La reforma a la ley minera en México busca incrementar las contribuciones de las empresas mineras mediante un derecho especial del 5% sobre los ingresos netos. Esto generará un fondo para el desarrollo regional sustentable, financiando proyectos que mejoren la vida en los estados y municipios mineros, como infraestructura y servicios públicos. Se establece un comité de desarrollo regional para planificar las obras basadas en las necesidades sociales de estas áreas.