Marcos legales de protección

Marcos legales de protección a
víctimas de abuso sexual y
maltrato infantil
Ley PINA
Ley de Femicidio
Ley contra la Violencia Sexual
2a. Av. 5 - 45, Zona 1;
Guatemala, Centroamérica.
www.conacmi.org
contacto@conacmi.org
Tel. 2230-2199; 2220-7400

Definiciones
Ley Pina
La Ley de Protección Integral de la
Niñez y la Adolescencia, (PINA) es un
instrumento jurídico de integración
familiar y promoción social, que
persigue lograr el desarrollo integral
y sostenible de la niñez y
adolescencia guatemalteca, dentro
de un marco democrático e
irrestricto respeto a los Derechos
Humanos. Para esto reconoce que es
necesario trabajar los aspectos
social, jurídico, y económico.
Esta ley tiene por objeto
prevenir, reprimir,
sancionar y erradicar la
violencia sexual, la
explotación y la trata de
personas, la atención y
protección de sus
víctimas y resarcir los
daños y perjuicios
ocasionados.
Ley contra el Femicidio
El objeto de esta ley es
garantizar la vida, la
libertad, la integridad, la
dignidad, la protección y
la igualdad de todas las
mujeres ante la ley,
particularmente cuando
por condición de género,
en las relaciones de poder
o confianza, en el ámbito
público o privado quien
agrede, cometa en contra
de ellas prácticas
discriminatorias, de
violencia física,
psicológica, económica o
de menosprecio a sus
derechos.

Ley PINA
Artículo 29: Comunicación de los casos de maltrato
Los casos de sospecha o confirmación de
maltrato contra el niño, niña o adolescente
detectados por el personal médico o
paramédico de centros de atención social,
centros educativos y otros deberán
obligatoriamente comunicarlos a la autoridad
competente de la respectiva localidad, sin
perjuicio de otras medidas legales.
Artículo 44: Obligación de la denuncia
Las autoridades de los establecimientos de
enseñanza pública o privada comunicarán a
la autoridad competente los casos de:
• Abuso físico, psicológico o sexual que
involucre a sus alumnos;
• Reiteradas faltas injustificadas y de evasión
escolar, cuando sean agotados los medios
administrativos locales.

Ley PINA
Artículo 50: Seguridad e integridad
Los niños, niñas y adolescentes, tienen
derecho a la protección contra el
secuestro, el tráfico, la venta y la trata
para cualquier fin o en cualquier
forma. El estado deberá desarrollar
actividades y estrategias de carácter
nacional, bilateral y multilateral
adecuadas para impedir estas
acciones.
Artículo 53: Maltrato y agravios
Todo niño, niña o adolescente tiene el derecho de no
ser objeto de cualquier forma de negligencia,
discriminación, marginación, explotación, violencia,
crueldad y opresión, punibles por la Ley, ya sea por
acción u omisión a sus derechos fundamentales.
Asimismo tienen derecho a ser protegidos contra toda
forma de maltrato. El estado estimulará la creación de
instituciones y programas preventivos o psicosociales
necesarios, para dar apoyo y orientación a la familia y a
la comunidad. Deberá proporcionar la asistencia
necesaria, tratamiento y rehabilitación a las víctimas, a
quienes cuidan de ellas y al victimario.

Ley PINA
Artículo 54: Obligación estatal
El estado deberá de adoptar las
medidas legislativas,
administrativas, sociales y
educativas apropiadas para
proteger a los niños, niñas y
adolescentes contra toda forma de
maltrato físico, psicológico, sexual
o por negligencia.
Artículo 56: explotación o abuso sexual
Los Niños, Niñas y adolescentes tienen
derecho a ser protegidos contra toda forma
de explotación o abuso sexual, incluyendo:
La incitación o la coacción para que se
dedique a cualquier actividad sexual.
Su utilización en la prostitución,
espectáculos o material pornográfico.
Promiscuidad sexual.
El acoso sexual de docentes, tutores y
responsables.

Ley PINA
Artículo 115: Retiro del agresor o separación de la víctima del hogar
En caso de maltrato o abuso sexual realizado por los padres o
responsables, la autoridad competente podrá determinar, como
medida cautelar, el retiro del agresor del hogar o la separación de la
víctima de su núcleo familiar según las circunstancias.

Artículo 4: Coordinación interinstitucional
El Estado de Guatemala, a través del órgano rector de
las políticas relativas a la prevención y erradicación de
la violencia contra la mujer, será responsable de la
coordinación interinstitucional, la promoción y
monitoreo de campañas de sensibilización y
generación de espacios de discusión para la
concertación e impulso de políticas para la prevención
de la violencia contra la mujer y del femicidio, las que
se consideran de urgencia nacional y de interés social,
en congruencia con los compromisos internacionales
suscritos y ratificados en la materia.
Artículo 11: Resarcimiento a la víctima
La reparación a la víctima será
proporcional al daño causado y al grado
de culpabilidad del autor del delito. En
ningún caso implicará un
enriquecimiento sin causa de la víctima.
El resarcimiento podrá decretarse por
los órganos de justicia que conozcan del
caso concreto.

Artículo 13: Derechos de la víctima
Es obligación del Estado garantizar
a la mujer que resulte víctima de
cualquier forma de violencia, los
siguientes derechos:
a) Acceso a la información
b) Asistencia integral.
Artículo 19: Asistencia legal a la víctima
El Estado tiene la obligación de
brindar la asistencia legal en
forma gratuita a la víctima o a sus
familiares, debiendo
proporcionarles los servicios de
una abogada defensora pública o
abogado defensor público, para
garantizar el efectivo ejercicio de
sus derechos.

Artículo 2, literal D:
Interés superior del niño o la niña
En todas las acciones que se adopten
en relación con personas menores
de edad, el interés superior del niño
o la niña debe ser la principal
consideración, garantizando su
correcta reintegración en la
sociedad, a través del ejercicio,
disfrute y restitución de los derechos
lesionados, reconociendo a la
persona menor de edad como titular
de derechos y favoreciéndola en las
decisiones que se tomen para ella.
Artículo 8: Protección
Es la pronta, integral y efectiva
intervención de la autoridad competente
para garantizar a la víctima el acceso a
medidas administrativas o judiciales que
eviten la continuidad de la amenaza,
restricción o violación de sus derechos, así
como la restitución y reparación de los
mismos. Las autoridades competentes,
bajo su propia responsabilidad, deben
iniciar de oficio los procedimientos
administrativos y judiciales para garantizar
la protección de la víctima.

Artículo 9: Atención
Es la pronta, integral y efectiva intervención de
la autoridad competente que garantiza a la
víctima su recuperación física y psicológica, así
como la reinserción social y familiar, con
particular cuidado a su edad, género e
identidad cultural
En los programas de atención se debe
consultar y considerar las opiniones de las
víctimas. Se deberán establecer mecanismos
para facilitar la participación de conformidad
con su edad y madurez en casos de personas
menores de edad.
Artículo 12: Restitución de derechos
Los derechos a restituir, proteger o
garantizar, entre otros, son: la vida, la
integridad, la salud, la educación,
condición de vida adecuada, la
convivencia familiar, la recuperación
emocional, la capacitación técnica, la
recreación y todos aquellos reconocidos
por la Constitución Política de la República
de Guatemala, leyes, tratados y convenios
internacionales vigentes en el país.

En la sección “bibliografía adicional”
de este módulo, puede descargar
las tres leyes completas.

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