Plan Nacional de Desarrollo - Protección e Inclusión Social

2014 - 2019
Protección e
Inclusión Social
Plan Nacional
de Desarrollo
SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
DE EL SALVADOR

Protección e
Inclusión Social
Plan Nacional de Desarrollo
2014 - 2019
SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Siglario 5
Presentación 7
Introducción 8
1. El desarrollo social para el buen vivir 11
1.1. Marco normativo 13
1.2. Principios 14
1.3. Ejes transversales 14
1.3.1. Enfoque de derechos 14
1.3.2. Enfoque de género 15
1.3.3. Enfoque de ciclo de vida 15
1.3.4. Enfoque de transnacionalidad 15
2. Diagnóstico 17
2.1. Situación actual y avances en la política social 17
2.2. Situación actual y avances en la reducción
de la pobreza y la desigualdad 19
2.3. Situación actual y avances en empleo decente,
autoempleo y seguridad social 21
2.3.1. Desempleo 22
2.3.2. Subempleo e informalidad 22
2.3.3. Acceso a la seguridad social 22
2.4. Situación actual y avances en educación 23
2.4.1. Escolaridad y cobertura 24
2.4.2. Primera infancia, una inversión para el futuro 24
2.4.3. En ruta hacia la erradicación del analfabetismo 24
2.4.4. Apuesta por la calidad 25
2.4.5. Modernización de la infraestructura escolar 26
2.4.6. Transformación educativa para la empleabilidad 26
2.5. Situación actual y avances en salud 26
2.5.1. Cobertura de atención en salud 27
2.5.2. Apuesta por la calidad y calidez 28
2.5.3. Nutrición y seguridad alimentaria 28
2.6. Situación actual y avances en vivienda y hábitat 28
2.6.1. Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda 29
2.6.2. Estado del hábitat 30
2.6.3. Acceso a vivienda 30
2.7. Situación actual y avances en cultura 31
2.8. Situación actual y avances en el ejercicio de la ciudadanía 32
3. Poblaciones prioritarias 34
3.1. Primera infancia, niñez y adolescencia 35
3.2. Juventudes 35
Contenido

3.3. Pueblos indígenas 36
3.4. Mujeres y equidad de género 36
3.5. Personas con discapacidad 37
3.6. Personas adultas mayores 37
3.7. Personas salvadoreñas migrantes y sus familias 38
4. Componentes de la Política Social 41
4.1. Componente de desarrollo económico y social 41
4.1.1. Reforma de Salud 41
4.1.2. Plan Nacional de Educación en Función
de la Nación 2014-2019 42
4.1.3. Política Nacional de Vivienda y Hábitat 42
4.1.4. Sistema Nacional de Empleo 43
4.2. Componente de protección social 43
4.3. Componente de inclusión social 44
5. Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo,
Protección e Inclusión Social 47
6. Resultados e indicadores del Plan Nacional de
Desarrollo, Protección e Inclusión social 53
6.1. Principales intervenciones del plan 56
6.1.1. Programas Estratégicos y SPSU 56
6.1.2. Programas estratégicos: 58
6.1.3. Acciones Específicas 58
6.1.4. Políticas y programas sectoriales 58
7. Desarrollo institucional 60
7.1. Mecanismos de coordinación intersectorial
y participación social 60
7.2. Mecanismos de participación social 62
7.3. Monitoreo y evaluación 63
7.4. Herramientas para la gestión del Subsistema
de Protección Social Universal 63
7.5. El Registro Único de Participantes de los
Programas Sociales (RUP) 64
7.6. La medición multidimensional de la pobreza 64
7.7. Mecanismos de transparencia y procedimientos
de rendición de cuentas 65
7.7.1. Resultados 65
7.8. El financiamiento de la política social 66
Anexos 69
Anexo 1: Matriz de Seguimiento de Indicadores
y Metas del Plan Social 70
Anexos 2: Resultados del proceso de consulta
para la validación del Plan de Desarrollo,
Protección e Inclusión Social 2014-2019 75
Resumen de participantes en Asambleas
de Validación 87

SIGLA NOMBRE COMPLETO
AMSS Área Metropolitana de San Salvador
AUP Asentamientos Urbanos Precarios
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CONAIPD Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona
con Discapacidad
CONAMYPE Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
DESC Derechos Económicos Sociales y Culturales
DIGESTYC Dirección General de Estadística y Censos
EHPM Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
PMA Programa Mundial de Alimentos
ELPS Encuesta Longitudinal de Protección Social
ENS Encuesta Nacional de Salud
FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador
FOSOFAMILIA Fondo Solidario para la Familia
GOES Gobierno de El Salvador
INDES Instituto Nacional de los Deportes
INJUVE Instituto Nacional de la Juventud
INSAFORP Instituto Salvadoreño de Formación Profesional
ISDEMU Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
ISSS Instituto Salvadoreño del Seguro Social
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador
MINED Ministerio de Educación
MINSAL Ministerio de Salud
MOPTVDU Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda
y Desarrollo Urbano
MTPS Ministerio de Trabajo y Previsión Social
NNA Niñas, niños y adolescentes
ONU Organización de Naciones Unidas
OIT Organización Internacional del Trabajo
PAES Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados
de Educación Media
PMA Programa Mundial de Alimentos
Siglario

PATI Programa de Apoyo Temporal al Ingreso
PBU Pensión Básica Universal
PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales
PNS Plan Nacional de Salud
RUP Registro Único de Participantes
SECULTURA Secretaría de Cultura de la Presidencia
SIS Secretaría de Inclusión Social
SPSU Sistema de Protección Social Universal
STPA Secretaría de Transparencia, Participación y Anticorrupción
STPP Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación
TNE Tasa Neta de Escolarización
VMVDU Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano

2014 - 2019 7
Presentación
E
l Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social es un instrumento clave de la política
social del Gobierno de El Salvador y responde a la Ley de Desarrollo y Protección Social, aprobada
por los partidos políticos de forma unánime en abril del año 2014, dotando al país de un marco
legalparaavanzarenelcumplimientodelosderechoseconómicos,socialesyculturalesdelapoblación.
Enesemarco,elPlanrepresentaunhitoenlaconsolidacióndelapolíticasocialquerefuerzayevidencia
el compromiso del gobierno para erradicar de manera progresiva la pobreza, promover la igualdad
social y garantizar condiciones objetivas que permitan a las mayorías ejercer y disfrutar sus derechos.
Es importante destacar que el Plan Social está alineado y responde a las prioridades y enfoques
establecidos en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 – 2019, relacionados con la mejorara del
bienestar y la protección social de salvadoreños y salvadoreñas. El Plan define siete resultados,
detalla los programas y estrategias a implementar y establece los principios y mecanismos para la
participación ciudadana en todo el ciclo de la política social.
Así mismo, es relevante señalar que el Plan ha sido construido en diálogo con todas las instituciones
que participan en el Gabinete de Gestión Social e Inclusión, liderado por la Sra. Ministra de Salud, Dra.
Violeta Menjívar, y ha sido validado en un proceso de participación ciudadana que incluyó consultas
con líderes, lideresas y organizaciones que forman parte de las asambleas departamentales en los
catorce departamentos del país.
La formulación del Plan también ha contado con los valiosos aportes técnicos y financieros de
diferentesagenciasyorganismosdecooperacióninternacionalqueapoyanalGobiernodeElSalvador
y con quienes coincidimos en el enfoque y los objetivos establecidos en el Plan.
Contar con este nuevo marco normativo y programático para impulsar la política social nos plantea el
desafío de responder con mejores capacidades institucionales.
Para ello, y mediante la aprobación del Decreto Ejecutivo No 58 y en uso de las facultades establecidas
en la Ley, el Presidente de la República ha designado a la Secretaría Técnica y de Planificación de la
Presidencia como la institución pública Coordinadora del Sistema Nacional de Desarrollo, Protección
e Inclusión Social.
La Secretaría asume estas nuevas funciones reafirmando el compromiso del Gobierno por extender
demaneraprogresivaelgocedelosderechos,especialmentedelapoblaciónhistóricamenteexcluida,
cerrando las brechas de desigualdad e invirtiendo en el desarrollo de salvadoreños y salvadoreñas.
Francisco Roberto Lorenzana Duran
Secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia

Plan Nacional de Desarrollo,
Protección e Inclusión Social
8
E
ste documento presenta el
diagnóstico, los objetivos y las
metas de la política social para el
quinquenio 2014-2019; y, a la vez, los
mecanismosdemonitoreo,coordinación,
participación y transparencia que se
implementarán para acompañarla. Este
plan forma parte del Sistema Nacional
de Planificación y se encuentra alineado
con los objetivos y prioridades del Plan
Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 El
Salvador productivo, educado y seguro.
Las principales bases para la construcción
de este plan están definidas por la Ley de
Desarrollo y Protección Social, que busca
garantizar la prosecución del enfoque de
derechos, y que estos sean disfrutados
de manera progresiva por todas las
salvadoreñasytodoslossalvadoreños.De
igual forma se pretende la disminución
paulatina de los factores de desigualdad,
a través de una mejor distribución de
los beneficios del desarrollo nacional; el
Introducción
La Ley de Desarrollo y Protección Social aprobada por la Asamblea
Legislativa en el mes de abril de 2014 establece que, para cumplir con los objetivos
que de ella emanan, es necesario contar con una política social y con un plan que
expresen de forma concreta cómo se propone avanzar en el marco de cada gestión
de gobierno para el logro de mayor desarrollo económico y social, estableciendo los
roles de cada actor y las garantías que el Estado está llamado a cumplir al respecto.

2014 - 2019 9
cierre de las brechas de género, sociales y territoriales, así como el fomento del bienestar común
que garantice una vida digna a la población.
En el Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social (o Plan Social) también se le da énfasis
a la necesidad de que haya una coordinación interinstitucional en la ejecución de la Política Social
desde el Órgano Ejecutivo con los municipios, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores
que pueden hacer aportes valiosos al cumplimiento de sus objetivos, y volver eficientes el uso de
recursos y las intervenciones, así como facilitar amplios consensos que promuevan el buen vivir.
Este plan busca además hacer sinergia con otros instrumentos de política pública, como el Plan El
Salvador Seguro y el Plan El Salvador Educado, que han sido construidos en el marco de espacios
ampliamente participativos en los que confluyen diferentes sectores de la población salvadoreña y
la comunidad internacional.
En ese sentido, también ha sido prioridad la participación ciudadana en los procesos de diseño
y monitoreo; ya que se ha incorporado en la construcción de la Política Social las aspiraciones de
la gente, reconociendo sus necesidades y sumándola como socia activa en la construcción de las
oportunidades, mediante el desarrollo de capacidades y la garantía de derechos. Por tanto, se han
asegurado mecanismos que faciliten la transparencia y la rendición de cuentas, e inviten a todos los
actores a acompañar el desarrollo de la política, incorporando sus observaciones no solo desde un
rol auditor, sino también propositivo.
ElPlanSocialhasidoconsultadoenlasAsambleasCiudadanasdeloscatorcedepartamentosdelpaís
conelapoyodelaSecretaríadeParticipación,TransparenciayAnticorrupción,ydelasgobernaciones
departamentales, en el marco de la Política de Participación Ciudadana aprobada por el Presidente
de la República, Profesor Salvador Sánchez Cerén, en el 2016. El proceso de validaciones establecido
en el reglamento de la Ley de Desarrollo y Protección Social se presenta en el Anexo 2.
En resumen, este plan es el principal instrumento con el que cuenta el país para planificar, ejecutar
y monitorear la Política Social desde un enfoque de derechos —con perspectiva de ciclo de vida,
enfoque de género y construcción del buen vivir— promoviendo la coordinación interinstitucional
y la participación ciudadana. De la misma manera que el período 2009-2014 permitió sentar las
bases del Subsistema de Protección Social Universal (SPSU), el desafío del presente quinquenio es
consolidar los avances, institucionalizar la política social y lograr mejoras en la cobertura y la calidad
de los servicios y oportunidades para potenciar el desarrollo social de la ciudadanía.

10
Capítulo 1
2 0 1 4 - 2 0 1 9

2014 - 2019 11
E
lobjetivoúltimodeldesarrolloeconómico,social,ambientalyculturaldelpaísseconcibecomo
lograr el más alto nivel de goce de derechos, de calidad de vida, de ejercicio de libertades,
de desarrollo de capacidades, de calidad de las relaciones de convivencia, de florecimiento
humano de todas las personas que conforman la sociedad salvadoreña.
Buen vivir significa: a) bienestar y libertad para todas las personas, b) superación de la pobreza y
cierre de las brechas de desigualdad, c) recuperación del valor y dignidad del trabajo, d) relaciones
socialeslibresdeviolencia,e)respetoporelmedioambienteydesarrolloarmónicoysustentablecon
la naturaleza, f) igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, g) erradicación de la discriminación,
h) fortalecimiento de la autonomía de las personas, i) desarrollo de las capacidades y talentos de
todas y todos, j) defensa de la soberanía nacional e integración justa y equitativa en la globalización,
k) desarrollo de la identidad nacional y l) profundización de la integración centroamericana.
Adoptar el buen vivir como valor, trayecto y horizonte nacional exige una manera diferente
de entender y hacer política pública. Implica que las instituciones del Estado deberán planificar
e implementar sus intervenciones procurando: a) priorizar la protección de la vida de las
personas y garantizar las condiciones para su desarrollo a lo largo del ciclo de vida; b) reducir
progresivamente las desigualdades de género para lograr una sociedad igualitaria y equitativa
que brinde oportunidades para mujeres y hombres, y en la que se reconozcan sus necesidades e
intereses específicos; c) diversificar formas y relaciones de producción y reproducción económica,
reposicionando la importancia del trabajo humano; d) revalorizar y celebrar la interculturalidad y
la diversidad de las formas de saber y vivir; e) destacar la importancia del territorio como espacio
de creación, reproducción y convivencia comunitaria; f) recuperar el tejido social-comunitario
y fortalecer el proceso de convivencia pacífica; g) instaurar procesos de inclusión y diálogo para
lograr acuerdos comunes sobre lo que significa bienestar para las personas en sus comunidades; h)
reconocer la importancia de la naturaleza y avanzar hacia una gestión responsable y respetuosa de
los recursos naturales.
En coherencia con estos lineamientos, la planificación para el presente quinquenio se estructura
colocando en el centro el derecho de las personas de optar por un buen vivir (ver diagrama 1),
El desarrollo social
para el buen vivir

12
pero reconociendo que el ser humano no puede
vivir sin ser «parte de una comunidad y al margen
de la naturaleza» (Ascarrunz, 2011). Con este fin, se
rescatan las prioridades de bienestar individual y
comunitario expresadas por la población salvadoreña
(sentirse bien; conocer, saber y crear; habitar y
trabajar con dignidad; convivir en forma pacífica y
segura) en diversos procesos de consulta nacional, así
como las características ideales de funcionamiento
y relacionamiento que deben tener el Estado y el
sistema económico para asegurar que se concreticen
lascondicionesnecesariasparaelbuenvivir:unEstado
democrático y de derecho, eficiente, transparente,
participativo, equitativo y una economía productiva,
dinámica, inclusiva y sustentable (GOES, 2015).
Es a partir de estos planteamientos que la política
social retoma el enfoque de derechos humanos, que
potenciaeldesarrollohumanoycuyoobjetivo central
es garantizar el goce progresivo de los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales —y
de las infraestructuras y servicios básicos que los
garanticen— a toda la población salvadoreña.
Ademásdelenfoquedederechos,elmarcofilosóficodel
buenvivirtambiénorientalosesfuerzosdesarrolladosen
el Plan. En tal sentido, la política social debe promover la
luchacontraladesigualdadyelfomentodelaequidad,el
respeto por todas las personas y por el medioambiente,
y la búsqueda de alternativas para un desarrollo más
pleno, inclusivo y armónico.
Estado democrático,
eficiente, transparente y
participativo
Culturadepaz
Culturarespetuosadela
vidaydelatierra
Convivir en forma pací ca y segura
Sentirse
bien
Conocer,
saber y
crear
El buen
vivir
Habitar
con
dignidad
Trabajar
con
dignidad
Armoníaconla
naturaleza
Armoníaconla
naturaleza
Economía productiva,
dinámica, inclusiva y
sustentable
Culturarespetuosade
ladiversidad
Culturadediálogo
DIAGRAMA 1
El buen vivir para El Salvador
Fuente: extraido del Plan Quinquenal de Desarrollo

2014 - 2019 13
1.1 Marco normativo
El principal instrumento jurídico que respalda la
política social es la Constitución de la república,
que establece a la persona como origen y fin de la
actividad del Estado, y que configura derechos y
obligaciones para las partes. Es importante resaltar
que la Carta Magna salvadoreña, en su artículo 101,
establece que el orden económico debe responder
esencialmente a principios de justicia social que
tiendan a asegurar a todas las personas habitantes
del país una existencia digna.
Luego sigue la Ley de Desarrollo y Protección Social,
aprobada por unanimidad el 9 de abril de 2014
y que brinda un marco normativo que establece
definiciones conceptuales, prioridades para la
inversión social, programas, una estructura de
gobernabilidad, y mecanismos de seguimiento,
evaluación y rendición de cuentas con participación
ciudadana. La ley también establece los contenidos
mínimos del Plan Social que aquí se presenta, y
proporciona un punto de partida para la expansión,
articulación, seguimiento y evaluación de las
diferentes intervenciones que en materia de política
social se definan en el y a futuro.
Además, el país cuenta con una serie de documentos
legales y programáticos que configuran obligaciones
en relación con el desarrollo de los derechos
económicos, sociales y culturales, cuya relevancia
ha quedado de manifiesto en la ratificación, el 18
de mayo de 2011 del Protocolo Facultativo del
Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), que establece un
mecanismo para que las personas –o grupos de
personas– puedan presentar casos de violación
a los derechos económicos, sociales y culturales
ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Asimismo, establece un procedimiento de
investigación y otro de quejas interestatales, que
resultan fundamentales para otorgar garantías en la
exigibilidad de los derechos. A la fecha, El Salvador
es uno de los pocos países que han ratificado este
compromiso.
Otros instrumentos normativos
relevantes son:
a) Leyes de la república, como la Ley de Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA); Ley
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para
las Mujeres; Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la
DiscriminacióncontralasMujeres;LeydeAtenciónIntegral
a las Personas Adultas Mayores; Ley General de Juventud;
Ley de Desarrollo, Protección e Inclusión Social, aprobada
en abril de 2014, y otras leyes sectoriales que aportan a
la temática, como la LeydeProtecciónIntegraldelaNiñez
yAdolescencia;LeyEspecialIntegralparaunaVidaLibrede
ViolenciaparalasMujeres;LeydeIncentivoparalaCreación
del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector
Privado, Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la
PersonaMigranteSalvadoreñaysuFamilia; entre otras.
b) Tratados internacionales1
relacionados con
la materia de los que el país es signatario y que
establecen obligaciones para el Estado en materia
de cumplimiento de derechos y promoción de una
vida digna. Entre ellos, tienen especial relevancia la
1 Algunos de los que destacan son: la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966); la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996 y 2002); la Convención sobre los Derechos del Niño (1989); la Convención sobre la Eliminación
deTodas las Formas de Discriminación Contra la Mujer ([CEDAW] 1979); los compromisos en la Declaración del Milenio (2000) y el Protocolo Facultativo
del PIDESC ratificado por el país en 2011.

14
Convención Interamericana de Derechos Humanos
y, en específico, el Protocolo Facultativo del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, ratificado por el país en 2012. También el
plan contempla los nuevos objetivos de la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible recientemente
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, que busca coordinar esfuerzos más integrales
en materia social, económica y ambiental.
c) Tratados regionales2
refrendados por el país que
establecenunmarcodecompromisoscompartidospara
impulsar el desarrollo y la integración social en la región.
Juntoaestecuerponormativodestacaninstrumentos
programáticos que también dan sustento al Plan de
Desarrollo Social; tales como el plan de gobierno El
Salvador Adelante, el Plan Quinquenal de Desarrollo
2014-2019 y otros realizados por las instituciones
nacionales participantes de este plan.
1.3.1. ENFOQUE DE DERECHOS
Es un marco que orienta la oferta de programas
y servicios públicos hacia el cumplimiento de
los derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales de las personas, para así determinar de
qué manera la inversión pública y los modelos de
intervención aportan a reducir brechas que afectan a
1.3 Ejes transversales
2 Entre ellos: la Conferencia Internacional de Paz y Desarrollo en Centroamérica, el Tratado de Integración Social de Centroamérica (1995), el Acuerdo
de Presidentes de Centroamérica y México (2002) y el de la XXII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y Gobiernos de Centroamérica (2002).
Los principios por los cuales se rige el Plan de
Desarrollo, Inclusión y Protección Social 2014-
2019 son los establecidos y definidos en la Ley de
Desarrollo, Protección e Inclusión Social (art. 5); y que
también guían cada uno de los programas que lo
integran son:
a) Bien común.
b) Continuidad.
c) Equidad Social.
d) Exigibilidad.
e) Igualdad Social.
f) Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
g) Justicia distributiva.
h) Libertad.
i) No discriminación.
j) Participación ciudadana.
k) Progresividad.
l) Respeto de la diversidad cultural.
m) Solidaridad.
n) Universalidad.
Adicionalmente, se contemplan otros principios
fundamentales para proteger a la población
salvadoreña migrante y su familia:
Protección extraterritorial: el Estado tiene la
obligación de proteger los derechos humanos
de las personas salvadoreñas en el extranjero,
independientemente de su condición migratoria.
Codesarrollo: implica una manera positiva de
vincular la migración con el desarrollo, reconociendo
a los migrantes como agentes para el mismo, en el
cual existe responsabilidad del país de origen en
la formulación de políticas; y en la búsqueda de
acuerdos con los países de destino.
1.2 Principios

2014 - 2019 15
la población en distintas áreas. Los derechos suponen
exigibilidad ante el Estado por parte de la ciudadanía,
en contraposición a los enfoques caritativos o
clientelares, y el Estado está llamado a llevar a cabo
las acciones necesarias para que ciudadanos y
ciudadanas hagan ejercicio de estos.
Este enfoque considera que el primer paso para la
garantía es reconocer que las personas son titulares
de derechos y que el Estado tiene obligaciones frente
a ellas, con lo que se cambia la lógica de los procesos
de elaboración de políticas, para que el punto de
partida sea la existencia de sujetos con derechos y no
de personas con necesidades que deben ser asistidas.
Asimismo, el Estado tiene el deber de proteger,
promover y garantizar los derechos siguiendo
obligaciones de conducta y de resultados, partiendo
siempredequelosderechoshumanossonuniversales,
inalienables, indivisibles, interdependientes y
progresivos.
1.3.2. ENFOQUE DE GÉNERO
El enfoque de género es una nueva forma de mirar la
realidad que tiene en cuenta y visualiza las causas y
las consecuencias de las desigualdades entre mujeres
y hombres, que han definido a lo largo de la historia
la discriminación de las mujeres como género y la
reproducción de las desigualdades. De esta manera,
se propone analizar la realidad de forma desagregada,
teniendo en cuenta las necesidades e intereses
específicos de mujeres y hombres, determinadas
por sus roles tradicionales de género, así como su
condición (referida al bienestar material) y posición
específica de género (alusivo a la valoración, el
reconocimiento y el acceso al poder).
El enfoque de género es también una visión crítica
sobre el funcionamiento de la organización social, y
de la interacción entre las personas y los grupos, que
propone cambios a nivel sociocultural y organizativo
(uso y distribución de espacios, reparto de tareas
y responsabilidades, entre otras), a nivel de las
relaciones (por ejemplo, uso del lenguaje, discursos,
relaciones y poder) y a nivel personal (uso del tiempo
y del dinero, gustos y aficiones, entre otros).
Decaraalaspolíticaspúblicas,esteenfoqueesunmarco
de análisis que permite evaluar tanto las necesidades e
intereses de mujeres y de hombres, como el impacto
diferenciado de las políticas en unos y otras.
1.3.3. ENFOQUE DE CICLO DE VIDA
El ciclo de vida es un enfoque para analizar y diseñar
políticas públicas que reconoce el proceso evolutivo
de las personas a lo largo de diferentes etapas de
desarrollo físico y psicosocial. Este enfoque supone
que las personas están expuestas y enfrentan distintas
necesidades y riesgos a lo largo de estas etapas —pre
y perinatal, niñez, adolescencia, juventud, adultez
y vejez— (Informe de Desarrollo Humano de El
Salvador, PNUD, 2013) y que la política pública debe
responder de forma oportuna a estas necesidades y
riesgos a fin de asegurar la plena realización de las
personas y el goce de sus derechos.
1.3.4. ENFOQUE DE TRANSNACIONALIDAD
Este enfoque busca desarrollar estrategias que
faciliten la vinculación de las personas salvadoreñas
migrantes con sus comunidades de origen y su
integración en los países de destino.

