Regimen de los_contratos_estatales

El régimen de los contratos
estatales en el Perú1
Jorge Danós Ordóñez*
SUMARIO
l. LA EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL PERÚ. 2. PANORÁ-
MICA DE LOS CONTRATOS ESTATALES EN EL PERÚ. 2.l.LA LEY DE CONTRATACIONES Y
ADQUISICIONES DEL ESTADO (LCAE). 2.2. EL RÉGIMEN DE LAS CONCESIONES. 2.3. EL
RÉGIMEN DE LOS CONTRATOS- LEYES. 3. EL DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO
EN LOS PRINCIPALES CONTRATOS ESTATALES. 3.1.LOS CONTRATOS REGULADOS POR
LA LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO. 3.2. LOS CONTRATOS DE
CONCESIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. 3.3. LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE INFRA-
ESTRUCTURA PÚBLICA. 3.4. LOS CONTRATOS- LEYES.
El objeto del presente trabajo es
proporcionar una visión panorámica del
régimen legal vigente de las principales
modalidades de los contratos que celebra
la Administración Pública en el Perú, con
la finalidad de explicar como es que, no
obstante que el ordenamiento jurídico
peruano no recoge la distinción entre
contratos administrativos y contratos de
derecho privado, que se postula en otros
países influidos por el derecho
administrativo Francés, y, por ende, no se
consagra en forma expresa un concepto de
contrato administrativo como una
categoría específica que potencie las
prerrogativas de la administración en la
ejecución de los contratos que celebra, se
pueden encontrar diversas manifes-
taciones de potestades públicas otorgadas
a la Administración, lo que demuestra que,
finalmente, el Derecho Administrativo no
está ausente en la regulación de la fase de
ejecución de los contratos estatales.
Examinaremos, en primer término,
la evolución del ordenamiento peruano en
materia de contratación administrativa,
describiendo los principales hitos que
permiten explicar el proceso de formación
del régimen vigente.
En segundo lugar, realizaremos una
' Profesor Principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el curso de Derecho
Administrativo. Presidente de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo. Vicepresidente del Instituto de
Derecho de los Servicios Públicos y de las Concesiones de Infraestructura de Servicios Públicos- IDESER. Miembro del
Instituto Chileno de Derecho Administrativo. Vicepresidente del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo.
Socio del Estudio Echecopar Abogados.
1
El presente trabajo toma como punto de partida la ponencia que fuera presentada por el autor a las VI Jornadas de
Derecho Constitucional y Administrativo celebradas en la Universidad Externado de Colombia en agosto del 2006.
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descripción general del régimen de los
diferentes contratos que celebra la
Administración Pública en el Perú,
haciendo notar que en nuestro ordena-
miento, a diferencia del de otros países de
nuestro entorno, como el colombiano o el
argentino, no existe una legislación unitaria
que aglutine la regulación de toda la
contratación estatal; asimismo, se evidencia
un marcado énfasis en la regulación de los
procedimientos administrativos de
selección de los contratistas, antes que en
la regulación de la fase de ejecución de lo
contratos; y no se realiza diferenciación
alguna entre contratos caracterizados como
administrativos versus contratos privados,
porque no recoge de manera expresa un
criterio sustantivo de contrato adminis-
trativo.
Finalmente, pasaremos revista al
régimen de cada uno de los principales
contratos que celebran las entidades
administrativas, como es el caso de los
contratos mediante los cuales el Estado
adquiere bienes o servicios, o encarga la
realización de obras; los contratos de
concesión para la explotación de servicios
públicos y de obras públicas de infraes-
tructura y, finalmente, los denominados
contratos -leyes o convenios de estabilidad
jurídica, con el objeto de analizar en qué
medida se manifiesta la aplicación
preponderante del Derecho Administrativo
o del Derecho Privado en cada uno de los
referidos contratos y de qué aspectos
depende la primacía entre uno u otro.
l. LA EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN
ADMINISTRATIVA EN EL PERÚ.
Podemos caracterizar hasta tres
etapas en la evolución del régimen jurídico
El Régimen de los Contratos Estatales en el Perú
de la contratación estatal en el Perú.
En el primer período que abarca
hasta comienzos de la década de los 80
rigió una absoluta dispersión normativa en
la materia. No existía un ordenamiento que
regulase con carácter general para todos los
organismos del sector público el régimen
de los contratos de adquisiciones de bienes
y servicios o de obra pública por parte de
las entidades estatales. Las escasas reglas
existentes sobre la materia, cas1
exclusivamente referidas a los procedi-
mientos administrativos de selección
(licitaciones, concursos públicos), estaban
establecidas en normas dispersas,
principalmente de carácter presupuestario
y con carácter asistemático, porque en la
práctica la mayor parte de las entidades del
sector público tenían sus propios
reglamentos de adquisiciones. El régimen
legal de las concesiones, especialmente las
referidas a la explotación de algunos
recursos naturales, como es el caso de la
minería, solo era regulado por algunas leyes
sectoriales, careciéndose de un mínimo
denominador común sobre la materia.
La segunda etapa comienza en la
década de los 80, con la entrada en vigencia
de la Carta Política de 1979 que consagró a
nivel constitucional, en su artículo 143º, la
obligación del Estado de realizar la
contratación de servicios, obras y
suministros mediante los procedimientos
administrativos de licitación y concurso
público, con el propósito de garantizar la
eficiencia y el manejo transparente de los
recursos públicos2
.
Se caracteriza también por la
expedición de un conjunto de normas que
2
Constitución de 1979: "Art. 1439 .- La contratación con fondos públicos de obras y suministros así como la adquisición
o enajenación de bienes se efectúan obligatoriamente por licitación pública. Hay concurso público para la contratación
de servicios y proyectos cuya importancia y monto señala la Ley de Presupuesto. La ley establece el procedimiento, las
excepciones y responsabilidades".
REVIS lA DI·: DERI'CHO ADMINIS rRATIVO

Jorge Danós Ordóñez
tuvieron por finalidad sistematizar, cada una
en su ámbito, la regulación de los
procedimientos contractuales para las
adquisiciones de bienes y servicios y la
contratación de obras públicas por parte de
las entidades estatales. Tal fue el caso del
denominado Reglamento Único de
Licitaciones y Contratos de Obras Públicas
(RULCOP), aprobado mediante el Decreto
Supremo No 034-80-VC para la
contratación de obras públicas; el
Reglamento Único de Adquisiciones
(RUA), que fuera aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 065-85-VC para la
adquisición de bienes, servicios y
suministros, y de la Ley Nº 23554 para la
contratación de actividades de consultoría
y su reglamento general (REGAC).
