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ECUADOR – Extracción petrolera en la Amazonia
Datos básicos
Ubicación
Amazonía – Provincias de Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza y Morona
Santiago.
Actores involucrados
- Afectados
• Comunidades Indígenas
• Población local
- Causantes (responsable directo e indirecto)
• Estado Nacional
• Empresa Texaco
• Repsol
• Empresa estatal Petroecuador
- Otros (ONG, Movimientos Sociales)
• Acción Ecológica
• Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Napo
(FONAKIN)
• Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana
(CONFENIAE)
• Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)
Síntesis
Aunque la historia de la explotación petrolera en Ecuador se inicia en los años
veinte, es en los años setenta donde esta actividad adquiere significativa
CONFLICTOS SOCIOECOLÓGICOS
Combustibles fósiles
Ficha nº 22

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importancia en la economía del país. Tanto así que a partir de esta fecha el
Ecuador se convirtió en un país dependiente del recurso hidrocarburífero.
La exploración petrolera en la Amazonia ecuatoriana se inicia en la década de los
cincuenta. Al comenzar los procesos de exploración, se identifican yacimientos de
crudo pesado en la zona centro sur amazónica. En esta región, las expediciones
además se encuentran con comunidades indígenas muy agresivas, lo cual hacía
muy dificultosa la operación. Por el contrario, en la zona norte (Sucumbios y
Orellana) se encuentra petróleo liviano, de muy buena calidad, y más accesible en
la medida de que la zona estaba habitada por las nacionalidades siona, cofan y
tetetes, que no eran tradicionalmente guerreras, por lo cual se facilita el ingreso de
las misiones exploratorias y de la operación petrolera posteriormente.
Por estas razones, la explotación propiamente dicha comienza en la zona norte en
los setenta. Previa a la entrada de las petroleras, fue muy importante la entrada de
grupos religiosos, que lograron la concentración en un territorio restringido de los
grupos familiares indígenas, tradicionalmente dispersos y disputando territorio entre
sí y frente a otras nacionalidades, y la “pacificación” para la entrada de los
trabajadores petroleros. En esa zona hace la primera incursión la empresa
norteamericana Texaco, que se convertirá en la operadora de todo el territorio por
30 años.
En 1972, la dictadura militar del general Rodríguez Lara aplicó una política
nacionalista sobre las grandes reservas petroleras que años antes el consorcio
Texaco Gulf había descubierto en la zona de Lago Agrio. Modificó la Ley de
Hidrocarburos y ratificó la creación de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana
(CEPE) que luego de la salida del país de Gulf pasó a ser el socio mayoritario del
consorcio CEPE Texaco. Además ingresó al Ecuador a la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP).
A partir de 1981, debido a la caída del precio internacional del crudo, el Ecuador
dio apertura a la entrada de grandes petroleras transnacionales entregándoles
bloques de 200.000 hectáreas a cada una de ellas para su explotación. Nuevas
empresas petroleras incursionan en el Ecuador realizando operaciones de
exploración en la zona centro amazónica, al sur del río Napo, región de áreas
protegidas por ser punto de alta biodiversidad y contener el parque nacional
Yasuní, reserva natural del pleistoceno.
En el año 1986 se comienza la operación de los campos en esta región. Para ello
se modifican las leyes de protección de áreas protegidas, permitiendo la
explotación petrolera, e incluso modificando los límites de los parques nacionales
para este fin. Paradójicamente, se inicia esta fase petrolera con un nuevo discurso:
el de las tecnologías de punta y de responsabilidad corporativa, y con una nueva
modalidad de relacionamiento con el Estado: ante el cuestionamiento de la
concesión del petróleo a privados, se desarrolla la figura de “contratación de
servicios”.

