “ley consuetudinaria” al conjunto de usos y prácticas de las naciones. Se puede probar la existencia de una ley consuetudinaria a través del tra- bajo de juristas y comentaristas, de documentos oficia- les y otras indicaciones de la acción gubernamental; de acuerdos internacionales, de juicios de tribunales na- cionales e internacionales y de la opinión de estudio- sos de reconocida fama. 7 http://www.earthrights.org. La urgencia de cancelar su deuda externa crea una especialización productiva de los países del Sur en industrias que presentan alta densidad de contaminación. Así, la división del trabajo en el ámbito internacional hace que se produzcan más pasivos ambientales en el Sur que en el Norte.
- 6. extracción de minerales se realiza principal- mente por parte de empresas extranjeras, que consideran más conveniente invertir en lugares donde el control sobre la contaminación y las condiciones laborales son menos estrictos. En otras palabras, la división del trabajo en el ám- bito internacional hace que se produzcan más pasivos ambientales en el Sur que en el Norte. Las exportaciones peruanas de mineral son uno de los rubros más importantes de la economía del país: Perú es el segundo pro- ductor mundial de plata, el tercero de estaño, el cuarto de zinc y plomo, y el quinto de co- bre8 . La producción está orientada a la expor- tación. El caso de Espinar Espinar es una provincia que se encuentra aproximadamente entre los 3.800 y los 5.000 metros de altura en los Andes peruanos, entre Cusco y Arequipa. Es uno de los departamen- tos más pobres de Perú. Su economía se basa en la ganadería y en una agricultura de subsis- tencia (que produce sobre todo, papas, qui- nua y cañihua): se trata de un equilibrio muy frágil por las difíciles condiciones geográficas en que se encuentra. La población es de 63 mil habitantes (la mayoría quechua hablan- tes). El 60% vive en zonas rurales (CooperAc- ción y Acción Solidaria 2001). La mina de cobre de la zona, constituida en 1980 por el Estado peruano, a través de un proceso de expropiación de la tierra de los campesinos, fue vendida en 1994 a la empre- sa norteamericana Magma Copper Com- pany/Global Magma Ldt. Después de dos años, pasó a manos de la empresa australiana Broken Hill Propietary, hoy en día BHP-Bi- lliton, una de las empresas mineras más im- portantes en el ámbito mundial y famosa por su conflicto en Ok Tedi, en Papua Nueva Guinea (Ibid). La presencia de la mina en la región ha significado para las poblaciones locales un au- mento de la pobreza. De hecho, por un lado, a pesar de las expectativas iniciales suscitadas entre los campesinos, la mina ofrece una can- tidad despreciable de trabajo a las comunida- des locales (según una encuesta llevada a cabo por la ONG peruana CooperAcción, en el 2000 menos del 3% de los comuneros traba- jaba como minero o vivía directamente de la actividad minera) (CooperAración 2000). Por otro lado, la contaminación producida por la mina provoca no sólo graves daños a la salud9 , sino también la muerte de una parte del ganado de los campesinos, y reduce la pro- ductividad de la agricultura10 . Estos pasivos ambientales apenas han sido compensados. Todavía no se sabe cuántos animales han muerto y porqué, ni en qué medida se ha vis- to comprometida la agricultura. Esto se debe no sólo a la pobreza, que vuelve difícil contra- tar a un veterinario para que certifique la ra- zón de la muerte de una oveja o de una alpa- ca, sino también a una diferencia importante en el lenguaje. En otras palabras, una evalua- ción cuantitativa y científica de un daño, así como la idea de que existe un Estado que es- tablezca normas para su reparación, es algo ajeno a la experiencia de estas comunidades. Sin embargo, gracias a la intervención de CooperAcción, de Oxfam América y de la Coordinadora Nacional de las Comunidades Afectadas por la Minería -CONACAMI-, se ha llevado a cabo una evaluación de impacto ambiental, aunque restringida principalmen- te a la contaminación del agua. De dicho aná- lisis resulta que la concentración de arsénico y plomo exceden los límites establecidos en la Ley General de Aguas (D.L. 17752) para los 8 Ministerio De Energía Y Minas, Subsector Minería, Anuario Minero 2001, http://www.mem.gob.pe/w- mem/publica/dgm/public01/archivo.pdf. 9 Los campesinos entrevistados se quejan de dolores de cabeza y de estómago, de dermatitis, de reducción del rendimiento de los niños y niñas en las escuelas, etc. 10 Los campesinos afirman que sus tierras rinden menos que antes, es decir, que ahora se necesita cosechar más, y que se obtienen productos agrícolas de menor cali- dad. Además, sostienen que desde que la mina se ha establecido en el área, su ganado muere por beber agua contaminada.