A los dos primeros, es decir, el
RULCOP y el RUA, no obstante haber sido
aprobados por el Poder Ejecutivo en calidad
de reglamentos autónomos, se les dotó de
fuerza de ley en su oportunidad. Los citados
dispositivos no realizaron diferenciación
alguna entre contratos administrativos y
contratos estatales sujetos al derecho
privado; regularon también casi
exclusivamente los procedimientos
administrativos de adjudicación o selección
de contratistas, y por primera vez crearon
en este ámbito instancias administrativas
encargadas de resolver, en último grado, las
controversias que se generaban durante la
fase precontractual, tal fue el caso de los
Consejos de Adquisiciones Departa-
mentales para los procedimientos
administrativos regulados por el RUA y del
denominado Consejo Superior de
Licitaciones y Contratos Obras Públicas
(CONSULCOP), este último, configurado
como un verdadero tribunal administrati-
vo, estaba facultado para resolver en sede
administrativa incluso las controversias que
se generasen durante la ejecución del
contrato entre la entidad administrativa
contratante y el contratista privado, sin
perjuicio de que cualquiera de las partes en
caso de disconformidad con la resolución
de CONSULCOP, podía cuestionarla ante
el Poder Judicial mediante el proceso
contencioso administrativo3
•
Durante esta segunda etapa, el
régimen de las concesiones no experimentó
modificaciones importantes y continuó
centrado exclusivamente en las concesiones
para otorgar a los privados la explotación
de algunos recursos naturales, regulados
por leyes sectoriales.
La tercera, y última, etapa de la
evolución del régimen de la contratación
de la Administración Pública en el Perú se
inicia en la década de los 90', en el contexto
de un proceso de reformas estructurales en
sintonía con un modelo económico
mundial de carácter liberal, que preconi-
zaba la apertura de los mercados a la
competencia, la eliminación de restric-
ciones a la inversión al sector privado, la
reducción del aparato del Estado, y la
reorientación de sus competencias
principalmente en materia económica para
concentrarlo únicamente en las funciones
' Alberto BUSTAMANTE BELAÚNDE en su texto "La Contrataóón del Estado en el Penl', publicado en Themis Nº 14,
Lima 1989, p. 22- 23, formuló en su momento ácidas críticas al RUA y al RULCOP: "...evidentemente han sido redactados
por Ingenieros, no han definido, ni siquiera en sus términos básicos, cuál es, realmente, el estatuto al que deben sujetarse
quienes contraten con el Estado. No existe orgánicamente tal estatuto y las contrataciones del Estado se regulan por un
sinfín de normas de diversa jerarquía y dudosa vigencia, normas que deambulan todavía en la dicotomía derecho público
versus derecho privado y que en modo alguno conforman un cuerpo orgánico o/y homogéneo de utilidad para la resolución
de varios conflictos de derecho".
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básicas o esenciales. Como producto de
dicho proceso se transfirió al sector privado
la producción de bienes y la prestación de
servicios que hasta entonces eran
gestionados exclusivamente por entidades
estatales, mediante los procesos de
privatización (venta) de la propiedad de
empresas públicas, y el otorgamiento de
concesiones a empresas privadas para la
prestación de actividades calificadas
jurídicamente como servicios públicos y
para la explotación de obras públicas de
infraestructura, principalmente de
transporte(puertos, aeropuertos, carreteras,
etc.)4
•
La Constitución de 1993, al igual
que su predecesora de 1979, consagra un
precepto constitucionaP que establece el
marco de referencia para las adquisiciones
de bienes, servicios y suministros, y la
contratación de obras por parte de las
entidades administrativas, disponiendo
que las-entidades estatales están obligadas
a sujetarse a los procedimientos adminis-
trativos de licitación o concurso público
que establezcan las leyes respectivas, con
la finalidad de garantizar la correcta
utilización de los recursos públicos y
permitir la libre concurrencia de postores.
En lo referido a la contratación de
servicios, obras o suministros por parte del
Estado, en 1997 se aprobó La Ley Nº 26850
denominada "Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado" que unificó la
legislación dispersa precedente sobre la
materia (el RUA, el RULCOP y el REGAC).
Esta nueva ley (en adelante LCAE) integra
en un solo cuerpo legal el régimen que
regula los procesos de contratación de
todas las entidades administrativas,
incluidas las empresas del Estado, para la
adquisición de bienes y servicios y para la
contratación de obras (que a partir de
entonces dejaron de ser denominadas
"públicas"). La LCAE tampoco recoge
un concepto sustantivo de contrato
administrativo y, por tanto, no sigue la
tónica de los ordenamientos de otros países
que establecen diferencias entre los
contratos del Estado que denominan
"administrativos" y los contratos también
estatales pero que remiten su regulación al
derecho privado.
La LCAE regula principalmente los
selección de contratistas (licitaciones,
concursos, etc.), es decir, la fase
precontractual, estableciendo cuantitati-
vamente pocas normas aplicables a la fase
de ejecución de los contratos, dedicando la
mayor parte de estas escasas previsiones
normativas para los contratos de obras.
Asimismo, crea al Consejo Superior
de Contrataciones y Adquisiciones
(CONSUCODE) como organismo rector del
nuevo sistema de adquisiciones por parte
del Estado, y configura a un nuevo Tribunal
Administrativo encargado de resolver en
última instancia administrativa las
controversias que se generen entre los
postores y las entidades administrativas
convocantes durante los procedimientos
administrativos de selección de contratistas,
sin perjuicio de que sus resoluciones puedan
4
He descrito el proceso en: "La reforma administrativa en el Perú", trabajo presentada en el Seminario Internacional sobre
reforma de la Administración organizado por el Instituto Nacional de Administración Publica - INAP de España en
Cartagena de Indias, Colombia, año 2003.
5 Constitución de 1993: "Art. 76º.- Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos
se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de
bienes. La Contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace
por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades".
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ser cuestionadas ante el Poder Judicial
mediante el proceso contencioso adminis-
trativo. Respecto de las controversias que
se susciten durante la vida del contrato (fase
de ejecución), la LCAE dispone que deben
ser resueltas obligatoriamente en la vía
arbitral. En resumen, la citada ley perfila
un nuevo régimen· legal que regula
los procesos de contratación estatal
exclusivamente destinados a la adquisición
de bienes, servicios, suministros y la
contratación de obras, enfatizando el
tratamiento de los aspectos jurídico -
administrativos de los procedimientos de
selección y adjudicación, no distinguiendo
entre contratos administrativos ni entre
contratos privados de la administración,
porque adopta el concepto de un único tipo
de contrato que podernos denominar
contrato de estado o contrato estatal.
En concordancia con la política de
liberalización de la economía y la apertura
de los mercados a la competencia, se
dictaron dispositivos legales con el objeto
de generar condiciones para promover la
inversión privada en diferentes ámbitos de
la actividad económica. La consagración a
nivel constitucional del principio de
subsidiariedad de la actividad empresarial
del Estado6
potenció la política de
privatización (venta de acciones y activos)
de empresas de propiedad estatal en favor
de capitales privados y aceleró el proceso
de otorgamiento de concesiones para
actividades que habían venido siendo
tradicionalmente desarrolladas precisa-
mente porlas empresas estatales. Para facilitar
dicha política, se efectuaron numerosas
modificaciones a los diversos regímenes
legales que regulan las concesiones de recursos
naturales y las de servicios públicos, teniendo
en cuenta que corno producto del proceso
de promoción de la inversión privada, vía la
privatización y el otorgamiento de
concesiones, la realización de dichas
actividades económicas pasaba de estar en
manos del Estado, a través de las empresas
de su propiedad, a ser desarrolladas por
empresas o concesionarios privados que
requerían de un marco regulatorio adecuado
que les otorgase garantías de estabilidad y
segu-ridad a sus inversiones.
