El documento detalla diversos mecanismos judiciales en Colombia para la protección de derechos fundamentales, incluyendo la acción de tutela, la acción popular, la acción de grupo y la acción de cumplimiento. Cada uno de estos recursos tiene características específicas y procedimientos legales, permitiendo a los ciudadanos defender sus derechos e intereses colectivos. La reforma constitucional de 1991 introdujo estos mecanismos, facilitando el acceso a la justicia y fortaleciendo la capacidad de los ciudadanos para hacer valer sus derechos.