Norma juridica

www.derechoycambiosocial.com │ ISSN: 2224-4131 │ Depósito legal: 2005-5822 1
Derecho y Cambio Social
LA NORMA JURÍDICA EN EL SISTEMA
LEGISLATIVO PERUANO
Manuel Arnaldo Castillo Calle (*)
Fecha de publicación: 31/03/2012
La ley suprema es el bien del pueblo.
(Marco Tulio Cicerón)
1. INTRODUCCIÓN
La norma jurídica existe válida y eficazmente si ha sido decretada
por una autoridad competente, dentro de los milites formales y materiales
de su competencia. Esto, claro está, si nos enfocamos a una perspectiva
formal del derecho, porque si analizamos el ordenamiento jurídico desde el
punto de vista de su eficacia social o justicia, encontramos que el poder
soberano distribuido verticalmente en un Estado de Derecho no es absoluto,
por cuanto está respaldado y limitado por la opinión pública; siendo que
para que una norma sea válida y eficaz debe, además de cumplir con los
requisitos formales y materiales, ser acorde con la realidad social.
No cabe duda que la ley como norma de conducta de carácter
obligatorio es coetánea a la sociedad, esto es, existió antes que el ser
humano desarrollara el lenguaje, pues el individuo era admitido en el grupo
(*)
Director Ejecutivo del Centro Iberoamericano de Derecho Constitucional, Egresado de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Miembro del Comité
Consultivo de la Revista de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) - Argentina, Actualmente viene desempeñándose como Docente de Derecho Constitucional y
Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Nacional de Huánuco - Sede Lima, Estudios en
Materia de Conciliación Extrajudicial y Conciliación Especializada en Familia.
manuel.castillo@msn.com

sólo si se comprometía a cumplir con los mandatos normativos; la ley
existió mucho antes de que el ser humano se le ocurriera pensar que estaba
en su manos modificarla.
Cuando las autoridades actúan dentro de los límites de sus
competencias, expresamos que nos encontramos en un Estado de
Derecho, que es tal, porque rige el ordenamiento jurídico que se puede
hacer valer, cuando es necesario, por medio de la fuerza organizada e
institucionalizada que monopoliza el Estado.
Pero cuando una autoridad invade el ámbito de poder de otra
autoridad se rompe el ordenamiento jurídico y con él el Estado de Derecho;
y, empieza a regir la ley del más fuerte; que viene a ser la ley de la selva,
creándose el caos y desconcierto en la población; que es la que luego sufre
las funestas consecuencias.
No debemos dejar de lado que todo sistema normativo implica una
estructuración de orden jerárquico, en cuya máxima cúspide se encuentra
ubicada la Constitución Política del Estado, constituyendo el marco
normativo sobre el cual se desarrollan las demás normas.
Conocida es la Teoría Pura del Derecho de Hans Kelsen, quien
señala “que toda norma emana de otra norma, remitiendo su origen ultimo
a una norma hipotética fundamental que es para Kelsen una hipótesis o
suposición trascendental, necesaria para poder postular la validez del
derecho”, que esta norma hipotética fundamental es la Constitución y las
demás normas que se desarrollan en torno a ella, de esta misma forma se
desarrolla nuestra estructura normativa.
Las normas jurídicas no existen ni se aplican de manera aislada; por
el contrario, se encuentran relacionadas entre sí. Por ello, la aplicación del
derecho requiere concebir al conjunto de las normas jurídicas como un
sistema jurídico, es decir como un conjunto organizado y coherente. Bajo
esta premisa, las normas jurídicas no deben contradecirse o contraponerse
entre sí. No obstante, en nuestro ordenamiento jurídico sí es posible
encontrar ocasionalmente normas jurídicas que se encuentran en esa
situación. En estos casos, las reglas que rigen el sistema jurídico permitirán
resolver los conflictos mediante la aplicación de principios y de métodos de
interpretación, a través del control difuso o el control concentrado, que van
a establecer cuál de ellas debe prevalecer en caso de existir algún conflicto
o contradicción.
Por lo tanto, las normas legales son emitidas por entidades del Estado
en tres planos distintos: el gobierno nacional, el gobierno regional y el
gobierno local. Cada uno de ellos emite distintas normas que se organizan
jerárquicamente, de modo que en caso de existir conflictos entre ellas las

normas de mayor jerarquía priman sobre las de rango inferior; ya que
nuestro Estado tiene dos grandes grupos de principios que resultan
fundamentales desde el punto de vista de su contenido político: los mismos
que viene a ser los derechos constitucionales o derechos humanos –que la
Constitución garantiza a las personas- y las reglas de estructuración y
actuación.
2. ANCEDENTES HISTORICOS
Si pretendemos esbozar una definición contemporánea podemos
conceptualizar a la norma jurídica como una regla u ordenación del
comportamiento humano dictado por una autoridad legisladora, basándose
en un criterio de valor y cuyo incumplimiento deriva una sanción. Además
dicha norma impone deberes y otorga derechos.
A menudo hablamos o escuchamos hablar sobre temas relacionados
al ordenamiento jurídico. Indicamos que nuestro “ordenamiento jurídico”
permite realizar determinados actos, “que nuestro ordenamiento jurídico”
es obsoleto, que nuestro “ordenamiento jurídico” es inflexible o tal vez que
nuestro “ordenamiento jurídico” ha sido vulnerado. Expresiones como
éstas, nos llevan a formularnos diversas preguntas ¿Qué significa el
ordenamiento jurídico?, ¿Desde cuándo hablamos de un ordenamiento
jurídico?, ¿Cuál será la utilidad de tener un ordenamiento jurídico?
Busquemos entonces dar una respuesta a estas interrogantes, y hablemos al
respecto.
Revisando a tratadistas de ayer y de hoy, encontramos que no hay
consenso sobre el origen del Derecho, y cuya historia, sin duda, tiene una
vieja data. Quienes trabajan en la especialidad de Historia del Derecho y
enseñan este curso en las aulas universitarias se encuentran con una
diversidad y pluralidad de planteos que hay sobre el particular. En verdad,
se trata de un océano de teorías, enfoques, doctrinas y apreciaciones que
hacen difícil y complicada tanto su enseñanza como su aprendizaje.
De ahí que, debido a la necesidad de buscar una explicación racional,
breve y factible de acuerdo con los modernos estudios de la historiografía,
hoy podemos afirmar que el origen del derecho es producto de una
evolución del nivel cultural de diversos pueblos en lugares y tiempos
históricos diferentes. Ello sustentado en la primigenia idea del jurista
alemán Friedrich Karl von Savigny (1779-1861), en el sentido de que cada
pueblo genera su propio derecho. Recordemos que el conspicuo maestro de
Derecho romano en las universidades de Hamburgo y Berlín fue el creador
de la Escuela Histórica del Derecho o “movimiento pandectista” (Pandectas
o Digesto del Corpus Iuris Civilis, del emperador bizantino Justiniano, 482-
565 d.C.). Es más, fue quien caracterizó al derecho romano como el primer

gran sistema jurídico en la historia de la humanidad. Y esto fue así porque
él no llegó a conocer de la existencia y extraordinarios logros jurídicos de
los sumerios y babilónicos. En efecto, la producción legal mesopotámica
fue descubierta a inicios del siglo XX y estudiada posteriormente, esto es,
después de 50 años de que falleció von Savigny.
En este contexto, de lo que no cabe duda, hoy en día, es que el
primer gran logro jurídico integral en la historia de la humanidad es el
Código de Hammurabi, elaborado por el Sexto Rey Babilónico Hammurabi
(1728-1686 a. C.), de la primera dinastía, que gobernó Mesopotamia por 40
largos años, en el siglo XVII antes de Cristo.
Teniendo en cuenta los dos grandes aportes jurídicos, de los
babilónicos y de los romanos, vamos a dividir el origen del derecho en tres
grandes etapas. Se hace sólo con fines metodológico y pedagógico, pero
con criterio estrictamente histórico-jurídico, es decir, uniendo ambos
elementos en uno solo: la historia y el derecho. Sin duda, ello nos ha
permitido un mejor análisis, estudio y comprensión del tema. Estas etapas
son:
 Normas morales orales pre jurídicas - prehistóricas (Prehistoria
sin derecho: normas consuetudinarias).
 Normas morales-jurídicas históricas: Derecho consuetudinario.
 Normas jurídicas escritas (Derecho).
En consecuencia, la primera etapa, es decir las “normas morales pre
jurídicas-prehistóricas”, está totalmente alejada de la concepción del
derecho y de la historia. En el caso de la segunda, las “normas morales-
jurídicas históricas”, constituyen el nacimiento y consolidación del llamado
“derecho consuetudinario”. Bien sabemos que este singular derecho oral da
paso, relativamente, en poco tiempo, a las normas jurídicas escritas, vale
decir, al derecho propiamente dicho, y que corresponde a la tercera etapa,
siendo ésta, a su vez, el inicio de la amplia y complicada historia general
del derecho, formalmente hablando.
En este orden de ideas, debemos precisar que, definitivamente, en la
primera etapa no hubo derecho de acuerdo con el planteo del jurista
español Luis Recaséns Siches (Guatemala 1903-México 1977), quien
afirmó: Por otra parte, es verdad que tampoco es Derecho un sistema de
normas, normas puramente ideales, normas elaboradas positivamente por
los hombres en una cierta situación histórica y de las cuales se predica
vigencia formal pero que en conjunto aún no han obtenido realización

efectiva, es decir, que no son de hecho cumplidas regularmente. Tales
normas carentes de realización fáctica regular no son Derecho. Serán a lo
sumo una pretensión de Derecho. Podrán ciertamente tener forma jurídica,
pero no Derecho en la significación genuina de esta palabra.”
3. PRINCIPIOS DE LA NORMATIVIDAD SISTEMATICA DEL
ORDEN JURIDICO
Con respecto a las reglas del orden legislativo podemos señalar que
la normatividad sistemática del orden jurídico descansa en los siguientes
principios: la coherencia normativa y el principio de jerarquía de las
normas. Las normas legislativas tienen dos reglas de ordenamiento1
:
 La jerarquía de las normas.- Regla según la cual hay normas
superiores y normas inferiores en rango, de tal manera que las
superiores condicionan tanto la forma de emisión de las normas -
pues dicen quienes las deben dictar y cómo- como su contenido
(dado que hay jerarquía, las normas inferiores deben respetar los
mandatos superiores).
 La coherencia normativa.- Que tiene dos consecuencias dentro del
orden jurídico y, más específicamente, dentro de la legislación que
aquí tratamos. Una de ellas es que debemos interpretar las normas de
cada uno de los niveles jerárquicos como coherentes entre sí; esto es,
buscar aquella interpretación que permitan hacerlas armónicas y no
la que las haga contradecirse. Si en algún momento tenemos dos
posibilidades de interpretación, una armónica y otra contradictoria,
por fuerza debemos elegir la armónica y desechar la contradictoria.
Otra consecuencia consiste en que las normas inferiores no deben
contradecir a las superiores de manera que resulten incompatibles con ellas.
Si tal cosa sucediese (es decir, en caso de incompatibilidad entre la norma
inferior y la superior), entonces la norma superior primara sobre la inferior
y esta será, o bien no aplicada mediante el control difuso2
, o bien declarada
invalida mediante el control concentrado de la jerarquía del orden jurídico.
4. LA VALIDEZ Y VIGENCIA DE LAS NORMAS JURIDICAS
1
Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 3 de octubre de 2003 en el Expediente Nº 0005-2003-
AI/TC, sobre la Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por 64 congresistas de la República,
representados por el congresista Yonhy Lescano Ancieta, contra los artículos 1, 2,3 y la primera y
segunda Disposición Final y Transitoria de la Ley N° 26285.
2
Según el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución: “En todo proceso, de existir
incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera.
Igualmente, prefieren la norma legal sobre toda otra norma de rengo inferior”. El control difuso que
autoriza este articulo se realiza mediante un recurso que presenta el interesado dentro el proceso judicial
abierto. No declara la invalidez de la norma incompatible con la que le es superior sino que, simplemente
no la aplica al caso.

La validez de una disposición jurídica consiste en que esta sea
coherente y conforme a las normas que regulen el proceso formal y
material de su producción normativa jurídica. Esto significa, en otras
palabras, que para que una norma sea válida, además de su vigencia, es
necesario que sea coherente en contenido con las normas superiores, esto
es, no incompatible con ellas. Por eso nuestro máximo intérprete de la
Constitución ha señalado:
“(….) si bien, por definición toda norma valida se considera
vigente, no necesariamente toda norma vigente es una norma
valida. (…)
El ordenamiento jurídico está integrado solamente por normas
jurídicas validas; las normas inválidas no están dentro del derecho. Para
establecer si una norma pertenece o no al ordenamiento jurídico hay que
pasar de grado en grado, de poder en poder, hasta llegar a la forma
fundamental que es la que, le da validez y unidad al complejo y enredado
ordenamiento jurídico. Por este motivo, la norma fundamental se coloca al
estilo Kelseniano, en el vértice del sistema, porque con ella se relacionan
todas las otras normas. Norma suprema que no es otra más que nuestra
Constitución Política del Perú.
La norma fundamental es el criterio supremo que permite establecer
la pertinencia de una norma en un ordenamiento, en otras palabras; es el
fundamento de validez de todas las normas del sistema. Por lo tanto, no
sólo la exigencia de la unidad del ordenamiento sino también la exigencia
de fundar la validez del ordenamiento nos lleva a exigir la norma
fundamental, la cual es, asimismo, el fundamento de validez y el principio
unificador de las normas de un ordenamiento, por lo que debemos de
señalar que no existirá ordenamiento jurídico sin norma fundamental.
En el Perú tenemos un múltiple sistema de control de la
Constitucionalidad de las leyes u normas. El control político está
consagrado en el artículo 102. Inciso 2 de la Constitución3
, que dice: “Son
atribuciones del Congreso (….) 2) velar por el respeto de la Constitución y
de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la
responsabilidad de los infractores”. El control difuso está establecido en el
3
Constitución Política del Perú.
Articulo 102.- Son atribuciones del Congreso:
(….)
2. Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer
efectiva la responsabilidad de los infractores.

