El documento detalla diversos procedimientos penales especiales en relación con delitos menos graves, extradición, responsabilidad penal de adolescentes y la ley contra la delincuencia organizada. Se especifican las competencias, tiempos y condiciones de juzgamiento, así como los derechos y garantías de las víctimas y los imputados. Además, se establecen normas para la intercepción de telecomunicaciones en investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada.