Presentación población vulnerable

Mag. Miguel Ramón Mejía Cáez

Miguel Ramón Mejía Cáez Doctorando

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

Mujer cabeza de familia
Jóvenes en riesgo
Adultos mayores
Personas en situación de discapacidad
Grupos étnicos
Población LGTBI




“Todos somos vulnerables. La vulnerabilidad es parte de la
naturaleza humana y se manifiesta en la fragilidad de nuestra
composición. Todos estamos expuestos a sufrir alteraciones en
nuestro cuerpo – unas más graves que otras– por causa de
accidentes o enfermedades. La muerte da cuenta de la máxima
vulnerabilidad que podemos sufrir. Además de este tipo de
vulnerabilidad primaria que es la vulnerabilidad física, hay otro
que muestra el lado más doloroso de la condición humana; éste es
el ámbito de las desigualdades, y se refiere a la vulnerabilidad por
la situación socioeconómica de las personas. Esta es la
vulnerabilidad más estudiada; incluso las definiciones más
citadas tienen esta dimensión conceptual que comprende a la
vulnerabilidad como la situación de riesgo derivada de las
condiciones sociales y económicas, específicamente de las
personas que viven con menos satisfactores.




El primer tipo de vulnerabilidad a que nos
hemos referido es irreductible, pues nuestra
fortaleza física tiene límites insuperables. El
segundo tipo demanda políticas públicas
adecuadas que permitan al Estado aliviar las
penurias económicas y la miseria de los
habitantes. Por ello, el combate a la pobreza y la
generación de mejores estadios de vida tiene
que ser una de las directrices del quehacer del
Estado; sólo así es posible enfrentar la
vulnerabilidad de quienes por su estado de
marginación sufren más y son más vulnerables”.

En el ordenamiento jurídico colombiano no existe un concepto o
definición específica sobre “vulnerabilidad” y las poblaciones
que hacen parte de dicha condición.
 Según el diccionario de la Real Academia Española:




Vulnerabilidad.



1. f. Cualidad de vulnerable.



Vulnerable.



(Del lat. vulnerabĭlis).



1. adj. Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente.




No obstante lo anterior, según jurisprudencia
reiterada de la Corte Constitucional la
vulnerabilidad está asociada con la
concepción de Estado Social de Derecho y el
derecho fundamental a la igualdad,
consagrados en los artículos 1º y 13 de la
Constitución Política.




“Colombia es un Estado social de derecho,organizado
en forma de República unitaria, descentralizada, con
autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el
respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general”, lo que traduce que la
acción del Estado debe dirigirse a garantizarle a los
asociados condiciones de vida dignas, contrarrestar
las desigualdades sociales existentes y ofrecerle a
todos las oportunidades necesarias para desarrollar
sus aptitudes y para superar los apremios materiales.
(Sentencia SU-747 de 1998 MP. Eduardo Cifuentes Muñoz.)



Como se desprende de la lectura del artículo, el
Estado Social de Derecho tiene como base los
siguientes principios fundamentales: dignidad
humana, trabajo, solidaridad e igualdad.



De conformidad con la Corte
Constitucional(Sentencia C-472 del 23 de julio de 1992.
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.), el
reconocimiento de la igualdad conlleva las
siguientes implicaciones:



“El ordenamiento jurídico, fundado en la
Constitución, ha de reconocer el ámbito de la
igualdad y discernir en el campo de las
desigualdades, a fin de evaluar con criterio
objetivo cuáles son las normas que deben
plasmar idéntico tratamiento para todos y
cuáles, por el contrario, tienen que prever
consecuencias jurídicas distintas para
hipótesis diferentes.



Entonces, no realiza este principio el sistema legal que
otorgue privilegios injustificados o establezca
discriminaciones arbitrarias entre iguales, ni tampoco
el que atribuya iguales consecuencias a supuestos
disímiles, ni el que desconozca a los más débiles el
derecho fundamental que la Carta Política les confiere
a ser especialmente protegidos, habida cuenta de la
debilidad en que se encuentran frente a los demás.
Desde luego, las distinciones que establezca el
legislador tienen por límite la preceptiva
constitucional, muy especialmente los derechos que
ella reconoce y los deberes que impone a las personas
y a la sociedad”.



El principio y derecho fundamental a la
igualdad (artículo 13, C.P.), representa la
garantía más tangible del Estado Social de
derecho para el individuo o para los grupos
de personas expuestos a sufrir un deterioro
de sus condiciones de vida como sujetos de
una sociedad democrática –donde todas las
personas merecen la misma consideración y
respeto en cuanto seres humanos

Todas las personas nacen libres e iguales ante la
ley, recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen
nacional o familiar, lengua, religión, opinión
política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a
favor de grupos discriminados o marginados.





El Estado protegerá especialmente a
aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren
en circunstancias de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra
ellas se cometan” (Negrilla fuera de texto).




En desarrollo de tal derecho, se consagra en la misma
Constitución la protección especial a algunas
poblaciones tales como los niños, los jóvenes, las
mujeres cabeza de familia, los adultos
mayores, personas en situación de discapacidad y
los grupos étnicos; y, a nivel legal y
jurisprudencial, se consagra la protección a la
población LGBT y desplazados, entre otros, en
razón de que históricamente han encontrado serias
limitaciones en los procesos de
reconocimiento, garantía y restitución de sus
derechos por motivos de discriminación o
marginación. Ramón Mejía Cáez Doctorando
Miguel



Las políticas o medidas adoptadas por el
Estado tendientes a garantizar la igualdad
real y efectiva a los grupos discriminados o
marginados o en debilidad manifiesta se
conocen como Acciones Afirmativas y tienen
fundamento en el ordenamiento jurídico
vigente, en el marco del Estado Social de
Derecho y el derecho fundamental a la
igualdad previsto en los artículos 1º y 13
Superior.



“Sin embargo, en una concepción más amplia
las acciones afirmativas son producto del
Estado Social de Derecho y de la transición de
la igualdad formal a la igualdad sustantiva o
material, reconocida como componente
esencial de aquel y plasmada
expresamente en la mayoría de textos del
constitucionalismo moderno como ocurre en
el caso colombiano (artículo 13 de la Carta)”.



Igualdad real “Con esta expresión se designan
políticas o medidas dirigidas a favorecer a
determinadas personas o grupos, ya sea con el
fin de eliminar o reducir las desigualdades de
tipo social, cultural o económico que los afectan,
bien de lograr que los miembros de un grupo
subrepresentado, usualmente un grupo que ha
sido discriminado, tengan una mayor
representación, con el fin de conseguir una
mayor igualdad sustantiva entre grupos sociales
con problemas de discriminación o de
desigualdad de oportunidades ”



“…las diferentes autoridades del Estado están
obligadas, cuando se encuentren en presencia de
grupos en condiciones de marginalidad y
discriminación, a adoptar todas aquellas medidas
necesarias para lograr una mayor igualdad sustantiva,
incluyendo en sus decisiones tratamientos acordes
con tales situaciones. Pasar por alto ese mandato,
no contemplando medidas afirmativas a favor de
grupos que pueden verse afectados por las decisiones
adoptadas, significa quebrantar el derecho a la
igualdad, que impone, precisamente, su adopción”.



La Ley 1232 de 2008 - Por la cual se modifica la Ley 82 de
1993, Ley Mujer Cabeza de Familia y se dictan otras
disposiciones, establece en su artículo primero que:



“… la Jefatura Femenina de Hogar, es una categoría social
de los hogares, derivada de los cambios
sociodemográficos, económicos, culturales y de las
relaciones de género que se han producido en la
estructura familiar, en las subjetividades, representaciones
e identidades de las mujeres que redefinen su posición y
condición en los procesos de reproducción y producción
social, que es objeto de políticas públicas en las que
participan instituciones estatales, privadas y sectores de la
sociedad civil.