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Sin embargo, las empresas empiezan a tomar el control de los territorios y de los
pueblos mismos, tanto por la dependencia económica que genera la empresa al
perder los pueblos sus medios de vida como por la movilidad dentro de los
territorios de las concesiones, hasta el punto que no era posible entrar, por
ejemplo, al bloque 16 (parque nacional Yasuní) sin el permiso de la Repsol. La
operación en esta zona se consolida alrededor del año 1996.
Avanzada la entrada de la industria petrolera en el territorio del centro amazónico,
comienzan a extenderse hacia el centro sur. A principios de la década de los
noventa se abren nuevas licitaciones, con el objetivo de extender la frontera
petrolera hacia Pastaza y Morona Santiago. Se busca abrir el bloque 23 y 24, el
bloque 20 en Puyo. Sin embargo, estas operaciones son imposibles debido a la
resistencia indígena, de los pueblos kichwas de Pastaza (particularmente
Sarayaku) y los pueblos Shuar y Achuar.
Es así como a través de ocho rondas de licitaciones petroleras se han entregado
20 bloques de los cuales se mantienen en la actualidad 15. En la Amazonía
ecuatoriana se encuentran destinadas cerca de cuatro millones de hectáreas de
bosque húmedo tropical para la actividad hidrocarburífera. Están concesionados 15
bloques a 11 transnacionales. La empresa estatal Petroecuador ocupa
aproximadamente 700.000 ha. con sus operaciones en 10 campos.
A partir del año 2000 esta política petrolera ha tenido como objetivo duplicar la
producción hasta el año 2005. Para cumplir este objetivo se inició una serie de
proyectos entre los que figuraban construir el oleoducto de crudos pesados OCP,
concesionar nuevas áreas en la Amazonía y entregar la operación de los campos
de Petroecuador a las empresas privadas, lo que significaría su privatización. De
estos objetivos sólo se cumplió la construcción del OCP.
El 15 de mayo de 2006 el gobierno ecuatoriano declaró la caducidad del contrato
firmado con la empresa Occidental por haber cometido graves violaciones al
contrato, a las leyes y a los derechos de la población durante sus operaciones en el
bloque 15. El gobierno además propició la reforma a la ley de hidrocarburos para
conseguir para el Estado un mayor porcentaje en la distribución de las ganancias
en los bloques petroleros, ya que las transnacionales se llevaban el 80% de las
ganancias y para el Estado quedaba el 20% en el mejor de los casos.
En el año 2008 el gobierno ecuatoriano, haciendo eco de una histórica campaña de
las organizaciones sociales, lanza la iniciativa ITT para dejar el crudo bajo tierra, a
cambio de una compensación internacional por la conservación de la biodiversidad
del bloque ITT y su importancia como pulmón de la tierra. Sin embargo, la política
de expansión petrolera aún sigue en pie.

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Causas
Las caras del conflicto socioambiental causado por la industria petrolera en el
Ecuador son múltiples en tanto concurren diferentes actores nacionales e
internacionales, pero ha tenido una continuidad como política de Estado. Desde los
años setenta la explotación petrolera se ha convertido en la base de la economía
local, redundando en una política casi incuestionable a pesar de las múltiples
denuncias de los sectores afectados.
Las afectaciones sociales y ambientales son de enormes dimensiones, y la
movilización y organización social han mostrado sus frutos en dos casos concretos:
la expulsión de Occidental (Oxy) del Ecuador y el avance del juicio a Texaco por la
contaminación producida.
Sin embargo, la dependencia del Estado de la renta petrolera pone en peligro la
posibilidad de construir verdaderas alternativas para un Ecuador post petrolero,
persistiendo el avance sobre los territorios indígenas.
Los impactos se dan en todas las fases de la operación. En las fases previas hay
un fuerte impacto social porque el acercamiento de la empresa genera rupturas en
las comunidades a través de los métodos de “relacionamiento comunitario” para
desactivar la resistencia a los proyectos.
En la fase de exploración se causa deforestación en la apertura de caminos, y
espacios para realizar los estudios de factibilidad. Además, las explosiones
necesarias para realizar la prueba sísmica afectan la biodiversidad, generando
disrupciones en los ciclos de vida de la fauna. La perforación supone la instalación
del taladro, la extracción del lodo empretrolado, que es colocado en grandes
piscinas y que al carecer de impermeabilización ni son enterradas, filtran químicos
a las aguas subterráneas.
Cuando se inicia la operación tienen que colocar toda la infraestructura para poder
hacer la explotación y las fases de separación, para lo cual se crean las estaciones
donde se separa el crudo de las aguas de formación que suelen ser 99 barriles por
cada uno de crudo, y que en su mayoría son botadas a los ríos. Además el gas que
se extrae junto al crudo, se quema al aire y causa lluvia ácida.
Las operaciones de todas estas compañías afectan a seis áreas protegidas y a
nueve pueblos indígenas amazónicos: Siona, Secoya, Cofán, Huaorani, Kichwa,
Shuar, Achuar, Shiwiar y pueblos desaparecidos como el caso de los Tetetes y
Sansahuari.
Las nacionalidades han perdido sus amplios territorios ancestrales, quedando
concentrados en pequeñas reservas rodeados de la infraestructura petrolera y de
Impacto

