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MANIFIESTO FEMINISTA
SOBRE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2016
El Gobierno ha adelantado a agosto el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE)
para 2016, para aprobarlos antes de las elecciones legislativas de noviembre o diciembre de 2015,
lo que no ayuda a la participación de la sociedad civil. Pese a ello, y precisamente por su incidencia
en las elecciones, las organizaciones abajo firmantes no renunciamos a hacer, por 8º año
consecutivo, este Manifiesto a la sociedad y a los grupos parlamentarios sobre su Impacto en la
desigualdad entre mujeres y hombres.
Son el cierre de una legislatura marcada desde su inicio en noviembre de 2011 por durísimos
recortes y reformas, como la laboral, que no han aumentado el empleo –del 4º trimestre de 2011 al
2º trimestre 2015 las personas con empleo han bajado de 18,15 a 17,86 millones- pero sí su
precariedad, aumentando la desigualdad social y de género. El recorte presupuestario en igualdad
de las mujeres ha sido del 20,9% a lo largo de esta legislatura (2012-16) y del 47,6% respecto a
2009. En 2016 los presupuestos para igualdad y violencia son tan sólo el 0,0103% del total.
El mensaje electoralista del Presupuesto de 2016 es que hay recuperación: un marco
macroeconómico de incrementos del PIB (engordado desde 2015 con la prostitución y el tráfico de
drogas) en un 3%, del empleo en un 2,8% y del IPC en un 1,1%, y de descenso del déficit público
del 4,2 al 2,8% del PIB (2,2% en la Administración Central, 0,6% en la autonómica y 0% en la local),
por una previsión de ingresos por impuestos y cotizaciones de nuevo inflada al 6,8%, pese a la
reforma tributaria y a que el avance de resultados de la Seguridad Social en 2015 revela que las
cotizaciones no han crecido el 6,8% previsto, sino el 0,8%, cifra muy inferior al aumento en un 3,4%
de las personas afiliadas, debido a sus bajos salarios.
Aunque sólo se habla de la deuda pública griega, la española ha crecido de 2011 al primer trimestre
de 2015 del 63% al 98% del PIB. Y en 2016 más de un cuarto del gasto -155.479 millones- es para
intereses (33.554 millones en Capítulo 3) y para activos y pasivos financieros (121.884 millones en
Capítulos 8 y 9) lastrados aún por las adquisiciones de bancos en quiebra y operaciones abusivas.
Es un 3% menos que en 2015, pero 100 veces más que lo que se gasta en atención a la infancia y a
personas en situación de dependencia (161+1.253=1.414). Por ello seguimos reclamando una
Auditoría Ciudadana de la Deuda.
El presupuesto de Gastos consolidado (incluyendo Seguridad Social y otros entes) es de 436.372,82
millones de euros, un 1,7% inferior al de 2015, pero debido al descenso de la población supone
9.957 euros por habitante. La previsión de ingresos no financieros es de 287.632 millones, de los
que el 88% son por impuestos y cotizaciones sociales.
El Informe Oficial de Impacto de Género que por 8º año acompaña al Proyecto de Presupuestos 2016
http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/Documentacion/Paginas/InformeImpactoGenero.aspx
sigue, como los anteriores, sin analizar la cuantía en euros de los programas presupuestarios a que se
refiere, cuestión esencial del presupuesto, ni por tanto evaluar si suben o bajan y si son suficientes para
los objetivos del Plan Estratégico de Igualdad 2014-2016. Reitera también la omisión del análisis de
género de los ingresos, y de la Seguridad Social, cuando las pensiones contributivas y no contributivas
vuelven a subir en 2016 el 0,25 %, y las pensiones de viudedad están en el centro del debate, siendo
mujeres el 93% de los 2,3 millones de personas que viven de ellas.
Nosotras consideramos que tienen especial influencia en la vida de las mujeres:
1.- El recorte del 22% en prestaciones por desempleo incrementará la pobreza y la
feminización de la pobreza.
El PGE 2016 recorta el 21,7% la dotación para protección por desempleo de las 5.149.000 personas en
paro (49,7% mujeres), no porque prevea crear 1,2 millones de puestos de trabajo, sino porque prevé
reducir su cobertura por seguro o subsidio de desempleo.
Llueve sobre mojado, porque la tasa de cobertura de las personas paradas registradas en las oficinas de
empleo (que son menos que las paradas según la EPA, más representativa) viene bajando desde el
2
78,4% en 2010 al 58% en 2014, con una importante brecha de género, de la que sólo disponemos de
datos del SEPE de 2013 y 2014, en que tuvieron protección el 63,8% de los hombres, frente al 54,2% de
las mujeres http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/9/o59208.pdf/
Los contratos a tiempo parcial,
que ya son el 26% de los
femeninos y 8% de los
masculinos, y su impacto en el
empleo con pobreza (menos de
676 euros al mes) llevaron al
Consejo sobre las Mujeres y la
Economía de la Unión Europea
de 19.06.14 a exigir que la EPA
refleje el empleo a tiempo
parcial como tasa equivalente
del tiempo completo, y la
relación entre pobreza y
violencia contra las mujeres. Su
publicación y difusión deben
servir al Objetivo H.3 de la
Plataforma de Acción de Beijing
1995, para la sensibilización
social y para hacer políticas
contra la discriminación.
Los 19.521,73 millones de euros del programa 251M de prestaciones por desempleo se desglosan en
11.833,80 para prestaciones contributivas, 5.254,61 para subsidio de desempleo (de 426 €/mes durante
18 a 30 meses) para quienes han agotado la prestación contributiva, carecen de rentas superiores a 486
€/mes y tienen responsabilidades familiares, 1.412,99 millones para Renta activa de inserción, 670,33
millones para el subsidio agrario SEASS y 350 millones para ayuda económica del programa de
activación para el empleo.
La recuperación del
empleo no es
proporcional a la del PIB.
Las cifras oficiales indican
que del 2º trimestre 2014
al 2º trimestre 2015 el PIB
creció un 3,1%, pero el
empleo sólo el 2,96%,
desglosado en un 3,39%
para el empleo masculino
y 2,44% para el de las
mujeres.
En los 4 años de esta
legislatura (2012-2015) la
brecha entre la Tasa de
Paro de Mujeres y
Hombres se ha triplicado.
2.- Las políticas de igualdad de las mujeres siguen bajando, pese a las
recomendaciones del CEDAW
El recorte en un 5,22% del programa 232B “Igualdad oportunidades entre mujeres y hombres”
correspondiente al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (es decir con competencias
adicionales sobre discriminación de colectivos raciales o étnicos), es contrario al punto 15 de las
Observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas
CEDAW/C/ESP/CO/7-8 del 24 de julio de 2015 sobre la aplicación en España en el periodo 2008-2014 de
la Convención CEDAW, que, tras recordar al Gobierno de España que las medidas de austeridad
3
adoptadas por el Estado tienen efectos negativos sobre las mujeres, y que en tiempos de crisis debe hacer
esfuerzos especiales para respetar los derechos de las mujeres, sostener y ampliar la inversión y la
protección social, especialmente de las mujeres más vulnerables, y evitar medidas regresivas, recomienda
que se restablezca el Ministerio de Igualdad eliminado en 2010, con recursos humanos y financieros
adecuados para iniciar, coordinar y ejecutar las políticas de igualdad de género a un alto nivel, y aumentar
los recursos del Instituto de la Mujer para un enfoque fuerte en derechos de las mujeres, fortalecer la
coordinación con las CC. Autónomas y fortalecer la cooperación con las organizaciones de la sociedad
civil que trabajan por la igualdad de la mujer.