… es Mujer Cabeza de Familia, quien siendo
soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de
hogar y tiene bajo su cargo, afectiva,
económica o socialmente, en forma
permanente, hijos menores propios u otras
personas incapaces o incapacitadas para
trabajar, ya sea por ausencia permanente o
incapacidad física, sensorial, síquica o moral del
cónyuge o compañero permanente o deficiencia
sustancial de ayuda de los demás miembros del
núcleo familiar”.

De acuerdo con la última encuesta de calidad de vida, del
Dane, que se realizó con 14.801 mil hogares de todo el
país, para el 2010, el 32,7% de los hogares del país tenían
jefatura femenina, 2,9 puntos porcentuales más que lo
registrado en 2008 (29,8%).
 Esta situación corresponde principalmente a hogares de la
cabecera (36,1%). En el resto se presentó una tendencia
similar; para 2010 la jefatura femenina presentó un
aumento de 1,8 puntos porcentuales con relación al 2008.
 Por otro lado, el 43,2% de los hogares vivían en condición
de propietarios de la vivienda que habitaban; además la
vivienda estaba totalmente pagada. Del 2008 al 2010, se
presentó una reducción de 1,7% de los hogares que se
declaran en esta condición de ocupación de la vivienda.



En el Capítulo 2 del Título I de la Constitución Política,
dedicado a los Derechos Sociales, Económicos y
Culturales, se consagra como un derecho especial el
apoyo del Estado a las mujeres cabeza de familia. Así
se establece en el artículo 43:
 “ARTÍCULO 43.- La mujer y el hombre tienen iguales
derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser
sometida a ninguna clase de discriminación. Durante
el embarazo y después del parto gozará de especial
asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste
subsidio alimentario si entonces estuviere
desempleada o desamparada.
 El Estado apoyará de manera especial a la mujer
cabeza de familia”.





En desarrollo de lo consagrado en el inciso 2º del
artículo 43 de la C.P., el Legislador expidió la Ley
82 de 1993, conocida como la Ley de la Mujer
Cabeza de Familia, la cual fue modificada por la
Ley 1232 del 17 de julio de 2008.



En la anterior norma se establecieron Acciones
Afirmativas a favor de las Mujeres Cabeza de
Familia, las cuales fueron declaradas
constitucionales mediante sentencia de la Corte
Constitucional SU-0388 -05.



“Artículo 3°. Especial protección. El Gobierno Nacional
establecerá mecanismos eficaces para dar protección
especial a la mujer cabeza de familia, promoviendo el
fortalecimiento de sus derechos económicos, sociales y
culturales, procurando establecer condiciones de vida
dignas, promoviendo la equidad y la participación social
con el propósito de ampliar la cobertura de atención en
salud y salud sexual y reproductiva; el acceso a servicios de
bienestar, de vivienda, de acceso a la educación básica,
media y superior incrementando su cobertura, calidad y
pertinencia; de acceso a la ciencia y la tecnología, a líneas
especiales de crédito y a trabajos dignos y estables.”



El artículo 8o de la Ley 82 de 1993, modificado por el
artículo 6º de la Ley 1232 de 2008, estableció:



“Artículo 8°. Fomento para el desarrollo empresarial.
El Gobierno Nacional ofrecerá planes y programas
de capacitación gratuita y desarrollo de
microempresas industriales, comerciales y
artesanales; empresas familiares, empresas de
economía solidaria y proyectos emprendedores, con
los cuales la mujer cabeza de familia pueda realizar
una actividad económicamente rentable.



Para tal efecto, el Departamento Nacional de
Planeación (DNP), el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, el Departamento Administrativo
Nacional de la Economía Solidaria, Dansocial, o quien
haga sus veces, y las Secretarías de Planeación
departamentales, distritales y municipales, y los
demás organismos de naturaleza similar existentes
o que llegaren a crearse diseñarán y ejecutarán
planes y programas dirigidos especialmente a la
mujer cabeza de familia, para lograr la calificación
de su desempeño básico y por competencias. Tales
entidades deberán: (Negrilla fuera de texto)



a) Generar estadísticas con perspectiva de género a través de los
organismos competentes, que permitan construir y formular
planes, programas, proyectos y políticas públicas adecuada a las
necesidades de las mujeres cabeza de familia;



b) Generar programas gratuitos de capacitación, flexibles en su
duración y adaptados a la disponibilidad de tiempo de las mujeres
cabeza de familia;



c) Crear redes regionales emprendedoras y productivas que
vinculen a las mujeres cabeza de familia en actividades
económicas sostenibles y entables. El Gobierno Nacional
determinará cuáles son las entidades que ejercerán la
inspección, vigilancia y control en el cumplimiento y ejecución de
los planes, programas y políticas públicas dirigidas a la mujer
cabeza de familia.



Parágrafo 1°. El Ministerio de la Protección
Social fijará los parámetros que permitan la
evaluación de estas acciones
gubernamentales, a través de indicadores de
gestión y resultados.



Parágrafo 2°. La Banca de oportunidades
financiará de manera prioritaria los proyectos
que adelanten las madres cabeza de familia en el
marco del fomento para el desarrollo
empresarial a que hace referencia el presente
artículo.”



El artículo 9º de la Ley 82 de 1993, estableció la
siguiente Acción Afirmativa en relación con las
mujeres cabeza de familia:



“9o. Dentro del campo cultural del desarrollo, el
Gobierno Nacional establecerá y los
Departamentos, los Municipios y del Distrito
Capital de Santafé de Bogotá podrán
establecer en favor de la mujer cabeza de
familia o de quienes de ella dependan: a. Acceso
preferencial a los auxilios educativos.” (Negrilla
fuera de texto).



El artículo 10 de la Ley 82 de 1993, modificado
por el artículo 7º de la Ley 1232 de 2008,
dispone:



“Artículo 10. Incentivos. El Gobierno Nacional
establecerá incentivos especiales para el sector
privado que cree, promocione o desarrolle
programas especiales de salud, educación,
vivienda, seguridad social, crédito y empleo
para las mujeres cabeza de familia.” (Negrilla
fuera de texto).



En la Constitución Política y en la Ley se
encuentran consagrados tanto derechos
especiales para los jóvenes como Acciones
Afirmativas.



Inicialmente, es pertinente señalar lo que se
entiende por joven. Según el Diccionario de la
Real Academia de la Lengua:

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






Joven.
(Del lat. iuvĕnis).
adj. De poca edad.
Persona que está en la juventud.
Juventud.
(Del lat. iuventus, -ūtis).
Edad que se sitúa entre la infancia y la edad
adulta.



En Colombia, según lo establece el artículo 5
de la Ley 1622 de2013, se entiende por joven
toda persona entre 14 y 28 años cumplidos,
en proceso de consolidación de su autonomía
intelectual, física, moral, social y cultural que
hace parte de una comunidad política y en
ese sentido ejerce su ciudadanía




Población entre los 14 y los 28 años:
8.919.197 jóvenes ; Hombres: 4.504.615
Mujeres: 4.407582 ; Porcentaje de jóvenes del
total nacional: 21% ; Población menor de 18
años que vive en situación de pobreza: 38.9
Dane; Defensoría del Pueblo; Programa
Presidencial Colombia Joven ; Codhes ;
Ministerio de Salud. -Consultoría para los Derechos Humanos y el
DesplazamientoMiguel Ramón Mejía Cáez Doctorando

Principales Convenios internacionales
El artículo 93 de la Constitución Política establece que
prevalecen en el orden interno los tratados y convenios
internacionales que reconocen los derechos humanos
ratificados por el Congreso, los cuales forman parte del
bloque de constitucionalidad, según jurisprudencia de la
Corte Constitucional. En relación con estos merecen
especial mención:
La Declaración Universal de Derechos Humanos señala
que toda persona tiene los derechos y libertades allí
enunciados sin distinción alguna. La Ley 74 de 1968
aprobó los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y
Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.