segundo párrafo del artículo 138 del Constitución4
que expresa: “En todo
proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una
norma legal, los jueces preferirán la primera. Igualmente prefieren la
norma legal sobre toda otra norma de rango inferior”; y el control
concentrado está a cargo del Tribunal Constitucional, tal como lo establece
el artículo 201 al 205 de la Constitución Política del Perú.
La vigencia de una norma consiste en que la disposición jurídica,
“haya sido creada siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios
previstos en el ordenamiento jurídico, y que haya sido aprobada por el
órgano competente”. Es decir que la vigencia atañe a un concepto
esencialmente formal: la producción de la disposición jurídica debe haber
sido correcta.
Para determinar que una norma está vigente no es necesario
analizarla desde un punto de vista de su contenido y de su compatibilidad
con las normas de rango superior. Desde luego, y aunque el Tribunal
Constitucional no se ha pronunciado expresamente, la vigencia supone que
la disposición no haya sido derogada o modificada; la vigencia ocurre entre
el momento de entrada en vigor y el momento de terminación de la
existencia de la disposición jurídica.
5. ESTRUCTURA LOGICO FORMAL DE LA NORMA
JURIDICA
En la estructura lógico formal de la norma jurídica, se puede
observar que está constituida por tres elementos, estos son: el supuesto de
hecho, el efecto jurídico y el vínculo de deber ser. Sin embargo, debemos
establecer que la norma jurídica; no es sólo un juicio hipotético que
encierra una concepción lógico formal sino que es, funcionalmente
hablando, un esquema o programa de conducta que disciplina la
convivencia social en un lugar y momento determinados mediante la
prescripción de derechos y deberes cuya observancia puede ser impuesta
coactivamente.
Por lo tanto, la norma jurídica puede ser definida no sólo en base a su
estructura interna si no también, en base la finalidad que persigue, esto es
su funcionalidad de acuerdo al objetivo que persigue, que es justamente el
de establecer directa o indirectamente reglas de conducta; reglas que son
tuteladas por el ius imperium de nuestro Estado5
.
4
Articulo 138.- En todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma
legal, los jueces preferirán la primera.
5
MONTERO AROCA, Juan “Derecho Jurisdiccional”, 2 Edición - Tomo I, Parte General, Barcelona:
J.M. Bosch Editor S.A., 1991, P. 26.

El sistema o ordenamiento jurídico es el conjunto de normas
jurídicas, de alcance general o particular, escritas o no escritas, emanadas
de autoridad estatal o de la autonomía privada, vigentes en un Estado.
Siendo que la legislación o sistema legislativo son únicamente las normas
jurídicas escritas de alcance general que tienen vigencia en un Estado. Por
lo que, estando a la precisión hecha de lo que se debe entender por sistema
legislativo y su estrecha relación con el ordenamiento jurídico, veamos el
caso peruano, para ello, debemos tener en cuenta lo prescrito respecto a la
jerarquía normativa en el artículo 51 de nuestra Constitución Política,
norma que establece que “La Constitución prevalece sobre toda norma
legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La
publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del estado, la misma
que debe de realizarse en el diario oficial”
6. ESTRUCTURA JERARQUICA DEL SISTEMA JURIDICO
NORMATIVO PERUANO
Para la doctrina jurídica de Hans Kelsen el ordenamiento jurídico, es
el “Sistema de normas ordenadas jerárquicamente entre sí, de modo que
traducidas a una imagen visual se asemejaría a una pirámide formada por
varios pisos superpuestos. A la vez esta jerarquía demuestra que la norma
inferior encuentra en la superior la razón o fuente de su validez. La
Constitución Política del Perú, establece una rígida sistematización
jerárquica del ordenamiento jurídico peruano, por lo que a continuación
pasaremos a conceptualizar todas y cada una de ellas, de acuerdo a su
relevancia, en el plano nacional, local y regional:
6.1. EN EL PLANO NACIONAL
A) LA CONSTITUCIÓN
La Constitución viene a ser la norma primaria de nuestro
ordenamiento jurídico, constituye el marco dentro del cual deben ubicarse
las normas jurídicas. Contiene además entre otros, los principios básicos
que permiten asegurar los derechos y deberes de las personas, así como la
organización, funcionamiento y responsabilidad del Estado. Esta norma
suprema prima sobre cualquier otra norma jurídica y es expedida por el
Congreso Constituyente o también por la Asamblea Constituyente, tal
como lo demuestra nuestra historia republicana.
Las Constituciones como leyes fundamentales de los Estados,
sistematizan y ordenan el poder político. A partir de ella se desprenden
todas las demás normas que integran el ordenamiento jurídico del Estado,
así como los derechos y deberes fundamentales de la sociedad, por lo tanto,
es el cuerpo normativo de mayor jerarquía de un país u Estado.

