Programa de Gobierno - PRD-PT-Mov. Ciudadano - Movimiento Progresista

PROPUESTA INTEGRADA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION
DEMOCRATICA, PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL MC-CONVERGENCIA DE
PROGRAMA DE GOBIERNO

La alternancia partidista en la Presidencia de la República no representó la
sustitución del viejo régimen presidencialista autoritario por un nuevo régimen
efectivamente democrático. Tampoco significó un cambio en el modelo y las
políticas neoliberales, sino más bien su continuidad, en detrimento de las clases y
sectores sociales mayoritarios del pueblo de México.
La imposición del actual gobierno dejó sembradas las semillas de la división y la
confrontación en el seno de la sociedad mexicana, que en los años subsecuentes
dieron lugar a la exacerbación de los viejos y graves problemas de pobreza,
desigualdad, exclusión social y deterioro de la calidad de vida de las mayorías, a
los que se sumaron los nuevos problemas de proliferación del crimen organizado,
narcotráfico, violencia y descomposición del tejido social y militarización del
territorio nacional.
En México persisten y se han agravado los síntomas que hace doce años dieron
lugar al relevo del régimen que por más de setenta años ejerció el poder con base
en instituciones que se encontraban en franco proceso de deterioro. No obstante
la alternancia, se han mantenido las políticas, las prácticas y las complicidades
que no permiten las transformaciones de fondo que se requieren para hacer frente
a la desigualdad social, recuperar el crecimiento económico y establecer un
verdadero Estado social y democrático de Derecho, de acuerdo con las exigencias
de la sociedad mexicana.
Esta grave situación que se acrecienta día con día debe cambiar urgentemente.
Necesitamos un cambio verdadero, un Nuevo Proyecto de Nación para
reencausar el rumbo de México en un sentido de crecimiento económico con
sustentabilidad y equidad social, y de democracia participativa y justicia efectiva.

Para emprender el cambio verdadero el gobierno de la nueva mayoría se propone:

• Abrir el paso a una auténtica Reforma del Estado que amplíe y asegure la
participación ciudadana para erradicar la corrupción, establecer un nuevo modelo
de gestión pública basado en la austeridad y la responsabilidad social, garantizar
la seguridad y tranquilidad de la población y construir las instituciones para la
gobernabilidad democrática.

• Diseñar e instrumentar políticas públicas fundamentadas en el objetivo de la
equidad, el respeto a los derechos humanos de todos, la tolerancia y el respeto a
las diferencias.

• Una política social que garantice a todos los derechos a la salud, la alimentación,
a la vivienda y a la educación, a un trabajo digno, a la vez que combata
directamente a la pobreza y atienda a los grupos más vulnerables como son los
adultos mayores y las personas con discapacidad.

• Garantizar la educación pública, laica y gratuita a todos los niveles escolares e
impulsar una nueva política de ciencia y tecnología dirigida a mejorar las
posibilidades de desarrollo económico de nuestro país.

• Instrumentar una nueva política económica, sustentable y equitativa que articule
la sustentabilidad del medio ambiente y el crecimiento económico con equidad.

• Adoptar una auténtica Política Exterior de Estado, arraigada a nuestros
principios de política exterior contenidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos para contribuir de manera soberana a la paz y prosperidad
mundiales.

Sobre estas bases esta coalición propone a la Nación el siguiente

PROGRAMA DE GOBIERNO

l. REFORMA DEL ESTADO Y GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA

La transformación del Estado mexicano que nos proponemos emprender
contempla una estrategia general que apunta a su más profunda democratización
y a un ejercicio honesto y republicano del poder, a partir de medidas que
contribuyan al establecimiento de instituciones nuevas y congruentes con las
aspiraciones de los mexicanos del siglo XXI.

Austeridad y Combate a la Corrupción

Junto con la proliferación del crimen organizado, del narcotráfico y de la violencia
e inseguridad pública, la deshonestidad y la corrupción son dos problemas de la
mayor gravedad que aquejan y exasperan a la Nación. Históricamente la
corrupción ha sido uno de los principales males que más ha dañado a nuestro
país, pero que en los años recientes ha cobrado dimensiones gigantescas que
han debilitado profundamente a las instituciones de la República y transferido la
mayor parte del patrimonio nacional y del esfuerzo cotidiano de la mayoría de los
mexicanos a la oligarquía y a intereses extranjeros. Ello ha dado al traste con
todo y ha sido la causa principal de la desigualdad social y económica. Esto no
debe continuar. Por ello proponemos un Nuevo Proyecto de Nación que
contempla las siguientes medidas:

1. Establecer el principio de austeridad republicana como criterio rector del
servicio público, reduciendo el costo del gobierno mediante la disminución de los
sueldos de los altos funcionarios y la eliminación del gasto improductivo.

El Programa de Austeridad será un eje fundamental con tres propósitos:

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- Revertir el aumento desmedido que ha tenido el gasto burocrático en los
años recientes.

- Generar ahorros para ser utilizados de manera más eficiente en programas
sociales e inversiones públicas en infraestructura que la economía necesita
para generar mayor empleo y bienestar, sobre todo en la actual
circunstancia de crisis económica mundial y nacional por la que estamos
atravesando.

- Implantar un nuevo modelo de la gestión pública: no debe haber un
gobierno rico con un pueblo pobre ni el gobierno puede ser la vía para que
los empleados lleguen a ser ricos y a escalar hacia los estratos de ingreso
más altos.

2. Le costará menos al pueblo mantener al gobierno. Se acabarán los privilegios de la
alta burocracia, se reducirán los sueldos a la mitad de directores generales hacia
arriba. Se cancelarán bonos, viáticos, pensiones de ex presidentes, servicios médicos
privados, cajas de ahorro especiales, el uso de aviones, helicópteros y otras
canonjías. En este sentido:

a) Se reducirá a la mitad el sueldo del Presidente de la República y ningún otro
funcionario del Ejecutivo recibirá una percepción mayor. b) Se suprimirán las
pensiones millonarias de los ex Presidentes de México. c) Se acabarán los
privilegios de la alta burocracia, se reducirán los sueldos a la mitad de directores
generales hacia arriba. d) Se cancelarán bonos, viáticos, pensiones de ex
presidentes, servicios médicos privados, cajas de ahorro especiales, el uso de
aviones, helicópteros y otros privilegios. e) Se destinará el ahorro que por concepto
de estos ajustes se acumule, a la atención de las necesidades básicas de la
población del país.

3. Dar plena transparencia al manejo y aplicación de los recursos públicos.
Erradicar el carácter "electorero" y clientelar de las políticas sociales y de combate a
la pobreza.

4. Revisar la legislación penal para que efectivamente se castiguen el tráfico de
influencias y el conflicto de intereses en todas las esferas del poder público, a fin
de erradicar la complicidad e impunidad entre política y negocios.

5. Establecer la participación de la sociedad en la vigilancia de los actos de
gobierno mediante el establecimiento de contralorías ciudadanas.

6. Revisar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para
redefinir los criterios relativos a la información reservada y la confidencial. Es
necesario homogeneizar los principios que rigen el derecho a la trasparencia en
las entidades del país con el orden federal. Asimismo, es necesario incorporar el
carácter vinculante de las resoluciones de los organismos federales y estatales en las

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respectivas leyes en la materia.

7. Garantizar la licitación abierta de la obra y adquisiciones públicas.

8. Actualizar los tipos punibles y las sanciones que consignan la ley y el Código
Penal en materia de ilícitos cometidos en el ejercicio de la función pública.

Régimen Político

Aspiramos a gobernar bajo reglas de participación política que respondan a la
pluralidad ideológica y a la demanda de mayores espacios para el debate de ideas
y proyectos que caracterizan a la nueva sociedad mexicana actual. De ahí que
nuestra estrategia esté dirigida, en ese sentido, a avanzar hacia un régimen
político cuyo motor sean los ciudadanos, que contemple la creación de espacios
para nuevos actores y aliente la participación de corrientes y formas de
organización políticas regionales y locales.

9. Derrotar a la oligarquía en el terreno político y por la vía pacífica para establecer
en México una verdadera democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo.

10. Se llevarán a cabo las reformas legales necesarias para que el Presidente de
la República se someta al principio de la revocación del mandato. Al cumplirse tres
años, se hará una consulta para que la gente decida si continúa o no en su cargo.
El pueblo es soberano: así como otorga un mandato, puede retirarlo. El pueblo
pone y el pueblo quita.

11. Abrir un espacio de confluencia entre fuerzas económicas, políticas y sociales
para definir y construir las bases institucionales del nuevo régimen político, y
proceder a las reformas necesarias para establecerlo. Sea que se opte por el
gobierno de gabinete, el semipresidencialismo o el parlamentarismo; en
cualquier caso, el objetivo es establecer mecanismos que propicien la conformación
de coaliciones de gobierno y mayorías legislativas estables que contribuyan a la
gobernabilidad democrática.

12. Respetaremos la libertad de expresión y de credo religioso. El gobierno se
conducirá bajo criterios de diálogo, cumplimiento de los compromisos, tolerancia,
pluralidad, diversidad y transparencia.

13. Establecer un Estado Social y Democrático de Derecho que garantice la
ampliación y el ejercicio pleno de los derechos humanos, los compromisos
económicos y sociales del Estado que beneficien a las capas menos favorecidas
para que dejen de serlo, así como un sistema electoral que favorezca la equidad y
la participación ciudadana.

14. Promover una Ley de Partidos Políticos que los consolide como órganos de
interés público, responsables frente a la sociedad y que establezca sus límites y

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obligaciones en el ejercicio de la representación popular. Ello permitirá, además,
acotar la injerencia de los Consejos y Tribunales Electorales en la vida interna de
los partidos políticos.

15. Incorporar en la Reforma del Estado los conceptos de equidad y de justicia
social, ofreciendo igualdad de oportunidades para mujeres y hombres,
promoviendo políticas públicas integrales con perspectiva de género que
obliguen al Estado al cumplimiento de los acuerdos internacionales en la materia
suscritos por nuestro país.

16. Concluir la reforma política del Distrito Federal, garantizando a la entidad y a
sus ciudadanos los mismos derechos que los del resto del país sin demérito de su
calidad como capital de la República y sede de los poderes federales.

17. Reconocer la autonomía de los pueblos indios en concordancia con los
órdenes federal, estatal y municipal.

18.- Pactar las reformas necesarias para establecer los mecanismos que propicien
la conformación de coaliciones de gobierno y mayorías legislativas estables que
contribuyan a la gobernabilidad democrática.

19. Promover los espacios donde se aliente la participación de una ciudadanía
educada en los valores democráticos para ejercer a plenitud sus derechos y
asumir sus responsabilidades.

Reforma Electoral

Estimamos que es necesario seguir impulsando la transformación de nuestro
sistema electoral, proponiendo cambios y ajustes que son necesarios, ante todo,
para responder al justo reclamo de la sociedad por el dispendio, la corrupción y el
manejo electorero de los programas sociales, todo ello vinculado a los procesos
electorales, así como para contribuir a su madurez y desarrollo, en uso de las
facultades de iniciativa que corresponden al gobierno.

En ese sentido pugnamos por construir el ejercicio de ciudadanía plena como eje
articulador de la vida política nacional, que utiliza el voto y las elecciones como un
medio más en la construcción democrática del país.

A este respecto, nos proponemos impulsar y respaldar, entre otras, las siguientes
propuestas:

20. Garantizar la estricta aplicación de la ley en materia de delitos electorales relativos
a las precampañas, campañas y gasto de precandidatos y candidatos.

21. Distribución equitativa de las prerrogativas que reciben los partidos políticos.

22. Reducir el tope de financiamiento legal con recursos de origen privado y

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reglamentarlos para que éstos sólo puedan aportarse por los miembros, afiliados
o simpatizantes de un partido político.

23. Eliminar el secreto bancario en relación con el manejo financiero de los
partidos políticos.

24. Sancionar durante el proceso electoral a los partidos, precandidatos y
candidato que violen los topes de gastos de precampaña y campaña.

25. Garantizar la aplicación estricta de la ley en cuanto a la prohibición de
publicitar las acciones y programas gubernamentales de los tres órdenes de
gobierno en tiempos electorales.

26. Reformular la asignación de diputados de representación proporcional, para
eliminar la sobre-representación y la sub-representación.

27. Permitir el registro de candidaturas comunes; reducir requisitos para la
formulación de alianzas y coaliciones; y, normar el registro de candidaturas
independientes.

28. Promover las reformas necesarias para armonizar los calendarios electorales
del país, con el objeto de facilitar la participación electoral y reducir
sustancialmente el dispendio de recursos públicos en elecciones.

29. Federalizar los procedimientos y las autoridades electorales locales, bajo
responsabilidad de un solo órgano que genere credibilidad, confianza en los
procesos electorales a todos niveles y reduzca los gastos excesivos que se
derivan de la duplicidad existente.

30. Impedir que los consejeros electorales ciudadanos federales y estatales,
durante los dos años inmediatamente posteriores al término de su encargo,
ocupen puestos de elección popular y cargos públicos.

31. Restablecer el derecho a voto de los partidos políticos en el Consejo General del
Instituto Federal Electoral.

32. Promover la consolidación y el fortalecimiento de la autonomía de los órganos
electorales respecto del Poder Ejecutivo, en todos sus ámbitos: federal, estatal y
municipal.

33. Establecer la afiliación partidista individual a fin de terminar con las prácticas
de afiliación partidista gremial de trabajadores y campesinos

34. Revisar el sistema de asignación de los tiempos de radio y televisión para
buscar una fórmula de asigne con mayor equidad, éstos entre los partidos.

35.- Promover la reconstrucción del sistema electoral para que favorezca la
equidad y la participación activa de la sociedad.

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Reforma al Poder Legislativo

36. Reformar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión para que permita y
favorezca las coaliciones legislativas; aumente las facultades de las comisiones
en materia de investigación, control y dictamen; establezca mecanismos para que
las iniciativas no se congelen en las comisiones; estreche la vinculación de éstas
con las distintas ramas del gobierno, dándoles facultades de planeación y
evaluación del desempeño gubernamental, vinculatorias en la asignación del
presupuesto; promueva la profesionalización de un servicio civil de carrera de los
asesores parlamentarios para garantizar un Poder Legislativo eficiente y capaz de
dar continuidad a los trabajos de la anterior legislatura.

37. Fortalecer a la Cámara de Senadores en la definición y en la evaluación de la
política exterior, particularmente en lo que concierne al pleno respeto de la soberanía
nacional.

38. Darle al Congreso de la Unión facultades para promulgar leyes en caso de que,
una vez agotado el proceso legislativo, el Ejecutivo no lo haga.

39. Promover una nueva Ley de Presupuesto que garantice la participación de la
Cámara de Diputados en la elaboración, vigilancia y modificación del presupuesto.
Es indispensable el establecimiento de reglas claras en el ejercicio del gasto
público, y la creación de un Tribunal de Cuentas autónomo con facultades
suficientes para hacer eficiente y riguroso el sistema de revisión de cuentas, y
establecer las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.

40. Fortalecer la representación de mujeres y hombres, sancionando la simulación
de las cuotas de género.

Reforma de los Medios de Comunicación

Nos comprometemos a respetar y garantizar la libertad de expresión, el pluralismo
político, social, cultural y lingüístico y a promover una cultura pública que rechace
toda forma de discriminación y fomente la tolerancia y la equidad social, por lo cual
proponemos como medidas prioritarias en este sector:

41. Se democratizarán los medios de comunicación. Habrá competencia y se hará efectivo el
derecho a la información. Es inaceptable que la televisión y la radio se concentren en unas
cuantas manos y que, en vez de informar con amplitud, veracidad y profesionalismo, se
utilicen como instrumentos para manipular y controlar al pueblo, proteger privilegios y hacer
negocios al amparo del poder público. Queremos que no sólo haya dos televisoras que
acaparen toda la audiencia sino 10, 20, las que sean técnicamente posibles. No debe haber,
bajo ninguna consideración, monopolios. Asimismo, se promoverán las radiodifusoras y
televisoras locales y regionales que permitan el acceso y el manejo de estos medios a
pueblos indígenas, comunidades campesinas, jóvenes, escuelas, universidades y centros de
formación educativa y cultural. Vamos a garantizar el acceso universal al Internet como parte
del derecho constitucional a la información.

42. No será letra muerta el artículo 28 constitucional que prohíbe la existencia de monopolios.
Por prácticas monopólicas los mexicanos pagamos más por bienes y servicios que en otros
países del mundo. Abrir la competencia en la telefonía, Internet, la televisión, el cemento, los

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bancos, la tortilla, el pan, los refrescos y otros artículos, permitiría ahorros a los consumidores
hasta por 15% de sus ingresos.

43. Reformar la Constitución y la Ley Federal de Radio y Televisión para
democratizar el ámbito de los medios y establecer un marco jurídico que defina
las funciones y los objetivos, impida las presiones gubernamentales,
democratice, transparente y termine con la discrecionalidad en el otorgamiento
de concesiones, y limite los excesos que con el enorme poder de la comunicación
masiva en ocasiones se cometen, garantizando, entre otras cosas, el derecho de
réplica. Y que se garantice la creación y desarrollo de los medios de comunicación
masivos comunitarios.

44. Terminar con la indefensión jurídica y presupuestal que existe para las
estaciones dependientes del gobierno federal, de las universidades o de los
gobiernos estatales; y garantizar el acceso y funcionamiento plural y democrático de
estos medios.

45. Crear un consejo autónomo y ciudadano que dictamine sobre las
concesiones y expida recomendaciones a los medios de comunicación para que
se cumplan las funciones de servicio público, defiendan la independencia
editorial y coadyuven al respeto de los derechos de la audiencia.

46. Fomentar la calidad televisiva garantizando diversidad, pluralidad y apertura,
así como establecer medidas que garanticen plenamente el derecho a la
información.

47. Crear un fondo para el desarrollo de los medios públicos en apoyo a
proyectos de radio, cine y televisión nacional, que fomente la creación de televisión
y radios públicas e indígenas.

48. Garantizar el respeto al pluralismo político, social, cultural y lingüístico y la
promoción de una cultura pública que rechace toda forma de discriminación y
fomente la tolerancia y la equidad social.

49. Establecer una nueva regulación de los tiempos oficiales en radio y TV.

50. Propiciar la participación de los medios de comunicación en cuanto a la
promoción de valores en materia de equidad con perspectiva de género,
ambientales, culturales y de protección civil, entre otros, con el objeto de que sean
éstos una herramienta benéfica a la sociedad y al ciudadano.

51.- Abrir, en condiciones de equidad, los espacios para el ejercicio de la
democracia participativa a través de los tiempos en radio y televisión destinados a
los partidos políticos. Asimismo, evitar la injerencia de la autoridad electoral en la
determinación de los contenidos propagandísticos de los partidos siempre que se
desenvuelvan en el marco de la ley.

Participación Ciudadana

52. Construir una nueva relación gobierno-sociedad mediante la incorporación al
marco jurídico de figuras de democracia participativa como: consulta ciudadana;
rendición de cuentas; auditoría social; iniciativa popular; afirmativa ficta;

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revocación de mandato; referéndum; plebiscito; la iniciativa de
inconstitucionalidad ciudadana, audiencia pública, cabildo a sesión abierta,
presupuestos públicos participativos; derecho a voz ciudadana; y acción popular.

53. Establecer políticas de comunicación que ayuden a superar la mentalidad de
subordinación y obediencia acrítica a la autoridad para dar paso a nuevas
identidades que correspondan a una sociedad democrática y participativa, a un
cambio social que promueva de manera prioritaria la construcción de ciudadanía y
comunidad. Se trata de estimular la consulta ciudadana de carácter excepcional
sobre actos de gobierno o leyes concretas que afectan el interés general de la
comunidad.

54. Garantizar la participación ciudadana y comunitaria en los procesos de
planeación, ejecución y evaluación de políticas públicas, a fin de generar una cultura
ciudadana de combate a la corrupción de los servidores públicos y una
permanente demanda de eficacia en el desempeño de gobierno mediante la
transparencia y la rendición de cuentas.

55. Incorporar al marco constitucional y legal el respeto de los derechos difusos y
colectivos, y establecer los mecanismos para su ejercicio efectivo.

56.- Incorporar a los planes y programas de estudio de las instituciones del
sistema educativo nacional, asignaturas y contenidos que conduzcan a la
formación de una cultura ciudadana cívica en torno a temas como democracia,
participación social, exigencia de rendición de cuentas, equidad de género,
derechos fundamentales, tolerancia, civilidad, participación cívica y política y
garantías individuales y sociales.

57. Proponer las reformas legales necesarias para incorporar las candidaturas
ciudadanas a cargos de elección popular, tanto en el ámbito nacional como
regional y municipal.

Nuevo Federalismo y Municipio Libre

El nuevo federalismo que postulamos busca fortalecer la estructura del Estado
mexicano a partir del desarrollo regional y de la autonomía responsable de sus
entidades y, particularmente, de sus municipios.

58. Impulsaremos un nuevo federalismo para definir con claridad las reglas de
convivencia y cooperación entre los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal.
La capital de la República contará con plenos derechos.

59. Establecer criterios claros en la entrega de los recursos públicos asignados
para terminar con la administración discrecional de los mismos, de tal manera
que haya certeza de cuánto y cuándo se harán las transferencias
presupuestales, y se erradique la practica de los sub-ejercicios.

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60. Reestructurar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para emplear
mejor los recursos financieros públicos y lograr que en las participaciones
federales haya un nuevo equilibrio basado en los criterios de equidad y
compensación a favor de los estados y municipios más pobres del país.