16
Capítulo 2
2 0 1 4 - 2 0 1 9

2014 - 2019 17
Diagnóstico
Gobernar en el marco del buen vivir implica un cambio de paradigma. En primer lugar, es necesario
pasar de las promesas del discurso a la acción; en segundo lugar, se debe reconocer que invertir
en la gente no es un gasto, sino una inversión; en tercer lugar, hay que institucionalizar la acción
del Estado en una política social que trascienda las acciones de una administración de gobierno
particular; y, por último, se debe pasar de un Estado caritativo a uno garante de los derechos de las
personas en todo su ciclo de vida, reconociendo sus necesidades específicas y las desigualdades
que las aquejan.
La política social es reconocida como factor intrínseco del desarrollo, ya que coloca en primer plano
a las personas, su grupo familiar y sus necesidades, y las protege frente a un cúmulo de situaciones
adversas y de exclusión que configuran escenarios de riesgo y vulnerabilidad. El cumplimiento
gradual de los derechos requiere acciones y programas que fomenten la inclusión social y la mejora
del acceso a los servicios sociales, junto con la reducción de la vulnerabilidad social, la pobreza y la
desigualdad.
Cabe destacar que, previo al año 2009, existieron algunos retrocesos en la política social. Por
ejemplo: a) en el período 1994-1999 se eliminaron el Ministerio de Planificación y el Instituto de
Vivienda Urbana; b) para el período 1999-2004 se privatizó el sistema de pensiones y se dolarizó
la economía, lo que representó un duro impacto en la capacidad adquisitiva de la población; c)
para el período 2005-2009 existió un pequeño avance de políticas subsidiarias, ya que se crearon
el Fondo Salvadoreño de Salud y la Red Solidaria, este fue el primer programa de transferencias
condicionadas.
Es hasta el período 2009-2014 que se da un salto en la política social salvadoreña, al introducir un
enfoque de derechos, y se implementó el Sistema de Protección Social Universal, la Reforma de
Salud y el Plan Social Educativo Vamos a la Escuela.
2.1 Situación actual y avances en la política social

18
CUADRO 1
Hitos que marcan el punto de partida a un nuevo enfoque
basado en derechos para la política social
Establecimiento de nuevos mecanismos redistributivos: el SPSU y la política social (2009).
La puesta en marcha de la Reforma de Salud con un enfoque preventivo, dejando atrás el enfoque curativo
y acercando la salud a la población (2010).
Construcción de un nuevo modelo educativo: escuela de tiempo pleno, educación inicial e inclusiva (2009).
Atención integral a las mujeres a través de la puesta en marcha de Ciudad Mujer e incorporación estratégica
en los diversos programas a través de acciones afirmativas (2010).
Atención integral a las mujeres a través de la puesta en marcha de Ciudad Mujer e incorporación estratégica
en los diversos programas a través de acciones afirmativas (2010).
Valorización de las personas adultas mayores, mediante el diseño y puesta en marcha del Programa Nuestros
MayoresDerechos,queincluyeuncomponentedepensiónbásicauniversalapersonasmayoresde70años(2010).
Por primera vez se brinda atención a la pobreza urbana con un programa de atención integral (2009).
Desarrollo de estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres en municipios focalizados a nivel
urbano, con especial consideración a centros escolares y gobiernos municipales (2010).
Veteranos y veteranas de guerra, víctimas de masacres y de conflicto reciben atención y una pensión básica
(2010).
Emprendimiento social como herramienta de superación y desarrollo local.
Se dan pasos concretos hacia la instalación de la medición de la pobreza multidimensional (2011).
Se dan pasos concretos para proteger los derechos de la población migrante salvadoreña, su familia y
la integración efectiva al desarrollo del país con la entrada en vigor de la Ley Especial para la Protección y
Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia (abril de 2011) y, en este marco, la instalación del
Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (octubre de 2012).
Creación del marco legal para institucionalizar la política social basada en derechos hacia el universalismo
(Ley de Desarrollo, Protección e Inclusión Social, abril de 2014).
El cambio en el enfoque de la política social y el
desarrollo del SPSU ha sido acompañado con una
inversión social sin precedentes en la historia del país,
quehaaumentadodemanerasostenidaenelperíodo
2009-2014, el gasto social del gobierno central como
porcentaje del gasto público ejecutado paso del
40.1 % en el año 2008 al 48.7 % en el 2015. Los
programas de protección social han tenido un
crecimiento exponencial, así como el Subsistema
de Protección Social, con el que se garantizan
los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas
salvadoreñas a través de intervenciones que dan
respuesta a la vulnerabilidad, exclusión y brechas de
desigualdad que han estado presentes por décadas.
Fuente: STPP

2014 - 2019 19
Gráfico 1
Inversión en Protección Social para el período 2005-2014
MILLONES DE DÓLARES
Fuente: elaboración propia STPP.
2,2
10,0
18,1
35,5
62,3
146,5 147,6
177,5 175,4 168,9
160,0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Jóvenes con todo
Un niño una
computadora
Ciudad mujer
Agricultura
familiar
Becas escolares
Alimentación
escolar
Paquete escolar
Veteranos de
guerra
PATI
PBU
Bono Salud
y EducaciónW
El Salvador ha avanzado en la disminución de la
pobreza. Se ha reducido en más de 4.6 puntos
porcentuales en el último quinquenio, ya que pasó
del 37.8 % en 2009 al 31.9 % en 2014. Sobre todo hay
avances en la disminución de la pobreza extrema,
que pasó del 12.4 % al 7.6 % en el mismo período. Así
mismo, la desigualdad se redujo significativamente,
producto del efecto redistributivo de las reformas
en el sistema tributario y los avances en la política
social: el índice de Gini muestra una baja importante,
de 0.48 en 2009 a 0.38 en 2014. Sin embargo, existen
limitaciones en el estudio de la desigualdad por
la baja representatividad de los ingresos altos y
muy altos en las encuestas. Es por tanto necesario
desarrollar instrumentos para una mejor medición de
la desigualdad. Ver gráfico 2.
2.2 Situación actual y avances en la reducción
de la pobreza y la desigualdad

20
Gráfico 2
Evolución del coeficiente de GINI en El Salvador, años 2008-2013
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
0,51
0,48
0,50
0,47
0,49 0,48 0,48
0,46
0,44
0,41
0,40
0,38
Coeficiente de GINI
Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2014.
No obstante los progresos alcanzados, al menos 3
de cada 10 hogares todavía viven en condición de
pobreza por ingresos. Las bajas tasas de crecimiento
de la economía salvadoreña y el alza internacional de
los precios de los alimentos son fuertes factores que
limitan el avance en la mejora del bienestar de las
personas.Debetomarseencuentaqueenlaactualidad
la pobreza se mide por los ingresos que tiene un
hogar: si logra cubrir la canasta básica alimentaria, está
sobre la línea de pobreza extrema; y si cubre el doble
de la canasta, supera la línea de pobreza relativa. Este
tipo de medición se ve afectada por los cambios en los
precios de los alimentos básicos, por lo que el país ha
adoptado la nueva medición multidimensional de la
pobreza, enfocada en cinco dimensiones esenciales
del bienestar: educación; condiciones de la vivienda;
trabajo y seguridad social; salud, servicios básicos
y seguridad alimentaria, y calidad del hábitat. Esta
medición complementará, y en ningún caso sustituirá,
la medición de la pobreza por ingresos.

2014 - 2019 21
Gráfico 3
Porcentaje de personas en condición de pobreza
Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2014.
38,8
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
19,2 19,1 19,1
17,1
15,2 15,7
12,5
13,0 15,4 14,8 14,1 15,5
11,8
7,1 7,6
38,5
36,7 36,1
34,5 35,0
31,3
34,5
40,0 37,8 36,5 40,5
35,4 29,6 31,9
Pobreza Pobreza Extrema
Por tanto —y más allá de los avances registrados—,
reducir la proporción de familias en pobreza extrema
y, en especial, la inseguridad alimentaria; mejorar el
desempeño en el índice de pobreza multidimensional
y continuar con el combate a la desigualdad,
constituyen desafíos que este plan recoge como
resultados a alcanzar.
Según datos de la EHPM 2014, la población en edad
de trabajar (PET) en El Salvador ascendía a 4 527 736
personas, que representaban el 71 % de la población
(EHPM, 2014). De estas, el 58.5 % son hombres y el
41.5 % mujeres. La población económicamente activa
(PEA) geográfica reporta que el área urbana participa
con un 66.3 %, mientras que la zona rural lo hace
solo en un 33.7 %. Para el año 2014 la tasa global de
participación fue de 62.8 %.
La distribución del empleo por rama de actividad
económica desde el año 2009 hasta el 2012 muestra
tendencias estables. Las ramas más importantes en
el período analizado han sido: comercio, hoteles y
2.3 Situación actual y avances en empleo decente,
autoempleo y seguridad social

22
restaurantes (con el 30.5 %); agricultura, ganadería,
caza y silvicultura (con el 17.9 %), y la industria
manufacturera (con 15.0 %). Las tres ramas principales
en conjunto representaron el 63.4 % del total de la
ocupación del país.
2.3.1. DESEMPLEO
Del total de la PEA se encuentran ocupadas 2 644 082
personas, alcanzando una tasa de desempleo de 7 %.
Esta tasa se ha mantenido en condiciones similares
en los últimos 5 años. Según la medición de pobreza
multidimensional, el porcentaje de hogares que al
menos ha tenido una persona desempleada o que
ha estado desempleada en los últimos 6 meses es
del 17.5 %, que es un dato importante para valorar la
precariedad en el empleo.
Las mayores tasas de desempleo, geográficamente se
presentan en los hombres y mujeres de la zona rural
conunpromediode7.5%.Eldesempleoenjóvenesen
el rango de 16 a 24 años, registra una tasa del 15.0 %,
mientras que en el rango de 25 a 59 años la tasa global
fue del 4.8 %. El empleo y la empleabilidad de los
jóvenes constituyen por tanto un desafío.
2.3.2. SUBEMPLEO E INFORMALIDAD
Según su condición de empleo, de cada 100 personas,
58 se encontraron plenamente ocupadas, 31 personas
subempleadas, 7 desempleadas y 4 se emplean en
servicio doméstico. El subempleo urbano es de 31.0 %,
6.1 % visibles o por insuficiencia de horas y 24.9 %
invisibles o por ingreso.
El sector informal es el segmento del mercado laboral
compuesto por asalariados y trabajadores familiares
ocupados en establecimientos de menos de cinco
trabajadores, trabajadores por cuenta propia y
patronos en empresas de menos de cinco trabajadores
en ocupaciones no profesionales, técnicos, gerenciales
o administrativos. La tasa de informalidad para el
2014 es de 47.8 %, para mujeres es de 54.7 % y para
hombres de 42.1 %. Un mayor porcentaje de mujeres
trabaja en el sector informal y en condiciones laborales
más precarias. La cobertura de seguridad en el sector
informal es de 11.25 %.
2.3.3. ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL
De acuerdo con la EHPM de 2014, el 51.43 % de la
población no estaba cubierta por la seguridad social
en salud. Únicamente lo estaba el 48.57 %; y, de este
porcentaje, 12 % era beneficiario de algún cotizante.
La cobertura de la seguridad es menor y casi nula en
los estratos más pobres. El 20 % de la población más
pobre tenía una cobertura del 0.9 %, mientras que el
20 % siguiente de apenas 3.24 %; del primer valor,
las mujeres comprendían el 20.37 %, y del segundo,
35.87 %.
El indicador de cobertura de las pensiones se refiere
al porcentaje de personas en edades de retiro que en
efecto cuentan con una pensión por vejez. En 2013,
solo un 12.97 % de las personas que cumplían con
los requisitos de edad para el retiro (55 años para las
mujeres y 60 para los hombres) poseía una pensión
contributiva para el retiro.
El caso de las mujeres es mucho más alarmante,
pues mientras los hombres poseen coberturas que
están por encima del 20 %, las mujeres escasamente
gozan de una cobertura del 8.2 %. Esta disparidad
en los niveles de cobertura entre mujeres y hombres
encontraría su principal causa en la menor conexión
de las primeras con el mercado de trabajo, lo que
constituye un reto para generar un ahorro previsional
por al menos 25 años.

2014 - 2019 23
Desde la perspectiva del buen vivir, la educación
universal, de calidad y en igualdad de condiciones
para toda la población es el corazón y el componente
central para construir el desarrollo. La educación es
una de las tres prioridades establecidas en el Plan
Quinquenal de Desarrollo 2014 2019, con la que se
aspira a construir una política pública que enfrente
la exclusión e inequidad en el acceso y calidad del
sistema educativo, y a erradicar de forma progresiva
las marcadas brechas históricas que han existido en
este sector.
Con el Plan Social Educativo Vamos a la Escuela,
el Ministerio de Educación emprendió la primera
etapa de transformación del sistema educativo hacia
la universalización. Se implementaron medidas
concretas con un enfoque de derechos en todos
los ciclos de vida de la población con el fin de que
la población estudiantil accediera al sistema. Esto
demandó una inversión social significativa que se
reflejó en resultados importantes:
a) 1.3 millones de estudiantes participan anual-
mente del Programa de Salud y Alimentación
Escolar.
b) 820 000 estudiantes reciben el Vaso de Leche
(2013) y se contrataron 2300 ganaderos para
proveer leche fresca.
c) 1.4 millones de estudiantes del sector público
reciben uniformes, zapatos y paquetes escolares,
conloquesegeneraroncercade110000empleos
–tanto directos como indirectos– en la mediana,
la pequeña y la microempresa.
d) Se dio inicio a la implementación de la Estrategia
de Educación Inclusiva de Tiempo Pleno en 1365
escuelas.
e) Sealfabetizaron120000personasy15municipios
fueron declarados libres de analfabetismo.
f) Se creó el Viceministerio de Ciencia y Tecnología,
con lo cual se está fomentando una cultura de
investigación y desarrollo científico.
g) Se creó la currícula de la educación inicial y se
inició su implementación por la vía institucional
y comunitaria.
h) Se inició la implementación del Plan Nacional de
Formación Continua para Docentes en Servicio,
que es la piedra angular de una educación
de calidad que contempla diferentes niveles,
modalidades y el desarrollo de una estrategia
de construcción de un Sistema Nacional de
Desarrollo Profesional Docente.
i) Los años promedio de escolaridad se elevaron a
6.6 en 2013, en una tendencia creciente registrada
desde el año 2009, cuando este valor era de 5.9
grados.
j) Se desarrollaron acciones de carácter
preventivo y de sensibilización en el tema de
población migrante a la comunidad educativa,
entre las que se las destacan: la flexibilización
de los procesos de matrícula de población
infantil retornada en cualquier época del año
y campañas de sensibilización para evitar la
migración.
k) El Ministerio de Educación atiende desde 2010
a salvadoreños y salvadoreñas en el exterior y
residentes con el Bachillerato Virtual.
l) Muchas de estas acciones se están potenciando
y ampliando con la construcción del Plan El
Salvador Educado.
Hace falta continuar aumentando la inversión en
educación, que hoy día en El Salvador representa el
3.46 % del PIB, un promedio sensiblemente menor
al iberoamericano, situado en 5.2 % y menor al 7 %
planteado en el Plan El Salvador Educado. La
inversión del Ministerio de Educación (MINED) es de
2.4 Situación actual y avances en educación

24
884.9 millones de dólares, equivalente a 18.91 % del
presupuesto nacional, del cual la Universidad de El
Salvador recibe el 1.37 %.
2.4.1. ESCOLARIDAD Y COBERTURA
La aspiración de corto plazo es que la población en
edad escolar complete la educación básica; es decir,
que como mínimo alcance 9º grado, lo que representa
un reto para el país. Como ya se ha mencionado, en
2013, la escolaridad promedio a nivel nacional fue de
6.6 grados. El desafío es mayor en el área rural, donde
el promedio es de 4.7 grados, cuando la del Área
Metropolitana de San Salvador (AMSS) es de es de 8.6
grados y de 7.7 grados para el resto de áreas urbanas.
Por otro lado, las tasas netas de cobertura por nivel
educativo son bastante desiguales. Las fortalezas
del sistema educativo se encuentran en el nivel
de educación básica, donde se alcanzan tasas de
cobertura cercanas al 90 %; y una cobertura deficiente
en los niveles de educación inicial (1.2 %), educación
media (37.6 %) y parvularia (56.4 %). Las principales
caídas de las tasas netas de cobertura se presentan en
las transiciones de niveles, especialmente cuando se
pasa de 6º a 7º grado o de 9º grado a bachillerato.
La cobertura educativa continúa siendo un reto.
Se reportan 36 municipios sin ningún centro que
imparta bachillerato general y 18 sin ningún tipo
de bachillerato (MINED, 2013).3
Existen un total de
465 centros educativos unidocentes y 806 escuelas
bidocentes. Además, hay 1633 escuelas que cuentan
con una planta de 3 a 5 docentes, lo cual se traduce en
profundas limitaciones para la población estudiantil
de los centros educativos.4
Entre las principales causas de la deserción para el
año 2012, se encuentra que los padres no quieren que
los estudiantes ni las estudiantes asistan a la escuela
debido a que deben participar en el trabajo y en las
tareas del hogar (34.32 %), seguido de dificultades
económicas (9.48 %) y delincuencia (8.94 %) (MINED,
2013).5
2.4.2. PRIMERA INFANCIA, UNA INVERSIÓN
PARA EL FUTURO
Una apuesta estratégica para este quinquenio es
fortalecer la atención integral e integrada para el
desarrollo de la primera infancia. A través de las
intervenciones coordinadas de las instituciones
garantes se busca brindar la atención de manera más
efectiva y oportuna, ya que es en esta etapa, donde
se constituyen las bases para el desarrollo cognitivo,
emocionalysocialdelserhumano.Enlosúltimosaños,
el país ha desarrollado un fuerte trabajo en función de
la garantía de derechos de la primera infancia. Tanto
las instituciones públicas, organizaciones nacionales
e internacionales, así como las municipalidades y las
familias han formado parte de este esfuerzo, que debe
consolidarse en el quinquenio actual.
2.4.3. EN RUTA HACIA LA ERRADICACIÓN DEL
ANALFABETISMO
Se ha avanzado sustantivamente en la disminución
de las tasas de analfabetismo. En los últimos cinco
años, se han alfabetizado aproximadamente a 120,000
personas de 10 años y más, cumpliendo con uno de los
aspectos fundamentales del derecho de las personas a
la educación.
3 Cifras actualizadas de la educación de El Salvador.
4 Censo Escolar 2014 (MINED, Gerencia de Estadísticas Educativas).
5 Datos calculados con base en método intraanual dentro del Censo Escolar.