Así también, podemos señalar que la Constitución es uno de los
aportes que ha adquirido mayor importancia histórica. Desde el punto de
vista jurídico es la norma suprema, Ley de Leyes que establece el marco de
los criterios orientadores del sistema jurídico del país. A decir de Jurista
Hans Kelsen, la Constitución es la base sobre la cual se estructura un
sistema jerárquico de leyes, que permite la organización y el normal
desenvolvimiento del Estado y de la sociedad. La pirámide jurídica y la
certeza de la subordinación de unas normas a otras, son la mayor garantía
de sistemas políticos que funcionan en base a la seguridad jurídica y la
credibilidad de las normas.
En el Perú a lo largo de nuestra historia hemos tenido 13
constituciones, siendo la primera la Constitución de Cádiz de 1812 y la
última Constitución aprobada y que actualmente nos rige de 1993.
a.1) Partes de la Constitución
Nuestra Constitución Política del Perú se inicia con el PREÁMBULO: que
viene a los principios básicos que rigen el Estado, en él se recoge una
proclamación filosófica y poética de los ideales y valores más sentidos;
recoge sintéticamente postulados doctrinarios, principios y valores que
desarrolla en su artículo la Ley Superior. Algunas de sus características
son:
 El sujeto creador de la Constitución es el pueblo como poder
constituyente originario, que adquiere realidad con la aprobación
directa de la Constitución mediante referéndum popular.
 El señalamiento a la refundación de la república como son supremo
del constituyente, en función de la realización de un amplio abanico
de principios, intenciones y valoraciones, que se especifican luego en
la normativa constitucional.
Nuestra Carta Política se divide en dos partes:
 Parte Dogmatica.- Tiene validez universal, señala los
derechos de las personas, referida a la forma del Estado y os
regímenes de los derechos, deberes y las garantías
constitucionales.
 Parte Orgánica.- Referida a la estructura del Estado, poderes,
atribuciones, funciones, protección de la Constitución y las
modalidades para su reforma.
Dentro del sistema legislativo, la Constitución Política es la norma
jurídica de mayor jerarquía; la misma que se sostiene en sí misma a
diferencia de las otras normas que se sustentan en la constitución

Para garantizar dicha supremacía, existen mecanismos de defensa
como el control difuso ejercido por los jueces y las garantías
constitucionales, tales como los procesos de hábeas corpus para la defensa
de los derechos fundamentales asociados a la libertad individual; de hábeas
data, para la defensa de los derechos fundamentales asociados a la libertad
de información; de amparo, para la defensa de los demás derechos
fundamentales; de inconstitucionalidad, para verificar la constitucionalidad
de las leyes; y popular, para supervisar la constitucionalidad y legalidad de
los reglamentos administrativos. A grandes rasgos la Constitución puede
entenderse como el conjunto de reglas más importantes que rigen la
organización y funcionamiento del Estado.
B) LA LEY
Emana del Poder Legislativo, tal y conforme lo señala el artículo 102
de la Constitución Política del Perú. La ley entra en vigencia al día
siguiente de su publicación en el diario oficial salvo que esta señale una
fecha distinta para su entrada en vigencia, a lo que en doctrina se le
denomina “vacatio legis”.
En este orden de ideas, el artículo 51 de la Constitución vigente
establece que “La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma
del Estado”, y finalmente recordemos el artículo 109, que a la letra señala
“La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario
oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su
vigencia en todo o en parte.
Por regla general la norma es irretroactiva, es decir toda norma se
aplica para hechos futuros, no para hechos pasados, sin embargo es posible
la retroactividad benigna sólo en materia penal cuando favorece al reo.
Como podemos apreciar la Constitución vigente ha establecido como
principio o regla general con relación a la aplicación de la norma en el
tiempo la Irretroactividad (es decir está prohibida la retroactividad), y como
excepción, la retroactividad en materia penal, siempre que esta favorezca al
reo. Es decir establece una sola posibilidad de la aplicación retroactiva, en
el caso penal.
No obstante lo señalado anteriormente, debemos hacer mención que
en el campo tributario se discute todavía si se debería contemplar la
retroactividad sólo en materia penal o si el artículo 103 de la Constitución
hace referencia tanto en materia de ilícitos criminalizados e ilícitos no
criminalizados, como es el caso de las contravenciones, o infracciones de
los deberes formales, cuando se les aplica una sanción.
Subordinadas a la Constitución, se encuentran las leyes, normas
jurídicas de alcance general y cuya validez está sujeta a condiciones