61. Reformar el artículo 41 constitucional para incluir el reconocimiento al
municipio como depositario del ejercicio de la soberanía popular. En este sentido, tal
reforma debe incorporar las figuras y mecanismos de participación ciudadana y
comunitaria de la democracia participativa.

62. Reformar las leyes orgánicas municipales en las diversas entidades
federativas para cumplir con el espíritu del artículo 115 constitucional y que el
ayuntamiento sea efectivamente representativo, pueda ejercer a plenitud sus
atribuciones y su capacidad como orden de gobierno, autónomo y actor de su
propio desarrollo. En ese sentido, se debe modernizar la administración pública
en los municipios, garantizando el control democrático del gobierno y la rendición de
cuentas.

63. Reformar, en concordancia con el punto anterior, la Ley de Coordinación
Fiscal para aumentar los recursos económicos y las facultades de la
administración y finanzas del municipio, así como el fortalecimiento y la
diversificación de las fuentes de ingresos municipales.

64. Reformar el 115 constitucional para reconocer la diversidad y la
heterogeneidad municipal, reconociendo las asimetrías y particularidades sociales,
económicas, demográficas y culturales.

65. Establecer bases constitucionales que efectivamente promuevan la
asociación entre municipios y la gestión pública mancomunada, para que puedan
formar sus propias instancias de desarrollo regional y, en las zonas
metropolitanas, facilitar el establecimiento de instituciones para su mejor gobierno
y administración, así como para su desarrollo económico, social y cultural.

66. Reformar la integración, funcionamiento y facultades de los ayuntamientos,
establecidas en el artículo 115 constitucional, para dar cabida también a la
demanda de autonomía y gobierno propio de los pueblos y comunidades indios.

67. Instrumentar en los nuevos esquemas de gasto público la planeación regional
y el uso racional y sustentable de nuestros recursos. En especial hay que
fortalecer a los municipios para que puedan construir la infraestructura que les
permita prestar los servicios públicos de agua potable, recolección de desechos
sólidos, alumbrado e infraestructura comunitaria, y junto con la modernización del
impuesto predial puedan aumentar sus ingresos por la prestación de estos servicios.

68.- Obligar a las entidades estatales y municipales que rindan cuentas sobre el
manejo de los recursos que les otorga la federación a través de los Convenios de
coordinación y las participaciones fiscales. Exigir resultados a través de

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verdaderas auditorias de desempeño, manejo y destino de los recursos de origen
federal.

Nueva Constitucionalidad

69. Realizar una consulta amplia y formal para que la sociedad determine si
quiere o no una revisión integral de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y cuál es la mejor vía para realizarla: sea esta la aprobación de un
proyecto por el procedimiento ordinario de reformas constitucionales; o sea
mediante la convocatoria a un Congreso Constituyente. En todo caso, la
aprobación de una nueva Constitución requerirá del refrendo de la mayoría de las y
los ciudadanos mexicanos.

70. Tanto el marco constitucional vigente como la nueva constitucionalidad aquí
propuesta, debe cumplir a cabalidad los tratados y convenios internacionales
suscritos y ratificados por el Estado Mexicano.

II. JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA

La violencia, junto con el desempleo, es el más grave de los problemas
nacionales. Tenemos claro que sin garantizar la seguridad resulta ociosa
cualquier nueva propuesta de Nación. Aquí, con toda claridad, sostenemos que
nosotros sí vamos a resolver la crisis de inseguridad y de violencia. Lo haremos,
no sólo con criterios policíacos, que han complicado más el problema, sino bajo
el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.

Claro está que enfrentar a la delincuencia demanda un combate a la corrupción,
trabajo coordinado, profesionalismo, reconocimiento a los buenos servidores
públicos y mucha firmeza y perseverancia. Ante este fenómeno, se debe tener en
cuenta que lo más eficaz es el trabajo de inteligencia y la profesionalización de la
investigación. En otras palabras, si hay voluntad, el combate al crimen
organizado es más un problema de inteligencia que de fuerza.
La solución de fondo, la más eficaz, la más humana y probablemente la menos cara,
pasa por combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de
valores y la ausencia de alternativas. Está demostrado que no basta con medidas
coercitivas, con la militarización, con cárceles, con leyes más severas o con mano dura.
La violencia no se resuelve con más violencia, sino mejorando las condiciones de vida y
de trabajo de la población y atendiendo a los jóvenes. Lo primero será crear una
atmósfera de progreso y justicia. Nadie verá cancelado su futuro y siempre se
mantendrán opciones para salir adelante y vivir con dignidad.
Por ejemplo, hay decenas de miles de jóvenes que están en riesgo de de tomar el
camino de las conductas antisociales. A ellos, antes de que caigan en las redes de la
delincuencia organizada, se les debe rescatar y el gobierno debe ofrecerles
oportunidades de estudio y de trabajo bien remunerado. Esta nueva estrategia será

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complementada con las siguientes medidas: no se perseguirá a una banda para
proteger a otra, se aplicará la ley por parejo; no se permitirá la venta de plazas en
estados y municipios. Los encargados de la seguridad pública serán hombres y
mujeres rectos, de inobjetable honestidad. Todas las dependencias trabajarán
coordinadamente. Se va a desterrar la corrupción de los cuerpos policíacos; habrá
capacitación permanente para profesionalizar a la policía y se aumentarán sueldos y
prestaciones a los agentes de todas las corporaciones; se protegerán los derechos
humanos; habrá una sola oficina de inteligencia; se le seguirá la pista al blanqueo de
dinero y se solicitará con firmeza, al gobierno estadounidense que prohíba las ventas
de armas destinadas a nuestro país.

La justicia es un valor fundamental de convivencia y, en esa medida, un imperativo
político cuyo acatamiento impone al Estado el deber de mantener relaciones
sociales equilibradas y brindar un servicio judicial expedito, rápido y honesto. De
ello y de una apropiada articulación institucional, depende la eficacia de los
servicios de seguridad que brinda el gobierno.

En un Estado social y democrático de Derecho la tarea de la seguridad pública
debe propiciar un sentimiento generalizado de tranquilidad. La inseguridad que se
ha venido sufriendo afecta a todos los sectores. Tenemos claro que, sin atender
esta demanda, resultará ociosa cualquier nueva propuesta de Nación.

La ley se debe aplicar a todos por igual, sin distinciones, ni privilegios.

Como respuesta a la exigencia ciudadana, se proponen en una serie de acciones
para una alcanzar seguridad ciudadana eficaz:

71. Adoptar una estrategia de seguridad ciudadana basada en la primacía de los
derechos humanos y las garantías constitucionales, priorizando la prevención
sobre el control. Las políticas de seguridad y justicia deben ser contextualizadas
en las coordenadas de la seguridad humana, alineándolas al fin último de
contribuir a garantizar las condiciones para el pleno desarrollo humano, basado a
su vez en el pleno ejercicio de los derechos y las libertades, y el responsable
cumplimiento de las obligaciones. Superar el falso dilema entre seguridad
eficiente ó respeto a los derechos humanos. En un Estado democrático y social
de derecho es perfectamente posible instrumentar políticas de seguridad que
respeten los derechos humanos.

72. El desarrollo de una política contra el crimen debe enfocarse a la prevención
del delito, al abatimiento de la impunidad, a reducir el número de muertes y de
lesionados, a la preservación de la libertad y la integridad de las personas y a la
defensa de sus derechos patrimoniales. Éstos deben ser el objetivo de una
estrategia nacional.

73. Vincular la política social y el empleo en zonas críticas para canalizar recursos

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a educación, salud, desarrollo comunitario, empleo, prevención y erradicación de
la violencia de género y trabajo social con jóvenes en situación de riesgo, acorde
a una política integral y progresista de la prevención que tenga como ejes la
seguridad humana, la convivencia y la cohesión social.

74. Impulsar iniciativas legislativo y políticas públicas basadas en la
instrumentación de los principios y directrices establecidos en los tratados y
convenciones en la materia particularmente la Convención Internacional de
Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000), a saber, atacar:
a) la estructura cupular de las bandas delincuenciales y b) la estructura del
sicariato; así como desmantelar: c) la estructura financiera que les permite lavar
dinero en la economía formal y d) la estructura política que les protege.

75. Llevar a su máxima intensidad la persecución del delito de lavado de dinero
en sinergia con los cuerpos de inteligencia civil. La lucha contra el lavado de
dinero debe ser considerada la tarea fundamental y fortalecerse con
infraestructura y capacidad humana.

76. Rechazar toda política de seguridad discriminatoria que criminalice la pobreza
y las situaciones específicas de las personas, como la juventud, los estilos de vida
alternativos y la identidad sexogenérica.

77. Llevar a cabo una evaluación sobre cuál debe ser la política antidrogas con
expertos e instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, y con
los representantes políticos y legislativos de gobiernos de AL sobre las
alternativas para combatir al narcotráfico, incluyendo la valorización de la
despenalización de la utilización del tetrahidrocanabinol.

78. Impulsar medidas legislativas y de políticas públicas para la prevención y
tratamiento de las adicciones en la población en general, en particular para
proteger a las niñas, los niños y las y los adolescentes.

79. Reformar el sistema de procuración y administración de justicia para propiciar
que esta sea pronta y expedita, disminuyendo los altos índices de complicidad,
tráfico de influencias, corrupción, impunidad y rezago.

80. Garantizar la plena autonomía del Ministerio Público sustrayendo sus
funciones de la esfera de competencia del poder ejecutivo, imposibilitando así la
acción penal por consigna.

81. Eliminar el monopolio de la acción penal a cargo del Ministerio Público,
haciendo valer directamente ante el juez competente los derechos de la víctima,
eliminando la discrecionalidad del Ministerio Público, la corrupción en el
procedimiento administrativo y la pérdida de tiempo.

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82. Unificar las legislaciones locales para que delitos de la misma índole
merezcan la misma sanción, sobre todo en lo concerniente a los delitos
relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.

83. Construir una cultura ciudadana de rechazo social a la ilegalidad y el delito;
nuestro objetivo es la construcción de comunidades seguras en todo el país,
estableciendo prioridades presupuestarias en políticas sociales;

84. Ejercicio eficaz y responsable del presupuesto en materia de seguridad,
priorizando áreas relativas a la prevención social del delito y la participación
ciudadana, de capacitación y equipamiento de los cuerpos de seguridad pública, y
la formación de nuevas generaciones de policías;

85. Respetar y perfeccionar el marco legal de asistencia y coordinación policial
mutua entre Federación, las entidades federativas y los municipios, en el respeto
irrestricto a la soberanía de los Estados, estableciendo los mecanismos para
impulsar operativos conjuntos para combatir la delincuencia y para compartir
información de inteligencia.

86. Impulsar la reforma de las instituciones policiales, su depuración y
profesionalización. La Policía será entendida como un servicio público de
naturaleza civil, orientado a la comunidad antes que al Estado. Los miembros de
la Policía estarán preparados para hacer uso de la fuerza, de manera tal que ésta
no se constituya en un medio para afectar la dignidad de las personas. También
evitarán actos discriminatorios con motivo de la aplicación de la ley, los cuales se
producen cuando ésta se imparte de manera diferenciada por razones de
apariencia, condición social o cultural de las personas, o cualquier otra diferencia.

87. Ejecutar un programa nacional de fortalecimiento institucional que haga
operativos los mecanismos de rendición de cuentas, que articule adecuadamente
los controles internos y externos, y que instituya las estructuras innovadoras de
auditoría ciudadana.

88. Someter a todas las autoridades judiciales a la transparencia y a la rendición
de cuentas. Para ello, es indispensable revisar la integración y funcionamiento del
Consejo de la Judicatura, dada su ineficiencia en materia de corrupción,
responsabilidades, evaluación y administración imparcial de nombramientos y
promociones.

89. Transformar a los órganos fiscalizadores, como la Auditoría Superior de la
Federación, en verdaderos órganos constitucionales autónomos, plenamente
responsables de sus actos, que no dependan de ninguno de los tres poderes
públicos, con la finalidad de fortalecer la lucha contra la corrupción, la impunidad y
mejorar la rendición de cuentas.

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90. Establecer un registro nacional de víctimas del delito y garantizar la
reparación del daño, y de la incorrecta acción de la justicia a los procesados
indebidamente.

91. Cuidaremos el prestigio de las fuerzas armadas, garantes de la integridad del
territorio y la defensa de la soberanía. Gradualmente se retirará el Ejército y la
Marina del combate al narcotráfico y no se les utilizará para resolver conflictos de
orden social o para suplir la incapacidad del gobierno civil, mucho menos para
reprimir al pueblo.

92. Desmilitarizar a la policía. La policía es una institución civil y debe refundarse
poniendo como principal valor su esencia civilista y su capacidad para la
resolución de conflictos de la ciudadanía, por tanto, debe desvincularse de la
institución militar y acercarse a la sociedad civil.

93. Vigilar que los cuerpos de seguridad y procuración de justicia no recurran a la
tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones, en especial por motivos
políticos, como ocurre actualmente en amplias zonas del territorio nacional.

94. Reformar las leyes penales para adecuar la penalización y castigo de la
desaparición forzada de personas y hacer efectivo el mecanismo para la
penalización de dicho delito.

95. Reformar integralmente y garantizar la correcta aplicación, con pleno respeto
de los derechos humanos, de los ordenamientos legales que regulan la actividad
del gobierno en la seguridad pública, con el objetivo de garantizar la coordinación
y profesionalización de las policías preventivas, investigadores judiciales y
ministerios públicos; así como los respectivos ordenamientos que garanticen la
agilidad y transparencia en la aplicación de la justicia penal.

96. Impulsar reformas a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para
evitar que sus disposiciones se apliquen en contra de luchadoras y luchadores
sociales.

97. En el tema de la guerra sucia y delitos del pasado seguiremos combatiendo la
impunidad y buscaremos el castigo a los responsables conforme a la ley.

98. Terminar con la protección policíaca y financiera que sostiene al crimen
organizado, así como procesar a los funcionarios públicos involucrados en actos
de corrupción.

99. Crear el Instituto Ciudadano para la Prevención Social del Delito, generando
propuestas y evaluando el desempeño en la materia; Fomentar la participación
ciudadana en los observatorios y monitores civiles; y

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100. Garantizar la seguridad de las y los defensores de derechos humanos.

101. Llevar a los hechos la readaptación y la reinserción sociales. Contemplar la
prisión preventiva sólo para los delitos graves y revisar a fondo las disposiciones y
prácticas en materia de medidas cautelares en el procedimiento penal – entre
ellas, pero no exclusivamente, el llamado ―arraigo‖ – a la luz de las garantías que
otorga, en lo general, el sistema legal mexicano, así como a lo dispuesto por el
régimen internacional en materia de derechos humanos. Dejar de ver a la prisión
como la medida más adecuada para la solución del conflicto social generado por
los delitos violentos, dimensionándola como un último recurso únicamente para
los delitos violentos y sólo con fines de protección social, readaptación y
reinserción.

102. Promover una reforma constitucional para elegir democráticamente a los
ministros de la Corte, conjugando los mecanismos de la democracia
representativa y la democracia directa, para lograr que la Suprema Corte de
Justicia recupere su independencia, se ponga realmente al servicio del pueblo y
de la Nación y se cumpla el criterio de que nada debe ser al margen de la ley y
nadie debe estar por encima de la ley.

103. Hacer realidad los juicios simplificados, transparentes y orales, a fin de dictar
las sentencias en un plazo no mayor de seis meses.

104. Hacer efectiva la presunción de inocencia como una garantía exigible al
Estado.

III.- EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS

Derechos Humanos

Como resultado de la estrategia de ―guerra contra el crimen organizado y el
narcotráfico‖ mantenida a lo largo de la actual administración federal, la violación
de los derechos humanos y garantías individuales se ha recrudecido en forma
desmedida. A ello ha contribuido la preexistencia de un sistema de justicia
negligente, complaciente, corrupto, ineficiente, parcial, arbitrario y en muchos
casos cómplice de las transgresiones perpetradas en contra de estos derechos y
garantías.

En este orden, el gran propósito estriba en superar, con la participación de todos
los sectores sociales y de las organizaciones de la sociedad civil, las condiciones
que hoy mantienen a nuestro país entre las regiones del mundo donde más se
lesionan las prerrogativas básicas del hombre y del ciudadano.

105. Pugnar por el carácter universal e inalienable; progresivo e integral; exigible
y justiciable; indivisible e interdependiente de los derechos humanos para

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superar las limitaciones actuales, además de garantizar su ejercicio y plena
vigencia con una perspectiva de equidad de género. Ello debe llevar a una profunda
Reforma del Estado.

106. Promover la colaboración y reconocimiento de las organizaciones no
gubernamentales para alcanzar el pleno respeto a los derechos humanos.

107. Pugnar por el pleno y mejor reconocimiento de los derechos humanos de
primera, segunda y tercera generación en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en las Constituciones Estatales y en las leyes federales y
estatales.

108. Ampliar y fortalecer el ámbito de competencia, las acciones y la autonomía de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Consideramos que las
recomendaciones de la CNDH deben tener un carácter vinculatorio.

109. Promover una reforma constitucional, conjugando los mecanismos de la
democracia representativa y la democracia directa, para fortalecer y transparentar
los mecanismos de selección del titular de la CNDH.

110. Mantener y mejorar las acciones contenidas en los programas de todos los
sistemas educativos de la Nación en materia de derechos humanos para fortalecer y
consolidar la cultura de respeto y cumplimiento de los mismos.

111. Ejercer la defensa de los Derechos Humanos (derechos civiles, políticos
económicos, sociales, culturales y ambientales) con una visión integral y con
perspectiva de equidad de género.

112. Garantizar la adecuada capacitación de los funcionarios de los tres niveles
de gobierno en el respeto y cumplimiento de los derechos humanos,
especialmente aquellos relacionados con las áreas de Procuración de Justicia, así
como a los jefes, mandos y agentes de la policía; además de los mandos y tropa
de las fuerzas armadas del país.

113. Revisar y mejorar el marco constitucional y legal en materia de derechos
humanos. Asimismo, exigir que se rechacen las reservas interpretativas para que
sean imprescriptibles los crímenes del pasado.

114. Impulsar la creación de una Comisión de la Verdad para la investigación de
los crímenes del pasado y de los crímenes cometidos en el marco de la ―guerra
contra el crimen organizado y el narcotráfico‖ mantenida a lo largo de la actual
administración. Esta comisión, en forma paralela a los órganos de procuración de
justicia, deberá conocer las causas de la violencia, investigar los hechos y
establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes.

115. Alcanzar el pleno respeto a los derechos humanos. Para ello se promoverá la
colaboración y reconocimiento de las organizaciones no gubernamentales.

Derechos y Cultura de los pueblos indios

116. Se atenderá a todos, se respetará a todos, pero se dará preferencia a los
pobres y a los desposeídos. Empezaremos a pagar la deuda histórica que se tiene
con las comunidades y los pueblos indios. Es una infamia que en donde hay

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carencias, pobreza y marginación no lleguen los apoyos que se necesitan. Las
comunidades indígenas reciben menos de 1% del presupuesto público.

117. Mantener la exigencia de construir una nación pluriétnica y pluricultural
basada en el respeto, defensa y promoción de los derechos de los pueblos y
comunidades indígenas. El gobierno democrático que representarían las
izquierdas y sus legisladores, con base en un nuevo proyecto de nación, nos
comprometemos a lograr que los pueblos indios de México puedan ejercer sus
derechos, autonomía y desarrollo integral.

118. Redefinir las instituciones y las políticas públicas encargadas de atender la
problemática de los pueblos indios, con la participación directa de los mismos.
Erradicar de la sociedad toda práctica discriminatoria y racista, desarrollando
políticas públicas que reduzcan los rezagos y las desigualdades educativas,
sociales, económicas y culturales existentes en los pueblos indios, mediante la
instrumentación de programas que potencien sus capacidades para acceder a
niveles dignos en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación e
infraestructura básica.

120. Diseñar políticas públicas de apoyo y fomento productivo coherentes con las
formas particulares de organización y gestión económicas de las comunidades,
impulsando la producción y comercialización de bienes y servicios que les permita
mejorar sus condiciones de vida.

121. Construir una política orientada al desarrollo integral, con participación
comunitaria y reconocimiento de los derechos de los pueblos indios originarios.
Resulta indispensable fortalecer sus culturas para enriquecer a la Nación.

122. Honrar los Acuerdos de San Andrés realizando una nueva reforma
constitucional para reconocer los derechos colectivos de los pueblos indios al
uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios; el
reconocimiento de sus formas de gobierno; la preservación y desarrollo de sus
lenguas y expresiones culturales; crear una nueva redistribución de los pueblos
indios y sus comunidades en nuevos municipios; y construir nuevas formas de
asociación de los ayuntamientos.

123. Reconocer y garantizar el derecho a la participación política plena de los
pueblos indios en los órganos de representación local y nacional, en particular en
el Congreso de la Unión, además, de reformar los artículos 115 y 116 de la
Constitución.

124. Construir la confianza mutua y propiciar la creación de un clima de
negociación adecuado. Para ello, el nuevo gobierno se propone reivindicar el
diálogo, la tolerancia y la reconciliación. Será necesario establecer un proceso de
diálogo nacional con los pueblos indios que permita impulsar las reformas que
faltan.

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125. Realizar una verdadera consulta nacional de pueblos indios para definir los
mecanismos de diálogo y negociación, así como los contenidos de las reformas
legales que den lugar a una nueva reforma constitucional. Ésta consulta deberá
ser profunda y seria, con un diálogo nacional para generar una propuesta con
amplia participación de la base de las organizaciones indígenas, sin presiones
de las fuerzas partidarias, el gobierno y el Congreso, y de acuerdo a los tiempos
que se pacten con esas organizaciones.