La Ley 535 de 1999 aprobó el Acta de Fundación de la
Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ),
firmada en Buenos Aires el primero (1.) de agosto de
mil novecientos noventa y seis (1996), organismo
internacional dedicado al diálogo, concertación y
cooperación en materia de juventud, dentro del
ámbito iberoamericano definido por la Conferencia
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. La
anterior acta fue promulgada mediante el Decreto
2822 de 2001 y declarada exequible por la Corte
Constitucional mediante la sentencia C-1042 del 10 de
agosto de 2000.



Entre los Derechos Sociales, Económicos y
Culturales, la Constitución Política establece l
especial protección al adolescente y
específicamente a la juventud, así:



“Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la
protección y a la formación integral.



El Estado y la sociedad garantizan la
participación activa de los jóvenes en los
organismos públicos y privados que tengan a
cargo la protección, educación y progreso de
la juventud”. (Subrayado fuera de texto legal).



Y en el artículo 103, en referencia a las formas de
participación democrática, establece que el Estado
contribuirá a la organización, promoción y
capacitación de las organizaciones juveniles sean
benéficas o de utilidad común como mecanismos de
participación democrática:



“Artículo 103. Son mecanismos de participación
del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el
plebiscito, el referendo, la consulta popular, el
cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la
revocatoria del mandato.



La ley los reglamentará.



El Estado contribuirá a la organización,
promoción y capacitación de las asociaciones
profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias,
juveniles, benéficas o de utilidad común no
gubernamentales, sin detrimento de su
autonomía con el objeto de que constituyan
mecanismos democráticos de representación en
las diferentes instancias de participación,
concertación, control y vigilancia de la gestión
pública que se establezcan”. (Negrilla fuera de
texto).



Si bien, a nivel constitucional no se registra la
consagración de derechos específicos para los jóvenes, a
nivel legal, especialmente a través de la Ley 1622 de 2013,
en elArtículo 6°. Derechos de los y las jóvenes. Los
jóvenes son titulares de los derechos reconocidos en la
Constitución Política, en los Tratados Internacionales
aprobados por Colombia, y en las normas que los
desa-rrollan o reglamentan. El presente Estatuto busca
reafirmar la garantía en el ejercicio pleno de sus derechos
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y
ambientales, tanto a nivel individual como colectivo de la
población joven, a través de medidas de promoción,
protección, preven-ción y garantía por parte del Estado
para esta población.



El Estado dará especial atención a los y las
jóvenes desde un enfoque diferencial según
condiciones de
vulnerabilidad, discriminación, orientación e
identidad sexual, diversidad étnica, cultural, de
género y territorial.



El Estado generará gradual y
progresivamente, los mecanismos para dar
efectividad a los derechos reconocidos en la
presente ley.




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






1. Prevención.
2. Protección.
3. Promoción.
4. Sanción.
5. Acceso.
6. Disponibilidad.
7. Permanencia.
8. Calidad.
9. Sostenibilidad.
10. Participación.



El Estado en coordinación con la sociedad
civil, implementará gradual y
progresivamente las siguientes medidas de
prevención, protección, promoción y sanción,
tendientes a garantizar el ejercicio pleno de la
ciudadanía juvenil que permitan a las y los
jóvenes realizar su proyecto de vida y
participar en igualdad de dere-chos y deberes
en la vida social, política, económica y
cultural del país:





Medidas de prevención: 6 numerales
Medidas de protección: 8 numerales
Medidas de Promoción: 42 numerales




Para garantizar el cumplimiento de los derechos
descritos y las obligaciones por parte del Estado
en relación con los mismos, el Ministerio Público
en el marco de sus competencias
constitucionales y legales generará un
mecanismo de seguimiento a entes territoriales
e instituciones del orden nacional para el
cumplimiento de lo establecido en esta ley y
todas aquellas que afecten a los y las jóve-nes,
conceptuando sobre su aplicabilidad y haciendo
seguimiento a su implementación en los casos
establecidos.



Los y las jóvenes en Colombia tienen el deber de
acatar la Constitución Política y las leyes; respetar los
derechos ajenos, actuar con criterio de solidaridad y
corresponsabilidad; respetar a las autoridades
legítimamente constituidas; participar en la vida
social, cívica, política, económica y comunitaria del
país; vigilar y controlar la gestión y destinación de los
recursos públicos; colaborar con el funcionamiento de
la justicia, proteger los recursos naturales y culturales
y contribuir en la construcción de capital social e
institucional. Es deber del Estado facilitar al joven
condiciones que le permitan el cumplimiento de sus
deberes de manera calificada y cualificada.












1. Inclusión.
2. Participación.
3. Corresponsabilidad.
4. Integralidad.
5. Proyección.
6. Territorialidad.
7. Complementariedad.
8. Descentralización.
9. Evaluación.
10. Difusión.



Artículo 15. Competencias. La competencia
para el diseño y ejecución de las políticas de
juventud, y su asignación presupuestal son
responsabi-lidad en el ámbito de sus
competencias de las Entidades Territoriales y
de la Nación, de acuerdo con los criterios de
autonomía, descentralización y los principios
de concurrencia, subsidiariedad y
complementariedad.



Parágrafo 2°. El Presidente de la República,
los Gobernadores y los Alcaldes, deberán
incluir en sus planes de desarrollo los recursos
suficientes y los mecanismos conducentes a
garantizar la formulación, implementación,
seguimiento y evaluación de las políticas
públicas de juventud




La legislación nacional establece como la edad
mínima de admisión al trabajo los quince (15) años.
La Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia y la
Adolescencia, establece que los menores entre 15 y 17
años necesitan para trabajar autorización escrita del
Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Ente
Territorial Local y gozan de las protecciones laborales
consagrados en el régimen laboral colombiano, las
normas que lo complementan, los tratados y
convenios internacionales ratificados por Colombia, la
Constitución Política y los derechos y garantías
consagrados en el Código de la Infancia y la
Adolescencia.



Los adolescentes autorizados para trabajar
tienen derecho a la formación y
especialización que los habilite para ejercer
libremente una ocupación, arte, oficio o
profesión y a recibirla durante el ejercicio
de su actividad laboral.




Excepcionalmente, los niños y niñas menores de
15 años pueden recibir autorización de la
Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente
Territorial Local, para desempeñar actividades
remuneradas de tipo artístico, cultural,
recreativo y deportivo. La autorización
establece el número de horas máximas y
prescribe las condiciones en que esta actividad
debe llevarse a cabo. En ningún caso el permiso
otorgado excede las catorce (14) horas
semanales.



Erradicar las peores formas de trabajo infantil, el
trabajo de los niños y las niñas menores de 15
años, proteger a los adolescentes autorizados
para trabajar, y garantizar su acceso y la
permanencia en el sistema educativo.



Promover estrategias de comunicación
educativa para transformar los patrones
culturales que toleran el trabajo infantil y
resaltar el valor de la educación como
proceso fundamental para el desarrollo de la
niñez.



Como obligaciones complementarias de las
instituciones educativas y la Policía Nacional, se tiene
que dichos establecimientos deben poner en marcha
mecanismos para establecer la detección oportuna y
el apoyo y la orientación en casos de malnutrición,
maltrato, abandono, abuso sexual, violencia
intrafamiliar, y explotación económica y laboral, las
formas contemporáneas de servidumbre y
esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo
infantil15, así como detener y reportar a las
autoridades competentes, las situaciones de abuso,
maltrato o peores formas de trabajo infantil
detectadas en niños, niñas y adolescentes.

(Artículo 114 del Código de la Infancia y la
Adolescencia).
 Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17
años, sólo pueden trabajar en jornada diurna
máxima de seis horas diarias y treinta horas a la
semana y hasta las 6:00 de la tarde.


Los adolescentes mayores de diecisiete (17)
años, sólo pueden trabajar en una jornada
máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la
semana y hasta las 8:00 de la noche.



Los jóvenes autorizados para trabajar, tienen
derecho a un salario de acuerdo a la actividad
desempeñada y proporcional al tiempo
trabajado. En ningún caso la remuneración
puede ser inferior al salario mínimo legal
vigente.




