Plan de gobierno 2014 2018 frente amplio

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
I. NUESTRA PRIORIDAD: REDUCIR LA
DESIGUALDAD SOCIAL Y LUCHAR
CONTRA LA POBREZA
II. SEGURIDAD SOCIAL: SALUD Y
PENSIONES. RESCATE Y REFUNDACIÓN
DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL
SEGURO SOCIAL (CCSS)
III. EDUCACIÓN PÚBLICA, HUMANISTA Y
DE CALIDAD
IV. INFRAESTRUCTURA: RECUPERAR
EL TIEMPO PERDIDO. EFICIENCIA
Y TRANSPARENCIA EN LA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
V. UNA DEMOCRACIA REAL Y AVANZADA.
PARTICIPACIÓN POPULAR EN EL
EJERCICIO DEL GOBIERNO
VI. FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN
VII. VIVIENDA DIGNA
Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
VIII. ALTO A LA GUERRA CONTRA
LA NATURALEZA. DEFENSA DEL
DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y
ECOLÓGICAMENTE SOSTENIBLE
IX. SEGURIDAD Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA

1

5

15
21

31

X. ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES
XI. TURISMO ECOLÓGICO EN BENEFICIO
DE LAS COMUNIDADES LOCALES
XII. PUEBLOS ORIGINARIOS Y
AFRODESCENDIENTES
XIII. SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL,
COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO,
PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA,
POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA
XIV. DERECHOS DE LAS MUJERES
Y EQUIDAD DE GÉNERO.
XV. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Y PERSONAS ADULTAS MAYORES

68
72
75

79
84
88

39
42

XVI. DIVERSIDAD SEXUAL

92

XVII. POLÍTICA CULTURAL

35

94

XVIII. DEPORTE Y RECREACIÓN
XIX. JUVENTUD, NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA
XX. POLÍTICA ECONÓMICA

46
63

XXI. POLÍTICA EXTERIOR

98
101
107
113

INTRODUCCIÓN
Un programa de gobierno acorde a las
necesidades de la Costa Rica actual
supone en primer lugar, caracterizar la
realidad en la que vivimos; esto es, hacer
una suerte de diagnóstico del estado en
el que se encuentra nuestro país.
El problema más apremiante que
enfrenta la sociedad costarricense en
la actualidad es el crecimiento de la
desigualdad social y de la pobreza. Es
decir, el ensanchamiento de las odiosas
brechas que separan a los hogares
con mayores ingresos y aquellos
con los menores ingresos en nuestro
país. Y no es para menos. Desde los
años 30 del siglo XX, Costa Rica se
había caracterizado por ser una de las
sociedades más igualitarias de América
Latina, debido a la visionaria reforma
social que tempranamente llevó a cabo.
Sin embargo, hoy tiene el triste “mérito”
de haber experimentado no solo un
importante aumento de esas diferencias
durante las últimas tres décadas, sino
que además, según el Banco Mundial,
es uno de los tres únicos países de
toda América Latina que no lograron
reducir ni la desigualdad ni la pobreza
en los últimos 10 años.
Esto lo ilustra el comportamiento del
Coeficiente de Gini, que es un indicador
de la concentración del ingreso. Así,
mientras este coeficiente se acerque
más a 0, el país estará más cerca de la
perfecta igualdad y mientras se acerque
más a 1, el país estará más próximo a la
perfecta desigualdad.
Resulta que, en Costa Rica, este
coeficiente ha venido creciendo de
manera sostenida y así acercándose a la
perfecta desigualdad: mientras en 1988
era de 0,358, en el 2012 ascendió a 0,518.

Lo anterior tiene una explicación: se
debe al desmantelamiento del modelo
solidario de desarrollo del Estado Social
de Derecho, establecido en nuestro país
desde los años treinta del siglo XX y su
sustitución por el modelo económico
neoliberal desde hace aproximadamente
tres décadas.
El modelo neoliberal se ha caracterizado
por una apertura comercial y de la cuenta
de capitales que, si bien ha atraído
Inversión Extranjera Directa, también
ha debilitado la soberanía jurídica y
ambiental del país, ha debilitado a las
micro, pequeñas y medianas empresas
(las mipymes), que son la mayoría de
las empresas, que producen y crean
empleos en el mercado interno y ha
generado esa concentración de la
riqueza y de la pobreza en polos cada
vez más extremos.
El balance de este modelo es que
más de un millón doscientos mil
costarricenses viven en la pobreza
en Costa Rica (¡más de trescientos
mil no pueden completar tres platos
de comida en el día!), al tiempo que el
mundo del trabajo se encuentra cada
vez más precarizado. El desempleo
afecta a cerca del 10% de la fuerza
de trabajo del país –el 12% en el
caso de las mujeres-, mientras que la
informalidad asciende prácticamente a
un 40% -y también afecta mayormente a
las mujeres-.
Cerca del 13% de costarricenses en edad
de trabajar afirma estar en disposición
de hacerlo a tiempo completo, pero no
tiene las posibilidades efectivas para
lograrlo (subempleo), al tiempo que 1
de cada 3 personas trabajadoras no
recibe ni siquiera el salario mínimo.

1

En el sector privado, por ejemplo,
las mujeres ganan un 27% menos de
salario que los hombres, aún con el
mismo grado académico y las mismas
funciones.
El incremento sostenido de la desigualdad
social y de la pobreza no son fenómenos
que hayan sido obra de la casualidad.
Son la consecuencia, como se dijo, de
un determinado conjunto de políticas
orientadas a la acumulación de capital
en manos de sectores privilegiados.
Los ganadores del modelo son sectores
que se han enriquecido al convertirse en
intermediarios de la apertura –la banca
privada creada por el modelo, los bufetes
de abogados que se especializan en
orientar a las empresas transnacionales
para instalarse en el país o para invertir
aquí en los procesos de privatización
y apertura de los servicios públicos,
cuando no les orientan en las formas de
eludir el pago de impuestos-, las grandes
empresas exportadoras, generalmente
transnacionales
no
costarricenses,
que son las más favorecidas con los
tratados de libre comercio, por la política
cambiaria, la explotación de nuestros
recursos naturales y el desmantelamiento
de las instituciones públicas a costa
del deterioro de las condiciones de las
mayorías.
A modo de ejemplo, solo en 2008 (año
en el que estalló la crisis económica
internacional) las ganancias de los
cuatro bancos privados más importantes
de Costa Rica sumaron la cifra de
¢39.486.834.350 (treinta y nueve mil
cuatrocientos ochenta y seis millones
ochocientos mil trescientos cincuenta
colones); al tiempo que, solo en 1999,
los bancos privados domiciliados en

Costa Rica reportaron activos fuera
del país (banca offshore) entre los $750
millones y los $1.350 millones, sobre
los cuales, no pagaron impuestos. El
propio presidente del Consejo Nacional
de Supervisión del Sistema Financiero
(CONASSIF), reconoció en 2010, que la
banca offshore llegó a acumular –para
la década de los 80 del siglo pasadounos US$1.000 millones (que al tipo
de cambio oficial promedio de ¢81,58,
según el Banco Central, serían ¢8.580
millones).
Por ello, los ganadores del modelo, sin
lugar a dudas arrastran una importante
deuda social y moral con el país y, como
mínimo, deberían retribuir a la sociedad
costarricense parte de lo que han
acumulado a lo largo de estos años.
Por ejemplo, solo a raíz de las
exoneraciones fiscales producto de
los denominados Certificados de
Abono Tributario (CATs) el Estado
costarricense dejó de percibir
¢560.342.200.000 (quinientos sesenta
mil trescientos cuarenta y dos
millones doscientos mil colones)
durante 1973-1999. Las inversiones
vinculadas con el mega-turismo, las
zonas francas y las exportaciones de
productos no tradicionales también han
tenido importantes ingresos debido a las
exoneraciones fiscales recibidas: solo
entre 2008-2009, los impuestos que estos
sectores dejaron de pagar ascendieron
a ¢301.796.030.489 (trescientos un
mil setecientos noventa y seis millones
treinta mil cuatrocientos ochenta y nueve
mil colones).
No es, pues, casualidad que las brechas
sociales en Costa Rica hayan crecido

2

tanto en el último tiempo: la décima parte
de las familias costarricenses –las más
ricas- concentran el 85% de la riqueza
que produce el país, mientras que el
resto de la población concentra apenas
el 0,6% de la misma. Nunca antes la
riqueza había estado tan mal repartida
en nuestro país.
Y así como en lo social y lo económico,
el rasgo característico del neoliberalismo
es la concentración de la riqueza
en lo político y en lo cultural, la
“fuerza motriz” de este modelo es la
confusión del interés público con el
interés privado, en otras palabras: la
corrupción, entendida como el secuestro
de lo público por parte de lo privado y
el vaciamiento e instrumentalización
del Estado para la satisfacción y la
acumulación de riqueza en manos
de algunos grupos privilegiados. Es
poner al Estado al servicio de ciertos
grupos, como si Costa Rica fuera una
finca particular.
Vivimos, así, tiempos en que la corrupción,
más que una anomalía del sistema,
ha pasado a convertirse en el sistema
mismo; en algo que algunos incluso la
consideran como el “aceite” necesario
para que funcionen los engranajes del
sistema. Como consecuencia de esto,
hay sectores políticos envilecidos
que lucran personalmente o como
grupos e inclusive como partidos,
sin importarles el sufrimiento de los
pobres. Evidencias de esto, sobran:
tres expresidentes estuvieron en la
cárcel por recibir comisiones ilegales
o consultorías indebidas en relación
con los casos CCSS-Fishel e ICEAlcatel; el otorgamiento de concesiones
sobrevaloradas e inconvenientes como
las carreteras San José-Caldera y San

José-San Ramón; el robo descarado del
presupuesto para la trocha fronteriza
norte, o la sobrevaloración de la refinería
China, entre otros.
Los efectos de la corrupción sobre
la construcción de ciudadanía son
nefastos. El estado de corrupción
que predomina en el país incide en el
tejido social costarricense de manera
muy negativa, profundiza la apatía, la
desesperanza y la anti-política. Así, la
gente acaba diciendo: «Todos los partidos
son iguales», «Todos los políticos son
corruptos», «¿Para qué votar si nada va
a cambiar?». Afirmaciones que reflejan
no solo al alejamiento de la gente de las
urnas –abstencionismo que, a su vez,
favorece la reproducción del sistema
corrupto-, sino también el deterioro de
las capacidades de la ciudadanía para
su organización autónoma, tanto en el
nivel de las comunidades, como de los
centros de trabajo.
Esta situación repercute de manera muy
negativa sobre los niveles de apoyo a
la democracia. No es para menos. De
acuerdo con el más reciente estudio
del Latinobarómetro, solamente el
56% de los costarricenses apoyan el
sistema político, lo cual nos sitúa en
el lugar número 10 de un total de 26
países de la región. Solamente el 26%
de la ciudadanía considera que a los
gobernantes les interesan las prioridades
y sentimientos de la gente.
¿Por dónde empezar? La primera tarea
del gobierno del Frente Amplio será
ganar, otra vez, a la ciudadanía para
la política. En una época caracterizada
por tanta apatía y desinterés, cualquier
partido
político
que
busque
conducir los destinos del país debe,

3

necesariamente, aspirar a gobernar
con la gente y no solo para la gente.
Además, no basta con proponer reformas
o alternativas para cambiar las cosas,
sino que debemos imaginar y avanzar
en la puesta en marcha de procesos
que hagan posibles los cambios. Tan
importante es el qué como el cómo.
Si algo ha caracterizado el ejercicio
del poder por parte de los partidos
tradicionales, ha sido la ausencia de
participación en la toma de decisiones.
La política se ha caracterizado
por el secretismo y por pactos y
negociaciones a espaldas de la
ciudadanía. Una política encerrada en
cuatro paredes, lejos de la gente, que
claramente –como se dijo- ha erosionado
la ciudadanía de las personas en nuestro
sistema político y en nuestra democracia.
Por eso, es condición indispensable para
que la ciudadanía costarricense pueda
recuperar la esperanza y el optimismo
de que las cosas puedan llegar a ser
mejores, un gobierno en el que la
gente, sea cual sea su filiación, cuente.
Un gobierno que haga realidad ese
principio de la democracia entendida
como el poder del pueblo, el poder de
alcanzar una vida más digna y feliz.

Desde una nueva forma de hacer política,
el Frente Amplio propone al país un
conjunto de medidas para establecer
un gobierno de tipo progresista que
busque el bien común en Costa Rica;
es decir, un gobierno que procure
el cumplimiento de las libertades y
los derechos individuales de toda la
población, incluyendo y dirigiendo
sus esfuerzos hacia aquella más
vulnerable económica y culturalmente.
Si queremos construir un país
más inclusivo, más igualitario,
menos discriminador, con más
oportunidades para quienes menos
tienen, con más hospitales y EBAIS,
más y mejores carreteras, fortalecer
el ICE o reestructurar el CNP, entre
muchas otras cosas, necesitamos la
participación de las comunidades en
la formulación y la implementación
de las políticas públicas y del diálogo
social entre todos los actores sociales
y productivos del país. Un gobierno de
puentes, de diálogos y de construcción
de consensos en aras del bien común.
El siguiente Plan de Gobierno reúne el
conjunto de propuestas que el Frente
Amplio impulsará a partir del 2014.

El fortalecimiento de nuestro sistema
democrático va mucho más allá de las
reformas al marco legal electoral. Debe
contemplar un involucramiento real
de las comunidades en los espacios
de toma de decisiones, ejecución y
fiscalización de la labor estatal. Por
eso, un gobierno del Frente Amplio
constituirá a las comunidades como el
actor central, desde los entes locales, los
municipios y las instituciones públicas,
sobre todo las que ofrecen bienes y
servicios a la población.

4

I

NUESTRA PRIORIDAD: REDUCIR LA
DESIGUALDAD SOCIAL Y LUCHAR
CONTRA LA POBREZA

5

I. NUESTRA PRIORIDAD:
REDUCIR LA
DESIGUALDAD SOCIAL
Y LUCHAR CONTRA
LA POBREZA
Ante el crecimiento de la desigualdad
social en Costa Rica, el Frente Amplio
propone al país un conjunto de medidas
orientadas a reducir la desigualdad social
y la pobreza. Algunas de ellas apuntan a
mitigar sus efectos inmediatos, mientras
que otras apuntan a su eventual
desaparición:
1. JUSTICIA LABORAL. PROTECCIÓN
EFECTIVA DE LOS DERECHOS DE
LAS PERSONAS TRABAJADORAS
Uno de los pilares fundamentales
mediante los cuales el Frente Amplio
plantea avanzar en la reducción de la
desigualdad social y de la pobreza,
pasa por mejorar las condiciones de
vida de quienes trabajan. Una de cada
tres personas trabajadoras no recibe el
salario mínimo. Y según un estudio de la
Universidad de Costa Rica; si se pagasen
los salarios mínimos, el país podría
resolver el problema de la pobreza en
una tercera parte. Las siguientes son las
medidas que propone el Frente Amplio
en el ámbito laboral:

• Garantizar el cumplimiento del pago
de los salarios mínimos, para lo
cual es urgente el fortalecimiento
de la Inspección del Trabajo. Se
promoverá una reforma legal para
dotarla de la potestad de imponer
multas,
sanciones
y
órdenes
correctivas de forma directa (en sede
administrativa) a quienes violenten

derechos laborales; se ampliará su
cobertura mediante la contratación
de más personal de inspección y un
mayor presupuesto.

• Recalificar las categorías salariales

de quienes laboran en el campo,
en oficios domésticos y en otros
sectores que sufren altos niveles de
explotación y discriminación.

• Promover la aprobación de la Ley

del Salario Mínimo Vital. Modificar
la fórmula de fijación de salarios
mínimos para garantizar que
los ingresos permitan satisfacer
necesidades básicas de personas
trabajadoras y sus familias. Ninguna
persona que trabaje jornada completa
debe recibir ingresos por debajo de
este mínimo vital. Por primera vez, el
artículo 57 de nuestra Constitución
dejará de ser letra muerta.

• Respetar

negociación
salarial
tripartita en el seno del Consejo
Nacional de Salarios para fijar
aumentos salariales, en el marco de
una política de salarios crecientes
que cubra, al menos, el aumento en
la inflación.

• Eliminar el tope del auxilio de

cesantía establecido en el Código
de Trabajo, para garantizar que las
personas trabajadoras del sector
público y del sector privado reciban
una indemnización correspondiente
al total de años efectivamente
laborados.

• Sancionar todo acto de discriminación

en el trabajo, incluyendo persecución
por el ejercicio de la libertad
sindical en el sector privado y la

6

discriminación de género. Aplicar y
respetar los fueros de protección y
las medidas cautelares inmediatas.
Otorgar garantías de reinstalación
y protección integral a las personas
afectadas.

• Prevenir y sancionar la discriminación

• Agilizar los juicios laborales y aplicar

• Recuperar la rectoría del Ministerio

la oralidad en todas las etapas de los
procesos. Consolidar definitivamente
la garantía de una defensa laboral
gratuita para personas trabajadoras
de bajos ingresos. Su financiamiento
provendrá de la creación de un timbre
solidario sobre los cobros judiciales y
los procesos comerciales.

• Sancionar

como
delitos
las
infracciones graves a los derechos
laborales como explotación laboral
de personas migrantes y en condición
vulnerable, exposición a graves
riesgos para la salud o la retención
de cuotas obrero-patronales.

• Reformar el Código de Trabajo para

frenar los abusos cometidos mediante
la tercerización del trabajo. Cerrar
los portillos legales que permiten
encubrir relaciones laborales a
través de la simulación de contratos
mercantiles, así como la simulación
de despidos y recontrataciones, para
no reconocer derechos derivados de
la antigüedad.

• Ampliar la licencia por maternidad

a seis meses y universalizar
las licencias por paternidad. Su
financiamiento será solidario sin
afectar a pequeñas empresas.
Adoptar medidas para promover la
corresponsabilidad en el cuido.

contra las trabajadoras, incluyendo
la aplicación de medidas de
acción afirmativa para asegurar la
contratación de mujeres en igualdad
de condiciones.
de Trabajo y Seguridad Social en
la definición de la política social y
laboral del país.

2. GENERACIÓN DE EMPLEO DIGNO
A TRAVÉS DE RECUPERAR EL
TEJIDO PRODUCTIVO
La política productiva que impulsará
el gobierno del Frente Amplio estará
asentada en la recuperación del tejido
productivo nacional y la reactivación de
la producción para el mercado interno
a través del desarrollo prioritario de
aquellas empresas de dimensiones
micro,
pequeñas
y
medianas
(mipymes) y dando especial atención
a las cooperativas, autogestionarias,
comunitarias, cogestionarias u otras
formas de economía social y propiedad
comunitaria. Si los proyectos involucran
la incorporación productiva de mujeres,
jóvenes, personas con discapacidad
o desempleadas de largo tiempo y en
edad adulta, se les ofrecerá un trato
preferencial.
Nuestras
propuestas
concretas son:

• Dirigir el impulso prioritario de

la política económica a generar
fuentes de trabajo estables y
bien remuneradas a través de la
ampliación del mercado interno, la
democratización económica y el
fortalecimiento de la economía social.

7

Las cooperativas, las asociaciones
de trabajadoras y trabajadores, de
mujeres, las microempresas locales
o comunitarias tendrán preferencia
en la contratación pública, en los
programas de incentivos, de acceso
al crédito y en los permisos y licencias
para aprovechar recursos públicos.

• Reformar la ley para desarrollar un

verdadero sistema de banca para
el desarrollo, mediante la creación
de fondos independientes que se
destinarán a prestar a la pequeña y
mediana producción en condiciones
más favorables a las de la banca
comercial. Esto incluirá fondos
de avales u otros mecanismos de
apoyo para quienes no cuentan
con garantías reales, como es el
caso de muchísimas mujeres. Con
este fin se creará un régimen de
supervisión diferenciada, no sujeto a
las restrictivas reglas de la SUGEF.

• Se fortalecerá al Banco Popular y

de Desarrollo Comunal otorgándole
la garantía del Estado. Se eliminará
la intromisión político-partidaria del
Gobierno en el nombramiento de
la Asamblea de Trabajadores, la
junta directiva y demás autoridades.
Garantizar
una
representación
equitativa de los diversos sectores
sociales en dicha Asamblea. Dar
al Banco un trato diferenciado en
las normas de supervisión para
asegurar que mayores recursos se
destinen a proyectos de desarrollo
en condiciones distintas a la banca
comercial. Eliminar trabas que
impiden que los fondos especiales
creados con utilidades del Banco se
utilicen efectivamente para promover
la economía social y el comercio
justo.

• Articular la política de promoción de

exportaciones a las necesidades
de las mipymes, cooperativas
y
del
sector
autogestionario.
Impulsar una fuerte promoción de
encadenamientos productivos entre
el sector exportador y la producción
local.

• Fortalecer programas de capacitación

y transferencia de tecnología y
acceso a recursos productivos
para el desarrollo de la economía
social en las regiones más pobres y
abandonadas del país. También, dar
un impulso decidido a la creación de
polos de desarrollo en zonas rurales
y urbano-marginales.

• Incentivar la actividad pesquera

sostenible en el país. Promover
la reforma de la Ley de Pesca y
Acuicultura para acabar con el regalo
de nuestra riqueza atunera. Cobrar
licencias de pesca de acuerdo a la
capacidad real de acarreo de los
barcos y el valor real de las capturas.
Eliminar las licencias gratuitas.
Destinar los recursos adicionales
que se generen por el cobro justo de
las licencias a financiar la creación
de una flota pesquera nacional a
través de cooperativas integradas
por quienes trabajen en la pesca.

• Incentivar la industrialización y la

generación de valor agregado en
beneficio de las familias dedicadas a
la actividad agropecuaria y pesquera,
a través de establecer márgenes de
utilidad a lo largo de toda la cadena
de producción. Regular la explotación
industrial de la pesca.

• Consolidar el desarrollo de los
territorios costeros comunitarios
como alternativa frente a los
megaproyectos ruinosos para el
desarrollo de zonas costeras.

8

• Regular las cuentas de capital para
favorecer las inversiones a largo
plazo que contemplen la formación
de capital humano y la existencia en
encadenamientos productivos.

• Promover una reforma legal para
que las municipalidades y demás
instituciones tengan la obligación
de contratar servicios de manera
prioritaria a empresas cooperativas
o comunales. Impulsar proyectos de
desarrollo y de interés local a través
de empresas comunales.

• Crear un programa de incentivos

dirigido a las micro, pequeñas y
medianas empresas que generen
empleo
digno
(garantizando
derechos laborales y seguridad
social) para sectores de la población
que enfrentan dificultades para
conseguir empleo, como personas
jóvenes sin experiencia, personas
con discapacidad, personas mayores
de 40 años y mujeres en general,
entre otros. Estos incentivos pueden
incluir ciertos beneficios tributarios,
acceso preferencial a los programas
de crédito para el desarrollo y
compras del Estado, capacitación
y transferencia de tecnología,
simplificación de trámites, entre
otros.

• Consolidar

procesos
de
simplificación de trámites para el
desarrollo de iniciativas productivas,
sin debilitar la legislación ambiental
y de protección social. Velar por el
estricto cumplimiento de la Ley 8220.
Los programas de simplificación
de trámites y eliminación de
requisitos innecesarios, duplicados
y engorrosos serán coordinados al

más alto nivel desde la Presidencia
de la República, a fin de garantizar
la coordinación entre instituciones
autónomas y ministerios que hoy
funcionan como “islas” y “feudos de
poder”.

3. FRENO AL AUMENTO DESMEDIDO
DEL COSTO DE LA VIDA
Los hogares costarricenses enfrentan
cada vez más dificultades para poder
completar el fin de mes. De acuerdo con
el más reciente estudio divulgado por la
CEPAL, los salarios mínimos crecieron
en un 20% en el conjunto de América
Latina, mientras que en Costa Rica
apenas lo hicieron en un 10%. Entre
el 2000 y el 2010, a su vez, el salario
promedio real creció en el país en un
1,7%, mientras que los salarios mínimos
lo hicieron en un 1%.
Por otro lado, durante 2012 y 2013 la
inflación en promedio alcanzó más del
5%, mientras que los aumentos salariales
fueron apenas inferiores al 2,5%. Lo
anterior deteriora el poder adquisitivo de
los sectores de menor ingreso, quienes
cada vez con mayor frecuencia deben
recurrir al endeudamiento para abastecer
sus necesidades básicas. Cerca de 1
millón 600 mil costarricenses no pueden
llegar con algo de dinero para sus gastos
básicos al fin de mes. Las siguientes son
las propuestas del Frente Amplio frente
al aumento del costo de la vida:

• Mantener el control de la inflación por

debajo de los dos dígitos, sin que ello
implique abandonar la generación de
empleo, disminuir la capacidad de
consumo para el mercado interno
o ralentizar la reactivación de la
producción.

9

• Establecer mayores controles y
regulaciones más eficaces para
evitar aumentos excesivos de los
precios de alimentos esenciales y
productos de la canasta básica. Se
sancionarán las prácticas abusivas
de importadores y comercializadores.

• Regular

los precios de los
medicamentos y frenar cobros
abusivos, diferencias abismales y
competencia desleal entre farmacias,
a través de reordenar el mercado
para erradicar prácticas monopólicas
que van en perjuicio del derecho
a la salud de la población y de las
pequeñas empresas locales.

• Aplicar de forma estricta las normas
vigentes para evitar concentraciones
de capital y medidas para combatir
prácticas comerciales desleales
y monopolios privados a través
de Comisión para Promover la
Competencia.

• Reestructurar la ARESEP para frenar

gastos desmedidos y garantizar la
adecuada regulación de las tarifas
de los servicios públicos, así como
mayores controles sobre su calidad.
Se pondrá fin a los aumentos
mediante fórmulas automáticas.

• Impulsar reformas legales para frenar

la usura en el cobro de intereses
en las tarjetas de crédito y otras
formas de crédito rápido. Fiscalizar
las empresas de tarjetas de crédito
mientras se aprueba el proyecto de
freno a la usura.

• Reformar la Ley de Arrendamientos,

para frenar los aumentos anuales
de alquileres de vivienda de hasta
15%, que hoy se dan aún cuando la
inflación sea mucho menor.

• Frenar los aumentos desmedidos en

los precios de la electricidad para
los hogares, a través de medidas
como la exoneración de impuestos
(Ley 8114) para el combustible que
compra el Instituto Costarricense de
Electricidad con fines de generación
eléctrica. Realizar el rebalanceo
tarifario para revertir los subsidios
para grandes industrias a costa
del encarecimiento del consumo
residencial. Ampliar la generación
eléctrica mediante el uso de fuentes
renovables de energía.

4. QUE LOS SECTORES DE MAYORES
INGRESOS APORTEN MÁS:
UNA REFORMA TRIBUTARIA
PROGRESIVA
La reducción del déficit fiscal no puede
considerarse un fin en sí mismo. La
estabilidad macroeconómica es, por el
contrario, un medio para garantizar una
institucionalidad sólida y con recursos
que pueda brindar bienestar y redistribuir
la riqueza en beneficio de los sectores
más empobrecidos. En esa perspectiva,
el Frente Amplio propone avanzar hacia
una ruta de diálogo con participación de
sectores sociales y productivos para un
nuevo pacto fiscal.

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A diferencia de las negociaciones
poco claras de paquetes tributarios
protagonizadas por los últimos gobiernos,
este diálogo transparente debe procurar
establecer una estructura impositiva
cuyas 2/3 partes recaigan sobre los
impuestos directos de modo que la carga
tributaria se incremente a por lo menos
el 18% del PIB (hoy es del 13%). Estas
son nuestras propuestas concretas:

• Procurar la reforma integralmente

la Ley del Impuesto sobre la Renta
y otros impuestos que gravan
directamente la riqueza, para
garantizar que las personas más
adineradas contribuyan de acuerdo
a sus ingresos reales. Estos cambios
incluirían al menos:

- Establecer sistemas de
global y renta mundial.

renta

- El impuesto sobre las rentas a
los bancos comerciales debe
ascender al 35%-40%.
- Establecer un impuesto del 35%
sobre las rentas generadas
a
partir
de
los
grandes
negocios inmobiliarios (centros
empresariales
inteligentes,
apartamentos y condominios de
lujo).
- Crear un impuesto del 20% sobre
las remesas e intereses generados
por títulos valores que sean
inversiones de propiedad de los
bancos comerciales. A los títulos
en colones -hasta cierto montose les aplicará entre el 8% y 15%
(escalonado).

• Establecer la Tasa Tobin del 0,05%

aplicable al intercambio de acciones,
bonos,
derivados
financieros,
operaciones en divisas o de materias
primas (commodities).

• Convertir el actual impuesto de ventas

en Impuesto al Valor Agregado. Este
no ascendería más del 13% actual
ni se ampliaría la base a lo que
son bienes de la canasta básica ni
servicios tales como a educación, la
salud o los seguros sociales.

• Establecer progresividad en el pago

del IVA a través de la creación de
una “canasta de bienes suntuarios y
artículos de lujo”, que pagarían más
del 13% actual.