Durante esta tercera etapa se dictó
un nuevo régimen legal para la promoción
del otorgamiento de concesiones, prin-
cipalmente en materia de servicios públicos
(telecomunicaciones, electricidad, etc.) y de
obras de infraestructura pública,
especialmente las dedicadas al transporte
(puertos, aeropuertos, carreteras, vías
ferroviarias, etc.)? . Se crearon organismos
reguladores de la inversión privada para las
distintas actividades concesionadas
(servicios públicos e infraestructura)
encargados de supervisar el cumplimiento
de los respectivos contratos de concesión y
de ejercer potestades regulatorias fijando
las tarifas en los mercados en que no exista
competencia o está sea insuficiente.
A la par que se modernizó el
régimen legal de los contratos de concesión,
se amplió y perfeccionó el régimen de los
6
Constitución de 1993: "Art. 60°.- (.....) Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente
actividad empresarial, directa o indirecta, por razón del alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional.
(...)".
7
Nos referimos principalmente a los Decretos Legislativos Nº 758 "Normas para la promoción de las inversiones públicas
en la infraestructura de servicios públicos", y N9 839 "Ley de promoción de la inversión privada en obras públicas de
infraestructura y de servicios públicos", compilados luego en el denominado "Texto Unido Ordenado de las normas
con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de
servicios públicos" aprobado mediante Decreto Supremo Nº 059-97-PCM y reglamentado mediante Decreto Supremo
N" 060-96-PCM.
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denominados contratos-leyes o convenios de
estabilidad jurídica, que adquirieron
consagración constitucional en el artículo
62º de la Carta de 19938
. Mediante este tipo
de convenios, el Estado se obliga contrac-
tualmente con los inversionistas privados,
que constituyen la contraparte, a
garantizarles la estabilidad de las reglas
jurídicas vigentes al momento de
suscripción del respectivo contrato.
Los contratos-leyes constituyen
medidas de fomento del Estado para la
promoción de la inversión privada
orientada a fines de interés general o a
satisfacer necesidades públicas, a la que se
le otorga contractualmente la seguridad
de que determinado régimen jurídico
permanecerá inalterable durante un
período de tiempo, de modo que las futuras
modificaciones de la legislación, con
posterioridad a la suscripción del respectivo
convenio, no les serán aplicables. El
alcance de la estabilidad jurídica, otorgada
por los contratos ley, es variado,
dependiendo del marco legal al amparo
del cual se suscriben puede comprender la
estabilidad del régimen jurídico de un solo
tributo o del conjunto de tributos que
gravan a una empresa, de las normas
laborales e incluso de las normas que
configuran el marco regulatorio de la
empresa contratante9
• Las controversias
que se generen durante la vigencia de los
contratos ley entre el Estado y los
inversionistas suscriptores, que la experien-
cia ha demostrado pueden involucrar
inclusive el ejercicio de potestades públicas,
se resuelven exclusivamente mediante
arbitraje.
Recapitulando, en esta tercera
etapa de la evolución del ordenamiento
jurídico peruano en materia de contra-
tación administrativa, se aprecia la
aprobación de un cuerpo legal (la LCAE)
que regula, para todos los organismos
públicos, los procedimientos para la
contratación exclusivamente de bienes,
servicios, suministros y obras, norma que
no realiza ninguna determinación legal
expresa sobre el carácter sustantivo o
administrativo de los contratos que suscribe
el Estado, a diferencia de la legislación de
otros países que distinguen entre contratos
administrativos y contratos estatales de
régimen privado; asimismo, se producen
importantes modificaciones en el régimen
de los contratos de concesión en orden
a promover la inversión privada,
principalmente, en actividades calificadas
legalmente como servicios públicos o en
obras públicas de infraestructura, y se
perfecciona y amplía el marco legal de los
denominados contratos - leyes utilizados
para otorgar seguridades y garantías de
estabilidad jurídica a los inversionistas.
Conforme a lo anunciado, pasa-
remos a realizar una somera descripción
general del marco legal de los diferentes
contratos que celebra la Administración
Pública en el Perú, con el objeto de
proporcionar una visión panorámica del
régimen de los contratos estatales, sin
perjuicio de analizar, en la parte final de
este trabajo, cada una de las principales
8
Constitución de 1993: "Art. 62°.- (....)Mediante contratos -ley el Estado puede establecer garantías y otorgar seguri-
dades. No pueden ser modificados legislativamente...".
9
Tenemos entendido que en Colombia, la Ley 223 de 1995 para disminuir la incertidumbre en materia tributaria creó la
figura de los contratos de estabilidad que cuentan con una duración de 10 años y en ellos se pacta una tasa de impuesto
a la renta superior en un 2% a la tarifa general vigente al momento de suscripción del contrato.
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modalidades contractuales, para verificar
como la ausencia de una proclamación legal
expresa de un concepto sustantivo de
contrato administrativo, no impide la
existencia de diversas manifestaciones de
potestades públicas que se presentan en
algunas de las etapas que componen el
proceso contractual desde su origen hasta
su culminación.
2. PANORÁMICA DE LOS CONTRATOS ESTATALES
EN EL PERÚ.
Conforme se ha descrito en la
primera parte, podemos comenzar
afirmando que, a diferencia de Colombia y
de los ordenamientos legales de otros países
como España, entre otros, en el Perú no
existe un régimen legal que abarque o
intente comprender toda la contratación
administrativa que realiza el Estado. La
LCAE ha constituido un indudable avance
porque proporciona una regulación
unitaria, pero solo de una parcela, por cierto
que muy importante, de la contratación
administrativa que involucra los contratos
de adquisición de bienes y servicios,
suministro y de obra, pero que no regula la
totalidad del universo contractual del
Estado. Como vamos a describir a
continuación, los demás contratos que
suscribe el Estado están sometidos a marcos
legales especiales en los que, sin embargo,
se puede constatar que muchas veces
coexiste un régimen legal general con
diversos regímenes especiales, en función
del tipo de prestación o actividad a
desarrollar o del nivel de gobierno que
realiza la contratación.
Los tipos más frecuentes de contratos
que suscribe el Estado Peruano y con mayor
desarrollo normativo son10
:
- Los contratos para realizar adquisiciones de
bienes, servicios, suministro, consulto-ría y
ejecución de obras;
- Las concesiones para la explotación de
recursos naturales o de bienes de dominio
público, la prestación de serviciOs
públicos y la explotación de obras
públicas de infraestructura;
- Los contratos - ley o convenios de
estabilidad jurídica;
- Los contratos para la disposición de
bienes del Estado;
- Los convenios interadministrativos;
- Los convenios financieros del Estado
(endeudamiento interno y externo);
- Los contratos de personal.
2.l.La Ley de contrataciones y
adquisiciones (LCAE).
