La ley propone crear la Sunau, una entidad que supervisará la calidad educativa y fiscalizará el uso de recursos de universidades. Algunos creen que tendrá demasiadas funciones y pondrá en riesgo la autonomía. La ley establece que la Sunau autorizará o denegará la creación de nuevas universidades y programas, exigiendo evidencia de demanda y que el 30% de docentes tengan doctorado. También obligará a la acreditación de carreras, y podrá cerrar aquellas que no se acrediten