2014 - 2019 25
6 La tasa de analfabetismo es calculada con la población de 10 años y más de edad que no posee las habilidades para leer y escribir con comprensión
una frase simple y corta. Información trabajada con base en Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2013.
7 Tomado de presentación de resultados PAES, noviembre de 2014.
Gráfico 4
Tasa de analfabetismo en población de más de 10 años
0,1655009
0,166301
0,1589714
0,1548863
0,1485175
0,1459785
0,1390339
0,141213
0,139672
0,1366593
0,1274667
0,124357
0,1175189
0,109
0,108
0,105416069
0,101557908
0,097315889
0,093036358
0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1
0,12
0,14
0,16
0,18
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A pesar de los esfuerzos, hasta el momento la tasa de
analfabetismo es de 11.8 % a nivel nacional6
; de este
porcentaje,el62%sonmujeresyel38%hombres.Esto,
además de limitar el pleno desarrollo de las personas
y su participación en la sociedad, tiene repercusiones
durante todo su ciclo vital, ya que afecta el entorno
familiar y restringe el goce pleno de sus derechos. Por
tanto, es un reto mejorar el acceso considerando las
determinantes sociales, geográficas y de género.
2.4.4. APUESTA POR LA CALIDAD
Uno de los grandes retos es recuperar la calidad
del sistema educativo, ya que para el 2014 la nota
promedio de la PAES a nivel nacional fue de 5.2 en
una escala de 0 a 107
y solo el 19 % de los estudiantes
obtuvo resultados por encima de 7. Para ello, mejorar
la formación de la planta docente es fundamental.
Actualmente, el 15 % del personal docente no tiene
o no ha completado una formación superior, y la
nota promedio en la Evaluación de Competencia
Académicas y Pedagógicas (ECAP, 2014) para recién
egresados de pedagogía es de 5.5 a nivel nacional. De
igual forma, 30 % de la planta docente que trabaja en
escuelasqueposeencomputadorasnosabenutilizarla
y 48 % trabaja en escuelas donde esta herramienta no
existe. Además, en los últimos años no han variado los
programas de estudio.
El mejoramiento de la calidad educativa debe
considerar la incorporación transversal del enfoque de
género en todos los niveles y disciplinas académicas
como instrumento fundamental para la erradicación
de la discriminación contra las mujeres, la prevención

26
de la violencia basada en género, la prevención de
los embarazos en adolescentes y el desarrollo de
relaciones de convivencia armoniosa en la comunidad
educativa.
2.4.5. MODERNIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
A pesar de los avances en los últimos años,
todavía persiste un déficit en la cantidad, calidad y
mantenimiento de la infraestructura existente. El 50 %
de las escuelas tiene más de 60 años y no recibe
mantenimiento y, debido a la alta migración, se ha
desequilibrado la distribución territorial de cupos
escolares. Por su parte, el MINED ha hecho esfuerzos
para legalizar los centros educativos que no son de
su propiedad (15 % del total), a fin de que se faciliten
las acciones de mantenimiento y mejora de la
infraestructura. Cabe resaltar que durante esta gestión
se creó la Política de Infraestructura Educativa, con la
cual se espera normar la intervención en los centros
escolares.
2.4.6. TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA PARA LA
EMPLEABILIDAD
Existe un reto importante para el país de vincular el
sistema educativo con los mercados laborales. En este
sentido, uno de los problemas es la poca formación
de profesionales en educación técnica superior y
universitaria. En 2012, la tasa bruta de cobertura en el
nivel superior fue de 27.13 % y la tasa neta de cobertura
de 13.16 %. La matrícula en el área técnica fue de 25 274
estudiantes, a nivel universitario de 139 762 y a nivel
de posgrado de 4824. Adicionalmente, menos de 2 %
del presupuesto total de las universidades (públicas y
privadas) es asignado a investigaciones, lo que limita la
acumulacióndeconocimientoseinnovaciónnecesarios
para que la educación apoye la productividad y los
mercados laborales (GOES, 2015). Se espera que a
partir del impulso del programa estratégico de empleo
y empleabilidad juvenil, la educación técnica, las
modalidades flexibles y la formación de habilidades
para la vida sean apuntaladas y mejoradas.
2.5 Situación actual y avances en salud
En 2009 se inició la Reforma de Salud, con la cual
se sentaron las bases de un sistema integrado,
universal, gratuito, equitativo, solidario, participativo
e intersectorial. La aplicación de estos principios ha
elevado la calidad del sistema y ha mejorado el acceso
de la población a la salud, y cuenta con un enfoque
territorial.
En el marco del avance hacia la cobertura universal, se
creó el Sistema Nacional de Salud (SNS), que registra
avances importantes en el acceso a servicios de salud
con equidad; mejoramiento de la infraestructura
sanitaria a todo nivel, con especial énfasis en el primer
nivel de atención; aumento, distribución y formación
de recursos humanos; incremento del financiamiento
en salud, y elaboración e implementación de políticas
y normativas de salud, entre las que se destaca la Ley
de Medicamentos.
Entre los avances conseguidos se pueden
mencionar:
• En el 2009 se eliminó el pago de cuota voluntaria, lo
que incrementó el acceso de la población a la salud.
• Se reorganizó la red de servicios para acercar
la salud a los territorios: se duplicó la cobertura
con la instalación de Unidades Comunitarias
de Salud Familiar y con la apertura de 517
Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) Familiar y
Especializados en 164 municipios, donde se han
atendido 1.8 millones de personas.

2014 - 2019 27
• SeconsiguiólaaprobacióndelaLeydeMedicamentos
y se creó la Dirección Nacional de Medicamentos,
con lo que se logró que El Salvador dejara de ser uno
delospaísesconlasmedicinasmáscarasdelmundo,
ya que se redujeron en 25 % los precios finales al
consumidor.
• Se amplió la cobertura de vacunación y se completó
el esquema básico de vacunas en 94.6 % de niños y
niñas.
• SefundóelInstitutoNacionaldeSaludenElSalvador,
dedicado a la investigación especializada, sobre
todo a las causas y tratamientos de enfermedades
crónicas, como los padecimientos renales.
• Sedisminuyóelíndicedeletalidadpordenguehasta
llegar a ser el país de América Latina con menos
letalidad por dicha enfermedad.
• Desde 2013 se han brindado atenciones especiales
a las personas salvadoreñas retornadas que son
recibidas tanto por vía terrestre como aérea, entre
las que destacan: consultas médicas, referencias a
personas retornadas, aplicación de vacunas y charlas
preventivas.
No obstante, aún existen importantes desafíos en
el sector, en especial en lo referido a aumentar la
cobertura de los servicios; la calidad y calidez de la
atención; a garantizar la seguridad alimentaria y la
nutrición de la población, y a desarrollar medidas que
permitan un abordaje más efectivo del embarazo
en adolescentes, que configura una situación de
vulnerabilidad específica para las mujeres jóvenes y
sus hijos. En efecto, en El Salvador la primera causa
de mortalidad infantil es el nacimiento prematuro y el
factor de riesgo más importante para la prematurez es
que la madre sea adolescente. A su vez el embarazo
en la adolescencia incide de forma negativa en otros
resultados prioritarios de este plan: mortalidad
materna, años de escolaridad de la población, pobreza
extrema, desarrollo humano, igualdad de género,
incremento de la población en edad de trabajar
incorporada a la población económicamente activa y
desempleo juvenil.
En materia de institucionalidad y gobernanza del
sistema público de salud, es necesario avanzar en la
reforma de leyes para superar la segmentación del
sistema, la fragmentación de las redes de atención
y la subfinanciación pública del SNS, que generan
inequidades en el acceso a este derecho. También
debe fortalecerse el Sistema Único de Información en
Salud y promoverse la participación activa del Foro
Nacional de Salud en las políticas públicas del sector,
ya que esto es fundamental para aumentar la calidad
de los servicios y su eficacia.
A continuación se presenta información para
caracterizar los principales desafíos que abordará el
presente plan para lograr mejoras en la vida saludable
y el bienestar de las personas.
2.5.1. COBERTURA DE ATENCIÓN EN SALUD
De acuerdo con la EHPM de 2014, el 43.1 % de la
población que enfermó no hizo uso del sistema de
salud. De la población que sí hizo uso (57 %), el 62 %
acudió a las diferentes dependencias del Ministerio
de Salud (MINSAL), el 17.1 % al Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS), el 15.8 % al sector privado
y el 5 % a otros establecimientos. En cuanto a la
población trabajadora, solamente el 48.6 % goza de
seguridad social, por tanto, existe un alto porcentaje
de trabajadores históricamente excluidos de este
beneficio.
Elgastopúblicoensaludenel2013fuede4.6%delPIB,
por debajo del promedio regional. El MINSAL recibió el
2.5 % del PIB a pesar de que cubre la atención del 75 %
de la población. Estos datos reflejan el insuficiente
financiamiento, la fragmentación y la inequidad del
sistema de salud.

28
2.5.2. APUESTA POR LA CALIDAD Y CALIDEZ
En cuanto a la percepción de la calidad de los servicios
de salud por parte de la población, diversos informes
del MINSAL señalan que existe un alto nivel de
reclamos y denuncias. Entre las principales denuncias
están: maltrato, falta de medicamentos y largas listas
de espera para cirugías y consultas de especialidad.
Además, el marco normativo para la igualdad
sustantiva y el derecho a las mujeres a una vida libre
de violencia insta al MINSAL a mejorar los servicios
brindando atención especializada a mujeres que
enfrentan violencia, así como a desarrollar una mayor
cobertura en materia de servicios de salud sexual y
reproductiva.
2.5.3. NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
La prevalencia del retardo en talla (talla/edad) ha sido
de 13.6 % en menores de 5 años, según la Encuesta
Nacional en Salud (ENS-MICS [Indicadores Múltiples
por Conglomerados]) 2014. La edad en que se
presenta el mayor porcentaje de desnutrición crónica
es en los niños y niñas alrededor de los 2 años, lo que
es una manifestación clara de un proceso de deterioro
en los primeros años de vida que no se recupera y es
acumulativo, por lo que sus efectos se mantienen el
resto de la vida. El 6.4 % de los niños y niñas menores
de 5 años presentaban sobrepeso. Es importante
resaltar que la desnutrición aguda (el bajo peso para la
talla) pasó de 1 % en el 2008 a 2.1 % en el 2014, lo cual
es una señal de alerta para replantear las acciones de
salud y el análisis de la disponibilidad de alimentos en
grupos de alta vulnerabilidad.
Se estima que las pérdidas de productividad derivadas
de la malnutrición en la primera infancia, superan el
10 % de los ingresos que una persona obtendría a lo
largo de su vida. Según un estudio de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y
el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en el 2005
El Salvador perdió el 7.4 % del PIB (1175 millones
de dólares) en costos debidos a la desnutrición. En
este estudio se evidenció también que el 7.6 % de la
repitencia escolar se debe a la desnutrición (CEPAL,
2006).
2.6 Situación actual y avances en vivienda y hábitat
El hábitat que forma la vivienda y su entorno
inmediato es el primer espacio en que una persona se
desarrolla y, por ende, debería de brindar seguridad
y bienestar. Desde la perspectiva del buen vivir,
la vivienda debe ser un ámbito en el que se tejen
relaciones enriquecedoras para el ser humano, por
lo tanto, requiere armonía con el ambiente y debe
contar con espacios públicos para que las relaciones
comunitarias se fortalezcan y contribuyan a la solidez
del tejido social (GOES, 2015).
Uno de los principales avances en el sector vivienda
es el cambio de enfoque, ya que se trabaja desde la
perspectiva de mejora del hábitat y no solo la vivienda,
para lo cual se ha construido la Política Nacional de
Vivienda y Hábitat, aprobada en 2015.
Algunos avances:
• En torno al derecho al agua, se amplió la cobertura
de los hogares urbanos que contaban con servicio de
agua por cañería, con lo que se incrementó el número
de hogares con acceso a servicio en 6.7 % en (2013).
• 545 300 personas cuentan con nuevos servicios de
agua potable (2013).
• 237 000 personas cuentan con nuevos servicios de
alcantarillado (2013).

2014 - 2019 29
• Se amplió la cobertura de hogares con servicio de
electrificación en 17.6 % en el año (2013).
• Se han rehabilitado asentamientos urbanos y se
implementó el programa de mitigación en sectores
de alta vulnerabilidad ambiental.
• 4864 familias se han beneficiado con piso mejorado.
• 7498 familias beneficiadas con Mejoramiento
Integral de Asentamientos Urbanos Precarios
(AUP).
No obstante los avances, la disminución del déficit
cualitativo y cuantitativo así como la ampliación de la
cobertura de servicios básicos en los hogares siguen
constituyendo desafíos centrales para la política
pública, y en especial para los resultados que se
esperan de este plan.
2.6.1. DÉFICIT CUALITATIVO Y CUANTITATIVO
DE VIVIENDA
La cantidad de hogares a nivel nacional asciende a
1 667 556. De estos, el 62.2 % está concentrado en el
área urbana y el restante 37.8 % se encuentra en la
zona rural. Existe una marcada diferencia de materiales
de construcción, dependiendo la zona geográfica del
país. Por ejemplo: los hogares con paredes de concreto
mixtoeneláreaurbanarepresentanel84.2%,mientras
que en el área rural el 50.7 % (EHPM, 2013).
Estadesigualdadsocialsefocalizapredominantemente
en las zonas rurales y asentamientos urbanos
precarios y se evidencia sobre todo a través del
deficiente o inexistente acceso a diversos servicios
públicos, recursos e instituciones claves para que
todas las personas puedan desenvolverse de manera
satisfactoria en sociedad (MINEC-FLACSO, PNUD,
2010).
De acuerdo con el Perfil del Sector Vivienda de El
Salvador (ONU Hábitat, 2013), las necesidades de
construcción de viviendas (crecimiento vegetativo
de 2.07 % por año) para el período 2008-2020
ascenderían a 473 141 unidades habitacionales. Si
a esto se adiciona el déficit cuantitativo estimado
para el 2008 en 44 383, el resultado implicaría la
construcción de 517 524 nuevas unidades (una
ejecuciónpromediode39810viviendasporaño);esto
sin tomar en cuenta la reposición o reconstrucción de
viviendas afectadas por algún fenómeno o catástrofe
natural.
Por otro lado, existen viviendas que poseen carencias
cualitativasimportantesquelimitansudesarrollo.Enel
cuadro 2, se muestra la distribución de los hogares que
presentan alguna carencia habitacional (incluyendo
servicios básicos). La cifra de 350 364 representa los
hogares que tienen al menos una carencia.
CUADRO 2
Distribución de hogares que presentan alguna carencia habitacional
Carencias
Urbanos Rurales Total
Número % Número % Número %
Paredes 7 680 3.4 % 13 087 10.6 % 20 767 5.9 %
Techo 7 829 3.5 % 6 562 5.3 % 14 391 4.1 %
Piso 211 018 93.2 % 104 188 84.1 % 315 206 90.0 %
Total 2008 226 527 100 % 123 837 100 % 350 364 100 %
Fuente: perfil del Sector Vivienda de El Salvador (ONU Hábitat, 2013), con base en EHPM.

30
2.6.2. ESTADO DEL HÁBITAT
Lainfraestructuraylosserviciosbásicoscontribuyende
manera significativa y simultánea con otros elementos
en el funcionamiento integral de la vivienda adecuada.
Existeunacarenciaydeficienciadelaofertadealgunos
servicios, en especial de agua potable, obras sanitarias,
recolección de desechos, equipamiento y servicios
de educación, salud y transporte; así como limitados
e insuficientes espacios públicos seguros para la
convivencia y el esparcimiento, lo que imposibilita el
desarrollo de los asentamientos y condiciona el déficit
cualitativo. De esta manera, la visión integradora y
holística de la infraestructura y los asentamientos se
ve determinada por estas insuficiencias.
A continuación, en el cuadro 3, se muestran datos de
cobertura de los principales servicios básicos.
CUADRO 3
Datos de cobertura de los principales servicios básicos
Servicio básico Nacional Urbana Rural
Acceso a agua por cañería (incluye cañería dentro y fuera de la
vivienda, cañería del vecino, pila, chorro público o cantarera, chorro
común y acarreo cañería del vecino).
86.4 % 94.1 % 72.5 %
Tenencia de agua por cañería. 76.8 % 86.2 % 59.6 %
Hogares que no disponen de ningún tipo de servicio sanitario a nivel
nacional.
6.8 % 2.7 % 14.3 %
Hogares con acceso a electricidad. 95.1 % 97.8 % 90.3 %
Hogares con tenencia de electricidad. 84.0 % 89.8 % 73.2 %
Hogares con servicio para disponer de la basura. 51.3 % 74.6 % 8.6 %
Fuente: EHPM, 2014.
2.6.3. ACCESO A VIVIENDA
El financiamiento representa un eslabón
importante dentro de una política de vivienda
sostenible. En el país se cuenta con una amplia
gama de instituciones financieras que atienden el
sector vivienda en las diferentes modalidades de
crédito (adquisición, ampliación y mejora), y con
instituciones gubernamentales y organizaciones
no gubernamentales que le prestan atención. Sin
embargo, existe la necesidad de la generación y
articulación de programas de apoyo sostenibles (por
ejemplo, los subsidios, los fondos de ahorro, entre
otros) que puedan contribuir en gran medida a brindar
igualdad de oportunidades.
Otro desafío es la dificultad para consolidar una
política y un marco institucional que conlleven a
la constitución de un sistema nacional de vivienda
integrado.Cabedestacarquesehadetectadounaclara
dispersión institucional que responde a una compleja
redderelacionesinstitucionalesyaunmarcojurídicoy
reglamentario múltiple y segmentado. Esto dificulta la
intervención acertada en el desarrollo de una política
habitacional.
Además de la atención a las problemáticas del hábitat
y la vivienda, la temática ambiental también debe
incluirse como un factor esencial para el desarrollo.
En tal sentido, el apoyo al avance de la Ley de Agua,

2014 - 2019 31
la protección de los recursos naturales y la adopción
de medidas que permitan la preservación y el cuido
del ambiente deben considerarse en el diseño de las
políticas y programas del sector.
2.7 Situación actual y avances en cultura
De conformidad con los artículos 1 y 53 de la
Constitución Política, El Salvador reconoce a la
persona humana como el origen y el fin de la actividad
del Estado, que está organizado para la consecución
de la justicia, de la seguridad jurídica y el bien común,
siendo obligación del mismo asegurar a los habitantes
de la República el goce de la cultura; así como, que el
derecho a la educación y a la cultura es inherente a
la persona humana, en consecuencia es obligación
y finalidad primordial del Estado su conservación,
fomento y difusión.
Para cumplir con este mandato el 11 de agosto del
2016, se aprobó la Ley de Cultura de El Salvador, con
esta esta Ley el país contará con un régimen jurídico
para desarrollar, proteger y promover la cultura, así
como los principios, definiciones, institucionalidad y
marco legal que fundamentará la política estatal en
dicha materia.
Aún con estos instrumentos el país tiene retos
importantes que superar, ya que prevalece en
la sociedad una visión monocultural, que ha
invisibilizando la diversidad de visiones históricas. Lo
anterior se ve reforzado por una limitada vinculación
entre sistema educativo y cultura, que impide un
abordaje multicultural de la educación formal que
reconozca, por ejemplo, la riqueza cultural autóctona
y los saberes ancestrales—; por políticas y prácticas
culturales con sesgos sexistas, racistas y colonialistas
que no garantizan el ejercicio de derechos y el acceso
de las poblaciones prioritarias a los espacios y servicios
culturales, y por el poco reconocimiento y rescate de
la memoria histórica como parte fundamental de la
cultura.
Existe amplia evidencia sobre el desigual acceso a
bienes y servicios culturales. El acceso a la cultura y las
artes es desigual tanto a nivel territorial como a nivel
social (Knut, 2014). Estudios previos confirmaban ya la
tendencia a la alta concentración de bienes y servicios
culturalesenelterritorio(PNUD,2009)yseñalabanque
los municipios de San Salvador, Soyapango, Antiguo
Cuscatlán, San Miguel y Santa Ana conjuntamente,
generaron en el año 2005 el 90 % del valor agregado y
el 68 % de empleo cultural.
Como resultado de estos desequilibrios, se generan
círculos viciosos que redundan en el desconocimiento,
por gran parte de la población, de la importancia de
las diversas expresiones culturales, del patrimonio
nacional(tangibleeintangible)ydelariquezahistórica
del país, lo cual contribuye a reforzar la fragmentación
de las identidades salvadoreñas. El Plan Social retoma
el desafío de aprovechar el potencial de las políticas
culturales para fomentar la convivencia y la paz.

32
2.8 Situación actual y avances en el ejercicio de la ciudadanía
Tanto desde el enfoque de derechos que promueve la
Ley de Desarrollo y Protección Social como desde la
visión del buen vivir, el pleno ejercicio de la ciudadanía
es fundamental. Esto implica reconocer el derecho
que tienen las personas y también las comunidades
de ser sujetas de su propio desarrollo, participando y
decidiendo sobre este.
Para que esto sea posible, el Estado debe asumir
la responsabilidad de garantizar dicho ejercicio de
derechos, abriendo más oportunidades, cerrando
brechas y promoviendo la participación de los
ciudadanos y las ciudadanas en la vida nacional, y en
específico en todo el ciclo de las políticas públicas que
les afecten.
En el marco de este plan, garantizar medidas que
fomenten el pleno ejercicio de la ciudadanía para las
poblaciones prioritarias es fundamental, y la política
social prestará especial atención para considerarlas
y visibilizarlas en el marco de los resultados que este
Plan propone.

2014 - 2019 33
Capítulo 3
2 0 1 4 - 2 0 1 9

34
Poblaciones prioritarias
E
n el ejercicio de aportar al cierre de brechas, se vuelve necesario identificar poblaciones
prioritarias que requieren apoyos especiales para mejorar sus oportunidades de acceso y
disfrute de los derechos fundamentales. Serán poblaciones prioritarias para la implementación
de este Plan:
Primera infancia,
niñez y adolescencia
Pueblos
indígenas
Personas con
discapacidadesMujeres
Juventudes
Personas
adultas mayores
Personas salvadoreñas
migrantes y sus familias
A continuación se describe la situación de algunas de estas poblaciones para avanzar en la
construcción de una sociedad más equitativa, incluyente, segura y solidaria. Más allá de las
características específicas de cada una, es necesario aprovechar el período de implementación del
Plan Social para capacitarlas en materia de derechos humanos, desarrollando el tejido asociativo
para fortalecerlas en su capacidad de articular sus demandas.

2014 - 2019 35
3.1 Primera infancia, niñez y adolescencia
Colocar la primera infancia con una visión de
desarrollo significa potenciar y fortalecer las cuatro
dimensiones del desarrollo en el ser humano, a saber:
el desarrollo físico, social, emocional e intelectual.
Para hacerlo es necesario que el Estado, la familia
y la sociedad provean de servicios y programas de
carácter integral.
En los últimos años, el país ha impulsado un fuerte
trabajo en función de la garantía de derechos de
la primera infancia. Ello se ha logrado gracias al
trabajo articulado y coordinado que se ha tenido
con todas aquellas instituciones que llevan a cabo
intervenciones en la primera infancia. Tanto las
instituciones públicas, las organizaciones nacionales
e internacionales, así como las municipalidades y las
familias han formado parte de este esfuerzo.
Se cuenta con un marco legal de respaldo como la
Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia
(LEPINA), aprobada en 2011; la Política Nacional de
Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia,
aprobada en 2012; la Ley de Promoción, Protección y
Apoyo a la Lactancia Materna, aprobada en 2013, y
por último, la aprobación en abril de 2014 de la Ley de
Desarrollo y Protección Social.
Cabe recordar que:
• En El Salvador viven 942 635 niños y niñas entre los
0 y 8 años.
• La población total de niñas, niños y adolescentes
son 2 244 369 aproximadamente y constituyen
cerca del 42 % de la población total del país.
• 41.9 % de la población en situación de pobreza
cuenta con niñas, niños y adolescentes (NNA) en
sus hogares.
• 53.5 % de la población en situación de pobreza
con NNA en sus hogares no recibe ningún tipo de
protección social.
• El 87 % de NNA no tienen seguro médico.
• La mortalidad de menores de 5 años es de 14.3 por
cada 1000 nacidos vivos.
• Los diagnósticos más frecuentes son: niños y niñas
prematuras, sepsis y malformaciones congénitas,
neumonía y diarrea.
• 3 % de cobertura en educación inicial.
3.2 Juventudes
Dado que una tercera parte de la población del país
es joven —1.79 millones de personas— se requiere
una mayor atención a este grupo poblacional, puesto
que este es el que dará sostenibilidad al desarrollo
económico nacional, y además porque requiere y
requeriráunamayorcantidaddeservicioseducativos,
formación profesional y empleos para lograr
insertarse al mercado de trabajo con condiciones
laborales dignas, ya sea a través de un trabajo formal
o el autoempleo (Organización Internacional del
Trabajo [OIT], 2012; EHPM, 2013).
Las personas jóvenes en edad de trabajar representan
paraelaño2013el28.4%,yconstituyenenelmercado
laboral el 53.4 % de la PEA, y la tasa de desempleo
juvenil nacional es de 10.3 % (EHPM, 2013).