Como ya se ha dicho, la LCAE11
, que
regula exclusivamente las adquisiciones de
bienes, suministros, consultoríay ejecución de
obras, comprende a todas las entidades del
Estado de los tres niveles de Gobierno
(nacional, regional y local) y a las empresas
estatales. Sus disposiciones no se aplican a
los otros procesos de contratación que realiza
el Estado, como es el caso de los contratos
de concesión, de disposición de bienes del
Estado, los contratos leyes, etc., que cuentan
con sus propios marcos legales, no obstante
que algunas normas del régimen de la LCAE
10
Participa de la misma opinión: Ricardo SALAZAR CHAVEZ, "Régimen de contratación Estatal en elPerú". En: AAVV.
Trabajos presentadas en el seminario - taller internacional: "La contratación estatal: propuesta de estrategias para
impulsar el desarrollo con transparencia y equidad". CONCUCODE, Lima, 2005, p. 82.
11
El texto de la ley y su reglamento se puede consultar en: httpJ/www.co_osu..c.ode..guhp.e.
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podrían ser aplicables a otros ámbitos de
la contratación administrativa, como es el
caso de los principios que consagra en su
artículo 3º, algunos de los cuales
constituyen principios comunes en todos los
ámbitos de la contratación administrativa
(principios de imparcialidad, eficiencia,
transparencia, etc.), independientemente de
la naturaleza y régimen del vínculo
contractual.
La LCAE no consagra un concepto
de contrato administrativo como sinónimo
de un régimen de exorbitancia en donde la
Administración Pública necesariamente
goza de una posición de superioridad, con
poderes y prerrogativas unilaterales, para
imponerse en el contenido de la relación
contractual, justificado en el rol que le
compete de tutela de los intereses generales.
La citada ley establece un elenco de
principios esenciales que rigen los
procedimientos de selección, sin perjuicio de
la vigencia de otros principios generales del
derecho administrativo y del derecho
común, entre los cuales cabe destacar: (Art. 3º)
(i)Principio de Transparencia, conforme al
cual toda adquisición debe realizarse
sobre la base de criterios y calificaciones
objetivas, sustentadas y accesibles a los
postores, garantizándoles a estos durante
todo el proceso de selección el acceso a
la documentación de las adquisiciones y
las contrataciones, debiendo ser públicos
la convocatoria, el otorgamiento de la
buena pro y los resultados.
(ii)Principio de Libre Competencia, que
constituye uno de los principios
nucleares del régimen económico
consagrado por la Constitución del Perú
y que genera la obligación para las
entidades administrativas de considerar
regulaciones o tratamientos que
fomenten la más amplia, objetiva e
imparcial concurrencia, pluralidad y
participación de postores potenciales.
(iii)Principio de Imparcialidad, según el cual
las decisiones de los funcionarios
responsables de las adquisiciones y
contrataciones de la entidad se
adoptarán en estricta sujeción al
principio de legalidad, así como en
atención a criterios técnicos que
permitan garantizar la objetividad en
el tratamiento a los postores y
contratistas;
(iv)Principio de Trato Justo e Igualitario,
en virtud del cual todo postor debe
tener participación y acceso para
contratar con las entidades en
condiciones semejantes de los demás,
prohibiéndose la existencia de
privilegios, ventajas o prerrogativas.
Por expreso mandato legal los
citados principios "tienen como finalidad
garantizar que las Entidades del Sector
Público obtengan bienes, servicios y obras
de calidad requerida, en forma oportuna y
a precios o costos adecuados", así también
sirven de criterio interpretativo para
resolver las cuestiones que puedan
suscitarse en la aplicación del respectivo
régimen de contrataciones y adquisiciones,
como parámetros para la actuación de los
funcionarios, y, finalmente, para suplir los
posibles vacíos de la misma normatividad.
Los procedimientos administrativos
de selección (etapa precontractual)
regulados por la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones son cuatro: Licitación
Pública, Concurso Público, Adjudicación
Directa y Adjudicación de Menor Cuantía.
La Licitación Pública se convoca
para la contratación de obras y para la
adquisición de bienes y suministros dentro
de los márgenes que establece la Ley Anual
de Presupuesto. La licitación para la
REVISTA DE DERI'CIIO ADMINISTRATIVO

ejecución de obras puede desdoblarse en:
licitación pública nacional o licitación
pública internacional, en este último caso
cuando las características técnicas de las obras
requieran de postores internacionales.
El Concurso Público se convoca para
la contratación de servicios de toda
naturaleza, incluyendo consultorías y
arriendos. Los procedimientos de licitación
y concurso público son los que poseen
mayores formalidades en relación a los
demás.
La Adjudicación Directa se utiliza
para las adquisiciones y contrataciones de
bienes, contratación de servicios y
ejecución de obras que realice la entidad,
pero por montos inferiores a los que se exige
para licitación o concurso público. Este
procedimiento admite dos modalidades: i)
Adjudicación Directa Pública, o ii)
Adjudicación Directa Selectiva, según el
importe de la adquisición lo que determina
que requiera o no de publicación En el caso
de la Adjudicación Directa Selectiva el
proceso exige por regla general la
convocatoria a por lo menos tres postores,
asimismo aunque no se exija publicación
las convocatorias deberán ser notificadas a
la Comisión de Promoción de la Pequeña y
Microempresa -PROMPYME, la que se
encargará de difundirlas a través de su
página web institucional entre las pequeñas
y microempresas para que puedan
eventualmente participar como postores.
La Adjudicación de Menor Cuantía
para la adquisición o contratación de
bienes, servicios y obras cuyos montos sean
inferiores a los requeridos para Adjudi-
cación Directa o para aquellos casos en que
los otros procedimientos de selección se han
declarado desiertos.
Los procedimientos administrativos
descritos constituyen mecanismos de
formación o preparación de la voluntad de
la Administración y de gestación del
respectivo contrato (fase precontractual),
que no se confunden con el contrato
mismo. Estos contratos que suscriben las
entidades estatales para la ejecución de
obras o adquisiciones de bienes o servicios
se perfeccionan de manera diferente a lo
previsto por el Código Civil peruano,
puesto que conforme a este último cuerpo
legal se genera el contrato cuando la
aceptación llega a ser conocida por el
oferente12
, mientras que los contratos de
adquisiciones que suscriben las entidades
estatales en el Perú no se perfeccionan con
la mencionada notificación de la acep-
tación, que podría ser similar a la
notificación del acto administrativo de
adjudicación de la buena pro al postor
ganador, puesto que esta decisión
administrativa podría ser impugnada por
otros postores, lo que tendría como
consecuencia la suspensión del respectivo
procedimiento de selección hasta que se
resuelva la controversia en sede
administrativa. En el régimen diseñado por
la LCAE, el contrato de adquisición o de
obra se perfecciona recién con la
suscripción del mismo, una vez concluido
el procedimiento de selección respectivo13
•
En caso se generen controversias
durante el trámite de los procedimientos
administrativos de selección, es decir
desde la convocatoria hasta antes de la
suscripción del contrato, la Ley de la
materia ha previsto un sistema de recursos
12
Código Civil: "Art.1373º.- El contrato queda perfeccionado en el momento y lugar en que la aceptación es conocida por
el oferente".
