El 70% de las minas en México están concesionadas a empresas canadienses, lo que ha generado preocupaciones sobre los derechos humanos y el acceso al agua en comunidades afectadas por la minería. Las reformas energéticas han facilitado la privatización del agua, afectando a las poblaciones indígenas y su capacidad para mantener sus sistemas tradicionales de abasto de agua. Además, se han reportado graves incidentes ecológicos, como el derrame en el río Sonora, que evidencian el impacto ambiental de la actividad minera en el país.