36
También cabe resaltar que:
• 1 de cada 4 adolescentes es madre antes de los 18
años.
• El 58 % de las personas jóvenes que buscan empleo
no lo encuentra.
• El 30 % de las personas jóvenes no estudia ni trabaja
• Las personas jóvenes constituyen el mayor
porcentaje de migrantes.
• Un total de 194 649 jóvenes se reportan como jefes
de hogar, y representan un 12.0 % del total de jefes
de hogar. Además, un 22.4 % de las personas de 15
a 29 años se encuentran casadas o acompañadas.
• En el 2013 se registraron 1259 homicidios de
jóvenes que al ser desagregados por sexo,
evidencian una clara diferencia: hombres con 1168
(92.8 %) y mujeres con 91 (7.2 %).
3.3 Pueblos indígenas
El Salvador cuenta con normas nacionales e
instrumentos internacionales que establecen la
relación de los pueblos indígenas con el Estado. La
Constitución política de El Salvador contiene normas
que implícitamente hacen referencia a los pueblos
indígenas desde el enfoque de la igualdad de todas
las personas ante la ley, la preservación de los idiomas
propios, la tutela en las relaciones laborales y la
preservación de los sitios arqueológicos como parte
del acervo cultural de la nación.
Los pueblos indígenas, sus tradiciones y sus
contribucioneshansidohistóricamenteinvisibilizadas
o desvalorizadas. Solo hasta recientemente se ha
expresado formalmente su reconocimiento desde
las políticas públicas, con la ratificación en 2014
de la reforma del artículo 63 de la Constitución
de la República (aprobada en 2012) que agrega el
inciso siguiente: “El Salvador reconoce a los Pueblos
Indígenas y adoptará políticas a fin de mantener y
desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión,
valores y espiritualidad”. Sin embargo, aún sigue
pendiente la ratificación del Convenio 169 de la OIT.
Las comunidades indígenas del país continúan
reclamando del Estado el reconocimiento de sus
derechos colectivos y la puesta en marcha de
políticas y planes a favor de ellas. Si bien es cierto se
han realizado esfuerzos con relación al derecho a la
justicia, todavía no se tienen denuncias tramitadas ni
casos resueltos bajo la especificidad indígena, sino
únicamente comunicados de prensa que han puesto
de manifiesto la existencia de los pueblos indígenas
en el contexto nacional.
3.4 Mujeres y equidad de género
Las mujeres constituyen un grupo excluido
históricamente de las políticas públicas. A pesar de
que en los últimos años se han realizado acciones
en favor de sus derechos, todavía es necesario otras
para lograr una sociedad igualitaria y equitativa entre
hombres y mujeres de todas las edades y sectores.
Si bien se han registrado importantes avances en la
garantía de derechos para las mujeres, a través de la
aprobación de la Ley Especial Integral para una Vida
Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad,
Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las
Mujeres; del desarrollo de una estrategia de atención

2014 - 2019 37
integral para las mujeres, articulada en el Programa
Ciudad Mujer, que cuenta al día de hoy con 6 sedes que
ya han atendido a más de 1 055 922 usuarias por medio
de más de 2 919 128 servicios; aún es mucho lo que
falta avanzar en una sociedad donde la violencia hacia
las mujeres se ejerce de múltiples y complejas formas.
Mientras que el salario promedio que los hombres
perciben es de 347.62 dólares, el de las mujeres es
de 318.47 dólares. Para agravar estos problemas, los
casos de violencia intrafamiliar han ido al alza. De 682
casos en el año 2010 se pasó a 1478 casos en el año
2012 (MINSAL). De acuerdo con datos del Instituto de
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la tasa nacional de
muertes violentas de mujeres para 2011 se calculó
en 21 por cada 100 mil mujeres. El Salvador tiene
la tasa de feminicidios más alta en el mundo (129.5
asesinatos por millón); las mujeres son las principales
víctimas de agresiones sexuales (89.9 % del total de la
población víctima).
3.5 Personas con discapacidad
En El Salvador, las personas con discapacidad se han
enfrentado históricamente a situaciones y actos de
exclusión y discriminación por parte de la sociedad,
lo cual ha limitado el goce pleno y oportuno de sus
derechos y libertades fundamentales.
Según el Censo Nacional de Población yVivienda 2007
(DIGESTYC), la población con discapacidad representa
el 4.1 % de la población salvadoreña: el 53 % son
hombres y el 47 % mujeres; el 61 % vive en el área
urbana y el 39 % en el área rural. Para el mes de julio
de2013,elRegistroNacionaldelasPersonasNaturales
(RNPN) identificó a 227 158 personas mayores de 18
años con alguna discapacidad, que han obtenido su
Documento Único de Identidad (DUI).
La Agenda Post 2015 (ONU) identifica que existen
esfuerzos a nivel nacional y local de empoderamiento
de la persona con discapacidad, y de mejora de su
participación en políticas, esfuerzos que deben ser
apoyados y reforzados.
3.6 Personas adultas mayores
La EHPM 2013 reporta que la población de 60
años y más, que es considerada como el grupo de
personas adultas mayores, representa el 11.0 % de la
población total que es de 6 290 420. Se estima que
apenas el 15 % de la población adulta mayor tiene a
acceso a alguna pensión en El Salvador, en contraste
con el 63.5 % promedio de América Latina (EHPM,
2013).
Del total de hombres adultos mayores, el 48.4 % se
encuentra ocupado, mientras que en el caso de las
mujeres solo el 18.3 % está ocupada en actividades
económicas, y el resto en trabajo doméstico no
remunerado. El rubro de actividad económica
mayormente desarrollada por los hombres adultos
mayores es la agricultura, mientras que para las
mujeres adultas mayores son: comercio, hotelería

38
y gastronomía. Lo anterior resalta que los roles
tradicionales de género se siguen manifestando en
este segmento de la población.
Hasta 2009 las personas adultas mayores contaban
con pensión si habían laborado durante su vida en
trabajos formalmente remunerados y por ende tenían
derecho a atención en el Seguro Social. Para el caso
del Sistema de Pensiones Público (SPP), durante el
período 2011-2012, el total de personas afiliadas fue
de 154,358, de las que el 34.9 % fueron mujeres y el
65.1 % hombres (ISDEMU, 2013).
Paramejorarlascondicionesdevidadebuenapartede
las poblaciones prioritarias, es fundamental desarrollar
una política de cuidados, por el momento inexistente
en el país y que constituye una contribución necesaria
para el desarrollo social y económico, para el ejercicio
pleno de derechos de ciudadanas y ciudadanos que
tienen alguna condición de dependencia, y para el
reconocimiento del trabajo que realizan las personas
cuidadoras.
ElSalvadorestádandolosprimerospasosparaconstruir
la Política de Cuidados para El Salvador, que permitirá
desarrollar acciones que garanticen el derecho de las
personas a ser cuidadas y de las personas cuidadoras,
generando mecanismos para disminuir las brechas de
desigualdad existentes al asignar esta responsabilidad
de manera exclusiva a las mujeres.
3.7 Personas salvadoreñas migrantes y sus familias
Según diferentes estudios sobre la migración
salvadoreña, entre el 25 % y el 30 % de la población
ha emigrado. Para 2015 se calculaba que alrededor de
3 009 1608
salvadoreñas y salvadoreños se encuentran
en el exterior (RREE, y 2011). El principal destino
(denominado como “natural”) son los Estados Unidos
de América y el segundo en importancia es Canadá,
(120 000 personas). Luego siguen Belice, con un
aproximado de 50 000 personas salvadoreñas; Italia,
especialmente en Milán se calculan 40 000 personas
salvadoreñas,delascuales30000sonmujeres.Además
se reportan importantes comunidades salvadoreñas
en Guatemala, Madrid, Barcelona, Suecia y Australia.
Las migraciones conllevan importantes costos para
una estrategia de desarrollo de largo plazo. En El
Salvador, una gran proporción de la población más
joven en edad productiva y con formación académica
se encuentra fuera del país. Según datos del Censo
Matricular del Ministerio de Educación, el índice de
deserción estudiantil en el año 2013 fue de 6.1 % en
educación básica y 7.5 % en educación media; entre
losdiversosmotivoslamigraciónocupaunporcentaje
de 6.2 %, que equivale a 1486 estudiantes.
En el año 2014, la deserción por motivos de migración
se duplicó al 13.3 %, que corresponde a 16 759 de la
población estudiantil. Estos porcentajes se relacionan
con datos de niños, niñas y adolescentes retornados
hasta septiembre 2014, período de la emergencia por
niñez y adolescencia migrando de forma irregular
hacia los Estados Unidos.
En cuanto a deportaciones, en 2015 Estados
Unidos deportó un aproximado de 235 413 personas,
principalmente a México y a los países del
Triángulo Norte. Para El Salvador, la deportación de
connacionales se convierte en uno de los principales
desafíos. A continuación el cuadro 4 refleja el
comportamiento entre 2010 y 2015.
8 Estudio de Factibilidad para la implementación delVoto de los Salvadoreños en el Exterior, con base en las cifras de las concentraciones de salvadoreños
por jurisdicción consular y en el Mapa de las Migraciones Salvadoreñas de 2011, proporcionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

2014 - 2019 39
CUADRO 4
Flujo de repatriaciones
Repatriaciones 2013 2014 2015
Aérea desde
Estados Unidos
M F Total M F Total M F Total
Adultos 19 581 1970 21 551 23 283 4808 28 091 16 456 3458 19 914
NNA 326 844 1093 783 1876
Total 21 877 28 935 17 549 4241 21 790
Terrestres
desde México
M F Total M F Total M F Total
Adultos 10 424 2315 12 739 13 845 4372 18 217 18 513 6221 24 734
NNA 1521 4100 3473 2201 5674
Total 14 260 22 317 30 408
Total General 36 137 51 252 52 198
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.
Otro aspecto relevante es el referido a las
desapariciones de personas que migran de manera
irregular y transitan por países como Guatemala
o México, cuyas familias son las más afectadas al
desconocer el paradero de sus familiares. Aunque
se cuenta con grandes esfuerzos como el Banco
Salvadoreño de Datos Forenses y una red consular de
protección en los países de tránsito, específicamente
en México y Estados Unidos, todavía falta mucho para
atender como se debe a esta población, dado que las
violaciones a los derechos de la población migrante
de manera irregular va en aumento.

40
Capítulo 4
2 0 1 4 - 2 0 1 9

2014 - 2019 41
Componentes de la Política Social
A
partir de la Ley de Desarrollo y Protección Social, se definen los componentes de la política
social salvadoreña. Según el artículo 7 estos son: desarrollo económico y social, protección
social e inclusión social.
4.1 Componente de desarrollo económico y social
Este componente busca “asegurar el goce de los derechos constitucionales que esta ley tutela y el
logro progresivo de bienestar para toda la población9
”.
Las principales políticas sectoriales implementadas en el marco de las transformaciones de los
gobiernos del cambio son:
4.1.1. REFORMA DE SALUD
Esta busca sentar las bases de un nuevo sistema integrado de salud que permita a toda la población
acceder de forma oportuna a servicios de salud universales, equitativos y de calidad. Las principales
intervenciones de la Reforma de Salud son: a) Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud,
b) dotación de medicamentos y vacunas, c) Instituto Nacional de Salud, d) desarrollo de recurso
humano, e) sistema único de información en salud y f) fortalecimiento de la infraestructura sanitaria.
Además en la gestión 2014-2019 se incorporan intervenciones como las farmacias especializadas,
abordaje de los determinantes ambientales de la salud, atención integral a las enfermedades crónicas
degenerativas, avances hacia el sistema único de salud, fortalecimiento de infraestructura, mejora en
la calidad y calidez en la atención.
9 Tomado de la Ley de Desarrollo y Protección Social.

42
Así mismo, con el PQD 2014-2019 se incorporó el
programa estratégico Viviendo Más y mejor, con
el cual se busca ampliar y modernizar la red de
hospitales públicos de segundo y tercer nivel para
garantizar mejor cobertura y calidad de los servicios a
la población salvadoreña.
4.1.2. PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN EN
FUNCIÓN DE LA NACIÓN 2014-2019
Busca garantizar la educación como un derecho
fundamental de la ciudadanía. Los principales
componentes son: a) creación de un Sistema
NacionaldeProfesionalizaciónDocente;b)desarrollo
educativo de la primera infancia: c) creación de
un Sistema Nacional de Evaluación Educativa; d)
construcción de ambientes escolares agradables;
e) equidad, inclusión, calidad y pertinencia de la
educación; f) dinamización del currículo educativo
nacional a partir de la profesionalización docente;
g) generación y fortalecimiento de condiciones
para la creación de conocimiento e innovación; h)
profundización y fortalecimiento de la educación de
adultos, e i) reforma institucional y a la legislación
vigente.
Un programa estratégico vinculado al Plan Social
en materia educativa es Una Niña, un Niño una
Computadora, con el cual se busca cerrar la brecha
digital. Este prioriza la cobertura para los centros de
los municipios rurales.
De igual manera está vinculado con el Plan El Salvador
Educado, que fue construido por el Consejo Nacional
de Educación y constituye un espacio participativo, en
el que los desafíos planteados son: a) escuela libre de
violencia y eje central de la prevención; b) docentes de
calidad; c) atención al desarrollo integral de la primera
infancia; d) doce grados de escolaridad universal;
e) educación superior para un país productivo,
innovador y competitivo; f) infraestructura acorde a
una educación integral y de Calidad.
4.1.3. POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA Y
HÁBITAT
Busca procurar las condiciones que posibiliten el
aseguramientodelderechoalaviviendayaunhábitat
que eleve la calidad de vida de la población, dinamice
la economía nacional y local, genere cohesión social, y
cuenteconlaparticipacióndelosdiferentesactoresen
el marco de procesos de planificación, ordenamiento
y desarrollo territorial.
Tiene como objetivos:
• Contribuir a la reducción del déficit habitacional
cuantitativo y cualitativo.
• Promover la generación de instrumentos y
mecanismos de acceso al suelo y la provisión de
infraestructura social, servicios básicos, espacios
públicos y equipamientos que hagan posible las
condiciones de una vivienda y un hábitat de calidad.
• Favorecer la estructuración de un sistema de
financiamiento de la vivienda y el hábitat que
asegure sostenibilidad y accesibilidad para los
diferentes grupos poblacionales.
• Promover el fortalecimiento de la competitividad,
innovación y el uso de tecnologías como factores
de desarrollo de la vivienda y el hábitat.
• Contribuir a la cohesión social, fortaleciendo
el derecho de la ciudadanía y la organización,
participación y convivencia ciudadana.
• Propiciar la creación de un marco legal y la pro-
moción de un sistema institucional que den cohe-
rencia a la Política y aseguren su implementación.
El abordaje no es únicamente el déficit cuantitativo y
cualitativo de vivienda, sino la mejora del hábitat, ya
que la infraestructura y equipamiento determina en
buena medida la calidad vida de la población.

2014 - 2019 43
4.1.4. SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
Tieneporobjetivoestablecerunmarcodearticulación
entre las distintas instituciones que implementan
instrumentos de política, programas y acciones sobre
empleo, para reducir el desempleo, el subempleo
e incrementar el trabajo digno para el buen vivir.
Algunas intervenciones en este marco son el sistema
de intermediación laboral, a través de las bolsas de
empleo, empleabilidad, entre otros.
Si bien es cierto las políticas de empleo están
vinculadas con el sector económico, algunas de sus
intervencionesseconsideranpartedelapolíticasocial,
ya que contribuyen a la mejora de las capacidades de
las personas.
El mandato del gobierno es universalizar las políticas
sectoriales, tal y como está establecido en la
Constitución de la república. Sin embargo, cuando
existan brechas de acceso y cobertura, se utilizarán las
políticas de protección social para garantizar que los
grupos vulnerables gocen de los derechos.
4.2 Componente de protección social
El Sistema Nacional de Desarrollo y Protección Social
contará con un Subsistema de Protección Social
Universal que busca proteger a las personas frente
a los diferentes riesgos y desafíos a lo largo de su
ciclo de vida y reducir las condiciones que generen
vulnerabilidad. Este principio es coincidente con el
piso social básico orientado por la OIT, que busca
garantizar ingresos y condiciones mínimas a toda
la población, principalmente a las más vulnerable.
Además en la gestión 2014-2019, se incluye la
promoción social que generará las condiciones para
que las personas salgan de la pobreza.
Es una de las principales estrategias con las que el
Estado asume la responsabilidad de proteger a las
personas frente a los distintos riesgos de perder
sus medios de vida y limitar la reproducción del
círculo vicioso de la pobreza. La protección social
busca garantizar el acceso a servicios sociales de
toda la población a lo largo del ciclo de vida a través
de la compensación, la asistencia y la igualación
de oportunidades, desde una perspectiva de
derechos, sobre todo a la población en situación de
vulnerabilidad, pobreza, exclusión social y riesgo
social. De acuerdo con la forma en que la protección
social es financiada puede ser contributiva y no
contributiva.
La protección social contributiva le corresponde a
un conjunto de instituciones que brindan seguridad
socialensaludypensionesalaspersonastrabajadoras
formalizadas. Se accede mediante aportaciones de los
empleadores y trabajadores.
La protección social no contributiva está diseñada
para garantizar que las personas en situación de
vulnerabilidad, pobreza y exclusión social accedan a
los servicios sociales y a los programas orientados a
protegerlas. De igual forma, busca reducir el impacto
de los choques económicos y aliviar la pobreza,
complementando las acciones sectoriales para
atender las necesidades especiales de las personas a
lo largo del ciclo de vida.
En el Plan Social solo se incluyen las políticas de
protección social no contributiva, enmarcadas

44
dentro del Subsistema de Protección Social Universal,
las cuales son: a) Comunidades Solidarias (en
trasformación a la estrategia de reducción de pobreza
extrema); b) Programa de Dotación de Uniformes,
Zapatos y Útiles Escolares; c) Alimentación Escolar
(incluye Vaso de Leche); d) Ciudad Mujer; e) Nuestros
Mayores Derechos; f) Pensión Básica Universal; g)
Paquetes Agrícolas; h) acceso a la salud pública
y gratuita; i) acceso y mejoramiento de vivienda,
entre otros. En la gestión 2014-2019 se incorpora el
programa estratégico de empleo y empleabilidad
juvenil Jóvenes conTodo, el cual además contribuye a
lainclusiónsocialdelaspersonasjóvenesexcluidasdel
sistema educativo y el mercado laboral, y el programa
estratégico“Una Niña, un Niño, una computadora”.
4.3 Componente de inclusión social
Las políticas sectoriales y de protección social buscan
universalizar el acceso a los diferentes derechos, por
lo que este componente se orienta a:
a) Eliminar brechas de desigualdad por razones de
edad, sexo, religión, identidad indígena, género,
discapacidad y nacionalidad.
b) Erradicar las prácticas sociales e institucionales
discriminatorias que nieguen, limiten, impidan o
menoscaben la dignidad, el derecho a la igualdad
deoportunidadesydetratodetodaslaspersonas.
c) Fomentar una cultura de paz y de reconocimiento
de la diversidad y de los valores democráticos.
Todas las políticas sectoriales y de protección social
deben garantizar la inclusión social de la población
más vulnerable, haciendo énfasis en los grupos tales
como mujeres, juventudes, niñez, personas adultas
mayores, indígenas y personas con discapacidad.
Acá se incluye el marco normativo como la Ley de
Protección Integral de Niñez y Adolescencia, Ley Especial
Integral para una Vida Libre de Violencia para las
Mujeres, política de pueblos indígenas, política de la
persona adulta mayor, política para las personas con
discapacidad, entre otras.
Según lo establecido en el PQD 2014-2019, todos los
programas deben tener acciones afirmativas hacia
los grupos prioritarios, por lo que la inclusión social
es transversal a todas las políticas públicas. Existen
programas que por su particularidad tienen acciones
afirmativas a los grupos prioritarios como: Ciudad
Mujer, Jóvenes con Todo, Pensión Básica Universal
que buscan cerrar las brechas de desigualdad.
Además se cuenta con el documento borrador de la
Política de corresponsabilidad social de los cuidados
de El Salvador, la cual busca que el Estado garantice
el acceso a servicios, tiempo y recursos suficientes
de calidad y en condiciones de equidad para cuidar y
recibir cuidados mediante una adecuada organización
social y económica del trabajo el cual es requerido para
“garantizar el bienestar físico y emocional cotidiano
de las personas con algún nivel de dependencia”.
Este quehacer estatal presupone la definición de
prestaciones, financiamiento, condiciones de acceso
y regulaciones, no solo del quehacer público sino
también privado. Estas políticas “consideran tanto
a los destinatarios del cuidado, como a las personas
proveedoraseincluyenmedidasdestinadastantoavelar
porsucalidadmedianteregulacionesysupervisiones”.10
La corresponsabilidad social conlleva visibilizar,
10 Política de Corresponsabilidad Social de los Cuidados de El Salvador, documento borrador, 2016.

2014 - 2019 45
reorganizar y valorizar los cuidados involucrando
a los hombres tanto en el cuidado a terceros como
en su autocuidado, por un lado, y a instituciones
distintas a la familia por el otro, en particular al Estado
y al mercado laboral, incluyendo a sus respectivos
actores – como las empresas y las organizaciones
laborales.