''Reglamento de la LCAE: "Art. 197°.- Perfeccionamiento del contrato.- El contrato se perfecciona con la suscripción del
documento que lo contiene (...)." Regla radicalmente diferente a la que establece el derecho español en el que los
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administrativos que se desarrollan en dos
instancias:
• Primera instancia, ante la propia entidad
administrativa que convocó el
procedimiento de selección, mediante el
recurso de apelación que deberá ser
resuelto por el titular del respectivo pliego
presupuesta! o la máxima autoridad
administrativa de la entidad;
• Segunda Instancia, ante el Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones del
Estado del Consejo Superior de
Contrataciones y Adquisiciones del
Estado - CONSUCODE, que constituye
última instancia administrativa.
Con motivo de la interposición de
los citados recursos administrativos, se
suspende el trámite de los procedimientos
administrativos de selección hasta que los
citados recursos sean resueltos. La LCAE
ha establecido plazos excepcionalmente
breves para la interposición de tales
recursos y para su resolución por las
entidades competentes, con el objeto de que
no se dilaten afectando los requerimientos
por parte de la Administración de
adquisiciones necesarias para su funciona-
miento.
Contra lo resuelto por el
mencionado tribunal administrativo de
CONSUCODE cabe la interposición de
demanda contenciosa administrativa ante
el Poder Judicial, cuya mera presentación
no suspende automáticamente lo resuelto
por el referido tribunal administrativo, a
menos que, durante el proceso, se obtenga
del juez de la causa una medida cautelar en
dicho sentido.
Respecto de los conflictos que se
pueden generar desde que se inicia
la ejecución del contrato hasta su
culminación, ya se ha comentado anterior-
mente que la LCAE ha establecido que la
vía obligada para resolver toda
controversia es la conciliación o el arbitraje.
El laudo que se expida con motivo de un
proceso de arbitraje no puede ser objeto
de impugnación ante el Poder Judicial, salvo
los casos excepcionales de fraude
taxativamente contemplados en la Ley
General de Arbitraje.
La LCAE ha creado al Consejo
Superior de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado- CONSUCODE, que constituye
un organismo público descentralizado del
Gobierno Nacional adscrito a la Presidencia
del Consejo de Ministros, que tiene a su
cargo el rol de organismo rector del sistema
de adquisiciones en todo el país. Asimismo,
se le otorgan facultades para imponer
sanciones de inhabilitación por un período
de tiempo a los proveedores, participantes,
postores y contratistas que contravengan
las disposiciones legales, de modo que
durante la vigencia de la sanción,
los infractores estarán impedidos de
contratar con el Estado.
Pero, como ya se explicó al iniciar
esta sección, la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones sólo regula una parte de la
actividad pre o contractual de la
Administración Publica en el Perú, es decir,
sólo cuando el Estado es el adquirente y
egresa recursos públicos con tal fin, pero
no regula, por ejemplo, la hipótesis en que
el Estado sea el vendedor y mas bien
obtiene ingresos por sus operaciones. Estos
contratos estatales se perfeccionan con el acto administrativo de adjudicación. Abunda en esta característica el profesor
José Luis MARTÍNEZ LÓPEZ - MUÑIZ. Naturaleza de los contratos públicos a la luz del derecho español, su funda-
mento y sus consecuencias. En: Derecho Administrativo. Obra colectiva en homenaje al profesor Miguel S. Marienhoff.
Juan Carlos Cassagne Director. Abeledo- Perrot. Buenos Aires, 1998, p. 953.
REVIS'Il DE DERECHO ADMINISTRATIVO

casos están normados por las disposiciones
que regulan el régimen de administración de
los bienes del Estado14
, que establece que
para disponer de tales bienes, la
Administración deberá ceñirse por regla
general al procedimiento de subasta
pública.
2. 2. El régimen de las concesiones.
La Carta Política de 1993 contiene
dos preceptos que establecen el marco
constitucional de las concesiones, tal es el
caso de los artículos 66º15
, referido a
recursos naturales, y 73º16
,referido a
concesiones sobre bienes de dominio
público.
Las concesiones en el Perú están
sujetas a una pluralidad de regímenes
legales, dependiendo del tipo de bienes
(recursos naturales, infraestructura, etc.),
del tipo de actividades que pueden ser
otorgados en concesión (servicios públicos,
etc.), o incluso del nivel de Gobierno
(nacional, regional o local) que otorga la
concesión.
(i) Las concesiones de recursos naturales.
Respecto de las concesiones de
recursos naturales, tradicionalmente
han estado reguladas por leyes
sectoriales que establecen específi-
camente el régimen de concesiones de
cada uno de dichos recursos, así sucede
tradicionalmente con la minería, los
recursos forestales (bosques, etc.) y
otros.
La minería ha sido y es hoy en día
una de las actividades económicas más
importantes en el Perú. Por dicha razón,
durante mucho tiempo lalegislación minera
ha. sido tácitamente considerada el
referente nacional de una actividad
económica cuyo régimen legal contem-
pla como figura central a la concesión,
como título habilitante que el Estado
utiliza para otorgar a los privados el
derecho para aprovechar y explotar
recursos mineros.
De conformidad con el antes citado
artículo 66º de la Constitución, que
reserva a ley orgánica la determinación
de la·s condiciones para la utilización y
otorgamiento de los recursos naturales a
favor de particulares, se ha aprobado la
Ley Nº 26821 Orgánica para el
aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales, que en su artículo
19º remite a las leyes especiales que
existen para cada recurso natural (leyes
de minería, de la actividad forestal, de
hidrocarburos, de aguas, pesca, etc.) el
establecimiento de las diferentes
modalidades de otorgamiento de
derechos a los particulares para la
explotación de los recursos naturales,
título habilitante que no se restringe sólo
a la concesión, porque en muchos casos
se utilizan las figuras de las licencias,
autorizaciones, permisos, contratos de
acceso y contratos de explotación, entre
otros mecanismos para otorgar derechos
de uso o explotación de los recursos
naturales en favor de los particulares;
figuras administrativas que a tenor del
14
Reglamento General de Procedimientos Administrativos de los Bienes de Propiedad estatal aprobado mediante Decre-
to Supremo Nº 154-2001-EF de 16 de julio del año 2001.
"Constitución: "Art. 66º.- Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es
soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a
particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal".
16
Constitución: "Art. 73º.- Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de uso público
pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento económico".
19
COA

20
CDA
artículo 24º de la citada Ley Orgánica"(...)
tienen los mismos alcances que las
concesiones contempladas en la presente
ley, en lo que les sea aplicable."
Incluso el artículo 23º de la
mencionada ley regula, con carácter
general, el régimen de las concesiones de
recursos naturales17
, sin perjuicio de los
que establezcan las leyes especiales de
cada recurso natural que utilicen dicha
modalidad.
