El proyecto de ley reforma la ley de prevención y erradicación del lavado de activos y financiamiento de delitos en Ecuador, eliminando la condición de 'reformatoria' en favor de una 'sustitutiva'. Establece nuevas obligaciones para instituciones financieras en la detección y registro de transacciones sospechosas y amplía la colaboración con entidades nacionales e internacionales en el combate a estos delitos. Se incrementan multas y sanciones por incumplimiento y se configura a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) como un organismo clave con autonomía para ejecutar políticas en esta área.