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la colonización, lo cual los convierte, de hecho, en minorías étnicas al borde de la
extinción.
Todas las fases de la actividad petrolera afectan al bosque húmedo tropical
caracterizado por poseer una altísima biodiversidad.
Desde 1994 a junio de 2002 se produjeron 779 derrames de petróleo a un
promedio de casi 92 anuales u ocho mensuales.
La contaminación de suelos producida por los derrames y por los desechos de la
industria repercute en la baja productividad de la tierra, lo que ocasiona pérdidas a
los agricultores locales. Además, la permanente quema de gas en los mecheros de
las estaciones, junto con la quema de material vegetal impregnado de crudo en las
prácticas de limpieza de derrames provoca una fuerte contaminación de la
atmósfera en estas zonas. Esto causa pérdidas económicas a la población por la
muerte de ganado y pérdida de cultivos, además provoca aumento de violencia,
prostitución, inseguridad, problemas laborales y en general unas condiciones de
mayor pobreza que otras poblaciones que no tienen contacto con esta industria.
En las zonas petroleras existe una mayor cantidad de enfermedades en la
población, principalmente cáncer, malformaciones en los nacimientos, abortos,
infecciones de piel, infecciones respiratorias, anemia, desnutrición, etc. En 1993,
en las comunidades con contaminación petrolera había más desnutrición y
mortalidad infantil, más enfermedades por persona, más infecciones de piel, el
doble de micosis, anemia, desnutrición, tuberculosis e infecciones de vías urinarias
que en las comunidades sin contaminación petrolera. Las mujeres que viven cerca
de las instalaciones petroleras tenían 147% más de abortos y la mortalidad general
era del doble por violencia, accidentes y cáncer. En otro estudio realizado en el año
2000 por San Sebastián, sobre 500 encuestas el 82,4% de la población se ha
enfermado en alguna ocasión por la contaminación: el 96% con problemas de la
piel, el 75% con problemas respiratorios, el 64% con problemas digestivos y el
42% con problemas en los ojos.
Un caso representativo es el de la empresa Texaco, que estuvo en el país 28 años,
perforó 339 pozos, arrojó al ambiente cinco millones de galones diarios de
desechos de producción, quemó 10 millones de pies cúbicos de gas diariamente,
derramó 16,8 millones de barriles de crudo y causó la deforestación de más de un
millón de hectáreas de bosque húmedo tropical. Según los estudios realizados en
las zonas donde esta actividad tiene mayor tiempo, prácticamente no se puede
encontrar agua limpia ni superficial ni subterránea.
Con sus operaciones Texaco afectó a los pueblos indígenas Cofán, Siona, Secoya,
Huaorani, Kichwa y colonos. Además el ingreso de esta empresa aceleró el
proceso de extinción de los pueblos Tetete y Sansahuari. El 7 de junio de 1992
finalizó el contrato con Texaco y toda la infraestructura y operaciones pasaron a
manos de la empresa estatal Petroecuador. Sólo fue entonces que las
comunidades indígenas pudieron hacer un registro de los impactos de esta

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operación, lo cual derivó en un juicio en EEUU para exigir la reparación social y
ambiental de las zonas afectadas, valorado en 6.000 millones de dólares.
Área Temática: Combustibles fósiles
Palabras clave: territorios indígenas – desplazamiento de fronteras productivas –
áreas protegidas - Amazonía
Fuentes
- Acción Ecológica
www.accionecologica.org
- Campaña Amazonía por la Vida
http://www.amazoniaporlavida.org/es/index.php
- FONAKIN – CONFENIAE - CONAIE
- http://www.minasypetroleos.gov.ec
Documentación
BRAVO, E., MARTÍNEZ, E., YÁNEZ, I. y BOEDT, P., Entre el sueño y la
memoria. 10 años de lucha y resistencia, Quito: Oilwatch, S/F. Disponible en:
www.oilwatch.org/doc/libros/ow10espanol.pdf
MALDONADO, A. y NARVÁEZ, A., Ecuador ni es ni será ya país amazónico.
Inventario de impactos petroleros 1, Quito: Acción Ecológica, octubre 2001.
Disponible en:
http://www.accionecologica.org/images/docs/petroleo/Inventarioimpac.doc
MALDONADO, A. y ALMEIDA, A. (Edit.), Atlas amazónico del Ecuador.
Inventario de Impactos petroleros 2, Quito: CONAIE y Acción Ecológica, marzo
2006. Disponible en:
http://www.accionecologica.org/index.php?option=com_content&task=view&id=
604&Itemid=7653
MARTINEZ, E. (Edit.), Chevron, mano derecha del imperio. Informe de
Chevron, Texaco, Caltex y Unocal, Quito: Oilwatch, julio 2005. Disponible en:
http://www.oilwatch.org/doc/libros/Chevron_mano_derecha_del_imperio.pdf
Fecha de elaboración: 10 de mayo de 2009
Elaborado por: Soledad Vogliano
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