Utilizan la figura de la concesión:
la Ley General de Minería; la Ley Nº
26848, Orgánica de recursos geotérmi-
cos; la Ley Nº 27308 Forestal y de Fauna
Silvestre para los Recursos Forestales
Maderables y No Maderables, que exige
la realización de procedimientos
administrativos de subasta y concurso
público para otorgar la concesión
en algunos casos18
; y la ley de
telecomunicaciones para la que el uso del
espacio radioeléctrico requiere de una
concesión u autorización previa del
servicio de telecomunicaciones corres-
pondiente. La realización de actividades
de servicios turísticos y recreativos en
un área natural protegida es autorizada
también mediante la técnica concesional.
Recurren en cambio a otras figuras
administrativas, que se expresan en actos
administrativos que por naturaleza son
unilaterales, para otorgar derechos de
aprovechamiento de recursos naturales a
favor de los particulares: La Ley Nº 17752
General de Aguas (permisos, autoriza-
ciones o licencias) y la Ley General de
Pesca aprobada mediante Decreto Ley Nº
2597719
• En cambio la Ley Nº 26221,
Orgánica de Hidrocarburos, aunque no
utiliza el mecanismo de la concesiones,
ni tampoco el de las licencias,
autorizaciones o permisos administrativos
si recurre a otras figuras contractuales
como es el caso de los que denomina
contratos de licencia y contratos de
servicios, para autorizar a los privados a
realizar actividades de exploración y/o
explotación de hidrocarburos.
Como se puede apreciar, constituye
una opción del legislador utilizar la figura
administrativa que más acomode a los
fines públicos en juego a fin de otorgar
derechos a los particulares para la
explotación de recursos naturales, por tal
razón, algunas leyes sectoriales recurren
17
Ley O. de Recursos Naturales: "An. 239.- La concesión, aprobada por leyes especiales, otorga al concesionario el derecho
para el aprovechamiento sostenible del recurso natural concedido, en las condiciones y con las limitaciones que esta-
blezca el título respectivo.
La concesión otorga a su titular el derecho de uso y disfrute del recurso natural concedido y, en consecuencia, la
propiedad de los frutos y productos a extraerse. Las concesiones pueden ser otorgadas a plazo fijo o indefinido. Son
irrevocables en tanto el titular cumpla las obligaciones que esta ley o la legislación especial exijan para mantener su
vigencia.
Las concesiones son bienes incorporales registrables. Pueden ser objeto de disposición, hipoteca, cesión y reivindica-
ción, conforme a las leyes especiales. El tercero adquirente de una concesión deberá sujetarse a las condiciones en que
fue originariamente otorgada. La concesión, su disposición y la constitución de derechos reales sorbe ella, deberán
inscribirse en el registro respectivo".
18
El formato de los contratos de concesión forestal con fines maderables ha sido aprobado mediante Resolución jefatural
N9 131-2003-INRENA de 18 de setiembre del2003. Es la única concesión de recursos naturales en que se ha previsto en
la cláusula 34 del formato de contrato que las controversias entre Estado concedente y los concesionarios pueden
resolverse mediante arbitraje.
19
El artículo 43o de la ley establece que para realizar operaciones de pesca se requiere obtener "permiso de pesca" y que
sólo se exige concesión cuando se pretenda la utilización o explotación de infraestructura pesquera de propiedad del
Estado o la realización de actividades de acuicultura en terrenos públicos, fondos o aguas marinas o continentales.

a la concesión, ya sea que se exprese en un
simple acto administrativo (minería) o que
se formalice en un contrato suscrito
entre el Estado en su rol de concedente y
el concesionario particular (recursos
forestales, geotérmicos, etc.), mientras que
otras leyes prefieren la utilización de las
figuras de las licencias, autorizaciones o
permisos (aguas, pesca), que normalmente
se manifiestan en decisiones unilaterales de
la adminis-tración y no en contratos, a
excepción de la Ley de Orgánica
Hidrocarburos, que contempla los
contratos de licencia y de servicios. Sin
embargo, en el ordenamiento jurídico
peruano se tiende a considerar que las
figuras contractuales, en tanto que
determinan con precisión los derechos y
obligaciones recíprocas de las partes,
generan mayor seguridad jurídica para
los inversionistas.
En cualquier caso, como quiera que
la explotación de los recursos naturales,
por expreso mandato del citado artículo
66º de la Constitución, es objeto de
especial control por parte del Estado,
debido a que la Constitución les confiere
la calidad de "patrimonio de la nación" y
carácter de bienes de dominio público
destinados al uso o aprovechamiento
colectivo, dehiendo garantizarse su
utilización sostenible para no atentar
contra el medio ambiente, es
indispensable tener presente que los
regímenes sectoriales someten a las
concesiones y a las otras figuras que se
utilizan para otorgar derechos para el
aprovechamiento de recursos naturales
a condiciones, requisitos y reglas de
supervisión y de policía administrativa
en general, con la finalidad precisamente
de garantizar los intereses públicos en
juego.
Al respecto el Tribunal Constitu-
cional peruano, a propósito de la
sentencia dictada para resolver la
demanda de inconstitucionalidad
interpuesta por un grupo de ciudadanos
contra la Ley Nº 28258 de regalías
mineras20
, se ha pronunciado sobre la
naturaleza de las concesiones mineras,
que como se ha comentado se
materializan en actos administrativos y
no en contratos. En nuestra opinión, la
citada sentencia subraya los aspectos
públicos de la concesión. Al respecto, el
Tribunal dice que la concesión"...se trata
de un acto administrativo de carácter
favorable o ampliatorio de la esfera
jurídica del destinatario, e implica la
entrega sólo en aprovechamiento
temporal, de los bienes de dominio
público, estableciéndose una relación
jurídica pública subordinada al interés
público, y no de carácter sinalagmático.
Por ello, es la declaración o autonomía
de la voluntad estatal la que establece la
concesión para un particular" (FFJJ Nº
102), también dice que: "(... ) la teoría
construida por la doctrina en torno a la
concesión adquiere especial relevancia,
y obliga a efectuar una lectura
iuspublicista de esta institución , y no
privatista, ya que puede desdibujar sus
contornos" (FFJJ Nº 107), finalmente nos
interesa resaltar que para el supremo
intérprete de la Constitución en el Perú:
"La concesión minera no es un contrato
sino un acto administrativo, que
determina una relación jurídica pública a
través de la cual el Estado otorga, por
un tiempo la explotación de los recursos
naturales, condicionada al respeto de los
términos de la concesión y conservando
20
Puede consultarse el texto de la Sentencia en: http://www.tc.gob.pe/cgi-bin/scarchtout.cgi
21
COA

22
COA
la capacidad de la intervención s1 la
justifica el interés público".
(ii) Las concesiones de servicios públicos.
Las concesiones, sobre actividades
calificadas legalmente como servicios
públicos, están reguladas por diversas
leyes sectoriales que establecen el
marco legal para el desarrollo de la
respectiva actividad, así sucede en
telecomunicaciones, electricidad o
energía y saneamiento.
La Ley General de Telecomuni-
caciones21 establece qué modalidades de
servicios son caracterizados como
servicios públicos y, por tanto, requieren
del otorgamiento de concesiones para su
desarrollo por privados y en qué casos,
al no recibir la misma calificación los
otros servicios, el título habilitante
puede consistir en licencias, autoriza-
ciones, permisos o en un simple registro.