• Incrementar

los impuestos de
consumo selectivo y sobre la tenencia
de vehículos de lujo (excluyen
vehículos de trabajo y transporte
público), así como crear impuestos
adicionales con destino específico
sobre el consumo de cigarrillos y
bebidas alcohólicas.

5. DEFENSA Y RECUPERACIÓN
DE LOS BIENES PÚBLICOS Y
DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE LA
TIERRA
La tendencia a la privatización inherente
al modelo neoliberal abarca ámbitos que
hasta hace muy poco considerábamos
inimaginables. El deseo de lucro entre
ciertos sectores dominantes les ha
llevado a sustraer muchos bienes y
recursos considerados fundamentales
para la existencia de la vida en la tierra.

11

Comunidades
sin
agua,
playas
privatizadas, intentos de impulso de
actividades extractivas a gran escala
(la minería a cielo abierto, es uno de
los ejemplos más claros) y la creciente
concentración de la tierra en pocas
manos, entre otras, son parte del paisaje
de los problemas que día tras día
enfrenta nuestra población, en particular
en aquellas zonas más empobrecidas de
la periferia rural del país.
En este contexto, se viene dando un
intento sistemático por pasar a manos
privadas algunos bienes y servicios que,
debido a la importancia que tienen para
el bien común, pensamos que deberían
seguir perteneciendo a todos y todas y
continuar bajo administración del Estado
o las comunidades locales. Por eso,
proponemos:

• Detener la privatización de los
bienes tangibles e intangibles
que pertenecen a la colectividad
(patrimonio natural, biodiversidad,
instituciones y servicios públicos,
semillas, cultura y conocimiento).

• Recuperar el seguro de riesgos del

trabajo como seguro social y solidario
sin fines de lucro; asignar al Instituto
Costarricense de Electricidad los
proyectos para la universalización de
las telecomunicaciones en centros
educativos públicos y comunidades
empobrecidas;
impulsar
la
derogatoria o desaplicación de la Ley
de Obtenciones Vegetales, así como
de cualquier otra iniciativa dirigida a
patentar formas de vida.

• Defender el uso y disfrute público

y popular de nuestras playas y
garantizar la protección de los
derechos y el desarrollo social de las
comunidades costeras.

• Modificar las leyes de propiedad

intelectual para asegurar el derecho
del estudiantado a fotocopiar textos
con fines educativos; eliminar
restricciones excesivas que impiden
el acceso democrático a la cultura
y al conocimiento para las grandes
mayorías de la población. Garantizar
un sano equilibrio entre la tutela
de estos derechos y los derechos
legítimos de las personas autoras y
creadoras.

• Impulsar

medidas
eficaces
para detener la expansión de
los monocultivos agrícolas y la
creciente concentración de la tierra.
Impulsar procesos de planificación
del uso del suelo y ordenamiento
territorial dirigidos a promover la
distribución equitativa de la tierra y
la diversificación de la producción
agropecuaria. Respaldar moratorias
y políticas de ordenamiento territorial
dictadas por los gobiernos locales.

• Aplicar con rigurosidad la legislación

vigente y fortalecer la normativa
sobre la tenencia y concentración
de la tierra, con particular énfasis
en lo relativo a los límites sobre la
propiedad en manos de personas
extranjeras.

• Reordenar el recurso tierra frente

a su concentración en manos de
grandes latifundios, con el fin de
facilitar su acceso para las familias
campesinas, con fundamento en
estudios técnicos. Volver a hacer
uso de los instrumentos establecidos
en la Constitución y las leyes
(Ley del INDER, Ley de Tierras y
Colonización) para adquirir tierras
ociosas y distribuirlas a familias
campesinas sin tierra. Apoyar el

12

desarrollo de proyectos productivos
viables y que aseguren nuestra
soberanía alimentaria.

• Promover el desarrollo de nuevos

instrumentos de propiedad social
y comunitaria en beneficio de los
trabajadores, a través de micro,
pequeñas y medianas empresas,
con
énfasis
en
cooperativas
autogestionarias,
cogestionarias
y comunales. Trato preferencial a
personas con discapacidad, mujeres,
jóvenes y desempleados en edad
adulta.

6. REORDENAMIENTO,
TRANSPARENCIA Y GESTIÓN
EFICIENTE DE LOS PROGRAMAS
SOCIALES
Uno de los desastres más graves en
los últimos años ha sido la ineficiencia
de los programas sociales. La escasa
coordinación, la dispersión institucional
y la falta de claridad en cuanto al
establecimiento de objetivos concretos,
así como los innumerables problemas
de clientelismo político y corrupción
asociados a estos, han implicado una
enorme cantidad de problemas que
han afectado su eficacia para combatir
la pobreza y la marginalidad en las que
vive buena parte de nuestro pueblo.
Las siguientes son las propuestas del
Frente Amplio en esta materia:

• Declarar la pobreza extrema como
emergencia nacional para canalizar
más recursos de forma más ágil para
atender las necesidades básicas
de las más de 300 mil familias que
actualmente pasan hambre en Costa
Rica.

• El Presidente de la República

ejercerá de forma directa la rectoría
de las instituciones y ministerios
que integran el sector social para
garantizar una estrecha coordinación,
su acción mancomunada y para
ampliar su cobertura y calidad.

• Poner en funcionamiento eficiente

y definitivo el registro único de
personas beneficiarias de programas
sociales, a fin de que todas las
instituciones puedan conocer dónde
se encuentran y cuáles son las
familias en condición de pobreza,
sus necesidades insatisfechas y qué
tipo de atención están recibiendo.

• Erradicar el clientelismo con los
programas sociales. Prohibir que las
autoridades del Gobierno participen
en las inauguraciones y cualquier
otra acción dirigida a promover como
favores o regalos gubernamentales
los
beneficios
sociales
que
financia el pueblo a través del
pago de impuestos. Será causal
de destitución inmediata cualquier
intromisión en actos que no sean
estrictamente de su competencia.
Además, promover legislación para
sancionar penalmente a quienes se
beneficien de los programas sociales
aprovechándose de su filiación
política o de su puesto.

• Fortalecer la organización autónoma

de las comunidades beneficiarias
de los programas sociales y su
participación directa en la definición
de los proyectos y su proceso de
fiscalización.
Las
instituciones
sociales deben fortalecer el trabajo de
campo, realizando visitas conjuntas
y periódicas a las comunidades
empobrecidas.

13

• Vincular e integrar los programas

sociales con aquellos dirigidos
a la generación de empleo y el
desarrollo de nuevas actividades
productivas. Promover un enfoque
integral de atención a las familias
de condición de pobreza en el cual,
la atención de necesidades básicas
esté acompañada de alternativas de
generación de empleo y reinserción
en el sistema educativo.

14

II

SEGURIDAD SOCIAL: SALUD Y PENSIONES.
RESCATE Y REFUNDACIÓN DE LA CAJA
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS)

15

II. SEGURIDAD
SOCIAL: SALUD Y
PENSIONES. RESCATE
Y REFUNDACIÓN DE LA
CAJA COSTARRICENSE
DEL SEGURO SOCIAL
(CCSS)
Los seguros sociales regidos por
principios de financiamiento tripartito y
solidario y de cobertura universal bajo
administración de la CCSS constituyen
uno de los mayores tesoros que tiene
Costa Rica. Sin embargo, en las últimas
décadas esta institución ha enfrentado
graves amenazas que han llevado
al debilitamiento progresivo de su
capacidad de atender las necesidades
de la población. Se han subvertido los
principios de solidaridad, universalidad,
equidad y justicia social que son su
razón de ser.
Entre las principales amenazas a esta
institución se encuentran la interferencia
de intereses político-empresariales en
las decisiones técnicas, la millonaria
deuda del Estado y la creciente evasión
de patronos morosos y de sectores con
capacidad contributiva, así como una
creciente tendencia a la privatización de
los servicios que presta la institución.
Este deterioro se refleja en el
debilitamiento tanto del Seguro de
Enfermedad y Maternidad (SEM) como
del de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM); en
los hospitales y clínicas colapsadas; las
filas interminables; las serias carencias
de infraestructura, de equipo y personal
calificado, en las pensiones que no
alcanzan para satisfacer las necesidades
básicas, en el déficit creciente y la

condición insostenible del fondo de
pensiones a corto-mediano plazo, entre
otras. Para enmendar el grave problema
descrito, proponemos medidas en tres
grandes áreas de acción:

1. RESCATE DE LA AUTONOMÍA Y EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CAJA COSTARRICENSE
DEL SEGURO SOCIAL (CCSS)

• Eliminar la presidencia ejecutiva de la

CCSS y sustituirla por una gerencia
general nombrada directamente
por la junta directiva. Eliminar
los
nombramientos
partidarios,
generalmente hechos de forma
arbitraria, de las gerencias y
fortalecer los criterios de idoneidad
y transparencia en su designación
y la rendición de cuentas en su
desempeño. Además, las gerencias
serán nombradas por medio de
concursos de antecedentes y deberán
cumplir metas y rendir informes
periódicos a la junta directiva.

• Revisar los criterios de conformación

y los métodos de elección de quienes
integren la Junta Directiva, de modo
que la idoneidad y el conocimiento de
la institución sean requisitos exigidos.
Eliminar intromisión politiquera del
Gobierno. Establecer que al menos
dos de los nombramientos que hoy
corresponden al Poder Ejecutivo se
sustituyan por representantes de las
personas usuarias de los servicios
de salud, elegidas mediante consulta
directa organizada a través de las
juntas de salud.

16

• Fortalecer las juntas de salud,
convirtiéndolas
en
verdaderas
auditorías ciudadanas a las que
deberán rendir cuentas de forma
directa las autoridades de los centros
de salud. Esas juntas tendrán acceso
inmediato a la información y deberán
ser consultadas en la definición
de presupuestos y prioridades de
inversión.

• Replanteamiento de la política de

desconcentración, para eliminar todas
aquellas distorsiones que incrementan
la burocracia y descoordinación,
así como el encarecimiento de los
procesos de compra de insumos y
medicamentos.

• Reformar la Ley de Contratación

Administrativa y la Ley Orgánica
de la CCSS para prohibir cualquier
forma de concesión o privatización
de los servicios de salud en todos
los niveles de atención. Además,
frenar el proceso de privatización
de los EBAIS de Montes de Oca,
Curridabat y La Unión. Las compras
de servicios solo podrán realizarse
de forma excepcional, temporal y
en condiciones económicas y de
calidad favorable para la institución,
cuando existan necesidades urgentes
debidamente comprobadas, mientras
la CCSS toma las medidas concretas
para
asumir
directamente
su
prestación.

• Mejorar y ampliar los controles y
las normas éticas para prevenir y
sancionar los conflictos de intereses
entre el personal de la CCSS y
el negocio de la salud privada.
Promover legislación que sancione

penalmente los “biombos”, así como
a quienes debilitan la prestación de
los servicios de salud de la CCSS u
omiten su mejoramiento oportuno y
refieren personas usuarias afectadas
a consultorios o clínicas privadas con
las que tienen vinculación.

• Trasladar a la CCSS la administración

del seguro de riesgos del trabajo como
medida urgente para rescatarlo de las
graves amenazas de desmantelarlo
que enfrenta y garantizar que no se
debiliten los principios del Código de
Trabajo que rigen su funcionamiento.
La CCSS mantendrá una contabilidad
separada respecto a los fondos de
otros seguros sociales, sin perjuicio
de la integración de procesos que
puedan desarrollarse técnicamente
para mejorar la gestión de cobro,
reducir los costos de administración y
fortalecer la prestación de servicios a
las personas trabajadoras.

2. FORTALECIMIENTO DEL FINANCIAMIENTO SOLIDARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

• Pagar en un periodo de cuatro años la

totalidad de la deuda del Estado con
la CCSS, incluyendo los recursos para
la atención de personas en condición
de pobreza y la deuda por el traslado
del primer nivel de atención del
Ministerio de Salud a la CCSS. Este
compromiso tendrá prioridad en la
asignación con destino específico de
los recursos generados por la reforma
fiscal progresiva que impulsaremos,
junto al cumplimiento de la obligación
constitucional de asignar el 8% del PIB
para la educación pública.

17

• Fortalecer el financiamiento solidario

y tripartito de los seguros sociales,
para lo cual se modificará la injusta
situación actual en la que el grueso
de su financiamiento recae sobre las
personas trabajadoras asalariadas
y patronos formales. Incrementar
paulatinamente -de acuerdo a la
situación fiscal del país-, la cuota del
Estado y aumentar proporcionalmente
la
contribución
de
personas
trabajadoras independientes con altos
ingresos, para lo cual se fortalecerá
el intercambio de información con
Tributación.

• A partir del presupuesto ordinario del

2015, girar a la CCSS la totalidad de
las contribuciones del Estado a la
seguridad social, en efectivo, tal y
como lo ordena la ley.

• Fortalecer la gestión de cobro de

las cuotas obrero-patronales de la
seguridad social, mediante reformas
dirigidas a reforzar la capacidad
de inspección de la CCSS y las
sanciones por fraude y evasión.
Establecer un sólido régimen de
responsabilidad solidaria para cerrar
portillos legales que hoy encubren y
favorecen el incumplimiento del pago
oportuno a la CCSS, tales como:
subcontrataciones y otras formas
de tercerización; el encubrimiento
de
relaciones
laborales
con
contratos mercantiles y de servicios
profesionales, o la práctica de
acumular deudas en sociedades
“inactivas” y sin bienes para reanudar
el negocio con otras sociedades,
entre otras formas de fraude contra
la seguridad social.

• Mejorar y simplificar sustancialmente

el
trámite
de
aseguramiento
de personas trabajadoras y de
modificación de las planillas de la
CCSS.

• Reformar la ley para establecer

el principio de que las deudas
por cuotas obrero-patronales son
imprescriptibles, en virtud de que
se trata de derechos irrenunciables
protegidos por nuestra Constitución.
De esta forma se evitará que se repita
la tragedia de personas trabajadoras
adultas mayores que llegan a la edad
de pensionarse, pero que no pueden
obtener una pensión digna porque les
faltan cuotas y prescribió su derecho
a recuperarlas.

• Aplicar de forma irrestricta controles
cruzados dirigidos a impedir que
quienes tengan deudas con la
seguridad social y con el Fondo de
Desarrollo Social y Asignaciones
Familiares
(FODESAF)
se
beneficien de cualquier tipo de
contratación con fondos públicos
(Ley Orgánica de la CCSS, artículo
74). Asimismo, buscamos eliminar
las interpretaciones antojadizas de
algunas instituciones que buscan
relativizar y debilitar esta obligación.

• Diversificar las opciones de arreglo

de pago para fomentar que quienes
tengan deudas con la seguridad
social se pongan al día, siempre que
se garantice la recuperación de la
totalidad de las cuotas adeudadas
a la CCSS. De la misma manera,
vincular todos los programas de
incentivos y apoyo a las micro y
pequeñas empresas al cumplimiento
de las obligaciones con la seguridad
social.

18

• Establecer la obligación de contar
con un seguro de la CCSS como
requisito ineludible para adquirir
seguros privados de salud en Costa
Rica o hacer efectivos seguros
transfronterizos en nuestro territorio,
a fin de evitar la ruptura del principio
de solidaridad mediante la fuga de
contribuyentes de altos ingresos.

• Reformar el artículo 78 de la Ley

de Protección al Trabajador para
fortalecer la capitalización del seguro
de pensiones y garantizar que los
bancos, las aseguradoras y las
empresas de telecomunicaciones
privadas contribuyan solidariamente
con un porcentaje de sus utilidades
para fortalecer el régimen de
pensiones, tal y como hoy deben
hacerlo las empresas públicas.

• Incrementar de forma sostenida los

rendimientos del fondo de pensiones
de la CCSS (IVM) a través de la
diversificación de sus inversiones,
bajo
estrictos
parámetros
de
seguridad y transparencia. La
eventual inversión de recursos en
proyectos de obra pública dependerá
del avance en nuestro programa
para fortalecer la institucionalidad
de dicho sector, minimizando los
riesgos asociados al desarrollo de
los proyectos.

• Crear un impuesto especial sobre

el consumo de comida chatarra,
bebidas gaseosas y otros alimentos
de alto contenido en azúcares y
grasas saturadas. Los ingresos
generados por este tributo se
destinarán a fortalecer los programas
públicos dirigidos a promover una
alimentación saludable de nuestra

población, así como a prevenir y
atender enfermedades crónicas
como la diabetes y la hipertensión.

3. MEJORAMIENTO EN LA
COBERTURA UNIVERSAL Y LA
CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS DE SALUD Y DE
PENSIONES

• Establecer como prioridad nacional la

consolidación y mejora permanente
de los programas de salud preventiva
y el fortalecimiento del primer nivel de
atención en salud. El sistema público
de salud debe evitar que las personas
se enfermen en vez de gastar
millones curando enfermedades
que pudieron prevenirse. Además
de ampliar la cobertura y mejorar la
oferta de servicios de los EBAIS, esto
implica fortalecer los programas de
educación para la salud, educar en
nutrición, fomentar una alimentación
sana, así como promover el deporte,
la recreación y en general; estilos de
vida saludables. Lo anterior, desde
el punto de vista colectivo, como
una elección de cada integrante del
grupo familiar, cualquiera que sea su
composición y no como una carga
o responsabilidad adicional de las
mujeres.

• Mejorar

la cooperación y la
coordinación institucional entre la
CCSS, el Ministerio de Salud, el
Ministerio de Ambiente y Energía,
el Ministerio de Trabajo y demás
instituciones
con
competencias
relacionadas, para maximizar el
impacto de los programas de salud
preventiva. En particular, deben

19

mejorarse los programas de salud
ocupacional, protección ambiental
y prevención de la contaminación y
manejo integral de residuos.

traer especialistas calificados del
extranjero que permitan atender la
emergencia causada por la inopia de
estos profesionales.

• Extender la utilización del expediente

• Establecer de forma gradual la

electrónico a
servicios de
atención de la
prioridad los
clase A.

la totalidad de los
los tres niveles de
CCSS, teniendo como
hospitales nacionales

• Dar prioridad y contenido económico

a los programas dirigidos a lograr
la reducción sistemática de las
listas de espera en los servicios
de salud de la CCSS. Consolidar y
hacer transparentes dichas listas,
incorporando la participación de
las personas aseguradas en el
seguimiento y control, especialmente
en lo relacionado con las cirugías, los
exámenes de diagnóstico y las citas
con especialistas.

• Incrementar la formación y la calidad,

con énfasis en el buen trato, de
profesionales
especialistas
en
medicina para los servicios de salud
de la CCSS y promover su distribución
equitativa en todos los centros de
salud del país. Intervenir el CENDEISS
e impulsar la ampliación de la oferta
universitaria
de
especialidades
médicas de alta calidad en función de
las necesidades del país. Consolidar
el servicio social obligatorio para
especialistas y los programas de
incentivos para asegurar la asignación
de especialistas en las zonas rurales y
de menor desarrollo. Esta asignación
debe responder estrictamente a las
necesidades de las comunidades.
Mientras las medidas consignadas
en el punto anterior rinden frutos, se
adoptarán acciones urgentes para

prohibición
de
trabajar
simultáneamente para la CCSS
y el sector privado, con el fin de
prevenir conflictos de intereses, en
las categorías de profesionales en
ciencias médicas de alta demanda,
en especial de aquellas donde existen
listas de espera.

• Consolidar

la Red Oncológica
Nacional para la prevención, el
diagnóstico temprano y la atención
oportuna del cáncer, con el objetivo de
reducir la incidencia de la enfermedad
y aumentar las tasas de supervivencia
de pacientes.

• Ampliar los programas de inversión en

infraestructura y equipamiento de la
CCSS para atender las necesidades
urgentes de las comunidades
que han venido denunciando el
abandono y el deterioro de los
servicios de salud (Limón, Nicoya,
Pérez Zeledón, Grecia, entre muchas
otras). Igualmente, será prioritario el
fortalecimiento y ampliación de los
centros de salud del sur de San José
(Hatillo, Alajuelita, Desamparados).

• Declarar emergencia nacional la

situación del Hospital Monseñor
Sanabria de Puntarenas, a fin de
canalizar los recursos necesarios para
garantizar la construcción prioritaria
de un nuevo hospital durante los
próximos cuatro años.

20

III
EDUCACIÓN PÚBLICA,
HUMANISTA Y DE CALIDAD

21

III. EDUCACIÓN PÚBLICA,
HUMANISTA Y DE
CALIDAD
La educación pública costarricense
debe recobrar su papel movilizador y
de formación de una ciudadanía crítica
y comprometida con la construcción de
una sociedad progresista, con capacidad
para acoger las diferencias individuales,
sexuales, de género, físicas y culturales,
tal y como aspira el Frente Amplio a que
sea nuestro país. Para ello, debemos
avanzar hacia una reforma educativa
de largo alcance, pero también iniciar
labores de intervención urgentes.
En el gobierno frenteamplista, las
políticas educativas tendrán como
objetivo principal reducir la brecha
entre la educación pública y privada y
fortalecer una educación pertinente,
que fortalezca el sentido crítico, la
independencia de criterio, el respeto
hacia lo diverso y plural, la participación
cívica responsable, la ética ambiental,
la igualdad de género, la solidaridad, el
pleno respeto a los derechos humanos y
a los valores de paz y justicia. Para ello
proponemos:

para el presupuesto ordinario de la
República de 2015. El cumplimiento
de esta obligación y del pago de
la deuda del Estado con la CCSS
tendrán absoluta prioridad en la
asignación con destino específico
de los recursos adicionales que se
generarán mediante la contención del
despilfarro de los recursos públicos,
la mejora en la recaudación tributaria
y la reforma fiscal progresiva.

• Impulsar la inmediata aprobación

del proyecto de ley presentado por
el Frente Amplio para asegurar
que la obligación constitucional de
financiamiento a la educación pública
no sea burlada en el futuro. Esto
implica aclarar el procedimiento para
realizar el cálculo del PIB, definir los
gastos que no deben contabilizarse
dentro del presupuesto para la
educación y los mecanismos que
deben aplicarse para verificar que
la asignación del 8% se ha cumplido
en la formulación del presupuesto;
establecer
sanciones
penales
para las autoridades públicas que
incumplan con dicha obligación
y
prohibir
cualquier
práctica
destinada a subejecutar los recursos
presupuestados para educación.

• Garantizar financiamiento creciente
1. FINANCIAMIENTO ESTABLE Y
CRECIENTE PARA LA EDUCACIÓN
PÚBLICA EN TODOS SUS NIVELES

• Cumplir con el mandato constitucional

de asignar al financiamiento de la
educación pública en todos sus
niveles, recursos equivalentes al
8% del Producto Interno Bruto (PIB),

a
las
universidades
públicas
mediante una negociación justa del
Fondo Especial para la Educación
Superior (FEES), bajo un marco
de estricto respeto a la autonomía
universitaria. En la medida de lo
posible, la asignación de recursos
adicionales
se
vinculará
con
el fortalecimiento de las sedes

22

regionales, incluyendo el desarrollo
de sedes interuniversitarias; la
universalización de los sistemas de
becas por condición socioeconómica
y la revisión de los sistemas de
admisión para asegurar mayores
niveles de acceso a estudiantes de
escasos recursos.

• Apoyar e impulsar los proyectos de

ley que actualmente se encuentran
en la Asamblea Legislativa para dotar
a la Universidad Técnica Nacional de
rentas propias y de frecuencias de
radio y televisión.

2. CONSOLIDACIÓN Y AMPLIACIÓN
DE PROGRAMAS DE EQUIDAD EN
EL ACCESO A LA EDUCACIÓN

• Asignar los recursos adicionales

generados por la norma constitucional
del 8% del PIB, dando prioridad a
los programas de equidad y a las
inversiones requeridas para reducir
paulatinamente la brecha que separa
la educación pública de la privada
y dentro de la educación pública y
a las abismales desigualdades que
existen entre las zonas de mayor
desarrollo relativo y las comunidades
rurales y urbano marginales con
menores índices de desarrollo. A
estas últimas debe destinarse un
monto proporcionalmente mayor de
recursos.

• Revisar integralmente el programa

Avancemos y los programas de
becas del Fondo Nacional de
Becas (FONABE) para garantizar
su consolidación y mejoramiento.
Realizar una asignación más técnica

y más justa de las becas a las familias
que realmente las necesitan (frenar
el uso clientelista de las becas,
eliminar duplicidades y reducir
errores en la asignación). Fortalecer
los mecanismos de acompañamiento
y seguimiento de estudiantes
becados a fin de incrementar las
probabilidades de conclusión exitosa
de sus estudios.

• Crear un verdadero sistema nacional

de becas con mecanismos reales
de control y evaluación del impacto
que estas producen para mejorar
las condiciones del estudiantado.
Separar las becas que se dan por
condición socioeconómica, mérito
o excelencia, promoción cultural
y deportiva, acción afirmativa por
razones étnicas, discapacidad, sexo,
género y otras.

• Fortalecer las becas de transporte

para todos los niveles de educación,
garantizando que cada estudiante
de escasos recursos tenga acceso
a este beneficio indispensable
para reducir la exclusión. Crear un
mecanismo de transporte gratuito
para estudiantes que así lo requieran
en el sistema de transporte público,
similar al existente actualmente para
las personas adultas mayores.

• Consolidar la extensión de los
sistemas públicos de becas para
continuar apoyando estudiantes que
terminaron la secundaria, de modo
que prosigan sus estudios en los
sistemas de educación universitaria,

23

parauniversitaria o técnica.

• Replantear las funciones y las

prioridades de la Comisión Nacional
de Préstamos para la Educación
(CONAPE). Promover la aprobación
del proyecto de reforma a su Ley
Constitutiva presentado por el Frente
Amplio a la Asamblea Legislativa.
Este proyecto busca descentralizar
la prestación de sus servicios hacia
todo el territorio nacional a través
de una alianza con los bancos del
Estado; mejorar las condiciones de
crédito y la reducción de las tasas
de interés; crear un mecanismo de
avales que permita otorgar créditos
preferenciales a personas de escasos
recursos que no tienen posibilidad
de aportar otro tipo de garantías;
y otorgar becas a estudiantes en
condición de pobreza. Al menos un
30% de los recursos de CONAPE se
destinarán a fortalecer la extensión
de otros programas de becas hacia
la educación superior.

• Promover la revisión de los sistemas

de admisión de las universidades
públicas, a fin de contrarrestar la
exclusión de estudiantes de escasos
recursos de comunidades marginadas
y combatir la preocupante tendencia
a la elitización de la educación
superior pública. A través del diálogo
permanente con las comunidades
universitarias,
impulsaremos
la
incorporación de cuotas de acceso
directo en todas las carreras para
estudiantes de comunidades rurales
y urbano marginales que, de lo
contrario, quedarían excluidos de
las universidades públicas, así como
otras medidas de acción afirmativa

para estudiantes indígenas y de
otros sectores de la población que se
encuentran social y económicamente
en desventaja. Promover programas
de orientación vocacional con
enfoque de género para que cada
vez más mujeres accedan a carreras
consideradas masculinas y viceversa.
De ser necesario promoveremos
una reforma constitucional para
garantizar la concreción de estos
importantes cambios.

• Promover la cobertura universal de

los sistemas de becas por condición
socioeconómica de todas las
universidades públicas. Garantizar
que ningún estudiante que requiera
la beca para seguir estudiando se
quede sin ella.

• Regular las tarifas que cobran las

universidades privadas y establecer
su obligación de otorgar un porcentaje
mínimo de becas a estudiantes
de escasos recursos. Impulsar la
aprobación del proyecto presentado
por el Frente Amplio para reformar
la Ley del CONESUP y otorgar
potestades a dicho órgano para
regular y fiscalizar los aumentos de
tarifas de las universidades privadas.
Establecer que dichos aumentos
deberán guardar relación con la
prestación de los servicios, deberán
someterse a aprobación previa y
tendrán que estar técnicamente
justificados. El estudiantado, madres
y padres de familia tendrán derecho
a participar en el proceso y presentar
sus objeciones.

• Frenar el cierre del Colegio Nacional

de Educación a Distancia (CONED)
y en su lugar promover la ampliación

24

de alternativas de estudio para
personas trabajadoras.
3. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA,
CONDICIONES MATERIALES
Y DERECHOS DE LAS Y LOS
ESTUDIANTES

• Aprobar en agosto de 2014 un

Plan Nacional de Infraestructura
Educativa, que contemple la urgente
ampliación de la inversión pública para
el mejoramiento de las instalaciones
en mal estado de escuelas y colegios
públicos, así como la construcción
de más aulas con el objetivo de
ir reduciendo progresivamente el
número de estudiantes por grupo (no
más de 30). Promover la suscripción
de un empréstito internacional para
atender el grave rezago que existe en
el mantenimiento de la infraestructura
ya construida. Impulsar la creación
de un impuesto solidario sobre la
propiedad de centros comerciales y
oficinas de lujo a fin de incrementar
los recursos disponibles para
construcción de aulas.