126. Transformar a fondo de las dependencias gubernamentales que se
relacionan con los pueblos indios para que estos puedan informarse, discutir y
tomar decisiones sobre los programas y presupuestos para el desarrollo local y
regional.

127. Construir una política orientada al desarrollo integral, con participación
comunitaria y reconocimiento de los derechos de los pueblos indios. Resulta
indispensable fortalecer sus culturas para enriquecer a la Nación.

Derechos de la Niñez

Tenemos la convicción de que una de las vertientes prioritarias de la política de
gobierno debe orientarse a establecer y mantener normas e instituciones que
propicien una vida digna y sana para la niñez. Por ello, para nosotros es un
compromiso de acatamiento insoslayable, asegurar el cumplimiento y la cabal
observancia de las prerrogativas establecidas y que se establezcan en beneficio
de las y los niños.

128. Proteger el derecho a una vida digna de las y los niños, haciendo frente a las
causas de mortalidad materno infantil mediante programas especiales de
prevención, nutrición, estimulación temprana y educación integral.

129. Proteger el derecho de la niñez a contar con igualdad de oportunidades
mediante iniciativas legislativas y el diseño de políticas públicas que garanticen la
suficiencia de recursos para la atención universal de sus necesidades de
alimentación, salud y educación (básica-obligatoria y gratuita en un programa de
14 años que abarque gradualmente la educación inicial, preescolar, primaria y
secundaria).

130. Brindar garantías de protección absoluta a la niñez contra la delincuencia, la
violencia, el abuso sexual y la explotación laboral; mediante el diseño de
servicios de protección y asistencia adecuados, y la aplicación de sanciones
más severas para los delincuentes.

132. Garantizar las condiciones para el adecuado desarrollo e integridad de niños
y niñas en cumplimiento de los derechos convenidos a nivel internacional suscritos
por el Estado Mexicano.

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133. Instrumentar políticas públicas para garantizar la suficiencia de recursos para
la atención universal de las necesidades de la niñez en materia de alimentación,
salud y educación, así como para su protección contra la violencia.

Derechos de las Personas con Dispacidad

Con base en una política regida por los principios de equidad, solidaridad y
respeto a la dignidad humana, nos proponemos conducir los actos de gobierno y
de administración en materia de atención y tratamiento de personas con
discapacidad, hacia el mejoramiento de sus condiciones sociales y de su situación
jurídica.

134. Impulsar una Reforma Integral a la Legislación vigente, que permita
garantizar el reconocimiento, respeto y cumplimiento de los derechos de las
personas con discapacidad, bajo un marco de igualdad de oportunidades acordes
a su situación, iniciando igualmente el proceso de armonización con los
instrumentos internacionales en la materia.

135. Incorporar a la Ley General de Personas con Discapacidad, la
obligatoriedad para las autoridades de llevar a cabo la planeación de los
programas y acciones dirigidos a las personas con discapacidad, con la
participación directa de este grupo de población.

136. Establecer programas de corto, mediano y largo plazo, tendientes a crear
condiciones adecuadas para el desarrollo integral de las personas con
discapacidad, dejando atrás las políticas paternalistas, dotándoles de las
herramientas necesarias que los coloquen en igualdad de oportunidades acordes
a su situación para aspirar a una mejor calidad de vida.

137. Impulsar una nueva cultura de respeto a la discapacidad, que permita
sensibilizar y preparar a la sociedad en una relación fraterna y digna para con este
grupo social.

138. Fortalecer los programas relacionados con la promoción del deporte para
personas con discapacidad.

139. Crear programas específicos para superar las condiciones de vulnerabilidad
que enfrentan las mujeres con discapacidad.

Derechos de las personas jóvenes

De la juventud depende el futuro del país y hoy, en México, los jóvenes no cuentan
con un horizonte de oportunidades amplio y participativo. El gobierno que
proponemos apunta a responder cabalmente a este desafío en la formulación y
ejecución de sus políticas.

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140. Asumir plenamente la responsabilidad del Estado y la sociedad hacia los
jóvenes en la actual situación de crisis económica y social, y de emergencia
nacional generada por la fallida estrategia de ―guerra contra el crimen organizado
y el narcotráfico‖ que ha venido instrumentando la actual administración federal.

141. Fortalecer y potenciar la participación de los jóvenes en el ejercicio de sus
derechos civiles, políticos, sociales, económicos, especialmente de seguridad
pública, empleo, educación y cultura, mediante una Ley y un Programa Nacional de
Desarrollo Integral de las Personas Jóvenes, que establezca mecanismos de
exigibilidad de los mismos.

142. Preparar, diseñar y ejecutar programas que mejoren su calidad de vida y les
abran mayores posibilidades para el ejercicio pleno de su libertad. Se debe
Impulsar una política juvenil que atraviese los diferentes sectores de la
administración pública y que se corresponda con una política social que garantice
a las y los jóvenes oportunidades en el empleo, la salud, la educación, la
vivienda, el deporte, la cultura y el esparcimiento. Los programas sociales para
jóvenes deben tener un enfoque integral y no asistencialista.

143. Promoveremos la práctica del deporte, tanto en su vertiente de esparcimiento y
salud, como en la de alto rendimiento. Se construirán unidades deportivas y no se
permitirá el cambio de uso de suelo en los actuales campos de béisbol, futbol o
cualquier otro espacio destinado a la práctica del deporte.

144. Instrumentar programas sociales para este sector con un enfoque integral y
no asistencialista y con la participación activa de las y los jóvenes.

145. Diseñar e implementar un programa de salario estudiantil, ya que en el
proceso educativo se desarrolla un trabajo intelectual que debe ser
recompensado. Así como una política de capacitación y fomento del empleo, el
emprendedurismo y el autoempleo, generando alternativas laborales para la
población juvenil.

146. Alentar espacios de participación política bajo el respeto irrestricto a la
libertad de expresión y organización.

147. Establecer mecanismos para limitar o evitar prácticas intimidatorias,
incriminatorias o de discriminación cometidas por servidores públicos,
especialmente por la policía.

148. Aplicar mejores programas y efectuar campañas de información más
agresivas para prevenir embarazos no deseados y enfermedades de transmisión
sexual, así como para promover el respeto a la diversidad.

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149. Ofrecer estímulos fiscales a los jóvenes trabajadores y profesionistas para que
puedan crear patrimonio.

150. Garantizar el fortalecimiento de una instancia pública que cuente con
autonomía jurídica y recursos institucionales y financieros para poder responder a
las aspiraciones de las y los jóvenes mexicanos, con la aplicación de una política
juvenil en cuya elaboración, aplicación y evaluación participen los mismos jóvenes
y sus organizaciones.

151. Crear las condiciones financieras, materiales y humanas para garantizar la
cobertura al cien por ciento y elevar la calidad en la educación pública media-
superior y superior, y aumentar el número de becas en esos niveles, como una
prioridad estratégica de un nuevo proyecto de nación.

152. Propugnar por la armonización de nuestra legislación con los tratados
internacionales en materia de Derechos Humanos de las personas jóvenes.

153. Redoblar esfuerzos para fortalecer y potenciar la participación de las y los
jóvenes en el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y
culturales.

154. Garantizar el fortalecimiento de una instancia pública que cuente con
autonomía jurídica y recursos institucionales y financieros para poder responder a
las aspiraciones de las y los jóvenes mexicanos, con la aplicación de una política
juvenil en cuya elaboración, aplicación y evaluación participen los mismos jóvenes
y sus organizaciones.

Diversidad Sexual

La costumbre, el prejuicio y el peso de las tradiciones han impuesto una actitud
discriminatoria hacia la libertad de las preferencias orientaciones sexuales e
identidades de género así como otras expresiones de la diversidad sexual, que de
hecho ha llevado a expresiones violentas y radicales de intolerancia. Creemos que
sí es obligación del gobierno, promover el respeto, la información veraz y la
integración social dirigidos a contribuir al cambio de este tipo de actitudes.

155. Fortalecer, mediante las reformas a la ley, la tolerancia, la protección y el
pleno respeto a los derechos humanos de las personas a la diversidad sexual, en
todos los planos y esferas del Estado y la sociedad.

156. Promover el respeto y la tolerancia a la diversidad sexual dentro de los planes
y programas educativos, incluyendo el libro de texto gratuito, así como en los
medios masivos de comunicación.

157. Diseñar y poner en práctica campañas educativas y de información contra la
homofobia misoginia, transfobia y el abuso y explotación en materia sexual.

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158. Asegurar los programas y acciones para el acceso de todos y todas a los
servicios de salud sexual de calidad, con calidez, sin discriminación, en todo el
territorio nacional y bajo una coordinación que integre la prevención y atención de la
salud en todo su ciclo de vida.

159.- Fortalecer, mediante las reformas a la ley, la protección y el pleno respeto a
los derechos humanos de las personas a la diversidad sexual, en todos los planos
y esferas del Estado y la sociedad.

160. Atender las necesidades y especificidades de las familias en general, sin que
un modelo sea considerado como deseable o superior. Garantizar el acceso a la
protección institucional brindada por el Estado tanto a los miembros de la pareja,
como a sus hijas e hijos.

Equidad con Perspectiva de Género

La reivindicación del derecho de la mujer a participar con mayor plenitud y
responsabilidad en los ámbitos social, económico y político, es una justa
reivindicación que ha entrado en un proceso de institucionalización. La equidad de
género, por ello, es para nuestro programa de gobierno un tema básico y un
compromiso que se traducirá en políticas y acciones.

161. Promover, desarrollar y consolidar la cultura contra la discriminación y violencia de
género y hacer posible la construcción y el ejercicio pleno de los derechos
sociales, económicos, laborales, políticos y culturales de todos y todas.

162. Garantizar la plena libertad de las mujeres para elegir y ejercer cualquier
profesión y empleo; derecho de capacitación, libertad de expresión, de asociación
y organización; y libertad de decisión sobre su cuerpo y la reproducción.

163. Impulsar medidas afirmativas que permitan compensar desigualdades y fincar las
bases para un trato igualitario entre hombres y mujeres.

164. Hacer valer los convenios internacionales firmados y ratificados por México,
mediante la armonización legislativa a nivel federal y local.

165. Impulsar una política que garantice el derecho constitucional de la mujer y su
pareja a decidir libremente el número y espaciamiento de los hijos; que provea los
medios para hacer efectiva esta decisión; que asegure información oportuna y
confiable sobre los diversos métodos de planificación familiar; y que impulse
campañas de educación sexual, sobre todo entre la juventud, para prevenir
embarazos no deseados y la propagación del virus del VIH/SIDA y demás
enfermedades de transmisión sexual.

166. Asegurar los programas y acciones para el acceso de las mujeres a servicios
de salud sexual y reproductiva de calidad, con calidez, sin discriminación, en todo
el territorio nacional y bajo una coordinación que integre la prevención y atención de
la salud en todo su ciclo de vida.

167. Difundir ampliamente entre las mujeres la legislación vigente para promover el

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conocimiento y ejercicio de sus derechos para acceder a servicios de alta calidad
para la atención del aborto legal, como lo es en casos de violación.

168. Respetar y garantizar las condiciones para que las mujeres tomen las
decisiones reproductivas que consideren mejores tanto en prevención como en
interrupción de embarazos.

169. Difundir ampliamente entre las mujeres la legislación vigente para promover
el conocimiento y ejercicio de sus derechos para denunciar y acceder a servicios
de alta calidad para la interrupción del embarazo.

171. Revisar la legislación correspondiente sobre el aborto para proteger a las
mujeres del aborto inseguro y de recibir el tratamiento de un problema de salud
pública que pone en riesgo la vida de miles de ellas cada año.

172. Mejorar los servicios de las agencias especializadas en atención a víctimas
de la violencia intrafamiliar, en particular a la mujer maltratada, y proporcionar los
recursos que permitan la instalación de albergues temporales para la asistencia
a las víctimas, en los que se proporcione asesoría en lo jurídico, psicológico y
familiar.

173. Impulsar la creación de la Procuraduría Federal de la Defensa de la Mujer
ante el alarmante incremento de la violencia intrafamiliar, los asesinatos impunes,
el abuso sexual y las violaciones.

174. Impulsar una política de igualdad de oportunidades que cruce todas las
instancias y niveles de gobierno, en el sentido de que las tareas asumidas hasta
ahora individualmente por las mujeres se compartan equitativa y solidariamente
por toda la sociedad impulsando la creación de centros de desarrollo infantil en
cantidad y calidad suficientes, promoviendo la organización comunitaria de
programas de abasto popular y de comedores comunitarios y la Escuela de Tiempo
Completo.

175. Considerar en la formulación y aplicación de las políticas públicas las
relaciones de poder al interior de las familias para que no contribuyan a reafirmar
el machismo, la exclusión, y sean eficaces para reducir las desigualdades.
176. Impulsar reformas legislativas para incorporar el enfoque de género en la
planeación del desarrollo nacional y en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, asignando un porcentaje del presupuesto programable, que permita
atender las necesidades específicas y facilite el acceso de las mujeres a mejores
estadios de desarrollo, así como su plena incorporación a las diferentes esferas de
la vida nacional.

177. Construir un marco legal que garantice trabajo digno, condiciones de trabajo
seguras, equitativas y satisfactorias y una remuneración justa para las mujeres. Las
normas laborales deben incorporar la reivindicación de los derechos de las mujeres.
178. Hacer valer el principio de que a trabajo igual, salario igual.

179. Eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres hacer uso pleno de su
derecho al trabajo, entre ellos el requisito del examen de ingravidez para ingresar a

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un empleo o el embarazo como causa de despido, mediante reformas a la Ley
Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social.

180. Crear, en el ámbito de las autoridades del trabajo, una instancia especial que
atienda las denuncias de violación a los derechos laborales de las mujeres.

181. Revalorizar económicamente el trabajo de las mujeres en los ámbitos de lo
privado y lo público, incluyendo el de las amas de casa.

182. Incorporar en la normatividad laboral las medidas de acción positiva de
carácter temporal que tengan como finalidad la consecución de la igualdad en los
hechos entre hombres y mujeres.

183. Desterrar la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo que se
practica mediante la coerción psicológica, el abuso de las personas y el
hostigamiento sexual.

184. Considerar en la normatividad laboral la reproducción humana como un
asunto de interés social y responsabilidad colectiva; que por lo tanto debe ser
asumida por igual entre hombres y mujeres. Definir los compromisos y
obligaciones del Estado y los empresarios a favor de ese objetivo.

185. Procurar que la inversión del Estado destinada a generar empleos se haga
desde una perspectiva de género, garantizando así que cada vez más mujeres se
incorporen a empleos formales, con apego a los derechos laborales, ya que en la
actualidad tenemos un número creciente de mujeres en la economía informal o
subcontratadas sin acceso a prestaciones o en condiciones desfavorables como
las que trabajan en las maquiladoras.

186. Trabajar en los mecanismos que modifiquen las condiciones que ponen en
desventaja a las mujeres para la participación, no sólo en abrir los espacios sino
en potenciar a las mujeres para que lleguen a ellos. Sólo cuando existan las
condiciones equitativas para que las mujeres participen y accedan a la toma de
decisiones, estaremos en posibilidad de alcanzar una democracia plena.

187. Impulsar la creación de centros de desarrollo infantil en cantidad y calidad
suficientes, promoviendo la organización comunitaria de programas de abasto
popular y de comedores comunitarios y la Escuela de Tiempo Completo.
Supervisar y transparentar las actividades en dichos espacios sancionando a los
proveedores y autoridades competentes en caso de incumplimiento.

IV. UNA NUEVA POLÍTICA SOCIAL

En nuestro país la política económica neoliberal, impuesta desde 1983 hasta la
fecha, arroja un saldo muy negativo para la mayoría de los mexicanos: muy bajo
crecimiento económico, crisis económicas de enormes proporciones, insuficiente
generación de empleos y proliferación del desempleo, subempleo y empleo
informal, crecimiento de la pobreza y la indigencia, mayor desigualdad y
exclusión social, inseguridad generalizada e incremento desbocado de la
violencia; en su conjunto, el resultado es un deterioro del tejido social, con lo cual
se lastima y ofende a la sociedad.

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El interés general de la sociedad debe estar por encima de los intereses
particulares. La política social es la esencia de nuestro proyecto político.

Es urgente promover la construcción de las condiciones que permitan satisfacer
las necesidades fundamentales de todos los mexicanos, bajo la conducción de un
Estado Social y Democrático de Derecho. Para lograrlo se requiere que el Estado
y la sociedad emprendan corresponsablemente un conjunto integral de políticas y
acciones en diversos campos de la vida económica y social, para reducir la
desigualdad y superar la pobreza, generando bienestar para todos.

Debe adoptarse una política económica que haga frente a las causas y a los
efectos de la crisis económica en curso a nivel mundial y en México. Esta política
debe proteger y fomentar el funcionamiento de la planta productiva, contribuir a la
redistribución progresiva del ingreso y fortalecer a las instituciones democráticas
sobre la base de los valores universales de los derechos humanos, la igualdad, la
solidaridad y la equidad. Sin una política económica anticíclica incluyente no
puede haber bienestar social. Para una nueva política de desarrollo social se
requiere un mínimo de condiciones sociales y económicas que garanticen que la
población pueda exigir sus derechos y participar en el juego económico del
mercado, en la medida de que pueda contar con un empleo remunerador que
satisfaga sus necesidades y desarrolle sus capacidades.

Nuestra propuesta consiste en que el Estado aliente con decisión el desarrollo
social en dos vertientes: una, impulsar el crecimiento económico y la creación de
empleos para mejorar los ingresos de la gente; ello redundará en mejor educación,
salud y calidad de vida en general. Por otro lado, en tanto se logra alcanzar ese
nivel de desarrollo y, dada la situación de pobreza en que vive la mayoría de los
mexicanos, el Estado debe garantizar satisfactores básicos de bienestar. La
propuesta consiste en auspiciar un Estado igualitario y fraterno en el que los
pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres
económicas, desigualdades sociales, desventajas y otras calamidades, y donde se
pueda vivir sin angustias ni temores.

Una Política de Salud Universal para Todas y Todos

El problema básico del sistema nacional de salud es que no cumple su
responsabilidad sustantiva de garantizar el derecho constitucional a la protección
de la salud a todos los mexicanos. Este derecho no es exigible por casi la mitad de
los ciudadanos que no cuentan con servicios de seguridad social. Esto se expresa
en una importante desigualdad en el acceso a los servicios requeridos ya que éste
depende de la capacidad económica o de la condición laboral.

Una nueva política social debe comprender la completa transformación del
sistema de salud nacional para que toda persona ejerza su derecho constitucional
a la misma. En la actualidad la mitad de los mexicanos no tiene acceso a la
seguridad social y se trata de los más pobres, que son los que más se enferman y

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mueren debido a sus condiciones precarias de vida.

En atención a este problema y para construir una estrategia de universalización
del derecho a la protección de la salud, hay que garantizar la satisfacción de esta
prerrogativa a la población no asegurada.

Una nueva política en materia de salud debe basarse en la equidad, es decir, en el
acceso igual a los servicios existentes ante la misma necesidad, para ello es
indispensable la asignación de los recursos públicos suficientes al sector salud
que permitan remover el obstáculo económico que impide el acceso oportuno a la
atención médica a quienes menos tienen.

La salud no sólo implica curar enfermedades. Las transformaciones y los avances
en materia de la salud comienzan con un cambio en la forma de vida, esto sólo
puede conseguirse mediante la solución de problemas de desinformación y de
falta de conciencia social; así como el mejoramiento del medio ambiente y el
desarrollo económico. Por ello, el sistema de salud abarcará también medidas de
prevención, educación sanitaria, ecológica y reproductiva.

La recomposición y el rediseño de nuestro sistema de salud y seguridad social
bajo criterios que contemplen su fortalecimiento para otorgar una cobertura
universal y accesible a todos los mexicanos, constituye un compromiso de
gobierno que vamos a construir con la más amplia participación social.

188. Hacer efectiva la obligación del Estado a proporcionar las condiciones
para que la población ejerza su derecho a la salud y a la seguridad social,
fundamentalmente en el medio rural y en las zonas populares urbanas, a partir de
la reestructuración y modernización de las instituciones y organismos que
conforman el sistema nacional de salud.

189. Establecer una política de servicios médicos y medicamentos gratuitos para
atender a la población no asegurada.

190. Llevar adelante la reforma de las instituciones públicas de salud para lograr su
coordinación y eficiencia, abatir la corrupción y fomentar una nueva cultura
institucional de servicio al público con calidad y calidez humanas.

191. Avanzar hacia un Servicio Único de Salud (SUS). En su coordinación habrá de
considerarse las cuatro recomendaciones siguientes:

a. La institución pública debe ser el eje central del servicio.

b. El Instituto Mexicano del Seguro Social debe ser el núcleo central de la
coordinación del SUS.

c. El SUS debe coordinarse de manera gradual para no crear una situación
desventajosa para ninguna de las instituciones participantes.

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d. Se deben realizar los cambios y modificaciones que sean necesarios para
adecuar las normas que en la actualidad rigen a las instituciones del sector
salud.

192. Poner en operación un programa de rehabilitación y construcción de clínicas
y hospitales que permitan cubrir las necesidades de la demanda de atención
médica, poniendo énfasis en los problemas de salud propios de cada región.

193. Establecer un programa de modernización de los sistemas administrativos
para agilizar los servicios de atención en materia de salud.

194. Alentar la formación de nuevas generaciones de profesionales en el área
médica, con espíritu altruista y solidario, reformulando el servicio social en el sentido
de su vinculación con las diversas comunidades urbanas y rurales del país.

195. Fomentar el papel de la medicina alternativa y tradicional, las campañas
masivas de información y la práctica de actividades como el deporte.
196. Brindar la atención adecuada a los pueblos indios en completa armonía con
su cultura y sus conocimientos tradicionales.