- 7. cuerpos de agua destinados al riego de vegeta- les de consumo crudo y bebida de animales (clase III), así como la concentración de hie- rro para los cuerpos de agua de uso domésti- co (clase I) (Equas S.A 2000). Estos resultados no coinciden con los pre- sentados en la evaluación de impacto ambien- tal de la empresa, en la cual se concluye que los contaminantes están todos bajo los límites le- gales. La empresa y la CONACAMI se en- cuentran en un proceso de negociación que de- terminará, entre otras cosas, un acuerdo sobre los procedimientos de evaluación del impacto. Espinar constituye uno de los primeros experimentos de la mesa de negociación entre una mina y una comunidad campesina. La negociación con la empresa presenta ventajas y riesgos. Por un lado, se obtienen beneficios más inmediatos y más seguros. Probablemen- te el análisis conjunto goza de más legitimi- dad porque es aceptado por las dos partes. Se trata además, de un proceso más participati- vo y flexible. Sin embargo, podría representar una forma de legitimación para la empresa, es decir, un útil ‘lavado de imagen’. La Oroya La ciudad de La Oroya está ubicada a 3.700 metros en la sierra peruana, donde se encuen- tra una fundición de plomo que pertenecía primero a la Cerro de Pasco Corporation, luego a Centromin Perú S.A. y actualmente a la empresa Doe Run Co. El Complejo Meta- lúrgico de La Oroya procesa aproximadamen- te 600.000 TM de concentrados y produce 11 metales y 8 subproductos, principalmente plomo, zinc, cobre, plata y oro 11. Varios estudios han demostrado el grado preocupante de contaminación en la Oroya. Un análisis de la Dirección General de Salud Ambiental (Dirección Nacional de Salud Ambiental, Dirección Ejecutiva de Ecología y Medioambiente 1999) ha encontrado en las cuatro estaciones montadas de muestreo de plomo en el aire un promedio de respectiva- mente 10,5; 1,9; 12,7 y 14,8 Ïg/m3, y una concentración máxima de 27.53 _g/m3. Otro análisis llevado a cabo en septiembre de 2001 por el Consorcio Unión para el Desa- rrollo Sustentable -UNES- (asociación ubica- da en La Oroya) (Consorcio UNES-Unión para el Desarrollo Sustentable 2001), ha en- contrado valores medios de plomo en el aire de 11 y 6,61 Ïg/m3 en los dos puntos de muestreo en La Oroya nueva y de 10,35 Ïg/m3 en La Oroya antigua. Según los están- dares nacionales de Calidad del Aire12 , el lími- te de 1,5 _g/m no debe ser excedido por más de cuatro veces por año. La contaminación de plomo en el aire se traduce en un nivel muy alto de plomo en la sangre de los habitantes de La Oroya. Los efectos del plomo en la salud humana pueden ser muy graves, ya que este material interfiere con el metabolismo y la función celular y puede provocar varias enfermedades, entre otras: problemas gastrointestinales, disfuncio- nes neuromuscolares, disminución de la me- moria, de la atención y de la vista, depresión. La población más afectada por la presencia de plomo en la sangre es la infantil, ya que su sistema nervioso está en desarrollo; sufren también estas consecuencias las mujeres ges- tantes, ante los cambios que presentan en el metabolismo óseo, que hacen que el plomo acumulado en el hueso pueda pasar a la san- gre y ser trasmitido al niño en gestación a tra- vés de la placenta y la leche maternas. El Consorcio UNES ha demostrado que el pro- medio de plomo en la sangre de las gestantes y de los niños de La Oroya es de 39,49 _g/dl y 41,81 Ïg/dl, respectivamente (el 43% de los niños y niñas tiene un valor entre 45 y 69 Ïg/dl)13 . Los límites indicados por las autori- dades sanitarias para gestantes y niños son de 30 _g/dl (OMC) y 10 Ïg/dl (CDC)14 . La Aca- temas 11 http://www.doerun.com.pe 12 Decreto Supremo N° 074-2001-PCM, Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, disponible en http://www.conam.gob.pe/Nor- mas/DS-01074.htm. 13 La población objeto de estudio estuvo constituida por 48 mujeres gestantes y 30 niños y niñas menores de tres años.