46
Capítulo 5
2 0 1 4 - 2 0 1 9

2014 - 2019 47
Objetivos Estratégicos
del Plan de Desarrollo, Protección
e Inclusión Social
L
os objetivos del Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social establecen la visión de
gran alcance del Estado salvadoreño y a la cual la Secretaría Técnica y de Planificación de la
Presidencia y las instancias gubernamentales del área social están obligadas a seguir y a la que
buscan contribuir. Para lograr dichos objetivos, se establecen medidas y resultados que delinean de
manera específica el camino a seguir para lograr el desarrollo y protección social para el buen vivir
en la población salvadoreña.
Los objetivos estratégicos de este plan surgen de los siguientes objetivos generales del Plan
Quinquenal de Desarrollo 2014-2019:
• Desarrollar el potencial humano de la población salvadoreña.
• Asegurar gradualmente a la población el acceso y cobertura universal a servicios de salud de
calidad.
• Acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente.
• Asegurar progresivamente a la población el acceso y disfrute de vivienda y hábitat adecuados.
• Impulsar la cultura como derecho, factor de cohesión e identidad y fuerza transformadora de la
sociedad.
• Avanzar hacia la construcción de un estado concertador, centrado en la ciudadanía y orientado a
resultados.
En vistas a contribuir al logro de estos objetivos de país, el Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión
Social se propone los siguientes siete objetivos estratégicos:

48
OBJETIVO 1: Reducir la pobreza y la vulnerabilidad
de la población salvadoreña
El buen vivir es incompatible con la pobreza, la pobreza extrema y la
vulnerabilidad social. La pobreza se concibe como una gran violación
de los derechos humanos y como un impedimento estructural para que
las personas puedan acceder a una vida digna, al goce de sus derechos
y al desarrollo de sus talentos, potencialidades y aspiraciones. Por ello,
un objetivo central es reducir de manera sostenida todas las formas de
pobreza en todos los territorios del país. Pero también se debe reducir
la vulnerabilidad social, entendida como el riesgo estructural que afecta
a personas y grupos sociales porque sus derechos son violentados,
mermados o menoscabados; lo que les impide sus posibilidades de
desarrollo, ya sea por la discriminación de género y generacional, entre
otras; las crisis económicas; los desastres; las enfermedades y la violencia.
OBJETIVO 2: Mejorar los ingresos, el empleo decente y la
seguridad social de la población salvadoreña
La mejor manera de reducir la desigualdad y la pobreza es a través de
la generación de empleo formal con estabilidad, derechos y prestaciones
de ley; remuneraciones adecuadas; negociación colectiva y acceso
efectivo a la justicia laboral. Una sociedad en donde se valora y remunera
de forma adecuada el trabajo permite mayor dinamismo económico
y elevar de modo sostenido la productividad y reduce la polarización
social y política. El empleo formal y el trabajo decente son la llave maestra
para la construcción de sociedades más igualitarias, más estables, más
productivas y más justas.
También se requiere avanzar simultáneamente hacia un sistema de
jubilaciones y pensiones que tenga un pilar contributivo fuerte y que
conduzcaaunsistemamixtoomultipilar,reconocidoaescalainternacional
como la modalidad más recomendable y sostenible, y que incorpore
sectores de población trabajadora que en la tradición han sido excluidos
(mujeres y hombres comerciantes informales, trabajadoras y trabajadores
agrícolas, personal de trabajo doméstico remunerado). A la par de
fortalecer el sistema de protección social, es necesario llevar a cabo una
intensa política de promoción para fortalecer las capacidades productivas
Alineación a estrategias
del PQD Educación:
E.2.1; E.2.2; E.2.3; E.2.4;
E.2.5; E.2.6 (pp. 119-121).
Salud: E.4.1; E.4.2; E.4.3;
E.4.4 (pp. 138-140).
Inclusión: E.1.8; E.1.9;
E.1.11 (pp. 109-110).
del PQD
L.1.2.5; L.1.2.6: L.1.3.8
(p. 106).
L.1.9.4 (p. 109).
L.1.13 (p. 111).
L.5.2.2 (p. 148).

2014 - 2019 49
OBJETIVO 3: Desarrollar el potencial humano de la población
salvadoreña
La educación es una de las prioridades del Plan Quinquenal de Desarrollo
2014-2019. Desde la perspectiva del buen vivir, la educación universal,
de calidad y en igualdad de condiciones para toda la población es un
componente central. Por ello, se asume que la educación es el vector
cualitativo para transformar la vida, garantizar la movilidad positiva de las
personas en la sociedad y el desarrollo sustentable, generar importantes
transformaciones socioeconómicas y posibilitar la democracia integral.
Una sociedad integrada, próspera y cohesionada necesita acortar las
enormes distancias en los años de escolaridad y la calidad de la educación
recibida que hoy caracterizan al país; cerrar las brechas de acceso entre las
zonas urbanas y rurales y mejorar las capacidades de todos los actores del
sistema educativo.
OBJETIVO 4: Vida saludable y bienestar para todas
las personas
De acuerdo con Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, el
reconocimiento del derecho a la salud para toda la población salvadoreña,
asícomosuejercicio,esunacondiciónnecesariaparaeldesarrollohumano
y el progreso del país. Es imposible el buen vivir de la población sin crear
las condiciones para que todas las personas puedan optar por una vida
saludable. Para esto es necesario que el Estado garantice el acceso y la
cobertura universal a la salud, así como la calidad de la atención ofrecida.
Es preciso sostener y fortalecer los avances logrados por la Reforma de
Salud, acercando los servicios a las comunidades, fortaleciendo el primer
nivel de atención, reforzando la atención a enfermedades crónicas y
promoviendo la salud sexual y reproductiva de la población.
del PQD
E.6.1. E.6.2. E.6.3
(p. 156-157).
E.7.2, E.7.3 (p. 164-165).
del PQD
E.1.8 (p. 109)
delaspoblacionesparticipantesdelosdistintosprogramasquecomponen
el Subsistema de Protección Social mediante la capacitación, y el acceso
a activos, al crédito y a mecanismos efectivos de comercialización.
Asimismo debe incorporarse de forma progresiva un componente para
mejorar el acceso a la productividad a poblaciones dedicadas al cuidado
de personas dependientes, en particular a las mujeres.

50
OBJETIVO 5: Hábitat y vivienda seguros y sanos
Por su ubicación geográfica y sus características físicas, el país tiene una
alta exposición a los desastres que se originan en el cambio climático.
Pero el riesgo está distribuido de manera desigual y con frecuencia son
los grupos sociales más pobres y excluidos los que tienen los mayores
riesgos y padecen las peores consecuencias. Por ello, las acciones de
mitigación y adaptación al cambio climático tendrán como prioridad
atender a estas poblaciones para disminuir el riesgo con políticas activas
de reordenamiento territorial, planes efectivos de prevención y atención,
mejoramiento de la calidad y resiliencia de sus bienes y aseguramiento
de activos. La seguridad jurídica sobre la tierra será otro componente
fundamental de la política de vivienda y hábitat, así como la preservación
y el cuido de los recursos naturales, en especial del agua.
OBJETIVO 7: Fortalecer el pleno ejercicio de la ciudadanía
Una de las características que ha definido a la política social de El Salvador
es la participación social y ciudadana a través de diferentes mecanismos
territoriales y temáticos en donde convergen las aspiraciones y propuestas
de las comunidades, las organizaciones y las personas. Desde el plan se
proponen medidas para garantizar una participación amplia en todo
del PQD
E.6.1; E.6.2; E.6.3
(p. 156-157).
E.7.4.2, E.7.4.4 (p. 165-166).
del PQD
L.1.9.4 (p. 109)
E.5.1, E.5.2, y E.5.3
(p. 148-149)
L.3.1.2 (p. 128)
OBJETIVO 6: Impulsar la cultura como derecho, factor de
cohesión e identidad y fuerza transformadora de la sociedad
Elpaísrequieredelaconstruccióndenuevasrelacionessocialesyunnuevo
tipo de convivencia entre todas y todos. Es urgente construir una cultura
de paz, de respeto y de solidaridad. Vivir bien significa también convivir
bien, no solo coexistir unos con otros, sino reconocerse mutuamente
como personas dignas y apoyar el proceso de desarrollo nacional. La
nueva manera de vivir y convivir que se propone desarrollar para construir
confianza y cohesión social implica que a nadie se le deben negar sus
derechos ni limitarse sus oportunidades por prejuicios y estereotipos
derivados de su condición socioeconómica, su apariencia física, su sexo,
su edad, su identidad sexual, su pertinencia étnica, su discapacidad, su
preferencia política o religiosa, su lugar de residencia, etc.
del PQD
L.1.2.9 (p. 106)).
L.1.9.3 (p. 109).
L.5.3.1 (p. 149).

2014 - 2019 51
el ciclo de la política pública, entendiendo la participación como una
exigencia de la transparencia tanto en el uso de los recursos como en la
toma de decisiones.
Un elemento central es potenciar a todos los actores para participar. En
especial deben superarse las desigualdades basadas en la división sexual
del trabajo y los roles sociales de género. Una nueva relación entre mujeres
y hombres presupone avanzar con paso firme en la eliminación de todas las
formas de discriminación y violencia contra las mujeres y en el respeto a su
autonomía física; en el logro de su autonomía e independencia económica
y en el acceso en condiciones de igualdad al empleo, las funciones
directivas, el crédito, la tierra y los activos productivos y, finalmente, en
la creciente representación cívica y política de las mujeres en todos los
ámbitos de toma de decisiones.
En el marco del plan tiene también un rol importante la atención a la
poblaciónmigranteysusderechos,dadoquealmenosunatercerapartede
la población vive fuera del territorio nacional y genera, mediante el envío
de remesas, una contribución principal de la composición de la economía
nacional. Necesitamos llevar a cabo intensas políticas para disminuir las
tasas de emigración y aprovechar el esfuerzo, conocimientos, trabajo y
capacidades de los compatriotas y las compatriotas que no encuentran
en el territorio nacional las oportunidades a las que aspiran y merecen.
Finalmente, dentro o fuera del territorio nacional, se tiene la obligación de
respetar, proteger y promover sus derechos y el acceso a la justicia en el
país, en países de tránsito o en su nuevo lugar de residencia.
L.11.1.2; L.11.1.3 (p. 201).
E.11.5 (p. 203)
E.9.1; E.9.2 (p. 184).
L.3.5.5 (p. 131).
Además de los objetivos citados, el fortalecimiento
institucional del sector se concibe como una
prioridad, dado que aún hace falta dotarlo de
una institucionalidad fuerte que favorezca la
coordinación intersectorial, que articule acciones
con los actores del territorio y que dé previsibilidad a
la inversión en el sector. Con la aprobación de la Ley
de Desarrollo, Protección e Inclusión Social se ha dado
un importante paso adelante, pero aún es necesario
traducir sus mandatos en una institucionalidad sólida
y con capacidades de gerenciar la política social en el
presente quinquenio.

52
Capítulo 6
2 0 1 4 - 2 0 1 9

2014 - 2019 53
Resultados e indicadores del
Protección e Inclusión social
E
l plan cuenta con un conjunto de 96 indicadores para el seguimiento de los resultados, los
productos estratégicos y algunas actividades e insumos de especial importancia. En el cuadro
5 se muestran los indicadores de los resultados más importantes y en el Anexo 1 se puede
consultar la matriz completa.
CUADRO 5
Matriz para el seguimiento de los resultados del Plan Nacional
de Desarrollo e Inclusión Social
OBJETIVOS RESULTADOS Indicadores
Línea de
base 2014
Meta 2019
1 Reducir la pobreza
y la vulnerabilidad
de la población de
El Salvador
Mejoradas las
condiciones de vida
de la población de El
Salvador
Índice de
desarrollo
humano
0.666 0.700
Reducida la
proporción de familias
en extrema pobreza
Proporción de
la población
en extrema
pobreza
7.60 % 5.81 %
Aumentada la
igualdad sustantiva
entre hombres
y mujeres
Índice de
desigualdad
de género
0.427 0.340
Reducida la
desigualdad
Índice de Gini 0.38 Mantener
o mejorar
Reducida la
inseguridad
alimentaria
Porcentaje de
familias en
inseguridad
alimentaria
19.20 % Inferior a
la línea de
base

54
2 Mejorar los ingresos,
empleo decente y
seguridad social de la
población salvadoreña
Reducido el
desempleo
Proporción
de hogares
con personas
desempleadas o
que han estado
desempleadas
en los últimos 6
meses
17.50 Inferior a
la línea de
base
Aumentada la
proporción de
personas de la PEA con
empleo formal
Proporción
de la PEA en
el sistema de
seguridad social
contributiva
27.8 % Mejorar
3 Desarrollar el potencial
humano de la población
salvadoreña
Aumentados los
años promedio de
escolaridad de la
población
Años promedio
de escolaridad
de la población
6.70 7.00
Aumentada la
proporción de NNA
que acceden y se
mantienen en el
sistema educativo
TNE inicial N/D 12.00 %
TNE 3er ciclo
de educación
básica
64.90 69.7 %
TNE educación
media
37.50 % 50.00 %
Incrementada
la proporción
de estudiantes
que obtienen los
conocimientos
adecuados a su nivel
educativo
Proporción de
estudiantes
de educación
media con
resultados de
PAES en nivel
superior
19.00 % 25.00 %
Reducido el
analfabetismo
Tasa de
analfabetismo
11.85 % 4.00 %
Línea de
base 2014
Meta 2019

2014 - 2019 55
4. Vida saludable y
bienestar para todas las
personas
Reducida la mortalidad
materna
Razón de
mortalidad
materna
45.61x 105
Inferior a
35x105
Reducido el
embarazo
adolescente
Proporción
de embarazos
que
corresponde
a mujeres
menores de 19
años
30 %11
Detener
su
aumento
Reducida la mortalidad
infantil
Tasa de
mortalidad
infantil
9.70 % Inferior a
8.00 %
Reducida la
proporción de gasto
en salud de bolsillo
Proporción de
gasto en salud
de bolsillo de
hogares
29% -3 puntos
porcen-
tuales
5 Hábitat y vivienda
seguros y sanos
Reducido el déficit
habitacional
cuantitativo
Déficit
cuantitativo de
viviendas
8 % -2 puntos
porcen-
tuales
Incrementados los
hogares con agua
potable domiciliar
Proporción
de hogares
con acceso a
agua potable
domiciliar
86.10 % 88.10 %
Aumento de los
hogares con energía
eléctrica
Proporción de
hogares con
energía eléctrica
95.10 % 97.10 %
11 Para este indicador la Línea base se establece a 2015, sobre datos de MINSAL/SIMMOW.
Línea de
base 2014
Meta 2019

56
6.1 Principales intervenciones del plan
Para el logro de los resultados que se plantea el plan, durante el quinquenio se implementarán distintas medidas
de política pública:
Programas
Estratégicos
SPSU
Acciones
específicas
Políticas y
Programas
Sectoriales
Herramientas de Gestión y Seguimiento Conjunto
6.1.1. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y SPSU
• Comunidades Solidarias (Urbanas y Rurales):
contempla intervenciones de carácter no
contributivo que permiten ampliar la cobertura de
los servicios básicos de la población, y promueve
la igualdad de oportunidades de las personas, las
comunidades y de los hogares en extrema pobreza
y exclusión social en las comunidades rurales y en
los asentamientos urbanos de mayor precariedad.
Este programa está en transformación a un
programa de atención a la pobreza extrema.
• Estrategia Nacional de Erradicación de la Pobreza
Extrema (en proceso de construcción): conjunto
deaccionesdepolíticapúblicadirigidasapoblación
en condición de extrema pobreza que, de manera
articulada e integrada, buscan crear sinergia en
el territorio, para mejorar su calidad de vida, de
manera sostenible y sustentable.
• Dotación de Uniformes, Zapatos y Útiles
Escolares:contribuiraladisminucióndelasbarreras
económicas que limitan la matrícula de los niños,
las niñas y los adolescentes en el sistema educativo
público, además se promueve el desarrollo de la

2014 - 2019 57
economía local a través de compras públicas de los
insumos que entrega el programa.
• Alimentación y Salud Escolar: contribuye con la
mejora del estado nutricional del estudiantado
para propiciar condiciones de aprendizaje, con
la participación de la comunidad educativa y
mediante el fortalecimiento de conocimientos,
capacidades y prácticas adecuadas en salud,
alimentación y nutrición.
• Vaso de Leche: promueve la salud física de los
niños y las niñas, y cuida de su nutrición. Asimismo,
estimula la producción nacional y el desarrollo
ganadero mediante políticas, programas y
proyectos que incrementan la productividad y
competitividad.
• Programa de Apoyo Temporal al Ingreso:
contribuye a la disminución del impacto de la crisis
económica y los bajos ingresos en los hogares de
asentamientos urbanos precarios y mejora las
condiciones de empleabilidad de las personas
participantes con prioridad en mujeres jefas de
hogar y jóvenes.
• CiudadMujer:garantizalosderechosdelasmujeres
salvadoreñas a través de servicios diferenciados
y especializados; tales como salud sexual y
reproductiva, prevención y atención integral a la
violencia de género, empoderamiento económico
y promoción y difusión de la autonomía de las
mujeres a través del conocimiento y el ejercicio de
sus derechos.
• Nuestros Mayores Derechos: contribuye a mejorar
las condiciones de vida y el ejercicio de los derechos
de las personas adultas mayores promoviendo su
reconocimiento y una cultura de respeto en las
familias, la comunidad, la sociedad y el Estado.
• Pensión Básica Universal: propicia el bienestar
integral de las personas adultas mayores de forma
incluyenteyequitativa,yfavoreceelfortalecimiento
de su autonomía.
• Programa de Agricultura Familiar: pretende reducir
los niveles de pobreza en el área rural mediante la
generación de riqueza y bienestar de las familias
que desarrollan la agricultura familiar en El Salvador,
mejorando los sistemas de producción agrícola, con
lo que logra atender necesidades de nutrición de las
familias en condiciones de subsistencia.
• Paquetes Agrícolas: es un componente de
Seguridad Alimentaria que pretende incrementar
la disponibilidad y el acceso al consumo de
alimentospormediodelamejoradelossistemasde
producción y abastecimiento de las familias pobres,
tanto urbanas como rurales; y persigue garantizar la
producción y abastecimiento de alimentos para la
población, en especial para las familias productoras
rurales en condición de subsistencia.
• Acceso y cobertura universal a la salud integral,
pública y gratuita: permite a toda la población el
acceso de forma oportuna a servicios integrales de
salud, universales, equitativos y de calidad.
• Acceso y Mejoramiento de Vivienda: apoya a
las familias con precariedad económica a través
de subsidios y/o contribución total o parcial para
adquisición de lotes, construcción, mejora y compra
devivienda,bajoelenfoquedederechoalavivienda
y al hábitat adecuado definido en la Política Nacional
de Vivienda y Hábitat de El Salvador.
• Infraestructura Social Básica: busca reducir la
brecha de acceso a servicios básicos y estratégicos,
priorizando a los municipios en condición de
pobreza.

58
• Atención integral a la primera infancia: impulsa el
desarrollo integral de niños y niñas de cero a seis
años, con el mejoramiento de la calidad y cobertura
en la educación inicial.
6.1.2. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
• Programa de Empleo y Empleabilidad Joven
“Jóvenes con Todo”: promueve el desarrollo de
habilidades para mejorar el acceso al mercado
laboral y la inserción productiva en las juventudes.
• Programa Niñez y Juventud del Futuro (Una Niña,
UnNiñoUnaComputadora):persigueuniversalizar
el acceso a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), en donde cada estudiante
de todos los centros educativos públicos tenga la
oportunidad de usar un dispositivo informático en
una relación 1 a 1 durante su formación académica.
• Programa Más y Mejor Salud: busca reforzar el
primer nivel de atención en salud con la ampliación
y modernización de la red de hospitales públicos
de segundo y tercer nivel, con objeto de optimizar
la cobertura y la calidad de los servicios.
• Sistema Nacional de Cuido: está en proceso de
articulación y consiste en una política integrada
para el reconocimiento de las personas cuidadoras
en el país, con objeto de brindar atención directa
a las personas y apoyar a las familias en el cuidado
de los miembros del hogar, incluyendo también
acciones encaminadas a la atención de las
cuidadoras y cuidadores.
6.1.3. ACCIONES ESPECÍFICAS
• Atención a víctimas de graves violaciones a los
derechos humanos.
• Mozote: en cumplimiento de la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) para el resarcimiento de daños a las
víctimas de El Mozote y zonas aledañas, el Órgano
Ejecutivo ha diseñado un programa para atender
las principales recomendaciones realizadas por
la CIDH, que incluye la realización de un registro
único de víctimas y familiares de víctimas, el pago
de indemnizaciones y otras acciones para apoyar el
desarrollo de dichas comunidades.
6.1.4. POLÍTICAS Y PROGRAMAS SECTORIALES
Los programas estratégicos del Subsistema de
Protección Social Universal, deberán articularse a las
políticas y programas sectoriales, lo que permita dar
respuestasmáseficientesyoportunasquecontribuya
a reducir la pobreza.
Entre las políticas sectoriales identificadas:
• Salud
• Educación
• Economía
• Desarrollo Urbano
• Trabajo y Previsión Social
• Agricultura
• Vivienda

2014 - 2019 59
Capítulo 7
2 0 1 4 - 2 0 1 9

60
Desarrollo institucional
7.1 Mecanismos de coordinación intersectorial
y participación social
En acuerdo con la Ley de Desarrollo y Protección
Social —y para garantizar una correcta
implementación del plan—, se definen los
arreglos institucionales necesarios, con base en
las siguientes consideraciones:
a) Necesidad de articulación entre los
espacios de coordinación y dirección de la
Política Social establecidos por la ley, tanto
para el Sistema de Desarrollo Social como
para el Subsistema de Protección Social
Universal.
b) Necesidad de generar avances en materia
de planificación y evaluación, sistemas
de información, estadísticas, medición de
la pobreza y operación descentralizada,
fundamentales para consolidar los avances
institucionales en el sector social.12
c) La generación y el fortalecimiento de
capacidadesentodoslosactoresinvolucrados
en el diseño, implementación y seguimiento
del plan, no solo en el nivel central sino
también de los actores locales y no estatales.
Elabordajemultidimensionaldelosproblemasde
la pobreza y la exclusión social ha sido un desafío
para la coordinación interinstitucional al interior
delsector,yconotrosactoresdelasociedad.Desde
la implementación del Subsistema de Protección
Social Universal, que contempla el trabajo
conjuntoycoordinadoentrediversasinstituciones
poniendo en práctica distintos espacios formales
de coordinación, como el Comité Intersectorial y
el Comité Técnico Intersectorial, las instituciones
han ido ganando una importante experiencia
en el trabajo conjunto, y la Secretaría Técnica y
de Planificación de la Presidencia ha adquirido
progresivamente habilidades para la facilitación
y el seguimiento de acuerdos de carácter
interinstitucional.
A medida que se incrementa la inversión social
y crece la cantidad de programas e iniciativas
desarrolladas —hubo un aumento significativo
en el pasado quinquenio—, se consolida la
visión que hace de la política social una cuestión
de derechos y un pilar fundamental en la
construcción del bienestar colectivo; por tanto,
estas fortalezas deben ser apuntaladas, y este es
uno de los propósitos fundamentales del plan.
Para ello, y en seguimiento a lo establecido por la
LeydeDesarrolloyProtecciónSocial, se constituye
el Gabinete de Gestión Social e Inclusión, el cual
12 En tal sentido, es necesario avanzar también en definir la instancia de asesoría técnica para la medición multidimensional de la
pobreza, para que conjuntamente con la DIGESTYC pueda acercar una propuesta metodológica para aprobación de la institución
rectora del plan, a saber, la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia.