temporales y espaciales. Entre las leyes cabe distinguir tres tipos: las leyes
orgánicas, las leyes ordinarias y las normas con rango de ley.
C) LAS LEYES ORGÁNICAS
Son las que delinean la estructura y funcionamiento de las entidades
del Estado previstas en la Constitución, así como las materias que está
expresamente contempla que se regulen por tales leyes, para ser aprobadas
se requiere el voto de más de la mitad del Congreso.
Conforme lo prescribe el artículo 106 de nuestra Carta Política,
mediante las leyes orgánicas se regula la estructura y funcionamiento de las
entidades del Estado previstas en la Constitución así como aquellas otras
materias cuya regulación por ley orgánica está establecida también en la
constitución. Para su aprobación o modificación se requiere el voto de más
de la mitad del número legal de miembros del Congreso.
Asimismo, podemos señalar que las leyes orgánicas sólo pueden ser
derogadas, total o parcialmente, con mayoría calificada, esto es, el mismo
procedimiento para su aprobación; de lo que se puede afirmar que las leyes
orgánicas están por encima de las leyes ordinarias. Una ley ordinaria no
debe derogar una ley orgánica, pero una ley orgánica si puede derogar una
ley ordinaria.
D) LAS LEYES ORDINARIAS
Una ley ordinaria viene a ser una norma escrita de carácter general
que emana del Congreso, de acuerdo al procedimiento que fija la
Constitución. Son de las más variadas ramas: civiles, tributarias, penales,
laborales, etc.
Vienen a ser las leyes que siguiendo el procedimiento establecido en
la Constitución y en el respectivo reglamento del congreso (proyecto de
ley, aprobación por la respectiva Comisión dictaminadora, aprobación por
el pleno del Congreso, promulgación del Presidente de la República y
publicación) son expedidas por el Congreso.
Tal como lo establece nuestra Constitución, una ley se deroga sólo
por otra ley. La derogación se produce por declaración expresa, por
incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior o cuando la materia de ésta
es íntegramente regulada por aquélla. Por la derogación de una ley no
recobran vigencia las que ella hubiere derogado. La ley especial prima
sobre la ley general.
E) LAS RESOLUCIONES LEGISLATIVAS
Las Resoluciones Legislativas se expiden con una finalidad
específica del Congreso, y por sus características especiales tienen fuerza

de ley. Algunos estudiosos de la materia, la definen como la “ley de caso
particular”.
Mediante las Resoluciones Legislativas el Congreso, de manera
excepcional, regula temas específicos o materializan decisiones de efectos
particulares, como la aprobación y modificación de su reglamento o la
aprobación de tratados, el otorgamiento de pensiones de gracia o la
autorización para que el Presidente pueda salir del país, etc.
F) LOS DECRETOS LEGISLATIVOS
Un Decreto Legislativo vienen a ser una norma “sui generis” que se
deriva de la autorización expresa y facultad delegada del Congreso al Poder
Ejecutivo en base a una ley específica, que el doctrina se llama “legislación
delegada”. Su emisión debe sujetarse a la materia en cuestión y debe
dictarse dentro del término que señala la ley autoritativa. El Presidente de
la República, debe dar cuenta al Congreso o comisión permanente, de los
Decretos Legislativos que dicta.
Tal como lo establece el artículo 104 de la Constitución el Congreso
puede delegar en el Poder Ejecutivo la facultad legislativa, mediante
decretos legislativos, sobre materia específica y por plazo determinado,
materia y plazo que son establecidos en la ley autoritativa. Los decretos
legislativos son equiparables a las leyes ordinarias, por lo que están
sometidos, a las mismas condiciones que rigen para la ley.
Pero debemos tener en cuenta que no puede delegarse al Poder
Ejecutivo las materias que son indelegables a la Comisión Permanente,
tales como la reforma constitucional, la aprobación de tratados
internacionales, leyes orgánicas, Ley de Presupuesto y la Ley de la Cuenta
General de la República; ello conforme lo establece el Artículo 101 inciso
4 de la Constitución Política del Perú.
G) LOS DECRETOS DE URGENCIA
Hablar de los Decretos de Urgencia, es hablar de una norma con
rango de ley expedida por el Poder Ejecutivo como medida extraordinaria y
válida para regular situaciones de carácter económico – financiero, cuando
así lo requiera el interés nacional.
Para su emisión se tienen que tener en cuenta una variedad de
formalidades, tal como lo establece el artículo 118 inciso 19 de la
Constitución; el Presidente de la República está facultado para dictar
medidas extraordinarias, mediante decretos de urgencia con fuerza de ley,
en materia económica y financiera, cuando así lo requiere el interés
nacional y con cargo de dar cuenta al Congreso; por lo que están
sometidos, a las mismas condiciones que rigen para la ley.

