El debido proceso en Colombia garantiza que toda persona tenga acceso a un juicio justo según el artículo 29 de la constitución, que establece derechos como la presunción de inocencia, el derecho a defensa y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Este derecho abarca desde la captura hasta la sentencia, asegurando que las decisiones judiciales se basen en pruebas adecuadas y en el respeto a los derechos fundamentales. Además, se prohíbe que las acciones legales se realicen por intereses particulares de funcionarios públicos.
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