176. Crear centros de rehabilitación de adictos en las comunidades que lo
requieran, con la adecuada infraestructura y promover puestos de trabajo para
quienes estén en proceso de rehabilitación.

197. Atender la problemática generada por la epidemia del VIH- Sida, la cual se ha
extendido en todo el país especialmente entre la población joven, con medidas
efectivas que garanticen la atención y el suministro de medicamentos gratuitos a
los enfermos y la realización de campañas permanentes y abiertas de
información y prevención. Para ello se debe dar énfasis a la difusión y fomento
del uso del condón y preservativos femeninos, como una de las formas más
efectivas para evitar el contagio de ésta y otras enfermedades de transmisión sexual,
particularmente en las zonas más marginadas y sin acceso a servicios de salud,
en cumplimiento de los Objetivos del Milenio que comprometen a nuestro país.

198. Establecer un programa integral de salud que procure no sólo la curación
parcial o total de los padecimientos, o disminuir el dolor físico que éstos generan,
sino también atienda el dolor emocional que éstos provocan y que se vincula de
manera directa con el deterioro de la forma de vida.

199. Reconocer los aportes de la medicina tradicional y otras formas alternativas,
en concordancia con la participación social y la diversidad cultural.

Derecho a la salud

El Estado está obligado a proporcionar las condiciones para garantizar el derecho
a la salud para todas y todos los mexicanos. Para ello será necesario:

200. Asumimos el compromiso de hacer efectiva la obligación del Estado a
proporcionar las condiciones para que la población ejerza su derecho a la salud
y a la seguridad social.

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201. Servicios médicos y medicamentos gratuitos para atender a la población no
asegurada.

202. Llevar adelante la reforma de las instituciones públicas de salud para lograr
su coordinación y eficiencia, abatir la corrupción y fomentar una nueva cultura
institucional de servicio al público con calidad y calidez humanas.

203. Avanzar hacia la construcción de un Servicio Único de Salud (SUS) bajo los
siguientes criterios: a). La institución pública debe ser el eje central del servicio; b).
El SUS deberá coordinarse de manera gradual para no crear una situación
desventajosa para ninguna de las instituciones participantes.

204. Poner en operación un programa de rehabilitación y construcción de clínicas
y hospitales que permitan cubrir las necesidades de la demanda de atención
médica, poniendo énfasis en los problemas de salud propios de cada región.

205. Establecer un programa de modernización de los sistemas administrativos
para agilizar los servicios de atención en materia de salud.

206. Alentar la formación de profesionales en el área médica, con espíritu altruista
y solidario, reformulando el servicio social en el sentido de su vinculación con las
diversas comunidades urbanas y rurales del país.

207. Fomentar el papel de la medicina tradicional y alternativa, las campañas
masivas de información y la práctica de actividades deportivas y recreativas.

208. En el caso de los pueblos indios se debe brindar la atención adecuada en
completa armonía con su cultura y sus conocimientos tradicionales.

209. Establecer, en coordinación con los gobiernos locales, centros de
rehabilitación para adictos que cuenten con personal capacitado y la adecuada
infraestructura y formular programas de trabajo para los adictos en proceso de
rehabilitación.

210. Atender, como un asunto de capital importancia, la epidemia del VIH- Sida, la
cual se ha extendido en todo el país, especialmente entre la población joven.
Aplicar medidas efectivas que garanticen la atención y el suministro de
medicamentos gratuitos a los enfermos y a la realización de campañas
permanentes y abiertas de información y prevención. Para ello se debe dar énfasis
a la difusión y fomento del uso del condón y preservativos femeninos, como una
de las formas más efectivas para evitar el contagio de ésta y otras enfermedades
de transmisión sexual.

211. Establecer un programa integral de salud que procure no sólo la curación
parcial o total de los padecimientos, o disminuir el dolor físico que éstos generan,
sino también atienda el dolor emocional que éstos provocan y que se vincula de
manera directa con el deterioro de la forma de vida.

30

Derecho a la Soberanía y seguridad alimentaria

Una política alimentaria sujeta a las exigencias y vaivenes del proceso de ajuste
de estructuras económicas adoptado para inducir al país a su inserción en la
globalidad neoliberal, ha desembocado en resultados mediocres y en situaciones
lamentables de pobreza y exclusión social. Nuestra propuesta de gobierno se
propone iniciar un cambio estructural que permita al país recuperar los niveles de
autosuficiencia y soberanía alimentaria perdidos y aun superar en el largo plazo
esta meta.

212. Establecer políticas públicas específicas en el tema de la alimentación,
vinculándolas directamente con el tema de la soberanía y seguridad alimentaria,
instrumentando la aplicación de un programa nacional cuyo objetivo prioritario
consista en garantizar la alimentación básica de la población, particularmente la
de los sectores económicos más desprotegidos.

213. Implementar campañas más amplias y permanentes sobre alimentación sana
y consecuencias de la obesidad y sobrepeso.

214. Adoptar medidas para la producción de alimentos sanos y vigilar el impacto
que sobre éstos produce el uso de tecnologías que ya han sido rechazadas en
otros países, ya que los organismos genéticamente modificados deben ser
utilizados en beneficio de todos, priorizando la salud y la garantía alimentaria de la
población así como la conservación de las especies endémicas.

215. Todas y todos los mexicanos tienen derecho a contar con una alimentación
de calidad, el cual debe ser reconocido constitucionalmente y cumplido con
políticas integrales de producción, distribución, precios, subsidios generales y
regulación destinados a alcanzar la soberanía alimentaria; entendida como la
capacidad del Estado para fomentar la producción sostenible, de granos y otros
productos agropecuarios y pesqueros básicos, al tiempo que se genera el ingreso
necesario para que la población pueda acceder a esos bienes.

216. Adoptar disposiciones y acuerdos que involucren al sector salud en
campañas de información a fin de contribuir a la formación de hábitos alimenticios
y de pautas de producción que permitan allegar, sobre todo a la población más
desprotegida, alimentos más sanos y saludables.

217. Establecer medidas de control que permitan vigilar con mayor cuidado, los
procesos de producción y distribución de alimentos, a efecto de asegurar su
calidad.

218. Vigilar el impacto sobre los productos alimenticios de las biotecnologías
orgánicas que ya han sido rechazadas en otros países.

Seguridad Social Universal

Nuestra meta es la seguridad social universal, con especial orientación a los
sectores de la población que no pueden ser cubiertos por las instituciones de

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seguridad social, ni la medicina privada, por encontrarse fuera de la economía
formal. Para ello será necesario:

219. Alcanzar la seguridad social universal, con especial orientación a los sectores
de la población que no pueden ser cubiertos por las instituciones de seguridad
social, ni la medicina privada, por encontrarse fuera de la economía formal,
reivindicando el derecho a la seguridad social integral por encima de la
mercantilización reinante en nuestros días.

220. Impulsar la construcción de un sistema de seguridad social universal como el
derecho a la seguridad económica, desarrollando a la vez vigorosos programas
específicos de combate a la pobreza, que incluyan la revisión y evaluación de los ya
existentes.

221. Reformar los sistemas de pensiones para promover una política de inversión
en infraestructura con los fondos que actualmente administran empresas del
capital financiero. De esta manera un 50% de los fondos continuarán en las
Afores y el otro 50% restante los manejará el Estado, bajo la figura jurídica más
conveniente para proteger a los pensionados. Uno de los objetivos de esta
reforma sería liberar recursos para la inversión en infraestructura del sector
energético: gas, electricidad y petroquímica.

Política de Vivienda

La reserva territorial necesaria para soportar un programa de vivienda amplio,
requerirá de la intervención de los organismos estatales de vivienda, y de la
sociedad organizada para construir políticas unificadas y reglas claras, para
aplicar criterios de ordenación del territorio y la regulación de la oferta de la tierra
urbana, que desalienten la especulación del suelo, desincentiven la formación de
asentamientos irregulares y promuevan una oferta suficiente, ordenada y legal del
suelo urbano.

Una de las tareas prioritarias, en los próximos años, tendría que ser redefinir el
papel de los organismos nacionales de vivienda, para hacer frente al déficit
habitacional existente y a las nuevas demandas.

Para lograrlo, se requiere el establecimiento de una Política Nacional de Vivienda
con visión de mediano y largo plazo, que considerara la homologación de criterios
para actuar, de forma coordinada, con las entidades estatales de vivienda y las
instituciones financieras, poniendo especial énfasis en la atención de las
necesidades de familias con menores ingresos.

El fortalecimiento institucional de este sector debe profundizar en la reforma
estructural de los organismos, preservando su sentido social, ampliando su
cobertura de atención y propiciando una mayor coordinación.

A la vez, es necesario mejorar y ampliar los servicios de financiamiento, para
promover un mayor flujo de recursos a largo plazo, con costos competitivos y
diversificación de esquemas de crédito, de acuerdo con el nivel de ingreso de
población.

Es urgente desarrollar un esquema de apoyo para que la población que vive en
condiciones de mayor pobreza pueda adquirir una vivienda a precios accesibles.

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Estos subsidios deberían considerar la capacidad económica y el esfuerzo de
ahorro previo, de tal manera que combine equidad, el ingreso y el ahorro, con la
magnitud de la ayuda.

La demanda de la población de bajos ingresos que no tiene acceso a las
instituciones nacionales de vivienda, se debe atender desde una política
coordinada de gobierno, con lineamientos y reglas uniformes y debe aplicarse por
los organismos estatales de vivienda, que deberán ser fortalecidos en sus
presupuestos, en sus metas y con procedimientos unificados de operación.

Particular atención ha de darse al mejoramiento y pie de casa de la vivienda rural,
tomando en cuenta no sólo la cultura, las tradiciones y el medio ambiente, sino
además, un enfoque integral de necesidades y servicios básicos comunitarios. La
instancia municipal sería la más adecuada para llevar a cabo este programa.

Se requiere, también, un esfuerzo adicional de simplificación administrativa, para
disminuir los costos indirectos mediante la profundización de medidas
relacionadas con la desregulación de trámites, permisos y licencias. Esto
implicaría la homologación de reglamentos de construcción en los estados, para
uniformar los criterios de operación y la modernización de los Registros Públicos
de la Propiedad.

Por último, es necesario que la industria de la construcción y el sector inmobiliario
lleven a cabo un programa de investigación y desarrollo de tecnologías, para bajar
costos directos mediante la utilización de nuevas técnicas y materiales de
construcción. Por ello, resultaría indispensable una vinculación más estrecha con
las universidades y centros de investigación del país.

222. Garantizar a todas las familias, de manera paulatina, el derecho de acceso al
suelo y a la vivienda digna. Para lograrlo, se debe promover la unificación de la
normatividad sobre el mercado de suelo y vivienda en propiedad y renta, incluido
el informal y popular, en una nueva Ley General de Vivienda, que permita
recuperar la promoción de la construcción de vivienda en los organismos del sector
público.

223. Orientar el financiamiento hacia la promoción de vivienda popular mediante
un programa financiero específico, y de un sistema de renta, ahorro y préstamo
para el mismo objeto, dotado de incentivos y subsidios; establecer en los planes de
desarrollo urbano la creación de reservas territoriales para vivienda popular;
crear un sistema de apoyo a la promoción inmobiliaria autogestionaria, con
dotación de reservas territoriales, infraestructura, créditos y servicios públicos;
subsidio decreciente para la población que perciba ingresos de hasta cuatro
salarios mínimos y desgravación fiscal; y promover la vivienda popular en renta,
mediante exención fiscal hasta de un salario mínimo a los arrendadores.

224. Aplicaremos un programa de mejoramiento, ampliación y construcción de
vivienda, la meta es realizar un millón de acciones al año y generar 500 mil
empleos.

225. Impulsar y aplicar una normatividad rigurosa, que defina, entre otros, el
tamaño mínimo aceptable de las viviendas y el tamaño de los conjuntos
habitacionales.

226. Modificar las reglas de operación del sistema bancario y financiero y del sector

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público y privado de vivienda, para hacer accesible el crédito a todos, incluyendo al
sector de no asalariados. Es indispensable generar esquemas de inversión a partir
de la aplicación de recursos fiscales, el aliento al ahorro social y la inversión de
los sectores privado y social para avanzar en la solución del problema.

227. Aplicar estrictamente los fondos del INFONAVIT y FOVISSSTE para la
adquisición, construcción o mejoramiento de vivienda y evitar su desvío para
subsidiar las pensiones.

228. Promover la asociación de capital privado, inversión estatal y esfuerzo propio
de los sectores demandantes para construir viviendas de interés social y popular.

229. Impulsar programas de construcción y autoconstrucción de vivienda, vivienda
progresiva y de servicios públicos para abatir el déficit gigantesco de vivienda y
para impulsar esta actividad como fuente generadora de empleo por su efecto
multiplicador en la economía. Así como, programas de mejoramiento y construcción
de vivienda rural que auspicien el uso de materiales ecológicos.

230. Democratizar la organización de las empresas constructoras de vivienda,
promoviendo la participación de organizaciones sociales en la formación de
cooperativas de profesionales, trabajadores y beneficiarios.

231. Transparentar los recursos del INFONAVIT, con el fin de impedir la
manipulación financiera y la canalización de los recursos a favor de grupos
empresariales y empresas de los líderes sindicales y funcionarios.

Lucha Frontal Contra la Pobreza

Hacer frente a la desigualdad y combatir la pobreza constituye un compromiso
esencial en un Estado Social y Democrático de Derecho e imperativo en todos sus
órganos, niveles e instancias.

232. Mantener los subsidios generalizados a través de la Tasa Exenta al IVA en
alimentos y medicinas.

233. Incrementar substancialmente las partidas dedicadas a la feminización de la
pobreza, ya que ésta ocasiona que las personas que habitan las regiones
marginadas del campo y de la ciudad hagan un uso acelerado e ineficiente de los
recursos naturales.

234. Acompañar el incremento de los recursos y programas asistenciales para combatir la
pobreza, con la asignación creciente de recursos y programas que generen proyectos
productivos, empleos e ingresos estables derivados del trabajo de los sectores directamente
involucrados.

235.- Elaborar un Programa Nacional de Desarrollo Social que sea el eje
articulador de la erradicación de la pobreza, el cual contemple la focalización
territorial, identificando las áreas del país más afectadas por las políticas
neoliberales.

Pensión Alimentaria Universal para Adultos Mayores

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236. Establecer la pensión alimentaria en correspondencia con una nueva
concepción sobre cómo generar el bienestar que se combina con una política
activa de generación de empleo y protección e incremento del ingreso…

Además esta pensión será acompañada de una política social de reconstrucción
de las instituciones públicas de protección social basada en el diagnóstico sobre
cuáles son hoy y en el futuro mediato los principales riesgos sociales que
enfrentan los grupos mayoritarios de la población.

237. Habrá pensión universal para todos los adultos mayores de 68 años del país
y para las personas con capacidades diferentes. Se combatirá el hambre
garantizando el derecho del pueblo a la alimentación y se otorgará atención
médica y medicamentos gratuitos a toda la población.

238. Dotar a todo ciudadano y ciudadana, inicialmente a partir de los 68 años, de
una pensión de medio salario mínimo, haya o no hecho aportaciones a un fondo
de pensiones. La idea que sustenta esta política es que, con poquísimas
excepciones, toda la gente, hombres y mujeres, han contribuido a la sociedad
independientemente de haber tenido una relación laboral formal.

239. Extender todos los beneficios de la protección social a la mayoría de los
adultos mayores. Es decir, tenemos que plantear como punto de llegada el
derecho ciudadano a una pensión universal.

240. Iniciar la entrega de la pensión alimentaria universal, así como del resto de los
programas sociales, en las zonas clasificadas como de alta o muy alta marginación
e ir avanzando de manera gradual.

Programa de Apoyo Económico a Personas con Discapacidad

241. Operar un Programa Nacional de Apoyo Económico para las Personas con
discapacidad que atienda directamente a las que se encuentren en una situación
de pobreza y marginación. Este programa entregará mensualmente una cantidad
equivalente a la mitad del salario mínimo a las personas de 0 a 69 años que viven
en los municipios con mayor pobreza, para lo cual se integrará un padrón de
personas con discapacidad permanente.

Política de Protección Civil con Todos y Para Todos

242. Promover el establecimiento de la protección civil como una garantía social e
institucionalizar la participación organizada, informada y corresponsable de la
población en los programas y operativos de prevención, auxilio y reconstrucción.

243. Profundizar en el fortalecimiento de una cultura de autoprotección y
prevención para casos de desastre, cuya difusión se realice a través de los
medios de comunicación y con la participación de los miembros del sistema
nacional de educación, y las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, los
clubes sociales y la sociedad en general.

244. Actualizar el Atlas Nacional de Riesgos y los correspondientes atlas estatales
y municipales, con el fin de ubicar con precisión las diferentes zonas de riesgo, y
orientar la reubicación de los asentamientos humanos que estén expuestos a un
posible desastre.

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245. Realizar de manera gradual, en coordinación con los gobiernos estatales y
municipales, las obras de infraestructura necesarias para la prevención de
desastres como es el caso de presas, diques, muros de contención, redes de
monitoreo de volcanes y zonas sísmicas, carreteras y caminos, entre otras.

246. Reestructurar el Fondo de Desastres Naturales a través del
establecimiento de una instancia colegiada, en la cual queden representados
los tres niveles de gobierno y los sectores privado y social, con el fin de que los
fondos públicos y privados que se destinen a la prevención, al apoyo de la
población damnificada, y a la reconstrucción de zonas afectadas se manejen de
manera transparente, oportuna y racional. Otorgar asimismo a la partida
presupuestal correspondiente, las condiciones legislativas y administrativas
necesarias para favorecer el incremento de sus recursos, a partir de una
participación proporcional de los tres órdenes de gobierno.

247. Promover el fortalecimiento de un sistema global de protección civil, habilitado
con instituciones, normas y mecanismos regionales para la prevención y atención
de desastres, sobre bases multilaterales y como parte de una estrategia dirigida a
fomentar la cooperación internacional para el desarrollo y, particularmente, para
articular una respuesta multinacional a los procesos de degradación global del
medio ambiente.

248. Crear el servicio de protección civil obligatorio, como parte del servicio militar
nacional, para adiestrar e informar a los conscriptos, sobre los diferentes
programas y operativos que funcionan en la materia e incorporarlos en el
desarrollo de las acciones que realizan el Ejército y otros grupos de la sociedad
civil en casos de desastre, así como para convertirlos en agentes multiplicadores
de comportamientos y pautas de autoprotección entre la población.

249. Rediseñar los fines y la estructura del Centro Nacional de Prevención de
Desastres, a efecto de descentralizarlo por regiones y diversificar sus funciones de
investigación y docencia, para convertirlo en una instancia eficaz de vinculación
entre los sistemas nacionales de Protección Civil y Educativo, así como en un
instituto de formación profesional, capacitación y adiestramiento en la materia,
comprometido con el propósito de extender una cultura nacional de protección civil.

250. Revisar la legislación vigente en materia de Protección Civil, para actualizar
sus contenidos y mejorar su normatividad institucional.

Evaluación Independiente del Desarrollo Social

251. Establecer y aplicar, con la participación de diversos organismos
académicos, sociales y ciudadanos, mecanismos de planeación, información y
evaluación de las políticas de desarrollo social, en función del bienestar de la
población, bajo el nuevo concepto del florecimiento humano.

V.- EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD DEL
CONOCIMIENTO Y CULTURA

La Constitución postula en su Artículo 3º los derechos, requisitos y condiciones
que dan razón, forma y sustento al sistema educativo nacional y proponen el perfil

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del mexicano ética y socialmente necesario para la convivencia y el progreso del
país en un marco de convivencia internacional. Es por ello, que la educación no
puede estar separada del nuevo proyecto de nación al que aspiramos. Asimismo,
no se deben dejar de lado las diferencias y particularidades regionales de nuestro
país que suponen su diversidad cultural y étnica.

El gran propósito en el sector educativo, es extender y mejorar la calidad de los
servicios que presta el Estado y abrir la alternativa de acceso a más mexicanas y
mexicanos a la educación en todos los niveles, sobre todo en el superior, así como
brindar el apoyo solidario del gobierno a quienes, por su condición económica,
tienen dificultades para dar continuidad a sus estudios.

Educación

252. Se llevará a cabo una auténtica revolución educativa orientada a mejorar la
calidad de la enseñanza y a procurar que nadie se quede sin la oportunidad de
estudiar, por falta de espacios, de maestros o de recursos económicos. Esto último lo
enfrentaremos con un amplio programa de becas, desayunos así como con la entrega
gratuita de útiles y uniformes escolares.

253. Conformar un Consejo Nacional de Educación. Este órgano sería autónomo y
tendría por funciones realizar la planeación educativa, discutiendo y aprobando
los contenidos de los planes de estudio entre otras, garantizando el carácter laico,
gratuito, universal, científico, promovente de la identidad nacional, pluricultural,
tolerante, democrático e incluyente de la enseñanza. Para afianzar esta propuesta
y contar con un criterio local y regionalmente informado que naturalice sus
principios fundamentales, en vistas de su eventual adopción, se propone la
organización de foros de consulta con la participación de los maestros, los
especialistas en la materia y la sociedad en general.

254. Revisar la infraestructura física del sistema educativo nacional, con el propósito
de ampliar los espacios educativos y hacer posible la formación multidisciplinaria
de los educandos, a través de profesores especializados.

255. Modificar el sistema de evaluación, a efecto de garantizar su autonomía y
valorar tanto el desempeño de los educandos, como el de los maestros, los
sistemas educativos y los establecimientos escolares. Utilizarlo como instrumento
de corrección de las desigualdades y método para la elevación constante de la
calidad de la educación.