• Intervenir

el Departamento de
Infraestructura
Educativa
del
Ministerio de Educación Pública
a fin de agilizar trámites para la
construcción,
remodelación
y
ampliación de los centros educativos
y de atender pronta y eficientemente
las necesidades de infraestructura
en escuelas y colegios. Fortalecer
la capacidad de ejecución de las
Juntas de Educación y Juntas
Administrativas y despolitizar su
nombramiento e integración.

• Extender el acceso a Internet de

banda ancha a la totalidad de

escuelas y colegios públicos del país
durante los próximos cuatro años.
Para estos efectos, se trasladará
anualmente al MEP al menos un
40% de los recursos de Fondo
Nacional de las Telecomunicaciones
(FONATEL) para ser ejecutados en
la construcción de este proyecto
mediante una contratación directa
con el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE).

• Garantizar

los recursos y las
condiciones necesarias para una
adecuada regionalización de la
educación, desde preescolar hasta
universitaria, de manera que se
respeten los derechos de acceso,
económicos, culturales e identitarios
del estudiantado de todo el país.
Promover la apertura de un mayor
número de carreras en las sedes
regionales de las universidades
públicas, en función de las
necesidades de desarrollo del país.
Impulsar el desarrollo de las sedes
interuniversitarias.

• Delegar a la Editorial Costa Rica y a

las editoriales de las universidades
públicas, en alianza con la Imprenta
Nacional y las micro y pequeñas
empresas de la industria gráfica, la
elaboración de libros de texto y demás
material didáctico y de apoyo de
primaria y secundaria, con el objetivo
de abaratar sus costos y ampliar las
condiciones de acceso para las y los
estudiantes.

• Retirar el veto del Poder Ejecutivo al

proyecto de ley que busca garantizar
el derecho de las y los estudiantes a
fotocopiar textos con fines educativos,

25

consolidando de forma definitiva esta
importante legislación.

• Promover la verdadera participación

de los gobiernos estudiantiles y el
movimiento estudiantil en general, en
la toma de decisiones y la evaluación
de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, así como en la definición
de prioridades de la educación. Esta
participación será escalonada por
nivel educativo desde la primaria
hasta los actuales porcentajes de
participación universitaria.

4. CONDICIONES LABORALES,
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL DOCENTE

• Combatir frontalmente la situación

de interinazgo en la que se
encuentra buena parte del personal
docente del país (44,7%). Nuestro
Gobierno cumplirá estrictamente
con las resoluciones de la Sala
Constitucional que obligan a llenar
plazas interinas con personas en
propiedad. Con la participación
de todas las organizaciones del
Magisterio Nacional, a más tardar en
agosto de 2014, se pondrá en marcha
un plan para reducir el número total
de personas interinas al menos en
un 50% durante los próximos cuatro
años.

• Revisar y reformular el sistema de
nombramientos del personal docente
a cargo del MEP, para garantizar total
transparencia. Que toda persona
interesada pueda saber a quién se
nombró y porqué. Erradicar toda
forma de intromisión clientelar en el

trámite de nombramientos y asegurar
que quienes los obtengan reúnan las
mejores condiciones de formación
pedagógica (con preferencia hacia
universidades reconocidas bajo
parámetros objetivos de excelencia
académica) al tiempo que deben
establecerse
los
mecanismos
necesarios para asignar puntaje en
los concursos docentes mediante la
realización de pruebas teóricas.

• Garantizar el respeto a la dignidad

y los derechos laborales de quienes
trabajan en la educación, mediante
el ordenamiento y la agilización, bajo
criterios de justicia y legalidad, de
los procedimientos administrativos
que pongan en juego su estabilidad
laboral. Crear procedimientos a lo
interno de las instituciones para
solucionar rápidamente conflictos
relativos a la distribución de la
carga laboral y la asignación de
grupos, de manera que roten de
forma justa y democrática. Reducir
considerablemente los errores y
atrasos en el pago de planillas,
mediante la modernización y el
uso adecuado de los sistemas
informáticos.

• Revisar y flexibilizar la normativa

relativa a la presentación de
documentos y ofertas de trabajo,
así como analizar la posibilidad
de modificar las pruebas y
ponderaciones existentes para la
asignación de puntajes por parte
del Servicio Civil. Revisar y depurar
con criterio ético y legal el Manual
de Evaluación y Calificación del
personal docente actualizando la Ley

26

de Carrera Docente, bajo esa misma
línea de criterios.

• Democratizar

la presencia de
personal docente de calidad en
todo el territorio nacional, evitando
su concentración en la Gran Área
Metropolitana, mediante la mejora de
estímulos como infraestructura para
vivienda y la revisión del rubro de
zonaje, entre otros aspectos.

• Promover

un análisis profundo
de las facultades de educación
y un replanteamiento a fondo
del currículum y, en general, de
los programas de formación del
personal docente en todas las
universidades públicas y privadas.
Establecer verdaderos controles
de calidad de los programas de
formación docente y procesos para
su evaluación continua. A través
de un amplio proceso de diálogo
con las universidades, el Magisterio
Nacional, el movimiento estudiantil
y las comunidades organizadas;
el Ministerio de Educación deberá
definir perfiles de las y los docentes
que requerirá contratar en los
próximos años, a fin de que los
planes de estudio tomen en cuenta
estos perfiles. Impulsar la formación
de docentes con una amplia cultura
general, con grandes capacidades
pedagógicas, empáticas y de
investigación
educativa,
con
capacidad de facilitar procesos de
generación de conocimiento y no
solo trasmitir información.

• Crear un sistema de acreditación
profesional
menos
costoso
y
más inclusivo para las diversas
modalidades educativas, de modo
que se equiparen las competencias

que debe dominar el personal
docente en cualquier otro tipo de
modalidad, incluyendo educación
abierta o educación popular, por
ejemplo.

• Impulsar el desarrollo de capacidades

de investigación reflexión-acción en
la formación docente, que sirvan para
vincular la teoría con la práctica, de
tal manera que esté presente a lo
largo de toda la carrera; cultivar
en el alumnado una disposición
a la reflexión, la tolerancia a la
frustración, la rendición de cuentas,
la resolución de problemas y el
aprendizaje permanente. Preparar al
personal docente en el ataque de la
violencia intra-escolar con programas
de sensibilización social y rescate de
valores, en una perspectiva sensible
al género y de respeto a la diversidad
humana.

• Promover el dominio de un segundo

idioma por parte del personal
docente, así como un manejo fluido
de las tecnologías de la información
y de destrezas en lo relativo a
programas de cómputo, en aras
de reducir la brecha tecnológica.
Implementar para el personal
docente más y mejores programas
de preparación y actualización con
los medios tecnológicos digitales.
Vincularle
con
los
procesos
interdisciplinarios
virtuales
que
guían el acompañamiento curricular
del estudiante. (PIAD), expediente
virtual, etc.

• Establecer mecanismos para que el
personal docente con buen desempeño
pueda ejercer asesoría en el nivel de
circuito y que, de esa forma, contribuya

27

a la superación de carencias técnicas y
pedagógicas entre el resto del personal
docente.

• Revisar los procedimientos para la

elección de las autoridades en los
centros educativos, promoviendo
mecanismos más horizontales y
democráticos para que el personal
docente, administrativo, estudiantes
y padres de familia tengan más
participación.

5. MODELO PEDAGÓGICO, CONTENIDOS Y PROGRAMAS EDUCATIVOS

• Impulsar como prioridad durante

los próximos dos años un proceso
de reforma integral del sistema
público de Educación Preescolar
mediante un diálogo horizontal,
democrático e inclusivo con la
participación de todos los sectores
sociales involucrados. Dentro de los
objetivos de esta reforma se incluirá
la ampliación de la cobertura del
sistema para niños y niñas de entre
4 y 5 años, así como el mejoramiento
de la calidad de la enseñanza a
través de la actualización de los
programas vigentes desde hace más
de 10 años, así como la revisión
del currículo en función de los más
recientes
hallazgos
científicos
sobre el desarrollo cognitivo del ser
humano.

• Impulsar un modelo educativo y

métodos de enseñanza que enseñen
al alumnado, sin distingos de género,
a pensar y analizar críticamente su
realidad, a investigar y cuestionar y no
únicamente a repetir mecánicamente
contenidos desfasados y sesgados.

Promover una educación que les
inculque el respeto y la empatía
hacia las personas que, por razón
de su género, elección sexual,
nacionalidad o cualquier otra
condición, sufran la estigmatización
y desigualdad social. Promover un
modelo pedagógico atractivo, lúdico
y significativo, incluyendo el fomento
de la lectura significativa para las y
los educandos.

• Incorporar de forma sistemática en los

programas educativos las temáticas
relacionadas con el respeto a los
derechos humanos y el rechazo a
toda forma de discriminación contraria
a la dignidad humana. Impulsar una
educación sin barreras geográficas,
que respete la multiculturalidad, así
como la diversidad de formas de ver
la vida y las orientaciones según la
personalidad de cada ser humano,
incluyendo la promoción de la
equidad de género y el respeto a la
diversidad sexual.

• Consolidar

la inclusión de los
programas de educación sexual
en todos los niveles educativos,
garantizando a las y los estudiantes
información de base científica,
sin intromisiones externas, con
el objetivo de promover el pleno
desarrollo de su personalidad.

• Fortalecer la inclusión transversal
de los programas y las temáticas de
educación ambiental en todos los
niveles del sistema educativo.

• Promover una educación que apunte

a un modelo de desarrollo incluyente,
solidario y democrático, que fomente
una ciudadanía reflexiva, formativa,
crítica y participativa, sin miedo a

28

ejercer y defender sus derechos.
Una educación que valore y
profundice en la historia colectiva
y los procesos sociales, más que
en personajes y hechos aislados;
que lejos de imponer una visión de
la historia, enseñe a la juventud a
confrontar distintas visiones y extraer
sus propias conclusiones.

• Incorporar con mayor intensidad al

currículum educativo conocimientos
y actividades que promuevan la
salud física y mental de la niñez y
la juventud. Es urgente educar a
nuestra población sobre nutrición,
alimentación balanceada y buenos
hábitos alimenticios, estilos de
vida saludables y prevención de
enfermedades.

• Desarrollar

equipos interdisciplinarios
(psicología, psicoanálisis, sociología,
trabajo social, etc.) con la finalidad
de avanzar en la prevención de la
violencia que se vive en muchos
centros educativos. Retomar y
fortalecer los programas que
incentivan la sana convivencia, la
tolerancia, la solidaridad y el respeto
a las diferencias entre las y los
estudiantes.

• Revisar

y
renegociar
como
acción prioritaria el Convenio
Centroamericano por la Educación,
con el objetivo de determinar la
viabilidad de regresar a un calendario
escolar de nueve meses (175
días). De concretarse esta medida,
los recursos que actualmente se
destinan al pago del incentivo de los
200 días, se asignarían a cubrir un
aumento escalonado de las lecciones

de planeamiento conforme al
número de lecciones (2 lecciones de
planeamiento por cada 10 lecciones
efectivas de clase para un total de 8
por 40 lecciones efectivas).

• Revisar el sistema de “arrastre

y adelanto” de materias, a fin
de determinar su continuidad o
replanteamiento,
especialmente
mientras no existan condiciones
adecuadas
como
talleres,
laboratorios, centros deportivos,
auditorios y personal nombrado para
atender dichos espacios.

• Reestructurar a fondo las pruebas

de bachillerato a fin de replantear
el sistema actual de pruebas
estandarizadas que impiden a
muchas y muchos jóvenes de
escasos recursos continuar sus
estudios, pero no efectúan mayores
aportes para el mejoramiento de
la educación. Contextualizar las
pruebas por regiones geográficas de
acuerdo a los índices de desarrollo
social, para que se adapten de
mejor manera a la realidad del
sistema educativo en las distintas
comunidades del país, incluyendo la
eventual aplicación de sistemas de
evaluación diferenciados. Evaluar un
proceso paulatino de especialización
de las pruebas en función de las áreas
de afinidad e interés y la orientación
vocacional del estudiantado.

• Mejorar los controles sobre la

calidad de la educación universitaria
privada dotando al CONESUP
de mayores potestades para el
control y la supervisión de los
contenidos, el personal docente

29

y las condiciones materiales en
dichos centros de estudio a fin de
garantizar la adecuada prestación
de este servicio. Asimismo, fortalecer
el Sistema Nacional de Acreditación
de la Educación Superior (SINAES)
y promover el aumento sostenido de
las carreras acreditadas.

6. RELACIÓN
EDUCACIÓN-COMUNIDAD

• Replantear la integración de Juntas de

Educación y Juntas Administrativas
de escuelas y colegios públicos
para fortalecer la participación de
las comunidades y eliminar toda
forma de injerencia partidaria en su
funcionamiento. En esa dirección,
reformar la ley para eliminar los
nombramientos por parte de jerarcas
municipales, de manera que la
designación de sus integrantes sea
hecha directamente por la comunidad
en asamblea convocada al efecto,
con participación de madres y padres
de familia y estudiantes.

• Promover una verdadera integración

del sistema educativo con las familias
y la comunidad (fuerzas vivas,
sectores productivos e instituciones)
asegurando instancias permanentes
de elaboración de propuestas,
ejecución y evaluación de acciones

concretas que busquen recuperar la
educación como derecho y no como
mercancía.

• Incentivar el desarrollo de grupos

culturales y deportivos, organizados
desde las instituciones educativas
hacia las comunidades, potenciando
la integración del alumnado al
desarrollo comunal.

• Impulsar las escuelas para padres

y madres dentro de los programas
de extensión educativa, fomentando
el crecimiento cultural de toda
la comunidad, la mejora de las
condiciones del proceso educativo
de sus hijos e hijas, la prevención
de la violencia, la abolición del
castigo físico y la promoción de la
participación y organización social.

• Revisar y modificar los planes de
estudio para que expresen la identidad
de la comunidad donde se ubica
cada centro educativo, rescatando
su historia, sus particularidades
étnicas, lingüísticas y culturales,
para una mejor adecuación y una
mayor relevancia de las educación
al medio en el que el estudiantado
se desarrolla, de modo que aumente
la estima por su identidad regional y
comunal.

30

IV

INFRAESTRUCTURA: RECUPERAR EL TIEMPO
PERDIDO. EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN
LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

31

IV. INFRAESTRUCTURA:
RECUPERAR EL TIEMPO
PERDIDO. EFICIENCIA
Y TRANSPARENCIA EN
LA CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
Los últimos gobiernos han desmantelado
al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (MOPT), a través de
la promoción de la movilidad de su
personal calificado, de permitir el
deterioro de su maquinaria y equipo,
y de abandonar la planificación,
sustituyéndola por la improvisación y las
medidas cortoplacistas que satisfacen
intereses político-partidarios. Sumado
a lo anterior, el MOPT fue sustituido
por consejos burocráticos incapaces de
construir proyectos y de fiscalizar las
contrataciones privadas; se apostó a
un modelo de concesiones que traslada
todo el riesgo al Estado, encarece
excesivamente los proyectos y fomenta
la corrupción. Lo mismo ocurrió con el
Instituto Costarricense de Ferrocarriles
(INCOFER) y el cierre de los ferrocarriles,
error histórico que todavía pagamos y
con los puertos se ha querido aplicar la
mismas medidas.
En un gobierno del Frente Amplio, el
MOPT volverá a construir obra pública y
dejará de ser un cascarón que regula mal
los negocios privados. Demostraremos
que es mentira el discurso de que en
Costa Rica somos incapaces de construir
grandes obras y por eso tenemos que
privatizarlas para que las empresas
las hagan cobrándonos decenas de
veces su valor. Romperemos la visión
estrecha que reduce los problemas de
infraestructura a la ampliación de vías

y, con visión de futuro y sin descuidar
las obras necesarias, impulsaremos un
sistema de transporte público moderno,
eficiente y ecológicamente sostenible,
al tiempo que frenaremos los contratos
abusivos en perjuicio de las grandes
mayorías. Para lograrlo proponemos:

• Recuperar

la
capacidad
de
construcción y ejecución de obras
por parte del MOPT, mediante la
contratación de personal altamente
calificado y la adquisición de
maquinaria moderna para ejecutar
de forma directa o mediante
alianzas estratégicas y esquemas
mixtos. Fortalecer su capacidad de
fiscalización de las obras contratadas
con terceros.

• Eliminar las juntas directivas del

Consejo Nacional de Vialidad
(CONAVI) y el Consejo Nacional
de Concesiones (CNC) y traslado
de sus recursos y personal al
desarrollo de proyectos sustantivos
de ejecución de obras por parte del
MOPT. Igualmente, se eliminará la
junta directiva del Consejo Nacional
de Seguridad Vial (COSEVI) y sus
recursos se destinarán a fortalecer la
policía de tránsito y los programas de
seguridad vial a cargo del MOPT.

• Reestablecer la planificación a largo

plazo de obras de infraestructura,
tomando en cuenta todo el ciclo
de vida de los proyectos y las
necesidades futuras de la población.
Lo anterior se hará con un enfoque
integral que incluya la modernización
del sistema de transporte público en
sus distintas modalidades.

32

• Otorgar carácter vinculante a los

criterios técnicos del Laboratorio
Nacional de Materiales y Modelos
Estructurales (LANAMME) de la
Universidad de Costa Rica y otros
entes técnicos. El MOPT no podrá
engavetar o ignorar estos criterios
en el desarrollo de sus proyectos de
infraestructura.

• Diversificar

la adjudicación de
contratos para el arreglo y el
mantenimiento de vías, frenando
la concentración en pocas manos
y dando prioridad a cooperativas
y pequeñas empresas de las
comunidades locales.

• Crear mecanismos de participación

ciudadana efectiva en la definición
de prioridades de inversión en
obra pública, así como para
impulsar la fiscalización directa
de las comunidades locales sobre
la ejecución de los proyectos de
infraestructura vial.

• Reformar la Ley de Expropiaciones

para simplificar y agilizar los trámites,
en aras de facilitar el desarrollo de
obras públicas.

• Fortalecer al INCOFER a través de
una reforma a su Ley Orgánica para
dotarlo de mayores herramientas
para obtener financiamiento y
eliminar una serie de trabas que le
impiden tener acceso al crédito y
realizar contrataciones de forma ágil.

• Construir como prioridad para el

próximo cuatrienio el tren eléctrico
interurbano para el Gran Área
Metropolitana (para comunicar San
José, Cartago, Alajuela y Heredia),

a través de una alianza entre el
INCOFER, el ICE y la Compañía
Nacional de Fuerza y Luz; lo que
permitiría crear un servicio de tren
de pasajeros rápido y moderno
mediante la electrificación de la
red ferroviaria convencional. Este
proyecto permitiría descongestionar
de vehículos particulares el casco
central de San José y los ingresos
a las otras ciudades, resolviendo de
una vez por todas el caos vial que
deteriora de la calidad de vida de
la mayoría de la población, además
de reducir la factura petrolera y las
emisiones de gases contaminantes.

• Desarrollar un proyecto para la
construcción del tren interoceánico
mediante la reactivación paulatina de
los servicios de ferrocarril al Pacífico
y al Atlántico. Poner en servicio este
moderno de tren de carga permitirá
resolver los graves problemas de
congestionamiento
y
seguridad
vial provocados por el transporte
convencional de contenedores.

• Consolidar y ampliar el servicio de

transporte público a través de buses
intersectoriales en el Gran Área
Metropolitana.

• Impulsar un proyecto para derogar

la Ley de Concesión de Obra
Pública y sustituirla por esquemas
de contratación más sencillos y
transparentes como los regulados en
la Ley de Contratación Administrativa.
En caso de no existir consenso
suficiente para la derogatoria,
impulsaremos una revisión integral
de dicha ley eliminando cláusulas
abusivas y dañinas para el interés
público, como el mecanismo de

33

cesión de los contratos. Mientras
estas medidas no se lleven a cabo,
adoptaremos una moratoria general
indefinida a nuevos proyectos de
concesión e impulsaremos la revisión
exhaustiva de los existentes.

• Revisar y renegociar de forma

inmediata el contrato de concesión
de la carretera San José-Caldera
para
restablecer
el
equilibrio
financiero a través de determinar los
ingresos reales que ha recibido el
concesionario para reducir el plazo
de concesión, al tiempo que se frenen
los aumentos abusivos en tarifas de
peaje.

• Apoyar la iniciativa promovida por

las comunidades de Occidente
para desarrollar un proyecto de
modernización de la carretera San
José-San Ramón, sin concesión ni
peajes abusivos, con participación
ciudadana y beneficios para las
comunidades. Extender el modelo
propuesto y la alternativa de
financiamiento a otros proyectos
de obras y respaldar las gestiones
de las comunidades para anular
definitivamente la concesión ilegal de
dicha carretera.

• Frenar el proceso de privatización

de los puertos nacionales; revisar
los incumplimientos contractuales
en las concesiones de los puertos
del Pacífico; fortalecer a la Junta
Portuaria para el Desarrollo de
la Vertiente Atlántica (JAPDEVA),
eliminando los sesgos políticopartidarios en su junta directiva,
los abusos y la mala gestión de
sus recursos. Eliminar las trabas
que impiden la adquisición de
nuevas grúas pórticas y demás
inversiones
necesarias
para
mejorar la prestación de sus
servicios. Revisar inmediatamente
el contrato de concesión de
Terminal de Contenedores de
Moín, a fin de impedir la creación
de un monopolio privado en la
descarga de contenedores y evitar
que se ocasionen gravísimos
daños ambientales a los frágiles
ecosistemas marino-costeros de la
zona.

34

V

UNA DEMOCRACIA REAL Y AVANZADA.
PARTICIPACIÓN POPULAR EN EL
EJERCICIO DEL GOBIERNO

35

V. UNA DEMOCRACIA
REAL Y AVANZADA.
PARTICIPACIÓN
POPULAR EN EL
EJERCICIO DEL
GOBIERNO
Un gobierno que haga política con las
mujeres y los hombres es condición
indispensable para que nuestro pueblo
pueda recuperar la esperanza, el
aprecio por lo público (lo que es de
todas y todos) y el optimismo de que las
cosas puedan llegar a ser mejores en
nuestra patria. La democracia entendida
como la participación central de las
comunidades en la toma de decisiones,
la determinación de los presupuestos,
la planificación y la formulación de las
políticas públicas. Estas son nuestras
propuestas concretas:

• Profundizar la aplicación, en todos

los niveles de la Administración
Pública, del principio constitucional
que establece que el Gobierno
de la República es participativo
y es ejercido directamente por el
pueblo, además de los tres poderes
tradicionales (artículo 9).

• Desarrollar y aplicar paulatinamente

sistemas
de
presupuestos
participativos que permitan a las
comunidades decidir de forma
directa sobre lo principal en materia
de inversión y desarrollo de obras
y servicios públicos. Empezaremos
fortaleciendo los consejos de distrito
para
desarrollar
presupuestos
participativos en el ámbito local e
implementando consultas ciudadanas
para definir prioridades de inversión

en las obras públicas a cargo del
MOPT, a fin de ir extendiendo la
iniciativa a otras instituciones.

• Aprobar una ley de participación

en
asuntos
ambientales
que
garantice la consulta vinculante a
las comunidades sobre proyectos
que puedan causar graves impactos
sobre las fuentes de agua, la
biodiversidad y las alternativas de
desarrollo productivo de dichas
comunidades.
Estas
consultas
podrán convocarse también por
iniciativa popular; lo que decidan
las comunidades deberá respetarse
por el Gobierno. Para estos efectos,
retiraremos el veto interpuesto por la
Administración Arias Sánchez contra
la iniciativa impulsada por el Frente
Amplio con estos objetivos (16.322).

• Promover la reforma del Código

Municipal para permitir que la
ciudadanía
pueda
convocar
directamente a cabildos, plebiscitos
y referendos (incluyendo el referendo
para la revocatoria de mandato de
alcaldes y alcaldesas) mediante la
recolección de firmas de al menos un
5% del padrón electoral respectivo, a
fin de que las comunidades decidan
sobre actuaciones municipales que
afectan directamente sus intereses.
Promover que la población pueda
someter de forma directa propuestas
a votación del concejo municipal a
través del mecanismo de iniciativa
popular.

• El 1º de mayo de 2014 presentaremos

un nuevo proyecto de reforma
a la Constitución Política para
establecer la revocatoria de mandato
del Presidente o Presidenta, las

36

Vicepresidencias y las Diputaciones,
mediante
consulta
popular
convocada al efecto a mitad del
periodo constitucional.

• Reformar la Ley de la ARESEP para

hacer posible la participación efectiva
de las comunidades en las audiencias
sobre aumentos en tarifas de servicios
públicos. Las comunidades deberán
contar con asesoría técnica gratuita
para plantear sus oposiciones. La
discusión sobre aumentos deberá
vincularse directamente a la calidad
en la prestación de los servicios
públicos y las comunidades tendrán
derecho a que sus quejas sobre dicha
prestación sean atendidas en estas
mismas audiencias. La ARESEP
no podrá desconocer los reclamos
ciudadanos ni aplicar aumentos
automáticos para burlar la consulta a
la ciudadanía.

• Apoyar decididamente la iniciativa

popular para crear comisiones
ciudadanas
que
fiscalicen
el
funcionamiento de las instituciones
públicas y la prestación de servicios
públicos a la ciudadanía, a fin de
que funcionen como verdaderas
auditorías ciudadanas.

• Reformar la Ley del Referéndum

para garantizar la igualdad de
oportunidades para que ambas
partes puedan dar a conocer y
divulgar su posición, controlar el
financiamiento privado y frenar
prácticas fraudulentas de chantaje
a personas trabajadoras, compra de
votos y manipulación del electorado
por parte del Gobierno.

• Establecer el voto preferente para la
elección de diputados y diputadas,
de manera que la ciudadanía pueda
seleccionar las candidaturas de su
preferencia dentro de las listas de los
partidos políticos.

• Impulsar la Reforma del Código

Electoral para establecer una franja
horaria financiada con recursos de
la contribución estatal que asegure
un acceso mínimo equitativo para
que todos los partidos políticos que
participan en elecciones nacionales
puedan presentar sus propuestas
al electorado. Promover otras
reformas que garanticen la equidad
en el acceso al financiamiento de los
procesos electorales y reduzcan la
intromisión de capitales de dudosa
procedencia en las campañas
políticas.

• Promover la organización autónoma

de las comunidades como alternativa
a las prácticas clientelistas y a
la manipulación de los partidos
tradicionales. Realizar encuentros
entre las máximas autoridades de
los ministerios y del gobierno central
y las comunidades (empezando
por aquellas como menores niveles
de desarrollo social) a fin coordinar
acciones en el campo y definir un
plan para atender integralmente sus
problemas y necesidades. Definir los
compromisos que serán fiscalizados
periódicamente con participación de
la misma comunidad. Para ser parte
de este programa será requisito que
la comunidad esté organizada y que
haya definido un pliego único de
demandas.

37

• Fortalecer el movimiento comunal

autónomo. La Dirección Nacional
de Desarrollo de la Comunidad
(DINADECO) volverá a ser un
órgano de asesoría y apoyo a las
asociaciones de desarrollo comunal.
Cesará su intromisión politiquera en
dichas asociaciones y la manipulación
clientelista de sus recursos. Las
partidas para el desarrollo comunal
se asignarán bajo parámetros
objetivos previamente establecidos.
Los
recursos
se
distribuirán
equitativamente de acuerdo con la
población beneficiaria y los índices
de desarrollo social.

• Rechazar rotundamente cualquier

medida dirigida a criminalizar la
protesta social. Promover la reforma
del Código Penal para impedir que
se penalice a quienes participan en
manifestaciones populares pacíficas
y evitar que se realicen juicios
abreviados o de “flagrancia” para
perseguir a las dirigencias sociales.
Promover un gobierno de puertas
abiertas, que no ponga vallas a la
ciudadanía ni responda con represión
ante el descontento ciudadano; uno
que salga a las calles, que dialogue
con la gente y que no le tenga
desconfianza a las movilizaciones
populares.

38

VI
FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES Y COMBATE
A LA CORRUPCIÓN

39

VI. FORTALECIMIENTO DE
LAS INSTITUCIONES
Y COMBATE A LA
CORRUPCIÓN
En lo social y lo económico el rasgo
característico del modelo neoliberal
vigente es la tendencia a la concentración
de la riqueza, utilizando con frecuencia
los recursos e instituciones públicas para
actos de corrupción. Como se dijo antes,
esta se caracteriza por la confusión entre
lo público y lo privado, por el secuestro
e instrumentalización del Estado y el
bien común para la satisfacción y la
acumulación de los recursos públicos en
manos de pequeños grupos de poder.
Para rescatar Costa Rica es urgente
tomar medidas drásticas contra la
corrupción.
Frente a esta situación,
propuestas concretas son:

nuestras

• Impulsar la reforma constitucional

presentada por el Frente Amplio para
eliminar la inmunidad de las personas
integrantes de los Supremos Poderes
(Presidencia y Vicepresidencias,
diputaciones,
magistraturas,
Contraloría y Subcontraloría) que
se encuentren en investigación por
delitos de corrupción y manejo ilegal
de fondos públicos, según lo tipificado
en la Ley contra la Corrupción y el
Enriquecimiento Ilícito y el Código
Penal.