El CEDAW,
Comité para la
Eliminación de la
Discriminación contra
la Mujer de Naciones
Unidas, recomendó
al Gobierno de
España el 28 de julio
de 2015 que
restablezca el
Ministerio de
Igualdad eliminado
en 2010 y aumente
los recursos del
Instituto de la Mujer
para un enfoque
fuerte en derechos
de las mujeres.
El Instituto de la Mujer dedicará en 2016 el 39% de su presupuesto (8,5 millones) a la contratación externa
de „material, suministros y otros‟ y el 22% (4,3 millones) a subvenciones, la mayoría a entidades
empresariales, de las que el 60% están adjudicadas sin publicidad ni concurrencia:
PREVISIÓN DE SUBVENCIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER EN 2016 euros
Subv. a la empresa pública CERSA para avales a mujeres emprendedoras 50.000
Subv. a Ceuta para promoción de igualdad e inserción sociolaboral 50.000
Subv. a Melilla para promoción de igualdad e inserción sociolaboral 50.000
Subv. a entidades locales para formación y fomento del empleo femenino 125.000
Subv. a 150 PYMES para planes de igualdad 900.000
Subvenciones a asociaciones y fundaciones anti-discriminación de la mujer 1.550.000
Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP 200.000
Convenio con la Cruz Roja. Programa SARA. 100.000
Convenio con CEPAIM (Acción Integral con Migrantes). Programa SARA. 100.000
Convenio con la FSG (Fundación Secretariado Gitano). Programa SARA. 100.000
Convenio con FEUP (Fed. Española de Universidades Populares) Programa SARA 100.000
Convenio con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio 360.000
Subv a la Fundación INCYDE (Cámaras de Comercio) emprendimiento femenino 60.000
A la Conf. de Organizaciones Empresariales (CEOE) para mujeres directivas 250.000
Subv. Para Programa de reducción de las desigualdades retributivas de género 350.000
Total Capítulo IV 4.345.000
La reforma de la Ley de Régimen Local por la Ley 27/2013 ha eliminado la competencia municipal en
promoción de la mujer que establecía su artículo 28, mientras el artículo 27.3.c) dice que los
ayuntamientos sólo podrán prestar servicios sociales, de promoción de la igualdad de oportunidades
y de prevención de la violencia contra la mujer por delegación del Estado o de la Comunidad
Autónoma financiada al 100%, financiación que no cubre la subvención de 125.000 € a entidades
locales, ni aún sumada a los 200.000 a la FEMP prevista en el PGE 2016.
4
3.- El programa contra la Violencia de Género sube un 6,3%, insuficiente para la
financiación municipal de los puntos de atención y el Convenio de Estambul.
El programa 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género se dota con
25.228.180 euros. Sube un 6,32% respecto a 2015 y un 5,5% respecto al comienzo de la legislatura en
2012, pero baja el 10,92% respecto a 2009.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que lo gestiona sólo destina un 6% a personal,
y sube del 49% al 53,3% el gasto en subvenciones (13,4 millones). De ellos 6 millones son para convenios
con Comunidades Autónomas (excepto Navarra y País Vasco), para financiar los servicios de asistencia
jurídica, social y psicológica a las víctimas en todo el territorio del Estado que establece el art. 19 de la Ley
1/2004. Es una cantidad insuficiente, pues equivalen al salario de unas 150 profesionales para más de
7.000 municipios.
Convenios Estado-CCAA
para Asistencia social, jurídica y psicológica
a víctimas de violencia de género Art.19 Ley O. 1/2004
año 2014 2015
BOE 17/10/2014 27/06/2015
Andalucía 567.287 553.952 63.504
Aragón 209.041 195.943 71.150
Asturias 156.681 152.335 63.344
Baleares 172.828 170.027 61.697
Canarias 222.583 218.373 61.409
Cantabria 138.152 134.647 63.077
Castilla y León 255.791 240.888 71.790
Castilla-La Mancha 251.774 237.612 71.654
Cataluña 534.426 527.775 61.630
C. Valenciana 400.835 388.021 61.720
Extremadura 193.272 180.476 71.824
Galicia 232.895 225.905 63.586
Madrid 479.103 471.600 60.711
Murcia 195.846 192.305 62.680
La Rioja 134.510 129.391 65.102
Ceuta 77.212 80.035 12.571
Melilla 77.764 80.715 12.551
Total 4.300.000 4.180.000 1.000.000
Pedimos aumentar de 6 a
60 millones la dotación de
la Delegación del Gobierno
para la Violencia de
Género (Programa 232B,
partida 45) de convenios
con las Comunidades
Autónomas para financiar
los servicios de asistencia
jurídica, social y
psicológica a las víctimas
en todo el territorio del
Estado, que establece el
art. 19 de la Ley O.1/2004,
para compensar la
supresión de la
financiación municipal
impuesta por el art. 27.3.c)
de la Ley 27/2013.
Sólo hay 2 millones para Atención a víctimas (Plan 2015-2018 contra la trata con fines de explotación
sexual)
El 10% de las mujeres de más de 16 años en España ha sufrido violencia física, 25% violencia psicológica
de control, 22% violencia psicológica emocional, 8% violencia sexual (la mitad antes de los 15 años) y 11%
violencia económica, según la Macroencuesta oficial 2015, cifras que se incrementan un 33% en las
mujeres con discapacidad. Pero sólo el 45% acudieron a servicios médicos, psicológicos, jurídicos o
sociales, y sólo un 29% la denunciaron, y de ellas un 21% retiraron luego la denuncia, por lo que las
políticas públicas no pueden limitarse a medidas penales mientras aumentan la desigualdad y recortan las
medidas educativas, preventivas y sociales. Según el IIG (Informe Oficial de Impacto de Género, pag.
347), en 2014 se presentaron 126.742 denuncias por violencia de género, un 1,5% más que en 2013. El
70% presentadas por la víctima al juzgado o la policía, 27% por la policía o personal sanitario y 1,6% por
familiares. Un 12% de las mujeres renunciaron al proceso, se concedieron 18.775 órdenes de protección y
se dictaron 28.365 sentencias condenatorias (61,2%) y 17.948 absolutorias (38,7%). Sin embargo, los
indicadores del presupuesto por objetivos no mejoran la fiabilidad, comparabilidad y visibilidad exigidas por
el artículo 11 del Convenio de Estambul vigente desde agosto de 2014.
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Hay 3,6 millones de euros para teléfonos de localización y atención 24 horas ATENPRO, que en 2014 se
dio a 10.502 usuarias en 965 ayuntamientos a través de la FEMP y Cruz Roja y x para pulseras y
Seguimiento telemático de las Órdenes de alejamiento, a 716 parejas (1.192 personas) en 2014.
La insuficiencia de los 1,7 millones para las Ayudas del artículo 27 de la Ley O. 1/2004 de violencia
(subsidio de desempleo de 426 € por 6 a 18 meses, en pago único), gestionadas por las CCAA, se percibe
en que sólo 426 víctimas (el 0,33% de las denunciantes) la percibieron en 2014 y el dato de sólo 900
contratos (0,7% de las denunciantes) con bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social -en
125 €/mes-1.500 €/año durante 4 años por contrato indefinido y 50 €/mes-600 €/año por contrato temporal-
a quienes empleen a víctimas de violencia de género.
OBJETIVOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016/2015
INDICADORES DEL PROGRAMA 232C realizado presupuesto realizado presupuesto
prv
realizar
presupuesto variac prtº %
Denuncias 124.893 135.000 126.742 135.000 135.000 135.000 0
Pulseras vigilancia Orden de Alejamiento 726 900 1.192 775 1.200 1.200 55
Ayudas económicas a víctimas (art.27) 468 275 426 500 550 550 10
Llamadas atendidas en el teléfono 016 58.274 55.000 68.651 65.000 70.000 70.000 8
Mujeres empleadas c/ ayudas a empresas 717 350 744 900 900 1.000 11
Subvenciones a entidades sin lucro contra la Trata 40 50 40 52 44 50 -4
Mujeres con teléfono móvil ATENPRO 10.426 10.500 10.504 11.000 11.000 11.000 0
Municipios adheridos a ATENPRO (Atención y
Protección para Víctimas de Violencia de Género)
955 960 967 960 967 967 1
Unidades de coordinación 67 68 61 67 64 67 0
Campañas de sensibilización 2 2 2 3 2 0
Reuniones Foro contra la Trata 10 0 15 15 15 0
Reuniones Observatorio Estatal Violencia Género 6 3 6 3 6 0
Convenios con CCAA (arts. 19 y 27 Ley O 1/2004) 17 30 17 30 32 88
El Gobierno destaca en el Libro Amarillo de los Presupuestos el gasto de 1,5 millones de euros en Oficinas
de Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual y en el Registro Central para
la Protección de Víctimas de la Violencia Doméstica, como mejoras del Estatuto de la Víctima, y el
incremento del 54,6% de la asistencia psicológica a las víctimas a través de los Colegios de Psicólogos.
Las campañas de sensibilización promovidas por la Delegación del Gobierno contra la VG siguen
orientadas a que la víctima denuncie, limitándose a un procedimiento penal en el que la Comunicación
47/2012 del Comité CEDAW ha pedido, sin éxito, se combatan los estereotipos de género que
desempoderan y disuaden a las víctimas.
El Presupuesto no responde a esa Comunicación, ni a las Observaciones finales a España
CEDAW/C/ESP/CO/7-8 ni al art. 14 del Convenio de Estambul: sigue sin haber voluntad política ni
recursos para la aplicación de los artículos 4, 6, 7, 8 y 9 de la Ley Integral de 2004, que obligan a incluir la
igualdad de mujeres y hombres en los programas y materiales del sistema educativo, dar formación inicial
y permanente al profesorado, asegurar una persona responsable de igualdad en los Consejos Escolares y
que la Inspección informe sobre el cumplimiento. Además de la supresión de la breve Educación para la
Ciudadanía, la actual LOMCE no hace ninguna mención al fomento específico o transversal de la igualdad
entre hombres y mujeres.
La cooperación con las organizaciones de mujeres (art. 9 del Convenio de Estambul) no se cumple por la
falta de actividad, apertura y transparencia del Observatorio de Violencia y del Foro contra la Trata.
Sobre el punto candente de los recortes en Puntos de Encuentro, necesarios para que las visitas de
padres maltratadores no pongan en riesgo a los hijos e hijas, como dice la Comunicación 47/2012 del
Comité CEDAW sobre Ángela González Carreño, reiterada en los puntos 10 y 11 del Informe de 24 de
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junio 2015 de Observaciones finales a España CEDAW/C/ESP/CO/7-8 y el artículo 31 del Convenio de
Estambul sólo vemos una alusión en el Programa 231G Atención a la infancia y a las familias, cuya partida
48 reparte casi dos tercios del presupuesto en subvenciones nominales, sin publicidad ni concurrencia, a
entidades que no representan „a las familias en su diversidad‟, sino mayoritariamente la familia tradicional,
discriminatoria para las mujeres y la infancia, que impregna el II Plan Estratégico Nacional de infancia y
Adolescencia 2013-2016 y del Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017:
SUBVENCIONES DE LA DG DE FAMILIA E INFANCIA
PROGRAMA 231G ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LAS FAMILIAS A ENTIDADES PRIVADAS SIN FIN DE LUCRO
€
AFAMMER, Asoc. de Familias y Mujeres del Medio Rural para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 70.000
UNAF Unión de Asoc. Familiares para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas 430.000
Plataforma de Organizaciones de infancia para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades
asociadas
1.333.570
CEAPA, Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos para el sostenimiento económico financiero de su
estructura central
80.190
CONCAPA, Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos para el sostenimiento económico financiero
de su estructura central
54.000
Federación Española de Familias Numerosas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 287.240
Federación Nacional de Puntos de Encuentro para el Derecho de Visitas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura
central
40.000
Foro Español de la Familia para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y de sus entidades asociadas 55.000
Federación Española de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva 60.000
"Fundación + familia", para el cumplimiento de sus fines y del "Certificado de empresa familiarmente responsable" 7.500
TOTAL 2.417.500
4.- La 5ª suspensión de la ampliación del Permiso de Paternidad: una legislatura
perdida
El Gobierno, a través de los Presupuestos Generales del Estado 2016 pospone por quinto año
consecutivo, dice que al 1 de enero de 2017, la ampliación a 4 semanas del permiso de paternidad por
nacimiento, adopción o acogida de la Ley 9/2009, manteniéndolo en las dos semanas establecidas por la
Ley de Igualdad de 2007, frenando la corresponsabilidad de los padres, madres, Estado y empresas en el
cuidado de la infancia.
En el año 2014 236.714 padres trabajadores disfrutaron de permisos retribuidos por la Seguridad Social
con 202,3 millones de euros, el 2,06% de la partida de subsidios de incapacidad temporal y otras
prestaciones de la seguridad social que recogen los PGE 2014 en el programa 221M incrementado en
2016 en un 5% para prestaciones por maternidad y paternidad.
Esta suspensión de la ampliación del permiso de paternidad, junto a la falta de dotación de recursos en
educación infantil de 0-3 años repercute en que en 2014 se tramitaran 31.435 excedencias por cuidado de
hijos, de las cuales el 94% fueron tomadas por mujeres, porcentaje que prácticamente se mantiene (92%)
en lo que va de 2015, lo que refleja la desigualdad en el cuidado de los menores, que a su vez conlleva la
precariedad de las mujeres en el mercado laboral con empleos a tiempo parcial, reducción de jornada o a
excedencias para poder compaginar la vida familiar y laboral que incrementan de la brecha salarial actual
y la brecha en las pensiones futuras.
En el debate presupuestario, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Sr Beteta, ha
anunciado que a las funcionarias del Estado se les sumará a partir de 2016 un permiso retribuido de la
semana 37 a la 40 de gestación. Proponemos que el coste de esas 4 semanas se aplique a la ampliación
general del permiso de paternidad, por ser una medida que contribuye más a la igualdad entre todas las
trabajadoras y entre madres y padres.
5.- La Atención a la Dependencia sube un 6,4% para atender a un 55% más de
personas, con un promedio de 3 euros al día por persona, contradiciendo el 5º ODS.
La aportación del Estado al Sistema de Atención a la Dependencia (SAD) será de 1.252 millones de euros,
un aumento del 6,4% que no alcanza para la atención a los 746.142 personas beneficiarias en junio 2015
7
más las 411.235 dependientes moderadas incorporadas al SAD en julio de 2015, tras tres años y medio de
suspensión de su derecho, como ha señalado la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la
Ley de Dependencia, y carece de presupuesto por objetivos.
A la baja cobertura (hay 1.577.207 solicitantes de los que sólo el 47,3% tiene ayuda a domicilio, centro de
día, residencia, asistente personal o paguita a su cuidadora familiar) se suma un descenso dramático de la
suficiencia de financiación: si en 2015 era de 136 euros por persona y mes, en 2016 bajará a 90,21 €/mes.
¿Qué ayuda profesionalizada para funciones de la vida diaria cabe en 3 euros al día?