El régimen vigente que determina que
servicios requieren de concesión para ser
prestados por particulares (los servicios
públicos) no parece ser coherente con
las clasificaciones que establece la propia
ley ni estar acorde con los desarrollos
que se experimentan en otros
ordenamientos, en los que la
liberalización de gran parte de las
actividades de telecomunicaciones para
introducir mayor competencia en el
mercado, en beneficio de los propios
usuarios, ha significado dejar de caracte-
rizarlas formalmente como servicios
públicos y por tanto sustituir la técnica
concesional por otros títulos habilitantes
menos rigurosos y de más fácil acceso
para los agentes económicos interesados
en prestar los servicios (que pueden
consistir en simples comunicaciones de los
interesados, registro, etc.).
Todas las concesiones en telecomu-
nicaciones se formalizan en un contrato,
cuyo texto se basa en un formato
aprobado administrativamente, en el que
son partes el Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones y la empresa privada
que recibe la concesión. Sin embargo,
como analizaremos con mayor detalle en
la parte final de este trabajo, existen otros
actores respecto de los cuales es
importante adelantar la mención. Me
refiero a PROINVERSIÓN, que es la
entidad del Gobierno Nacional
encargada de conducir el proceso de
promoción de la inversión privada en la
privatización de empresas del Estado y
en el otorgamiento de concesiones de
servicios públicos y de obras públicas,
dirigida por un grupo de ministros
titulares de los sectores involucrados,
y a los organismos reguladores supervi-
sores de la inversión privada en las
actividades de servicios públicos, que en
el caso de las telecomunicaciones es mas
conocido por las siglas OSIPTEL, el
mismo que de conformidad con el
artículo 18º de su Reglamento General22
tiene por objetivo general: "regular,
normar, supervisar y fiscalizar, dentro
del ámbito de los servicios públicos de
telecomunicaciones el comportamiento
de las empresas operadoras, las
relaciones de dichas empresas entre sí,
y las de éstas con los usuarios,
garantizando la calidad y eficiencia del
" Según Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo Nº 013-93-TCC de 28 de abril de 1993, reglamento
aprobado por Decreto Supremo Nº 06-94-TCC, el mismo que ha sido objeto de múltiples modificaciones. Las Citadas
normas pueden ser consultadas en: http://www.osiptd.gob.pe Es importante tener presente los "Lineamientos de política
de apertura del mercado de telecomunicaciones en el Perú" aprobados mediante Decreto Supremo No 020-98-MTC de 4
de agosto de 1998 que contiene una sección dedicada a "Política de concesiones".
"Aprobado por Decreto ·supremo Nº 008-2001-PCM, del2 de febrero del2001.
REVISTA DE DERECHO ADMINISTRAIIVO

servicio brindado al usuario, regulando el
equilibrio de las tarifas y facilitando al
mercado una explotación y uso eficiente
de los serv1cws públicos de
telecomunicaciones".
En el Perú, el proceso de apertura del
mercado de las telecomunicaciones
comenzó en el año 1994 con la
privatización de las dos mayores
empresas estatales encargadas de prestar
dichas actividades y el otorgamiento de
nuevos contratos de concesión a la
empresa adjudicataria del respectivo
procedimiento de selección, que fusionó
las empresas adquiridas bajo la nueva
denominación de Telefónica del Perú
S.A. Dichos contratos d.e concesión
establecieron un primer período de
concurrencia limitada (exclusividad o
monopolio legal) de cinco años, seguido
de una etapa de apertura a la
competencia y en base a la autorización
dispensada por la Ley Nº 26285 de
desmonopolización progresiva en
materia de prestación de los servicios
públicos de telecomunicaciones tienen
carácter de contrato-ley, lo que significa
la estabilización de las cláusulas que
configuran la relación concesional
entre el Estado y el concesionario, así
como del marco normativo que resulta
de aplicación a la misma, vigente a la
fecha de suscripción del contrato.
Asimismo, las controversias que se
pueden suscitar respecto del contrato de
concesión se deben resolver en la vía
arbitral, lo que ha tenido como
consecuencia que algunas decisiones del
organismo regulador (OSIPTEL), en
ejercicio de las atribuciones que le
confiere la ley, han sido materia de
impugnación en la vía arbitral.
En materia de electricidad, la ley d~
concesiones eléctricas23
ha segmentado el
negocio eléctrico en cuatro etapas
(generación, transmisión, distribución y
comercialización), a fin de abrir el
mercado a la participación de inversio-
nistas privados con el objeto de generar
competencia, y, por tal razón, establece
de manera expresa qué actividades son
consideradas servicios públicos, por lo
que el ingreso de particulares al mercado
está sujeto a la obtención de una
concesión y qué etapas del 4negocio
eléctrico no tienen dicha calificación
para las que es suficiente una
autorización por parte del ministerio
competente.
Las concesiones las otorga el
Ministerio de Energía y Minas por plazo
indefinido. Debe convocarse a un
procedimiento público de subasta solo
en caso se genere concurrencia de
solicitudes de otros interesados para la
misma concesión, el otorgamiento se
produce mediante Resolución Suprema,
la misma que aprueba el respectivo
contrato de concesión que se sujeta a los
contenidos establecidos por la ley y el
reglamento que constituyen su marco
legal.
Otra actividad también vinculada a
la energía que utiliza la técnica
concesional para que los particulares
puedan desarrollarla es la distribución
de gas natural por red de duetos, la que
es calificada como servicio público por
el artículo 79º de la Ley Nº 26221
Orgánica de Hidrocarburos24
, y que
23
Aprobada mediante Decreto Ley No 25844 de 6 de noviembre de 1992, y reglamentada mediante Decreto Supremo N"
009-93-EM de 19 de febrero de 1993.
