El documento defiende la soberanía alimentaria mediante el control de semillas por parte de agricultores familiares y comunidades indígenas, destacando la importancia de las semillas nativas para la biodiversidad y la producción alimentaria. Se rechazan las leyes que limitan el uso y conservación de estas semillas y se proponen medidas para asegurar su acceso y cultivo sostenible. La participación activa de las comunidades en la legislación relacionada con las semillas es fundamental para proteger sus derechos y patrimonio.