El SAD es otra Cenicienta de la legislatura. Teniendo las personas en situación de dependencia un
derecho subjetivo universal a la atención, según la ley, las personas beneficiarias sólo han aumentado el
0,6%, de 741.713 en diciembre 2011 a 746.142 en junio 2015, con lo que el cuidado recae en mujeres del
ámbito familiar: cuidadoras familiares con una cada vez más exigua paguita, empleadas de hogar en
condiciones precarias o hijas u otras familiares mediante trabajo no pagado. Según la Memoria económica
de la Ley de 2006 la financiación pública entre el Estado y las CCAA en 2015 debería ser de 6.203
millones, alcanzando el 3% del PIB. El Presupuesto del Estado para 2016 es sólo el 40% de lo
comprometido entonces, y las CC. Autónomas cubren de forma desigual y escasa su cuota.
El 5º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 que aprobará la Asamblea de Naciones Unidas
en septiembre de 2015 es la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y
niñas, y su 4º apartado va más allá de la medida 165.g) de la Plataforma de Acción de Beijing –reconocer,
valorar y repartir los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado- al añadir “mediante la prestación de
servicios públicos, la provisión de infraestructura y la formulación de políticas de protección social”.
También el punto 29,b) de las citadas Observaciones finales a España CEDAW/C/ESP/CO/7-8
recomiendan „Restaurar la financiación de la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas Dependientes‟ pero ni el Presupuesto ni el Informe Oficial de Impacto
de Género lo asumen, pese a ser mujeres el 67% de las personas dependientes y el 83% de sus
cuidadoras.
6.- Educación: la LOMCE apuesta por la segregada, pero no por la infantil, la sexual, ni
la compensatoria de desigualdades.
Aunque el grueso de la educación pública se financia por el opaco sistema de transferencias de
competencias y recursos a las Comunidades Autónomas, el gasto en Educación en los PGE 2016 es
de 2.483,96 millones de euros, un 9,3% más que en 2015. El 57% es para becas, que tienen una leve
subida del 0,2%. Las Enseñanzas Artísticas (3,37 millones) bajan el 29,6% y la Educación
compensatoria de las desventajas socioeducativas (5,11 millones) sigue bajando, este año el 2,6%.
La Educación Infantil y Primaria programa 322ª supone el 6,5% (161,57 millones) un 1,7% más que
en 2015. Pero ni con mucho recupera el nivel de 2010, pese a que sólo el 33,7% de los 1.305.159
niños y niñas de 0 a 3 años están escolarizados en el 1er ciclo de Educación Infantil pública y privada
en el curso 2014-2015. El descenso anual del alumnado del 0,7% se atribuye por el Ministerio de
Educación al descenso de la natalidad, como si la carestía de servicios accesibles a la infancia no
fuera una de las causas. Las transferencias a CC Autónomas para Actuaciones en el primer ciclo de
educación infantil (Prg.322A, partida 450) son ridículas: 1,2 millones.
Pedimos corregir la falta de objetivos de igualdad entre mujeres y hombres de la LOMCE de 2012,
conocida como “Ley Wert”, en programas transversales y específicos; que la educación segregada
por sexos no se financie con fondos públicos, que se incluyan la educación para la igualdad de
género y la educación afectivo-sexual en el currículum educativo, concretando el mandato de la Ley
O. 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, y que se cumpla
el punto 27 de las Observaciones del 24.07.2015 del Comité CEDAW/C/ESP/CO/7-8:
a) actuaciones específicas para la diversificación e igualdad de mujeres y hombres en opciones
académicas y profesionales;
8
b) eliminar los estereotipos de género en los recursos educativos e incluir la promoción de la igualdad
de género en los planes de estudio;
c) Educación sexual y reproductiva obligatoria apropiada a cada edad, impartida por personal
capacitado e integrada en los programas escolares regulares, sobre comportamiento sexual
responsable, prevención del embarazo precoz y enfermedades de transmisión sexual;
d) medidas eficaces contra el abandono escolar de las adolescentes gitanas y aumentar su educación
básica y superior con acciones positivas como becas y libros de texto gratuitos.
7.- Sanidad pública universal y de calidad, incluyendo el derecho al aborto sin
discriminación de edad
El debate presupuestario coincide con la reacción del Estado Central contra las Comunidades
Autónomas de Valencia, Baleares, Cantabria, Aragón y Madrid, que, al cambiar su gobierno en las
elecciones de mayo 2015, se han sumado a Cataluña, Andalucía, País Vasco y Asturias en la
aplicación de la sanidad universal frente al Real Decreto Ley 12/2012 que excluyó a los inmigrantes
sin permiso de residencia y a las personas de nacionalidad española mayores de 25 años sin
cotizaciones previas, la mayoría mujeres. La sanidad universal y de calidad es imprescindible para la
igualdad social y de género, y también su carácter público, porque las mujeres somos un blanco
específico de la pseudosanidad privada, que ve en cesáreas, tratamientos de la menopausia y demás
intervenciones innecesarias un importante nicho de negocio.
La financiación de la sanidad pública no depende principalmente del presupuesto del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sino de las comunidades autónomas, que gestionan el 92,1%
del gasto sanitario público. Las transferencias que reciben del Estado no desglosan materias, y se
integran en los programas 941 y 942 que suman 35.302 millones.
Exigimos la aplicación del punto 31 de las Observaciones del 24.07.2015 del Comité CEDAW:
a) Restaurar el acceso universal a servicios de salud, incluida la derogación del Real Decreto-Ley
12/2012, para garantizar la atención sanitaria a todas las mujeres, independientemente de su
situación migratoria;
b) Asegurar que no se adopta la proposición de Ley del PP restringiendo el derecho al aborto de las
jóvenes entre 16 y 18 años
c) Asegurar la prestación de un tratamiento adecuado a todas las mujeres con VIH/SIDA.
9.- La cooperación al desarrollo se mantiene estancada en niveles de principios de los
años 90.
Las asignaciones presupuestarias en Ayuda Oficial al Desarrollo para 2015 se mantienen
estancadas en el 0.17% del PIB, situando a España en los mismos niveles de AOD que a principios
de los años 90 (cuando España era aún un donante incipiente) y a la cola de los países de la UE-15.
Al recorte del 60% acumulado en los años anteriores, por el programa de Cooperación al Desarrollo,
se suma una nueva reducción del 0,27% en el presupuesto del 2016, mientras que el presupuesto del
Ministerio se incrementa en un 4,33%, lo que muestra como esta sigue siendo una de las políticas
más maltratadas durante la crisis.
2015 2016 DIFERENCIA
VARIACION
2015-2016
Cooperación al Desarrollo (Programa 143A) 516476,7 515085,12 - 1.391,58 € -0,27%
TOTAL Mº A Exteriores y Cooperación(Cap 1 a 8) 1.662.684,62 1.734.683,19 71.998,57 € 4,33%
Fuente: Proyecto de PGE 2016
El informe Oficial de Impacto de Género, señala las medidas previstas para promover la igualdad de
género en el conjunto de programas presupuestarios, lo que supone una mejora importante respecto
a la elaboración de informes previos. Sin embargo, siguen sin identificarse los recursos
9
presupuestarios asignados a las mismas, lo que impide conocer la magnitud y el alcance de las
mismas y su evolución a lo largo de los años.
Agosto de 2015
1. Plataforma Impacto de Género Ya
2. Fórum de Política Feminista
3. Otro Tiempo
4. ADAVAS (Asoc. Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Domestica) León
5. Asamblea Feminista de Madrid
6. Asociación de Mujeres Politologas
7. Colectivo Feminista Las Tejedoras
8. COMFIN, Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la Igualdad en Navarra
9. Federación Mujeres Jóvenes
10. Red de Mujeres América Latina y el Caribe en España
El Manifiesto con las firmas recibidas en impactodegeneroya@gmail.com hasta ese momento lo
entregaremos a todos los Grupos Parlamentarios el jueves 27 de agosto 2015 antes de las 8 de la
mañana del jueves, con la petición de que lo recojan en sus enmiendas (el plazo de presentación de
enmiendas termina ese día a las 14 h).