Sin embargo, ninguna persona menor de 18 años puede ser
empleada o realizar trabajos que impliquen peligro o que sean
nocivos para su salud e integridad física o psicológica o los
considerados como peores formas de trabajo infantil. El Ministerio
de la Protección Social en colaboración con el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, establece la clasificación de
dichas actividades de acuerdo al nivel de peligro y nocividad
que impliquen para los adolescentes autorizados para trabajar y
la publican cada dos años periódicamente en distintos medios de
comunicación. Para la confección o modificación de estas listas, el
Ministerio consulta y tiene en cuenta a las organizaciones de
trabajadores y de empleadores, así como a las instituciones y
asociaciones civiles interesadas, teniendo en cuenta las
recomendaciones de los instrumentos e instancias internacionales
especializadas (Artículo 117 del Código de la Infancia y la
Adolescencia).



En los procesos laborales en que es demandante un
adolescente indígena, es obligatoria la intervención de
las autoridades de su respectivo pueblo. Igualmente se
informa a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior
o de la dependencia que hace sus veces.



En cuanto a la vigilancia y control de las anteriores
disposiciones, el numeral 3 del artículo 38 del Decreto 1741
de 1993 - Por el cual se asignan competencias a las
dependencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
hoy Ministerio de la Protección Social establece que el Jefe
de la División de Inspección y Vigilancia de las Direcciones
Regionales es el competente para imponer las
sanciones a los establecimientos que contraten menores
sin la debida autorización legal, así:

Los menores de 18 años necesitan para trabajar
autorización escrita del inspector de trabajo o, en su
defecto, de la primera autoridad locas a solicitud de
los padres y, a falta de estos, al defensor de familia.
 Prohibiese el trabajo de los menores de 14 años y es
obligación de sus padres disponer que acudan a los
centros de enseñanza. Excepcionalmente y en
atención a circunstancias especiales calificadas por el
defensor de familia, los mayores de 12 años podrán
ser autorizados para trabajar por las autoridades
señaladas anteriormente.



Elabora ypropone el Plan Nacionalde Acción, para la
eliminación progresiva del trabajo infantil y la
Protección del Menor Trabajador entre catorce (14)
y dieciocho (18) años de edad.
 Fortalece la coordinación y concertación entre las
instituciones públicas y privadas nacionales e
internacionales, relacionadas con el menor
trabajador, a fin de definir alternativas y estrategias
que reduzcan o eliminen las causas básicas que
generan el trabajo infantil y que promueven la
efectividad de la legislación sobre el trabajo de los
menores entre catorce (14) y dieciocho (18) años.







Propone para su adopción por las entidades
responsables, procedimientos que garanticen la
evaluación del seguimiento del Plan Nacional
de Acción para la Protección del Menor
Trabajador entre catorce (14) y dieciocho (18)
años.
Convoca y asesora las entidades territoriales
para la adopción y aplicación dentro de sus
respectivas jurisdicciones y competencias, del
Plan Nacional de Acción para la eliminación
progresiva del trabajo infantil y la protección del
menor trabajador entre catorce (14) y dieciocho
(18) años.



En referencia a la Economía Solidaria, tema
de desarrollo económico, la Ley de Juventud
establece que el Estado garantizará
oportunidades reales para la creación de
empresas asociativas, cooperativas o
cualquier tipode organización productivaque
beneficien a la juventud.




Si bien la Organización Panamericana de la
Salud (OPS), considera como personas
mayores a las que cuentan con 60 años de
edad, la Organización de Naciones Unidas
(ONU), mediante la Resolución 50/141 de
1996, denominó a este grupo humano como
“Adultos Mayores”.




Nuestra Constitución Política hace referencia a
este mismo grupo de personas en el Capítulo II –
De los derechos sociales, económicos y
culturales, específicamente cuando instituye
en su artículo 46 la protección y asistencia del
Estado para las personas de la tercera edad,
siendo la Ley 1251 de 2008 - Por la cual se dictan
normas tendientes a procurar la protección,
promoción y defensa de los derechos de los
adultos mayores, quien en su artículo 3, acoge la
denominación de la ONU, así:




“Adulto mayor. Es aquella persona que cuenta con
sesenta (60) años de edad o más”.
En la ENDS (encuesta nacional de demografía y
salud) 2010 los mayores de 6O años representan el 10
por ciento de la población y los mayores de 65 años un
7 por ciento, proporciones similares a las de las
últimas proyecciones del DANE para el mismo año:
9.8 y 6.7 por ciento, respectivamente. De acuerdo con
esta última proyección, el número de mayores de 60 y
más años en Colombia es de casi 4 millones y medio y
el total de los de 65 y más años es de 3 millones, en
una población total de 45 millones y medio.






Principales Convenios internacionales
En desarrollo del artículo 93 de la
Constitución Política sobre la prevalencia en
el orden interno de los tratados y convenios
Internacionales que reconocen derechos
humanos, es pertinente señalar algunas de
las más importantes decisiones que en
materia del adulto mayor, han sido
adoptadas por la ONU- órgano del cual es
miembro nuestro país:



Resolución 45/106 del 14 de diciembre de
1990, por medio del cual se instituye el 1o de
octubre como el Día Internacional de las
Personas de Edad.



Resolución 47/5 de 16 de octubre de 1992, por
medio de la cual se proclama el año 1999 como
el Año Internacional de las Personas de Edad.



Resolución 50/141 de 1996, por medio del cual se
acoge el concepto de adulto mayor.



Adicionalmente, la Ley 319 del 20 de septiembre
de 1996, por medio de la cual se aprueba el
Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
"Protocolo de San Salvador", suscrito en San
Salvador el 17 de noviembre de 1988, establece
en el inciso 1º del artículo 17 que: “Toda persona
tiene derecho a protección especial durante su
ancianidad”.

Proporcionar instalaciones adecuadas, así como
alimentación y atención médica especializada a las
personas de edad avanzada que carezcan de ella y no
se encuentren en condiciones de proporcionársela por
sí mismas;
 Ejecutar programas laborales específicos
destinados a conceder a los ancianos la posibilidad
de realizar una actividad productiva adecuada a sus
capacidades respetando su vocación o deseos;
 Estimular la formación de organizaciones sociales
destinadas a mejorar la calidad de vida de los
ancianos.









Tal como ya se mencionó, el artículo 46 de la
Constitución Política Nacional del Capítulo II –
De los derechos sociales, económicos y
culturales establece:
“Artículo 46. El Estado, la sociedad y la familia
concurrirán para la protección y la asistencia de
las personas de la tercera edad y promoverán
su integración a la vida activa y comunitaria.
El Estado les garantizará los servicios de la
seguridad social integral y el subsidio
alimentario en caso de indigencia”.

El Legislador ha establecido una serie de acciones
afirmativas en todos los órdenes en beneficio de los
adultos mayores. Entre las más importantes para los fines
del presente documento se encuentran:
 La Ley 1276 del 5 de enero de 2009, a través de la cual se
modifica la Ley 687 del 15 de agosto de 2001 (Por medio
de la cual se modifica la Ley 48 de 1986, que autoriza la
emisión de una estampilla pro-dotación y funcionamiento
de los Centros de Bienestar del Anciano, instituciones y
centros de vida para la tercera edad, se establece su
destinación y se dictan otras disposiciones) establece
nuevos criterios de atención integral del adulto mayor en
los centros vida, e impuso como parte de los servicios
mínimos que debe ofrecer el Centro Vida al adulto mayor,
los siguientes:







Capacitación en actividades productivas de
acuerdo con los talentos, gustos y
preferencias de la población beneficiaria
Promoción del trabajo asociativo de los
adultos mayores para la consecución de
ingresos, cuando ello sea posible.




En el año 2008 fue expedida la Ley 1258 de
2008, por la cual se dictan normas
tendientes a procurar la protección,
promoción y defensa de los derechos de los
adultos mayores, cuya finalidad es lograr que
los mismos sean partícipes en el desarrollo de
la sociedad, teniendo en cuenta sus
experiencias de vida, mediante la promoción,
el respeto, el restablecimiento, la asistencia y
el ejercicio de sus derechos.

Acción Social integral. Conjunto de acciones que
buscan mejorar y modificar las circunstancias de
carácter social que impidan al adulto mayor su desarrollo
integral, protección física, mental y social hasta lograr la
incorporación a una vida plena y productiva de las
personas que se hallan en estado de
necesidad, desprotección o desventaja física o mental.
 Política Nacional de Envejecimiento y Vejez.
Instrumento que permite asegurar una gestión
coordinada de los agentes del Estado en el sector público
y privado, en el cumplimiento de los fines del Estado
para satisfacer las necesidades del adulto mayor, así
como la observación y conocimiento de las
características propias del proceso de envejecimiento.



Plan de Atención Institucional. Es el modelo institucional
en el marco de los ejes de derecho y guía para las acciones
que programen e implementen las instituciones públicas o
privadas, garantizando un servicio integral y de calidad. Es la
responsabilidad de exigir acciones integrales en cada uno de
los componentes de atención (salud, psicosocial y familiar
y ocupacional).
 Instituciones de atención. Instituciones públicas, privadas
o mixtas que cuentan con infraestructuras físicas (propias
o ajenas) en donde se prestan servicios de salud o asistencia
social y, en general, las dedicadas a la prestación de servicios
de toda índole que beneficien al adulto mayor en las diversas
esferas de su promoción personal como sujetos con
derechos plenos.



Por parte del Estado
a) Garantizar y hacer efectivos los derechos del adulto mayor;
b) Proteger y restablecer los derechos de los adultos mayores
cuando estos han sido vulnerados o menguados;
c) Asegurar la adopción de planes, políticas y proyectos para el
adulto mayor;
d) Generar espacios de concertación, participación y
socialización de las necesidades, experiencias y fortalezas del
adulto mayor;
f) Elaborar políticas, planes, proyectos y programas para el
adulto mayor, teniendo en cuenta las necesidades básicas
insatisfechas de los más vulnerables;
g) Fomentar la formación de la población en el proceso de
envejecimiento;

a) Dar un trato especial y preferencial al adulto mayor;
b) Generar espacios de reconocimiento del saber, de las
habilidades, competencias y destrezas de los adultos
mayores;
c) Propiciar la participación del adulto mayor;
d) Reconocer y respetar los derechos del adulto mayor;
e) Denunciar cualquier acto que atente o vulnere los
derechos del adulto mayor;
f) Participar de manera activa en la discusión, elaboración
de planes, proyectos y acciones en pro del adulto mayor;
g) Contribuir en la vigilancia y control de las acciones
dirigidas para el adulto mayor;
h) Generar acciones de solidaridad hacia los adultos
mayores que se encuentran en estado de vulnerabilidad;

a) Reconocer y fortalecer las habilidades, competencias, destrezas y
conocimientos del adulto mayor;
b) Respetar y generar espacios donde se promuevan los derechos de los
adultos mayores;
c) Propiciar al adulto mayor de un ambiente de amor, respeto,
reconocimiento y ayuda;
d) Proteger al adulto mayor de todo acto o hecho que atente o vulnere los
derechos, vida, integridad, honra y bienes;
e) Brindar apoyo y ayuda especial al adulto mayor en estado de
discapacidad;
f) Promover la participación de los adultos mayores en la discusión,
diseño, formulación y ejecución de políticas, planes, programas y
proyectos de interés para la familia, la sociedad y el Estado.
g) Aceptar el ejercicio de la autonomía y la autorrealización personal de
los adultos mayores.


a) Desarrollar actividades de autocuidado de su cuerpo, mente y
del entorno;
b) Participar activamente en las actividades deportivas,
recreativas y culturales que le permitan envejecer sanamente, de
planeación de políticas públicas y programas que se diseñen a
favor de este grupo de población en lo local;
c) Promover la participación en redes de apoyo social que
beneficien a la población, en especial aquellas que se encuentran
en condiciones de extrema pobreza y de vulnerabilidad social, así
como vigilar el cumplimiento de las políticas sociales y de
asistencia social que se desarrollen en su identidad territorial;
d) Propender por su propio bienestar y crear condiciones que le
permitan reducir su nivel de dependencia familiar y estatal,
haciéndolo autosuficiente y desarrollando sus capacidades y
potencialidades;

a) Conocer, promover y respetar los derechos de los
adultos mayores;
b) Sensibilizar a la sociedad sobre el cumplimiento de
los mismos, en especial por parte de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, contribuyendo a la
generación de una cultura del envejecimiento y el
respeto por el adulto mayor;
c) Denunciar las situaciones de maltrato y la violencia
de los Derechos Humanos de los adultos mayores;
d) Contribuir a la protección de los adultos mayores
que se encuentran en situación de extrema pobreza y
vulnerabilidad social.

Con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda
2005 adelantado por el Departamento Nacional de
Estadística, DANE, se presentan los principales resultados
sobre la situación de la discapacidad en Colombia.
A partir de la precisión sobre el número de personas con por
lo menos una limitación, el Censo 2005 estableció para el país
una prevalencia de discapacidad del 6,4%. Esta situación
contiene importantes diferencias regionales, es
decir, mientras en el promedio nacional por cada 100
colombianos 6,4 presentan limitaciones permanentes, en los
departamentos de
Cauca, Nariño, Boyacá, Huila, Quindío, Caquetá y Tolima, este
promedio es más alto. En efecto, por cada 100 personas de
estos departamentos entre 7,8 y 9,5 tienen limitaciones
permanentes.



Principales Convenios internacionales y
leyes El artículo 93 de la Constitución Política
establece que prevalecen en el orden interno
los tratados y convenios internacionales que
reconocen los derechos humanos ratificados
por el Congreso, los cuales forman parte del
bloque de constitucionalidad, según
jurisprudencia de la Corte Constitucional. En
relación con estos merecen especial
mención:







La Declaración Universal de Derechos
Humanos señala que toda persona tiene los
derechos y libertades allí enunciados sin
distinción alguna.
La Ley 74 de 1968 aprobó los Pactos
Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Ley 762 de 2002 aprobó la “Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad", suscrita en la ciudad de
Guatemala, el 7 de junio de 1999.



Entre los derechos fundamentales, la
Constitución Política estableció, en el artículo
13, el derecho a la igualdad. Dispone que el
Estado debe buscar la igualdad real y efectiva,
acudiendo si fuera el caso a la adopción de
Acciones Afirmativas a favor de grupos
marginados o discriminados. Señala que el
Estado debe proteger especialmente a aquellas
personas que por su condición física o mental se
encuentren en circunstancias de debilidad
manifiesta y sancionar los abusos o maltratos
que contra ellas se cometa. Así se señala:

“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley,
recibirán la misma protección y trato de las
autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación
por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar,
lengua, religión, opinión política o filosófica.
 El Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en
favor de grupos discriminados o marginados.
 El Estado protegerá especialmente a aquellas personas
que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se
cometan.” (Negrilla fuera de texto)



Es así como en el artículo 47 establece como
obligación para el Estado el establecimiento de
una política de previsión, rehabilitación e
integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, así:
 “ARTÍCULO 47. El Estado adelantará una
política de previsión, rehabilitación e
integración social para los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a quienes se prestará la
atención especializada que requieran.”





“ARTICULO 54. Es obligación del Estado y
de los empleadores ofrecer formación y
habilitación profesional y técnica a quienes lo
requieran. El Estado debe propiciar la
ubicación laboral de las personas en edad de
trabajar y garantizar a los minusválidos el
derecho a un trabajo acorde con sus
condiciones de salud.” (Negrilla fuera de
texto).




ARTÍCULO 68
Párrafo 6: La erradicación del
analfabetismo y la educación de persona
con limitaciones físicas o mentales, o con
capacidades excepcionales, son obligaciones
especiales del Estado. (Negrilla fuera de
texto).




