Persecución violenta a indígenas con el aval del Estado paraguayo
Indígena tras un ataque violento en la comunidad Yapó.
DINO CAPPELLI. Uruguay. El Mundo
Actualizado: 11/07/2014
PARAGUAY Varios heridos por balas
 Varios empresarios contratan a personal armado para desalojar a los
nativos de sus tierras
 Hay varios heridos por balas y los pueblos donde viven han sido
devastados
En una audiencia pública desarrollada en la ciudad de Asunción,
organizaciones de derechos humanos denunciaron que los
empresarios de la soja y ganaderos contratan a personal violento
y armado para desalojar a los nativos de sus tierras. "Son
matones que cuentan con el respaldo de las autoridades", se indicó
en el seminario desarrollado este miércoles, "para amedrentar a los
nativos". Crece así el patrón represivo en el campo paraguayo.
Raquel Peralta, integrante de la Coordinación Nacional de Pastoral
Indígena, órgano de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) fue
quien llevó adelante la denuncia. Citando solamente uno de los
tantos ejemplos que se han sucedido en los últimos meses en el
territorio paraguayo, aludió a la forma en que empresarios dedicados
al cultivo de soja o a la cría extensiva de ganado, contratan empresas
de seguridad con el fin de amedrentar a las comunidades
indígenas que se interponen entre las tierras y los fines comerciales
de las firmas agroindustriales.
"Hablaré de un caso muy conocido, lo que sucedió en la comunidad
del pueblo Avá Guaraní porque tengo su autorización para hablar. No
cabe duda que la comunidad indígena de Gapó forma parte del
territorio ancestral de los pueblos indígenas. Por tanto hay muchos
vestigios y elementos que demuestran su existencia" comenzó
diciendo.
"Desde los años 1900 ya existía ese pueblo en la zona en torno a la
laguna San Antonio, un espacio sagrado para ellos. La empresa
Laguna SA, cuyos dueños son los Peters que viven en Brasil, han
arrasado sus tierras. Son tierras ancestrales y la Constitución y
otras leyes nacionales e internacionales obligan al Estado paraguayo
a defender territorios tradicionales de los pueblos indígenas. Esto
demuestra que se trata de una tierra ancestral. Sobre ellos siempre
hubo intento de despojo con varios tipos de atropellos",
continuó.
La representante del pueblo indígena agregó que el 20 de mayo se
ejecutó una orden judicial donde, por tercera vez, se intentó despojar
a los indígenas de sus tierras, quienes huyeron al monte siempre
dentro de las tierras reivindicadas. "Entonces mediante esa orden de
un juzgado se realizó el desalojo, destruyendo todo; casa,
templos, lugares sagrados, todo lo que tenían. Todo se redujo a
basura, y al final todo se quedó en cenizas. Todo se ha quemado".
"La compañía contrató a una empresa de seguridad para desalojar a
los indígenas y resultado de eso es la muerte de un compatriota. El
trabajo era atacar a los indígenas, hubo 14 heridos llenos de
balines y balas. Hubo mucho maltrato, violencia, represión, los
contratados como guardias de seguridad se pasearon sobre ellos
inclusive una vez baleados, sobre embarazadas y niños",
agregó Peralta.
Heridos y pueblos devastados
Un anciano perdió el ojo, una niña puede perder el brazo pues
tiene una bala alojada allí, se ejemplificó. "La empresa Laguna dice
que ha recurrido a este tipo de atropellos porque las instituciones del
Estado no actúan, entonces contratan a estos violentos que son una
amenaza directa a la vida de los indígenas. No es la primera vez
que esto sucede, pero esta vez se hizo público. La semana pasada
fueron atropellados nuevamente por pistoleros, hasta que tuvimos
que pedir socorro a la Policía para que haga presencia".
La complicidad del Estado, según la organización social, se
manifiesta en el modo de actuar de la Policía. "Ellos responden a los
empresarios, porque a la Policía les ponen las patrulleras y las vacas".
Los hechos que narró la religiosa sucedieron el 15 de junio de 2014,
cuando guardias armados a fuego de la empresa Laguna Sociedad
Anónima ingresaron al territorio indígena para proceder al desalojo
del lugar. El resultado fue de un guardia de seguridad muerto,
varios heridos y el desalojo de los indígenas. "El problema es el
modelo económico, y lo digo con toda certeza, aquí vale más la soja y
la vaca que la vida de la gente", sintetizó Peralta.
Quien también intervino en el locutorio fue el Dr. Dante Leguizamón,
integrante de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay
(Codehupy). Sus palabras aludieron "al patrón represivo de las
fuerzas de seguridad, tanto militares como policías". Entre otros
ejemplos se dio cuenta que la situación se agudiza a pesar del marco
legal favorable a la defensa de las tierras de los indígenas que existe
en Paraguay, pero que lamentablemente no se cumple.

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