256. Efectuar una transformación gradual de la educación y del sistema educativo
nacional, debe tomar en consideración las discapacidades del educando y la
preparación de alumnos que estén en condiciones de hacer frente a las exigencias
de un mundo globalizado, caracterizado por un gran desarrollo tecnológico y
científico; este objetivo deberá realizarse sin dejar de enfatizar la importancia del
conocimiento de nuestra historia y el fortalecimiento de nuestra identidad nacional.

257. Completar la descentralización del sistema educativo, paralela a una reforma
del sistema fiscal de la federación, cuidando mediante fondos y programas
federales que se reduzca radicalmente la asimetría entre las distintas regiones del
país y sectores de la sociedad.

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258. Incrementar los presupuestos estatales, federales y municipales suficientes
para de los programas educativos, el salario magisterial, y las partidas destinadas
al mejoramiento de la infraestructura educativa. Establecer institucionalmente un
pacto político y social para la educación en el que se comprometan todas las
instituciones públicas, sociales y privadas.

259. Combatir la asimetría en la educación básica que existe entre escuelas
urbanas y rurales, garantizando las condiciones mínimas aceptables de estudio
y asegurando la calidad, permanencia, responsabilidad, capacitación y
profesionalismo de los docentes, lo que implica un programa de formación y
actualización magisterial, así como terminar con el burocratismo y corrupción en la
SEP y con la relación viciada de ésta con el sindicato de maestros.

260. Abatir el analfabetismo mediante la ampliación y profundización del sistema
de educación de adultos incluyendo un programa nacional de escuelas nocturnas
para los trabajadores. Relacionarlo por sectores productivos con la capacitación
para el trabajo, otros sectores sociales y la difusión de la cultura.

261. Otorgar atención prioritaria a los niños y niñas desde el nacimiento hasta los 6
años, a efecto de corregir desigualdades irreversibles:

a) Orientación materno-infantil.
b) Alimentación de la primera infancia.
c) Extensión del sistema de guarderías.
d) Universalización y desarrollo de la educación inicial.
e) Educación para las madres y los padres.

262. Establecer que la educación básica obligatoria, preescolar, primaria y
secundaria sea de tiempo completo, apoyada en la alimentación de los
educandos, donde la educación sea integral y se relacione a los alumnos con la
ciencia, la técnica, la danza, la música, el deporte, etc. Asimismo se deben
proporcionar útiles escolares, uniformes y transporte cuando sea necesario. Se
debe planear eficazmente para que esa transformación del sistema que por fuerza
debe ser gradual se realice lo más pronto posible.

263. Hacer obligatoria la educación media superior, medida indispensable que
ayudará a modificar el perfil cultural de la sociedad mexicana, así como al
decrecimiento de la tasa demográfica, al abatimiento de la delincuencia y la
violencia, y al retraso de la edad laboral.

264. Fortalecer el Sistema Nacional de Bibliotecas que cuenten con los servicios
de información modernos, como Internet y multimedia, así como la creación de
espacios para hemeroteca, videoteca y otros instrumentos similares que permitan,
el almacenamiento y el uso de información audiovisual, que promueva
decididamente la lectura mediante un programa nacional de formación de lectores
tempranos.

265. Evitar la deserción de los estudiantes por motivos económicos, la cual es muy
grande a nivel secundaria, a partir de extender el programa de becas otorgadas
con criterios socioeconómicos.

266. Los estudiantes de nivel medio superior o bachillerato contarán con una
beca mensual equivalente a medio salario mínimo.

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267. Todos los jóvenes que cumplan con los requisitos y lo deseen podrán
ingresar a escuelas preparatorias y a universidades públicas. Se terminará con el
pretexto de que se rechaza a los jóvenes porque no pasan el examen de
admisión, cuando en realidad lo que sucede es que no hay cupo en las escuelas
públicas por falta de presupuesto. La política neoliberal en lo educativo ha
significado dejar sin la posibilidad de estudiar a 300 mil jóvenes cada año. Ha
sido irresponsable poner la educación al libre mercado como si se tratara de una
mercancía. Esto ha causado, como lo estamos viendo, un tremendo daño social.
Las cárceles están llenas de jóvenes. Siempre hemos dicho que quien tiene para
pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno
está obligado a garantizar una educación pública, gratuita y de calidad en todos
los niveles escolares. La educación no debe convertirse en un privilegio.

268. Reformar sustantivamente el sistema de formación, capacitación y
actualización de maestros, cumpliendo la obligación de que éstos se formen en el
nivel de licenciatura.

269. Construir vasos comunicantes entre todos los niveles educativos para
mejorar la calidad de la educación y garantizar una correcta orientación
vocacional. Esto es, involucrar a los centros de enseñanza media superior y
superior con la enseñanza básica e implementar programas de intercambio
académico, evaluación y actualización.

270. Propiciar la actualización de la educación tecnológica, nuevas tecnologías de
la información, promover la creatividad de maestros y alumnos, y fortalecer la
capacitación para el trabajo mediante el establecimiento de escuelas de
artesanías y oficios.

271. Ampliar sustancialmente y otorgar oportunamente los recursos
presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados a las universidades y
exigir transparencia y rendición de cuentas en su ejercicio.

272. Alentar la participación de las universidades en la extensión de su misión
hacia la sociedad, en particular en el campo de las humanidades y las ciencias
sociales para la regeneración de los valores comunitarios y la participación activa
de la sociedad en los problemas nacionales, por todos los medios de difusión con
especial énfasis en los electrónicos. Se promoverá que cada una de las
universidades cuenten con su propio canal de televisión, su estación de radio y
centren sus esfuerzos en desarrollar la conectividad para enlazarse con los
centros generadores de conocimiento y avances científicos.

273. Instrumentar programas para el fortalecimiento de los espacios escolares
integrando a la academia los conocimientos y experiencia de los maestros
jubilados.

274. Respetar en todo tiempo y circunstancia, la autonomía universitaria.

275. Promover la educación superior en las entidades del interior de la república
para reducir la brecha que las separa respecto a la megalópolis, estableciendo
políticas de compensación con los estados más desfavorecidos.

276. Crear nuevas universidades públicas con modelos más flexibles y dinámicos
para adaptarse y responder adecuadamente a las nuevas necesidades sociales.

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277. Fortalecer el estudio y la investigación en el área de Humanidades, Ciencias
Sociales y Ciencias de la Salud, particularmente en relación a las especialidades.

278. Aprovechar al máximo los flujos de información que la globalidad ha traído
consigo, de tal suerte que se impulse una consistente educación cosmopolita e
integral, mediante la instalación de computadoras conectadas en red y la
enseñanza temprana del Internet.

279. Aprovechar las variantes del sistema de educación virtual, como la educación a
distancia y la abierta tradicional, para extender el alcance de la educación
nacional a todas las capas de la población y regiones del país, con el fin de
incorporar a más mexicanas y mexicanos a los beneficios de la educación en
todas las áreas y de la capacitación para el trabajo.

Ciencia y tecnología

280. Establecer una política de investigación científica que coloque, entre los
objetivos prioritarios de estudio, los temas relativos a la satisfacción de las
necesidades de la población vinculados con el plan nacional y planes regionales
de desarrollo.

281. Impulsaremos la investigación científica y tecnológica. Se recuperará el
prestigio y la calidad de todas las ramas de la ingeniería mexicana. Se dará
prioridad a la investigación de fuentes de energía alternativas, renovables, así
como limpias.

282. Promover nuevas carreras que se relacionen con la innovación científica y
tecnológica como serían las del campo de la informática, la robótica, la
biotecnología y la biogenética. Promover igualmente las carreras hibridas como la
biorobótica, la geriatría socioeconómica, los derechos industriales alimenticios, las
matemáticas aplicadas a las supercarreteras informáticas, la ingeniería de
procesos virtuales, el ecoambientalismo, la psicobiología, el bioderecho, la
geosociología, entre otras.

283. Considerar el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología una prioridad nacional
en los recursos y en las políticas para la formación de más y mejores científicos,
garantizando que cuenten con las condiciones necesarias y obtengan con
seguridad y oportunamente los apoyos económicos que requieren. Se debe
invertir en ellas, en un primer momento, el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) ya
acordado y paulatinamente otorgarle los montos que recomienda la OCDE, tal
como México lo ha suscrito.

284. Dotar de infraestructura, recursos humanos y tradición académica para
favorecer el desarrollo de la ciencia pura, básica y aplicada, las cuales se
retroalimentan y juntas hacen la base de investigaciones futuras y avances
tecnológicos.

285. Hacer que la Ciencia y la Tecnología se vinculen a la planeación estratégica
del país y atiendan estrechamente las necesidades nacionales, regionales y de
los distintos sectores sociales para favorecer los procesos productivos y otras
necesidades de la sociedad, aprovechar las oportunidades y enfrentar los retos
del mundo globalizado. Apoyar mediante mecanismos fiscales a las empresas
que desarrollen proyectos de investigación y de renovación tecnológica, que
favorezcan el desarrollo de la aplicación de las ciencias a la producción.

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286. Implementaremos el uso de la tecnología y los medios digitales para el
desarrollo del país, cerrando la brecha de desigualdad al ampliar la infraestructura
a comunidades apartadas y la capacitación requerida para su utilización; en las
zonas donde ya existe dicha infraestructura, acercarla a la mayoría para evitar los
llamados ―analfabetas digitales‖.

287. Establecer programas de intercambio académico, promover investigaciones
interinstitucionales, aumentar las becas al extranjero y fomentar la repatriación de
investigadores con base en oportunidades de trabajo académico bien
remunerado en instituciones públicas, de preferencia en el interior de la
república, crear redes nacionales de investigadores. Todo con el objeto de
promover el desarrollo de otras universidades a lo largo del país, en lo que se
refiere a la investigación científica y la innovación tecnológica.

288. Transformar el CONACYT en un Consejo de Estado donde estén
representados todos los sectores vinculados a la ciencia y a la tecnología, a fin de
formular las políticas y lineamientos para el fomento de la investigación científica
y el desarrollo tecnológico, y crear mecanismos para fortalecer la investigación en
las instituciones de educación superior.

289. Hacer de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC’s)
herramientas que favorezcan a acercar contenidos a lugares remotos así como a
hacer mejor y más expedito el intercambio de datos, así como su utilidad en la
administración pública para agilizar trámites, servicios y contacto con la autoridad.
Lo anterior sin el menoscabo de las libertades individuales básicas y de manera
integral que impida la generación de una brecha entre grupos que cuentan con
―alfabetización digital‖ y otros que no tienen el mínimo acceso ni la capacitación
para su correcto aprovechamiento.

Cultura

290. Cuidaremos el patrimonio cultural de México. Estimularemos la creación
artística desde la educación básica y apoyaremos a músicos, pintores, artesanos,
escultores, cineastas y a quienes se dediquen a la promoción artística y cultural.

291. Reformar la Constitución a fin de establecer el compromiso del Estado en
materia de cultura, incorporando disposiciones que garanticen el derecho a la
cultura y el acceso a sus fuentes, la conservación y difusión del patrimonio
cultural tangible e intangible, la corresponsabilidad entre sociedad y gobierno en el
fomento de la cultura y la distribución de competencias entre los distintos órdenes
de gobierno. Establecer en la Constitución que el objetivo de la educación debe
ser el fomento de la identidad nacional a través de la preservación y desarrollo de
todas sus culturas.

292. Instituir un órgano de Estado dotado de autonomía, patrimonio propio y
autoridad pública, con amplia participación de los actores y usuarios, con carácter
democrático y federativo que coordine la política cultural del país, y vincular la
política cultural a los planes nacional y regionales de desarrollo.

293. Promulgar una ley general de cultura que establezca un marco jurídico
integral en materia de distribución de competencias, financiamiento, perfil del
organismo rector, marco de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, y los
instrumentos básicos de promoción cultural. Emitir una legislación específica de

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estímulos fiscales, a modo de una ley de mecenazgos, que promueva de manera
estricta la participación social y privada en el financiamiento de la cultura.

294 Reorganizar el sector público de cultura estableciendo prioridades claras,
reagrupando instancias y previendo la reforma general de las instituciones del
sector. Rediseñar la estructura institucional sobre la cual opera la política cultural
del Estado mexicano, y acordar el establecimiento de programas basados en
criterios de participación democrática, cooperación, descentralización, y tolerancia
ideológica.

295. Impulsar la descentralización y concurrencia entre los diversos órdenes de
gobierno, transfiriendo a los gobiernos locales funciones que realiza el gobierno
federal.

296. Promover la creatividad artística e intelectual, así como el disfrute de los
bienes de la cultura a lo largo del sistema Educativo Nacional.

297. Estimular la creación artística y la recuperación cultural mediante apoyos
especiales y becas para elevar la formación y ampliar los conocimientos,
particularmente, de los niños y jóvenes.

298. Prever igualmente una legislación de apoyo e impulso a la industria cultural, y
revisar y corregir a favor de nuestro país los compromisos en esta materia
contenidos en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte.

299. Fortalecer mediante una ley específica las redes culturales de radio y televisión.

300. Asegurar que en el ámbito de las relaciones internacionales, las decisiones
en materia cultural sean consultadas y tomen en consideración los criterios y
propuestas de las instituciones nacionales responsables de dichas políticas.

301. Incluir la participación de estados y municipios en la formulación de
programas relacionados con la cultura, definir programas educativos donde
convivan expresiones de las culturas nacionales y las llamadas universales,
defendiendo el derecho a ser diferentes en un mundo globalizado, y fortalecer las
instituciones ya existentes, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el
Instituto Nacional de Bellas Artes.

302. Reforzar las bibliotecas y los acervos, así como los contenidos históricos ya
que el patrimonio escrito, el archivístico, bibliográfico, documental, musical,
videográfico, cinematográfico y fotográfico que son la memoria de un país, se están
deteriorando y perdiendo.

VI.- POLÍTICA ECONÓMICA PARA UN DESARROLLO SUSTENTABLE Y
EQUITATIVO

Después de cerca de medio siglo de que el país registró un crecimiento
económico medio del 6.5% anual del PIB y del 3.2% del PIB por habitante, a
partir de 1982 y con motivo de la crisis de la deuda externa se inició una larga
etapa de estancamiento que lleva ya casi 30 años con una precaria generación
de empleo, un significativo deterioro del salario real y un incremento de la
pobreza y la desigualdad social. Todo ello al transitar de una política económica

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de desarrollo a otra en busca de la estabilidad de precios y del tipo de cambio
ignorando sus efectos sobre el empleo y el bienestar social.
A lo largo de las tres décadas recientes se ha mantenido el modelo y las políticas
económicas neoliberales, que además de arrojar los resultados económicos y
sociales antes indicados, han generado la profunda crisis de 2008-2009 que
reportó una caída del PIB de -6.2%, la peor caída en nuestra historia reciente
después de la crisis mundial de 1929-1933, con un enorme incremento del
desempleo que pasó de 3.9% a 6%, y que nuevamente está generando
condiciones para una segunda fase de crisis económica que se presentaría en
los meses finales de 2011 y a lo largo de 2012. Al incremento previo del
desempleo se sumará una nueva oleada de desempleo, que terminará
potenciando los ya de por sí graves procesos de incremento de la criminalidad, la
violencia y la destrucción del tejido social.

Por estas razones es urgente cambiar el modelo y las políticas económicas y
sociales neoliberales impuestas desde el exterior, y sustituirlas por políticas de
crecimiento con desarrollo sustentable y equidad social. Ello será posible si
conjugamos la democracia con el cambio de la política económica y
aprovechamos las elecciones de 2012 para establecer un gobierno democrático
eficaz, abierto a la participación social y a la transparencia y rendición de
cuentas. Con este propósito hay que rescatar el papel promotor del Estado en el
desarrollo, la participación conjunta de la inversión pública y privada y la
perspectiva del desarrollo regional con visión de largo plazo. Impulsar el
desarrollo regional con planeación equitativa para superar el centralismo
prevaleciente que ha fracturado el país en tres grandes regiones -norte, centro y
sur-sureste-, que ha incrementado la pobreza y generado la migración anual de
cientos de miles de mexicanos que buscan en otros países las oportunidades
que en México se les niegan, así como el incremento desmedido de las
―industrias‖ del crimen organizado y el narcotráfico.

El desarrollo del país deberá necesariamente desenvolverse en condiciones de
respeto y cuidado del medio ambiente, dando trato digno a otras especies
vivientes, utilizando y preservando los recursos sin comprometer los recursos
disponibles para las generaciones futuras así como la utilización de energía
alternativa a los combustibles fósiles en aras de generar una producción más
eficiente y limpia.

Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Alimentario

Las políticas de desarrollo que proponemos permitirían al sector primario de la
economía cumplir sus funciones en el desarrollo de la Nación, revirtiendo su
profundo deterioro y dando paso al progreso productivo y al bienestar social. Es
necesario establecer un programa integral de fomento de todo el sector primario,
instrumentado de manera concertada con los productores y bajo un criterio
incluyente en las tareas y los beneficios del desarrollo. Se trata de armonizar y
apoyar, al mismo tiempo, la producción de autoconsumo, la producción para el
mercado interno y la producción para exportar.

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303. Incluir el desarrollo rural sustentable del sector agropecuario, forestal y
pesquero en un sistema nacional de planeación democrática y desarrollo
regional. Ejecutar una política agropecuaria diferenciada para los diferentes tipos
de productores que existen en el país, aquellos que ya son altamente competitivos,
aquellos con potencial para incrementar su competitividad, y aquellos que tienen
escasa o nula competitividad y que requieren todo el apoyo del Estado.

304. Vamos a rescatar al campo del abandono al que ha sido condenado por la
política neoliberal. Se apoyará a los productores nacionales con subsidios y
créditos para alcanzar la soberanía alimentaria y dejar de comprar en el extranjero
lo que consumimos. Con ello se arraigará a la gente en sus comunidades y se
generarán empleos rurales que ayuden a contener la migración.

305. Revisar y rectificar los aspectos del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) relativos al sector agropecuario y pesquero, para recuperar
instrumentos valiosos de fomento que garanticen la autosuficiencia alimentaria de
nuestro país y generen mejores condiciones de trabajo y de vida para los
productores y sus familias.

306. Hacer realidad el derecho a la alimentación y a la soberanía y seguridad
alimentaria para toda la población, así como programas especiales de nutrición
materno infantil.

307. Aumentar el gasto productivo y la inversión pública y vincular la ciencia y la
tecnología a los sectores agropecuario, forestal y pesquero.

308. Establecer la creación de los instrumentos crediticios y financieros, así como
de las instituciones financieras, comerciales, de seguro y de servicios necesarias
para aumentar el crédito y la cobertura de precios de garantía y poner en
operación la Ley de Desarrollo Rural Sustentable dando especial énfasis al
fomento de las ramas industriales conectadas con el sector (agroindustrias,
agroquímicos, insumos, materiales y equipo, maquinas y herramientas, entre
otras).

309. Se sembrará un millón de hectáreas de árboles maderables en el sur-sureste
del país, caobas y cedros entre otros, con propósitos económicos, ecológicos y
para crear alrededor de 400 mil empleos anuales.

310. Reformar los sistemas financieros, comerciales, de seguros y de servicios
necesarios para garantizar que los sectores agropecuario, forestal y pesquero
cuenten con las condiciones necesarias y contribuyan nuevamente a la soberanía
y autosuficiencia alimentaria de todas y todos los mexicanos, para que los
productores tengan precios de garantía adecuados a su función productiva y a sus
necesidades de vida, particularmente los de más bajos y medios ingresos.
Reformar y poner en operación la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para que
de manera efectiva contribuya al fomento de las ramas industriales conectadas
con los sectores mencionados (agroindustrias, agroquímicos, insumos, materiales y
equipo, maquinas y herramientas, entre otras).

311. Desarrollar programas sustentables de cobertura universal para el desarrollo
económico y social del sector rural.

312. Se atenderá con esmero la actividad turística: México posee espléndidas

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zonas arqueológicas, importantes ciudades coloniales, playas, flora y fauna de
excepción, además, los servicios turísticos tienen un alto efecto multiplicador
sobre el empleo y el ingreso de los trabajadores.

313. Desarrollar las potencialidades de crecimiento de la economía nacional, en
especial en la Región del Istmo donde caben proyectos energéticos y de
comunicación por vía férrea y carreteras, agroindustrias, explotación forestal y
pesca que ofrecen un potencial que hay que aprovechar con leyes e instituciones
adecuadas y la participación directa de sus pueblos y comunidades.

314. Reorientar las actividades silvícolas hacia sistemas integrales de aprovechamiento
forestal sustentable, retomando las experiencias exitosas en México y de otros países,
y con la participación organizada institucionalmente de expertos, centros académicos,
organismos civiles, las organizaciones representativas de los pueblos y comunidades
indígenas, empresarios y autoridades de los tres niveles de gobierno, para revertir los
graves procesos de depredación ecológica y de cambio climático.

315. Se apoyará la actividad pesquera para mejorar las condiciones de vida de las
comunidades costeras y ribereñas del país y pondremos al alcance de la población
proteínas de buena calidad a bajos precios.

316. Fomentaremos el sector social de la economía, en particular las cooperativas
pesqueras, de producción, de servicios y de consumo.

317. Reimpulsar la infraestructura de marina mercante y de puertos para apoyar la
pequeña y mediana industria pesquera y crear fuentes de trabajo.

318. Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley para el
Aprovechamiento Sustentable de la Energía.

Política Energética

Para lograr el crecimiento económico es indispensable utilizar la energía como
palanca de impulso a las demás actividades productivas.