Los Grupos Étnicos son aquellas
comunidades de personas que comparten un
origen, una historia, una lengua y unas
características culturales comunes, y han
mantenido su identidad a lo largo de la
historia como sujetos colectivos. En Colombia,
según información del DANE, existen cuatro
grandes grupos étnicos a saber: Los afro
descendientes, los pueblos indígenas, los
raizales del archipiélago de San Andrés y los
ROM o gitanos.



Los grupos étnicos por sus específicas
condiciones y comparados con los demás
habitantes del territorio colombiano, se
encuentran en un alto nivel de marginación y
con un bajo nivel de calidad de vida: estos
grupos registran mayores índices de
desempleo, pobreza, analfabetismo y
mortalidad.

Según el Diccionario de la Real Academia Española:
Afro, fra
(Del lat. afer, afri).
adj. Referente a los usos y costumbres africanas.
Descendiente
(Del ant. part. act. de descender).
Hijo, nieto o cualquier persona que desciende de
otra.



La población africana colombiana o
afrocolombiana (que denota pertenencia al
país) corresponde a las comunidades
descendientes de las personas africanas
esclavizadas por los españoles, dicha
población en Colombia surge con la
expedición el 21 de mayo de 1851 de la Ley de
libertad de los esclavos la cual abolió
legalmente la esclavitud y la esclavización de
personas en Colombia.



Es sólo en el artículo transitorio 55 de la
Constitución Política de 1991 donde se les
menciona y reconoce como sujetos jurídicos
con derecho, al denominarlos “comunidades
negras”: “La misma ley establecerá
mecanismos para la protección de la identidad
cultural y los derechos de estas comunidades, y
para el fomento de su desarrollo económico y
social.”

Atendiendo a la disposición prevista en el artículo
transitorio 55 de la Constitución Política, el Congreso
de la República expidió la Ley 70 de 1993. Esta norma
indicó en el numeral 5o de su artículo 2o, lo siguiente:
 “Comunidad negra. Es el conjunto de familias de
ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura
propia, comparten una historia y tienen sus propias
tradiciones y costumbre dentro de la relación campopoblado, que revelan y conservan conciencia de
identidad que las distinguen de otros grupos étnico”.





Si bien este grupo étnico ha sido protagonista de
grandes hechos en la historia de nuestro
país, en materia normativa presenta gran
relevancia la Ley 80 de 1890 sobre “la manera
como deben ser gobernados los salvajes que
vayan reduciéndose a la vida civilizada”, pues es
la primera disposición que aporta
reconocimientos de tipo legal a los indígenas
entre las más importantes: reconoce un campo
especial del derecho solo aplicable a éstos y un
gobierno propio a través de los llamados
pequeños cabildos.

La Legislación General de la Nación: Son las leyes que se
aplican a todos los colombianos y en tal virtud a los indígenas,
quienes en su calidad de ciudadanos gozan de todos los
derechos y obligaciones que los demás nacionales.
 La Legislación Especial Indígena: Establecido en el artículo
246, así: Las autoridades de los pueblos indígenas podrán
ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito
territorial, de conformidad con sus propias normas y
procedimientos, siempre que no sean contrarios a la
Constitución y a las leyes de la República.
 Los Sistemas Normativos Propios: Incluye las normas,
instituciones, usos, costumbres y procedimientos propios de
la tradición cultural de cada pueblo. Entre estos se
encuentran: cabildo, el fuete, la minga, el consejo de los
mayores etc.





Adicionalmente la Carta Política reconoce y
tutela la diversidad étnica y cultural del país,
consagra derechos étnicos, culturales,
territoriales, de autonomía y participación,
reconoce las diferentes lenguas que se hablan en
nuestro país como lenguas oficiales en sus
territorios, así como reconoce la educación
bilingüe e intercultural para los grupos étnicos y
la doble nacionalidad para los pueblos indígenas
que viven en zonas de frontera, permitiendo
entre otras cosas, la participación activa de los
indígenas en la vida política del país.



El artículo 2 del Decreto 2164 de 1995 define
comunidad indígena de la siguiente manera:
“Es el grupo o conjunto de familias de
ascendencia amerindia, que tienen conciencia
de identidad y comparten valores, rasgos, usos
o costumbres de su cultura, así como formas de
gobierno, gestión, control social o sistemas
normativos propios que la distinguen de otras
comunidades, tengan o no títulos de propiedad,
o que no puedan acreditarlos legalmente, o que
sus resguardos fueron disueltos, divididos o
declarados vacantes”.



Es el grupo ubicado en el Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina cuyas
raíces culturales son afro-anglo-antillanas y
cuyos integrantes mantienen una fuerte
identidad caribeña por lo que para efectos del
presente estudio se entienden incluidos en el
grupo de afro descendientes.




Los llamados “ciudadanos del mundo” por
su condición nómada, representan una
cultura de carácter milenario. Su llegada a
América data de mediados del siglo XIX, en
búsqueda de nuevos horizontes para los
oficios tradicionales de su pueblo, tales
como:


Metalúrgicos: Relacionados principalmente con
la forja y aleación de los metales.
 Químicos: Invencióny desarrollo de diversas
sustancias que facilitan la aleación y soldadura
de los metales.
 Diseño Industrial: Desarrollo de procedimientos
y protocolos para realizar el trabajo de refacción
y modificación de artefactos mecánicos, sobre
todo hidráulicos.
 Zootécnicos: Asociados a la cura y preparación
de caballos y otros equinos.



Arquitectónicos: Necesarios para el montaje de carpas y
campamentos.
 Herbolarios: Referidos almanejo de plantas medicinales y
aromáticas con fines terapéuticos.
 Artes Adivinatorias: Construcción de un sistema de
conocimiento y de interpretación del mundo considerado
como mágico, el cual es utilizado para indagar acerca del
porvenir (quiromancia, cartomancia, etc.).
 Astronómicos y Astrológicos: Conocimiento de normas y
leyes de la naturaleza, derivados de la profunda
observación de los astros, que ha llevado, por ejemplo, al
diseño y desarrollo de un horóscopo propio.





Este pueblo se agrupa en comunidades
denominadas “Kumpanias” o “Kumpeniyi”
que es la asociación de grupos familiares que
establecen alianzas para compartir una vida
en comunidad. Practican la endogamia y la
convivencia armónica aunque tienen
mecanismos de resolución interna de
conflictos a partir de su derecho
consuetudinario definido como “ley
romanesa o Kriss”.



Entre los rom residentes en Colombia existen varios
subgrupos entre los que se pueden mencionar los
Bolochoc, los Boyrás, los Churon, los Jhánes, los
Langosesti y los Bimbay, entre otros clanes y
linajes, quienes tal vez para poder pasar desapercibidos
entre sus compatriotas y para todos los asuntos con el
Estado colombiano suelen llamarse con apellidos como
Gómez, Mendoza, Cristo, Romero, Demetrio o Churón. Así
mismo, los rom de Colombia pertenecen
mayoritariamente al grupo de los kalderash, esto
es, caldereros, cuya tradición por cierto ya casi nadie
practica entre ellos. Los estimativos más recientes
realizados por Prorom señalan que la población rom de
Colombia puede llegar aproximadamente a 2.500
personas en todo el país. Esta comunidad se ha
establecido en las distintas kumpeniyi.



La Constitución Política de 1991 no consagró
normas de manera explícita que se refieran al
pueblo Rom o Gitano por lo que se debe
acudir al espíritu del artículo 7o donde se
establece el carácter multiétnico y
pluricultural de la Nación.




El Convenio 169 de la OIT señala como un
deber de los estados miembros, el de
reconocer y proteger al pueblo Gitano: “Los
gobiernos deberán asumir la responsabilidad
de desarrollarcon la participación de los
pueblos interesados, una acción coordinada y
sistemática con mira a proteger los derechos
de esos pueblos y garantizar el respeto a su
integridad”.