- 8. demia Norteamericana de Pediatría -ANP- ha establecido que el desajuste de la función cog- nitiva empieza en los niveles mayores a los 25 Ïg/dl (Instituto Salud y Trabajo –ISAT- 2000). El papel de las asociaciones de defensa de las poblaciones, como la UNES y la CONA- CAMI, es tal vez más complicado en La Oro- ya que en Espinar. De hecho, alrededor de 3 mil de los 33 mil habitantes de La Oroya tra- bajan en la fundición, mil de los cuales man- tienen contrato fijo15 . La Doe Run Perú afir- ma que el 70% de la actividad laboral de la ciudad de La Oroya se debe, directa o indi- rectamente, a los trabajos de la empresa16 . Es- to hace que buena parte de la población de La Oroya esté a favor de la fundición, no obstan- te los riesgos a la salud que conlleva. Otros elementos que cabe tener en cuenta son las actividades de ‘lavado de imagen’ que lleva a cabo la Doe Run: financiación de la construcción de un comedor público, cursos de capacitación, un programa de reforesta- ción y jardinería, un programa de mitigación de emisiones contaminantes, actividades to- das muy bien publicitadas (Ibid.). Además, la empresa se ha comprometido a invertir USD 168 millones hasta el 2006 en el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que supuestamente está reduciendo su impac- to ambiental. De todas maneras, en el contra- to de transferencia se estableció que el pasivo ambiental histórico de la Centromin Perú no se traspase a la Doe Run Perú (Ibid.). En Herculaneum, Missouri, Estados Uni- dos, se ha llegado a un acuerdo muy reciente entre la EPA y la Doe Run Co., que posee una fundición de plomo con una capacidad productiva de 250.000 toneladas. Se estable- ce que la empresa financiará la reubicación temporal de alrededor 100 familias, mientras las operaciones de limpieza se lleven a cabo; con un gasto de cerca de USD 8,8 millones17 . En Herculaneum el 24% de niños y niñas menores de seis años resultan envenenados por plomo, según los estándares federales (10 14 Centro para el Control y Prevención de Enfermedades situado en Atlanta, Georgia, EE.UU. Es una Agencia del Departamento de la Salud y de Servicios Huma- nos. 15 Informaciones recibidas en ocasión de una entrevista con personal de la UNES. 16 http://www.doerun.com.pe 17 http://www.planetark.org/dailynewsstory.cfm/new- sid/14076/newsDate/18-Jan-2002/story.htm
- 9. mg/dl)18 . Con estos estándares, según el estu- dio de la UNES en La Oroya el 77% de los niños resultarían envenenados. Es interesante comparar los resultados de los conflictos que afectan a las multinaciona- les en distintos lugares del mundo, cuando enfrentan reclamos de pasivos ambientales. En Estados Unidos existe una legislación muy avanzada para la reparación de daños ambien- tales, la Ley CERCLA (llamada coloquial- mente “Superfondo”); pero hoy en día cuen- ta con escasa financiación. Sin embargo, no se aplica a las actividades de compañías nor- teamericanas fuera de Estados Unidos. Conclusiones En los dos casos presentados se pueden reco- nocer muchas de las características comunes a la generación de pasivos ambientales en los países del Sur. En ambos, las empresas extran- jeras producen pasivos ambientales donde la legislación ambiental es menos estricta o el control menos riguroso que en su estado de origen. Para el Norte es conveniente externa- lizar las producciones más contaminantes ha- cia el Sur. Eso no es porque la conciencia am- bientalista sea menor en el Sur sino porque resulta más barato contaminar países pobres. Sin embargo, los pasivos ambientales no son producidos sólo por empresas extranjeras: por ejemplo, la destrucción de manglares provo- cada por las camaroneras en Ecuador es pro- ducida por empresarios locales, en beneficio de consumidores extranjeros. En los dos casos, determinar y evaluar el pasivo ambiental en términos monetarios es muy difícil, aunque éste no sea un argumen- to para dejar de reclamarlo. ¿Cuántas son las ovejas y las alpacas muertas por la contamina- ción producidas por la BHP en Espinar? ¿Cuánto cuestan en el mercado y cuánto para la subsistencia local? ¿Cuales serán en La Oroya las consecuencias en la salud de los ni- ños envenenados por plomo? ¿Y qué valor monetario dar a estos daños para pedir com- pensación a la empresa? Además, no sólo es difícil establecer el va- lor monetario de los daños, sino también ob- tener que éstos sean compensados por la em- presa. Hay distintos tipos de compensación posible ya sea por los daños ya realizados o para prevenir los nuevos. En este sentido, es muy interesante analizar