El sector energético demanda una atención equivalente a una reforma estructural,
aunque no requiera de cambios en nuestra Constitución, sino al contrario: resulta
indispensable cumplirla.

319. Se hará valer el artículo 27 constitucional que establece el dominio directo de
la Nación sobre los recursos naturales del país. Bajo este principio se revisarán
las concesiones o contratos que han sido otorgados ilegalmente para privatizar
minas de oro, plata, cobre, petróleo y electricidad.

320. Habrá una nueva política energética. Se integrará la exploración del petróleo,
la perforación, la producción, la refinación, el gas y la electricidad para aprovechar
toda la cadena de valor y convertir a este sector en palanca del desarrollo
nacional.

321. Se explotará racionalmente el petróleo, teniendo siempre presente que se
trata de un producto no renovable y que nuestra generación está obligada a
cuidarlo. Por eso su extracción quedará supeditada a la reposición de reservas.

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322. Se dejará de vender, gradualmente, petróleo crudo al extranjero para
procesar toda la materia prima en nuestro territorio; con el propósito de generar
empleos y dejar de importar 500 mil barriles diarios de gasolinas y diesel, que
representan 50% del consumo actual, con una erogación de 20 mil millones de
dólares anuales.

323. Impulsaremos la industria petroquímica y la producción de gas para frenar la
creciente dependencia del exterior.

324. Se construirán cinco refinerías: en Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato;
Salina Cruz, Oaxaca; Dos Bocas, Tabasco; y en Atasta, Campeche),

325. Van a operar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras plantas de la
Comisión Federal de Electricidad para reducir la compra, a precios elevadísimos,
de energía eléctrica a empresas extranjeras que se llevan alrededor de 80 mil
millones de pesos del presupuesto público cada año.

326. Impulsar la industrialización de los recursos energéticos del país. Se trata de
que el valor añadido con base en la tecnología adecuada y los recursos
suficientes, asegure su productividad y competitividad, y maximice los recursos
para poder enfrentar la transición energética que se avecina, producto del
agotamiento de los hidrocarburos en el mundo.

327. Impulsar el desarrollo de una economía verde, ampliando las capacidades
de generación de energía renovable, así como los desarrollos técnicos y
tecnológicos que acompañan al mismo, aprovechando el enorme potencial de
recursos naturales para producir energía renovable, capacitar a los recursos
humanos y así desarrollar la tecnología para convertirnos en proveedores de los
mercados mundiales.

328. Integrar la industria energética nacional y considerar al sector energético
como un todo, hidrocarburos, electricidad, gas natural, energía nuclear y fuentes
renovables y alternativas, priorizando la utilización de estas últimas, en especial
hidroeléctricas incorporando en forma adecuada a los pueblos y comunidades
involucrados. El sector energético demanda una reforma estructural la cual no
requiere de cambios a nuestra Constitución sino por el contrario, cumplirla a
cabalidad. Esta reforma estructural precisa de medidas como:

a. Modernizar el sector energético sin privatizar la industria eléctrica ni los
hidrocarburos, agregándoles valor y generando empleos.

b. Establecer una política energética integral, nacionalista y racional que
permita preservar la soberanía energética, propicie la elevación de reservas y
fuentes convencionales de energía para asegurar el desarrollo económico y
social, y permita la regeneración del medio ambiente.

c. Dotar de autonomía administrativa y operativa a las empresas públicas
de energía (PEMEX y CFE ).

d. Devolver al autoabastecimiento y a la cogeneración de energía eléctrica
su carácter original y terminar con la figura de productor externo o
independiente.

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e. Encontrar formas de asociación con las entidades federativas
productoras para que puedan participar en la producción energética que ya
no es de interés para las empresas públicas federales.

f. Promover la diversificación de fuentes alternativas de energía.

329. Modificar el régimen fiscal de las empresas públicas del sector energético
con objeto de utilizar sus excedentes de explotación para financiar su propia
expansión, su desarrollo tecnológico, el desarrollo industrial del país y, mediante
un adecuado sistema de precios y tarifas, el bienestar de la población mexicana.

330. Aumentar la inversión en exploración de PEMEX para restituir las reservas
de hidrocarburos. Asimismo incrementar la capacidad de refinación culminando
las obras de reconfiguración de refinerías en marcha, iniciando la construcción de
nuevas refinerías y suministrando el crudo y demás materias primas necesarias
para operar la capacidad instalada de acuerdo con un óptimo nacional. Es
igualmente necesario reconstruir y modernizar las plantas petroquímicas para
satisfacer la demanda nacional y exportar productos con el mayor contenido
tecnológico y el mayor valor agregado posibles. Con ello dejar de ser
exportadores de petróleo crudo e importadores de gas natural y derivados,
gasolinas y petroquímicos.

331. Revisar la estructura corporativa de PEMEX para reintegrarlo en una sola
empresa que consolide sus estados financieros en una sola cuenta que permita
evaluar y maximizar los resultados del conjunto.

332. Eliminar la política de precios de transferencia que disminuye artificialmente
la rentabilidad de las empresas e impide maximizar sus cadenas integrales de
valor en perjuicio de su industrialización. Determinar los precios y tarifas en
función de costos reales; estos deben ser equitativos, sustentados en criterios
técnicos, económicos y sociales, agregando una asignación debidamente
ponderada del costo de depreciación.

333. Vincular la gestión de las empresas públicas al desarrollo de la industria
nacional y elaborar una política de precios de mercado que tenga en cuenta el
beneficio que significa en términos de generación de empleos, pago de
impuestos, ahorro de importaciones y aumento del valor agregado de las
exportaciones de acuerdo con un plan nacional de desarrollo industrial.

334. Fortalecer la investigación y el desarrollo de potenciales técnicos y
económicos de todas las fuentes de energía, así como de desarrollo tecnológico
a través del Instituto Mexicano del Petróleo, Instituto de Investigaciones
Eléctricas y del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. La diversificación
energética debe beneficiar a la economía nacional y aumentar el bienestar social.

335. Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas, el diesel,
el gas y la energía eléctrica en beneficio de consumidores, transportistas y de
pequeños y medianos empresarios.

336. Promover una cultura del uso racional de energía y establecer una adecuada
política que impulse a nivel nacional el uso eficiente y ahorro de energía. Incorporar
en los planes y programas de estudio de la educación básica, los temas relativos a la
construcción de esta cultura de aprovechamiento racional y sustentable de las fuentes de
energía.

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Política Hacendaria

337. Cambiaremos la actual política económica. Habrá crecimiento a partir del
impulso a las actividades productivas y no se continuará privilegiando la
especulación financiera.

338. Realizar una profunda y verdadera reforma hacendaria, basada en los
principios de equidad y progresividad; establecer mecanismos de tributación
modernos que permitan lograr mayor eficacia y aumentar la captación; adoptar
una política de ingreso y gasto público que promueva el crecimiento económico, la
generación de empleos, el mejoramiento del salario real y realice obras de
infraestructura productiva y social.

339. Para fortalecer la hacienda pública se cumplirá el mandato constitucional que
establece que los impuestos deben cobrarse de manera progresiva, es decir, que
debe pagar más quien tiene más. Esto exige llevar a la práctica las siguientes
medidas: abolir los privilegios de las grandes corporaciones nacionales y
transnacionales; se cobrarán impuestos por las operaciones que se realizan en la
Bolsa Mexicana de Valores; y tendrán que pagar impuestos por extracción las
empresas mineras.

340. Se simplificarán los trámites para el pago de impuestos. Todos los
ciudadanos deberán manifestar cada año sus ingresos y utilidades, y depositarán
lo que les corresponda de contribuciones, partiendo de fórmulas sencillas y de la
confianza al contribuyente. La fiscalización se llevará a cabo por sorteo y se
castigará con energía la evasión fiscal.

341. Recuperar los niveles de inversión pública directa y financiera en beneficio
del desarrollo regional complementada con proyectos específicos de las
organizaciones empresariales, de la micro, pequeña, mediana y gran empresa de
acuerdo con el régimen de economía mixta establecido en la Constitución.

342. Aumentar el gasto social para cumplir, en coordinación con los gobiernos
estatales, con la educación obligatoria a nivel de pre-primaria, primaria y
secundaria, así como satisfacer la demanda de educación media y superior,
cultura e investigación científica y desarrollo tecnológico en toda la República.

343. Sustentar el financiamiento no inflacionario del gasto público en la reforma de
todo el sistema impositivo y de su administración, con el propósito de incidir
significativamente sobre la equidad social; gravando más a quienes más tienen y
más ganan; combatiendo la evasión, omisión y elusión fiscales y liberando a las
finanzas públicas de su excesiva dependencia de los ingresos petroleros. Las
reformas fiscales deben servir para promover la actividad económica y no
solamente para sostener la administración pública. Especial énfasis debe recibir el
impuesto sobre las personas físicas, pero también el impuesto sobre la renta de las
empresas y el IVA por tratarse de un impuesto cuya administración debe ser
complementaria. Estos tres impuestos bien administrados pueden duplicar su
participación en la recaudación (actualmente 10.5% del PIB).

344. Hacer que el impuesto personal sobre la renta cumpla los preceptos de
generalidad y equidad, pues la ley tiene severos huecos que favorecen a las
personas de una alta capacidad tributaria. Se propone corregir el impuesto sobre
la renta de las personas físicas bajo los siguientes principios:

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a. Generalidad. Son causantes y están obligados a presentar declaración
anual todas las personas que perciban un ingreso proveniente de una
actividad económica durante un ejercicio fiscal. Ello daría un padrón de
contribuyentes igual a la población económicamente activa ocupada.

b. Simplicidad. La base de esta reforma es la declaración anual de las
personas físicas para cuyo propósito es requisito indispensable su
simplificación y la capacitación del universo de contribuyentes contando
para ello con las administraciones tributarias de los estados, ya que se
trata de un impuesto participable y que requiere la elaboración de una base
de datos manejada por el SAT federal en coordinación con los SAT estatales.

c. Las personas que como tales ejercen una actividad económica por
cuenta propia o como PYMES descontarán los gastos propios del negocio
para ser gravados sobre su ingreso neto con la tarifa general progresiva del
ISR de las personas físicas.
d. Las personas que reciban ingresos provenientes de diferentes fuentes
deberán acumularlos bajo su responsabilidad en su declaración anual.

e. Los ingresos no recurrentes llamados "de capital" se podrán compensar
con las pérdidas de igual naturaleza y quedarán sujetos a una tarifa especial.
Tal el caso de las llamadas ganancias de capital, herencias, legados, rifas,
sorteos, loterías y otros ingresos no recurrentes.

f. Establecer y definir los derechos de los contribuyentes con objeto de
darles facilidades para su regularización y fortalecer la información,
transparencia y rendición de cuentas del gobierno y del sector público.
Ejercer plenamente la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente para
que los causantes sean informados y asistidos en el cumplimiento de sus
obligaciones y reciban una educación fiscal que les permitirá actuar con una
nueva conciencia de responsabilidad democrática.

345. En la medida que aumente la recaudación y se corrijan la evasión y elusión,
se eliminará eventualmente el impuesto sobre el activo que grava a los grandes
contribuyentes, quienes deben estar sujetos a una permanente consulta y
vigilancia del fisco.

346. Utilizar la gran potencialidad recaudatoria del IVA, (manteniendo exentos por
razones de equidad social, alimentos y medicinas), administrándolo como la
otra cara de la moneda del impuesto sobre la renta de las empresas y negocios
individuales, pues se trata de fuentes recaudatorias complementarias que gravan
la misma corriente ingreso- gasto en tiempos distintos. Proponemos que este
impuesto federal lo administren con la misma base de datos los gobiernos
locales que conocen mejor a las empresas que operan en su territorio y las
confronten con el impuesto federal sobre la renta de las personas físicas mejor
conocidas localmente por su nivel de ingresos.

347. Elevar gradualmente la recaudación total actual y contribuir a disminuir la
inequitativa distribución del ingreso mediante la adecuada recaudación y el buen
manejo del ISR. También deben revisarse los impuestos patrimoniales, en

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especial el impuesto predial, cuya modernización y administración sobre bases
técnicas y de equidad permitirán aumentar los recursos en beneficio de los
municipios.

348. Promover en el marco de la Reforma del Estado la suscripción de un pacto
fiscal y una nueva Ley de Coordinación Fiscal que permita cumplir las propuestas
anteriores.

349. Instaurar un nuevo modelo de gestión pública que optimice el gasto público
evitando su desvío y despilfarro con una adecuada planeación, desempeño y un
sistema eficaz de transparencia y rendición de cuentas. Ello requiere reducir los
excesivos sueldos y prestaciones que devenga la alta burocracia y reestructurar
la administración pública sobre bases profesionales que aseguren el eficaz
cumplimiento de los objetivos del servicio público tomando en cuenta su
organización sindical y sus cuadros técnicos. Esta política de gasto público debe
aumentar la inversión pública en infraestructura y financiarse de manera que
haga compatible el crecimiento con la estabilidad de precios.

Financiamiento del Desarrollo

350. Respetaremos la autonomía del Banco de México, pero se buscará que no
sólo procure el control de la inflación, sino que también se ocupe de fomentar el
crecimiento económico. Habrá una adecuada política monetaria y disciplina en el
manejo de la deuda y del déficit público.

351. Mantener políticas macroeconómicas que fomenten la estabilidad pero que
no sacrifiquen el crecimiento, para lo cual se habrán de modificar los objetivos
centrales del Banco de México, para que no sólo tenga como "objetivo prioritario
procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda", sino seguir una política
monetaria que tenga también como objetivos prioritarios la promoción del
desarrollo económico y el empleo como lo hace el sistema de la Reserva Federal de
los Estados Unidos. Este punto y el siguiente son particularmente importantes en
virtud de que nuestro país está inmerso en un entorno de crisis económica mundial y
de bajo crecimiento e insuficiente generación de empleos en el plano interno, por lo
que se requiere una estrategia macroeconómica anticíclica que promueva el
crecimiento del mercado interno como motor fundamental de la economía mexicana.

352. Financiar, a través de los fideicomisos del Banco de México, las actividades
productivas que promuevan el desarrollo económico y social. El banco central
debe coadyuvar a mantener una política económica funcional que sirva al
proceso de acumulación y al desarrollo y no una política dogmática que evite
utilizar el recurso productivo del crédito, agudizando los efectos del ciclo y
dificultando la recuperación del desarrollo.

353. Promover con políticas públicas eficientes el desarrollo económico, mediante
fomento a la inversión y reestructuración de los esquemas de financiamiento para
las actividades productivas, pero respetando la iniciativa de los particulares, y
haciendo énfasis en el aumento de la productividad nacional que nos permita ser
competitivos.

354. Utilizar la política monetaria, fiscal y cambiaria para asegurar un crecimiento
sostenido y de largo plazo de la producción y el empleo.

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355. Conformar un gabinete económico con la participación de los Secretarios de
los ramos involucrados, de la Junta de Gobierno del Banco de México, quizá con
una estructura regional, que tenga facultades para celebrar consultas con un
Consejo Consultivo Económico y Social que agrupe a representantes del sector
financiero privado, empresarial, laboral y la academia para aplicar políticas
económicas que aceleren el desarrollo no inflacionario de la economía.

356. Reformar el sistema de administración de justicia para propiciar la adecuada
solución de las controversias entre particulares y de éstos con el Estado. Así
como adecuar el marco legal para apoyar la actividad de los particulares,
mediante la defensa del cumplimiento de los contratos y de la propiedad intelectual
y el combate frontal al contrabando.

357. El nuevo modelo de desarrollo requiere una vinculación creciente entre la
economía para el mercado interno y la de exportación así como un análisis de la
brecha entre tecnología y productividad y su efecto sobre la generación de empleo
en el sector formal.
358. Revisar las leyes de planeación, presupuesto y programación del gasto
público para adecuarlas a los cambios económicos, administrativos y políticos del
país.

359. Terminar con los compromisos presupuestarios que no provienen de
inversiones públicas sino de la quiebra técnica del sector bancario y financiero y
que absorben una parte sustantiva del PIB.

360. Revisar y reordenar todo el sector de intermediación financiera, ya que
actualmente el sistema bancario financia a un alto precio el consumo y en menor
medida a la vivienda, pero no da créditos a las empresas productivas, las cuales
se ven obligadas a depender de los proveedores.

361. Nombrar con técnicos capaces una Comisión de Reforma Monetaria y
Financiera que analice la Ley del Banco de México y toda la legislación de
regulación monetaria y financiera sin relegar la política cambiaria acorde a las
necesidades de un programa de gobierno que garantice el desarrollo sustentable
con generación de empleo y estabilidad financiera.
362. Restablecer y fortalecer la función de la banca de desarrollo para garantizar
créditos suficientes y accesibles a los productores de la industria, del campo y los
servicios, con particular atención a las PYMES que son las que generan más del 70%
del empleo en nuestro país. Se pondrá todo el énfasis en el apoyo a las pequeñas
y medianas empresas. Tendrán energéticos y créditos baratos; se les protegerá
ante precios exagerados de insumos, de impuestos altos y del burocratismo. En
el entendido que las pequeñas y las medianas empresas, industriales,
agropecuarias, de servicios y comercio, generan 90 por ciento de los empleos
existentes.

363. Se promoverá el otorgamiento de concesiones para la creación de bancos
regionales y por ramas productivas, con la finalidad de contrarrestar la falta de
créditos y la usura. De esta forma se romperá la inercia de las actuales
instituciones financieras que viven, fundamentalmente, a expensas de cobrar altas
comisiones bancarias y de los intereses que les paga el gobierno.

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364. Se fomentará la industria de la construcción, aplicando un amplio programa
para dotar al país de la infraestructura, las obras y servicios que son
indispensables y lograr, al mismo tiempo, la reactivación rápida de la economía y
la generación de empleos.

365. Liberar recursos que se destinen a la inversión pública en infraestructura,
educación, salud, seguridad pública, rescate del campo y combate a la pobreza,
derivados de reestructurar la deuda interna y externa, mediante la reducción del
capital, la prolongación de los plazos de vencimiento y la reducción de las tasas de
interés.

366. Aplicar una política industrial activa que promueva la creación de una base
tecnológica propia y el crecimiento de aquellas ramas con alta generación de
empleo y que fomenten los encadenamientos productivos.

367. Pondremos en práctica un programa integral en las ciudades fronterizas que
fomente la industria maquiladora, y aproveche la cercanía con el mercado más
grande del mundo; que proteja los derechos laborales de hombres y mujeres que
trabajan en esta actividad y que incluya el desarrollo urbano de colonias
populares. Es decir, la construcción de escuelas, guarderías, unidades deportivas,
centros de salud, alumbrado público, transporte, agua, drenaje y otros servicios.

Empleo y Política Laboral

368. Luchar por la vigencia de una política económica que de prioridad a la
generación de empleo y el aumento de los salarios dignos y remunerativos
vinculados a los incrementos de la productividad y un reparto justo del excedente
económico mediante un esquema de protección y seguridad social que garantice
los derechos a la salud, la alimentación, la educación, la cultura y esparcimiento,
la capacitación para el trabajo y el empleo de todos los mexicanos y mexicanas, con
igualdad salarial entre hombres y mujeres por desarrollar un mismo trabajo.

369. Velaremos por el cumplimiento de los derechos y prestaciones de los
trabajadores. El salario mínimo se fijará con apego a la Constitución, que
establece que debe ser remunerador y nunca jamás, como ha sucedido en este
periodo neoliberal, el aumento al salario quedará por debajo de la inflación. Los
integrantes de las juntas de Conciliación y Arbitraje procederán con rectitud para
evitar el agravamiento de conflictos entre patrones y trabajadores y se respetará el
derecho de huelga establecido en la Constitución.

370. Devolver al factor trabajo su papel en el desarrollo económico y recuperar la
parte que le corresponde en el PIB, reestableciendo gradualmente el poder
adquisitivo del salario real y promover el rescate de la productividad del trabajo
mediante el progreso tecnológico y la capacitación de la mano de obra.

371. Sustentar la política laboral en una legislación que proteja a todas y todos los
trabajadores, dignifique el trabajo domestico, respete y apoye a todas las
organizaciones laborales de manera que impulsen la vigencia de la democracia
sindical. Se buscará hacer realidad el principio de igualdad de los trabajadores
ante la ley mediante la revisión y homologación de sus numerosos apartados de
excepción creando un piso básico de carácter normativo que permita a todos los
trabajadores el ejercicio de sus derechos.

52

372. Habrá plena libertad sindical. El gobierno no intervendrá en la vida interna de
los sindicatos y tampoco se respaldará desde el gobierno a dirigentes vitalicios,
antidemocráticos y corruptos. Para que se entienda bien, no habrá cacicazgos.

373. Priorizar el empleo estable y bien remunerado en los planes federales y
estatales de desarrollo económico y social para construir una sociedad productiva
y justa que permita acceder a una vida digna mediante el trabajo.

374. Instrumentar programas regionales y locales destinados a la creación de
fuentes estables de empleo con la participación de los representantes de los
sectores público, privado y social.

375. Incentivar la creación de empleos para mujeres, a fin de abatir las
desigualdades que enfrentan en el acceso a las oportunidades laborales.

376. Impulsar la paulatina formalización del sector informal creando las mejores
condiciones viables para el ingreso a la legalidad mediante adecuados
esquemas fiscales y facilidades para el cumplimiento de las obligaciones legales
en materia de protección y seguridad social y todos los derechos y
responsabilidades que marcan las leyes. En el caso de las actividades informales
ilegales que significan un problema de seguridad nacional, la política consistirá en
combatirlas mediante la aplicación estricta de la ley.