Seguiremos recogiendo firmas, que haremos públicas a mediados de septiembre en un acto público,
a ser posible en el Congreso de Diputados.

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Manifiesto feminista sobre los PGE 2016

  • 1. 1 MANIFIESTO FEMINISTA SOBRE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2016 El Gobierno ha adelantado a agosto el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, para aprobarlos antes de las elecciones legislativas de noviembre o diciembre de 2015, lo que no ayuda a la participación de la sociedad civil. Pese a ello, y precisamente por su incidencia en las elecciones, las organizaciones abajo firmantes no renunciamos a hacer, por 8º año consecutivo, este Manifiesto a la sociedad y a los grupos parlamentarios sobre su Impacto en la desigualdad entre mujeres y hombres. Son el cierre de una legislatura marcada desde su inicio en noviembre de 2011 por durísimos recortes y reformas, como la laboral, que no han aumentado el empleo –del 4º trimestre de 2011 al 2º trimestre 2015 las personas con empleo han bajado de 18,15 a 17,86 millones- pero sí su precariedad, aumentando la desigualdad social y de género. El recorte presupuestario en igualdad de las mujeres ha sido del 20,9% a lo largo de esta legislatura (2012-16) y del 47,6% respecto a 2009. En 2016 los presupuestos para igualdad y violencia son tan sólo el 0,0103% del total. El mensaje electoralista del Presupuesto de 2016 es que hay recuperación: un marco macroeconómico de incrementos del PIB (engordado desde 2015 con la prostitución y el tráfico de drogas) en un 3%, del empleo en un 2,8% y del IPC en un 1,1%, y de descenso del déficit público del 4,2 al 2,8% del PIB (2,2% en la Administración Central, 0,6% en la autonómica y 0% en la local), por una previsión de ingresos por impuestos y cotizaciones de nuevo inflada al 6,8%, pese a la reforma tributaria y a que el avance de resultados de la Seguridad Social en 2015 revela que las cotizaciones no han crecido el 6,8% previsto, sino el 0,8%, cifra muy inferior al aumento en un 3,4% de las personas afiliadas, debido a sus bajos salarios. Aunque sólo se habla de la deuda pública griega, la española ha crecido de 2011 al primer trimestre de 2015 del 63% al 98% del PIB. Y en 2016 más de un cuarto del gasto -155.479 millones- es para intereses (33.554 millones en Capítulo 3) y para activos y pasivos financieros (121.884 millones en Capítulos 8 y 9) lastrados aún por las adquisiciones de bancos en quiebra y operaciones abusivas. Es un 3% menos que en 2015, pero 100 veces más que lo que se gasta en atención a la infancia y a personas en situación de dependencia (161+1.253=1.414). Por ello seguimos reclamando una Auditoría Ciudadana de la Deuda. El presupuesto de Gastos consolidado (incluyendo Seguridad Social y otros entes) es de 436.372,82 millones de euros, un 1,7% inferior al de 2015, pero debido al descenso de la población supone 9.957 euros por habitante. La previsión de ingresos no financieros es de 287.632 millones, de los que el 88% son por impuestos y cotizaciones sociales. El Informe Oficial de Impacto de Género que por 8º año acompaña al Proyecto de Presupuestos 2016 http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/sitios/sepg/es-ES/Presupuestos/Documentacion/Paginas/InformeImpactoGenero.aspx sigue, como los anteriores, sin analizar la cuantía en euros de los programas presupuestarios a que se refiere, cuestión esencial del presupuesto, ni por tanto evaluar si suben o bajan y si son suficientes para los objetivos del Plan Estratégico de Igualdad 2014-2016. Reitera también la omisión del análisis de género de los ingresos, y de la Seguridad Social, cuando las pensiones contributivas y no contributivas vuelven a subir en 2016 el 0,25 %, y las pensiones de viudedad están en el centro del debate, siendo mujeres el 93% de los 2,3 millones de personas que viven de ellas. Nosotras consideramos que tienen especial influencia en la vida de las mujeres: 1.- El recorte del 22% en prestaciones por desempleo incrementará la pobreza y la feminización de la pobreza. El PGE 2016 recorta el 21,7% la dotación para protección por desempleo de las 5.149.000 personas en paro (49,7% mujeres), no porque prevea crear 1,2 millones de puestos de trabajo, sino porque prevé reducir su cobertura por seguro o subsidio de desempleo. Llueve sobre mojado, porque la tasa de cobertura de las personas paradas registradas en las oficinas de empleo (que son menos que las paradas según la EPA, más representativa) viene bajando desde el
  • 2. 2 78,4% en 2010 al 58% en 2014, con una importante brecha de género, de la que sólo disponemos de datos del SEPE de 2013 y 2014, en que tuvieron protección el 63,8% de los hombres, frente al 54,2% de las mujeres http://www.ccoo.es/cms/g/public/o/9/o59208.pdf/ Los contratos a tiempo parcial, que ya son el 26% de los femeninos y 8% de los masculinos, y su impacto en el empleo con pobreza (menos de 676 euros al mes) llevaron al Consejo sobre las Mujeres y la Economía de la Unión Europea de 19.06.14 a exigir que la EPA refleje el empleo a tiempo parcial como tasa equivalente del tiempo completo, y la relación entre pobreza y violencia contra las mujeres. Su publicación y difusión deben servir al Objetivo H.3 de la Plataforma de Acción de Beijing 1995, para la sensibilización social y para hacer políticas contra la discriminación. Los 19.521,73 millones de euros del programa 251M de prestaciones por desempleo se desglosan en 11.833,80 para prestaciones contributivas, 5.254,61 para subsidio de desempleo (de 426 €/mes durante 18 a 30 meses) para quienes han agotado la prestación contributiva, carecen de rentas superiores a 486 €/mes y tienen responsabilidades familiares, 1.412,99 millones para Renta activa de inserción, 670,33 millones para el subsidio agrario SEASS y 350 millones para ayuda económica del programa de activación para el empleo. La recuperación del empleo no es proporcional a la del PIB. Las cifras oficiales indican que del 2º trimestre 2014 al 2º trimestre 2015 el PIB creció un 3,1%, pero el empleo sólo el 2,96%, desglosado en un 3,39% para el empleo masculino y 2,44% para el de las mujeres. En los 4 años de esta legislatura (2012-2015) la brecha entre la Tasa de Paro de Mujeres y Hombres se ha triplicado. 2.- Las políticas de igualdad de las mujeres siguen bajando, pese a las recomendaciones del CEDAW El recorte en un 5,22% del programa 232B “Igualdad oportunidades entre mujeres y hombres” correspondiente al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades (es decir con competencias adicionales sobre discriminación de colectivos raciales o étnicos), es contrario al punto 15 de las Observaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas CEDAW/C/ESP/CO/7-8 del 24 de julio de 2015 sobre la aplicación en España en el periodo 2008-2014 de la Convención CEDAW, que, tras recordar al Gobierno de España que las medidas de austeridad