La Organización de las Naciones Unidas ONU,
a través de la Subcomisión de la Lucha contra
las Medidas Discriminatorias y para la
Protección de las Minorías, hizo un llamado para
que todos aquellos Estados con población
Gitana hiciera un reconocimiento de los
derechos de este pueblo. Igualmente en reunión
del 4 de marzo de 1992 la Comisión de Derechos
Humanos adoptó la resolución 1992/75 protección a los rom, e insta a eliminar toda
forma de discriminación contra los mismos.




Principales convenios internacionales
La Ley 467 de 1998, aprobó la enmienda al
artículo 8o. de la Convención Internacional de
1966 sobre la eliminación de todas las formas de
la discriminación racial, adoptada en Nueva York
el 15 de enero de 1992. Dicha ley fue
declarada exequible por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-275-99 de
28 de abril de 1999, Magistrado Ponente Dr.
Alfredo Beltrán Sierra.



Por su parte, la Ley 145 de 1994, aprobó el
Convenio Constitutivo del Fondo para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas de
América Latina y el Caribe", suscrito en
Madrid el 24 de julio de 1992, con el objeto de
establecer un mecanismo destinado a apoyar
los procesos de autodesarrollo de
pueblos, comunidades y organizaciones
indígenas de la América Latina y del
Caribe, en adelante denominados "Pueblos
Indígenas”.

ARTÍCULO 1o. El presente Convenio se aplica:
a) A los pueblos tribales 34 en países
independientes, cuyas condiciones sociales,
culturales y económicas les distingan de otros
sectores de la colectividad nacional, y que estén
regidos total o parcialmente por sus propias
costumbres o tradiciones o por una legislación
especial.





1. Los gobiernos deberán asumir
la
responsabilidad de desarrollar, con la
participación de los pueblos interesados, una
acción coordinada y sistemática con miras a
proteger los derechos de esos pueblos y a
garantizar el respeto de su integridad.




1. Los pueblos indígenas y tribales deberán
gozar plenamente de los derechos humanos
y libertades fundamentales, sin obstáculos
ni discriminación. Las disposiciones de este
Convenio se aplicarán sin discriminación a
los hombres y mujeres de esos pueblos






Consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través de
susinstituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas
susceptibles de afectarles directamente;
Establecer los medios a través de los cuales los
pueblos interesados puedan participar libremente,
por lo menos en la misma medida que otros sectores
de la población, y a todos los niveles en la adopción de
decisiones en instituciones electivas y organismos
administrativos y de otra índole responsables de
políticas y programas que les conciernan;



“Parágrafo. La explotación de los recursos
naturales en los territorios indígenas se hará
sin desmedro de la integridad cultural, social
y económica de las comunidades indígenas.
En las decisiones que se adopten respecto
de dicha explotación, el Gobierno
propiciará la participación de los
representantes de las respectivas
comunidades”.



Colombia es ampliamente reconocida como
un país étnico y culturalmente diverso y la
Constitución Política garantiza amparo
constitucional a los grupos étnicos que la
componen. Con base en lo anterior, a
continuación se presenta el marco
constitucional de los grupos étnicos, así:


“Artículo 7o. El Estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la Nación
colombiana”.
 “Artículo 10o. El castellano es el idioma oficial
de Colombia. Las lenguas y dialectos de los
grupos étnicos son también oficiales en sus
territorios. La enseñanza que se imparta en las
comunidades con tradiciones lingüísticas
propias será bilingüe”.
 “Artículo 17. Se prohíben la esclavitud, la
servidumbre y la trata de seres humanos en
todas sus formas”.







“Artículo 19. Se garantiza la libertad de
cultos. Toda persona tiene derecho a
profesar libremente su religión y a difundirla
en forma individual o colectiva.
Todas las confesiones religiosas e iglesias son
igualmente libres ante la ley.”




“Artículo transitorio 55. Dentro de los dos años
siguientes a la entrada en vigencia de la presente
Constitución, el Congreso expedirá, previo
estudio por parte de una comisión especial que
el Gobierno creará para tal efecto, una ley que
les reconozca a las comunidades negras que han
venido ocupando tierras baldías en las zonas
rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del
Pacífico, de acuerdo con sus prácticas
tradicionales de producción, el derecho a la
propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de
demarcar la misma ley.

En la comisión especial de que trata el inciso
anterior tendrán participación en cada caso
representantes elegidos por las comunidades
involucradas.
 La propiedad así reconocida sólo será
enajenable en los términos que señale la ley.
 La misma ley establecerá mecanismos para la
protección de la identidad cultural y los
derechos de estas comunidades, y para el
fomento de su desarrollo económico y social.







Parágrafo 1. Lo dispuesto en el presente artículo
podrá aplicarse a otras zonas del país que
presenten similares condiciones, por el mismo
procedimiento y previos estudio y concepto
favorable de la comisión especial aquí prevista.
Parágrafo 2. Si al vencimiento del término
señalado en este artículo el Congreso no
hubiere expedido la ley a la que él se refiere,
el Gobierno procederá a hacerlo dentro de los
seis meses siguientes, mediante norma con
fuerza de ley”.






“Artículo 63. Los bienes de uso público, los
parques naturales, las tierras comunales de
grupos étnicos, las tierras de resguardo, el
patrimonio arqueológico de la Nación y los
demás bienes que determine la ley, son
inalienables, imprescriptibles e
inembargables”.
“Artículo 68. Los particulares podrán fundar
establecimientos educativos. La Ley establecerá
las condiciones para su creación y gestión.






La comunidad educativa participará en la
dirección de las instituciones de educación.
La enseñanza estará a cargo de personas de
reconocida idoneidad ética y pedagógica.
La Ley garantiza la profesionalización y
dignificación de la actividad docente.
Los padres de familia tendrán derecho de
escoger el tipo de educación para sus hijos
menores. En los establecimientos del Estado
ninguna persona podrá ser obligada a recibir
educación religiosa.



“Artículo
70. …La culturaen sus diversas
manifestaciones es fundamento de la
nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad
y dignidad de todas las que conviven en el
país. El Estado promoverá la investigación, la
ciencia, el desarrollo y la difusión de los
valores culturales de la Nación”.




“Artículo 72. El patrimonio cultural de la
Nación está bajo la protección del Estado. El
patrimonio arqueológico y otros bienes
culturales que conforman la identidad
nacional, pertenecen a la Nación y son
inalienables, inembargables e imprescriptibles.
La ley establecerá los mecanismos para
readquirirlos cuando se encuentren en manos de
particulares y reglamentará los derechos
especiales que pudieran tener los grupos
étnicos asentados en territorios de riqueza
arqueológica”. (Negrilla fuera de texto).






Por adopción
Los miembros de pueblos indígenas que
comparten territorios fronterizos, con
aplicación delprincipio de reciprocidad según
tratados públicos”.
Habrá un número adicional dedos senadores
elegidos en circunscripción nacional especial
por comunidades indígenas.

Los ciudadanos colombianos que se encuentren o
residan en el exterior podrán sufragar en las elecciones
para Senado de la República.
 La Circunscripción Especial para la elección de senadores
por las comunidades indígenas se regirá por el sistema
de cuociente electoral.
 Los representantes de las comunidades indígenas que
aspiren a integrar el Senado de la República, deberán
haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su
respectiva comunidad o haber sido líder de una
organización indígena, calidad que se acreditará mediante
certificado de la respectiva organización, refrendado por
el Ministro de Gobierno”.







“Artículo 176. La Cámara de Representantes
se elegirá en circunscripciones territoriales y
circunscripciones especiales.
Habrá dos representantes por cada
circunscripción territorial y uno más por cada
doscientos cincuenta mil habitantes o
fracción mayor de ciento veinticinco mil que
tengan en exceso sobre los primeros
doscientos cincuenta mil.

Para la elección de representantes a la Cámara,
cada departamento y el Distrito Capital de
Bogotá conformarán una circunscripción
territorial. La ley podrá establecer una
circunscripción especial para asegurar la
participación en la Cámara de Representantes de
los grupos étnicos y de las minorías políticas
y de los colombianos residentes en el exterior.
 Mediante esta circunscripción se podrá elegir
hasta cinco representantes”.