las diferentes com- pensaciones ofrecidas a los afectados por cau- sa de una contaminación en distintos lugares del mundo. También puede verse cómo la elección de diferentes tecnologías de reduc- ción de la contaminación en distintas partes del mundo, dependen no sólo de cuestiones técnicas sino sociales y económicas. Por último, otro elemento interesante es la constelación de actores involucrados y los va- lores sociales que se ponen en juego. Por ejemplo, en la Oroya muchos ciudadanos es- tán a favor de la fundición, al parecer. No contamos con información que permita un análisis en términos de género u otras varia- bles. En Espinar, comprobamos que hay una gran distancia social entre los actores, y los perjudicados se ven obligados a adoptar len- guajes de valoración ajenos a su experiencia cotidiana. Obviamente, muchos de los daños am- bientales no son reversibles, como por ejem- plo los daños a la salud, la pérdida de biodi- versidad, la destrucción de un paisaje. Sin embargo, reclamar los pasivos ambientales puede ser útil por dos razones: en primer lu- gar, esto vuelve más costosa y difícil la pro- ducción de nuevos pasivos ambientales. Es decir, constituye un desincentivo para las pro- ducciones muy contaminantes o, por lo me- nos, un incentivo a que se tomen precaucio- nes y se adopten innovaciones tecnológicas para reducir el impacto ambiental. En segun- do lugar, la compensación del daño en forma monetaria puede ser la única manera para que por lo menos quienes se han visto afectados reciban algo, sobre todo en los casos de com- pensación retroactiva. La compensación mo- netaria sirve como forma de redistribución de temas 18 http://www.aida2.org/english/projects/ prjdoerun.php.
- 10. las ganancias producidas por la actividad con- taminante. Además, la compensación mone- taria, y el proceso o la negociación que la ha- cen posible, tienen un valor simbólico muy fuerte. Se trata de una reafirmación del dere- cho de las poblaciones locales sobre su terri- torio. Bibliografía Chavas, J., 2000, “Ecosystem valuation un- der uncertainty & irreversibility”. Ecosys- tems 3:11-15. Consorcio UNES, Unión por el Desarrollo Sustentable, 2001, Evaluación de la cali- dad de aire, agua y suelo en la provincia de Yauli, La Oroya. CooperAcción, 2000, Problemas y necesida- des para el desarrollo sustentable en co- munidades campesinas afectadas por la minería, (en prensa). __________ y Acción solidaria para el De- sarrollo, 2001, Los conflictos de tierras en la provincia de Espinar. El caso de BHP y las comunidades de Tintaya Marquiri y Al- to Huancané. Lima: OXFAM América. Dirección General de Salud Ambiental -DI- GESA-, Dirección Ejecutiva de Ecología y Medio Ambiente, 1999, Evaluación de la ca- lidad del aire en el distrito de la Oroya –Ju- nín, Lince. Equas S.A., 2000, Evaluación ambiental aire, agua y suelos, Área de influencia de las ope- raciones mineras de BHP Tintaya S.A., Es- pinar – Cusco. European Environment Agency, 2001, “Late lessons from early warnings: the precau- tionary principle 1896–2000”, en Envi- ronmental Issue Report 22, Copenhagen. Herz, R. L., 2000, “Litigating environmental abuses under the Alien Tort Claims Act: a practical assessment”, en Virginia Journal of International Law, vol. 40: 545. Instituto Salud y Trabajo –ISAT-, 2000, Evaluación de niveles de plomo y factores de exposición en gestantes y niños menores de 3 años de la ciudad de La Oroya, Lima: Consorcio UNES. Martínez – Alier J., 2001, “Mining conflicts, environmental justice, and valuation”, Journal of Hazardous Materials 86: 153 – 170. _____________ y M. O’Connor, 1996, “Ecological and economic distribution conflicts”, en: Costanza R., O. Segura y J. Martínez – Alier, (ed.), Getting down to earth: practical application of Ecological Economics, Wahington DC: ISEE, Island Press. ______________, G. Munda y J. O’Neill, 1998, “Weak comparability of values as a foundation for ecological economics”, Ecological Economics 26: 277- 286. Muradian y J. Martínez - Alier, 2001, “Tra- de and the environment: from a ‘Sout- hern’ Perspective”, en Ecological Econo- mics 36: 281-297. Zehner, Rosa, 2001, Identificación, Evalua- ción, Control, Mitigación y Biorremedia- ción de Riesgos Medioambientales: Progra- mas de Remediación para Actividades Hi- drocarburíferas, II Congreso de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la Industria Petrolera, Quito, 22-26 de octubre de 2001. http://www.menergia.gov.ec/documen- tos/Proteccion%20Ambiental/Publica ciones/Libros/Programas%20de%20 Remediacion.pdf