• Promover la declaratoria de los

delitos de corrupción como crímenes
de lesa humanidad, en razón del
inconmensurable daño social que
causan y, por tanto, establecer que
estos delitos no prescribirán.

• Instituir la obligación para que

todas las autoridades de nuestro
Gobierno deban hacer públicas sus
declaraciones anuales de bienes
rendidas ante la Contraloría General
de la República, a fin de garantizar
la más absoluta transparencia en el
ejercicio de la función pública.

• Promover la reforma de la Ley contra

la Corrupción y el Enriquecimiento
Ilícito a fin de reforzar los controles
preventivos y las potestades de
fiscalización de los órganos de
control. Cerrar portillos legales que
impiden sancionar la corrupción
y mejorar la redacción de los
tipos
penales,
especialmente
los relacionados con contratos y
concesiones del Estado (pago de
sobreprecios, ejercicio indebido de
influencias y favorecimiento indebido
de contratistas, recepción y pago de
obras en mal estado, sabotaje y mala
prestación de servicios públicos para
favorecer negocios privados, etc.)

• Fortalecer la Fiscalía Anticorrupción

y la Procuraduría de la Ética,
dotándolas de más recursos,
personal,
autonomía
para
el
ejercicio de sus funciones y poder.
Promoveremos la reforma necesaria
para que sus dictámenes sean de
acatamiento obligatorio para el Poder
Ejecutivo.

• Eliminar todas aquellas prácticas de

clientelismo y conflicto de intereses
político-partidarios en la ejecución de
los programas sociales.

• Promover una reforma para elevar
la Defensoría de los Habitantes a
rango constitucional y fortalecer

40

su independencia, así como sus
potestades y su capacidad de
investigación. Prohibir que diputados
y diputadas que hayan ejercido o
ejerzan durante el mismo periodo
constitucional en que se realiza
el nombramiento de Defensor o
Defensora, puedan postularse a ese
cargo.

• Eliminar las presidencias ejecutivas

de las instituciones autónomas y
derogar la “ley 4-3”. En su lugar,
las juntas directivas deben estar
conformadas por especialistas en la
materia y debe haber representantes
de las personas usuarias y
beneficiarias de los servicios
públicos.

• Extender y reforzar los controles

para evitar conflictos de interés en la
integración de las juntas directivas de
instituciones autónomas y empresas
públicas.

• Promover

una
mayor
descentralización de la gestión
político-administrativa
del
país,
mediante el fortalecimiento de las
funciones de los gobiernos locales.
Estos deben contar con los recursos y
mecanismos que le permitan cumplir
efectivamente sus potestades en
virtud de la autonomía municipal.

41

VII
VIVIENDA DIGNA
Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

42

VII. VIVIENDA DIGNA
Y PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL
Promover una verdadera política para
garantizar vivienda digna a toda la
población, así como espacios para
la recreación, el esparcimiento y la
construcción de comunidad, desde la
perspectiva de la seguridad humana
y de la sustentabilidad ambiental. Las
comunidades organizadas deben ser
actores protagónicos antes, durante y
después de la realización de proyectos
habitacionales. De igual manera, deben
evitarse las apropiaciones indebidas
de los fondos estatales destinados a
subsidio de familias pobres.
Debe priorizarse el financiamiento
para la reparación y remodelación de
viviendas que existen actualmente, ya
que la baja utilización de los fondos
disponibles indica que no ha habido
una política de promoción dirigida hacia
quienes habitan casas con desperfectos
o bien no existe un acompañamiento de
quienes se benefician con una vivienda
para que ese bien, fundamental para
una adecuada calidad de vida, sea
conservado adecuadamente.

El INVU debe funcionar como
brazo ejecutor y volver a desarrollar
proyectos de vivienda de interés
social; el Estado debe volver a
planificar el desarrollo de soluciones
de vivienda, mientras que la compra
de terrenos y la definición de los
proyectos no puede seguir estando en
manos de particulares interesados.

• Reactivar el desarrollo de soluciones

públicas de vivienda vertical, a
través de edificios de apartamentos
de varias plantas, como prioridad
para el programa de erradicación de
viviendas en precario, especialmente
en las zonas del país más
densamente pobladas. El diseño de
los planos de estos proyectos será
sacado a concurso público con el
respaldo del Colegio de Ingenieros y
Arquitectos, en el que se promoverá
la participación del estudiantado
del último año de las facultades de
arquitectura existentes en el país.

• Priorizar la construcción de vivienda

digna para las personas en condición
de pobreza mediante la inversión y
el uso eficiente de la totalidad de los
recursos disponibles del Fondo de
Subsidios para la Vivienda (FOSUVI)
y los ingresos recaudados mediante
el Impuesto a las Casas de Lujo. Para
ello, FODESAF girará a FOSUVI la
totalidad de los recursos que la ley
le asigna. Simplificar los trámites
engorrosos y erradicar las prácticas
burocráticas de instituciones que
se trasladan las responsabilidades
mutuamente.

Nuestras propuestas son:

• Fortalecer la capacidad gestora

y de planificación del Ministerio
de Vivienda y Asentamientos
Humanos (MIVAH), para que ejerza
efectivamente su rectoría sobre
el sector vivienda; eliminando las
contradicciones
y
duplicidades
de sus funciones con el Instituto
Nacional de Vivienda y Urbanismo
(INVU) y el Banco Hipotecario de la
Vivienda (BANHVI).

La existencia de una ocupación en
precario no será obstáculo para
avanzar ya que, a través de equipos
interdisciplinarios, se negociará con

43

las comunidades su traslado temporal
a otros lugares y su participación en
las obras, mientras se construyen
las soluciones definitivas. Como
resultados de esto, al menos el 50%
de los tugurios existentes en el país
serán erradicados en un período de
cuatro años y sustituidos por barrios
decentes.

• Garantizar que los recursos de

los bonos de vivienda se utilicen
efectivamente en la construcción
o remodelación de viviendas y
que lleguen a las familias más
necesitadas, en vez de perderse en
manos de personas intermediarias.
Con ese fin, el BANHVI deberá
aplicar políticas más transparentes
para evitar el “jineteo” de los
recursos y reducir gastos operativos
y de intermediación. La política de
bonos de vivienda deberá establecer
prioridades para las poblaciones
vulnerables tales como la juventud,
las mujeres pobres y las personas
con discapacidad. La asignación
se hará transparente, mediante la
aplicación de criterios objetivos y la
definición de una lista centralizada
de personas beneficiarias de acceso
público.

• Devolver autonomía, poder y decisión

a las comunidades beneficiarias de
los proyectos de vivienda, mediante
su participación activa en su diseño
y ejecución. Como requisito para
recibir el bono se exigirá algún grado
de participación en el desarrollo de
las obras, según las posibilidades
de cada familia. El MIVAH, en
alianza con el Instituto Nacional de
Fomento Cooperativo (INFOCOOP),
promoverá
la
formación
de

cooperativas
de
construcción
integradas por personas beneficiarias
de los proyectos de vivienda con
el propósito de bajar los costos de
estos proyectos solidarios y también
de crear más empleos.

• Ampliar los recursos para asignar

bonos comunales y flexibilizar los
requisitos a fin de mejorar la inversión,
el mejoramiento y la recuperación de
los espacios públicos destinados a la
recreación y la convivencia pacífica
de las comunidades.

• Multiplicar las oportunidades de

acceso a la vivienda para la clase
media y para las personas jóvenes en
general, mediante la reglamentación
y correcta aplicación de las leyes
recientemente aprobadas en la
Asamblea Legislativa que buscan
incentivar el acceso al crédito en
condiciones preferenciales para
estos fines. El dinero que hoy los
bancos públicos prestan con criterios
únicamente comerciales para la
adquisición de viviendas, debe ser
redireccionado a la construcción de
viviendas accesibles para familias de
ingresos bajos y medios.

• Incentivar el depuramiento de la

planificación territorial bajo criterios
de bienestar social y sostenibilidad
ambiental, mediante la recuperación
y la actualización oportuna de
iniciativas tales como el PRUGAM.
Se
archivarán
definitivamente
los intentos de romper el anillo
de contención de la Gran Área
Metropolitana y urbanizar áreas
verdes que deben destinarse al uso
y disfrute de las comunidades y a
proveer servicios ambientales.

44

• Actualizar los estudios sobre usos del
suelo en todo el territorio nacional.
Promover una revisión de los criterios
aplicados en planes reguladores
municipales,
aplicando
criterios
técnicos y realistas que garanticen la
protección del ambiente y la calidad
de vida de las comunidades, pero que
no frenen la generación de empleo y
el desarrollo de la micro y pequeña
empresa local.

• Ampliar la nómina de materiales

básicos de construcción que serán
exonerados de tributos.

• Revisar

la Ley General de
Arrendamientos
Urbanos
y
Suburbanos,
cerrando
portillos
existentes que lesionan los derechos
de las personas que pagan alquileres.

• Revisar y actualizar los criterios
vigentes de regionalización.

• Proteger a quienes habitan en la

zona marítimo-terrestre frente a los
desalojos a raíz de megaproyectos
para promover sus derechos
tradicionales, el desarrollo de las
comunidades, el mejoramiento de la
calidad de vida, tradiciones culturales
y productivas y la conservación de
los recursos marinos.

45

VIII
ALTO A LA GUERRA CONTRA LA NATURALEZA.
DEFENSA DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO
Y ECOLÓGICAMENTE SOSTENIBLE

46

VIII. ALTO A LA
GUERRA CONTRA
LA NATURALEZA.

DEFENSA DEL DERECHO
A UN AMBIENTE SANO
Y ECOLÓGICAMENTE
SOSTENIBLE

Los últimos gobiernos han incrementado
la explotación insostenible de los
recursos naturales y los problemas de
contaminación en nuestro país lo que
genera, como consecuencia, graves
conflictos sociales. Ha llegado la hora
de parar estas políticas suicidas. La
sociedad que anhelamos construir y por
la que luchamos se caracteriza por:
Ecosuficiencia: promover el menor
consumo posible de energía y materiales.
Esto implica el mayor grado viable de
conservación de los recursos naturales,
esenciales para la actual y las futuras
generaciones. Implica, asimismo, el
desarrollo de una economía a partir de
los recursos naturales locales y la menor
dependencia dable de recursos externos.
Ecoeficiencia: trabajar para un uso
racional y eficiente de energía y
materiales, que rechace el derroche
y promocione el ahorro. Esto significa
tanto el
potenciar una ciencia y
tecnología
adaptada
a
nuestras
necesidades y particulares condiciones
socioambientales, como el promover
una producción y consumo más natural
y ecológicamente sanos.
Justa distribución de la riqueza:
Pretendemos que la riqueza generada
por esa sociedad ecosuficiente y

ecoeficiente, sea distribuida de forma
justa a través de modelos productivos
solidarios basados fundamentalmente
en la economía social y el comercio
justo. Es decir, un modelo de desarrollo
verdaderamente
sustentable,
ambientalmente sano y socialmente
justo, propio de una economía para la
vida y no para la destrucción.
Por lo anterior, con este proyecto se
propone fundamentalmente crear un
modelo de ecodesarrollo que permita
reconstruir la armonía entre producción,
consumo, naturaleza y estilo de vida.

1. AGUA PARA LA VIDA
La humanidad enfrenta una crisis
por el agua que durante el siglo XXI
podría agravarse hasta alcanzar
proporciones imprevistas. En todo el
mundo hay más de 1.100 millones de
personas que carecen de acceso al
agua potable y 2.400 millones que no
tienen servicios sanitarios adecuados.
La tendencia global es que la capacidad
del planeta, de producir y recuperar el
agua mediante el ciclo hidrológico, está
siendo sobrepasada por una demanda
desmedida ocasionada por la explotación
irracional del recurso y la expansión de
formas de producción no sustentables,
más el aumento de la población.
Como lo acaba de revelar el último
Estado de la Nación, Costa Rica ha sido
privilegiada por la naturaleza ya que
contamos con abundante disponibilidad
de agua, a pesar de lo reducido del
territorio, por lo que por mucho tiempo
hemos creído, tanto los grupos en el

47

poder como la gente de la “calle” que el
agua es un recurso infinito. Sin embargo,
estamos a las puertas de una verdadera
crisis en cuanto a la sostenibilidad
del recurso hídrico, si no se toman
las medidas urgentes para garantizar
su protección y uso racional. Sí, las
crecientes presiones impuestas sobre
las fuentes de agua (contaminación,
sobreexplotación, disminución de los
niveles de recarga acuífera debido a la
deforestación, carencia de fondos para
la protección y tratamiento, etc.) están
amenazando su cantidad y su calidad,
de ahí que planteamos:

• Promover una reforma para proteger
el agua en la Constitución Política,
incluyendo al menos: a) Declarar
el acceso al agua potable y al
saneamiento como derecho humano
fundamental. b) Elevar a rango
constitucional el dominio público
del agua, como bien que pertenece
a la colectividad y no puede ser
privatizado. c) Dar prioridad absoluta
a las comunidades locales en el uso
del agua para abastecimiento de las
poblaciones y la satisfacción de sus
necesidades básicas, sin perjuicio
de otros usos siempre que exista
disponibilidad.

• Reformar la legislación para impedir

cualquier riesgo de privatización
de los servicios públicos de
abastecimiento de agua potable para
consumo humano (acueductos) y de
alcantarillado sanitario, garantizando
que solo podrán ser prestados
en Costa Rica por entes públicos
mediante AyA, municipalidades y
empresas públicas o por asociaciones
comunales locales sin fines de lucro
(Asadas).

• Fortalecer a las Asadas mediante

un nuevo marco normativo surgido
de la consulta a las asociaciones
de todo el país, que les garantice
seguridad jurídica en su relación con
el AyA, la protección de los bienes
comunitarios, así como el acceso al
crédito para el desarrollo, asistencia
técnica y capacitación.

• Continuar con la ejecución del

proyecto de modernización del
alcantarillado sanitario de la Gran
Área Metropolitana a cargo del
AyA y gestionar los recursos para
las siguientes etapas (II y III).
Además, serán prioridad las obras
de infraestructura para limpiar
nuestros ríos y desarrollar sistemas
universales de alcantarillado sanitario
y tratamiento de aguas negras.

• Vigilar el cumplimiento y fortalecer

las normas que preservan las
nacientes, tomas surtidoras de
agua potable, las áreas de recarga
acuífera y demás zonas protectoras,
frenando
crecientes
amenazas
de contaminación y destrucción.
Aprobar normativa para garantizar
la protección del Macizo del Barva,
de la Fila Costeña (Osa), de las
montañas del sur de San José
(Escazú, Alajuelita Desamparados y
Aserrí), entre otras.

• En especial, apoyaremos la moratoria

inmediata de la expansión piñera en
la región Caribe (Guácimo y Pococí)
y otras regiones del país afectadas,
así como la urgente protección por
ley de las áreas de reserva para
la producción de agua en estas
regiones.

48

• Combatir

decididamente
la
sobreexplotación
del
agua
y
el
crecimiento
inmobiliario
descontrolado
y
desordenado.
Promoveremos
una
legislación
que garantice la planificación y el
ordenamiento del territorio, con
base en estudios técnicos sobre
la disponibilidad de agua (balance
hídrico), tomando como unidades
básicas las cuencas hidrográficas y
asegurando la preservación de los
ecosistemas. Los criterios técnicos
de SENARA, sobre protección y
disponibilidad de fuentes de agua,
deben ser de acatamiento obligatorio
para todas las demás entidades
públicas a la hora de decidir sobre
el otorgamiento o no de permisos o
concesiones para el uso del agua.

• Garantizar en todos los niveles de la

gestión pública que el abastecimiento
de agua potable a las poblaciones
será la primera prioridad. Nunca más
se dejará a las comunidades sin agua
para regar canchas de golf o llenar
las piscinas de los megaproyectos
inmobiliarios. De la misma manera,
deberá promoverse la distribución
equitativa del recurso y velaremos
porque los usos dirigidos a satisfacer
las necesidades de las y los
habitantes y las comunidades locales
en el territorio nacional, prevalezcan
sobre cualquier otro uso.

• Aprobar

leyes para garantizar
la participación de las y los
habitantes y las comunidades
locales en todas las instancias de
planificación y gestión del agua, por
lo que apoyaremos la legislación
que asegure la participación real y

efectiva de las comunidades en la
toma de decisiones sobre planes de
ordenamiento y en la definición de
prioridades sobre el uso del agua.

• Reformar la normativa vigente para
garantizar el carácter público del
agua, de manera que los derechos
para hacer uso del recurso por
particulares tengan carácter limitado
y el Estado tenga la potestad de
modificarlos en función del interés
público; la protección del ambiente,
los derechos y necesidades de las
grandes mayorías, incluyendo las
futuras generaciones.

• Asegurar que cualquier conflicto que

surja en el país, que tenga relación
con el agua, deberá conocerse en los
tribunales de justicia de Costa Rica.

• Prohibir la exportación de agua

con
fines
comerciales,
salvo
casos de atención de necesidades
humanitarias.

• Limitar el uso del agua para fines

de producción y venta con fines
lucrativos de agua embotellada, que
sea extraída directamente para este
fin, salvo los excedentes de aguas
industriales que reúnan condiciones
adecuadas
de
potabilidad,
asegurando que todos los demás
usos del agua tendrán prioridad
sobre este uso y prevalecerán en
caso de conflicto o insuficiencia del
recurso.

• Reformar

la legislación vigente
para garantizar que quienes hacen
uso comercial del agua paguen por
el valor real del recurso y que los
fondos recaudados sean destinados

49

a la protección de las fuentes de
agua bajo criterios de equidad y
transparencia. Con ello, promover el
pago de cánones de conservación
en los recibos de servicios públicos,
para financiar la protección de áreas
de recarga acuífera.

ríos. Igualmente, para la renovación
de concesiones se dará prioridad
absoluta a los gobiernos locales
y a las asociaciones de desarrollo
comunal, a fin de abaratar el costo
de obras públicas y proyectos de
bienestar social.

• Reforzar los sistemas de control y
regulación a todos los niveles de esta
actividad, asegurando un estricto
cumplimiento de las normas de
protección ambiental y cancelar las
concesiones que operan ilegalmente,
garantizando la plena participación
de las comunidades afectadas.

2. MINERÍA
La actividad minera, tanto metálica
como no metálica, es por definición una
actividad no sustentable. Por lo tanto, en
términos generales, es una actividad que
debe ser limitada o reducida a su mínimo
posible. Por ello proponemos:

• Hacer cumplir en todos su extremos
ley que declaró a Costa Rica libre
de minería metálica a cielo abierto
y prohibió el uso de sustancias
tóxicas y promover el desarrollo de
cooperativas de trabajadores para
actividades mineras no prohibidas,
así como la implementación de
tecnologías amigables con el
ambiente y la migración paulatina
hacia otras actividades productivas
sustentables en la zonas de tradición
minera.

• Implementar campañas y sistemas

para un menor y mejor uso de los
metales: más reciclaje, menos
demanda, más reutilización, más uso
de recursos renovables.

• Recuperar el control social, o sea
municipal, de la explotación de tajos
y canteras, así como el pago justo de
tributos a los gobiernos locales por la
extracción de todo tipo de materiales
en las canteras y los márgenes de los

3

BOSQUES, SERVICIOS
AMBIENTALES Y BIODIVERSIDAD

Costa Rica es uno de los 20 países
con mayor biodiversidad del mundo, ya
que con solo 51.100 km2 de superficie
terrestre (0,03% de la mundial) cuenta
con aproximadamente 500 000 especies;
eso significa que este pequeño país
posee el 4% de la biodiversidad a nivel
mundial. Pues bien, a pesar de que
existe una legislación que vela por la
protección y conservación de esta enorme
riqueza natural, constantemente se ve
amenazada por la explotación maderera
bajo planes de aprovechamiento que
no terminan de ver más allá del recurso
forestal, los megaproyectos mobiliarios y
de agroindustria extensiva y la apropiación
ilegal, disfrazada de investigación de
especies, entre muchas otras.
Como resultado de lo anterior, existen
250 especies costarricenses en peligro
de extinción: 120 de animales y 130 de
plantas. Ante este panorama, proponemos:

50

• Fortalecer los controles y sanciones

contra la tala ilegal y la movilización
ilegal de madera, por ejemplo,
reformar la ley para sancionar
con claridad la “socola” del
bosque y revisar los permisos de
aprovechamiento, con participación
multidisciplinaria de profesionales de
diferentes ramas.

• Promover iniciativas de pago de
servicios ambientales (PSA) para
familias campesinas y productoras
agroambientales y ampliar la
cobertura de los programas de PSA a
sistemas productivos amigables con
el ambiente.

• Incrementar la producción nacional

forestal de plantaciones con especies
nativas en sistemas agro forestales y
promover y apoyar las iniciativas de
manejo campesino y ecologista del
bosque.

• Fortalecer

la participación de
organizaciones de la sociedad civil
en las estructuras vinculantes a los
temas de biodiversidad y bosques
como FONAFIFO, CONAGEBIO,
SETENA, entre otras.

• Reestructurar el marco institucional

vigente que regula las acciones
relacionadas con los recursos
naturales, principalmente el MINAE.
Es necesario adaptarlo a un modelo
que responda más a la defensa de la
naturaleza y a una mejor distribución
de los beneficios generados por los
bienes y servicios ambientales.

• Actualizar el Timbre de Vida Silvestre
a fin de generar recursos para que
el Sistema Nacional de Áreas de
Conservación pueda cumplir con las
obligaciones establecidas en la nueva
Ley de Vida Silvestre; igualmente,
ampliar las fuentes de financiamiento
de la Fiscalía Ambiental, Tribunal
Ambiental Administrativo y demás
órganos de control,
encargados
de prevenir y sancionar los delitos
ambientales, así como de los grupos
comunales vigilantes de los recursos
naturales (COVIRENAS).

• Aprobar la ley de interpretación

auténtica sobre el concepto de
proyectos de “conveniencia nacional”
para aclarar que únicamente se
refiere a obras de infraestructura
pública para beneficio de la
colectividad, no así a industrias
extractivas o proyectos comerciales
de explotación de los recursos
naturales, casos en los que no se
podría autorizar el cambio del uso del
suelo.

• Combatir la apropiación indebida

de nuestra biodiversidad y cualquier
intento de patentar formas de vida.
Para ello, exigiremos el cumplimiento
de normas de acceso a elementos de
la biodiversidad nacional, protección
del conocimiento tradicional de
las comunidades indígenas y
campesinas,
consentimiento
informado y certificado del origen
del material utilizado, como requisito
indispensable
para
cualquier
trámite que involucre solicitudes de
propiedad intelectual relacionadas
con la biodiversidad.

51

4. AGRO-AMBIENTE, PRODUCCIÓN
ORGÁNICA Y TRANSGÉNICOS
La agricultura convencional basada
en el uso intensivo de agroquímicos
tiene graves impactos negativos sobre
el ambiente y la salud de nuestra
población, además de ser cada vez
menos rentable para los pequeños
productores agropecuarios por los
altos costos de los insumos agrícolas.
Como consecuencia de este modelo de
producción, nuestro país se ha convertido
en uno de los principales consumidores
per cápita de agroquímicos del mundo,
con
un
preocupante
incremento
de enfermedades asociadas a la
contaminación por el uso de químicos
tóxicos. Adicionalmente, las plantaciones
de
monocultivos
agrícolas
están
desplazando a las familias campesinas
con graves impactos para nuestra
soberanía alimentaria.

• Como alternativa frente a dicho

panorama, proponemos impulsar la
producción orgánica y agroecológica
mediante
sistemas
productivos
orientados a reciclar los nutrientes y
la energía de la explotación agrícola,
en lugar de introducir insumos
externos, integrar los cultivos y la cría
de ganado y diversificar las especies
y los recursos genéticos, entre otras
innovaciones que benefician al
ambiente y permiten generar mejores
condiciones de vida para las familias
campesinas.

• Aplicar en todos sus extremos la Ley
para la Promoción de la Agricultura
Orgánica, mediante el fortalecimiento
de la institucionalidad del Ministerio
de
Agricultura
y
Ganadería

encargada de su implementación.
En particular deben ponerse en
práctica los diversos mecanismos de
incentivos para la transición hacia la
producción orgánica.

• Estimular los programas de comercio
justo mediante el reconocimiento
del valor agregado de la producción
agroecológica, la ampliación de
opciones de comercialización en el
mercado interno; la consolidación
y aumento de las ferias orgánicas.
Así, el COMEX tendrá finalmente
que cumplir su obligación legal de
promover el acceso a mercados
internacionales
en
condiciones
preferenciales para la producción
orgánica nacional.

• Desarrollar sistemas de certificación

participativa y un sistema público de
certificación, de fácil acceso y a bajo
costo para beneficio de la pequeña
producción
orgánica
nacional,
que den certeza a las personas
consumidoras de que los productos
son orgánicos.

• Impulsar y aprobar proyecto de ley

para decretar moratoria nacional
indefinida de la siembra y liberación
al ambiente de organismos vivos
modificados (transgénicos) mientras
no exista certeza científica que
permita descartar su impacto
negativo para el ambiente y la salud
humana.

• Brindar total respaldo del Estado a las
municipalidades que han declarado
su territorio libre de transgénicos
y han limitado la expansión de
monocultivos, en el ejercicio de sus
competencias de ordenamiento
territorial.

52

• Promover el desarrollo de huertas

familiares en los patios de las
casas o, en caso de no haber patio,
promover el cultivo hidropónico
al interior de las casas. Al mismo
tiempo, instalar huertas escolares de
autoconsumo y de reproducción de
semilla criolla, con fines educativos y
embellecimiento del entorno urbano,
procurando a su vez una mayor
integración de la comunidad.

• Fomentar

decididamente
la
creación
de
cooperativas
de
producción solidaria y de personas
consumidoras con la finalidad
de comprar y vender productos
agropecuarios entre sí, a precios más
convenientes para ambas partes.

• Revisar

mediante
un
equipo
interdisciplinario la lista de plaguicidas
y demás agroquímicos que se utilizan
en nuestro país, para fortalecer las
normas dirigidas a proteger la salud
de las personas, minimizar el riesgo
de contaminación de nuestras fuentes
de agua y reducir paulatinamente
el consumo de químicos tóxicos en
nuestro país. Prohibir todos aquellos
productos que han sido vedados en
otros países o que implican graves
riesgos para el ambiente o la salud.

5. MANEJO INTEGRAL
DE LOS RESIDUOS
La problemática de los residuos sólidos
es una de las preocupaciones esenciales
que aqueja a las comunidades y les
afectan directamente de muchas formas,
en particular en lo que respecta a su salud.
Hoy Costa Rica sufre graves problemas

de contaminación por el deficiente o nulo
manejo de los residuos, al punto de que
en muchas zonas, nuestro país se ha
convertido en un inmenso botadero a
cielo abierto. Desde nuestra concepción,
un manejo integral de los residuos
sólidos abarca desde su generación
hasta su disposición final y esto, además
de proteger el ambiente y la salud, puede
generar inmensos beneficios sociales y
económicos para las comunidades. Con
ello en mira, proponemos:

• Desarrollar un plan nacional de

manejo integral de residuos dirigido a
convertir a Costa Rica en el primer país
Basura Cero de América Latina. Para
alcanzar esta meta, debemos lograr
que al menos un 80% de los residuos
que se producen sean reutilizados o
reciclados y solo una pequeña parte
vaya a parar a los rellenos sanitarios.

• Adoptar políticas públicas dirigidas

a reducir drásticamente el consumo
innecesario de residuos de difícil
manejo. Esto puede incluir desde
instrumentos que desestimulen su
consumo, como tasas impositivas
más elevadas, hasta prohibiciones
expresas de ciertos productos
altamente
contaminantes
e
imposibles de reutilizar o reciclar
(como bolsas plásticas desechables
usadas en el comercio o vajillas
desechables y envases de alimentos
para llevar de estereofón). En estos
casos, promoveremos gradualmente
su prohibición y su sustitución
paulatina por bolsas o envases
reutilizables o hechos a base
de materiales biodegradables o
reciclables.

53

• Llevar

adelante
de
manera
permanente una campaña de
educación
socioambiental
que
reduzca efectivamente la cantidad
total de desechos, a partir del rechazo
a consumir productos que generen
una alta cantidad de residuos; de la
misma manera, promover un cambio
cultural que rechace el consumismo
excesivo e innecesario y lo sustituya
por un consumo sustentable,
promoviendo primero la reducción,
luego la reutilización y por último
el reciclaje, unido a una fuerte
educación ambiental.

• Promover,

mediante
campañas
masivas de concienciación, una
reducción sistemática del consumo
de productos y alimentos no naturales
o excesivamente procesados y/o
envasados, con la finalidad de
reducir gradualmente el consumo
de materiales como plástico, cartón,
latón, aluminio y similares; ahorrando,
además, enormes cantidades de
agua y energía.

• Velar por el cumplimiento de las

obligaciones de responsabilidad
extendida de los fabricantes y
comercializadores de productos
que generen grandes cantidades
de residuos o residuos de manejo
especial, dando prioridad a que
las obligaciones desincentiven la
generación masiva de residuos
y promuevan la modernización
tecnológica.

