Manual para la defensa de las comunidades frente a impactos de la minería en México

Manual para la defensa de las comunidades frente a
impactos de la minería en México
"Esta publicación pretende socializar instrumentos jurídicos de defensa de las
comunidades y del medio ambiente en el tema de minería".
- El manual está disponible para su descarga:
http://www.greenpeace.org/mexico/Global/mexico/Docs/2016/ManualMiner%C3%ADa13%2
0may%202016_VF.pdf
En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, que se
conmemora este 22 julio, las organizaciones Colectivas, Colectivo de
Abogados y defensores del Interés Público, Fronteras Comunes y
Greenpeace México presentaron el manual “Defensa de los Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) de pueblos y
comunidades frente a los megaproyectos mineros en México” como
una herramienta para hacer frente a los abusos de los proyectos
mineros en todo el país.
Esta publicación pretende socializar instrumentos jurídicos de defensa
de las comunidades y del medio ambiente en el tema de minería, ya
que muchos pueblos enfrentan el embate de una gran cantidad de
concesiones otorgadas por el Estado para megaproyectos mineros, así
como por la actividad minera ya existente, en la que hasta 2014 el
68% del capital invertido era de origen canadiense.
“A fines de 2014 se registraron un total de 25, 267 concesiones
mineras, que, según datos del Servicio Geológico Mexicano amparaban
una superficie concesionada de casi 26 millones de hectáreas,

representando alrededor de 12.7% del territorio nacional1, lo que ha
ocasionado más de 300 conflictos mineros en el país según la Red de
Afectados por la Minería (REMA) y en un año, según Cartocrítica, la
industria minera extrajo casi 437 millones de metros cúbicos de agua,
cantidad suficiente como para cubrir las necesidades humanas de toda
la población de Baja California Sur, Colima, Campeche y Nayarit
durante el mismo periodo”, señaló Marisa Jacott, directora de Fronteras
Comunes.
El gobierno ha concesionado proyectos mineros que se traslapan con
territorios comunales y ejidales, atentando con las formas de
organización y derechos sociales de las comunidades indígenas y
campesinas. Esto suscita una problemática compleja, la destrucción
masiva de los recursos naturales provocada por la actividad minera:
contaminación del aire, el agua y el suelo a gran escala; alteración del
entorno y los ecosistemas; cambio de uso de suelo, incluso en áreas
naturales protegidas; despojos con violencia, represión y crimen contra
formas de defensa del territorio y organización comunitaria; deterioro
de la salud de los habitantes cercanos a las minas; además del impacto
que sufren los trabajadores mineros por laborar en condiciones de alto
riesgo y por el uso intensivo de materiales peligrosos y sustancias
químicas. Por ello, resulta indispensable fortalecer en México el trabajo
de defensa social y ambiental frente a esta actividad industrial
depredadora.
“Se ha publicitado y conocido muchas veces en el país la enorme
cantidad de concesiones para la explotación minera otorgadas por
muchos años, lo que contrasta con otros países de América Latina.
También sabemos que todo está relacionado con este modelo de
“desarrollo” neoliberal y extractivo”, señaló don Miguel Concha Malo,
director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP,
A.C.
Por poner un comparativo, en 2016 la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp), reportó la existencia de 177 ANP en el
país, que abarcan un total de 25 millones 628 mil 239 hectáreas, que
representan 12.1 por ciento del territorio nacional.
El manual para la “Defensa de los Derechos Económicos, Sociales,
Culturales y Ambientales (DESCA) de pueblos y comunidades frente a
 los megaproyectos mineros en México" aborda las relaciones y
tensiones que provoca la minería y plantea que es a partir de la
sobreexplotación, deterioro y afectación de los recursos naturales, que
el Estado mexicano privilegia el beneficio de intereses privados y
extranjeros sobre los sociales, quebrantando así los derechos
colectivos, pero también propone la utilización de herramientas
jurídicas y no jurídicas para las comunidades, a fin de fortalecer sus
luchas por la defensa de su territorio, patrimonio y su salud frente al
auge minero depredador en México.

La publicación contiene información sobre qué son los DESCA, cómo
estos son vulnerados por el Estado y la industria minera, así como la
importancia en la defensa del territorio de las comunidades afectadas;
el contexto actual de la minería en México; qué son las concesiones
mineras; trámites; las afectaciones ambientales y a la salud de las
comunidades y trabajadores, causadas por la minería y sus tóxicos;
instrumentos jurídicos y no jurídicos que pueden servir en la defensa
del territorio y ambiente frente a la minería.
Los principales DESCA que se violan a consecuencia de los
megaproyectos mineros son: los laborales y ambientales; los
relacionados con la salud, vivienda, agua y saneamiento; tierra,
territorio y recursos naturales; consulta y consentimiento libre, previo
e informado; la propiedad; libertad de expresión e información;
participación y acceso a la justicia. En el caso de los pueblos indígenas
o equiparables, además, se violan el respeto a su cultura, su identidad
y en general a su autodeterminación y desarrollo.
“No se trata solamente de un manual, incluso informe, muy detallado
y completo de las luchas integrales que llevan a cabo las personas,
colectivos y movimientos sociales y populares en la defensa de sus
territorios frente a los megaproyectos de inversión de compañías
nacionales e internacionales; tampoco es solamente una demostración
simple de cómo estas personas y colectivos defienden sus tierras y
territorios frente a esa invasión de proyectos de inversión, es un
instrumento que muestra con todo detalle cómo las personas y los
colectivos pueden efectivamente defender los bienes naturales y
territorios de esas invasiones. Mostrando cómo se puede llevar a la
práctica el uso del crítico y creativo del derecho desde las propias
luchas de las personas y movimiento; además de un manual, es un
instrumento de aprendizaje para poder consolidar esas luchas”, señaló
don Miguel Concha Malo.
“Es importante aclarar que no estamos en contra del desarrollo pero
éste no debe ser a costa de violaciones a los derechos humanos de las
personas. No es válido implantar un modelo basado en el
extractivismo, que pretende imponerse a cualquier costo sobre otras
formas y modelos de vida que se piensan arcaicos y que, por tanto, se
condenan a la desaparición. Ese modelo lleva sólo al choque de visiones
y detona conflictos y un clima de mayor violencia”, señaló María Colin,
asesora legal de Greenpeace.
Las organizaciones participantes en la elaboración del manual se
oponen terminantemente a la criminalización y persecución de la lucha
por la defensa de la vida, los derechos, la salud y el territorio y
reiteraron su rechazo a la megaminería y el extractivismo de recursos
naturales que vulneren los derechos de los pueblos.
Fuente: Greenpeace

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