“Artículo 246. Las autoridades de los
pueblos indígenas podrán ejercer funciones
jurisdiccionales dentro de su ámbito
territorial, de conformidad con sus propias
normas y procedimientos, siempre que no
sean contrarios a la Constitución y leyes de la
República. La ley establecerá las formas de
coordinación de esta jurisdicción especial con
el sistema judicial nacional”.





“Artículo 286. Son entidades territoriales los
departamentos, los distritos, los municipios y los
territorios indígenas”.
“Artículo 329. La conformación de las entidades
territoriales indígenas se hará con sujeción a lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento
Territorial, y su delimitación se hará por el
Gobierno Nacional, con participación de los
representantes de las comunidades indígenas,
previo concepto de la Comisión de
Ordenamiento Territorial.





Los resguardos son de propiedad colectiva y no
enajenable. La ley definirá las relaciones y la
coordinación de estas entidades con aquellas de las
cuales formen parte.
Parágrafo. En el caso de un territorio indígena que
comprenda el territorio de dos o más departamentos,
su administración se hará por los consejos indígenas
en coordinación con los gobernadores de los
respectivos departamentos. En caso de que este
territorio decida constituirse como entidad territorial,
se hará con el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el inciso primero de este artículo”.
(Negrilla fuera de texto).

“Artículo 330. De conformidad con la Constitución y las
leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por
consejos conformados y reglamentados según los usos y
costumbres de sus comunidades y ejercerán las
siguientes funciones:

1. Velar por la aplicación de las normas legales
sobre usos del suelo y poblamiento de sus
territorios.
2. Diseñar las políticas y los planes y programas
de desarrollo económico y social dentro de su
territorio, en armonía con el Plan Nacional de
Desarrollo.
3. Promover las inversiones públicas en sus
territorios y velar por su debida ejecución.

4. Percibir y distribuir sus recursos.
5. Velar por la preservación de los recursos naturales.
6. Coordinar los programas y proyectos promovidos por
las diferentes comunidades en su territorio.
7. Colaborar con el mantenimiento del orden público
dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y
disposiciones del Gobierno Nacional.
8. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional
y las demás entidades a las cuales se integren, y
9. Las que les señalen la Constitución y la ley.




Parágrafo. La explotación de los recursos
naturales en los territorios indígenas se hará
sin desmedro de la integridad cultural, social
y económica de las comunidades indígenas.
En las decisiones que se adopten respecto
de dicha explotación, el Gobierno
propiciará la participación de los
representantes de las respectivas
comunidades”.





El reconocimiento de los derechos de la población
LGBT ha sido el fruto de constantes luchas y
esfuerzos. Es a partir de la expedición de la
Constitución Política de Colombia y específicamente
en desarrollo del artículo 13, que el Estado ha
venido impulsado normas que buscan eliminar y
prevenir alguna forma de discriminación en contra de
cualquier persona, promoviendo para ello entre otras
cosas, la igualdad de género en todos sus órdenes.
Las necesidades, demandas e intereses de la
población LGBT han venido sido incluidas como
parte integral de las acciones del gobierno, sobre todo
del distrital.

Ser lesbiana, gay, bisexual o transgenerista.
No ser discriminados por su orientación sexual o
identidad de género.
 No revelar su orientación sexual.
 Mantener la patria potestad y custodia de los hijos e
hijas.
 Recibir tratamientos de reproducción asistida
(inseminación artificial).
 No ser despedidos del trabajo a causa de su
orientación sexual o identidad de género.
 No ser expulsados de ningún centro educativo público
o privado, a causa de su orientación sexual o identidad
de género.




Cambiar su nombre por uno masculino o
femenino, independientemente de su sexo biológico.
 Quienes están privados de la libertad, pueden recibir
visita íntima de su pareja del mismo sexo, en los
establecimientos carcelarios.
 En caso de intersexualidad o hermafroditismo, las
personas, incluso los menores de edad que estén en
capacidad de decidir, tienen la libertad de optar
sobre procedimientos y cirugías de reasignación de
sexo.
 A no ser expulsados de los espacios públicos, por
expresar afecto o tener manifestaciones de afecto no
sexualmente explícitas con su pareja del mismo sexo.











Declarar su unión marital de hecho.
Derechos patrimoniales. A tener patrimonios en
conjunto.
A incluir como beneficiario en salud a su
compañero o compañera permanente del
mismo sexo.
La pensión de su compañero o compañera
permanente del mismo sexo cuando él o ella
fallezca.
A demandar penalmente.





Sin embargo, es importante señalar que la
mayoría de estos reconocimientos han sido
fruto de fallos expedidos por la Corte
Constitucional en Acciones de Tutela,
mecanismo legal utilizado por la población LGBT
en defensa de sus derechos.
En cuanto a cifras y si bien no es una tarea fácil,
algunos estudios indican que aproximadamente
entre el 10% y el 15% del total de la población en
general, podrían ser parte de este grupo.




Principales convenios internacionales
Cualquiera de las disposiciones sobre derechos humanos
expresadas por la Organización de las Naciones Unidas
puede tenerse como herramientas para defender los
derechos de la diversidad sexual. Por ejemplo, el Comité
de la Convención para Eliminar todas las formas de
Discriminación hacia las Mujeres vela por los derechos de
las lesbianas; el Comité contra la Tortura atiende
cualquiera de las formas de tortura psicológica; el Comité
de la Convención de los Derechos de los Niños protege
los derechos de niños y niñas con orientación sexual
distinta a la heterosexual, y el Comité de Derechos
Humanos tiene la facultad de escuchar quejas que
personas interpongan contra sus Estados.

Además, el Comité del Pacto de Protección a los Derechos
Económicos, Culturales y Sociales ya interpretó, en el año
2000, el principio de no discriminación como aplicable a la
diversidad sexual.
 Sin embargo y de manera más específica, la Asamblea
General de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
aprobó el día 17 de mayo de 1990 la 10a revisión de la
Estadística Internacional de Clasificación de las
Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados (ICD10); oportunidad en la cual se reconoció que la
"orientación sexual" (heterosexual, bisexual y homosexual)
por sí misma no debe ser vista como un trastorno". Vale la
pena advertir que en versiones anteriores de dicha
clasificación, la homosexualidad era considerada un
"trastorno sexual".







Es a partir de lo anterior que cada 17 de mayo se
conmemora el Día Internacional contra la
homofobia.
Siguiendo por la misma línea, el 26 de marzo de
2007, un grupo de expertos en derechos
humanos hizo público un documento en el que
se especificaba la aplicación de la legislación
internacional en derechos humanos a las
cuestiones de orientación sexual e identidad de
género, conocido como Principios de
Yogyakarta.



En estos principios se declara que las leyes
que penalizan la homosexualidad violan el
derecho internacional de no discriminación,
como ha fallado en varias ocasiones el Comité
de Derechos Humanos de la ONU. Así mismo,
y según estos mismos derechos, las personas
LGBT tienen derecho a la vida, a vivir sin
violencia y sin tortura, a la privacidad, al
acceso a la justicia y a no ser detenidas
arbitrariamente.







Como ya se mencionó, la herramienta jurídica que ha
sido utilizada como defensa de los derechos de la
población LGBT ha sido la Acción de Tutela
establecida a través de la Constitución Política de
1991.
Además, se encuentran disposiciones relacionadas
tales como el artículo 16 Superior, que versa sobre
el libre desarrollo de la personalidad que indica:
“Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre
desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que
las que imponen los derechos de los demás y el orden
jurídico”.





“Artículo 20. Se garantiza a toda persona la
libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y
recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad
social. Se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad.
No habrá censura”.



Si bien no existen normas específicas que
protejan directamente los derechos de la
población LGBT, debemos entender que se
aplican por analogía y por lo dispuesto por
los convenios internacionales, las normas
referidas a la igualdad y no discriminación.


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