2014 - 2019 61
fue creado por decreto ejecutivo No. 9, de fecha 11
de junio del 2014, y es encabezado por la Ministra de
Salud,paralacoordinación,planificaciónyseguimiento
del sector. Una de las atribuciones del Gabinete, es
establecer sesiones para el Sistema de Desarrollo y
Protección Social, de las cuales participan las personas
titulares o sus delegadas de STPP, SIS, SEC, MINSAL,
MINED, ISDEMU, MOP/VMVDU, MTPS, FISDL e INJUVE.
La STPP, que tiene dentro de sus funciones dirigir
la planificación estratégica del Gobierno y velar
por la viabilidad técnica de las principales acciones
gubernamentales, funge como Secretaría Ejecutiva
del Gabinete Social. En ese contexto, y en el marco de
la Ley de Desarrollo y Protección Social, esta institución
asumirá la función de entidad coordinadora del
Sistema Nacional de Desarrollo y Protección Social,
con el fin de asegurar la implementación de las
disposiciones de dicha ley y lograr mayores niveles de
coordinación interinstitucional por parte del conjunto
de las políticas sociales del gobierno, así como la
implementación y seguimiento del presente Plan
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social.
Es necesario destacar que el fortalecimiento de
la institucionalidad del desarrollo y la protección
social en el país también requiere generar avances
institucionales en los sistemas de estadística
e información; de evaluación y de operación
descentralizada. Un punto central es la medición de la
pobreza y la desigualdad. Para ello, el plan establece
que en el transcurso del primer trimestre de 2015,
la STPP debe convocar a la instancia de asesoría
técnica13
definida por la ley (art. 46) y constituir un
Comité Técnico de Alto Nivel que apoye la aplicación
de la metodología de medición de la pobreza
multidimensional, con apoyo de la DIGESTYC.
En resumen, para fortalecer la institucionalidad
del sector social el plan avanzará en materia de
planificación; coordinación; monitoreo y evaluación;
transparencia y rendición de cuentas del sector,
contando para ello con los siguientes instrumentos:
a) Plan Multianual del Sector Social: se trata de
una matriz integrada que permite identificar
con claridad los resultados estratégicos del
sector, junto a los productos, indicadores y
metas programadas para el quinquenio. Dicho
Plan, trabajado sobre el enfoque de la gestión
para resultados de desarrollo (GpRD), permitirá
además la vinculación entre la planificación
multianual del sector y los presupuestos, siendo
un instrumento para que cada institución
participante del Sistema pueda alimentar sus
propias planificaciones anuales operativas.
b) Plan de Fortalecimiento Institucional del Sector
Social: el logro de los objetivos y resultados
establecidos en el Plan de Desarrollo Social
requerirán de acciones coordinadas de creación
y fortalecimiento de capacidades en los actores
nacionales. La capacitación, el intercambio de
experiencias, la asistencia técnica de corto y largo
plazo que ofrecen los distintos Socios para el
Desarrollo serán incluidas en esta herramienta
con objeto de promover la armonización y el
alineamiento de los recursos, y apuntalar el
desarrollo de capacidades desde una perspectiva
sistémica.
c) Plan Indicativo de Evaluaciones para el Sector
Social: a medida que se desarrolla el Sistema
Nacional de Planificación y se mejoran los sistemas
nacionales de estadísticas, el sector contará con
13 El Reglamento de la Ley de Desarrollo y Protección Social establece que la instancia de asesoría técnica se conforma por siete integrantes: cinco
expertos provenientes de sociedad civil y/o academia; un representante de STPP y un representante de DIGESTYC.

62
un plan para la realización de actividades de
seguimiento, monitoreo y evaluación de forma
coordinada. Esto implicará la creación de espacios
de aprendizaje interinstitucional, la planificación
de las prioridades de evaluación, y la articulación
entre estos ciclos y los procesos de planificación y
presupuesto que se ajustarán año a año.
d) Reglas de Operación de los Programas Sociales:
todos los programas que integran el Subsistema
de Protección Social Universal deben elaborar sus
respectivos documentos de diseño conceptual y
reglas de operación, en armonía con los principios
y enfoques establecidos en este plan, cuyo
conocimiento será de carácter público a toda la
población.Cadaprogramatendráunplazomáximo
de seis meses para presentar su documento a
partir de la entrada en vigor del Plan Nacional de
Desarrollo, Protección Social e Inclusión Social.
Es necesario destacar que todos estos esfuerzos no
se circunscribirán únicamente a los actores estatales
del nivel central, sino que buscarán mejorar las
capacidades de los actores locales y no estatales,
como las organizaciones de la sociedad civil que
trabajan en el sector, para que puedan aportar
también a mejorar la eficacia de los resultados
y la integralidad de las prestaciones y servicios
que contempla el plan. Asimismo, se buscará la
coordinación con otros gabinetes de gestión del
Gobierno, para facilitar el diálogo y la cooperación
entre la Política Social y la política económica, las
estrategias de prevención primaria de la violencia
—entre otras que se consideren relevantes— y los
programas y proyectos de crecimiento económico y
desarrollo sostenible e integral como la Estrategia de
Franja-Costera Marina, FOMILENIO II, el Plan Maestro
de Golfo de Fonseca y la Alianza para la Prosperidad
de los países del Triángulo Norte.
7.2 Mecanismos de participación social
Según lo establecido por la Ley de Desarrollo y
Protección Social, la participación es un derecho de las
personas, las comunidades y las organizaciones que
debe hacerse efectivo a lo largo de todo el proceso
de la política pública, en acuerdo con los mecanismos
que para ello se establezcan. Por ello, el Plan Social
retoma los mecanismos de participación establecidos
en el Reglamento de la ley, procurando que todos
los programas tengan sus propios mecanismos de
auditoría ciudadana, y que se desarrollen mecanismos
de vigilancia comunitaria en los territorios. El
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad
civil, de las asociaciones de participantes de los
programas y del movimiento social también debe ser
compromiso de este plan, ya que el empoderamiento
ciudadano es fundamental para avanzar en la
apropiación del enfoque de derechos y de las políticas
de protección social.

2014 - 2019 63
La evaluación de la Política Social, junto con los
programas que la componen, está contemplada
en el artículo 39 de la Ley de Desarrollo y Protección
Social, que dicta que los programas son objeto de una
evaluación permanente, rigurosa y objetiva desde el
enfoque de derechos y la generación de resultados.
La ley también establece que el propósito de la
evaluación es reforzar, corregir o reorientar la política
social o sus componentes.
Por lo tanto, todos los programas y proyectos que
integran el plan tienen componentes de monitoreo
y evaluación con el fin de mantenerlos encauzados y
que contribuyan al logro de los objetivos de la política.
La evaluación debe utilizarse desde el comienzo
del proceso de planificación con el fin de prever los
problemas y reducir la probabilidad de tener más
tarde costos excesivos o retrasos considerables. La
planificación,portanto,deberáestarcombinadaconel
monitoreo y la evaluación, para contribuir a la eficacia
de los programas de desarrollo social, de los resultados
estratégicos del plan y para la toma informada de
decisiones que afecten la política del sector.
Por otro lado, y dado que la aplicación de este Plan
coincidirá con el lanzamiento de los nuevos Objetivos
de Desarrollo Sostenible que vienen a reemplazar el
paradigma de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
propuestos hasta 2015, será pertinente revisar los
objetivos y resultados propuestos por el país a la luz
de estos nuevos aportes que guiarán los esfuerzos de
la comunidad internacional hacia el 2030, en pos de
un desarrollo sostenible y digno, complementando la
lucha contra la pobreza con el combate hacia todas
las formas de desigualdad. Se espera que el Módulo
de Seguimiento al Plan Social pueda integrarse al
Sistema de Seguimiento del Plan Quinquenal de
Desarrollo.
7.3 Monitoreo y evaluación
7.4 Herramientas para la gestión del Subsistema
de Protección Social Universal
Para la gestión del Subsistema de Protección Social
Universal, se contará al menos con las siguientes
herramientas que contribuirán al monitoreo y
seguimiento del subsistema y a la orientación de
las políticas social del Gobierno: Registro Único
de Participantes de Programas Sociales (RUP) y la
Medición Multidimensional de Pobreza.
Estas herramientas, además de contribuir a una
mejor coordinación de las acciones de política social,
buscan optimizar los recursos disponibles y crear
mecanismos que permita informar y retroalimentar
las diferentes intervenciones de política con
información oportuna para mejorar la eficiencia
y eficacia de la mismas, y asegurar una adecuada
transparencia y contraloría social.

64
7.5 El Registro Único de Participantes de los
Programas Sociales (RUP)
El RUP identifica y caracteriza las condiciones de vida
y carencias de las familias y personas potenciales
destinatarias de los programas sociales del Gobierno,
que son definidos a través de la Secretaría Técnica y
de Planificación de la Presidencia y ejecutados por las
diferentes instituciones del gobierno, por lo que se
pretende aumentar de forma progresiva la cantidad
de programas que utilicen esta herramienta.
La información de los hogares donde se implementa
el RUP es incorporada a la base de datos de la
herramienta en forma estructurada y sistematizada,
y luego se construye un modelo de focalización
basado en indicadores de calidad de vida que permite
la identificación de potenciales participantes de
programas sociales.
Esteregistroesunadelasherramientasfundamentales
para la priorización de las intervenciones, y facilitará
la coordinación de los distintos programas sociales
y optimizará los recursos existentes en un contexto
donde estos son limitados y las demandas en materia
social son amplias. Los principios que sustentan la
operatividad del RUP son: el acceso universal de
manera progresiva, seguridad de la información y
transparencia (uso adecuado de la información bajo
normas de confidencialidad y privacidad), calidad de
la información y costo-eficiencia.
A la fecha se encuentran incorporados dentro del
RUP 81 municipios de El Salvador y su información
está siendo utilizada para la priorización de tres
intervenciones sociales.
7.6 La medición multidimensional de la pobreza
Busca complementar la medición de pobreza que
actualmente se realiza a nivel de país sobre la base del
ingreso de los hogares por medio de la incorporación
de varias dimensiones del desarrollo; y parte del
reconocimiento de los derechos humanos como la
expresión de las necesidades, valores, intereses y
bienes que por su injerencia e importancia, han sido
considerados fundamentales y comunes a todas las
personas.
La medición de la pobreza tiene, al menos, tres
aplicaciones principales: a) diagnóstico la magnitud
del problema de la pobreza, (b) brindar orientación
para el diseño de instrumentos de política, y c) servir
de parámetro para monitorear la efectividad de las
políticas públicas.
Esteprocesoconllevalaconsolidacióndelasinstancias
que garanticen por medio de la participación de
diferentes actores la definición y validación de esta
medición; y que esta refleje por medio de esta nueva
visión las condiciones de pobreza de las diferentes
regionesanivelnacionalyquesegenerelaorientación
de la política social del país.
Uno de los principales actores dentro del proceso
de medición de la pobreza multidimensional es la
instancia de asesoría técnica, que será la encargada de
elaborar la propuesta metodológica para la medición
de la pobreza y desigualdad, tanto en su dimensión
de hogares como territorial, en coordinación con
la institución encargada de las estadísticas a nivel
nacional.

2014 - 2019 65
7.7 Mecanismos de transparencia y procedimientos
de rendición de cuentas
La Ley de Desarrollo y Protección Social establece
obligaciones básicas de transparencia para los
programas sociales, en acuerdo con los principios
establecidos por la Ley de Acceso a la Información
Pública. En el marco del Plan Social, los mecanismos
de transparencia y rendición de cuentas buscan poner
a disposición de la ciudadanía información relevante
para la toma de decisiones y el control sobre el uso de
los recursos públicos, favoreciendo la exigibilidad y la
participación social.
Corresponde a las instituciones que forman parte
del plan:
a) Cumplir lo establecido en la Ley de Acceso a la
Información Pública.
b) Difundir el diseño y reglas de operación de
cada programa, así como los resultados y
recomendacionesdelasrevisionesyevaluaciones
realizadas.
c) Difundir la información agregada de los registros
de beneficiarios de los programas que componen
el plan, con respeto a las normas del secreto
estadístico.
d) Difundir información de utilidad vinculada al
Plan Social en sus páginas institucionales.
e) Dar respuesta oportuna y de calidad a las
solicitudes de información recibidas tanto en
el marco de la Ley de Acceso a la Información
Pública, como de otros canales habilitados.
f) Protegerlainformaciónconcarácterdeconfidencial.
Elplanestableceademáslossiguientesmecanismos
de rendición de cuentas:
a) Informe de avance en el goce de los derechos
sociales en el país a la Asamblea Legislativa.
b) Conferencia de medios sobre el avance de la
política social (anual).
c) Informe de las revisiones anuales realizadas al
plan.
d) Informes a la plenaria taller.
7.7.1. RESULTADOS
Desde la perspectiva de desempeño institucional,
los resultados esperados se vinculan al desarrollo
de procesos que permitan una implementación,
seguimiento y evaluación efectivo del Plan
Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión
Social.

66
RESULTADOS INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
LÍNEA
BASE
Al final del 2015, el Gabinete Social
funciona como el ente para la toma
decisiones del sector social.
Actas resolutivas del Gabinete
Social.
STPP 0
Al final del 2017, todos los programas del
SPSU tienen manuales de operaciones
aprobados y públicos.
N.° de manuales aprobados /
N.° total de programas del SPSU.
STPP 2
Al menos 3 programas sociales utilizan
la información del RUP para focalizar
intervenciones al final del período.
N.° de programas utilizando
el RUP para la selección de
participantes.
STPP 1
A 2019, las personas adultas mayores
cuentan con un marco normativo que
garantice sus derechos.
Política del Adulto Mayor
aprobada.
Ley del Adulto Mayor propuesta
a la Asamblea Legislativa.
SIS 0
El país cumple con los requerimientos
de información en materia de avance del
cumplimiento de los DESC de acuerdo a
la normativa internacional.
Informes proporcionados en
tiempo y forma.
1
7.8 El financiamiento de la política social
Desde el quinquenio pasado, el país ha realizado
un esfuerzo significativo por aumentar la inversión
social con miras a financiar la implementación de un
Subsistema de Protección Social Universal destinado
a proporcionar, de manera gradual pero sostenida,
un conjunto de servicios sociales básicos a toda la
población, con énfasis en los grupos más excluidos,
que mejoren su acceso al goce de los derechos
económicos, sociales y culturales.
Dichainversión,sinprecedentesenlahistorianacional,
fue realizada con base en los propios esfuerzos fiscales
del país, en el apoyo de la cooperación internacional
para el desarrollo y en préstamos y otros recursos que,
desdeelprincipiodecomplementariedad,financiaron
eldesarrolloyelcrecimientodelosprogramassociales
y del Subsistema de Protección Social Universal en su
conjunto.
En el marco de las directrices del Plan Quinquenal
de Desarrollo, el financiamiento de la Política Social
continuará siendo una prioridad para el período 2014-
2019, y se procurará su consistencia con el principio
de máxima movilización de los recursos, con vistas a
no retroceder en lo avanzado, y a acelerar la inversión
en el sector siempre que sea posible.

2014 - 2019 67
CUADRO 6
Proyecciones macroeconómicas para El Salvador (período 2014-2019)
Indicadores
macroeconómicos
Línea base
2013
2014 2016 2018 2019
PIB nominal (millones
de dólares)
24 212.5 25 337.9 26 795.3 28 472.7 29 203.6
Crecimiento PIB real 1.7 % 2.2 % 2.9 % 3.0 % 3.0 %
Inflación 0.80 % 2.1 % 3.0 % 1.8 % 1.80 %
Fuente: Banco Central de Reserva y Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia.
En tal sentido, se mantendrán los actuales
programas sociales previstos en la Ley de
Desarrollo, Protección e Inclusión Social, y se
expandirá progresivamente la cobertura de
servicios e infraestructura social; previéndose
la creación de nuevos programas alineados a
las prioridades de la planificación nacional, sin
alterar los equilibrios presupuestales.
El financiamiento de la Política Social recaerá
fundamentalmente en los recursos propios
y de manera complementaria se contará con
recursos de la cooperación internacional.
Vale destacar que en el período 2009-2014
el sector social fue el principal receptor de la
cooperación internacional recibida por el país,
por lo que se espera continuar esta estratégica
asociación para el desarrollo y la consolidación
del sector, que ha recibido un fuerte impulso
de la comunidad internacional.
Adicionalmente, se gestionarán recursos
con la banca de desarrollo y los organismos
multilaterales, de los que también se ha
recibido un importante respaldo para la
implementación del SPSU, siempre en función
de las prioridades del país.
La cooperación internacional para el desarrollo
y los préstamos que se contraten para
complementar la inversión social se ajustarán a
los siguientes criterios:
a) Alineamiento con las prioridades definidas
por el país, definidas en el Plan Quinquenal
de Desarrollo 2014-2019 y otros
instrumentos de planificación relevantes
para el sector.
b) Respeto a los principios de eficacia de la
ayuda, y a los documentos que al respecto
ha elaborado el país.
c) Uso eficaz y eficiente de los recursos,
bajo la rectoría conjunta de la STPP, el
Viceministerio de Cooperación para el
Desarrollo (VMCD) y el MH, cada uno desde
el rol que legalmente le compete.
d) Registro oportuno y eficiente de la
información financiera en las cuentas
nacionales, y garantía de transparencia y
rendición de cuentas hacia la ciudadanía y
los socios para el desarrollo.
e) Impulso del principio de mutua
responsabilidad entre gobierno y socios,
promoviendo espacios sistemáticos de
diálogo.

68
La inversión social, conforme a los lineamientos
de gasto corriente e inversión pública del Plan
Quinquenal de Desarrollo, será sustentable y se
ejecutará conforme a las siguientes directrices:
a) Procurar su incremento en términos reales
en el período 2014- 2019.
b) Procurar su progresividad y gradualidad
para lograr la mayor universalidad posible.
c) Priorizar el gasto hacia las poblaciones y
territorios con mayores desventajas en una
perspectiva de justicia distributiva y cierre
de brechas.
d) Elevar la calidad del gasto social y buscar
su mayor efecto redistributivo posible.
e) Aplicación de la perspectiva de género en
las decisiones de inversión.
f) Eficacia para el logro de los resultados
buscados.
g) Eficiencia para la obtención de los
resultados óptimos con el mejor uso de
recursos disponibles.
h) Combate a la corrupción para garantizar
el uso adecuado de todos los recursos y
su destino exclusivo para los fines de la
política social
i) Transparencia para que en todo momento
se conozca el origen, uso, destino y
resultados de los recursos invertidos.
j) Rendición de cuentas para cumplir con
todas las obligaciones legales en la materia
y facilitar y promover todas las formas de
contraloría y auditoría social.
CUADRO 7
Inversión proyectada en desarrollo, protección e inclusión social
2016 2017 2018 2019 TOTAL
Estrategia de erradicación
de la pobreza
48.68 53.55 58.90 64.79 225.92
Empleo y empleabilidad 5.64 33.48 57.00 62.40 158.40
Ciudad mujer 8.90 21.30 24.30 21.10 75.60
Educacion 176.20 176.20 176.20 176.20 704.80
Salud 192.00 192.00 192.00 192.00 768.00
Vivienda 22.50 22.50 22.50 22.50 90.00
Total 453.92 499.03 530.90 538.99 2022.84
Con base en estimaciones realizadas sobre el
Presupuesto General del Estado 2016, aprobado
por la Asamblea Legislativa, se proyectan los
siguientes montos en inversión social para el
quinquenio, misma que complementará la
inversión:
Fuente: STPP.