377. Reforzar la estabilidad en el empleo de acuerdo con la sustentabilidad de
la fuente de trabajo, mediante una política deliberada de recuperación salarial,
acorde a la estrategia de fortalecimiento del mercado interno con base en la
recuperación de la producción agropecuaria, el fortalecimiento el sector
energético y un elevado dinamismo de la obra pública en materia de vivienda e
infraestructura para el conjunto de la actividad económica. El gobierno federal
coadyuvará con los gobiernos locales para que cuenten con instrumentos que
impulsen a los sectores público, privado y social en favor del empleo y desarrollo
del país.

378. Elevar la calidad de los programas e instituciones destinados a la formación y
capacitación de la mano de obra, incorporando en los planes y programas de
estudio, contenidos que permitan a la persona trabajadora no sólo informarse y
adiestrarse en el uso y manejo de las nuevas tecnologías, sino también sobre los
derechos que le asisten y sobre la manera de defenderlos ante las instancias y
autoridades competentes.

379. Fomentar la productividad, la democracia, la libertad y la autonomía
sindicales, preservando el derecho de asociación profesional, el derecho al voto
directo universal y secreto y a la eliminación de los mecanismos de control,
registro y toma de nota. Ello revalorará la contratación colectiva legítima y no
simulada. Por medio de la profesionalización se propiciará una justicia laboral
imparcial.

380. Impulsar la representación de los trabajadores en los consejos de
administración de las empresas públicas y privadas, para aumentar la
productividad de las empresas y para garantizar un reparto justo de la riqueza que
generan.

381. Alcanzar un acuerdo nacional sobre las reformas necesarias a los esquemas

53

de seguridad social, principalmente en materia de pensiones y jubilaciones, que
permitan solventar su costo en el futuro, preservando los criterios de solidaridad
social. En materia de protección y seguridad social, en vista de los problemas de
equidad y universalidad presentes, se requiere una reforma responsable, gradual,
progresiva y socialmente justa que contemple fortalecer el componente colectivo y
redistributivo de las pensiones de los trabajadores, un esquema de distribución
de aportaciones donde todos los actores participen, la elaboración de
diagnósticos compartidos para identificar el destino de los recursos y la
responsabilidad del Estado en el rescate de la seguridad social.

382. Manejar el ahorro de las pensiones de los trabajadores depositados en las
Afores con un criterio de desarrollo regional abaratando significativamente la
intermediación de las sociedades financieras privadas, fortaleciendo la banca de
desarrollo e incorporando a la representación de los trabaja dores, futuros
pensionados, en el manejo de sus ahorros corrientes. Los recursos depositados
en las Afores pueden canalizarse debidamente protegidos hacia los sectores
estratégicos de la economía.

383. Desarrollar una política laboral paralela que proteja a los trabajadores
migrantes que cruzan o se establecen en el territorio nacional, buscándose
acuerdos con sus países de origen para garantizarles el beneficio de los
derechos humanos y fundamentales consignados en nuestra Carta Magna y
favorecer la reincorporación segura y digna a sus países de origen.

384. Habrá justicia para trabajadores mineros, electricistas, sobrecargos, pilotos y
empleados de Mexicana de Aviación que han sido injustamente despedidos por la
política privatizadora y por el contubernio entre funcionarios y empresarios
corruptos.

Corrupción y Desarrollo

385. Limpiaremos al gobierno de corrupción. Lo haremos de arriba hacia abajo
como se limpian las escaleras. No habrá influyentismo, amiguismo, nepotismo ni
ninguna de esas prácticas nocivas de la política. La corrupción será considerada
como delito grave y se castigará sin derecho a fianza.

386. Detener la cuantiosa sangría de recursos públicos provocada por la
corrupción, para destinarlos al fomento de la actividad productiva y al desarrollo
de la infraestructura económica, a través de una reforma integral del marco
jurídico e institucional y de sus leyes y reglamentos correspondientes que
afectan al ejercicio del presupuesto, el procedimiento administrativo,
adquisiciones, arrendamientos y obras públicas, entre otras.

387. Tomar medidas preventivas y correctivas que eviten el dispendio de los
ingresos de las familias en sobornos, destinándose estos para cubrir las
necesidades de sus integrantes y no para agilizar hacer cumplir, o evadir la acción
de la autoridad.

VII.- MEDIO AMBIENTE SANO

Desarrollo Sustentable

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Es necesario impedir una mayor degradación de nuestro territorio. Se debe luchar
por la conservación y el mejoramiento del medio ambiente, fomentando en la
sociedad una conciencia ecológica que reconcilie a las personas con la
naturaleza; se ha de promover el cuidado de nuestra biodiversidad, atendiendo
especialmente la flora y la fauna, que se encuentran en vías de extinción e
introducir incentivos para el aprovechamiento racional y sustentable de los
recursos naturales y el desarrollo ambiental.

Para lograr un medio ambiente sano y sustentable, se propone:

Planeación Ambiental

388. Hacer efectiva la planeación del desarrollo con una política ambiental de
largo plazo. Debe existir, por tanto, un requerimiento de sustentabilidad en la
definición de los planes, programas y proyectos federales y estatales en todas las
áreas de la administración pública, que garantice la atención de los grandes retos
ambientales del país (cambio climático, biodiversidad, agua, bosques, selvas,
etc). Garantizar la viabilidad futura del país a partir del aprovechamiento racional
de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. En particular un
programa para el buen uso del agua.

389. Explotación y aprovechamiento racional de los recursos naturales en
condiciones ecológicas de sustentabilidad que al tiempo que estimule el desarrollo
económico y social presente, no comprometa nuestro futuro. Se deberán hacer
efectivos los compromisos internacionales contraídos por México en la materia y
fortalecer la aplicación de las leyes y normatividad mexicanas.

390. Combate a la pobreza y preservación de los recursos naturales incluyendo
en los presupuestos gubernamentales, tanto en el ámbito federal como estatal y
municipal, un incremento substancial de las partidas dedicadas al combate a la
pobreza, y a la feminización de la pobreza ya que ésta ocasiona que las personas
que habitan las regiones marginadas del campo y de la ciudad hagan un uso
acelerado e ineficiente de los recursos naturales.

391. Se frenará la degradación del territorio. Procuraremos que todo proyecto
económico, productivo, de infraestructura, inmobiliario, comercial o turístico, se
lleve a cabo de manera sustentable; es decir, se protegerán los recursos
naturales, la flora y la fauna, además, se evitará la contaminación del suelo, del
agua y del aire.

392. Para impulsar un desarrollo sustentable es fundamental terminar con el
centralismo y la visión tecnocrática de la planeación. Se promoverá una
planeación descentralizada que tenga como referente la regionalización física,
biológica y social del país, y se garantizará que dicha planeación sea integral,
incluyente y democrática, asumiendo compromisos los sectores público, privado y
social.

393. La planeación ambiental regional será concebida en función de los límites
naturales y no estrictamente en función de demarcaciones administrativas y
políticas. Así, las cuencas hidrológicas, las unidades geomorfológicas o unidades
de paisajes, dependiendo de la aptitud productiva o de conservación que tenga,
deben ser la base para la definición de políticas de aprovechamiento de los
recursos naturales y de uso del suelo. Por tanto, deberán establecerse las

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coordinaciones intermunicipales e interestatales necesarias para una
administración democrática y equitativa. La planeación ambiental incidirá de
manera amplia en toda actividad, proyecto o plan de desarrollo, a través de los
estudios de manifestación de impacto ambiental.

394. La inversión pública será prioritaria en infraestructura productiva,
conservación y regeneración de suelos y acuíferos y para la ampliación de la
frontera agrícola y pesquera, así como para desarrollar un marco de control sobre
los fertilizantes y desechos peligrosos que contaminan y esterilizan la tierra.

395. Para hacer compatible la conservación de la biodiversidad y el desarrollo
económico se requiere de un gran esfuerzo y de la participación democrática de
los diferentes sectores y actores sociales. Se buscará que los proyectos con
impacto ambiental estén diseñados y consensuados con las comunidades y
municipios correspondientes.

396. Impulsar prioritariamente en las áreas de alta conflictividad ambiental,
económica y social, el ordenamiento del territorio con un enfoque preferentemente
de cuencas y municipios, que busque integrar los ordenamientos ecológicos
territoriales, los planes directores de desarrollo urbano, y otros instrumentos
sectoriales similares.

Recursos estratégicos

397. Para el uso sustentable de los recursos estratégicos es necesaria una visión
de conjunto en la búsqueda de soluciones que permitan a la sociedad vivir mejor
en el futuro así como la rectoría y la participación activa del Estado en los
recursos estratégicos, porque la producción, extracción, utilización y
aprovechamiento de los recursos estratégicos, ya sean estos carboníferos,
hidráulicos, hidrocarburos, mimería o eólicos, tendrán necesariamente una
interrelación directa con el medio ambiente.

Energéticos

398. Es urgente darle la categoría de política de Estado, y crear mecanismos para
una planeación a largo plazo, así como garantizar la soberanía en materia de
energéticos a través del uso de nuevas tecnologías y la búsqueda de fuentes
alternativas no contaminantes en equilibrio con el medio ambiente.

399. Se estimulará una política energética alternativa con propuestas de
producción, distribución y consumo ambiental, económica y socialmente viable.

400. Se propone transformar radicalmente el patrón energético del transporte a
partir de otorgar, en las políticas públicas, prioridad al transporte colectivo sobre el
individual y a los sistemas eléctricos sobre los insumidotes de hidrocarburos.

401. Establecer metas anuales de incorporación de transportes eléctricos en los
sistemas urbanos, de cercanías y lejanías. Estímulos positivos a la incorporación
de automotores alimentados con fuentes alternas y estímulos negativos a la
incorporación de vehículos altamente insumidotes de hidrocarburos.

402. En el caso del consumo doméstico, comercial e industrial de electricidad se
deberán promover los sistemas de generación distribuida y metas crecientes a la
incorporación de fuentes renovables, fortaleciendo la legislación para que el

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operador del sistema eléctrico pueda adquirir los excedentes que provengan del
uso de fuentes renovables, al tiempo de que también se fortalezcan los
programas de ahorro y eficiencia de energía dentro de la estrategia energética
que el Congreso votará anualmente.

Biodiversidad

403. Promover la defensa activa de las especies de flora y fauna, especialmente
de aquellas que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción ó
apropiación.

404. Actualizar del inventario de recursos naturales

405. Impulsar una legislación específica que regule la apropiación de recursos
genéticos de las especies nativas vegetales y animales y la experimentación
genética. Deben existir leyes, mecanismos de control, medidas sanitarias y todo
tipo de normas, así como amplia difusión sobre el impacto de estas tecnologías
genéticas para el consumidor. Por su parte, la biodiversidad mexicana debe ser
protegidos de los acuerdos comerciales de propiedad intelectual para evitar se
patenticen o su patentamiento por compañías transnacionales.

406. Los pueblos indios tienen un ancestral conocimiento de los ecosistemas, de
plantas, animales y cultivos de especies vegetales nativas como el maíz. Estos
conocimientos deben ser rescatados y preservados de manera sistemática
involucrando a los actores: pueblos indios, agricultores, especialistas e
investigadores comprometidos con la preservación de este conocimiento como
patrimonio nacional, y encontrar los mecanismos para hacerlos patentables, de
ser necesario, por los pueblos indios para evitar la apropiación de este
conocimiento y de las especies vegetales y animales por parte de las compañías
transnacionales que están actualmente poniendo en peligro de extinción a las
especies vegetales y animales nativas, atentando contra la salud de los
consumidores y concentrando en un puñado de monopolios la soberanía
alimentaria en el nivel mundial.

407. Preservar la gran diversidad biológica y cultural de México. Impulsaremos
prácticas agropecuarias que aumenten la productividad sin dañar a la naturaleza.
No se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas. Cuidaremos
nuestra reserva de recursos bióticos. Se respetarán y apoyarán las prácticas
económicas autogestivas, tradicionales e innovadoras, habituales entre indígenas
y campesinos.

408. Garantizar la protección y restauración de áreas naturales, para conservar y
desarrollar la biodiversidad presente en el territorio nacional, instrumentando
acciones que las hagan compatibles con el desarrollo económico y social de las
comunidades y ciudadanos que habitan en dichas áreas naturales protegidas. En
ese mismo sentido se promoverá el desarrollo del manejo forestal comunitario,
buscando que un mínimo de 50% de las autorizaciones de aprovechamiento
forestal sean certificadas como bosques con un manejo integral sustentable.

Sector Agropecuario y Forestal

409. Promover un programa de capacitación ecológica para los hombres y
mujeres productores agropecuarios, forestales y pesqueros, y los habitantes de
las zonas rurales del país, con el fin de mejorar sus condiciones de vida a partir

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del aprovechamiento racional de los recursos naturales y del aprendizaje de
nuevas tecnologías para la producción y comercialización de sus productos.

410. Con el fin de cambiar hábitos ancestrales —como la quema y roza
indiscriminada y los monocultivos en la agricultura y el uso de explosivos que
todavía se utilizan para la pesca— es necesario realizar, en coordinación con las
autoridades agrarias, pesqueras y las organizaciones campesinas, un programa
que permita el cambio gradual de las costumbres que resultan perjudiciales para
los ecosistemas, partiendo del apoyo material, financiero y la asistencia técnica a
los habitantes del campo incidiendo con ello en la profesionalización de las
organizaciones.

411. Apoyar la agricultura orgánica y la ganadería ecológica, de forma que en un
periodo breve logre alcanzar como mínimo el 10% de la producción total.
Igualmente, se impulsará la práctica de pesca y acuacultura con criterio estricto
de sustentabilidad ambiental y justicia social, fortaleciendo la organización
cooperativa

412. Incluir en los programas de protección civil nacional, estatales y municipales
un capítulo relativo a la prevención y control de los incendios forestales que
incluya al menos, las siguientes medidas: jerarquía de responsables ante la
comunidad; capacitación de la población en medidas de prevención y auxilio;
dotación de equipo a los municipios y comunidades para el combate de los
incendios; selección y ubicación de albergues para el resguardo y protección de la
comunidad; sistema mínimo de equipo de radiocomunicación a nivel municipal, y
si se puede a nivel de comunidades además de las que determinen los
respectivos consejos estatales y municipales de protección civil

413. Proteger los bosques, crear esquemas de explotación rentables que no
destruyan los recursos y generen empleo para la población, así como la
investigación, protección y registro patentado de especies forestales nacionales.
Fomentar el desarrollo del manejo forestal comunitario, buscando que un mínimo
de 50% de las autorizaciones de aprovechamiento forestal sean certificadas como
bosques con un buen manejo

Agua

414. Desarrollar una política de uso racional del recurso hídrico que tome en
cuenta tanto los aspectos macroeconómicos, como los microeconómicos, de los
cuales surgirá una nueva cultura del agua. En el mundo y en nuestro país existen
recursos tecnológicos suficientes para impulsar una nueva política de manejo del
agua, con respeto al medio ambiente y preservando el derecho de las
generaciones futuras para acceder al uso y disfrute de los recursos hidráulicos
necesarios para la vida.

415. El Estado controlará y proveerá el acceso al agua a la población en general,
sin discriminación alguna, no pudiendo eximirse de este deber bajo la justificación
de falta de recursos.
En la gestión integrada del agua prevalecerán la solidaridad, la conciliación de
intereses y el conocimiento técnico, conducente al aprovechamiento del agua que
sea económicamente eficiente, socialmente equitativo y ambientalmente
sustentable.

416. Establecer plenamente en la ley que el derecho de uso de agua es de todos

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los mexicanos. Impulsar una estrategia de tratamiento del agua, fortaleciendo las
instituciones correspondientes con tecnologías avanzadas.

417. Legislar para que exista una regulación de política hídrica que proteja los
recursos naturales, preserve los recursos forestales y la construcción de obras
hidráulicas, considerando a las cuencas hidrológicas con sus cauces naturales.
Promover el uso de todas las formas de aprovechamiento del agua que estén
encaminadas a su uso más racional y que preserven su disponibilidad y calidad
para el futuro.

418. Diseñar y aplicar las políticas que sean necesarios para que en el país se
usen las tecnologías que aseguren el uso racional y sustentable del agua en
todos los sectores usuarios del recurso.

419. Mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos de agua y
saneamiento.

420. Apoyar propuestas en los ámbitos nacional, regional y local para racionalizar
el uso, distribución y reciclaje del agua y garantizar su conservación.

421. Construir, mantener y rehabilitar obras de infraestructura hidráulica
considerando los impactos de género.

422. Proyectar en forma integral en el corto, mediano y largo plazo, la
sostenibilidad en el suministro de agua para el campo y las ciudades a partir de la
disponibilidad del agua y no de su demanda.

423. Dotar de facultades concurrentes, jurídicas y políticas, a los ayuntamientos
para que sean corresponsables de la administración y operación de los sistemas
de agua.

424. Proteger eficazmente las reservas naturales.

425. Impulsar políticas dirigidas a alimentar los mantos freáticos de las zonas
urbanas.

426. Tratar y reciclar las aguas después de uso doméstico y municipal.

427. Aplicar una política de administración del agua que obligue a los usuarios no
domésticos a tratar y reciclar sus aguas servidas, antes de descargarlas en los
cuerpos receptores.

428. Impulsar el uso de aguas tratadas en las actividades gubernamentales,
privadas y comercial, donde sea viable.

429. Garantizar que se cumpla la ley, en el rubro que las empresas industriales
estén obligadas a tener sus propias tuberías de aguas y desechos residuales.

430. Promover el intercambio de agua entre sectores, de forma que se asegure el
ahorro del recurso.

431. Para fomentar el intercambio de agua entre sectores y lograr reducir su
desperdicio se propone la creación de un organismo que financie el desarrollo de
tecnologías que reduzcan significativamente el consumo del vital líquido.

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432. Impulsar la modernización de los sistemas de riego del país, ahorrando por
lo menos el 50 por ciento de lo que ahora utilizan.

433. Promover prácticas en la sociedad para cuidar, tratar, cosechar y cobrar el
agua y un sistema mixto de infraestructura de aguas residuales, donde tenga
participación en la captación de agua pluvial y en el tratamiento de aguas
residuales la iniciativa privada nacional.

434. Realizar campañas educativas para concientizar a la población en el
aprovechamiento y el uso racional del agua.

435. Cobrar el uso del agua con criterios racionales (quien usa más que pague
más).

436. Fomentar la participación ciudadana en el uso y administración racional del
agua. Particularmente en lo relativo a contrarrestar la pérdida de la biodiversidad,
la deforestación, la contaminación de aguas continentales y oceánicas y la
sobreexplotación de los recursos pesqueros.

Territorio Integrado y Sustentable

437. Promover modificaciones a la Constitución para establecer instancias de
gobierno metropolitano que permitan la acción coordinada en las áreas urbanas
de mayor complejidad del país.; revisar el artículo 27 constitucional para
garantizar el acceso legal de la población al suelo urbano; revisar la legislación
sobre Asentamientos humanos y equilibrio ecológico para lograr una visión
territorial integrada que evite la duplicación y superposición de acciones y la falsa
separación entre medio natural y medio urbano.

Impulso al desarrollo de una economía verde

438. Impulsar una política nacional en materia de economía verde, que incorpore
la concurrencia de la diversidad de actores sociales para incluir sus conocimientos
y experiencia en tal política. México debe aprovechar el enorme potencial de
recursos naturales para producir energía renovable, capacitar a los recursos
humanos y así desarrollar la tecnología para convertirnos en proveedores de los
mercados mundiales.

Fortalecimiento de la cultura medioambiental

439. Realizar una amplia y permanente campaña de comunicación, en
coordinación con las autoridades en la materia, el sistema educativo nacional, los
medios de comunicación y la sociedad en general, que permita concientizar a la
población sobre los beneficios que representa, la utilización racional y la
preservación de los recursos naturales. Es necesario enfatizar la necesidad de
cuidar los bosques y cuerpos de agua interiores y marítimos, suelos, flora y fauna
en beneficio de la humanidad.

440. Promover el fortalecimiento financiero de los centros de investigación
especializados en la materia, así como de las instituciones de educación superior,
para que estén en capacidad de realizar estudios específicos sobre el medio
ambiente y la biodiversidad, de conformidad con las necesidades de la región en
que se desempeñen.

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441. Fortalecer el marco jurídico correspondiente a efecto de crear las condiciones
que permitan la participación de las organizaciones no gubernamentales y de la
sociedad en general, en las labores de preservación de nuestro medio ambiente.

442. Fortalecer y sensibilizar a las autoridades y la población de la importancia del
respeto y cuidado de los derechos de los animales, dotar de un entramado
jurídico sólido, congruente y adecuado que sancione a quienes cometan abuso,
tráfico, explotación y muerte de dichos seres, controlar la reglamentación en la
que éstos se utilicen con fines recreativos y garantizar sanidad y un trato humano
en el manejo de especies con fines alimenticios.

443. Promover desde el Gobierno una educación y cultura ecológica
medioambiental en la sociedad y sus ciudadanos, a través del sistema educativo
nacional, los medios de comunicación y la sociedad en general, para que el país
sea ejemplo en la promoción del comercio justo, el etiquetado social y ecológico y
el consumo responsable, priorizando la capacitación ecológica para los hombres y
mujeres productores agropecuarios, forestales y pesqueros, y los habitantes de
las zonas rurales del país, con el fin de mejorar sus condiciones de vida a partir
del aprovechamiento racional de los recursos naturales y del aprendizaje de
nuevas tecnologías para la producción y comercialización de sus productos.

444. Garantizar que el sistema educativo nacional proporcione una formación y
cultura ecológica en la sociedad y sus ciudadanos, para que el país sea ejemplo
en la promoción del comercio justo, el etiquetado social y ecológico y el consumo
responsable.