• Desarrollar un programa nacional de
reutilización y reciclaje de residuos
que incluya al menos la separación
obligatoria de residuos en los
hogares (bajo responsabilidad de

cada integrante y no solamente de
las mujeres, como ha sido tradicional)
y los comercios, la generalización
en el ámbito municipal de tarifas
diferenciadas que obliguen a hacerlo,
y la implementación de sistemas
de recolección más eficientes que
mantengan la separación de residuos
y el apoyo real y los incentivos a
grupos comunales organizados para
generar empleo a través del reciclaje.

• Desarrollar

programas para la
recolección masiva de residuos
orgánicos en los grandes centros
de población y su reutilización en
compostaje para la producción de
abono orgánico que será vendido
a quienes cultiven la tierra. A su
vez, impulsar el desarrollo de una
tradición de agricultura orgánica
urbana, promoviendo el compostaje
de los desechos biodegradables y la
producción agroecológica familiar.

• Promover

campañas constantes
dirigidas a facilitar la recolección
de residuos reciclables; para ello,
vamos a impulsar la formación de
centros de acopio comunales, donde
estos materiales sean almacenados,
procesados o exportados, generando
empleo y disminuyendo los costos
municipales de recolección y
disposición final de los residuos
sólidos.

• Rechazar cualquier iniciativa de

incineración de residuos que implique
riesgos de contaminación del aire o
incluya la combustión de residuos
reutilizables y reciclables.

54

• Actualizar la legislación vigente sobre

y el calentamiento global, provocado
por la emisión indiscriminada de
gases de efecto invernadero; además,
del constante aumento de la factura
petrolera y su impacto cada vez mayor
sobre nuestra economía.

• Dar seguimiento, con un enfoque

Así las cosas, aunque el uso de
combustibles fósiles continuará varias
décadas más, los tiempos del petróleo
están llegando a su fin; por eso, en
esta área, Costa Rica debe pensar a
largo plazo y prepararse para un nuevo
modelo energético que aborde tanto
la generación de energía, como su
consumo, poniendo especial énfasis en
el sector transporte que absorbe el 80%
del petróleo que consumimos. Como
una forma de empezar a construir dicho
modelo, proponemos:

el establecimiento y operación de
los rellenos sanitarios, garantizando
que prevalezca la protección de las
fuentes de agua y los derechos de
las comunidades aledañas.
multidisciplinario, a los rellenos
sanitarios una vez establecidos,
para así garantizar que se cumpla
a cabalidad con la legislación
ambiental y de salud; aunado a
lo anterior, queremos promover
nuevas tecnologías en la disposición
final de los desechos sólidos, que
incluyan la protección de las aguas
subterráneas y la no contaminación
del suelo y aplicar fuertes sanciones
para las empresas encargadas de
los rellenos sanitarios que incumplan
sus obligaciones.

• Impulsar la incorporación en los

rellenos sanitarios de las tecnologías
requeridas para la transformación del
metano en dióxido de carbono.

6

ENERGÍA: COMBUSTIBLES
FÓSILES, AGROCOMBUSTIBLES Y
ENERGÍAS ALTERNATIVAS

La marcada dependencia de nuestro país
en el uso de los combustibles fósiles,
como fuente primaria de energía, debe
ser objeto de una revisión y modificación
profunda,
considerando
que
su
disponibilidad disminuirá de forma rápida
en los próximos años, volviéndose más
caros ante la incapacidad de las actuales
reservas para dar abasto a una creciente
demanda mundial; así como el gravísimo
problema de la contaminación del aire

A) COMBUSTIBLES FÓSILES
Y SISTEMA DE TRANSPORTE

• Elaborar en el plazo de un año, y

mediante un proceso participativo
de amplia consulta, una nueva
Doctrina Nacional de Energía que
tendrá como objetivo fundamental
definir las alternativas para
reducir gradualmente nuestra
dependencia
del
petróleo
y alcanzar altos niveles de
autosuficiencia energética para
el año 2050.

• Desarrollar

como
prioridad
nacional a través de las
universidades públicas, RECOPE
y el CONICIT, programas públicos
permanentes de investigación y
transferencia de tecnología sobre
fuentes de energía alternativas
a los hidrocarburos y promover
su implementación paulatina en
nuestro sistema de transporte.

55

• Derogar de forma inmediata

• Promover

• Iniciar una política de recambio

• Replantear

y prioritaria la actual Ley de
Hidrocarburos y paralelamente
dictar medidas para prohibir
ad perpetuam la exploración
y explotación de fuentes de
combustibles fósiles que se
encuentren en el territorio
continental y marítimo de Costa
Rica, incluyendo las 200 millas
de la Zona Económica Exclusiva.
de la flotilla vehicular del Estado,
teniendo como prioridad el uso
de vehículos eléctricos o de
cualquier otra tecnología que no
se base en el petróleo.

• Limitar la importación de vehículos

de combustión interna tradicional,
en función de parámetros tales
como: rendimiento y potencia y
destinar la imposición tributaria
de aquellos vehículos que se
consideren inaceptables, a los
esfuerzos de implementación
de las fuentes de energía
alternativa.
Conjuntamente,
exonerar de impuestos los
vehículos eléctricos y a base de
otras alternativas energéticas.

• Reorganizar, mejorar y fortalecer

sustancialmente el sistema de
transporte público, en aras de
reducir nuestra dependencia de
los combustibles fósiles a partir
del ahorro energético y desarrollo
paulatino de medios de transporte
que utilicen energías alternativas.
Además, del mejoramiento de los
sistemas de buses, se impulsará
el Tren Eléctrico Interurbano de
la Gran Área Metropolitana como
proyecto prioritario.

alternativas como
el teletrabajo, el transporte
colectivo y el uso de la bicicleta
como medio alternativo de
transporte. Para esto último,
tenemos el compromiso a favor
de la inclusión obligatoria de
ciclovías en todo proyecto de
construcción, o ampliación de
obras viales y la demarcación en
las zonas urbanas.
el proyecto de
RECOPE para la modernización
de la refinería de Moín, desde
una perspectiva de sostenibilidad
ambiental, diversificación del
paradigma
energético
del
país y eliminado la corrupción
que ha estado presente hasta
ahora. Si bien es conveniente
que Costa Rica pueda refinar
sus propios combustibles para
reducir costos y la dependencia
de industrias extranjeras, la
soberanía energética del país
nunca podrá estar plenamente
garantizada
mientras
dependamos
exclusivamente
de los hidrocarburos; siendo
además, importadores netos de
crudo. Desde esta perspectiva,
la nueva refinería debe prever
la transición hacia otras fuentes
de energía y venir acompañada
de una estrategia integral, que
incluya la necesaria investigación
y el desarrollo de capacidades
nacionales para la aplicación de
esas alternativas.

56

B) AGROCOMBUSTIBLES

• Regular

estrictamente
la
producción de agrocombustibles
de primera generación, a fin
de asegurar que no entre
en
contradicción
con
el
abastecimiento de la alimentación
de la población ni implique un
aumento de la frontera agrícola
(en detrimento de las zonas
protegidas, bosques) ni ocasione
una mayor presión sobre el
recurso hídrico y el recurso
edáfico.

• El uso de los agrocombustibles

de primera generación será visto
como una opción complementaria
y de transición, por lo que deberá
minimizarse gradualmente a
medida que se alcancen las
metas de sustitución de los
hidrocarburos por fuentes de
energía limpia.
Este uso se
fomentará preferentemente en
los ámbitos del autoconsumo por
parte de pequeños agricultores,
cooperativas de agricultores,
pescadores y transporte.

• Crear un Centro de Investigación

de Agrocombustibles, centrado
en la experiencia generada por
las universidades públicas, con
apoyo estatal y con autonomía
administrativa y operativa, para
avanzar en la investigación y
transferencia tecnológica en los
campos de los agrocombustibles
de segunda y tercera generación.

• Para el año 2030, deberá existir

una capacidad instalada de
producción de agrocombustibles

de segunda y tercera generación,
a fin de garantizar que al menos
el 60% de los requerimientos
estratégicos sean cubiertos por
esta vía.

• Fomentar los encadenamientos

productivos en la fabricación de
agrocombustibles, con el objetivo
de beneficiar y mejorar la calidad
de vida de quienes se dediquen
a la producción agropecuaria a
pequeña escala y de potenciar
la creación de cooperativas de
producción y distribución, en
alianza con RECOPE.

C) ENERGÍA ELÉCTRICA: FUENTES
ALTERNATIVAS Y USO RACIONAL

• Elaborar un Plan Nacional para

promover el ahorro energético
en las industrias y los hogares
mediante la reducción del
consumo innecesario y la
implementación de tecnologías
ecoeficientes, en cumplimiento
de las obligaciones establecidas
en la Ley para el Uso Racional de
la Energía.

• Consolidar y generalizar el cobro

de tarifas eléctricas reducidas
para los hogares e industrias que
ahorren energía.

• Reducir de forma paulatina el

uso de combustibles fósiles
para la generación de energía
eléctrica, mediante el desarrollo
constante de fuentes alternativas
de energía.

57

• Aprovechar

racionalmente el
recurso
hidroeléctrico
bajo
estrictos planes de ordenamiento
territorial que garanticen: la
disponibilidad de agua para
el abastecimiento poblacional
y otros usos prioritarios; la
definición previa de los ríos que
pueden destinarse a generación
hidroeléctrica; la definición de
santuarios naturales y cuencas
que deberán destinarse a otras
alternativas productivas como
el turismo y la recreación; la
protección de los ecosistemas y
el caudal ecológico; la aplicación
de rigurosas evaluaciones de
impacto ambiental, garantizando
siempre la realización de procesos
de consulta a las comunidades
potencialmente afectadas y el
estricto cumplimiento de los
principios del Convenio 169 de
la Organización Internacional del
Trabajo, en el caso de pueblos
indígenas.

• Promover

prioritariamente
los
microproyectos
de
autoabastecimiento local, no
solamente en el aprovechamiento
del potencial hídrico, sino también
el eólico y el solar. Para ello, en el
plazo de 20 años deberá tenerse
establecida una infraestructura
que permita la explotación de,
al menos, el 50% del potencial
eólico diagnosticado para el país.
Para el 2050 deberá tenerse el
100% en explotación.

• Impulsar la solarización como una

prioridad estratégica para el país.
En ese sentido, la experiencia
generada en la Universidad
Nacional debe aprovecharse
y fortalecerse, para lo cual se
propone la creación del Instituto
Nacional de Investigación en
Energías Renovables con la
participación activa de la UNA,
la UCR y el TEC, de manera
que para el 2025, el 100% de
los centros educativos públicos
del país deberán contar con
infraestructura para la generación
de electricidad a partir de energía
solar.

• Revisar las normas constructivas

para fomentar el uso de
dispositivos que aprovechen
la energía solar para generar
electricidad, agua caliente y luz
natural. Asimismo, los diseños
deben dar prioridad a formas
de construcción que minimicen
el uso de aires acondicionados
y
otros
dispositivos
de
climatización. El estímulo para
implementar
estos
cambios
pasará por el reconocimiento en
el plano fiscal. En contraparte,
la construcción utilizando los
métodos tradicionales tendrá
tarifas impositivas más elevadas.

• Impulsar

el
desarrollo
de
invernaderos y granjas solares
para dar valor agregado a la
producción agropecuaria.

• Explorar y aprovechar el potencial

mareomotriz en el Golfo de
Nicoya y otras zonas costeras,
en beneficio de las comunidades
de la costa y de las islas.

58

7. ÁREAS PROTEGIDAS
Las áreas protegidas de Costa Rica
constituyen una de las principales
atracciones para el desarrollo turístico
del país. Sin embargo, los gobiernos
neoliberales, más que brindar una
verdadera protección a sus riquezas
naturales, las visualizan como cajas
recaudadoras de dinero que trasladan a
la caja única del Estado devolviéndoles
un porcentaje muy bajo a las áreas
de protección. Ante esta situación
proponemos:

• Promover la aprobación de la ley

para garantizar el financiamiento
permanente de las áreas protegidas,
a través de una repartición justa de
impuesto sobre tiquetes aéreos que
pagan las y los turistas extranjeros.
Destinar el 50% de estos recursos
a pagar las tierras de los parques
nacionales que aún se deban, al
fortalecimiento de la protección
de estas áreas a través de la
contratación de más guardaparques y
al mejoramiento de la infraestructura
para la atención de visitantes.

• Reformar la legislación vigente para

asegurar que los recursos generados
por los parques nacionales se
inviertan
directamente
en
su
consolidación y protección y que no
sean desviados hacia otros fines o a
la caja única del Estado.

• Promover

la
creación
y
el
fortalecimiento de organizaciones
(asociaciones, cooperativas, etc.)
integradas por personas que habitan
en las zonas de influencia de las áreas
protegidas para que desarrollen
iniciativas de turismo ecológico y

rural comunitario. Asegurar que
los contratos para la prestación de
servicios no esenciales a las áreas
protegidas se otorguen con absoluta
prioridad a estas organizaciones
locales.

• Rechazar

y combatir cualquier
intento de privatización de nuestras
áreas silvestres protegidas.

8. DESARROLLO MARINO
Costa Rica es el país con los mayores
recursos naturales de Centroamérica,
gracias a la presencia de la Isla del Coco
en el Océano Pacífico que, sumada a
otros, constituyen el 92% de nuestro
territorio. Por eso, en nuestra propuesta
de programa deseamos incluir por
primera vez en la historia nacional, como
una dimensión más del desarrollo.
Nuestro litoral se extiende a lo largo de
1.412 km con un valor en el mercado
internacional que supera los 4 billones
de dólares. Sus ecosistemas son de
alta diversidad y fragilidad, producen la
mayor riqueza pesquera y sostienen una
significativa parte de la agricultura y el
turismo. Sin embargo, nuestro país se ha
desarrollado históricamente de espaldas
al mar; la palabra “océano” no está en
los planes nacionales de desarrollo, pero
la creciente intensidad de las presiones
ejercidas por el desarrollo en las últimas
décadas,
demanda
con
urgencia
estrategias integradas de manejo para
enfrentar sus complejos problemas.
Como lo anterior no ha sido tomado
en cuenta por los últimos gobiernos, la
costa se caracteriza por un crecimiento

59

desordenado, el deterioro de la calidad
del agua y de las playas, la degradación
ambiental y la declinación de la
producción pesquera. Ante esta realidad,
proponemos:

• Enlazar

las diversas instancias
públicas y privadas vinculadas al
sector marino y costero a través de
la creación de un Viceministerio del
Mar, adscrito al MINAE, con personal
especializado para impulsar el
desarrollo de los océanos en la acción
cotidiana, uniendo nuestro quehacer
con
programas
internacionales
vinculados al desarrollo, vigilancia y
protección de los vastos territorios
marinos y costeros.

• Mediante el incremento de los

ingresos por licencias de pesca y
multas, dotar al Servicio Nacional
de Guardacostas de más personal
y embarcaciones para cumplir con
el deber de proteger los 589.000km2
de territorio marino y su cuantiosa
extensión
futura. Así
mismo,
aplicar la legislación que regula
la contaminación de las playas,
estuarios y organismos marinos,
como producto de las actividades
humanas.

• Mejorar los controles y la normativa

para garantizar que se cumpla la
prohibición de la nociva práctica
del aleteo del tiburón, incluyendo
regulaciones estrictas para evitar el
desembarco de aletas en muelles
privados.

• Modificar

la Ley Orgánica del
Ambiente para incorporar los
recursos marinos bióticos y abióticos
ubicados en la Zona Económica

Exclusiva y reforzar su protección
y aprovechamiento sostenible para
beneficio exclusivo del pueblo
costarricense.

• Consolidar

los
procesos
de
ordenamiento territorial marino e
impulsar un urgente reordenamiento
pesquero, en consulta con la sociedad
civil a fin de asegurar la sostenibilidad
de nuestros recursos pesqueros y
el acceso equitativo a los mismos,
brindando protección especial a
los sectores más vulnerables de la
población.

• Incorporar dentro del Plan Nacional

de Desarrollo lineamientos precisos
de conservación, investigación y uso
racional, por parte de las instituciones
y de la ciudadanía, de los recursos
marinos del suelo y subsuelo,
especialmente sobre la Cordillera
Cocos.

• Fortalecer la protección del Domo

Térmico como un área marina de
manejo especial, a la que debe
prestarse
particular
atención,
mediante la elaboración de un
plan de ordenamiento y manejo
sostenible de los recursos pesqueros
ubicados en el área comprendida
por dicho fenómeno, asegurando su
preservación para beneficio de las
futuras generaciones y el acceso
prioritario para la flota pesquera
nacional.

• Consolidar durante los próximos

cuatro años una protección creciente
del territorio marino de Costa Rica
bajo alguna categoría de manejo,
incluyendo las áreas oceánicas
sumergidas de alto valor ecológico

60

sobre la Cordillera Cocos y las islas,
garantizando la conservación y el
uso sostenible de su biodiversidad.

• Actualizar los contenidos de los

programas educativos públicos, a fin
de incorporar la extensión real del
territorio de Costa Rica y sus valiosos
recursos en la cultura nacional.
Enfatizar los valores y conocimientos
marinos en los programas educativos
de las comunidades costeras
promoviendo el empleo digno a
través de programas educativos y
de capacitación dirigidos a jóvenes
de estas comunidades.

• Establecer centros de cultura regional

y acuarios marinos en Quepos,
Golfito, Limón y Santa Cruz, mediante
los cuales las nuevas generaciones
adquieran conciencia sobre la
importancia de proteger nuestras
riquezas marinas. También y por
medio de las universidades públicas,
brindar capacitación permanente al
personal docente y grupos comunales
para que velen por la sostenibilidad
de los recursos marinos aledaños a
sus comunidades.

• Manejar responsablemente la Zona

Marítimo Terrestre, asignando un
alto valor a los derechos de las
comunidades y a la sostenibilidad de
sus recursos naturales.

9. CAMBIO Y JUSTICIA CLIMÁTICA
El cambio climático implica un drástico
incremento en la temperatura superficial
de la tierra, causado por la emisión
abundante de gases que producen un
efecto invernadero: CO2 en fábricas,
medios de transporte y deforestación,

así como metano en actividades
agropecuarias.
Estas
emisiones
han venido aumentando de forma
incontrolable a pesar de la inminente
amenaza que el calentamiento global
conlleva para la vida en nuestro planeta.
Costa Rica, por su ubicación geográfica,
se encuentra entre los países que más
sufrirían las consecuencias negativas:
modificaciones en los patrones de lluvia
y humedad, incremento en la frecuencia
e intensidad de huracanes, deshielo e
incremento en las temperaturas del mar,
incidencia de plagas y enfermedades,
disminución en la productividad de
los mares, pérdida de biodiversidad e
impacto social; tanto en la agricultura
como los niveles de vulnerabilidad de
las comunidades, principalmente de las
campesinas, indígenas y de pescadores
artesanales.
Sin embargo, hasta la fecha, las medidas
propuestas para enfrentar el problema
en el plano nacional e internacional han
sido tímidas e insuficientes o, incluso, en
algunos casos “el remedio ha resultado
peor que la enfermedad”. Por eso
proponemos:

• Crear un Foro Climático Popular

permanente con la participación de
especialistas locales (provenientes
de organizaciones comunitarias,
campesinas, indígenas, estudiantes)
que, en conjunto con científicos
y científicas con compromiso,
establecerá una instancia consultiva
donde se brinden insumos para la
toma de decisiones.

• Constituir en consulta con grupos
de base, guías o protocolos de
adaptación y mitigación al cambio
climático con acciones concretas
que incluyan verdaderos planes

61

de ordenamiento territorial o de
regulación que den prioridad a la
protección del ambiente sobre los
intereses monetarios. Incorporar
sistemáticamente estos criterios
en los planes de prevención de
emergencias.

• Promover soluciones que ataquen

las causas que provocan el cambio
climático y prevenir que otros países
o corporaciones utilicen nuestros
bosques y nuestro territorio como
un espacio para compensar sus
emisiones mientras continúan con sus
actividades contaminantes. Excluir
la biodiversidad de mecanismos de
compensación ya que esta es única
e irremplazable.

• Revisar y replantear la aplicación de

REDD (Programa de Reducción de
Emisiones de Carbono causadas por
la Deforestación y la Degradación de
los Bosques) y otros mecanismos que
pueden ser utilizados para despojar
a las comunidades locales del control
de los recursos naturales de sus
territorios y promover la apropiación
de nuestra biodiversidad, con la
excusa de combatir el problema del
cambio climático. Estos mecanismos
deben favorecer integralmente a
la sociedad a través de programas
inclusivos y participativos.

• Impulsar una red de monitoreo de
calidad del aire con los insumos de
las universidades públicas.

• Incentivar la creación de fondos

internacionales
para
financiar
procesos de adaptación y mitigación
del cambio climático, así como para
incentivar el desarrollo de fuentes
alternativas de energía, con sustento
en el principio de pago de la deuda
ecológica.

• Promover una revisión del programa

carbono neutral, para eliminar su
carácter mercantilista, que analice
a fondo los mercados de carbono
domésticos y los internacionales
ya que han demostrado no servir
para atacar el cambio climático,
generan muchos gastos para su
mantenimiento y favorecen un
sistema de desarrollo depredador.

62

IX
SEGURIDAD Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA

63

IX. SEGURIDAD
Y SOBERANÍA
ALIMENTARIA
La producción agropecuaria nacional
sufre las consecuencias de décadas
de abandono por la inoperancia
de las autoridades estatales, del
desmantelamiento de la institucionalidad
del sector agropecuario, del agotamiento
de los recursos pesqueros y del
sometimiento a la competencia desleal
de monopolios de importadores de
productos
altamente
subsidiados.
Las consecuencias saltan a la vista:
deterioro de las condiciones de vida
de las familias campesinas, creciente
concentración de la tierra en zonas
rurales, desarraigo y migración a los
anillos de miseria de las grandes
ciudades y destrucción de la capacidad
de productiva del país. Al mismo tiempo,
las comunidades pesqueras, arraigadas
desde hace decenios en nuestras
costas, manifestación del carácter
pluricultural del pueblo costarricense,
viven la desprotección permanente de
sus derechos consuetudinarios.
Ante este panorama, proponemos el
desarrollo de una política agropecuaria
basada en los principios de soberanía
y seguridad alimentaria, orientada a
garantizar una autosuficiencia razonable
en materia de producción agrícola
alimentaria. A su vez, es urgente
recuperar y garantizar el uso y manejo
de los recursos del mar para beneficio de
las comunidades costeras y las gentes
del mar. Para ello se requiere de una
política integral que incluya, al menos:

1. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

• Reformar la Constitución Política

para establecer la obligación del
Estado de garantizar la seguridad
alimentaria de nuestro pueblo
mediante el estímulo y protección
de nuestra soberanía alimentaria,
asegurando a nivel constitucional el
fomento de la producción nacional de
alimentos y el apoyo a los productores
de nuestro país.

• Devolver al Ministerio de Agricultura

y Ganadería la rectoría del sector
agropecuario, al tiempo que frenar la
intromisión del Ministerio de Comercio
Exterior y otras dependencias del
Gobierno en la definición de las
políticas de desarrollo agropecuario
de nuestro país.

• Fortalecer

los mecanismos de
defensa comercial frente a las
amenazas de los tratados de libre
comercio, a través de medidas como:
aplicar salvaguardas antidumping
para enfrentar la competencia
desleal de los países ricos; denunciar
enérgicamente
los
millonarios
subsidios que aplican a su agricultura
dichas naciones; revisar, renegociar
o denunciar cláusulas abusivas de
tratados comerciales; desarrollar un
plan de emergencia para proteger a
los sectores vulnerables, como los
de lácteos, carne de cerdo y arroz,
frente al vencimiento de los plazos
de desgravación arancelaria de TLC
con Estados Unidos y otros tratados.

• Concluir con la participación efectiva

de las diversas organizaciones que
representan a las y los productores
nacionales, el censo agropecuario y

64

utilizar la información obtenida para
definir las políticas de desarrollo
agropecuario y de soberanía
alimentaria
para
cada
sector
productivo.

• Impulsar de forma prioritaria y

transversal, en todas las políticas de
desarrollo agropecuario, las diversas
formas de producción agroecológica,
la agricultura orgánica, las fincas
integradas, la eliminación paulatina
de químicos tóxicos y las redes de
comercio justo (ver Capítulo VIII,
Sección 4).

• Restablecer los programas públicos

de asistencia técnica, transferencia de
tecnología y capacitación, dirigidos a
las personas pequeñas productoras
agropecuarias,
especialmente
en las áreas estratégicas como
diversificación
productiva,
incremento de la productividad,
manejo de suelos, reducción del uso
de agroquímicos y transición hacia la
producción orgánica, entre otras.

• Crear una verdadera banca para

el desarrollo especializada en el
sector agropecuario, mediante la
constitución de fondos especiales
sujetos a reglas más flexibles
de supervisión diferenciada, que
permitan prestar recursos en
condiciones preferenciales a quienes
se dediquen a la pequeña y mediana
producción y no que califiquen para
la obtención de crédito en la banca
comercial. En esa misma línea,
crear un fondo especial para otorgar
avales a personas agricultoras que
no cuentan con garantías reales.

• Promover la universalización del

seguro de cosechas, a todas las
personas que produzcan en el sector
agropecuario del país y aplicarles
mecanismos de subsidio a través
de la banca de desarrollo o un
recargo sobre las primas de seguros
comerciales, a fin de garantizar
tarifas accesibles para que puedan
acceder a dicho seguro.

• Restablecer

las funciones del
Consejo Nacional de Producción
como por ejemplo, la compra de
productos, especialmente granos
básicos y otros alimentos de la canasta
básica, en el sector de la pequeña
producción; la fijación de precios
mínimos a las personas productoras
que garanticen la cobertura de
sus costos de producción (precios
de sustentación) y la creación de
puntos de venta directos, mercados
populares y canales directos de
comercialización a través de las
cooperativas y las organizaciones
de quienes producen, para poner
estos productos a disposición de la
población.

• Fortalecer

el
Programa
de
Abastecimiento Institucional (PAI),
a cargo del CNP para la compra,
a precios justos, a las personas
pequeñas productoras nacionales,
para su venta directa a comedores
escolares, cárceles, hospitales y
demás instituciones públicas. Se
buscará extender este programa al
100% de las compras de alimentos
de las instituciones y se establecerán
sanciones para quienes, en el
ejercicio de la función pública,
eludan la obligación legal de comprar
alimentos al PAI.

65

• Comercializar insumos agropecuarios,

a través del CNP, a precios más
accesibles para los sectores de
pequeña y mediana producción.

• Fortalecer el Programa Nacional

de Ferias del Agricultor, como
mercado minorista, para que quienes
producen en el país puedan vender
directamente sus productos a las
personas consumidoras, sin la
intervención de intermediarios.

• Aplicar la legislación que exige

la indicación obligatoria del país
de origen de todos los productos
agropecuarios que se comercializan
en Costa Rica. Paralelamente, lanzar
una campaña masiva para promover
el consumo de productos nacionales.

• Velar por la consolidación y el estricto
cumplimiento de la legislación que
establece un cobro diferenciado
más reducido de impuesto de bienes
inmuebles para terrenos de uso
agropecuario; además, revisar las
plataformas de valores que utilizan
las municipalidades para realizar la
valoración de los terrenos.

• Proteger la diversidad genética de

los cultivos y las semillas criollas
apoyando
decididamente,
los
proyectos para promover el libre uso
e intercambio de semillas. Recuperar
y fomentar el conocimiento ancestral
indígena,
afrodescendiente
y
campesino en general.

• Fortalecer los programas públicos de

riego a cargo del Servicio Nacional
de Aguas Subterráneas, Riego y
Avenamiento (SENARA).

• Impulsar proyectos de agroindustria

para dar valor agregado a la
producción agropecuaria, a través
de cooperativas, centros agrícolas
cantonales y demás organizaciones
de productores y productoras,
especialmente en las zonas del país
con menores índices de desarrollo
social.

• Aprobar e implementar el Código

Procesal Agrario y Agroalimentario
para garantizar a las agricultoras
y los agricultores nacionales el
acceso a un sistema moderno de
justicia, adecuado a las realidades
y necesidades de la producción
agropecuaria y el entorno rural.

2. PESCA Y ACUICULTURA

• Intervenir y reestructurar el Instituto
Costarricense de Pesca y Acuicultura
(INCOPESCA), eliminando el conflicto
de intereses que se produce en su
junta directiva por la integración de
grupos que deben ser directamente
regulados. Separar las funciones de
fomento de la producción pesquera y
acuícola, de aquellas vinculadas con
la preservación de los recursos marino
costeros. Estas últimas, incluyendo el
ordenamiento del territorio marino,
el dictado de vedas, la creación de
áreas protegidas y zonas de pesca
responsable, deberán volver al
MINAE.

• Establecer un nuevo ordenamiento
del territorio marino que excluya a
las grandes embarcaciones atuneras
cerqueras de un área importante de
nuestra zona económica exclusiva,

66

a fin de permitir el acceso a los
recursos pesqueros a embarcaciones
nacionales medianas y pequeñas,
garantizando, al mismo tiempo,
condiciones preferenciales para el
desarrollo de la pesca artesanal y la
pesca deportiva y turística vinculada
al turismo rural comunitario.