H) DECRETOS SUPREMOS
Su emisión ésta a cargo del Poder Ejecutivo. Con este dispositivo se
reglamentan las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. Deben llevar la
firma del Presidente de la República y son refrenadas por uno o más
Ministros según la naturaleza del caso.
I) RESOLUCIÒN SUPREMA
Es una norma de carácter especifico, rubricada por el Presidente y
refrendada por el Ministro del sector respectivo que conlleva decisiones de
importancia gubernamental a nivel nacional.
J) RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Las Resoluciones Ministeriales permiten formular, ejecutar y
supervisar la política general del Estado, dentro del ámbito de su
competencia. Son expedidas por los Ministros de su ramo respectivo.
K) RESOLUCION VICEMINISTERIAL
Este tipo de dispositivos legales, regulan aspectos específicos de un
sector determinado, y son dictadas por la autoridad inmediata a un Ministro
de un Estado.
L) RESOLUCIÒN DIRECTORAL
Son actos que se expresan situaciones adoptadas por el
funcionamiento del nivel respectivo. Es expedida por lo Directores
administrativos en función a las atribuciones que señala las respectivas
leyes orgánicas del sector y reglamento de organización y funciones.
M) EL REGLAMENTO DEL CONGRESO
Tal como lo preceptúa el artículo 94 de la Constitución Política, el
Reglamento del Congreso precisa las funciones del Congreso y de la
Comisión Permanente, define su organización y funcionamiento, establece
los derechos y deberes de los congresistas y regula los procedimientos
parlamentarios y tiene fuerza de ley.
N) LOS TRATADOS CON RANGO DE LEY
Un tratado es un acuerdo suscrito entre el Perú con otros Estados o
Organismos Internacionales. Pueden ser bilaterales: si solo involucran al
Perú con otro Estado, o multilaterales: si involucran a tres o más incluidos
el Perú entre ello. Los Tratados forman parte del derecho nacional. En
nuestro ordenamiento como señala Marcial Rubio Correa “se crean tres
rangos de tratados, según la aprobación que reciben: unos tendrán rango
constitucional, otros de ley y, los que aprueba el presidente, lo tendrán de
decretos supremos”.

Según el artículo 56 de la Constitución, los tratados deben ser
aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el Presidente,
siempre que versen sobre lo siguiente: derechos humanos, soberanía,
dominio o integridad del Estado; defensa nacional u obligaciones
financieras del Estado.
Asimismo, deben ser aprobados por el Congreso los tratados que
crean, modifican o suprimen tributos; los que exigen modificación o
derogación de alguna ley y los que requieran medidas legislativas para su
ejecución.
O) LOS DECRETOS LEYES
Los Decretos Leyes son las leyes expedidas por los gobiernos de
facto (gobiernos civilistas, gobiernos militares o cualquier otra forma de
gobierno distinta al constitucionalmente reconocido). En los Decretos
Leyes de Gobierno de Facto, la doctrina ha desarrollado tres teorías sobre
la validez de la norma con rango de ley que estos gobiernos de facto
aprueban, esta son:
 La de caducidad.- que explica que una vez restaurado el orden
constitucional las normas dadas por los gobiernos de facto cesan
de tener validez.
 La de revisión.- que señala que estas normas deben ser revisadas
por el Congreso del Gobierno Constitucional restaurado.
 La de continuidad.- que indica que las normas dadas por los
gobiernos de facto continúan teniendo validez con la restauración
de un gobierno constitucional.
De todas estas teorías de la continuidad tiene mayor aceptación
dentro de nuestro sistema para los decretos leyes dados por los gobiernos
de facto.6
P) LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Conforme al artículo 204 de la constitución la sentencia del Tribunal
Constitucional que declara la inconstitucionalidad de una ley se publica en
el diario oficial y al día siguiente de su publicación dicha ley queda sin
efecto.
Al respecto cabe precisar que el Tribunal Constitucional en la
sentencia sobre proceso competencial recaída en el Expediente N° 004-
2004-CC/TC, publicada el 12 de febrero de 2005, ha explicado que una de
las formas de pronunciarse es a través de sentencias interpretativas –
6
SALAZAR ADRIANZEN, Víctor Manuel “Articulo Jurídico El Sistema Normativo del Estado
Peruano”, Docente de la Universidad Alas Peruanas”.