445. Aumentar las inversiones materiales y humanas en los programas de
investigación y desarrollo dedicados a la ecología y ciencias ambientales, en
especial en temas relacionados con los recursos naturales, contaminación,
ordenamiento del territorio, ahorro y uso eficiente de agua y energía, fuentes
alternativas de energía y cambio climático, entre otros temas.

Acciones Específicas para proteger el Medio Ambiente:

446. Garantizar que se cumpla el derecho a un medio ambiente sano como el
derecho de las y los ciudadanos mexicanos.

447. Crear los mecanismos de exigibilidad para el derecho que tiene toda persona
a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

448. Promover políticas y programas de manejo de los recursos naturales (suelo,
agua y biodiversidad) que hagan compatible su conservación y su
aprovechamiento sustentable.

449. Mejorar los sistemas de información ambiental en coordinación con las
autoridades de la materia, y el concurso de los especialistas y los centros de
educación superior, promoviendo la realización de un programa para el
mejoramiento de los sistemas de información ambiental.

450. Impulsar políticas de corresponsabilidad con estados y municipios para
reducir la cantidad y peligrosidad de los residuos sólidos, fomentando el reuso y
reciclaje de éstos. Para ello, se fomentará el desarrollo de sistemas de producción
limpia en procesos industriales, productos y servicios a partir, entre otras, de la

61

política de compras y de contrataciones de la administración pública.

451. Promover reformas legislativas tendientes a dotar a los gobiernos estatales y
municipales de mayores facultades jurídicas que les permitan orientar el
desarrollo y la preservación de los recursos naturales y del entorno ecológico bajo
su responsabilidad.

452. Asimismo, es necesario llevar a cabo un programa que permita que los
estados y los municipios cuenten con la infraestructura de protección ambiental
necesaria para lograr la vigilancia y el cumplimiento de las metas de los planes y
programas de protección del medio ambiente.

453. Impulsar políticas públicas orientadas a la conservación y administración de
áreas naturales protegidas con la participación directa de las comunidades
involucradas.

454. Elaborar políticas activas de promoción de competencia y de defensa del
consumidor y de regulaciones e incentivos adecuados para promover un medio
ambiente sostenible.

455. Asegurar la plena participación de las mujeres en el proceso de toma de
decisiones sobre el desarrollo sostenible en la gestión medioambiental que incida
en cuestiones de género.

456. Aumentar las inversiones materiales y humanas en los programas de
investigación y desarrollo dedicados a la ecología y ciencias ambientales.

457. Reorientar el gasto público y la tributación para incentivar la modernización
ecológica de las instituciones públicas y privadas con una visión integral de sus
efectos ambientales, y garantizar la adecuada conservación y restauración del
patrimonio natural severamente dañado.

458. Regular los mercados financieros para que tomen en cuenta criterios de
carácter económico, social y ecológico.

459. Reorientar el gasto público y la tributación para incentivar la modernización
ecológica de las instituciones públicas y privadas con una visión integral de sus
efectos ambientales, y garantizar la adecuada conservación y restauración del
patrimonio natural severamente dañado.

460. Fomentar pequeñas y medianas industrias no contaminantes y generadoras
de empleo, dando un especial énfasis a aquellas que generen tecnologías,
productos o servicios tendientes a reducir el consumo de recursos naturales y
energéticos.

461. Incorporar a la legislación ambiental mexicana, la aplicación de fondos
sociales, a la industria maquiladora de exportación por los graves riesgos
ocasionados a la salud de los trabajadores y trabajadoras, al medio ambiente y el
equilibrio ecológico.

462. Fomentar el turismo ecológico, artesanal y alternativo desde una perspectiva
sustentable para fortalecer la inclusión social de comunidades y proteger la
biodiversidad de nuestras áreas patrimoniales y de conservación ecológica frente
a los embates depredadores de algunos empresarios del ramo.

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463. Reglamentar claramente la emisión de sustancias contaminantes
industriales, domésticos y de medios de transporte, así como introducir
alternativas limpias.

464. Impulsar tecnologías de reciclaje de desechos sólidos y combatir la cultura
del desperdicio, desarrollando estrategias para el manejo ecológico de los
desechos sólidos y soluciones integrales para el uso y disposición final de rellenos
sanitarios. Se impedirá la instalación de basureros nucleares en el país.

465. Proponer legislación especial que regule el almacenamiento, recolección,
transporte, tratamiento, reutilización, reciclaje, movimiento, incineración y
disposición final de sustancias y residuos peligrosos generados por la industria,
así como fomentar la reducción en la producción de éstos y prohibir su
importación al territorio nacional para evitar que el país se convierta en un
basurero de contaminantes industriales. También es necesario castigar
severamente el empleo ilegal de estas sustancias y promover su utilización
mínima en la planta industrial.

466. Promover la integración de medidas para combatir la desertificación y para
prevenir sequías e inundaciones en políticas y programas de erradicación de la
pobreza.

467. Impulsar la participación activa de la sociedad en programas de ahorro de
energía, así como priorizar las energías renovables para el abastecimiento de
electricidad con una perspectiva de protección del clima y medio ambiente. En
ese sentido, se trata de desarrollar y aplicar un programa de fomento de las
energías renovables para cubrir un porcentaje significativo de la demanda de
energía primaria en los próximos años.

468. Concientizar y estimular a la población general para que haga uso de la
denuncia popular, en los casos de que alguna empresa, autoridad o un particular
se encuentre realizando actividades ilegales que puedan producir un desequilibrio
al medio ambiente.

469. Instituir el Consejo Nacional de la Sociedad Civil para el Desarrollo
Sustentable.

470. Instituir mecanismos para la responsabilidad civil por el daño y el deterioro
ambiental esté vigente.

471. Creación de Tribunales Ambientales.

472. Lograr que la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, sea un órgano
autónomo, ciudadanizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que
desempeñe la procuración de justicia ambiental pronta y expedita.

473. Promover una política de Estado en materia de cambio climático que
incorpore los tres niveles de gobierno y la participación acitva de la sociedad para
mitigar los efectos del cambio climático y coadyuvar a cumplir los compromisos
internacionales suscrtitos por México referentes a la emisión de contaminantes.

63

VII I.- GLOBALIDAD, BLOQUES REGIONALES Y NUEVO PROYECTO DE NACIÓN

México no puede sustraerse de los distintos procesos de interdependencia global
(económicos, políticos y culturales), pero está en sus posibilidades combatir sus
efectos perniciosos tales como la profundización de la desigualdad entre regiones
y países, la destrucción del medio ambiente y el predominio de la especulación de
capitales financieros, factor principal en la generación de la actual crisis
económica mundial, la más grave que ha conocido el sistema capitalista en toda
su historia. No debemos permitir que una globalización impuesta unilateralmente
detone conflictos sociales o políticos de carácter mundial, y mucho menos que
limite las soberanías nacionales. Nuestro país debe promover y apoyar las
iniciativas multilaterales a favor de la paz, la democracia, el respeto a los
derechos humanos; así como el desarrollo equitativo, incluyente y sustentable.

En este marco de globalización neoliberal y de crisis económica mundial, la falta
de competitividad de nuestro país, la ausencia de una política económica que
equilibre las necesidades internas con las externas y modere la apertura
indiscriminada y sin reciprocidad, entre otros factores, han ido desplazando a
México de los mercados mundiales y profundizando las desigualdades internas.

Mientras que otras economías han crecido aceleradamente, la nuestra se
desploma prácticamente en todas las calificaciones internacionales. Tenemos que
instrumentar una política que permita aprovechar los beneficios que brinda la
globalización para el desarrollo nacional, contrarrestando sus efectos nocivos con
políticas públicas internas compensatorias y desplegando acciones en el ámbito
internacional con este propósito.

Nuestra política económica exterior basada en el enganchamiento de la
economía mexicana a la estadounidense ha probado sus francas limitaciones
como solución al estancamiento económico, y ha mostrado, en cambio, sus
terribles efectos cuando la economía de Estados Unidos ha caído en una severa
crisis estructural. La debilidad del sector externo apenas era disimulada por la
coyuntura favorable de los precios petroleros y las remesas que envían los
mexicanos que trabajan en el exterior. En el actual entorno de crisis económica
mundial con epicentro en los Estados Unidos, los factores externos que influyeron en
cierta medida favorablemente para nuestro país, prácticamente han desaparecido.
México debe replantear sus relaciones económicas internacionales, a fin de
promover, no solamente la apertura, sino nuestros intereses legítimos en el
exterior.

Desde la sociedad civil, el gobierno y el Congreso, nos comprometemos a
participar en la construcción de una globalización alternativa de manera que ésta
sea integradora, equitativa, incluyente y democrática, así como solidaria y
edificadora de una paz duradera entre todos los pueblos. Debe privilegiarse la
universalización de los derechos humanos, fortalecer el derecho internacional,
respetar la autodeterminación de las Naciones, rechazar cualquier forma de
intervención militar fuera de la normatividad de la ONU y fomentar la
sustentabilidad ambiental, y conducir una política exterior fijada a nuestros
principios constitucionales.

64

Como parte de estos esfuerzos se trabajará en la Reforma Integral del Sistema de
Naciones Unidas y de los organismos económicos multinacionales como el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio,
y en transformar el Comité Económico y Social del organismo mundial, en un
Consejo de Seguridad Económica. Asimismo, en fortalecer las atribuciones de la
Corte Penal Internacional.

El Estado mexicano adoptará como responsabilidad propia en este sexenio la
ampliación a otros temas, sectores y formas de medición de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, que establecen las prioridades de la comunidad
internacional en materia de desarrollo social.

Como parte de un movimiento mundial por una globalización alternativa se
promoverá la regulación internacional de los flujos mundiales de capital mediante
el establecimiento de un gravamen sobre las transacciones financieras (impuesto
Tobin) y el establecimiento de reglas internacionales de comercio que compensen
las disparidades entre naciones, así como la protección al trabajo y al medio
ambiente.

Con base en lo anterior, nos comprometemos a:

Una Globalidad Alternativa

474. Regular los procesos de la globalización de manera que esta sea
integradora, equitativa, incluyente y democrática, así como solidaria y edificadora
de una paz duradera entre todos los pueblos. Debe privilegiarse la
universalización de los derechos humanos, fortalecer el derecho internacional,
respetar la autodeterminación de las naciones, rechazar cualquier forma de
intervención militar fuera de la normatividad de la ONU y fomentar la sustentabilidad
ambiental.

475. Impulsar la Reforma Integral del Sistema de Naciones Unidas y de los
organismos económicos multinacionales como el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio. Tal reforma debe
llevarnos a la democratización y fortalecimiento de los órganos de la ONU, en
particular, eliminar el derecho de veto y la presencia de miembros permanentes
en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Igualmente se debe transformar
el Comité Económico y Social en un Consejo de Seguridad Económica,
responsable de coordinar y armonizar el trabajo de sus principales agencias;
reestablecer la preeminencia de la Asamblea General en tanto foro democrático
por excelencia; fortalecer las atribuciones de la Corte Penal Internacional; así
como de nivelar las instancias informales de negociación como el G-8 con una
membresía más representativa.

476. Asumir con plena responsabilidad y replantear los plazos para cumplir los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establecen las prioridades de la
comunidad internacional a partir de las siguientes metas: reducir a la mitad el
porcentaje de la población en pobreza extrema; lograr la enseñanza primaria
universal y la equidad de género en todos los niveles de enseñanza; reducir en
dos tercios la mortandad infantil, así como la mortandad materna en tres cuartas
partes; detener el avance del VIH, el paludismo y otras enfermedades;

65

disminuir en 50% la población que carece de agua potable; así como coadyuvar
en la formación de una asociación mundial para el desarrollo. Establecer criterios
de medición más reales a las condiciones de vida existentes en el mundo.

477. Propugnar por el estricto cumplimiento de los compromisos contraídos por
los países desarrollados de aportar el 0.7% del PIB para financiar el desarrollo.
Ello permitirá alinear una serie de políticas internas coordinadas con la
corresponsabilidad y solidaridad internacional.

478. Promover la regulación internacional de los flujos mundiales de capital
mediante el establecimiento de un gravamen sobre las transacciones financieras
(impuesto Tobin) y el establecimiento de reglas internacionales de comercio que
compensen las disparidades entre naciones.

479. Revisar y, en su caso, renegociar los tratados de libre comercio vigentes, bajo
los siguientes principios: equidad de condiciones en las relaciones económicas;
creación de fondos compensatorios de desarrollo regional; libre circulación de la
fuerza laboral; igualdad de derechos laborales, sociales y políticos para los
migrantes; protección del empleo; respeto a las diferencias culturales; y
corresponsabilidad ambiental.

480. Garantizar la participación activa del Senado en los procesos de negociación
internacional, así como la aprobación bajo procedimientos de consulta popular de
los tratados que se suscriban con otros países cuando impacten de manera
determinante los intereses de la Nación.

481. Diseñar una política económica exterior que coadyuve a la estrategia de
desarrollo sustentable y socialmente incluyente y equitativo.

482. Aumentar la capacidad exportadora del país no solamente con acuerdos de
libre comercio, sino mediante el fomento de la competitividad, de la
productividad y la promoción de los productos mexicanos en el exterior.

483. Utilizar los mecanismos que ofrecen los acuerdos internacionales para la
protección de los sectores productivos que la requieran para su consolidación.

México y la Comunidad Latinoamericana de Naciones

484. Terminar con la política de olvido y discriminación con los pueblos
mesoamericanos, sancionar el maltrato de las autoridades nacionales hacia los
migrantes centroamericanos y caribeños, así como garantizar el estricto respeto de
todos sus derechos humanos.

485. Elaborar iniciativas comunes para la reconstrucción del multilateralismo, la
democratización de los organismos políticos y financieros de alcance mundial y
regional, así como la instauración de mecanismos incluyentes de negociación
conjunta.

486. Reafirmar y ampliar nuestra relación con el Caribe, particularmente con Cuba,
con una visión de largo plazo y en la perspectiva de los procesos de integración
centroamericano y sudamericano; y, manteniendo una enérgica y firme condena al
bloqueo económico que sufre dicho país.

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487. Generar un proceso de integración a partir de la consideración de las
identidades nacionales y de las dimensiones del complejo conjunto de
tradiciones, costumbres y rasgos que conforman el espacio mesoamericano y
del Caribe. La integración no podría únicamente circunscribirse en la apertura
económica y a proyectos de infraestructura, necesariamente tendría que incluir la
edificación de un ambicioso programa comunitario que incluya políticas y
estrategias de bienestar que modifiquen las tendencias de estancamiento
económico, distribución regresiva del ingreso, exclusión social, criminalidad y
violencia y destrucción del tejido social.

488. Promover activamente un proyecto para erigir la Comunidad
Latinoamericana de Naciones como instrumento regional de integración para el
desarrollo económico, social y cultural sustentable, y a favor de la
interdependencia simétrica, el intercambio cultural, la concertación política y la
negociación respetuosa regional e internacional.

489. Unificar, profundizar y revitalizar las estructuras de deliberación política y
cooperación económica existentes en la región, tales como el Grupo de Río, el
Parlamento Latinoamericano, el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños y la unión de naciones suramericanas (UNASUR), entre
otras.

490. Fortalecer el Parlamento Latinoamericano, mediante la elección universal,
directa y secreta de sus miembros, para que funcione como un espacio de
deliberación y decisión para el fortalecimiento y consolidación de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños.

491. Poner fin a la proliferación desordenada de tratados comerciales con los
Estados latinoamericanos, para emprender un gran esfuerzo de
complementación, homologación y en su caso la fusión de entidades existentes
como la asociación latinoamericana de libre comercio (ALALC), la asociación
latinoamericana de integración (ALADI), la comunidad del caribe y el mercado
común (CARICOM), el mercado común centroamericano (SICA), la comunidad
andina (CAN) y el mercado común del sur (MERCOSUR).

Relaciones Equilibradas con Norteamérica

492. Con estricto respeto a nuestras soberanías, debemos convocar a los Estados
Unidos y Canadá a visualizar a la región en todas sus potencialidades, como una
sola, con retos e intereses comunes, privilegiándose esquemas de cooperación y
solidaridad que redunden en el bienestar y la paz de nuestros pueblos.

493. La relación con Estados Unidos se fincará en el respeto a la soberanía y en
la cooperación para el desarrollo, fortaleciéndose los mecanismos de consulta y el
diálogo permanente. Nuestra frontera común de 3 mil kilómetros representa un
desafío y una oportunidad para ambos países, pero sin militarización,
intervencionismo, ni muros que nos dividan y confronten. Debe revisarse el
Tratado de Libre Comercio. En la agenda bilateral más que la cooperación de
carácter militar, deben estar los temas del crecimiento económico y la generación
de empleos en México para enfrentar las causas que originan el fenómeno
migratorio, el medio ambiente, el desarrollo regional, y la cohesión social. Así
como la protección de los derechos humanos y laborales de nuestros

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compatriotas que por necesidad cruzan la frontera para trabajar en Estados
Unidos. Se protegerá también a los migrantes de Centroamérica que atraviesan
nuestro país hacia la frontera norte.

494. Revisar y renegociar el TLCAN en todos los aspectos que sean
convenientes a los intereses de México, e instrumentar programas que atiendan
los problemas del campo e impulsen el desarrollo regional, entre otros aspectos
necesarios para contrarrestar los impactos negativos a la economía nacional.

495. Extender las actividades del Banco de Desarrollo de América del Norte para
que provea los fondos compensatorios necesarios para las regiones del país
afectadas por el tratado.

496. Establecer un acuerdo migratorio con el gobierno de los Estados Unidos que
reconozca los aspectos positivos de la migración. Promover la amnistía,
legalización y documentación de todos los inmigrantes mexicanos.

497. Demandar la terminación de todas las amenazas, arrestos, aprehensiones,
redadas y otros abusos de las autoridades migratorias estadounidenses contra los
trabajadores indocumentados; así como exigir que se suprima la vigilancia
antiinmigrante que realizan grupos civiles, y que se deroguen las leyes racistas
antiinmigrantes que han sido adoptadas en varios estados de los Estados Unidos de
América.

498. En términos de la defensa de la soberanía e intereses del Estado Mexicano, y
no de una subordinación a la política de seguridad nacional estadounidense, la
cooperación intergubernamental en asuntos judiciales debe profundizarse. Acuerdos
de cooperación como el Plan Mérida deben ser reformulados o, en su caso,
rechazados, en función de preservar la soberanía y los intereses de México. En su
lugar debe privilegiarse un espacio de libertad, seguridad y justicia de América del
Norte.

499. Profundizar las relaciones con Canadá más allá del TLCAN, buscando una
alianza estratégica que permita fortalecer la capacidad de negociación conjunta
frente a otros países o bloques. Además, se debe ampliar el programa de
trabajadores temporales; fortalecer las relaciones educativas y culturales
mediante proyectos más ambiciosos de intercambio de académicos, alumnos y
tecnología; así como una mayor colaboración en los foros multilaterales.

Diversificación de las Relaciones Internacionales

500. Consolidar una política con Europa y la Unión Europea que, además de
optimizar el Acuerdo Global, revierta la tendencia decreciente del intercambio
bilateral, y potenciar nuestras relaciones políticas, económicas, sociales,
medioambientales y de seguridad a partir de la asociación estratégica establecida entre
ambas partes.

501. Redefinir y fortalecer las relaciones con los países de la Cuenca del Pacífico,
diferenciando los países de mayor importancia económica, como China o Japón y
los países de desarrollo similar al nuestro.

502. Fortalecer las relaciones con países emergentes que incrementen
sustancialmente la capacidad de negociación a nivel global, tales como Brasil,
India, China, Rusia y Corea del Sur.

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Política Exterior de Estado

503. Mantendremos una relación de respeto con todos los pueblos y gobiernos del
mundo. Haremos valer los principios de no intervención, la autodeterminación de
los pueblos y la solución pacífica de los conflictos. Recuperaremos el prestigio que
históricamente habíamos mantenido en América Latina y en el concierto de las
naciones.

504. Llevar a cabo una política exterior congruente con las necesidades
nacionales, respetuosa de la legalidad y que fomente la solución multilateral de
los problemas internacionales tales como el armamentismo, el crimen organizado,
el narcotráfico, el terrorismo, la conservación del medio ambiente, las pandemias
mundiales o los flujos masivos de migración, entre otros.

505. Practicar una auténtica política exterior de Estado, que involucre a los tres
Poderes de la Unión con objetivos y metas claras; redefiniendo sus competencias
e introduciendo mecanismos novedosos como la ratificación del Secretario de
Relaciones Exteriores por el Congreso o la creación del Consejo Nacional de
Política Exterior.

506. Fortalecer el Servicio Exterior Mexicano a partir de una reforma estructural de
la Ley del Servicio Exterior que ayude entre otras cosas a privilegiar la capacidad
profesional y el mérito laboral entre el personal diplomático.

Responsabilidad con los Mexicanos en el Exterior

507. Pugnar por el reconocimiento de los derechos individuales, económicos,
sociales, políticos y los derechos humanos en general de los migrantes en su lugar
de trabajo y residencia.

508. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de los mexicanos que
residen en el extranjero: derecho a votar, a ser votado y a organizarse para la
participación política, incluyendo la iniciativa que plantea una representación
propia de los migrantes en el Congreso, conocida como la 6ª circunscripción.

509. Promover proyectos culturales y de defensoría jurídico-política con nuestras
comunidades en el extranjero.

510. Establecer un programa de becas para hijos de migrantes que residan en el
extranjero para que se incorporen al sistema mexicano de educación superior.

511. Fomentar la creación de redes de pequeños y medianos empresarios
mexicano-americanos; así como el establecimiento de asociaciones profesionales
transfronterizas.

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