• Eliminar

licencias gratuitas para
la pesca del atún en nuestra zona
económica exclusiva y modificar los
parámetros para la fijación de los
cánones por derechos de registro
y licencia, en aras de cobrar a las
embarcaciones atuneras extranjeras
el valor real, a precios de mercado, de
la riqueza atunera pescada en nuestros
mares. Los recursos generados por el
aumento de los ingresos, por el cobro
justo de las licencias, se destinarán a
la creación de un fondo para financiar
la compra de embarcaciones para
su arrendamiento, con opción de
compra, a cooperativas integradas
por personas desempleadas o pobres
que se dedican a la pesca en las
comunidades costeras.

• Capacitar y organizar a las familias

de trabajadores y trabajadoras
del mar para luchar por sus
derechos desarrollando alternativas
productivas y de vida, amigables con
la biodiversidad marina.

• Impulsar el desarrollo de proyectos

productivos de acuicultura en las
zonas
costeras
empobrecidas
mediante la capacitación de las
comunidades locales. Esto último,
bajo estrictos controles para evitar
prácticas depredadoras del ambiente
como la destrucción de manglares o
la contaminación de los ecosistemas
marinos.

• Sustituir el uso de redes de arrastre

para la pesca del camarón por
técnicas alternativas que garanticen
la protección de los ecosistemas
marinos, de conformidad con
la jurisprudencia de la Sala
Constitucional.

• Incentivar el desarrollo de una

flota pesquera nacional, de amplia
base social, que desembarque su
producto en muelles nacionales. Una
flota que se avitualle y mantenga
en diques y astilleros nacionales,
propiciando el establecimiento de
industrias que procesen productos
marinos en suelo nacional. Al mismo
tiempo, impulsaremos un modelo de
pesca responsable que disminuya
el esfuerzo pesquero en estuarios y
áreas cercanas a la costa.

67

X

ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES

68

X. ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES
La generación de energía eléctrica se
ha posicionado como una problemática
que debe ser adecuadamente regulada;
en ese sentido, el Frente Amplio no cree
que privatizando la generación eléctrica
se logren las condiciones de seguridad
energética que el país requiere, por eso
se fortalecerá la capacidad de generación
de los entes públicos, cooperativos y
municipales que existen y se avanzará
en la búsqueda y explotación de aquellas
fuentes renovables no tradicionales
(eólica, solar, geotermia y biomasa) a su
máxima capacidad.
En materia de telecomunicaciones
debemos empezar a revertir los efectos
nocivos del proceso de privatización de la
telefonía, que están impidiendo que el ICE
haga lo que mejor sabe hacer y siempre
ha hecho: llevar proyectos de desarrollo
a las comunidades más pobres. Pero
nada de esto será posible si los entes
reguladores como la Superintendencia de
Telecomunicaciones (SUTEL) continúan
saboteando a esta institución y si el
ICE permanece intervenido por grupos
político-económicos que no tienen interés
en su fortalecimiento y que generan
improvisación, corrupción y la toma
de malas decisiones administrativas,
debilitando a la institución desde
adentro. Para cambiar este panorama
proponemos:

• Despolitizar la administración del

ICE, mediante la sustitución de
la presidencia ejecutiva por una
gerencia
general,
dependiente

del Consejo Directivo. Modificar la
integración de dicho Consejo para
eliminar la intromisión partidaria del
Gobierno de forma que la mayoría
de sus integrantes se elijan a partir
de ternas que propondrán las
universidades públicas y los colegios
profesionales, mediante perfiles que
priorizarán la excelencia profesional
y el conocimiento técnico, la
independencia política y la ausencia
de conflictos de intereses.

• Dar atención y trámite prioritario,

en un plazo de seis meses, a todas
las denuncias presentadas por mala
administración, inversiones fallidas,
despilfarro de recursos públicos y
corrupción en la gestión del ICE,
sentando las responsabilidades de
los jerarcas involucrados y aplicando
las medidas correctivas necesarias
para garantizar un funcionamiento
más
eficiente
y
transparente
de la institución en áreas como
contratación administrativa, sistemas
informáticos, gestión de clientes,
inversiones, auditoría interna, entre
otras.

• Detener

la privatización de la
generación eléctrica ya que esta,
desde nuestro punto de vista, debe
ser concebida como una actividad
estratégica y controlada por el Estado
quien deberá reglar claramente
las iniciativas privadas. En ese
sentido, debe derogarse la Ley de
Cogeneración Eléctrica o, en su
defecto revisarla integralmente, para
evitar que se vulneren los principios
de solidaridad y universalidad que
inspiran nuestro modelo de desarrollo
eléctrico. En lugar de desmantelar
este modelo como han pretendido

69

los últimos gobiernos a través de
propuestas como la Ley General de
Electricidad o la Ley de Contingencia
Eléctrica,
impulsaremos
una
legislación para fortalecerlo y mejorar
su funcionamiento a través de una
propuesta consensuada entre el ICE,
las cooperativas de electrificación
rural, las empresas públicas y las
universidades públicas.

• Garantizar que la generación de
electricidad seguirá desarrollándose
con el objetivo de satisfacer la
demanda eléctrica nacional y que
la exportación de electricidad se
realizará únicamente a través del
ICE a partir de los excedentes de
esta institución y otros generadores.

• Promover el ahorro y el uso racional

de la energía, así como un incremento
sostenido de la generación de
energía a partir de fuentes renovables
(eólica, solar, geotermia, biomasa).
Ello supone coordinación con las
universidades para el desarrollo de
proyectos e impulso a la innovación
tecnológica (para más detalles sobre
nuestras
propuestas
concretas
en esta materia ver Capítulo VIII,
especialmente sección 6.c).

• Fomentar el máximo aprovechamiento

por parte del ICE de nuestro potencial
de generación de energía geotérmica
fuera de los parques nacionales, a
través del uso de las más modernas
tecnologías. Además y en particular,
realizar estudios técnicos a través
de las universidades públicas
para determinar la factibilidad de
modificar los límites del Parque
Nacional Rincón de la Vieja –como
medida excepcional y de alcance

limitado- para aprovechar el recurso
geotérmico,
garantizando
una
ampliación del área total del parque
destinada a la conservación absoluta,
y que no se pondrán en peligro
los ecosistemas que actualmente
están protegidos y los objetivos
de conservación que motivaron su
creación.

• Establecer

el derecho a la
comunicación, al acceso a Internet
y a las tecnologías de la información
como un derecho fundamental,
mediante una reforma a la
Constitución Política.

• Reformar

la
Ley
de
Telecomunicaciones para restablecer
el carácter de servicio público de los
servicios de telecomunicaciones.

• Reestructurar la Superintendencia

de
Telecomunicaciones,
para
fortalecer su carácter técnico,
eliminar conflictos de intereses que
promueven el favorecimiento de
negocios trasnacionales y afrontar
aquellas
acciones
que
están
debilitando al ICE.

• Revisar el proceso de implementación

de la portabilidad numérica, a fin de
garantizar un ente administrador que
no esté vinculado a las empresas
interesadas, plazos razonables para
su implementación y la protección
del derecho de las personas usuarias
a saber cuál es la empresa que está
prestando el servicio.

• Impulsar,

mediante la reforma
a la ley, la devolución al ICE de
los proyectos para llevar Internet
de banda ancha a escuelas y

70

colegios públicos garantizando el
acceso a las telecomunicaciones
en las comunidades más pobres
y abandonadas del país. Ya sea a
través de una contratación directa
entre instituciones públicas o
mediante la gestión directa de los
recursos de FONATEL, el desarrollo
de estos proyectos debe volver a
quedar a cargo del ICE, pues no
tiene sentido la generación de toda
una burocracia paralela en la SUTEL
para tercerizar sin mayor éxito los
proyectos que históricamente ha
hecho bien el ICE –y para lo que fue
creado-, encareciendo su costo y
perjudicando a las comunidades.

71

XI
TURISMO ECOLÓGICO
EN BENEFICIO DE LAS
COMUNIDADES LOCALES

72

XI. TURISMO ECOLÓGICO
EN BENEFICIO DE
LAS COMUNIDADES
LOCALES
El turismo es la principal fuente de divisas
del país, de importancia estratégica
para nuestro desarrollo económico y la
generación de empleo. Sin embargo, en
las últimas décadas ha prevalecido un
modelo de desarrollo turístico basado
en una fuerte participación del capital
transnacional, que ha concentrado
la mayor parte de los incentivos y
subsidios del Estado costarricense. Este
modelo, denominado “megaturismo”, ha
funcionado bajo una lógica de “enclave”
en algunas de las regiones más pobres
del país y ha favorecido poco el desarrollo
de los pueblos y comunidades en las que
se da una mayor visitación turística.
Debido a lo anterior, el Frente Amplio
plantea la urgente necesidad de formular
un Plan Nacional de Turismo en el
que las regiones y comunidades sean
parte inclusiva dentro de un proceso de
sostenibilidad turística y socioeconómica,
fomentando la participación de empresas
autogestionarias
y/o
asociativas,
logrando con ello más canales y
encadenamientos, de tal manera, que
las comunidades locales puedan in situ,
redistribuir recursos económicos al resto
de la comunidad, mediante la generación
de empleo, ingresos y prestación de
servicios.
En ese contexto, es de especial
importancia
fomentar
nacional
e
internacionalmente distintas áreas del
turismo que a su vez puedan ser atendidas
por empresas asociativas comunales:
turismo ecológico, rural, médico, urbano,
de aventura, de montaña, de playa,

científico, etc. Planteamos las siguientes
medidas concretas:

• Formular un nuevo Plan Nacional

de Turismo, que incorpore procesos
de
sustentabilidad
turística
y
socioeconómica
fomentando
la participación
de
empresas
autogestionarias y/o asociativas e
incorpore el aumento de la cobertura
de programas de capacitación
a través del INA y el Instituto
Costarricense de Turismo (ICT).

• Priorizar el apoyo a desarrollos

turísticos gestionados desde la
pequeña y mediana empresa,
cooperativas,
asociaciones
comunales y de mujeres junto con
otras entidades de la economía
social, especialmente aquellos que
generen encadenamientos con el
resto de las actividades productivas
locales
(artesanía,
agricultura,
pesca y acuicultura, comercio local,
comidas típicas, etc).

• Redefinir

las
prioridades
del
ICT hacia el impulso del turismo
ecológico y el apoyo prioritario a la
micro y pequeña empresa turística
nacional. Modificar la integración de
su junta directiva para dar verdadera
participación a estos sectores y
articular y coordinar la actividad del
ICT con los programas de desarrollo
rural a cargo del INDER.

• Replantear el modelo de incentivos

turísticos para que vayan dirigidos
fundamentalmente
a
respaldar
iniciativas de turismo ecológico,
turismo
rural
comunitario
y
agroturismo desarrolladas por micro
y pequeñas empresas locales y
organizaciones de la economía local.

73

• Desarrollar de forma inmediata y
prioritaria programas de capacitación
dirigidos a pescadores y pescadoras
artesanales para que puedan
convertirse en guías turísticos que
desarrollan proyectos con sus
propias embarcaciones. Igualmente,
brindar esta capacitación a familias
campesinas que habitan en zonas
de interés turístico. Para facilitar
lo anterior, racionalizaremos los
requisitos y simplificaremos los
trámites.

• Promover

la aprobación de la
reforma legal impulsada por el
Frente Amplio para que los contratos
para la prestación de servicios
no esenciales en áreas silvestres
protegidas
sean
adjudicados
exclusivamente a organizaciones
sociales y productivas conformadas
por habitantes de las zonas aledañas
a dichas áreas protegidas (áreas de
influencia).

• Adoptar y ejecutar, con carácter de

urgencia, un plan para la compra
y readecuación de las deudas de
personas pequeñas y medianas
empresarias turísticas de La Fortuna
de San Carlos, Orosi de Paraíso, el
Caribe Sur y otras regiones del país
donde ha prevalecido el turismo de
pequeña escala que están sufriendo
el remate de sus proyectos. Y
también, a través de la banca para
el desarrollo, impulsar un plan de
rescate y reactivación económica de
estas iniciativas.

74

XII
PUEBLOS ORIGINARIOS Y
AFRODESCENDIENTES

75

XII. PUEBLOS
ORIGINARIOS Y
AFRODESCENDIENTES
El problema histórico de los pueblos
indígenas en el mundo es el irrespeto
a sus derechos ancestrales y Costa
Rica no está exenta de esta falta en
perjuicio de las y los descendientes de
los pueblos originales de estas tierras.
Uno de los problemas es que el sistema
extractivo les quita sus tierras, sus
recursos, su cultura y, pese a que nuestra
nación se ha venido comprometiendo
con la comunidad internacional en
el reconocimiento de esos derechos
históricos y su reivindicación por medio
de la aprobación de instrumentos
internacionales, existe resistencia para
que tal declaración se efectúe en la
práctica.
Asimismo,
las
comunidades
afrodescendientes todavía enfrentan
manifestaciones de discriminación y
exclusión, así como la ausencia de una
adecuada protección a sus derechos a
la diversidad cultural y a la tenencia de
la tierra.
Como a nuestro entender es obligación
de cualquier gobierno fomentar la
conciencia entre cada habitante del país
del deber que nos asiste en reconocer los
derechos de estos pueblos y promover
el encuentro entre las familias indígenas
y afrodescendientes entre sí, así como
el diálogo y la convivencia respetuosa
con otras comunidades, esto no se está
dando pues no hay conciencia de que el
reconocimiento de la interculturalidad es
el pilar de la democracia del siglo XXI en
este país. Por lo anterior, y a sabiendas

de que se trata de un proceso arduo y
que llevará aún mucho tiempo para
consolidarse, el Partido Frente Amplio
propone inicialmente, como modo de
reconocer el derecho de las personas
indígenas y afrodescendientes, sus
comunidades y los territorios donde
habitan desde tiempos antiguos:

• Declarar como prioridad, en los

primeros 100 días de gobierno, la
aprobación legislativa de la Ley de
Autonomía de Pueblos Indígenas, que
tiene más de 20 años de ser ignorada
por los partidos tradicionales.

• Modificar la Constitución Política de
la República para que en su artículo 1
se reconozca el carácter pluricultural
y multiétnico de la nación.

• Promover

el
diálogo
social
con la participación de las
comunidades indígenas en torno
al diseño e implementación de una
institucionalidad
que
promueva
el desarrollo autónomo indígena
compatible con los intereses de
desarrollo nacional, el cumplimiento
de los derechos humanos y la
igualdad de género.

• Impulsar

el establecimiento de
más y mejores procedimientos
de consulta a las comunidades
indígenas respecto de cualquier
tipo de proyectos o iniciativas que
apunten a la exploración, explotación
y/o extracción de recursos naturales,
a partir de los principios establecidos
en el Convenio 169 de la OIT.
Aplicación rigurosa sobre todo en los
casos de minería y mega-proyectos

76

hidroeléctricos, mediante consulta
libre, previa e informada, con textos
traducidos a los idiomas indígenas y
su divulgación oportuna, con espacios
adecuados para la deliberación y
participación de todos los sectores
interesados
y/o
potencialmente
afectados,
procurando
la
participación y consulta indígena
desde la formulación de los proyectos
garantizando que los resultados de la
consulta serán tomados en cuenta por
las autoridades gubernamentales.

• Promover programas de capacitación

en las comunidades indígenas en el
aprovechamiento de los llamados
incentivos ambientales, en la
perspectiva de generar capacidades
que les permitan hacer un uso
efectivo de esos fondos en beneficio
de las comunidades. Ello debe ir de
la mano con la incorporación efectiva
de los principios de autonomía
indígena como parte del sistema de
pagos por servicios ambientales.

• Incorporar y reconocer la medicina

indígena como parte de los
programas del Ministerio de Salud y
la Caja.

• Resguardar

el
conocimiento
tradicional de las comunidades
indígenas sobre los usos de
la
biodiversidad
mediante
el
ejercicio efectivo de su derecho
al
consentimiento
informado
previo y la objeción cultural sobre
cualquier forma de acceso a dicho
conocimiento. Nos comprometemos
a combatir frontalmente todas las
formas de biopiratería.

• Avanzar en la elaboración de planes

para que la división territorial de
las comunidades indígenas sea
definida por estas, acorde con sus
condiciones históricas, sociales y
culturales.

• Hacer más rigurosos y mejorar los

mecanismos relacionados con la
regulación de la intermediación en
la comercialización de productos
agrícolas
producidos
en
las
comunidades indígenas, a fin de
garantizarles canales efectivos para
colocar sus productos a precios
justos.

• Generar espacios de diálogo que

permitan avanzar en la perspectiva de
replantear el sistema de las ASADAS
en las comunidades indígenas, dado
que actualmente los únicos criterios
existentes respecto de su pertinencia
o no, refieren a la “rentabilidad”
en términos de la acumulación de
dinero. Esto es importante porque no
en todos los casos las comunidades
indígenas conciben el dinero como
medio de intercambio.

• Promover, a través del MEP y con la
dirección de las propias autoridades
tradicionales de las comunidades,
en las escuelas y colegios públicos
en
comunidades
indígenas,
el aprendizaje de los idiomas
originarios, así como de tradiciones
culturales, ciencias y tecnologías
indígenas.

• Llevar a cabo en los territorios
indígenas,
un
proceso
de
planificación institucional efectiva
en el que participen el INDER, las
comunidades indígenas y todas las

77

personas no indígenas poseedoras
que actúen de buena fe con el fin
de resolver cualquier desencuentro
sobre el tema de las tierras, bajo
el principio de hacer cumplir los
convenios internacionales suscritos
por nuestro país.

para garantizar el nombramiento de
al menos dos diputadas o diputados
indígenas (aumentando el número
total de curules) cuya elección
se hará por quienes habitan los
territorios indígenas del país.

• Garantizar la protección especial

del Estado y sus instituciones de
los derechos culturales, sociales,
económicos y territoriales de los
pueblos afrodescendientes en Costa
Rica, incluyendo la prevención
y sanción de toda forma de
discriminación racial. Su aporte a la
economía y a la cultura costarricense
debe estimularse y reconocerse, así
como la consolidación con seguridad
jurídica de sus derechos sobre las
tierras que habitan, especialmente
en el Caribe Sur.

78

XIII
SEGURIDAD CIUDADANA INTEGRAL,
COMBATE AL CRIMEN ORGANIZADO,
PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA,
POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA

79

XIII. SEGURIDAD
CIUDADANA INTEGRAL,
COMBATE AL CRIMEN
ORGANIZADO,
PREVENCIÓN DE
LA DELINCUENCIA,
POLÍTICA CRIMINAL Y
PENITENCIARIA
El objetivo fundamental de una política
de estado progresista en materia de
seguridad ciudadana es proteger a la
ciudadanía de la violencia y el despojo,
pero también debe estar consciente de
las razones que generan las condiciones
en las cuales las personas se sienten
seguras en el mediano y largo plazo.
Debe apostarse a un modelo integrado
de protección social que haga énfasis en
medidas concretas de seguridad pública,
manteniendo la orientación política
que implica una mirada integral a la
problemática de la seguridad, tomando
en cuenta y continuando con el ataque a
las causas sociales que la generan.
Por ello, proponemos:

• Desarrollar

cuerpos
policiales
realmente civilistas y al servicio de la
sociedad en su conjunto que estarán
regidos por los siguientes principios
éticos y estratégicos:

- El estricto respeto, protección y
fortalecimiento de los derechos
humanos.

- La seguridad como un deber

indelegable e intransferible del
Estado.

- La seguridad ciudadana como un
derecho humano, un bien y un
servicio público.

- La promoción de una cultura de
paz como prioridad.

- El bien común como objetivo de
toda acción policial.

cuerpos
policiales
al
servicio del fortalecimiento de la
institucionalidad democrática y del
Estado Social de Derecho.

- Los

• Mejorar paulatinamente los salarios

y protección de los derechos
laborales de la policía, incluyendo
el establecimiento de mecanismos
claros para la prevención y castigo
del hostigamiento sexual tan habitual
contra las mujeres policías, así
como la igualdad de género en la
asignación de labores policiales.
Impulsar la discusión de la ley
para crear un régimen especial de
pensión para ellas y ellos e impulsar
su profesionalización a través de
convenios con las universidades
públicas. Mejorar sustancialmente
las condiciones de infraestructura en
las delegaciones policiales del país,
a través de un incremento sostenido
de la inversión en la reparación y
mantenimiento de sus instalaciones,
mediante la utilización eficiente de
los recursos generados por la Ley del
Impuesto a las Personas Jurídicas y
la Ley del Impuesto a los Casinos.

• Desarrollar

programas
de
capacitación permanente dirigidos
a todas las personas que integren

80

los cuerpos policiales, de forma en
durante el año 2015 el 100% de estos
cuerpos policiales deberá haber
recibido al menos una capacitación
sobre derechos humanos.

• Impulsar el proyecto de ley para

eliminar la policía política del
Estado o Dirección de Inteligencia
y Seguridad Nacional (DIS). Los
recursos y el personal especializado
de esta dependencia pasarán a
fortalecer la Fiscalía Anticorrupción,
y los cuerpos especializados de la
policía y el Ministerio Público para el
combate del crimen organizado.

• Utilizar al menos el 50% de los
recursos con destino específico,
generados por el impuesto a las
personas jurídicas y el impuesto a los
casinos, para financiar programas
preventivos dirigidos a poblaciones
vulnerables y en riesgo social. Al
mismo tiempo, incentivar el acceso
a la educación, la cultura, al deporte
y a la recreación en comunidades
rurales y urbano-marginadas como
alternativa al círculo de la violencia.

• Aumentar,

en coordinación con
los gobiernos locales, los recursos
destinados a la recuperación de
espacios públicos y a mejorar la
infraestructura de uso público, su
apropiación y disfrute por parte
de las comunidades (plazas de
deportes, canchas multiuso, parques
y áreas verdes, áreas de juego,
salones comunales, etc.), dando
especial prioridad a las comunidades
más empobrecidas y con mayores
problemas sociales.

• Adoptar un verdadero enfoque de
policía comunitaria o de proximidad
como estrategia de prevención.

• Reforzar

los controles y las
regulaciones sobre la tenencia legal
e ilegal de armas. Incrementar las
sanciones contra el tráfico ilegal
de armas. Revisar el trámite de
los exámenes psicológicos y otros
requisitos para la tenencia de armas,
a fin de asegurar mayor rigurosidad.
Aprobar la reforma legal presentada
por el Frente Amplio para crear
la pena de inhabilitación para la
tenencia de armas a quienes han
cometido delitos mediante su uso,
de modo que no se les permita su
portación hasta por un plazo de 50
años.

• Combatir frontalmente a las redes

criminales del narcotráfico, la trata
de personas, la explotación sexual
infantil y otras modalidades del
crimen organizado, empezando por
los “peces gordos”, los grandes capos
y el negocio del lavado de dinero.
Fortalecer potestades de la policía
y la fiscalía especializadas para
detectar y decomisar dinero, bienes
y activos vinculados a la legitimación
de capitales. Aprobar la reforma legal
para facilitar la extinción del dominio
de estos bienes, a fin de que puedan
ser
destinados
inmediatamente
a proyectos de prevención de la
violencia y a financiar la lucha contra
el crimen organizado.

• Impulsar y aprobar el proyecto de

nuevo Código Penal para desarrollar
y generalizar la aplicación de
penas alternativas a la prisión,
especialmente en delitos cometidos

81

sin violencia contra las personas,
salvo delitos de corrupción. Siempre
que sea procedente, previo dictamen
técnico, se promoverá la aplicación
de alternativas dirigidas a lograr una
verdadera reinserción social, como
la reparación integral del daño, la
prestación de servicios de utilidad
pública (incluyendo trabajo en
construcción de obras públicas), el
cumplimiento de instrucciones (cursar
estudios, mantener un trabajo formal,
asistir a programas de rehabilitación
de adicciones) entre otras. Rechazo
rotundo al populismo penal. Se
revertirán reformas orientadas a
imponer penas excesivas de prisión
para delitos menores.

• Despenalizar los delitos contra el

honor previa aprobación inmediata
del nuevo Código Procesal Civil. Las
infracciones por injuria, calumnia
y difamación se tramitarán en la
jurisdicción civil a través de un
procedimiento oral y expedito que
garantice la reparación integral del
daño, incluyendo la retractación
pública y la publicación de
aclaraciones. De esta forma se
descongestionará la jurisdicción
penal y se evitará que las
acusaciones penales sean utilizadas
como armas para silenciar a la prensa
y a la ciudadanía que denuncia actos
de corrupción o daños al ambiente.

• Diseñar y poner en ejecución durante

los primeros seis meses de gobierno
una nueva Política de Justicia Penal
Juvenil, que fije como prioridad
absoluta las medidas preventivas
para evitar que la juventud se
vincule con el crimen organizado, la

reinserción social de las personas
jóvenes que han cometido delitos y
su integración al sistema educativo
y al mercado laboral, por encima
de la aplicación de penas de prisión
y el enfoque puramente represivo.
Incrementar los recursos para poner
en marcha el amplio sistema de
penas alternativas que existe en la
legislación vigente, con el objetivo
de reducir el número de personas
jóvenes encarceladas.

• Implementar, mediante la acción

conjunta del Ministerio de Trabajo
y el Ministerio de Justicia, un
programa especial de promoción
del empleo para aquellas personas
que, habiendo sido sancionadas
penalmente, quieren reincorporarse
a la actividad productiva pero no
consiguen trabajo porque tienen
manchada su hoja de delincuencia.
Se diseñará un mecanismo de
“garantías” e incentivos para aquellos
empleadores que den oportunidad a
estas personas.

• Declarar

emergencia
nacional
el hacinamiento de las cárceles.
Ejecutar de forma expedita los
recursos ociosos del empréstito
internacional suscrito con el Banco
Interamericano de Desarrollo y, si es
necesario, ampliarlo o renegociarlo
para financiar las inversiones
más urgentes de remodelación y
ampliación de centros penales.
Mejorar condiciones de trabajo
y aplicar penas alternativas a la
prisión en los casos en los que sea
técnicamente viable sin poner en
peligro la vida y la seguridad de
las personas. Utilizar brazaletes

82

electrónicos y otros mecanismos de
seguimiento tecnológico para dar
viabilidad a medidas de ejecución
condicional o medidas cautelares
alternativas a la prisión, sin poner en
peligro los derechos del resto de la
población.

• Revisar los acuerdos de patrullaje

conjunto para la lucha contra el
narcotráfico, con el objetivo de:

- Priorizar el respeto y el pleno

ejercicio
de
la
soberanía
costarricense ejercido por sus
propias fuerzas de policía.

- Priorizar que las naciones que

propician acuerdos de patrullaje
conjunto contribuyan de manera
significativa al equipamiento de las
fuerzas policiales costarricenses.

• Priorizar al Servicio Nacional de

Guardacostas para la adquisición
de nuevas y modernas lanchas
patrulleras.

• Dotar a la Dirección de Servicios de

Seguridad Privados del Ministerio de
Seguridad de la infraestructura y el
personal necesarios para fiscalizar
de una manera rápida y efectiva a las
compañías que prestan seguridad
privada, sobre la base de darles
seguimiento en el día a día. Ninguna
empresa morosa con la Caja,
FODESAF o con socios morosos,
podrá seguir operando. Todo su
personal deberá recibir cursos de
capacitación en materia de respeto
a los derechos humanos, como
requisito para seguir operando.

83

XIV
DERECHOS DE LAS MUJERES
Y EQUIDAD DE GÉNERO

84

XIV. DERECHOS
DE LAS MUJERES
Y EQUIDAD DE
GÉNERO
La construcción de una sociedad más
justa y solidaria pasa por entender las
desigualdades sociales en todas sus
múltiples y complejas dimensiones, más
allá de la condición económica. Lo cierto
es que en nuestras sociedades incluso
la carencia material se castiga con
diferente rasero según si se es hombre
o si se es mujer.
Una de las prioridades del gobierno
del Frente Amplio será la lucha por la
igualdad y la equidad entre los sexos
en todos los campos. En tanto partido
feminista, estamos conscientes de la
imperiosa necesidad de revertir las
condiciones estructuralmente injustas
del patriarcado sobre (contra) las
mujeres. Para ello, es indispensable
una gestión gubernamental con políticas
públicas claramente comprometidas con
la generación de mejores condiciones
económicas y culturales para la equidad
de género y la transformación de la
sociedad en su conjunto. Las mujeres
deben ser sujetas de una especial
protección, debido a las constantes
discriminaciones y estereotipos de
que son objeto. En el gobierno del
Frente Amplio no se tolerarán prácticas
discriminatorias. Alcanzar la igualdad
real entre hombres y mujeres es una
labor continua y no debe estar restringida
a eventos episódicos relacionados con
ciertas fechas concretas. Hemos definido
la equidad de género como un principio
básico de la nueva sociedad. Estas son
nuestras propuestas concretas:

• Consolidar por ley el cargo de

Ministra de la Condición de la Mujer,
a fin de que no vuelva a ser suprimido
por futuros gobiernos. Se nombrará
una ministra comprometida con
las luchas de las mujeres, previa
consulta con las organizaciones de
mujeres y feministas de todo el país.

