El documento denuncia una campaña mediática en Perú que busca desacreditar a activistas ambientales, especialmente en Cajamarca y Piura, argumentando que estos son estigmatizados como 'delincuentes' por defender derechos comunitarios y el medio ambiente. Se menciona específicamente a Lupo Canterac, de la Red Muqui, como víctima de estas calumnias, orquestadas por intereses empresariales, particularmente de la minera Yanacocha. La situación es condenada por diversas organizaciones sociales y se enmarca en un contexto represivo donde se ha promulgado una ley que favorece abusos por parte de las fuerzas de seguridad.