70 ANEXO 1
Matriz de Seguimiento de Indicadores y Metas del
Plan Social
OBJETIVO No. Matriz de Plan Social REPORTA Periodicidad LB 2014 M 2015 M 2016 M 2017 M 2018 Meta2019
Objetivo 1 1 Índice de Desarrollo Humano PNUD Anual 0,666 0,70
Objetivo 1 2 Índice de Gini DIGESTYC Anual 0,380 0,37
Objetivo 1 3 Proporción de la población en extrema pobreza DIGESTYC Anual 7,60 7,44 7,02 6,71 6,36 5,85
Objetivo 1 4 Índice de pobreza multidimensional DIGESTYC Anual 35,20
Objetivo 1 5 Años promedio de escolaridad de la DIGESTYC Anual 6,51 6,55 6,60 6,65 6,72 6,78
jefatura de familia
Objetivo 1 6 Tasa de dependencia económica DIGESTYC Anual 54,57 54,41 52,58 50,75 48,83 46,87
Objetivo 1 7 Índice de desigualdad de género PNUD Anual 0,427 0,340
Objetivo 1 8 Porcentaje de la brecha salarial entre DIGESTYC Anual 15,50 14,91 14,44 14,35 14,15 13,92
hombres y mujeres
Objetivo 1 9 Porcentaje de familias en inseguridad DIGESTYC Anual 19,20
alimentaria
Objetivo 1 10 Número de persona mayores de 70 años, FISDL Trimestral 33.170 31.475 31.656 33.290 35.290 37.290
que han recibido pensión básica universal
Objetivo 1 11 Número de familias con una mujer embarazada FISDL Trimestral 23.090 18.815 14.890 18.318 26.588 38.772
y/o NN de 0 a 4 años que han recibido bono
de primera infancia
Objetivo 1 12 Número de adolescentes cursando tercer ciclo FISDL Trimestral 6.734 6.175 6.175 14.545 22.518 32.199
y bachillerato que han recibido bono
de educación.
Objetivo 1 13 Número de familias que reciben FISDL Trimestral Inicia en 2017 17.471 35.973 66.848
acompañamiento y asistencia social
Objetivo 1 14 Número de productores y productoras MAG Trimestral 31.920 48944 50.464 50.464 50.464 50.464
agropecuarios que han recibido asistencia
técnica
Objetivo 1 15 Número de productores y productoras MAG Trimestral 664.402 570.531 621.302 621.302 621.302 621.302
de subsistencia que han recibido insumos
agrícolas
Objetivo 1 16 Número de personas que han recibido FISDL Anual 221 500 1.380 2.540 2.700
capital semilla para emprendimientos* e INJUVE
Objetivo 2 17 Porcentaje de hogares con personas DIGESTYC Anual 17,50
desempleadas o que han estado
desempleadas en los ultimos seis meses
Objetivo 2 18 Tasa de desempleo DIGESTYC Anual 7,00 6,46 6,47 6,37 6,35 6,32
Objetivo 2 19 Proporción de la PEA en el sistema DIGESTYC Anual 27,80 28,00
de seguridad social contributiva
Objetivo 2 20 Porcentaje de poblacion empleada DIGESTYC Anual 47,80 49,38 49,38 49,46 49,21 49,17
en el sector informal

71ANEXO 1
Objetivo 2 21 Proporción de personas ocupadas DIGESTYC Anual 38,70 41,70 5 puntos
con remuneración inferior a la línea nacional porcentuales
de pobreza
Objetivo 2 22 Incidencia de las inspecciones de trabajo en MTPS Trimestral 90,81%
el cumplimiento de normativa laboral
Objetivo 2 23 Índice de efectividad en las mediaciones MTPS Trimestral 45%
laborales individuales y colectivas
Objetivo 2 24 Tasa global de participación de la poblacion DIGESTYC Anual 0,71 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74
en edad de trabajar (PET)
Objetivo 2 25 Porcentaje de la PEI por quehaceres DIGESTYC Anual 0,53 0,54 0,53 0,53 0,53 0,53
domésticos y obligaciones familiares
Objetivo 2 26 Porcentaje de la PET que se dedica a DIGESTYC Anual 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19
quehaceres domésticos y obligaciones
familiares
Objetivo 2 27 Índice de colocación a través de MTPS Trimestral
intermediación laboral
Objetivo 2 28 Porcentaje de jóvenes que han recibido INJUVE Semestral Inicia en 2017 2.000 5.800 9.400 11.000
el módulo de habilidades/competencias
para la vida y el trabajo, estipendio y tutoría
Objetivo 2 29 Número de jóvenes que han finalizado curso INSAFORP
de formación técnica vocacional
Objetivo 2 30 Numero de jóvenes que han finalizado INSAFORP Semestral 15.825 17.612 18.505 19.399 20.292 21.186
cursos de habilitación para el trabajo
Objetivo 2 31 Numero de jóvenes graduados en carreras INSAFORP Semestral 616 922 1.549 1240 1.260 1.260
técnicas de formación dual
Objetivo 2 32 Numero de jóvenes graduados en carrera MINED Anual
técnica nivel superior de las sedes MEGATEC
33 Número de comités de salud y seguridad MTPS Trimestral 392
ocupacional creados / Comités de Seguridad y
Salud Ocupacional Acreditados
Objetivo 2 34 Número de personas colocadas a través MTPS Trimestral 16.942
de intermediación laboral
Objetivo 2 35 No. de hombres y mujeres dueños de BANDESAL,
emprendimientos y microempresas que FOSO-
reciben asesoría empresarial FAMILIA y
CONAMYPE Anual
Objetivo 2 36 Número usuarias que reciben SIS Trimestral 84.035 88.236 96.637 113.445 130.252 130.252
acompañamiento integral
Objetivo 2 37 Número de hombres y mujeres dueños BANDESAL, 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666
de emprendimientos y microempresas FOSO-
que reciben crédito FAMILIA y
CONAMYPE
Objetivo 2 38 Número de créditos otorgados a mujeres SIS Trimestral Inicia en 2017 100 280 560 600
Objetivo 2 39 “Número de personas trabajadoras NSAFORP Semestral 159.389 167.357 188.158 211.256 218.097 224.758
de las empresas que han finalizado
cursos de formación profesional continua.
para emprendimientos y empresas

72 ANEXO 1
Objetivo 3 40 Índice de paridad de género MINED Anual 1 1 1 1 1 1
Objetivo 3 41 Años promedio de escolaridad de la población DIGESTYC Anual 6,7 6,8 7,0
Objetivo 3 42 Tasa neta de matrícula de educación inicial MINED Anual 1,40% 2,10% 4,60% 7,00% 9,60% 12,20%
Objetivo 3 43 Tasa neta de cobertura deTercer Ciclo MINED Anual 64,9 63,7 60,7 66,7 68,2 69,70
de educación básica
Objetivo 3 44 Tasa neta de cobertura de educación media MINED Anual 37,5 37,9 37,7 43,9 46,9 49,9
Objetivo 3 45 Tasa de transición a primer año de bachillerato MINED Anual 79% 79% 79% 80% 80% 80%
Objetivo 3 46 Tasa de supervivencia escolar a sexto grado MINED Anual 78,10% 78,10% 78,10% 78,10% 78,10% 78,10%
Objetivo 3 47 Tasa de supervivencia escolar a noveno grado MINED Anual 59%
Objetivo 3 48 Tasa de supervivencia escolar a primer año MINED Anual 47,60%
de bachillerato
Objetivo 3 49 Porcentaje de deserción escolar MINED Anual 6,30% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60%
Objetivo 3 50 Porcentaje de desercion escolar a tercer ciclo MINED Anual 8,2% 7,4% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%
de educacion basica
Objetivo 3 51 Porcentaje de desercion escolar en educacion MINED Anual 8,50% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20%
media
Objetivo 3 52 Tasa de abandono escolar por causa de MINED Anual
embarazo
Objetivo 3 53 Tasa de abandono escolar por causa de MINED Anual
delincuencia
Objetivo 3 54 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes DIGESTYC Anual 8,7
entre 5 y 17 años trabajando
Objetivo 3 55 Porcentaje de estudiantes de educación MINED Anual 19% 21% 24% 24% 24% 25%
media con resultados de PAES en nivel superior
Objetivo 3 56 Número de estudiantes atendidos en MINED Anual 50.445 447.800
Educación Media en modalidades flexibles
Objetivo 3 57 Tasa de analfabetismo en población de DIGESTYC / Anual 11,85 10,80 4,00
más de 10 años MINED
Objetivo 3 58 Número de estudiantes de tercer ciclo MINED Anual
atendidos con modalidades flexibles
Objetivo 3 59 Porcentaje de la población joven y adulta MINED Anual
atendida en condición de analfabetismo
Objetivo 3 60 Porcentaje de NNA en centros escolares MINED Anual 99% 99% 100% 100% 100% 100%
públicos que reciben paquetes escolares
Objetivo 3 61 Cantidad de NN por computadoras MINED Anual 26 21 15 11 10 10
en los centros educativos
Objetivo 3 62 Porcentaje de centros educativos MINED Anual 28,50% 31,00% 35,00% 35,00% 37,00% 60,00%
públicos con acceso a internet

73ANEXO 1
Objetivo 4 63 Razón de mortalidad materna MINSAL Anual 42,3 39,8 37,3 34,8 34,2
Objetivo 4 64 Tasa específica de fecundidad para MINSAL Anual 64X1,000 64X1,000 64X1,000 64X1,000 64X1,000 64X1,000
mujeres de 15 a 19 años de edad
Objetivo 4 65 Tasa de mortalidad infantil MINSAL Anual 9,70 9,90 9,00 8,50 8,00 8,00
Objetivo 4 66 Tasa de letalidad por Dengue MINSAL Anual 0.4 X 100< 0.5 X 100< 0.5 X 100< 0.5 X 100<0.5X100
Objetivo 4 67 Tasa de mortalidad por cáncer de cervix MINSAL Anual 9.0X100,0008.8X100,0008.5X100,0008.3X100,000 8.1X100,000
Objetivo 4 68 Proporción de egresos hospitalarios por MINSAL Trimestral 58,00% 57,00% 55,00% 53,00% 51,00%
complicaciones relacionadas con la diabetes
Objetivo 4 69 “Tasa de éxito en el tratamiento de la MINSAL Anual 92,30% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90%
tuberculosis (en casos nuevos
bacteriología positiva)”
Objetivo 4 70 Porcentaje de mujeres que verificaron MINSAL Trimestral 75,6 76,5 77,5 79 80
parto y fueron registradas en el Sistema
Informático Perinatal (SIP), que recibieron
al menos cuatro atenciones prenatales
Objetivo 4 71 Porcentaje de parto hospitalario MINSAL Trimestral 99,30% 99,40% 99,50% 99,50% 99,60%
Objetivo 4 72 Cobertura de control postparto MINSAL Trimestral 95,30% 95,50% 95,70% 96% 96,20%
Objetivo 4 73 Cobertura de atención integral a niños MINSAL Semestral 70% 71% 72%
y niñas menores de un año, con al menos
seis controles
Objetivo 4 74 Cobertura de vacunación con tercera dosis MINSAL Trimestral 0,91 95% 95% 95% 95%
de vacuna pentavalente en niñas y
niños menores de un año.
Objetivo 4 75 Cobertura de vacunación con vacuna MINSAL Trimestral 95% 95% 95% 95% 95% 95%
antisarampionosa en niñas y niños de un
año (disponible a partir de 2017)
Objetivo 4 76 Cobertura de tratamiento estándar MINSAL Trimestral 92,30% 100% 100% 100% 100%
de tuberculosis
Objetivo 4 77 Porcentaje de adultos, niños y niñas con MINSAL Anual 60% 70% 75% 80% 80%
infección avanzada deVIH que recibe
terapia antirretrovírica
Objetivo 4 78 Porcentaje de mujeres embarazadas MINSAL Anual 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
seropositivas que recibieron medicamentos
antirretrovíricos para reducir el riesgo de
transmisión materno infantil delVIH
Objetivo 4 79 Porcentaje de gastos directos de hogares MINSAL Anual 29,00 27,00
en salud (PQD)
Objetivo 4 80 Proporción de embarazos en adolescentes MINSAL Anual
Objetivo 4 81 Tasa de desnutrición crónica ** MINSAL 13,60

74 ANEXO 1
Objetivo 5 82 Proporción de de hogares con acceso DIGESTYC Anual 86,40 86,60 88,47 90,01 91,52 92,86
a agua por cañería
Objetivo 5 83 Porcentaje de hogares que utilizan un DIGESTYC Anual 50,27 50,45 50,80 51,14 51,49 51,83
mecanismo adecuado para la eliminación
de las aguas grises
Objetivo 5 84 Proporción de hogares con energía eléctrica DIGESTYC Anual 95,10 95,57 96,43 97,32 98,09 98,80
Objetivo 5 85 Número de hogares que se lintervienes en VMVDU Trimestral 4.080 9.239 1.798 1.860 2.398 2.412
mejora su vivienda, tenencia y mejora
de su entorno
Objetivo 5 86 Número de familias que adquieren viviendas VMVDU Trimestral 5.936 8.102 6.125 6.860 7.053 7.169
Objetivo 5 87 Déficit cuantitativo de viviendas VMVDU Anual 8,0% -2 puntos
porcentuales
Objetivo 5 88 Número de hogares con acometida STPP Trimestral 15.066 15.441 15.816 16.191 15.266 15.641
de agua domiciliar instalada (FISDL
y ANDA)
Objetivo 5 89 Porcentaje de muestras de agua MINSAL Trimestral 67,00% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00%
dentro de la norma
Objetivo 5 90 Número de hogares con sistema de STPP Trimestral 5089 5339 5589 5839 6089 6339
eliminación de aguas grises instalado *** (FISDL
y ANDA)
Objetivo 5 91 Número de hogares a los que se ha instalado FISDL Trimestral
acometida de energía eléctrica
Objetivo 6 INDICADORES EN CONSTRUCCIÓN
Objetivo 7 92 Número de mujeres que enfrentan violencia ISDEMU Anual 10.463 10.585
basada en género atendidas por el programa
especializado de ISDEMU
Objetivo 7 93 Número de personas salvadoreñas en el MRREE Anual 0 260 125 150 150 150
exterior que participan en proyectos
de inversión en El Salvador
Objetivo 7 94 Número de servicios consulares MRREE Trimestral 494.026 449.915 485.651 524.126 565.614 610.414
entregados a personas salvadoreñas
en el exterior
Objetivo 7 95 Número de asistencias de protección MRREE Trimestral 6.048 7.844 8.366 8.784 9.223 9.685
de derechos y gestión humanitaria a
salvadoreños en el exterior
Objetivo 7 96 Número de usuarias que reciben servicios SIS Trimestral 1.800 2.100 2.400 2.700
en construcción de ciudadanía
*Metas del INJUVE
** MINSAL-DIGESTYC. Encuesta Nacional de Salud, MICS. 2014
*** Meta de ANDA

75ANEXO 2
RESULTADOS DEL PROCESO DE CONSULTA
PARA LA VALIDACIÓN DEL
Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social
2014-2019
1. Antecedentes
La Ley de Desarrollo y Protección Social se aprobó el 3 de abril del 2014. Esta ley mandata en la Sección
III, la formulación de un Plan de Desarrollo, Protección e inclusión Social (Plan Social) en el primer
semestre de cada periodo presidencial, en acuerdo a los objetivos del Plan Quinquenal de Gobierno.
En el Plan Social se definen los principales resultados a alcanzar para mejorar el bienestar y la
protección social de toda la población, proponiendo una planificación clara, validada por la
ciudadanía, acerca de qué políticas sociales se implementarán para erradicar la pobreza, la exclusión
social y promover una agenda de desarrollo para el cumplimiento de los derechos económicos,
sociales y culturales en el país.
Además, la Ley en su artículo 13 establece que este Plan deberá formularse de manera participativa
garantizando la más amplia consulta y deliberación social, en todos los municipios y departamentos.
En el reglamento de la ley, en el artículo 6, se norma el proceso de consulta y se establece que
el procedimiento a seguir, es la elaboración de la propuesta del Plan, aprovechando los insumos
obtenidos en el proceso de consulta del Plan Quinquenal de Gobierno. Posteriormente, es necesaria
la validación de la propuesta del Plan, a través de Asambleas Departamentales, validación que se
realizó con las Gobernaciones Departamentales, en coordinación con la SPTA.
Las consultas para la validación del Plan Social se realizaron en los 14 Departamentos del país,
desde el 24 de agosto hasta el 8 de septiembre de 2016, contando con el invalorable apoyo de las
Gobernaciones Departamentales.
2. Metodología del proceso de validación del Plan Social con la ciudadanía
En conjunto con la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, la Dirección de
Programas Estratégicos de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia diseñaron una
metodología para llevar adelante el proceso de validación del Plan Social. La misma constó de tres
momentos principales:

76 ANEXO 2
Presentación de los contenidos principales del Plan Social:
a) Antecedentes y desarrollo de la política social
• Datos en materia de inversión social, especialmente referida a la inversión de los programas
sociales que se ejecutan en el Departamento.
• Avancesenmateriadelareduccióndelapobrezaporingresos,ydelapobrezamultidimensional.
• Los enfoques del Plan Social y el marco del Buen Vivir.
• Las poblaciones prioritarias del Plan Social.
• Los resultados y los programas del Plan Social.
• El Registro Único de Participantes.
b) Trabajo en mesas:
• Los participantes se distribuyeron en tres grupos de trabajo, teniendo cada grupo a su cargo el
análisis de dos resultados del Plan Social, para analizar a una guía de preguntas: ¿Consideraque
las acciones presentadas contribuyen a lograr el resultado propuesto?; ¿Qué otras acciones cree
podrían sumar al logro de este resultados?; ¿Cuál debería ser la acción principal que a su criterio
debería priorizar el Gobierno?; ¿Cuál debe ser el compromiso de la población para lograr estos
resultados?
• Los técnicos de gobierno que participaron de las consultas desempeñaron un rol de
facilitadores del trabajo de cada grupo, que eligió entre los propios participantes un vocero
para presentar los resultados a la plenaria general.
• Esta parte de la consulta fue de una enorme riqueza ya que permitió conocer de manera
directa las impresiones y experiencias que tienen las personas sobre los programas sociales
en los que participan, así como recibir sus retroalimentaciones referidas a dónde deberían
situarse las prioridades de trabajo, y propuestas para la mejora de los programas.
• El trabajo en mesas terminó en una plenaria general donde cada grupo expuso sus
conclusiones, a fin que las mismas sean reflejadas en el Plan Social.
c) Consulta sobre el funcionamiento de los programas sociales en el territorio:
• Aprovechando que en el proceso de validación del Plan Social se contó con la presencia de
personas que participan de los programas sociales, se elaboró una guía de preguntas para
conocer las impresiones de los participantes sobre los mismos: ¿Conoce los procesos de
selección para ser participante de los programas sociales?
¿Los servicios recibidos por parte de las instituciones son de la calidad esperada?
¿Existe suficiente información de cómo formar parte de los programas?
¿Por qué medio de comunicación se ha enterado de los programas?
El objetivo principal de este momento de la consulta fue, además de recoger insumos para el
Plan Social, contar con información para poder retroalimentar a cada institución a cargo de la
implementación de los programas en el territorio acerca de cómo están funcionando los mismos

77ANEXO 2
desde la perspectiva de la ciudadanía. Dicho material será puesto a disposición del Gabinete Social,
y de los correspondientes Ministerios.
Es importante destacar que en la jornada se dedicó un espacio inicial a la presentación de los
principales contenidos de la Ley de Desarrollo y Protección Social mediante un video que puede
consultarse en el siguiente link: www.pacses.org
Por último, se dedicó al cierre de cada jornada un espacio de evaluación sobre la actividad realizada.
3. Los Participantes del proceso de validación del Plan Social
Cómo ya se ha mencionado, el proceso de validación del Plan Social contó para su realización con el
apoyo del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y especialmente de las Gobernaciones
Departamentales,quienesestuvieronacargoderealizarlasconvocatoriasalaciudadanía,priorizando
a organizaciones de sociedad civil y a los espacios de participación ya constituidos en torno a las
asambleas ciudadanas. Entre quienes participaron destacan:
Sociedad Civil: organizaciones de mujeres, agricultoras y agricultores, organizaciones de personas
adultasmayores,personascondiscapacidad,representacióndeasociacionesdejóvenes,estudiantes,
veteranos, ADESCOS, Cooperativas, representantes del Consejo consultivo, Contralores Sociales,
Participantes de los Programas Sociales, Red de defensoría del Derecho, representantes de iglesia,
Comités de Salud, Juntas de administración de agua, Foro Nacional de Salud, representantes de
iglesia católica y evangélica, rrepresentantes de equipos de futbol.
Instituciones de Gobierno: MINED, SALUD, MINSAL, ISDEMU, CONNA, INDES, VMVDU, FISDL, Casas
de la Cultura, PREPAZ, ISSS, Gobernaciones, ISTA, PNC, INPEP, Ministerio de Relaciones Exteriores
representantes de gobiernos locales, Promotores de Salud.
Destaca que las personas participantes en los procesos de validación expresaron su reconocimiento
al trabajo que está haciendo el gobierno a través de las diferentes instituciones, tanto en materia
de participación ciudadana como en lo referente a la política social, destacando por su beneficio
especialmente a los siguientes programas: Uniformes,Vaso de Leche, Alimentación escolar, Paquetes
agrícolas, ECOS, Ciudad Mujer, Una niña, Un niño, Una computadora.
4. Los hallazgos de la consulta
Todas las personas que participaron de las consultas manifestaron su acuerdo con la realización de
este tipo de actividades en las que el gobierno central se acerca a los territorios a dialogar con la

78 ANEXO 2
población, y de manera general valoraron de forma positiva la información que se les facilitó en el
marco de la consulta.
Llama la atención a más de dos años de aprobada la Ley de Desarrollo y Protección Social, el bajo
nivel de conocimiento que la misma tiene entre la población. En tal sentido, es importante desarrollar
acciones de difusión y sensibilización sobre el cumplimiento de los derechos sociales, económicos
y culturales en el país, empoderando especialmente a la sociedad civil organizada. A través de
diferentes opiniones, los participantes de la consulta expresaron el deseo de conocer con mayor
profundidad la Ley, como paso fundamental para poder participar en procesos de control y auditoría
ciudadana, y poder exigir el cumplimiento de sus derechos.
EnrelaciónalosresultadosdelPlan,entodoslosDepartamentoshuboacuerdoacercadelarelevancia
y pertinencia de los mismos. Sin embargo, de manera general y con énfasis en los departamentos de
San Salvador, Morazán y Chalatenango, se insistió en la necesidad de hacer aparecer de manera más
explícita la cuestión del ambiente y los recursos naturales, que se consideran parte fundamental del
paradigma del buen vivir. Más allá de las líneas que el Plan plantea en relación a mejorar la calidad
del hábitat, especialmente de las poblaciones más vulnerables, plantear líneas de trabajo para la
defensa del ambiente y de sus recursos, principalmente el agua, las semillas nativas, los bosques, y
otros recursos vinculados a la seguridad alimentaria y la salud de la población, apareció como una
petición que debe reflejarse en el Plan.
Principales recomendaciones en torno a los resultados del Plan Social
Resultado 1: Reducir la pobreza y vulnerabilidad
La población reconoce el valor que las transferencias monetarias condicionadas (bonos) han tenido
para el alivio a la pobreza, y expresan el deseo que las mismas puedan crecer en cobertura. En varios
departamentos se reciben observaciones relativas a la necesidad de actualizar los registros a fin de
permitirquenuevasfamiliasensituacióndepobrezayvulnerabilidadpuedanaccederalosprogramas.
Existe en la población una preocupación en lo que refiere específicamente al Programa de Apoyo a la
Agricultura Familiar (PAF), específicamente a la distribución de los paquetes agrícolas. La población
consultada manifiesta que es necesario depurar los padrones y tener un mayor control desde el nivel
central en los procedimientos de entrega de los paquetes.
La situación de vulnerabilidad en la que viven muchos agricultores requiere ser atendida por otras
intervenciones, que permitan garantizar la seguridad alimentaria de la población, especialmente de
la que habita las zonas rurales del país. En tal sentido, además de las mejoras en el PAF la población
hizo hincapié en la distribución de semillas nativas; en la protección de la economía del pequeño

79ANEXO 2
agricultor a través de subsidios directos o de apoyos para la compra de insumos estratégicos para la
producción; y también se planteó, en los Departamentos de Morazán y Chalatenango, la necesidad
de fomentar el cuido del ambiente, a través de campañas de reforestación y de pagos por servicios
ambientales, que compensen mantener las zonas de bosque nativo.
Resultado 2: Mejorar los ingresos, el empleo decente y la seguridad social
En todos los Departamentos del país la preocupación por el empleo, especialmente de los más
jóvenes, ha surgido como una temática a priorizar. En este sentido, la demanda para que el Programa
Jóvenes con Todo se implemente en todos los Departamentos apareció de manera reiterada, como
una oportunidad para incrementar la empleabilidad de los jóvenes y brindar recursos que les
permitan continuar en el sistema educativo o emplearse.
También surgió en todos los Departamentos la necesidad de que el Gobierno tenga una acción más
decidida en el aumento del salario mínimo, que la población considera fundamental para la mejora
de la calidad de vida.
Resultado 3: Desarrollar el potencial humano de la población
La preocupación por la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes fue una constante en
las consultas realizadas en todos los Departamentos.
Las preocupaciones expresadas por la población al respecto son de varios tipos:
Desafíos en materia de cobertura: urge incrementar la cobertura en educación inicial. La necesidad
de poder resolver las tareas de cuido vinculadas a la primera infancia es una demanda sentida en las
mujeres, quienes tienen dificultades prácticas para insertarse productivamente en otros ámbitos,
además de la pérdida de oportunidad para fomentar la estimulación temprana de niños y niñas.
Las demandas por cobertura también se extienden a los bachilleratos, ya que en varios municipios
las posibilidades de permanecer en el sistema educativo solo se mantienen hasta el noveno grado,
enfrentando las familias serias dificultades, vinculadas especialmente a las posibilidades económicas
y a la situación de inseguridad, para enviar a sus hijos a continuar los estudios lejos de casa. En
muchos municipios, especialmente en la zona oriental del país, la deserción de los jóvenes del
sistema educativo en el noveno grado representa un problema de envergadura, vinculado a varias
causas, siendo las que más fueron comentadas por la población: las necesidades económicas de las
familias, que lleva a los jóvenes a buscar empleo; la influencia de las pandillas; y la migración hacia
los Estados Unidos.