• Impulsar una política laboral dirigida

a combatir sin cuartel toda práctica
de discriminación en el trabajo por
motivos de sexo, incluyendo la
discriminación salarial que sufren
las mujeres, a fin de hacer realidad
el principio “a igual trabajo, igual
salario”. Dentro de nuestro programa
de fortalecimiento de la Inspección
del Trabajo se dará prioridad a las
acciones de fiscalización orientadas
a garantizar la igualdad salarial entre
hombres y mujeres. Reformar el
Código de Trabajo, para elevar las
multas y sanciones para aquellos
empleadores que paguen salarios
más bajos a las mujeres por realizar
trabajos iguales a los de los hombres
en iguales condiciones de eficiencia,
experiencia y calificación.

• Ampliar a seis meses la licencia

por maternidad y fomentar la
corresponsabilidad en el cuido
de los hijos e hijas, mediante la
consolidación de las licencias de
paternidad y la posibilidad de que
el padre y la madre intercambien
parte del tiempo de la licencia de
maternidad. Se autorizará a la Caja
a incrementar de forma gradual la
contribución solidaria del Estado y
de las grandes empresas al Seguro
de Enfermedad del Estado, a fin de
que la ampliación de la licencia no

85

perjudique a las micro y pequeñas
empresas. Se impulsará una reforma
al Código de Trabajo para establecer
la obligación de los empleadores
que realizan nuevas contrataciones,
de contratar al menos un 40% de
mujeres (existiendo oferta laboral
disponible) en aras de evitar que se
las discrimine en el acceso al trabajo
para eludir el pago de licencias de
maternidad. Fortalecer los controles
para reinstalar inmediatamente a las
trabajadoras despedidas por estar
embarazadas.

• Declarar la violencia contra las

mujeres
como
un
problema
de primer orden en materia de
seguridad ciudadana y salud pública.
Nuestro gobierno llamará a la
violencia machista por su nombre.
Se fortalecerá la Red Nacional de
Prevención de la Violencia contra las
Mujeres mediante la coordinación
prioritaria entre el Poder Ejecutivo,
el Poder Judicial y las diversas
instituciones y organizaciones de
la sociedad civil con competencias
relacionadas con la asistencia y la
protección de las mujeres, a fin de
mejorar la capacidad de respuesta
ante denuncias de violencia y el
cumplimiento de medidas preventivas
dirigidas a preservar la vida y la
integridad de las mujeres.

• Ampliar

la cobertura de los
seguros de salud y pensiones
de la Caja en beneficio de las
mujeres amas de casa y de las
trabajadoras informales. Revisar
las medidas arbitrarias tomadas
por las autoridades de la Caja que
actualmente están impidiendo que

las mujeres que trabajan en el hogar
disfruten del seguro de sus cónyuges
y compañeros. Crear un régimen de
aseguramiento colectivo que cubra
a las trabajadoras informales que no
cuentan con ingresos suficientes para
costear un seguro como trabajadoras
independientes,
mediante
la
suscripción de un convenio entre la
Caja y el Instituto Nacional de las
Mujeres (INAMU) y un incremento
del aporte de recursos de FODESAF
para este fin.

• Aprobar

definitivamente la ley
impulsada por el Frente Amplio para
promover la contabilización del aporte
del trabajo doméstico no remunerado
de las mujeres a la economía
nacional. Desde el Poder Ejecutivo
daremos contenido económico y
continuidad a la realización oportuna
de la encuesta sobre el uso del
tiempo.

• Incorporar en la Ley General de

Salud un capítulo para proteger los
derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres. Hacer cumplir la
legislación vigente para proteger
la vida y la dignidad humana de
las mujeres embarazadas cuando
estas se encuentren en riesgo,
atendiendo a ls recomendaciones de
la Organización Mundial de la Salud.

• A

través
de
una
estrecha
coordinación entre la CCSS, el
Ministerio de Salud y el INAMU,
exigir el cumplimiento en todos los
hospitales del país de la Guía para
un Parto Humanizado, capacitando a
las personas profesionales en salud
para que respeten los derechos allí
reconocidos. Impulsar programas

86

que tiendan a la promoción de la
atención especializada a las mujeres
en menopausia y climaterio.

• Hacer

realidad la paridad de
género en la integración de las
juntas directivas de las todas las
instituciones autónomas, órganos
desconcentrados
y
empresas
públicas. Los nombramientos que le
corresponda efectuar a un gobierno
del Frente Amplio respetarán
estrictamente dicha paridad.

• Velar por el cumplimiento de la

legislación que exige una integración
paritaria de los órganos directivos
de
organizaciones
sociales
como asociaciones, sindicatos y
cooperativas. Aplicaremos dicha
legislación considerando que, por
tratarse de una medida de acción
afirmativa, no puede interpretarse en
perjuicio de las mujeres. Crearemos
un procedimiento para revisar, a
través del INAMU, casos límite o de
supuesta “imposibilidad” de integrar
mujeres.

• Modernizar

las
regulaciones
existentes sobre el uso de la imagen
de las mujeres en la publicidad
para adaptarlas a los tratados
internacionales que obligan al Estado
a prevenir toda forma de violencia o
discriminación contra las mujeres.

• Diseñar programas específicos de

acceso al crédito para el desarrollo
y fomento de la micro, pequeña y
mediana empresa mediante apoyo
técnico y capacitación, en beneficio
de las mujeres que quieran dedicarse
a actividades productivas.

• Propiciar espacios de participación

e información de capacitaciones
para las mujeres jefas de familia,
a través de instancias como el
Instituto Nacional de Aprendizaje y
las municipalidades, garantizando
condiciones materiales (ubicación,
horarios, etc.) que garanticen que
dichos espacios sean realmente
accesibles para las mujeres.

• Fortalecer a través de programas

educativos, la construcción de
una sociedad que respete las
diferencias sexuales y de género,
donde se respete al hombre, a la
mujer, a las personas intersexuales,
transexuales, transgénero, es decir,
al ser humano en su diversidad, como
seres individuales, con diferencias
pero en igualdad de derechos.
Revisar y actualizar los planes de
estudio de todos los niveles de
nuestro sistema educativo, a fin de
prevenir y combatir la reproducción
de la cultura patriarcal.

87

XV
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Y PERSONAS ADULTAS MAYORES

88

XV. PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Y PERSONAS ADULTAS
MAYORES
A pesar de los avances alcanzados en
los últimos años con la aprobación de
la Ley 7600 y tratados internacionales
de derechos humanos, todavía en
nuestro país las personas con
discapacidad sufren serias condiciones
de discriminación y desatención de
sus necesidades especiales. Siguen
sin cumplirse las normas dirigidas a
garantizar su libre movilidad y el acceso
sin barreras a espacios y servicios
públicos. A su vez, según la Encuesta
Nacional de Hogares, el desempleo entre
las personas con discapacidad no solo
es mucho mayor que la media nacional,
sino que suele ser más duradero y en
condiciones de inserción más precarias
para aquellas que trabajan.
Una
situación
similar
enfrentan
las
personas
adultas
mayores,
especialmente aquellas en condiciones
de pobreza y vulnerabilidad. Muchas
de estas personas sufren graves
condiciones de abandono. Los servicios
públicos para brindarles atención
integral tienen todavía una cobertura
muy limitada. Los programas públicos
para garantizarles ingresos mínimos
para una vida digna son marcadamente
insuficientes.
Las
instituciones
encargadas de proteger sus derechos
como el Consejo Nacional de la Persona
Adulta Mayor (CONAPAM) enfrentan
serias
debilidades
presupuestarias
y de personal. Ante esta situación,
proponemos:

• Garantizar el cumplimiento de todas

las obligaciones asumidas por
Costa Rica al ratificar la Convención
sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y su Protocolo.
Durante los primeros tres meses de
Gobierno se realizará un diagnóstico,
en consulta las organizaciones de
personas con discapacidad, sobre el
nivel cumplimiento en cada sector del
Estado costarricense y se definirán
medidas concretas que serán
incorporadas a la Política Nacional
de Discapacidad.

• Fortalecer

al Consejo Nacional
de Rehabilitación y Educación
Especial (CNREE) en su doble
papel de órgano rector en materia
de discapacidad, órgano ejecutor
y encargado técnico especializado
en brindar servicios de apoyo,
atención integral y ayudas técnicas
a la población con discapacidad.
Garantizar que la prestación de
estos servicios continúe a cargo de
personal calificado, sensibilizado
con la problemática de este sector.
Revisar cualquier proceso de
reestructuración que implique el
debilitamiento de estos servicios.

• Mejorar

los
mecanismos
de
participación de las organizaciones
de personas con discapacidad en
los órganos consultivos y de toma
de decisiones sobre las políticas
de interés del sector. Eliminar
toda forma de intromisión políticopartidaria en la designación de
representantes.
Garantizar
la
participación equitativa de todos los
sectores y organizaciones.

89

• Implementar programas especiales

para garantizar el acceso a fuentes de
trabajo digno para las personas con
discapacidad. Exigir el cumplimiento
de la Ley 8862 que reservó al
menos un 5% de plazas vacantes
para personas con discapacidad
en los procesos de contratación
de personal del Estado, aplicando
sanciones para los jerarcas que
ignoren esta obligación. Desarrollar
un programa de incentivos tributarios
y no tributarios para que empresas
privadas también den puestos de
trabajo a personas con discapacidad.
Extender la obligación de contratar
un porcentaje de personas con
discapacidad a la empresa privada,
especialmente grandes empresas.
Dar prioridad en la adjudicación de
contratos para prestar servicios a
instituciones públicas, a cooperativas
integradas por estas personas.

• Incorporar a la Ley de Igualdad de
Oportunidades para las Personas
con Discapacidad (7600) un capítulo
sobre accesibilidad informática y a
las nuevas tecnologías, incluyendo
el acceso a trámites y servicios
públicos en línea. En la actualidad,
la mayoría de instituciones públicas
no contemplan mecanismos para
el acceso de las personas con
discapacidad a sus plataformas
informáticas.

• Velar por el cumplimiento efectivo de

las obligaciones establecidas en la
Ley 7600 tanto para las instituciones
públicas como para el sector privado
en materia de remoción de barreras
físicas y arquitectónicas que limita
la movilidad de las personas con

discapacidad y las barreras de
acceso a los sistemas de transporte
público. Después de 2014, de
ninguna manera deben permitirse
más prorrogas del cumplimiento de
la obligación de contar con rampas
para personas en sillas de ruedas.
La reincidencia en el incumplimiento
se sancionará con la cancelación
de las concesiones. A su vez, todos
los nuevos sistemas de transporte
público que se desarrollen a futuro,
como el tren eléctrico, deben ser
plenamente accesibles.

• Consolidar el funcionamiento de

las comisiones municipales e
institucionales de discapacidad,
con el objetivo de asegurar que las
instituciones públicas y gobiernos
locales
realicen
los
cambios
necesarios para que sus servicios
sean realmente accesibles para las
personas con discapacidad.

• Ratificar el compromiso del Estado

costarricense con la negociación y
firma de una Convención Internacional
sobre los Derechos de las Personas
Adultas Mayores en el seno de las
Naciones Unidas. La diplomacia de
nuestro país promoverá y apoyará
decididamente la lucha para que esta
nueva convención sea una realidad.

• Incrementar al menos del 2% al

4% durante los próximos cuatro
años los recursos de FODESAF
que se destinarán al CONAPAM
para fortalecer los programas
de asistencia, ayudas técnicas
y acompañamiento integral para
las personas adultas mayores en
condiciones de pobreza en todo el
territorio nacional.

90

• Consolidar y fortalecer el sistema de

red de cuido dirigido a las personas
adultas mayores, a través de diversas
modalidades, incluyendo: los centros
públicos y municipales, los servicios
contratados
a
organizaciones
sociales sin fines de lucro, así como
la atención en el domicilio de las
personas y la modalidad de hogares
comunitarios mediante la asignación
de viviendas en comodato. Para ello,
se fortalecerá la capacidad operativa
del CONAPAM de fiscalizar a los
centros privados que forman parte
del programa. Además, se creará
una capacitación especial para que
personas jóvenes y adultas mayores
sin empleo puedan certificarse como
cuidadores primarios. De esta forma,
a su vez creará empleo para personas
certificadas y profesionales.

• Reforzar el derecho una pensión

digna de las personas adultas
mayores. La CCSS, con el apoyo
de la Defensoría de los Habitantes,
abrirá un proceso para revisar todos
aquellos casos de personas adultas
mayores que no tienen suficientes
cuotas para obtener una pensión
por el Seguro de Pensiones (IVM) y
promover la recuperación de dichas
cuotas. Además, como parte del
compromiso de pagar la deuda del

Estado con la seguridad social, se
cancelará progresivamente la deuda
del Estado con FODESAF, en aras
de permitir un incremento del monto
de las pensiones del Régimen No
Contributivo para adultos mayores en
condición de pobreza administrado
por la Caja. Se revisará la asignación
de estas pensiones, para garantizar
que se destinen a personas que
realmente las necesitan, en aras de
ampliar su cobertura sobre personas
adultas mayores en condición de
pobreza.

• Desarrollar un sistema especial para

prevenir y corregir situaciones de
abuso y maltrato contra las personas
adultas mayores en la prestación de
servicios públicos y realización de
trámites administrativos, a través
de una estrecha coordinación entre
la Defensoría de los Habitantes, la
ARESEP, la Oficina del Consumidor
y las contralorías de servicios de las
instituciones públicas.

• Reformar el Código Civil y el Código

de Familia para prevenir los actos
de despojo de las personas adultas
mayores de sus bienes por parte de
familiares y cuidadores, declarando
la nulidad de este tipo de prácticas
que cada vez son más recurrentes.

91

XVI. DIVERSIDAD SEXUAL
Un gobierno progresista debe estar regido
en todo momento por el respeto irrestricto
a los derechos humanos, rechazando
toda forma de discriminación contraria a la
dignidad humana. Esto incluye combatir
la discriminación por orientación sexual,
que hoy sufren miles de personas gays,
lesbianas, intersexuales, bisexuales,
transgénero y transexuales. Por ello nos
comprometemos a:

• Reformar el Código de Trabajo e
impulsar políticas claras a nivel de
inspección laboral para prevenir
y sancionar cualquier forma de
discriminación en el trabajo por
motivos de orientación sexual.

• Impulsar el reconocimiento jurídico

por parte del Estado de los derechos
sociales, civiles y patrimoniales de
las uniones que conformen parejas
del mismo sexo.

• Promover

en
los
programas
educativos la inclusión de contenidos
que sensibilicen a la población sobre
la realidad de la diversidad sexual y
contribuyan a la eliminación paulatina
de estigmas y prejuicios contra las
personas sexualmente diversas.

• Incluir en los servicios públicos

de salud protocolos y programas
de capacitación que promuevan
la comprensión y el respeto a la
diversidad sexual. Entre otros, se
debe garantizar el acceso a los
servicios de salud dignos e integrales
a la población trans en el sistema de
salud público nacional, que incluyan
las
terapias
e
intervenciones
quirúrgicas
necesarias
para
la
reasignación
sexo/genero.

Garantizar el acceso a programas
en salud sexual y reproductiva,
que incluyan información real y
específica en torno al VIH/sida desde
la educación básica, así como el
acceso a servicios de salud dignos
e integrales, con financiamiento
y abastecimiento oportuno de la
terapia antirretroviral.

• Impulsar la aprobación de una Ley

de Identidad de Género que incluya
el reconocimiento al derecho de
la identidad de género, al libre
desarrollo de la persona conforme
a dicha identidad a ser tratada de
acuerdo con su identidad de género
y, en particular, a ser identificada
de ese modo en los instrumentos
que acreditan su identidad respecto
del nombre de pila, imagen y sexo
con los que allí es registrada. Toda
persona podrá solicitar la rectificación
registral del sexo, cambio de nombre
e imagen, cuando no coincidan
con su identidad de género auto
percibida. En ningún caso será
requisito
acreditar
intervención
quirúrgica por reasignación genital,
ni terapias hormonales u tratamiento
psicológico para acceder a este
derecho.

• Modificar

la legislación penal
para sancionar de forma efectiva
la incitación a la violencia y la
apología del odio y la discriminación
contra cualquier colectivo humano,
incluyendo sanciones alternativas
que permitan la reparación del daño,
la sensibilización y reeducación de
los ofensores.

93

XVII. POLÍTICA CULTURAL
Toda sociedad que se precie de
promover la democracia debe promover
la cultura. Por eso es una vergüenza que
en Costa Rica, a raíz de la implantación
de las políticas neoliberales, nuestros
gobiernos optasen por relegar la cultura
a los últimos lugares de las prioridades
en la planificación de las políticas
públicas. En la actualidad, el Ministerio
de Cultura es el que cuenta con la
menor asignación presupuestaria de
toda la Administración Pública, siendo
considerado la “cenicienta” de los
presupuestos públicos.

Al mismo tiempo, la introducción
de una concepción mercantil de
la cultura y el arte, implicó no solo
una precarización importante de las
condiciones de vida de las personas
trabajadoras de la cultura, sino un
deterioro considerable de la producción
artística nacional. La hegemonía del
“pensamiento único” neoliberal y el
consumismo vino aparejada de una
visión de la producción cultural como
un asunto de promoción de “industrias
(empresas) culturales”, organización
fundamentalmente de eventos masivos
(concentrados normalmente en la Gran
Área Metropolitana) y preeminencia
de puestas en escena de escaso valor
crítico. Las sucesivas administraciones
del Ministerio de Cultura han sido
reproductoras de esa visión.
Desde el Frente Amplio estamos
convencidos de la necesidad de
cambiar ello. Para lograrlo, se requiere
la asignación de más presupuesto
para el ministerio, recuperar el fomento

de la producción cultural nacional,
descentralizar la gestión de la cultura
y avanzar en el rescate de los valores
de las comunidades y grupos culturales
costarricenses. Estas son nuestras
propuestas concretas:

• Incorporar el acceso a la cultura

como parte de la canasta básica,
reconociendo que lejos de ser un lujo
o un elemento accesorio, se trata
de una necesidad esencial de toda
persona.

• Generar

espacios de diálogo
social que permitan repensar los
mecanismos de relacionamiento del
Ministerio de Cultura –y en general, el
Estado costarricense- con el conjunto
de instituciones, organizaciones,
fundaciones y/o empresas dedicadas
a la producción cultural en el país.

• Incrementar

gradualmente
el
presupuesto destinado al Ministerio
de Cultura, tanto para fortalecer
instituciones como la Compañía
Nacional de Teatro, el Taller Nacional
de Teatro, el Centro de Cine, la
Orquesta
Sinfónica
Nacional,
entre otras, como para impulsar
efectivamente el fomento de la
producción cultural nacional, a través
de la ampliación de la cobertura y
los recursos de programas como Pro
Artes. Para lograr esta propuesta
proponemos aumentar en 2% la tarifa
del impuesto ventas sobre productos
culturales puramente comerciales
(salvo aquellos declarados de interés
cultural) a fin de asignar los recursos
recaudados con destino específico
para fortalecer el desarrollo de
la producción artística y cultural
nacional.

95

• Formular, adoptar e implementar

un plan de descentralización de
las prioridades –tanto en el nivel de
proyectos como presupuestariasdel
Ministerio
de Cultura. Es
necesario recuperar la promoción
de la producción cultural desde el
espacio de las comunidades. Debe
promoverse el arte y la cultura popular
en el ámbito de lo local, a través del
mejoramiento de la utilización de
los espacios públicos destinados a
dicho tipo de actividades, la dotación
de instrumentos e implementos en
beneficio de las organizaciones
comunales y la participación activa
de artistas locales.

• Integrar los programas sociales

dirigidos a la prevención de la
delincuencia y el mejoramiento
de espacios públicos en las
comunidades locales con las
iniciativas para el fomento del arte y la
cultura popular, en aras de multiplicar
su alcance y efectividad.

• Promover un mayor involucramiento

de las municipalidades en la
producción y la promoción cultural a
nivel local, incentivando la creación
de grupos culturales comunitarios,
brindando espacios y oportunidades
a artistas locales.

• Aprobar legislación especial para

garantizar la protección de los
derechos laborales de las personas
trabajadoras de la cultura, quienes
laboran de forma independiente.
Esto incluye regular los abusos que
se cometen a través de las diversas
formas de contratación por “servicios
profesionales”, cortando de raíz con la
lamentable situación de precarización

de las condiciones de trabajo que hoy
existen. Promover la organización
de las personas trabajadoras de la
cultura y desarrollar mecanismos que
les permitan acceso a la seguridad
social.

• Mejorar y hacer cumplir estrictamente

la
legislación
que
exige
la
participación de artistas nacionales
en espectáculos públicos de artistas
foráneos, garantizando un trato
justo y el respeto a sus derechos.
Revisar la normativa vigente para
aumentar
y garantizar espacios
mínimos de participación, difusión
de las producciones artísticas y
culturales nacionales en medios de
comunicación comerciales del país.


para consolidar la necesidad de
proteger la producción cultural
nacional y la diversidad cultural del
país, así como de asegurarle un trato
preferencial frente al bombardeo
masivo de producciones “enlatadas”
importadas.

• Reconocer y fortalecer la diversidad

cultural del país, sus aportes en la
identidad nacional y el desarrollo.
El habla campesina, los idiomas
indígenas y el inglés afrocaribeño; el
conocimiento ancestral; los valores;
la agricultura, la alimentación y otras
manifestaciones
del
patrimonio
cultural inmaterial, deben tener tanto
valor como aquellas que se pueden
expresar materialmente.

• Crear mercados exclusivos de venta
directa, similares a las ferias del
agricultor, para que las y los artesanos
nacionales puedan comercializar
sus productos a precios justos.

96

Establecer expresamente que en
los aeropuertos de nuestro país solo
podrá venderse artesanía producida
efectivamente
por
artesanos
nacionales.

• Generar espacios de diálogo social

en la perspectiva de abrir un debate
nacional sobre la necesidad de
garantizar la mayor pluralidad y
diversidad posibles en la titularidad
de medios de radiodifusión, evitando
la concentración de los mismos
en pocas manos. Dichos espacios
deberán
implicar
una
amplia
participación de sectores, el diseño y
formulación de propuestas concretas
a ser sometidas a discusión por
la Asamblea Legislativas, con
el respaldo del Poder Ejecutivo.
Debe ponerse también sobre la
mesa el debate sobre la necesaria
reformulación
y
fortalecimiento
del Sistema Nacional de Radio y
Televisión (SINART), así como sobre
las medidas que debe tomar el país
al “apagón analógico” de la señal
televisiva en el marco de la irrupción
de la televisión digital.

• Reformar la Ley de Radio y Televisión

para restablecer con carácter de
urgencia la normativa que buscaba
evitar que las frecuencias de radio
y televisión salgan del control de
personas y empresas nacionales.
Además es necesario modificar
la ley para actualizar los montos
de los cánones que se cobran por
el uso de frecuencias de radio y
televisión, en aras de incrementar
de forma razonable los ingresos del
Estado para fomentar el desarrollo
de la cultura, pero evitando cobros
abusivos que puedan impedir la
operación de las radioemisoras
nacionales.

• Impulsar normativa para fomentar

el desarrollo de radioemisoras
comunitarias con el objetivo de
diversificar las opciones de acceso
a la información y a la cultura de la
población.

• Promover y garantizar el respeto a
la libertad de prensa, incluyendo la
protección de los derechos laborales
de las y los trabajadores de la
comunicación y la incorporación de
la cláusula de conciencia a nuestro
ordenamiento jurídico.

97

XVIII
DEPORTE Y RECREACIÓN

98

XVIII. DEPORTE Y
RECREACIÓN
El Frente Amplio promoverá la recreación
y el deporte como un derecho humano.
Desde nuestro gobierno impulsaremos
acciones conjuntas encaminadas al
desarrollo de proyectos deportivos,
culturales y recreativos.

• Aprobar definitivamente la propuesta

impulsada por el Frente Amplio en
la Ley del Ministerio del Deporte
para
aumentar
levemente
el
impuesto sobre el consumo de
bebidas alcohólicas (8 colones
por unidad de consumo) y generar
importantes recursos para financiar
proyectos dirigidos a universalizar la
práctica del deporte y la recreación
entre la población, teniendo como
prioridad las zonas rurales y urbanomarginales de nuestro país, a las
cuales proporcionalmente se les
asignarían mayores recursos.

• Fortalecer la descentralización del

deporte a través de los Comités
Cantonales de Deportes. Al menos
una tercera de parte de los recursos
recaudados mediante el aumento del
impuesto a los licores se destinará
a la construcción, desarrollo y
mantenimiento de infraestructura
deportiva y recreativa (incluyendo
escuelas y colegios públicos),
así como para la organización y
promoción de actividades deportivas
y programas recreativos dirigidos la
población del cantón, especialmente
a la juventud en condiciones de
pobreza y riesgo social.

• Aumentar de forma considerable

los recursos destinados a apoyar
el trabajo de las federaciones
y
asociaciones
deportivas
de
representación
nacional
(especialmente
aquellas
que
no
cuentan
con
patrocinios)
para
financiar
la
adquisición
de implementos deportivos, la
capacitación técnica a dirigentes,
entrenadores,
árbitros,
atletas
y padres de familia, las ayudas
económicas a deportistas, los
programas de nutrición deportiva
y clínica deportiva, así como el
desarrollo de nuevos talentos
olímpicos, entre otras actividades
dirigidas al mejoramiento del deporte
nacional.

• Mejorar la calidad de vida de las

poblaciones urbanas, mediante la
recuperación de espacios públicos,
en igualdad de condiciones para
hombres y mujeres, rompiendo
los estereotipos deportivos de
género, así como la promoción de
actividades que incentiven el deporte,
la recreación, la reforestación y la
educación ambiental. El Instituto
Costarricense del Deporte y la
Recreación (ICODER) coordinará
con la Caja y el Ministerio de Salud
la inversión eficiente de los recursos
asignados para este fin por la Ley
para el Control del Tabaco.

• Consolidar la creación del Ministerio

del Deporte y la Recreación, sin crear
burocracia innecesaria ni duplicar las
funciones del ICODER. Fortalecer
a rectoría del sector a cargo del
ministerio mediante el desarrollo de
un Plan Nacional para el Desarrollo

99

del Deporte y la Recreación Activa,
delimitando
con
claridad
las
competencias del ICODER como
órgano encargado de ejecutar las
políticas definidas por el órgano
rector.

• Establecer una política para la
captación, estímulo y sostenimiento
de personas talentosas en cualquiera
de las diferentes manifestaciones
deportivas.

100

XIX
JUVENTUD, NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA

101

XIX. JUVENTUD, NIÑEZ
Y ADOLESCENCIA
La niñez y la adolescencia son dos de
los sectores más vulnerables al deterioro
social y económico de nuestra sociedad.
Ambos se enfrentan a un futuro signado
por la incertidumbre y la falta de
oportunidades, por ello es que el Frente
Amplio les da una especial atención. El
Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
tiene que cumplir un papel central en
la atención a la niñez desprotegida.
Sin embargo, hoy la ley le impone la
obligación de generar superávit. Mientras
nuestro país siga gastando más en
cárceles para menores que en albergues
y programas para atender a la niñez en
riesgo social, no tendremos futuro.
Las
personas
jóvenes
requieren
urgentemente de mayores espacios de
expresión y participación. Los partidos
tradicionales han menospreciado su
capacidad de participar activamente en la
toma de las grandes decisiones sobre el
futuro del país. Les han visto como “carne
de cañón” para las elecciones y relleno de
las papeletas. A las y los jóvenes se les
ha impuesto una estructura burocrática
que busca cooptar su organización
autónoma y administrar su participación
política. Sigue imperando una cultura
marcadamente adultocéntrica. Urge
rejuvenecer la política costarricense.
Este sector de la población tiene serias
carencias de oportunidades de acceso
a fuentes de trabajo digno. No les dan
trabajo porque “no tienen experiencia”,
pero de esa forma, se les niega la
oportunidad de conseguirla o se les
somete a condiciones inaceptables de
informalidad y precariedad en el empleo.
Es indispensable mejorar los programas

de acceso a la educación superior, el
arte, la cultura y las oportunidades para la
práctica sana del deporte y la recreación.
Proponemos:

1. PROTECCIÓN Y ATENCIÓN
INTEGRAL DE LA INFANCIA

• Presupuestar y girar al PANI la

totalidad de los recursos que le
corresponden de acuerdo con la
ley para la protección y la atención
de la niñez en abandono y riesgo
social. Estos recursos se destinarán
prioritariamente a fortalecer la
capacidad de las oficinas regionales
del PANI de aplicar medidas de
protección a favor de los niños y
las niñas que sufren agresiones,
así como a extender la cobertura
y la calidad de la atención de los
albergues para la niñez abandonada.
También se reforzarán los programas
preventivos como las escuelas para
padres y madres, con énfasis en la
erradicación del castigo físico y toda
forma de violencia como mecanismo
de corrección y disciplina.

