El documento enfatiza la importancia de invertir en la primera infancia, niñez y adolescencia para mejorar las capacidades futuras de los individuos y el desarrollo social de los países. Se señala la necesidad de garantizar los derechos de estos grupos a través de políticas públicas efectivas y un uso adecuado del presupuesto, involucrando a la familia, el estado y la comunidad. Asimismo, se aboga por la implementación de programas destinados a prevenir la vulneración de derechos y promover el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.