80 ANEXO 2
También en varios departamentos se hizo sentir la necesidad de vincular más la oferta educativa
con las vocaciones del territorio (por ejemplo, en Morazán se habló a favor de la reapertura del
Bachillerato con orientación agrícola de San Francisco Gotera); y se mencionó la importancia de
contar con carreras técnicas y universitarias que no impliquen que los jóvenes se trasladen hasta la
capital. La apertura de sedes de la UES en todos los Departamentos fue solicitada. Se espera que el
nuevo sistema de Universidad en Línea pueda aliviar en parte esta demanda de la población, pero
aún es claro que hace falta hacer un esfuerzo por incrementar los cupos que el sistema educativo
público ofrece.
Desafíos en materia de calidad: en todos los Departamentos se recibe la demanda de mejorar la
formación y la supervisión sobre el personal docente, por ejemplo, en materia de ausentismo y
de los recursos pedagógicos que utilizan en clase. Un problema que debe atenderse con urgencia
de acuerdo a lo expresado por la población es mejorar la educación sexual que se brinda en los
centros escolares del sistema público, así como el desarrollo de estrategias para prevenir y atender el
embarazo en adolescentes, no desde una perspectiva punitiva, sino apoyando la continuidad escolar
de las niñas.
LosprogramasqueelGobiernoestádesarrollandojuntoalMinisteriodeEducaciónsonmuyvalorados
por la población. El programa de dotación de zapatos, uniformes y útiles escolares; el Programa de
alimentación escolar y vaso de leche; y el programa Una niña, Un niño, Una computadora, alcanzan
valoraciones muy positivas entre la población. Las principales demandas son en torno a tener un
mejor control sobre la entrega de los paquetes escolares (principalmente en tiempo), y evitando
que los mismos se presten a cualquier uso distinto al planificado; y para el caso de la alimentación
escolar se esperaría poder contar todos los días con el vaso de leche. En lo que refiere a la entrega
de las computadoras, también se registra una valoración positiva si bien se llama la atención con la
necesidad de contar con profesores de informática y con el mantenimiento adecuado del equipo de
computación. También especialmente en los departamentos del oriente del país, se hace hincapié
en la mejora de la infraestructura escolar, y en general en todos, en la necesidad de fomentar las
inteligencias múltiples, incorporando música, danza, teatro y fomentando las vocaciones técnicas.
Acerca de la propuesta de extender la cobertura de bonos de educación para los estudiantes de
tercer ciclo y bachillerato, la población consultada manifiesta su acuerdo, viendo en esta acción la
posibilidad de mantener a los jóvenes en el sistema educativo.
Por último, en varios departamentos surgió la demanda de atender la salud psicosocial en las
escuelas. Varios padres y madres de alumnos manifestaron la necesidad de poder contar con
psicólogos y especialistas que brinden atención especial a los niños, niñas y adolescentes que han
vivido situaciones de violencia u otras que les afectan en sus estudios, y que no pueden ser resueltas
por los docentes.

81ANEXO 2
Resultado 4: Impulsar la vida saludable y el bienestar de las personas
Existe en la población una valoración muy positiva acerca de los efectos de la Reforma de Salud
en la mejora de los servicios en los territorios, y existe la demanda de aumentar los ECOS. Mientras
que las principales demandas se sitúan en torno a mejorar la calidez en los servicios de salud y
actualizar y revisar los protocolos para no hacer esperar a los pacientes graves, así como a revisar
los procedimientos de derivación de pacientes entre el primer nivel de salud y los siguientes, pues
aparentemente esto ha generado más burocracia, dificultando la oportuna atención de los pacientes.
Si bien no se expresan tantos problemas en la infraestructura y cobertura de los servicios de salud,
las demandas de la población se centran en la calidad de los servicios, exigiéndose mayor control y
supervisión por parte del nivel central acerca del trabajo que realizan los profesionales de la salud en
el territorio. Además de la atención oportuna, la calidez aparece, como ya fuera mencionado, como
una de las principales deudas del sector.
Existe en la población una preocupación marcada por el embarazo en adolescentes, que registra en
El Salvador una de las tasas más altas de toda la región. En tal sentido, se exige mayor educación en
derechos sexuales y salud reproductiva, y el acompañamiento con métodos anticonceptivos desde
las unidades de salud, además de proponer talleres, charlas y otras actividades para vincular a los
adolescentes y jóvenes. También se expresa la necesidad de ampliar la cobertura de los Hogares de
Espera Materna, que son importantes para garantizar a las mujeres de las zonas más periféricas el
acceso a un parto seguro.
Otro tema recurrente en las consultas ha sido la atención de la desnutrición crónica especialmente en
la primera infancia, que se acopla a las demandas de mejorar la seguridad alimentaria de la población
en las zonas rurales y de ampliar los programas de nutrición infantil.
El acceso y la calidad al agua ha sido otra preocupación expresada en todos los departamentos,
donde se requiere una mejor coordinación entre MINSAL y ANDA sobre todo en lo que refiere a
garantizar la calidad del recurso.
Resultado 5: Impulsar el hábitat y la vivienda sanos y seguros
En lo que refiere a este resultado el proceso de validación sirvió para enriquecer su contenido, ya que
la población consultada hizo referencia a la importancia de integrar al mismo cuestiones relativas no
solo a la mejora dela vivienda y el hábitat, sino también a la legalización de tierras, y al cuidado de los
recursos naturales.

82 ANEXO 2
Esta dimensión ambiental, que es constitutiva del enfoque del Buen Vivir será incluida con mayor
detalle en el Plan Social y deberá tenerse en cuenta al momento de formular las políticas y programas
del sector.
En todos los Departamentos se priorizó el tema del agua. En tal sentido, se manifestó la preocupación
por garantizar el derecho al agua de la población, así como otras medias que incluyan el acceso a este
recurso, especialmente en las comunidades rurales, y la declaración de cuencas protegidas para las
reservas hídricas del río Sapo, río Torola, río San Francisco y río Araute, entre otros, que son fuentes
de recarga hídrica.
También se exige una mayor regulación del medioambiente, tanto en lo que compete al gobierno
central como a las municipalidades. Una mejor regulación sobre el uso de la tierra, el estricto control
a las empresas constructoras, la reducción de la quema de suelos, tener un mayor control sobre las
viviendas abandonadas para prevenir que se conviertan en focos de actividades delictivas, junto con
políticas que ayuden a las familias a legalizar sus tierras, aparecen como las principales propuestas y
demandas de la población consultada.
También, especialmente en los Departamentos de la región oriental se pide mejorar los caminos y
vías de acceso a las comunidades y hacer más eficiente la recolección de residuos en las áreas rurales.
Por último, se propone impulsar campañas de reforestación y de construcción de huertos caseros,
tantodesdelaperspectivadelaseguridadalimentariacomodelarecuperacióndesaberesautóctonos
que contribuyan a un uso más eficiente de la tierra.
Resultado 6: Fortalecer el pleno ejercicio de la ciudadanía
En relación a este resultado el proceso de validación del Plan Social aportó elementos para reforzar
las apuestas en materia de participación, transparencia y contraloría ciudadana que contiene el Plan
Social.
En todos los Departamentos hubo acuerdo acerca de que la población tiene un importante rol
en la supervisión de las políticas sociales, a lo largo de todo el ciclo de la política pública, y que su
retroalimentación acerca de cómo efectivamente se ejecutan los diferentes servicios en los territorios
es fundamental para aportar a la mejora continua de los programas.

83ANEXO 2
Para ello, es necesario fortalecer a las organizaciones de sociedad civil y sus movimientos, al
menos en tres aspectos:
• Capacitación en DDHH y otros enfoques vinculados al Plan Social. Como las mismas personas
han manifestado, solo en la medida en que conozcan sus derechos podrán tener un protagonismo
activo en su defensa y promoción.
• Apoyar el desarrollo y el fortalecimiento de las organizaciones territoriales. Ya existen en
los distintos municipios del país movimientos organizados para la defensa de derechos, que
deben promoverse y apoyarse, con recursos y capacitación, promoviendo que puedan participar
activamente en la auditoría de los programas sociales.
• Fortalecer los espacios de trabajo entre las organizaciones. Es necesario hacer esfuerzos para
acercar a las organizaciones al trabajo colectivo, vinculándolas con otros espacios de trabajo,
como el Foro Nacional de Salud, la Red de Defensoras de DDHH, que potencien el trabajo de la
sociedad civil organizada.
EnvariosDepartamentossellamólaatencióntambiénsobrelanecesidaddemejorareltrabajoconlas
comunidades indígenas, ya que si bien el Plan Social las propone como poblaciones prioritarias, falta
aún mucho trabajo para conocer las demandas y propuestas de estas comunidades, integrándolas
en propuestas concretas en el marco de los distintos programas e intervenciones que contempla
el Plan.
En todas las consultas realizadas, la población manifestó su disposición a involucrarse más
directamente en la supervisión de las actividades del Plan. Entre las propuestas realizadas destacan:
• Realizar evaluaciones ciudadanas sobre los programas sociales.
• Convocar a la ciudadanía a espacios de trabajo conjunto con los funcionarios públicos.
• Mejorar los procesos de comunicación entre las instituciones y los ciudadanos, y los espacios de
rendición de cuentas.
• Mejorar los espacios de denuncia ciudadana, garantizando la confidencialidad y el seguimiento
oportuno de los casos presentados.
• Incentivar el voluntariado.
• Avanzar en la descentralización del estado y de sus servicios, pues aún permanece una visión
muy centralista, donde la población debe trasladarse incluso a veces fuera de su municipio para
acceder a asesoría o servicios públicos.
• Incorporar a los líderes sociales en la auditoría y vigilancia de los programas sociales.
• Tener ventanillas de atención ciudadana para recibir asesoría sobre los programas y otros trámites
que la ciudadanía requiere.
Junto con las propuestas, la ciudadanía también expresó algunas demandas puntuales en torno
a mejorar la transparencia de los programas. En este sentido, si bien se reconocen importantes
mejoras, se plantea continuar con el desarrollo de herramientas que brinden criterios de selección

84 ANEXO 2
para participar en los programas que no dependan de la voluntad política de ningún intermediario,
garantizando que los esfuerzos que el gobierno destina en materia de inversión social puedan llegar
a quienes realmente lo necesitan. También se plantea mejorar la difusión de los programas, a fin
que toda la población pueda conocer los criterios de elegibilidad, las normas de operación de cada
programa y tenga acceso a información sobre los mismos.
Se hace hincapié en la necesaria supervisión por parte del gobierno central del personal en el
territorio, a fin de asegurar que los enfoques que plantea el Plan Social se hagan efectivos en los
territorios.
Por último, se reciben algunas demandas puntuales, repetidas en la mayoría de Departamentos,
acerca de la necesidad de actualizar el censo de población; poder contar con un Documento Único
de Identidad desde el momento del nacimiento, que facilite la participación de las personas en la
oferta de servicios que el estado brinda; y se pide por la gratuidad del DUI.
Temas priorizados por la población en el proceso de validación del Plan Social:
Atención a la desnutrición crónica y avance en la soberanía alimentaria
Derecho al agua y protección del recurso hídrico
Prevención y atención al embarazo adolescente
Empleo, especialmente de mujeres y jóvenes
Mejora en las condiciones de vida y producción de los agricultores
Fortalecimiento de la organización social en los territorios
Capacitación en DDHH a poblaciones prioritarias
Mejorar la difusión y la cobertura de los programas sociales
La Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia revisó el contenido del Plan Social a la luz
de estos temas priorizados por la población, a fin de garantizar que los mismos se reflejan en las
propuestasderesultadosydeintervencionesqueelmismocontiene,yqueseestaránimplementando.
5. Informe de valoraciones expresadas por los ciudadanos y ciudadanas
sobre los servicios que prestan las diferentes instituciones del Estado en
los territorios
Como parte de la metodología de los diferentes talleres de validación, se incluyó una batería de
preguntas cuyo objetivo principal fue el obtener información sobre la percepción de los participantes
sobre los programas sociales.

85ANEXO 2
Elprocedimientoconsistióenhacerpreguntasenformaverbalylaspersonasparticipantesrespondían
alzando sus manos, siendo sistematizadas las respuestas por el equipo a cargo de la facilitación.
A continuación se describen algunas de las principales valoraciones realizadas por la ciudadanía:
a) Sobre los programas Sociales
• En cuanto al conocimiento de la Ley de Desarrollo y Protección Social, se podría decir que el
60 % de las personas que respondieron manifestaron desconocer su existencia y contenido.
• Los programas más reconocidos por la población son: Paquetes Escolares, Paquetes Agrícolas,
vaso de leche, Comunidades Solidarias y en menor proporción pero mencionados, Una Niña,
Un niño, Una computadora, Ciudad Mujer, Jóvenes con Todo, ECOS.
• En cuanto al reconocimiento de las instituciones en el territorio, entre las que tienen más
visibilidad aparecen: MINED, MAG, FISDL, MINSAL, INJUVE.
• Encuantoalconocimientosobrelosrequerimientosparaparticiparenlosdiferentesprogramas
sociales, la mayoría de las personas respondió conocer uno a más requisitos, pero también
muchos de los participantes expresaron su preocupación por la falta de publicidad sobre los
requisitos para participar en los programas, pidiendo que esto pueda mejorarse.
• Se puede estimar que un 70 % de las personas participantes reconoció que participa en
algunos de los programas sociales que impulsa el gobierno.
• Encuantoalacalidaddelosproductosrecibidos,lamitaddelosparticipantesquerespondieron,
manifestaron que los productos son de calidad, pero la otra mitad expresó que la calidad de
los productos y servicios no es la mejor, muchas veces, por la falta de supervisión del nivel
central sobre los prestadores de servicios en el territorio.
• En cuanto a la información disponible sobre los programas sociales, un 50 % de las y los
consultados respondió que si existe información, pero la otra mitad dijo que no era suficiente.
• Sobre los medios de comunicación que más utilizan, este fue muy variado pero es de resaltar
que las personas escuchan con más frecuencia la radio y en especial las comunitarias. Pero
tienen acceso a varios medios de comunicación, como redes sociales, televisión, prensa escrita.
b) Algunas valoraciones sobre la evaluación del proceso de validación del Plan Social por parte
de los participantes
• La ciudadanía expresó que estos acercamientos con la población deberían ser más frecuentes,
ya que les permiten conocer de primera mano que está pasando.
• Que siempre debe promoverse la participación de diferentes sectores de la población para
enriquecer estos procesos.
• Consideran que estas actividades son importantes para que las autoridades puedan conocer
cómo funcionan los programas en los territorios, y así tomar acciones para la mejora de los
mismos.

86 ANEXO 2
• Expresan que estas jornadas deberían desarrollarse con mayor tiempo, ya que no hay
suficiente espacio para participar y decir todo lo que se tiene que decir para profundizar en las
problemáticas.
• Opinan que hicieron falta en los procesos de validación la participación de algunos sectores
de la población, en especial las municipalidades.
• Que esperan que los aportes de estas reuniones sean tomados en cuenta ya que sino de nada
sirve que estén expresando sus ideas.
• Quelostalleresfueronmuyparticipativos,conbuenafacilitaciónyconunabuenametodología,
que les permitió conocer y comprender los temas vinculados al desarrollo social.

87ANEXO 2
Resumen de participantes en Asambleas de Validación
24 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
CEMMMPR-12,ADESCO ElPaisnal,AsambleadeIlopango,
ACM,CasadelaCulturade: Soyapango,CiudadDelgado,
Representante Contralor, AMO Guaza, UCRES, AISAM,
representantes de Jóvenes con todo, representante
de iglesia católica, CCL y JUNO, líderes y lideresas de
diferentes comunidades, Gobernación, Secretaría de
Participación Transparencia y Anticorrupción, STPP,
Luxemburgo.
Líderes y lideresas de diferentes comunidades, CATCHA,
ADESCO el Progreso, ADESCO Uluazapa, ADESCO San
Bartolo, representante de organizaciones Juveniles,
ADEMUD, representantes de gobiernos locales,
ISNA, ISDEMU, Gobernación, MINSAL, Secretaría de
Participación Transparencia y Anticorrupción, STPP.
Coordinadora BPS - La Paz, AMUVIZ, AMA La Calzada,
Asociación de Mujeres de San Luis Talpa, ADESCOUVLP
2, Asociación Anastasio Aquino, ADL, AM, Casas de la
Cultura, ADDZ, ADESCO Zacatecoluca, líderes y lideresas
comunitarias. Gobernación, Secretaría de Participación
Transparencia y Anticorrupción, STPP.
Usuarias Ciudad Mujer, personas adultas mayores,
Colectiva Feminista, Consejo Consultivo. ADESCO La Paz,
Instituto de Usulután, Directiva de IMU, ASUSCUBAJ,
líderes y lideresas comunitarias, canal 77, TVO, MINED,
Gobernación, Secretaría de Participación Transparencia
y Anticorrupción, STPP, Noticias Menotty.
ADESCO San Matías, ADESCO A.R.L, ADESCO Shutia,
ADESCO PREM, Contralor Social, ADEMUS, Chiltiupan,
AJAYAC, CONAPEJ, líderes y lideresas comunitarias,
Cooperativa La Florida, AMEN, CORCULL.N.C., ESMA,
Representantes de Gobiernos Locales, Secretaría de
Participación Transparencia y Anticorrupción, STPP.
San Salvador
San Miguel
La Paz
Usulután
La Libertad
35 33
26 34
30 30
37 23
34 26
Participantes
Hombres Mujeres
Departamentos Instituciones

88 ANEXO 2
Líderes y lideresas comunales, EDUCARTE, La Colmena,
Mujeres agricultoras las arboledas, IPA, Movimiento
Juvenil, Defensa del consumidor, Comité de Mujeres
el Barro, Movimiento Juvenil Todos Somos Romero,
ADESCO MUPAZ, ADESCOPALL, Gobernación, Secretaría
de Participación Transparencia y Anticorrupción, STPP,
ISSS, INDES, Defensoría del Consumidor, ISNA, MTPS,
FISDL, MINED, VMVDU, ISDEMU.
UCSFE Izalco, UCSFI Sonsonate, Centro de Formación
Izalco, Red de Defensoras de Derechos Humanos,
CCYCS San Antonio, ADESCO Las Higueras, ADESCOLE,
líderes y lideresas comunales, ADECI, ISDEMU,
Gobernación, Secretaría de Participación Transparencia
y Anticorrupción, STPP.
ADESCO, CCCJ, CDD, líderes y lideresas comunales,
representantes de iglesias, ADESCO Colonia Nuevo
Amanecer, Representantes de equipos de futbol, canal
23 canal 9, Gobernación, Secretaría de Participación
Transparencia y Anticorrupción, STPP.
Líderes y lideresas comunitarios, representantes de la
Iglesia Asamblea de Dios, Representantes de Gobiernos
Locales, Secretaría de Participación Transparencia y
Anticorrupción, STPP.
Ahuachapán
Sonsonate
La Unión
San Vicente
32 34
32 28
33 26
68 15
Participantes
Hombres Mujeres
Departamentos Instituciones

El Plan Social fue elaborado con apoyo de la CEPAL y la Unión Europea,
su proceso de consulta fue financiado con fondos de AECID y el Gran Ducado de Luxemburgo.
Asimismo, se agradece a los socios que apoyan la implementación del Plan Social:
CEPAL, Unión Europea, AECID, Gran Ducado de Luxemburgo, USAID, BM, BID, KFW, BCIE , JICA, OIT,
PNUD, UNICEF, FAO, PMA.
La impresión y diagramación de este documento fue financiada por la Unión Europea.
UNIÓN EUROPEA

Con la Ley de Desarrollo y Protección Social y Plan Social, construido en un
amplio marco de consulta con la ciudadanía, se establece un hito en la consoli-
dación del sector y se renueva el compromiso del gobierno de trabajar para
erradicar la pobreza, disminuir la desigualdad social y garantizar las condiciones
objetivas que permitan a las mayorías ejercer y disfrutar sus derechos.
Plan Nacional de Desarrollo
2014 - 2019

Plan Nacional de Desarrollo - Protección e Inclusión Social

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