manipulativas (normativas), las cuales reducen los alcances normativos de
la ley impugnada “eliminando” del proceso interpretativo alguna frase o
hasta una norma cuya significación colisiona con la Constitución, o
consignan el alcance normativo de la ley impugnada “agregándole” un
contenido y un sentido de interpretación que no aparece en el texto por sí
mismo.
Así también podemos señalar que en la referida sentencia, el
Tribunal Constitucional, clasifica a su vez a las sentencias interpretativas –
manipulativas en sentencias reductoras (la sentencia ordena una restricción
o acortamiento de la “extensión” del contenido normativo de la ley),
aditivas (se procede a “añadir” al texto incompleto aquello exigido por el
texto constitucional), sustitutivas (se incorpora un reemplazo o relevo del
contenido normativo expulsado del ordenamiento jurídico por ser
inconstitucional, disponiendo una modificación o alteración de una parte
literal de la ley, precisando la referida sentencia que la parte sustituyente no
es otra que una norma ya vigente en el ordenamiento jurídico) y
exhortativas (se recomienda al Congreso que en un plazo razonable expida
en reemplazo de la ley declarada inconstitucional (aunque no expulsada del
ordenamiento jurídico) una ley sustitutoria con un contenido acorde a las
normas, principios o valores constitucionales).
6.2. EN EL PLANO LOCAL
Aquí básicamente nos referimos al plano legislativo municipal,
correspondiente a los gobiernos locales, quienes expiden las siguientes
normas:
Q) LAS ORDENANZAS MUNICIPALES
La Ordenanza Municipal es aquella que dicta la máxima autoridad de
una municipalidad, es decir, el alcalde, el jefe de gobierno municipal,
siendo válida la misma únicamente dentro del municipio o comuna en
cuestión, o sea, fuera del no tendrá validez si es que en otro lugar no se la
ha promulgado con el mismo alcance.
R) LOS ACUERDOS MUNICIPALES
Los Acuerdos Municipales los podemos conceptualizar como las
decisiones que adopta el Consejo en asuntos de interés público, vecinal o
institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para
practicar un determinado acto.
S) LOS DECRETOS DE ALCALDIA
Los Decretos de Alcaldía son normas reglamentarias y de aplicación
de las ordenanzas; establece los procedimientos respectivos para la correcta
e eficiente administración municipal.

T) LAS RESOLUCIONES DE ALCALDIA
Este tipo de dispositivos legales aprueban y resuelven los asuntos de
carácter administrativo.
6.3. EN EL PLANO REGIONAL
Los Gobiernos Regionales están facultados para dictar las siguientes
normas, con la finalidad de poder cumplir con sus atribuciones:
U) ORDENANZAS REGIONALES
Con el fin que los Gobiernos Regionales puedan cumplir con sus
funciones, éstos pueden emitir normas jurídicas. Ello es una competencia
por la cual pueden emitir normas con rango de ley sin necesidad de pasar
por el Congreso de la República, ni por la refrendación del Presidente de la
República.
La ordenanza regional es una norma con rango de ley emitida por el
Consejo Regional. En nuestra opinión ello se desprende del artículo 200°,
inciso 4 de la Constitución que señala en forma textual:
La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las normas
que tienen rango de ley: leyes, decretos legislativos, decretos de
urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de
carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la
Constitución en la forma o en el fondo.
En ese mismo sentido, mediante sentencia de observancia
obligatoria7
el Tribunal Constitucional ha interpretado que las ordenanzas
regionales son normas con rango de ley, al igual que las leyes ordinarias y
orgánicas, los tratados no referente a Derechos Humanos, los decretos
legislativos, los decretos de urgencia, el Reglamento del Congreso, las
resoluciones legislativas, las ordenanzas municipales y las sentencias
expedidas por el propio Tribunal Constitucional que declaran la
inconstitucionalidad de una ley o norma con rango de ley.
V) ACUERDO REGIONAL
Los Acuerdos Regionales suelen ser uno de los componentes de una
estrategia política más amplia destinada a fortalecer las relaciones de orden
económico promovidos por el Gobiernos Regionales. De este modo,
pueden generar oportunidades para expandir el comercio a través de la
acción conjunta que busque superar tanto las barreras normativas como las
comerciales. En el nivel básico, suele resultar más fácil motivar la
7
Expediente No 00047-2004-AI/TC.

reducción recíproca de las barreras fronterizas cuando hay menos
participantes y las autoridades responsables tienen mayor control de los
resultados. Además, este tipo de acuerdo posee la flexibilidad de aspirar a
políticas de expansión comercial que no han sido bien abordadas en el
marco de las reglas comerciales multilaterales.
W) DECRETOS REGIONALES
Decretos Regionales expedidos por la Presidencia Regional, con la
finalidad de lograr sus objetivos y atribuciones.
7. A MODO DE CONCLUSION
 De lo plasmado en el presente artículo podemos concluir señalando
que las normas jurídicas no son consejos ni ruegos (dejando atrás la
moral, religión y trato social), son preceptos obligatorios, los cuales
están garantizados por la fuerza coactiva del estado. Esto quiere decir
que el sujeto al que le es impuesto la norma está obligado a
obedecerla. La norma impuesta coactivamente incluso hace uso de la
fuerza física, obviamente cuando la norma lo permite.
 La norma jurídica es la encargada de velar por el bienestar del la
persona y su sociedad. De aquí que la norma en sus diversas
modalidades (Código Penal, Código civil, código del niño y del
adolescente, Código Procesal Civil, Legislación Procesal Penal,
Constitución de 1993, Código del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Ley General de Arbitraje, Código de transito y seguridad
vial, entre otras) tiene como fin la paz jurídica o paz social. Esto
quiere decir, lograr la armonía mediante técnicas de organización,
Para su sociedad.
8. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
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Derecho". Tipografía Sesator. Octava Edición. Lima, Perú. 1982.
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