El documento describe la política nacional del Perú frente a la trata de personas y su explotación para 2030, resaltando la vulnerabilidad de las víctimas, que predominantemente son mujeres y adolescentes, y la insuficiencia de las acciones estatales para abordarlo. Se proponen estrategias para mejorar la prevención, protección y reintegración de las víctimas en coordinación con diversas entidades y se establece la instalación de servicios de control en 11 provincias de Ayacucho. Además, se detalla la normativa y los mecanismos de denuncia para combatir este delito y proteger a las personas desaparecidas.