  • 3. 3 adoptadas por el Estado tienen efectos negativos sobre las mujeres, y que en tiempos de crisis debe hacer esfuerzos especiales para respetar los derechos de las mujeres, sostener y ampliar la inversión y la protección social, especialmente de las mujeres más vulnerables, y evitar medidas regresivas, recomienda que se restablezca el Ministerio de Igualdad eliminado en 2010, con recursos humanos y financieros adecuados para iniciar, coordinar y ejecutar las políticas de igualdad de género a un alto nivel, y aumentar los recursos del Instituto de la Mujer para un enfoque fuerte en derechos de las mujeres, fortalecer la coordinación con las CC. Autónomas y fortalecer la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la igualdad de la mujer. El CEDAW, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, recomendó al Gobierno de España el 28 de julio de 2015 que restablezca el Ministerio de Igualdad eliminado en 2010 y aumente los recursos del Instituto de la Mujer para un enfoque fuerte en derechos de las mujeres. El Instituto de la Mujer dedicará en 2016 el 39% de su presupuesto (8,5 millones) a la contratación externa de „material, suministros y otros‟ y el 22% (4,3 millones) a subvenciones, la mayoría a entidades empresariales, de las que el 60% están adjudicadas sin publicidad ni concurrencia: PREVISIÓN DE SUBVENCIONES DEL INSTITUTO DE LA MUJER EN 2016 euros Subv. a la empresa pública CERSA para avales a mujeres emprendedoras 50.000 Subv. a Ceuta para promoción de igualdad e inserción sociolaboral 50.000 Subv. a Melilla para promoción de igualdad e inserción sociolaboral 50.000 Subv. a entidades locales para formación y fomento del empleo femenino 125.000 Subv. a 150 PYMES para planes de igualdad 900.000 Subvenciones a asociaciones y fundaciones anti-discriminación de la mujer 1.550.000 Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias FEMP 200.000 Convenio con la Cruz Roja. Programa SARA. 100.000 Convenio con CEPAIM (Acción Integral con Migrantes). Programa SARA. 100.000 Convenio con la FSG (Fundación Secretariado Gitano). Programa SARA. 100.000 Convenio con FEUP (Fed. Española de Universidades Populares) Programa SARA 100.000 Convenio con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio 360.000 Subv a la Fundación INCYDE (Cámaras de Comercio) emprendimiento femenino 60.000 A la Conf. de Organizaciones Empresariales (CEOE) para mujeres directivas 250.000 Subv. Para Programa de reducción de las desigualdades retributivas de género 350.000 Total Capítulo IV 4.345.000 La reforma de la Ley de Régimen Local por la Ley 27/2013 ha eliminado la competencia municipal en promoción de la mujer que establecía su artículo 28, mientras el artículo 27.3.c) dice que los ayuntamientos sólo podrán prestar servicios sociales, de promoción de la igualdad de oportunidades y de prevención de la violencia contra la mujer por delegación del Estado o de la Comunidad Autónoma financiada al 100%, financiación que no cubre la subvención de 125.000 € a entidades locales, ni aún sumada a los 200.000 a la FEMP prevista en el PGE 2016.
  • 4. 4 3.- El programa contra la Violencia de Género sube un 6,3%, insuficiente para la financiación municipal de los puntos de atención y el Convenio de Estambul. El programa 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género se dota con 25.228.180 euros. Sube un 6,32% respecto a 2015 y un 5,5% respecto al comienzo de la legislatura en 2012, pero baja el 10,92% respecto a 2009. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género que lo gestiona sólo destina un 6% a personal, y sube del 49% al 53,3% el gasto en subvenciones (13,4 millones). De ellos 6 millones son para convenios con Comunidades Autónomas (excepto Navarra y País Vasco), para financiar los servicios de asistencia jurídica, social y psicológica a las víctimas en todo el territorio del Estado que establece el art. 19 de la Ley 1/2004. Es una cantidad insuficiente, pues equivalen al salario de unas 150 profesionales para más de 7.000 municipios. Convenios Estado-CCAA para Asistencia social, jurídica y psicológica a víctimas de violencia de género Art.19 Ley O. 1/2004 año 2014 2015 BOE 17/10/2014 27/06/2015 Andalucía 567.287 553.952 63.504 Aragón 209.041 195.943 71.150 Asturias 156.681 152.335 63.344 Baleares 172.828 170.027 61.697 Canarias 222.583 218.373 61.409 Cantabria 138.152 134.647 63.077 Castilla y León 255.791 240.888 71.790 Castilla-La Mancha 251.774 237.612 71.654 Cataluña 534.426 527.775 61.630 C. Valenciana 400.835 388.021 61.720 Extremadura 193.272 180.476 71.824 Galicia 232.895 225.905 63.586 Madrid 479.103 471.600 60.711 Murcia 195.846 192.305 62.680 La Rioja 134.510 129.391 65.102 Ceuta 77.212 80.035 12.571 Melilla 77.764 80.715 12.551 Total 4.300.000 4.180.000 1.000.000 Pedimos aumentar de 6 a 60 millones la dotación de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género (Programa 232B, partida 45) de convenios con las Comunidades Autónomas para financiar los servicios de asistencia jurídica, social y psicológica a las víctimas en todo el territorio del Estado, que establece el art. 19 de la Ley O.1/2004, para compensar la supresión de la financiación municipal impuesta por el art. 27.3.c) de la Ley 27/2013. Sólo hay 2 millones para Atención a víctimas (Plan 2015-2018 contra la trata con fines de explotación sexual) El 10% de las mujeres de más de 16 años en España ha sufrido violencia física, 25% violencia psicológica de control, 22% violencia psicológica emocional, 8% violencia sexual (la mitad antes de los 15 años) y 11% violencia económica, según la Macroencuesta oficial 2015, cifras que se incrementan un 33% en las mujeres con discapacidad. Pero sólo el 45% acudieron a servicios médicos, psicológicos, jurídicos o sociales, y sólo un 29% la denunciaron, y de ellas un 21% retiraron luego la denuncia, por lo que las políticas públicas no pueden limitarse a medidas penales mientras aumentan la desigualdad y recortan las medidas educativas, preventivas y sociales. Según el IIG (Informe Oficial de Impacto de Género, pag. 347), en 2014 se presentaron 126.742 denuncias por violencia de género, un 1,5% más que en 2013. El 70% presentadas por la víctima al juzgado o la policía, 27% por la policía o personal sanitario y 1,6% por familiares. Un 12% de las mujeres renunciaron al proceso, se concedieron 18.775 órdenes de protección y se dictaron 28.365 sentencias condenatorias (61,2%) y 17.948 absolutorias (38,7%). Sin embargo, los indicadores del presupuesto por objetivos no mejoran la fiabilidad, comparabilidad y visibilidad exigidas por el artículo 11 del Convenio de Estambul vigente desde agosto de 2014.