• Eliminar las trabas legales que

obligan al PANI a subejecutar
sus recursos. Debe ejecutar el
100% de su presupuesto en
acciones en beneficio de la niñez
y
la
adolescencia.
Además,
debe liberarse a la institución de
las restricciones de la Autoridad
Presupuestaria que le impiden
nombrar el personal necesario
para el buen funcionamiento de los
albergues y los equipos de protección
de la niñez en riesgo social.

102

• Transformar la red de cuido infantil

en un verdadero Seguro Social
de Guarderías que formará parte
de nuestro sistema de seguridad
social. El cuidado de la niñez no
puede depender de proyectos
improvisados por un gobierno sí y
otro no. Se propone la creación de
un sistema permanente donde la
sociedad en su conjunto -hombres
y mujeres por igual- contribuya con
la responsabilidad del cuido de los
hijos y las hijas de las personas
trabajadoras. Este seguro social
se financiará con el aporte de los
recursos de Asignaciones Familiares
y, de ser necesario, con una
contribución solidaria de patronos
y trabajadores de altos ingresos
hasta lograr la cobertura universal
del sistema, a través las distintas
modalidades de prestación de los
servicios.

• Mejorar la coordinación y el trabajo

mancomunado de la red de cuido con
los Centros de Educación y Nutrición
(CEN) y los Centros Infantiles de
Nutrición y Atención Integral (CINAI),
CEN-CINAI.

• Revisar y simplificar, en coordinación

con el PANI y el Poder Judicial, los
procedimientos para agilizar los
trámites de declaratoria de abandono
y de adopción de personas menores,
con el objetivo de reducir al menos
a la mitad el tiempo de espera para
su integración a una nueva familia
y evitar su institucionalización en
albergues. La atención a los jóvenes
que han crecido en albergues de
ninguna manera puede cortarse
abruptamente, cuando cumplen la
mayoría de edad.

• Fortalecer la coordinación entre

instituciones para la lucha contra la
explotación laboral de menores, la
trata de niños y niñas, la producción
y difusión de pornografía infantil y
las demás formas de explotación
sexual infantil. Aplicar la reforma
recientemente
aprobada
para
combatir la promoción de nuestro
país como destino atractivo para
la explotación sexual de niños y
niñas, incluyendo el intercambio
de información con otras naciones
para impedir el ingreso al país de
extranjeros con antecedentes por
este tipo de delitos durante los
últimos 50 años.

2. DERECHOS DE LAS
PERSONAS JÓVENES

• Convertir

el viceministerio de
Juventud en el Ministerio de
la Juventud, para combatir la
invisibilización de este importante
sector de la población e impulsar al
más alto nivel y de forma transversal
en toda la Administración Pública la
formulación de políticas específicas
dirigidas a atender las necesidades
de las personas jóvenes.

• Ampliar los espacios de participación

política de la juventud. Reformar la
legislación electoral para establecer
la obligación de los partidos políticos
de integrar en sus estructuras y
candidaturas al menos un 25% de
personas jóvenes.

• Abrir un amplio foro de discusión

nacional sobre la pertinencia de
modificar la Constitución Política

103

para permitir a las personas jóvenes
el ejercicio del derecho al voto y el
derecho a ser electas al menos en
cargos municipales a partir de los 16
años. Si nuestra legislación permite
que las personas jóvenes puedan ser
encarceladas a partir de los 15 años,
no se justifica negarles el derecho a
participar en la toma de decisiones
sobre los asuntos públicos.

• Revisar la Ley de la Persona

Joven y la Política de la Persona
Joven para incorporar el acceso
al empleo, según la Convención
Iberoamericana de Derechos de
los Jóvenes (CIDPJ) y promover la
democratización y despolitización de
los comités cantonales de la persona
joven para que se conviertan en
entes fiscalizadores y dinamizadores
de las políticas de juventud en sus
respectivos cantones. Los comités
de la persona joven deben dejar
de ser órganos para cooptar y
manipular a las personas jóvenes.
Por el contrario, deben respetar su
organización autónoma, sus luchas y
reivindicaciones.

• Crear un programa nacional de

Promoción del Empleo Juvenil, a
cargo del Ministerio de Juventud,
en coordinación con el Ministerio de
Trabajo para facilitar la capacitación
a las personas jóvenes sobre
lo concerniente a la inserción,
preparación, vocación y derechos
laborales. Además tendrá a su cargo
el manejo de una red de empleo para
la población joven y desarrollo de un
Observatorio de la Persona Joven.
Tendrá al menos los siguientes
componentes:

- Capacitación para las personas
jóvenes.

- Red Nacional de Empleo Juvenil.
- Programa de Autogestión para la
Juventud.

• Capacitación

de las personas
jóvenes. Brindar capacitación a
la juventud, orientada a adquirir
herramientas para una futura
inserción en los espacios laborales
y tener conocimiento en temas
concernientes a su estabilidad
dentro del mercado laboral. Estas
herramientas estarán distribuidas en
los siguientes ejes:

- Inserción:

medios
búsqueda de empleo.

para

la

- Preparación:

elaboración del
currículum y preparación para la
entrevista de trabajo.

- Vocacional:

acompañamiento
en la elección de una carrera
u oficio afín a sus aptitudes,
mediante el involucramiento de
las universidades públicas y
privadas que promuevan estudios
acerca del mercado laboral y la
preparación de actividades sobre
las aptitudes del estudiantado.

- Organización:

conocimiento
de organizaciones gremiales,
sindicatos y cooperativas en
las que eventualmente podrá
involucrarse en su espacio laboral.

- Derechos

laborales:
brindar
información
atinente
a
los
derechos laborales y a la

104

seguridad social con los que
cuenta y espacios donde pueda
darse su exigibilidad, así como
herramientas para defender estos
derechos.
Este programa se desarrollará con la
participación del Instituto Nacional de
Aprendizaje (INA) y los colegios de todo
el país, a través de espacio de las clases
de orientación.

• Programa “Red de Empleo Juvenil”.

La red estará enfocada en tres ejes
centrales, dirigidas a generar las
condiciones para ampliar al acceso a
fuentes de trabajo digno, respetando
derechos laborales y con acceso a la
seguridad social para las personas
jóvenes:

- Generar bases de datos por medio

de las que se conozcan entre
otros aspectos las habilidades de
la mano de obra especializada y
no calificada; mejorar y fortalecer
las existentes. Mantener un
conocimiento actualizado de las
necesidades de empleadores, con
el fin de dar una retroalimentación
hacia la población y las empresas
de las necesidades del mercado y
de la formación necesaria.

- Reestructurar y regular las ferias

de empleo para que no se les
cobre entrada a las personas
participantes; que el Estado
realice ferias de empleo para
conocer la oferta laboral de las
instituciones estatales; realizar
mediciones con el fin de evaluar
la efectividad que tienen las ferias
como instrumento de colocación
además
de
establecer
las

necesidades curriculares de las
empresas participantes.

- Incentivos y medidas de acción

afirmativa: desarrollar un fuerte
programa de incentivos (acceso
preferencial al crédito para el
desarrollo; acceso a puntos
adicionales en programas de
compras del Estado; capacitación
y transferencia de tecnología;
simplificación de requisitos y
trámites, etc.) para fomentar
que las pequeñas y medianas
empresas contraten personas
jóvenes con todas las garantías
y derechos laborales a pesar de
no tener experiencia suficiente
(ver además el punto I.2
sobre Generación de empleo).
En
determinados
sectores
productivos
e
instituciones
públicas definir la obligación para
las empresas de contratar un
porcentaje mínimo de personas
jóvenes como medida de acción
afirmativa para combatir la
discriminación que sufre este
sector de la población.

• “Programa de Autogestión para la

Juventud” que incluirá, entre otros,
los siguientes componentes:

- Banca de desarrollo para la

juventud. Establecer un monto
sobre los rendimientos generados
por los bancos para dedicarlo
a
créditos
en
condiciones
preferenciales dirigidos hacia el
desarrollo de micro y pequeñas
empresas,
cooperativas
de
autogestión y otras iniciativas de
economía social conformadas por
personas con edades entre los 18
y 35 años.

105

- Procesos

de
capacitación.
Todos los proyectos que sean
acreedores de préstamos deben
seguir programas de capacitación
establecidos por la “Red de
Empleo Juvenil” con el fin de
ofrecer conocimientos básicos en
áreas de gestión empresarial.

- Constante

medición
de
la
efectividad del programa por medio
del Observatorio de la Persona
Joven. El observatorio debe
generar insumos por medio de los
cuales se establezcan necesidades
del mercado costarricense, en
cuanto a producción; además de
evaluar el impacto que generan los
proyectos de autogestión, esto con
el fin de valorar las necesidades
que van presentando cada una de
ellas y que tengan los mecanismos
para hacerle frente a la actualidad
del país.

- Promover

la participación de
sindicatos, cooperativas, grupos
comunales y otros actores sociales
en el tema de la generación de
empleos.

• Acceso a la educación. Fortalecer

programas de equidad y multiplicar
oportunidades de acceso a la
educación superior (ver el Capítulo III
de este programa sobre Educación)

• Acceso a la cultura, al deporte y a la

recreación. Ampliar oportunidades
para que la juventud tenga acceso
a la cultura; desarrollar proyectos
culturales permanentes en las
comunidades; apoyar las iniciativas
y expresiones culturales de las
personas jóvenes (ver el capítulo XVII
sobre Políticas Culturales). Crear
espacios para la práctica del deporte
especialmente en las comunidades
con mayores problemas sociales
y recuperar espacios públicos (ver
el capítulo XVIII sobre Deporte y
Recreación).

• Urgente revisión de la política penal

juvenil. Fortalecer alternativas a
las penas de prisión. Ampliar la
inversión en programas preventivos
(ver el Capítulo XIII sobre Seguridad
Ciudadana Integral).

106

XX. POLÍTICA ECONÓMICA
En el Frente Amplio pensamos que la
economía tiene que desarrollarse en
función del bienestar de las personas y
no prioritariamente de las ganancias del
capital. Tiene que haber mayor justicia
económica, con desarrollo, con éxito
para el sector productivo, pero también
para las personas trabajadoras. Por
ello es fundamental que se incluyan
en el centro de la política económica
objetivos de crecimiento, desarrollo y de
uso eficiente de los recursos productivos
integrales del país.
Con esta finalidad, nos proponemos
armonizar las políticas monetaria y fiscal
en función de promover la creación
de empleo y promover e impulsar el
mercado interno. En este plan, jugarán
un papel central las mipymes y los
nuevos emprendimientos que incorporen
productivamente a las mujeres, la
juventud, personas con discapacidad,
personas desempleadas de largo tiempo
y en edad adulta, a quienes se les dará
especial atención.
1. POLÍTICA FISCAL
El gobierno del Frente Amplio
fundamentará su política tributaria
y de gasto público en los principios
de la transparencia absoluta y la
eliminación del gasto superfluo. Todo ello
acompañado de una reforma tributaria
de carácter progresivo, que amplíe la
base tributaria y aumente la carga a los
sectores que acumulan la mayor parte de
la riqueza nacional, permitiendo que esta
sea reintegrada a quienes la producen
día a día en los centros de trabajo y en
los campos de nuestro país.

Si bien también es necesario fortalecer
la recaudación de los impuestos que
ya existen y recobrar la confianza y el
compromiso de la ciudadanía a través
de demostrar que lo recaudado por
impuestos sí se invierte en mejorar la
infraestructura y los servicios públicos, lo
cierto es que todavía hay grupos que no
aportan al país como podrían y deberían.
Esto tiene que cambiar.
Así las cosas, para abordar integralmente
el problema fiscal debemos articular
acciones en diversas áreas. Nuestras
propuestas son:

• Establecer

un
compromiso
gubernamental al más alto nivel
de combatir la corrupción, frenar
el despilfarro y realizar una
administración
más
eficiente,
ordenada y transparente de los
fondos públicos. Lo anterior implica:

- Sobre

nuestras
propuestas
concretas para luchar contra la
corrupción ver el Capítulo VI.

- Rendir cuentas claras, puntuales
y transparentes de los destinos
de la recaudación fiscal, mediante
informes periódicos.

- Frenar

gastos superfluos e
innecesarios en rubros como
viajes, comidas, recepciones y
consultorías. En particular, en
este último rubro existen grandes
duplicidades de funciones en las
entidades públicas. A menudo se
contratan servicios que podrían ser
suplidos por el personal de planta.

- Frenar abusos y distorsiones con
alquileres. Muchas instituciones
alquilan edificios a elevados
costos, a pesar de que el Estado

108

cuenta con terrenos para construir
sus propias oficinas. Debe crearse
un registro único de los bienes
inmuebles de las instituciones
públicas y ordenarse el pago de
alquileres.

- Reducir y racionalizar los salarios

de los altos jerarcas políticos. Los
“de arriba” deben predicar con el
ejemplo. Por eso reduciremos en
un 50% el salario del Presidente
de la República y en un 25%
los de ministros y viceministros.
Las jerarcas que nombremos en
instituciones autónomas como
el INS y los bancos del Estado,
deberán comprometerse a reducir
al menos en un 50% sus salarios.
En ningún puesto de dirección
superior se aplicarán aumentos
superiores al aumento general de
los salarios mínimos.

- Convocar, impulsar y apoyar los

proyectos de ley para eliminar
el aumento automático de 10%
anual del salario de las y los
diputados, garantizando que sus
remuneraciones no aumenten más
allá del aumento general de los
salarios mínimos.

- Mayor transparencia en compras

públicas. Hacer públicos los
procesos licitatorios. Dar más
participación a la ciudadanía en
su fiscalización. Generalizar las
compras digitales a través de los
sistemas más eficientes y menos
costosos.

- Regular de mejor manera el

reingreso de personas pensionadas
a la función pública, como medida
tendente a aliviar la presión sobre
los fondos de pensiones. Si esto

sucediera, dicha persona deberá
dejar de cobrar su pensión y
una vez finalizado el nexo con el
Estado, podrá revalorar su pensión
nuevamente solo cuando su nexo
laboral con el Estado se haya
extendido por un lapso no menor
de 8 años.

- Rechazar intentos de diversos
gobiernos de culpar a las y los
trabajadores del sector público
por el déficit fiscal. Respetar sus
derechos laborales. Promover a
través del diálogo y la negociación
mejoras en el régimen de empleo
público que beneficien a todas
las partes. Impulsar que nuevos
incentivos estén asociados a
mejoras en la prestación de los
servicios a las personas usuarias.

- Agilizar los procesos para la

inversión pronta de los fondos
públicos recaudados en sus
objetivos específicos y generales,
de modo que la población sepa
cuáles son las obras, mejoras
y programas que se están
financiando y pueda ver los
resultados concretos de su aporte
al país en la forma de impuestos.

- Para

garantizar
una
mejor
ejecución del gasto público
también es necesario valorar
la aplicación de medidas como
los presupuestos bianuales y
la adopción de mecanismos de
planificación a largo plazo que
trasciendan los ciclos de cuatro
años. Definir planes de desarrollo
a largo plazo como políticas de
Estado que deberán ser ratificados
por la Asamblea Legislativa y
ejecutados por varios gobiernos.

109

• Mejorar la recaudación de los

impuestos existentes, aplicando
medidas
como
fortalecer
a
la
Administración
Tributaria
convirtiéndola en una agencia
recaudadora
con
mayores
potestades para hacer cumplir la ley
y aplicar fuertes sanciones en sede
administrativa a quienes incumplan
en el pago de impuestos, de modo
que se vaya construyendo una
cultura de responsabilidad y respeto
en materia tributaria. Fortalecer los
mecanismos de cobro coactivo en
sede administrativa por parte de la
Administración Tributaria. Cerrar
portillos legales que hoy favorecen
la elusión y la evasión fiscal, como
el uso abusivo de la figura de
las sociedades mercantiles, para
esconder el patrimonio propio. En
este sentido, seguiremos impulsando
el proyecto de ley para regular
el levantamiento del velo de las
sociedades mercantiles cuando son
utilizadas con fines contrarios a la
ley.

• Realizar

una
reforma
fiscal
verdaderamente progresiva que
incremente la recaudación del
Impuesto sobre la Renta y otras
leyes que gravan directamente la
riqueza. Garantizar que las personas
y sectores económicos de mayores
ingresos contribuyan efectivamente
a financiar las cargas tributarias de
acuerdo con su riqueza real. Otros
cambios en el sistema tributario
deben quedar supeditados a esta
reforma, porque de lo contrario no
tendríamos autoridad moral para
exigir más sacrificios a la clase
trabajadora que es la que soporta la

mayor parte de la carga tributaria del
país. Esta propuesta incluye:

- Sobre

nuestras
propuestas
concretas de reforma a la Ley del
Impuesto sobre la Renta y otras
medidas de progresividad en la
recaudación tributaria ver Capítulo
I, Sección 4.

- Todos

los
cánones
que
actualmente pagan concesionarios
de grandes proyectos turísticos,
especialmente los del Golfo de
Papagayo, serán objeto de una
revaloración y redefinición para
ajustes periódicos y realistas, de
acuerdo a su valor real de mercado.
Eliminar los vergonzosos decretos
que fijaron cobros ridículos a
millonarios negocios.

- Revisar los tributos que pesan

sobre los bienes inmuebles
para eliminar las distorsiones
que existen actualmente. Las
exenciones
indebidas
deben
desaparecer.

- Regular el mercado de bienes

inmuebles, de tal forma que cada
vez que se oficialice una traspaso
de propiedad ante un notario
público, el inmueble debe contar
con un certificado de avalúo
del valor fiscal por parte de la
municipalidad
correspondiente,
y así las escrituras contemplen
el verdadero valor fiscal y se
paguen los impuestos de traspaso
correspondientes y reales en
relación con el valor fiscal.

• Los recursos adicionales que se
recauden por las medidas enlistadas
deben destinarse con prioridad a
pagar la deuda del Estado con la

110

CCSS y cumplir con la asignación
del 8% del Producto Interno Bruto
a la educación pública. Cumplir
con los destinos específicos que
financian programas sociales como
los dirigidos a brindar atención a la
niñez en abandono y riesgo social.
Redefinir la inversión pública y las
prioridades en función de erradicar la
pobreza y de lograr una vida digna
para el conjunto.
2.

POLÍTICA CAMBIARIA

Como se dijo arriba, será un instrumento
de la política monetaria destinado, en
primer lugar, a preservar y crear nuevos
empleos. En este sentido, mantendremos
las bandas cambiarias adecuándolas
a las variaciones en los mercados,
mientras no cambie sustancialmente la
situación productiva del país.
Es
importante
que
nuestras
exportaciones tengan precios atractivos
para los mercados externos hacia los
cuales las enviamos. Pero el equilibrio
que debemos mantener es delicado.
Tampoco puede devaluarse la moneda
al punto que el poder adquisitivo de los
salarios, en nuestro mercado interno,
acrecienten la pobreza y hagan más
lento el crecimiento económico.
Por eso, nuestro equipo económico
llevará un monitoreo permanente del
comportamiento económico para tomar
las mejores decisiones sobre la política
cambiaria.
Adicionalmente, es necesario revisar la
regulación referente a la administración
de los riesgos de la creciente dolarización
financiera, promoviendo el uso del colón

para efectos de indexación, en aras
de promover una “desdolarización”
paulatina de la economía.
Las políticas del Banco Central no pueden
tener como único ni principal propósito la
lucha contra la inflación y la maximización
de las ganancias de los capitales. Tanto
la política monetaria como la cambiaria
deben jugar un papel importante en el
crecimiento económico, la generación
de empleo y la mejor distribución del
ingreso. En este sentido, seguiremos
apoyando las iniciativas dirigidas a
reformar la Ley Orgánica del Banco
Central para que incluya estos objetivos
dentro de su programa macroeconómico.
Las reglas de intervención del Banco
deben definirse con total transparencia y
conocimiento tanto del sector productivo
como de las personas consumidoras, con
el objetivo de disminuir la incertidumbre
y la volatilidad. Asimismo, debe
modificarse la integración de su Junta
directiva, con el objetivo de ampliar el
cerrado círculo de donde han venido
saliendo las personas que la integran
y darle opción a otros sectores de la
economía tales como las pequeñas y
medianas empresas, organizaciones de
agricultores, pescadores, cooperativas,
etc.
Debe fortalecerse la capacidad del Banco
Central para identificar oportunamente la
llegada de capitales de corto plazo, a fin
de aplicar controles más eficaces sobre el
ingreso masivo de capitales especulativos
o “golondrina”, cuyo único objetivo es
aumentar su margen de ganancia,
especulando con los tipos de interés.
Aprobar proyecto de ley en discusión
en la Asamblea Legislativa sobre este
tema. Además, valorar la aplicación
de medidas como la diferenciación de

111

los encajes mínimos según el tipo de
moneda, así como la aplicación de
encajes especiales de carácter temporal
a los préstamos de origen extranjero o
encajes a los depósitos en moneda local
y cuyos titulares no sean residentes,
con la finalidad de prevenir el uso de
testaferros.
En nuestro país es necesaria una mayor
regulación de la cuenta de capitales, con
el objetivo de asegurar la reinversión en
el país de una parte importante de las
ganancias obtenidas por las inversiones
en suelo nacional, como complemento
a la implantación de restricciones para
evitar el ingreso de capital especulativo.

3. TASAS DE INTERÉS
Congruentemente con nuestra política
para incentivar el mercado interno y
reactivar la economía, el Gobierno
del Frente Amplio tomará las medidas
necesarias para bajar los costos de
intermediación bancaria, que en nuestro
país contribuyen a encarecer el costo del
crédito al incrementar las tasas de interés.
Trabajaremos sobre este problema
principalmente en el Sistema Financiero
Nacional. Esto incluirá una revisión de
las comisiones sobre utilidades que se
distribuyen al interior de este sistema.
Igualmente, buscaremos ofrecer tasas
de interés bajas en la banca pública para
los nuevos emprendimientos y Mipymes.

112

XXI. POLÍTICA EXTERIOR
Cualquier país que se precie de tener
como prioridad el bien común y el
bienestar de las mayorías, debe orientar
su política exterior en función de estos
principios. Lamentablemente, ese no ha
sido el caso de Costa Rica en las últimas
tres décadas. En términos generales,
podemos afirmar que la política exterior
costarricense se ha visto reducida a
una agenda funcional de la satisfacción
de los intereses y la acumulación de
capital de ciertos grupos empresariales
y de servicios vinculados al Ministerio de
Comercio Exterior (COMEX). La política
exterior costarricense se ha convertido en
un apéndice de las llamadas “aperturas
comerciales” y el (mal llamado) “libre
comercio”, en detrimento del comercio
justo, el respeto a la soberanía nacional
y el desarrollo equilibrado, con justicia
social y armonía con el ambiente.
Frente a esta situación, el gobierno
del Frente Amplio tendrá como una
de sus prioridades fundamentales la
recuperación del papel de la Cancillería
en la definición de la política exterior
del país, en la perspectiva de repensar
la relación de Costa Rica con el
mundo, acorde a las nuevas realidades
geopolíticas tanto a nivel global como
a nivel regional. Las siguientes son
nuestras propuestas concretas:

• Restablecer

las funciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores
como órgano rector encargado de
dirigir las relaciones internacionales
de nuestro país y definir la política
exterior costarricense. El Ministerio de
Comercio Exterior debe supeditarse
a los lineamientos de política exterior

definidos por la Cancillería. Debe
frenarse su intromisión en asuntos
que no tengan relación estricta
con el comercio de mercancías.
Negociaciones como el vínculo con
la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE)
deben ser asumidas desde una
perspectiva integral por la Cancillería.

• Respetar estrictamente la carrera

diplomática en el nombramiento de
puestos en el servicio exterior que
no sean de confianza, eliminando
la práctica recurrente de los
partidos tradicionales de usar la
representación internacional de
Costa Rica como botín político
y fuente para el “turismo de
pegabanderas”.

• Fortalecer las relaciones y estrechar
los lazos con todas las naciones y
pueblos del mundo, regidos por la
Carta de las Naciones Unidas y el
derecho internacional, así como por
el respeto a la soberanía nacional, la
tradición democrática y la identidad
cultural de la nación costarricense.

• Ejercer liderazgo internacional en la

defensa de los derechos humanos,
la erradicación del hambre en el
mundo, el combate a toda forma
de discriminación contraria a la
dignidad humana, la promoción de
la paz y la solución negociada de los
conflictos internacionales. Impulsar
decididamente el desarme mundial,
la abolición paulatina de los ejércitos
y la prohibición total de la fabricación
y el comercio de armas. Para lograrlo,
pondremos énfasis en aquellas
áreas donde nuestro país todavía
es “candil en la calle y oscuridad en

114

la casa”, como el cumplimiento de
los convenios internacionales que
protegen los derechos de los pueblos
indígenas, los derechos de las
personas migrantes o los derechos
laborales en general.

• Continuar, como política de Estado,

con la defensa de la soberanía
nacional y la integridad territorial de
nuestro país en el conflicto fronterizo
con Nicaragua. Continuaremos con
las acciones en la vía diplomática y los
procesos en la Corte Internacional de
Justicia de la Haya, hasta garantizar
el pleno respeto a la soberanía de
Costa Rica sobre nuestro territorio
continental y marítimo, así como
la plena reparación de los daños
ambientales sufridos por nuestro
país en el área de Isla Calero.
Aspiramos a promover relaciones de
dialogo constante y respeto mutuo
con Nicaragua, impulsando una
agenda que trascienda los conflictos
relacionados con el Río San Juan,
para abordar temáticas de beneficio
común para nuestros pueblos
hermanos, como la cooperación en
materia económica, social, cultural,
ambiental, energética, migratoria
y de desarrollo equilibrado de
zona fronteriza. Para lograrlo es
indispensable el respeto a nuestra
integridad territorial.

• Impulsar la demarcación definitiva

de los límites marítimos de Costa
Rica con los países vecinos y la
actualización de los tratados vigentes,
siempre bajo los principios de
equidad y justicia para los intereses
de las futuras generaciones, así como
de estricto respeto a la soberanía
nacional e integridad territorial de
nuestro país.

• Impulsar negociaciones en el seno

de las Naciones Unidas para la
creación de tribunales especializados
que otorguen carácter vinculante a
los derechos económicos, sociales
y culturales y hagan cumplir los
convenios internacionales de la
Organización
Internacional
del
Trabajo (OIT).

• Integrar a Costa Rica al movimiento
mundial que exige el reconocimiento
de la deuda ecológica de los países
ricos hacia los pobres ante el abuso
histórico de nuestros recursos
naturales.

• Fortalecer la presencia de Costa

Rica en los espacios internacionales
que inciden en la conservación y el
uso sostenible de la biodiversidad
y los recursos marinos del planeta,
sobre todo en aquellos que
responsablemente hacen frente al
Cambio Climático.

• Promover

un nuevo estilo de
relaciones comerciales construido
sobre la base de los principios de
comercio justo y el reconocimiento
de las asimetrías, en el marco de
la renegociación de los tratados
comerciales que tiene el país.
Suspenderemos las negociaciones
del Tratado Transpacífico y otros
tratados de libre comercio (TLC)
orientados a profundizar el modelo
de apertura desigual del TLC
Estados Unidos - Centroamérica
República
Dominicana,
así
como
de
tratados
bilaterales
de inversiones que pretendan
obligar a Costa Rica a someterse
a arbitrajes internacionales de
carácter privado. Revisaremos y

115

evaluaremos permanentemente los
tratados vigentes para determinar
sus verdaderos impactos sobre los
derechos de nuestra población.
Las capacidades nacionales se
orientarán a fiscalizar una aplicación
justa, brindando protección a los
sectores vulnerables y haciendo uso
de todos los mecanismos vigentes
para la defensa comercial frente al
dumping y las diversas formas de
competencia desleal. Promoveremos
la renegociación de estos tratados,
tal y como ya han hecho con
éxito otros países, así como la
impugnación de las cláusulas más
dañinas e impulsaremos reformas
constitucionales que nos garanticen
un “blindaje” frente a sus peores
amenazas.

• Fortalecer y ampliar el proceso

de integración centroamericana,
no solo en materia comercial,
sino también y de forma especial
en áreas que hasta la fecha han
estado en segundo plano como los
derechos humanos, la defensa de los
ecosistemas regionales, el desarrollo
social y económico, la reducción de
la pobreza, la cooperación en salud
y educación, la promoción de la
cultura y, en general, la coordinación
de
posiciones
conjuntas
en
negociaciones políticas con otros
países y bloques regionales.

• Fortalecer las relaciones comerciales

y los programas de cooperación
con todos los bloques económicos
regionales, en especial con las
naciones latinoamericanas. Por
ejemplo, se valoraría la pertinencia
económica y política de la
integración de Costa Rica a la
iniciativa Petrocaribe, tal y como
recientemente han hecho países
como Guatemala y Honduras, con
el objetivo abaratar los precios y
obtener mejores condiciones para la
importación de crudo.

• Profundizar

nuestra participación
en la Comunidad de Estados
Latinoamericanos
y
Caribeños
(CELAC), así como el dialogo
político con espacios como la
Unión de Naciones Sudamericanas
(UNASUR) y el compromiso de
nuestra diplomacia por aportar
al
fortalecimiento
de
dichas
instituciones.

116

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