  • 5. 5 Hay 3,6 millones de euros para teléfonos de localización y atención 24 horas ATENPRO, que en 2014 se dio a 10.502 usuarias en 965 ayuntamientos a través de la FEMP y Cruz Roja y x para pulseras y Seguimiento telemático de las Órdenes de alejamiento, a 716 parejas (1.192 personas) en 2014. La insuficiencia de los 1,7 millones para las Ayudas del artículo 27 de la Ley O. 1/2004 de violencia (subsidio de desempleo de 426 € por 6 a 18 meses, en pago único), gestionadas por las CCAA, se percibe en que sólo 426 víctimas (el 0,33% de las denunciantes) la percibieron en 2014 y el dato de sólo 900 contratos (0,7% de las denunciantes) con bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad Social -en 125 €/mes-1.500 €/año durante 4 años por contrato indefinido y 50 €/mes-600 €/año por contrato temporal- a quienes empleen a víctimas de violencia de género. OBJETIVOS EN VIOLENCIA DE GÉNERO 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016/2015 INDICADORES DEL PROGRAMA 232C realizado presupuesto realizado presupuesto prv realizar presupuesto variac prtº % Denuncias 124.893 135.000 126.742 135.000 135.000 135.000 0 Pulseras vigilancia Orden de Alejamiento 726 900 1.192 775 1.200 1.200 55 Ayudas económicas a víctimas (art.27) 468 275 426 500 550 550 10 Llamadas atendidas en el teléfono 016 58.274 55.000 68.651 65.000 70.000 70.000 8 Mujeres empleadas c/ ayudas a empresas 717 350 744 900 900 1.000 11 Subvenciones a entidades sin lucro contra la Trata 40 50 40 52 44 50 -4 Mujeres con teléfono móvil ATENPRO 10.426 10.500 10.504 11.000 11.000 11.000 0 Municipios adheridos a ATENPRO (Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género) 955 960 967 960 967 967 1 Unidades de coordinación 67 68 61 67 64 67 0 Campañas de sensibilización 2 2 2 3 2 0 Reuniones Foro contra la Trata 10 0 15 15 15 0 Reuniones Observatorio Estatal Violencia Género 6 3 6 3 6 0 Convenios con CCAA (arts. 19 y 27 Ley O 1/2004) 17 30 17 30 32 88 El Gobierno destaca en el Libro Amarillo de los Presupuestos el gasto de 1,5 millones de euros en Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual y en el Registro Central para la Protección de Víctimas de la Violencia Doméstica, como mejoras del Estatuto de la Víctima, y el incremento del 54,6% de la asistencia psicológica a las víctimas a través de los Colegios de Psicólogos. Las campañas de sensibilización promovidas por la Delegación del Gobierno contra la VG siguen orientadas a que la víctima denuncie, limitándose a un procedimiento penal en el que la Comunicación 47/2012 del Comité CEDAW ha pedido, sin éxito, se combatan los estereotipos de género que desempoderan y disuaden a las víctimas. El Presupuesto no responde a esa Comunicación, ni a las Observaciones finales a España CEDAW/C/ESP/CO/7-8 ni al art. 14 del Convenio de Estambul: sigue sin haber voluntad política ni recursos para la aplicación de los artículos 4, 6, 7, 8 y 9 de la Ley Integral de 2004, que obligan a incluir la igualdad de mujeres y hombres en los programas y materiales del sistema educativo, dar formación inicial y permanente al profesorado, asegurar una persona responsable de igualdad en los Consejos Escolares y que la Inspección informe sobre el cumplimiento. Además de la supresión de la breve Educación para la Ciudadanía, la actual LOMCE no hace ninguna mención al fomento específico o transversal de la igualdad entre hombres y mujeres. La cooperación con las organizaciones de mujeres (art. 9 del Convenio de Estambul) no se cumple por la falta de actividad, apertura y transparencia del Observatorio de Violencia y del Foro contra la Trata. Sobre el punto candente de los recortes en Puntos de Encuentro, necesarios para que las visitas de padres maltratadores no pongan en riesgo a los hijos e hijas, como dice la Comunicación 47/2012 del Comité CEDAW sobre Ángela González Carreño, reiterada en los puntos 10 y 11 del Informe de 24 de
  • 6. 6 junio 2015 de Observaciones finales a España CEDAW/C/ESP/CO/7-8 y el artículo 31 del Convenio de Estambul sólo vemos una alusión en el Programa 231G Atención a la infancia y a las familias, cuya partida 48 reparte casi dos tercios del presupuesto en subvenciones nominales, sin publicidad ni concurrencia, a entidades que no representan „a las familias en su diversidad‟, sino mayoritariamente la familia tradicional, discriminatoria para las mujeres y la infancia, que impregna el II Plan Estratégico Nacional de infancia y Adolescencia 2013-2016 y del Plan Integral de Apoyo a la Familia 2015-2017: SUBVENCIONES DE LA DG DE FAMILIA E INFANCIA PROGRAMA 231G ATENCIÓN A LA INFANCIA Y A LAS FAMILIAS A ENTIDADES PRIVADAS SIN FIN DE LUCRO € AFAMMER, Asoc. de Familias y Mujeres del Medio Rural para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 70.000 UNAF Unión de Asoc. Familiares para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas 430.000 Plataforma de Organizaciones de infancia para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas 1.333.570 CEAPA, Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos para el sostenimiento económico financiero de su estructura central 80.190 CONCAPA, Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos para el sostenimiento económico financiero de su estructura central 54.000 Federación Española de Familias Numerosas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 287.240 Federación Nacional de Puntos de Encuentro para el Derecho de Visitas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 40.000 Foro Español de la Familia para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y de sus entidades asociadas 55.000 Federación Española de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva 60.000 "Fundación + familia", para el cumplimiento de sus fines y del "Certificado de empresa familiarmente responsable" 7.500 TOTAL 2.417.500 4.- La 5ª suspensión de la ampliación del Permiso de Paternidad: una legislatura perdida El Gobierno, a través de los Presupuestos Generales del Estado 2016 pospone por quinto año consecutivo, dice que al 1 de enero de 2017, la ampliación a 4 semanas del permiso de paternidad por nacimiento, adopción o acogida de la Ley 9/2009, manteniéndolo en las dos semanas establecidas por la Ley de Igualdad de 2007, frenando la corresponsabilidad de los padres, madres, Estado y empresas en el cuidado de la infancia. En el año 2014 236.714 padres trabajadores disfrutaron de permisos retribuidos por la Seguridad Social con 202,3 millones de euros, el 2,06% de la partida de subsidios de incapacidad temporal y otras prestaciones de la seguridad social que recogen los PGE 2014 en el programa 221M incrementado en 2016 en un 5% para prestaciones por maternidad y paternidad. Esta suspensión de la ampliación del permiso de paternidad, junto a la falta de dotación de recursos en educación infantil de 0-3 años repercute en que en 2014 se tramitaran 31.435 excedencias por cuidado de hijos, de las cuales el 94% fueron tomadas por mujeres, porcentaje que prácticamente se mantiene (92%) en lo que va de 2015, lo que refleja la desigualdad en el cuidado de los menores, que a su vez conlleva la precariedad de las mujeres en el mercado laboral con empleos a tiempo parcial, reducción de jornada o a excedencias para poder compaginar la vida familiar y laboral que incrementan de la brecha salarial actual y la brecha en las pensiones futuras. En el debate presupuestario, el Secretario de Estado de Administraciones Públicas, Sr Beteta, ha anunciado que a las funcionarias del Estado se les sumará a partir de 2016 un permiso retribuido de la semana 37 a la 40 de gestación. Proponemos que el coste de esas 4 semanas se aplique a la ampliación general del permiso de paternidad, por ser una medida que contribuye más a la igualdad entre todas las trabajadoras y entre madres y padres. 5.- La Atención a la Dependencia sube un 6,4% para atender a un 55% más de personas, con un promedio de 3 euros al día por persona, contradiciendo el 5º ODS. La aportación del Estado al Sistema de Atención a la Dependencia (SAD) será de 1.252 millones de euros, un aumento del 6,4% que no alcanza para la atención a los 746.142 personas beneficiarias en junio 2015
  • 7. 7 más las 411.235 dependientes moderadas incorporadas al SAD en julio de 2015, tras tres años y medio de suspensión de su derecho, como ha señalado la Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia, y carece de presupuesto por objetivos. A la baja cobertura (hay 1.577.207 solicitantes de los que sólo el 47,3% tiene ayuda a domicilio, centro de día, residencia, asistente personal o paguita a su cuidadora familiar) se suma un descenso dramático de la suficiencia de financiación: si en 2015 era de 136 euros por persona y mes, en 2016 bajará a 90,21 €/mes. ¿Qué ayuda profesionalizada para funciones de la vida diaria cabe en 3 euros al día? El SAD es otra Cenicienta de la legislatura. Teniendo las personas en situación de dependencia un derecho subjetivo universal a la atención, según la ley, las personas beneficiarias sólo han aumentado el 0,6%, de 741.713 en diciembre 2011 a 746.142 en junio 2015, con lo que el cuidado recae en mujeres del ámbito familiar: cuidadoras familiares con una cada vez más exigua paguita, empleadas de hogar en condiciones precarias o hijas u otras familiares mediante trabajo no pagado. Según la Memoria económica de la Ley de 2006 la financiación pública entre el Estado y las CCAA en 2015 debería ser de 6.203 millones, alcanzando el 3% del PIB. El Presupuesto del Estado para 2016 es sólo el 40% de lo comprometido entonces, y las CC. Autónomas cubren de forma desigual y escasa su cuota. El 5º de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 que aprobará la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre de 2015 es la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, y su 4º apartado va más allá de la medida 165.g) de la Plataforma de Acción de Beijing –reconocer, valorar y repartir los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado- al añadir “mediante la prestación de servicios públicos, la provisión de infraestructura y la formulación de políticas de protección social”. También el punto 29,b) de las citadas Observaciones finales a España CEDAW/C/ESP/CO/7-8 recomiendan „Restaurar la financiación de la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas Dependientes‟ pero ni el Presupuesto ni el Informe Oficial de Impacto de Género lo asumen, pese a ser mujeres el 67% de las personas dependientes y el 83% de sus cuidadoras. 6.- Educación: la LOMCE apuesta por la segregada, pero no por la infantil, la sexual, ni la compensatoria de desigualdades. Aunque el grueso de la educación pública se financia por el opaco sistema de transferencias de competencias y recursos a las Comunidades Autónomas, el gasto en Educación en los PGE 2016 es de 2.483,96 millones de euros, un 9,3% más que en 2015. El 57% es para becas, que tienen una leve subida del 0,2%. Las Enseñanzas Artísticas (3,37 millones) bajan el 29,6% y la Educación compensatoria de las desventajas socioeducativas (5,11 millones) sigue bajando, este año el 2,6%. La Educación Infantil y Primaria programa 322ª supone el 6,5% (161,57 millones) un 1,7% más que en 2015. Pero ni con mucho recupera el nivel de 2010, pese a que sólo el 33,7% de los 1.305.159 niños y niñas de 0 a 3 años están escolarizados en el 1er ciclo de Educación Infantil pública y privada en el curso 2014-2015. El descenso anual del alumnado del 0,7% se atribuye por el Ministerio de Educación al descenso de la natalidad, como si la carestía de servicios accesibles a la infancia no fuera una de las causas. Las transferencias a CC Autónomas para Actuaciones en el primer ciclo de educación infantil (Prg.322A, partida 450) son ridículas: 1,2 millones. Pedimos corregir la falta de objetivos de igualdad entre mujeres y hombres de la LOMCE de 2012, conocida como “Ley Wert”, en programas transversales y específicos; que la educación segregada por sexos no se financie con fondos públicos, que se incluyan la educación para la igualdad de género y la educación afectivo-sexual en el currículum educativo, concretando el mandato de la Ley O. 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, y que se cumpla el punto 27 de las Observaciones del 24.07.2015 del Comité CEDAW/C/ESP/CO/7-8: a) actuaciones específicas para la diversificación e igualdad de mujeres y hombres en opciones académicas y profesionales;
  • 8. 8 b) eliminar los estereotipos de género en los recursos educativos e incluir la promoción de la igualdad de género en los planes de estudio; c) Educación sexual y reproductiva obligatoria apropiada a cada edad, impartida por personal capacitado e integrada en los programas escolares regulares, sobre comportamiento sexual responsable, prevención del embarazo precoz y enfermedades de transmisión sexual; d) medidas eficaces contra el abandono escolar de las adolescentes gitanas y aumentar su educación básica y superior con acciones positivas como becas y libros de texto gratuitos. 7.- Sanidad pública universal y de calidad, incluyendo el derecho al aborto sin discriminación de edad El debate presupuestario coincide con la reacción del Estado Central contra las Comunidades Autónomas de Valencia, Baleares, Cantabria, Aragón y Madrid, que, al cambiar su gobierno en las elecciones de mayo 2015, se han sumado a Cataluña, Andalucía, País Vasco y Asturias en la aplicación de la sanidad universal frente al Real Decreto Ley 12/2012 que excluyó a los inmigrantes sin permiso de residencia y a las personas de nacionalidad española mayores de 25 años sin cotizaciones previas, la mayoría mujeres. La sanidad universal y de calidad es imprescindible para la igualdad social y de género, y también su carácter público, porque las mujeres somos un blanco específico de la pseudosanidad privada, que ve en cesáreas, tratamientos de la menopausia y demás intervenciones innecesarias un importante nicho de negocio. La financiación de la sanidad pública no depende principalmente del presupuesto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sino de las comunidades autónomas, que gestionan el 92,1% del gasto sanitario público. Las transferencias que reciben del Estado no desglosan materias, y se integran en los programas 941 y 942 que suman 35.302 millones. Exigimos la aplicación del punto 31 de las Observaciones del 24.07.2015 del Comité CEDAW: a) Restaurar el acceso universal a servicios de salud, incluida la derogación del Real Decreto-Ley 12/2012, para garantizar la atención sanitaria a todas las mujeres, independientemente de su situación migratoria; b) Asegurar que no se adopta la proposición de Ley del PP restringiendo el derecho al aborto de las jóvenes entre 16 y 18 años c) Asegurar la prestación de un tratamiento adecuado a todas las mujeres con VIH/SIDA. 9.- La cooperación al desarrollo se mantiene estancada en niveles de principios de los años 90. Las asignaciones presupuestarias en Ayuda Oficial al Desarrollo para 2015 se mantienen estancadas en el 0.17% del PIB, situando a España en los mismos niveles de AOD que a principios de los años 90 (cuando España era aún un donante incipiente) y a la cola de los países de la UE-15. Al recorte del 60% acumulado en los años anteriores, por el programa de Cooperación al Desarrollo, se suma una nueva reducción del 0,27% en el presupuesto del 2016, mientras que el presupuesto del Ministerio se incrementa en un 4,33%, lo que muestra como esta sigue siendo una de las políticas más maltratadas durante la crisis. 2015 2016 DIFERENCIA VARIACION 2015-2016 Cooperación al Desarrollo (Programa 143A) 516476,7 515085,12 - 1.391,58 € -0,27% TOTAL Mº A Exteriores y Cooperación(Cap 1 a 8) 1.662.684,62 1.734.683,19 71.998,57 € 4,33% Fuente: Proyecto de PGE 2016 El informe Oficial de Impacto de Género, señala las medidas previstas para promover la igualdad de género en el conjunto de programas presupuestarios, lo que supone una mejora importante respecto a la elaboración de informes previos. Sin embargo, siguen sin identificarse los recursos
  • 9. 9 presupuestarios asignados a las mismas, lo que impide conocer la magnitud y el alcance de las mismas y su evolución a lo largo de los años. Agosto de 2015 1. Plataforma Impacto de Género Ya 2. Fórum de Política Feminista 3. Otro Tiempo 4. ADAVAS (Asoc. Ayuda a Víctimas de Agresiones Sexuales y Violencia Domestica) León 5. Asamblea Feminista de Madrid 6. Asociación de Mujeres Politologas 7. Colectivo Feminista Las Tejedoras 8. COMFIN, Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas por la Igualdad en Navarra 9. Federación Mujeres Jóvenes 10. Red de Mujeres América Latina y el Caribe en España El Manifiesto con las firmas recibidas en [email protected] hasta ese momento lo entregaremos a todos los Grupos Parlamentarios el jueves 27 de agosto 2015 antes de las 8 de la mañana del jueves, con la petición de que lo recojan en sus enmiendas (el plazo de presentación de enmiendas termina ese día a las 14 h). Seguiremos recogiendo firmas, que haremos públicas a mediados de septiembre en un acto público, a ser posible en el Congreso de Diputados.