24
Reglamentada mediante Decreto Supremo No 042-99-EM de 14 de setiembre de 1999 que aprueba el "Reglamento de
Distribución de gas Natural por red de duetos". Analiza el régimen de las concesiones de distribución de gas naturales el
REVISTA DE DERECIIO ADMINISTRATIVO
23
COA

24
COA
también se materializa en un acto
administrativo que se formaliza mediante
un contrato. Estas concesiones pueden ser
otorgadas porlicitación o concurso público
convocado por la entidad concedente o a
solicitud de parte, pero en caso de
suscitarse concurrencia de solicitudes la
entidad administrativa competente debe
convocar a subasta
En el ámbito de las actividades
vinculadas a la energía, la fiscalización
de las obligaciones derivadas de los
contratos de concesión corresponde al
respectivo organismo regulador,
conocido por sus siglas OSINERG, el que
como todo organismo regulador de
servicios públicos en el Perú esta dotado
de un conjunto de potestades de carácter
público (cumple funciones de
supervisión reguladora, normativa,
fiscalizadora, solución de controversias
entre empresas y solución de reclamos
de los usuarios) que se les atribuye para
cumplir de la manera más eficaz el
objetivo de protección de los intereses
generales que constituye su cometido25
•
En el ámbito de los servicios de
saneamiento, la Ley Nº 26338, Ley
General de los Servicios de
Saneamiento del 24 de julio de 1994
y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo Nº 09-95-PRS
establecen que corresponde a las
municipalidades provinciales de la
respectiva circunscripción otorgar las
concesiones para la prestación de tales
servicios, a excepción del ámbito de la
empresa estatal (SEDAPAL), que presta
servicios en Lima, caso en el que el
contrato de concesión deberá suscribirse
conelMllllsterio de Vivienda, Saneamiento
y Construcción. Sin embargo, hasta la
fecha no se ha formalizado ninguna
concesión porque, a excepción de la
empresa SEDAPAL, todas las
empresas de saneamiento exis-tentes son
de propiedad precisamente de las
respectivas municipalidades, razón por
la que seguramente no se ha considerado
necesario formalizar la relación. El único
caso que está próximo a concretarse es
el de la concesión de saneamiento para
prestar servicios en las provincias de
Tumbes, Zarumilla y Contralmirante
Villar que, en estos momentos, está
siendo materia de un proceso de
promoción de inversión privada con
participación de PROINVERSION,
conforme al cual la empresa
adjudicataria de la licitación suscribirá
con las respectivas munici-palidades
provinciales un contrato de concesión
que delimitará las relaciones entre la
empresa de propiedad privada
prestadora de los servicios públicos de
saneamiento y las municipalidades
provinciales concedentes, lo que, sin
lugar a dudas, redundará en mayor
seguridad jurídica para la primera.
Aunque no se trata propiamente
de una concesión de servicios de
saneamiento, porque corresponde más
Perú: Ramón HUAPAYA. "Análisis delmarcojurídico aplicable alservicio público de distribución de gas naturalporred
de duetos'. Trabajo inédito.
25
En el Perú el régimen común en materia de organización y competencias de los organismos reguladores en el Perú ha
sido establecido por la Ley Nº 27332 denominada "Ley Marco de organismos reguladores de la inversión privada en
servicios públicos" y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N9 024-2005-PCM, de 8 de junio del2005. He
analizado el tema en: ''Los organismos reguladores de los serviciospúblicos en elPerú: Su régimenjurídico, organización,
funciones de resolución de controversiasy de reclamos de usuarios': Publicado en colectivo: "'nversiónprivada en servicios
públicos': Revista Peruana de Derecho de la Empresa. Nº 57, Lima 2004, p. 59 y ss.

a la naturaleza de una concesión de obra
pública, es pertinente traer a colación
que en el año 1999 el entonces
Ministerio de la Presidencia, como
resultado también de un proceso de
promoción de la inversión privada que
se tramitó mediante una licitación,
suscribió un contrato de concesión con
la empresa AGUA AZUL para la
realización de obras de infraestructura
hidráulica que sirviera para canalizar y
realizar el tratamiento de las aguas
superficiales y subterráneas del río
Chillón, las que son vendidas a la
empresa SEDAPAL.
(iii) Las concesiones de obras públicas
de infraestructura.
El marco legal para la promoción de
la inversión privada en obras públicas de
infraestructura (puertos, aeropuertos,
carreteras, vías férreas, etc.) mediante
concesión es regulado por el
anteriormente citado Texto Único
Ordenado de las Normas con Rango de
Ley que Regulanla Entrega en Concesión
al Sector privado de las obras públicas
de infraestructura y de servicios
públicos, aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 059-96-PCM y su
respectivo reglamento, disposiciones
que, como acabamos de referir, también
se utilizan para los procesos de
concesión de servicios públicos
(telefonía móvil, saneamiento, etc.),
siempre que el respectivo procedimiento
de selección no esté regulado por leyes
especiales y/o que se encargue la
realización del proceso de promoción a
PROINVERSION.
Al respecto, llama la atención que
el artículo 3º del Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 060-96-
PCM defina a la concesión como un acto
administrativo, porque, a diferencia de
las concesiones que se otorgan en
materia de recursos naturales que
principalmente se materializan en un acto
administrativo y no en un contrato o, de
las concesiones en servicios públicos de
electricidad que se expresan en actos
administrativos, aunque pueden
formalizarse en contratos, todas las
concesiones que se otorgan bajo el
marco citado se formalizan mediante un
contrato, porque los procedimientos
administrativos de selección utilizados
para determinar el adjudicatario
(licitaciones o concurso de proyectos
especiales) concluyen en un acto
administrativo que determina al postor
ganador de la buena pro, pero que no
tienen en sí carácter jurídico de conce-
sión, la que necesita ser formalizada en
el respectivo contrato.
Es importante tener presente que en
el proceso de promoción de concesiones
en materia de infraestructura entran en
juego los siguientes actores:
PROINVERSION, como el organismo
promotor de la inversión privada del
Gobierno Nacional, que tiene a su cargo
diseñar y conducir el proceso,
en especial los procedimientos
administrativos para determinar el
postor que obtendrá la concesión, lo que
implica establecer las bases, absolver
consultas, elaborar el respectivo
proyecto de contrato de concesión que,
por mandato legaF6
, debe ser sometido
a opinión del respectivo organismo
regulador y finalmente determinar la
26
Ley Nº 27701 que establece disposiciones para garantizar la concordancia normativa entre los procedimientos de
privatización y concesiones con la legislación regulatoria.
REVISTA DE DERECIIO ADMINISTRAriVO
25
COA

26
COA
mejor oferta que resultará adjudicataria.
Suscriben el respectivo contrato de
concesión, por parte del Estado EL
CONCEDENTE, que, en el caso de obras
públicas de infraestructura de transportes,
generalmente es represen-tado por el
Ministerio de Transportes y
Comunicaciones como titular de las
respectivas infraestructuras que tienen
carácter de bienes de dominio público,
y, por la otra, el CONCESIONARIO,
que, en muchos casos, se obliga a
constituir una empresa dedicada
específicamente a gestionar la
concesión otorgada. Pero también es
importante la participación del
ORGANISMO REGULADOR, que en
el caso específico de las concesiones de
infraestructura de transporte de uso
público se le conoce por sus siglas
OSITRAN, porque si bien no forma
parte del contrato de concesión por
mandato legal tiene a su cargo la
supervisión del cumplimiento de los
compromisos derivados de dicho
contrato y ejerce un conjunto de
potestades sobre el mismo que será
objeto de análisis en la siguiente sección
de este trabajo27
Las concesiones pueden otorgarse
bajo alguna de las siguientes
modalidades28
:
A.-Concesión a título oneroso.- A través
de esta modalidad el Estado impone al
concesionario, en contraprestación por
la cesión de la explotación o la
ejecución de la respectiva infraestru-
ctura, el pago de una determinada
contribución en dinero o una
participación sobre sus beneficios a
favor del Estado;
B.- Concesión a título gratuito.- El Estado
otorga la concesión sin cobrarle
concepto alguno al concesionario.
C.- Concesión cofinanciada por el Estado.-
A través de esta modalidad, el Estado
se encarga del financiamiento
(subvención) parcial de las inversiones
que demandará al concesionario la
ejecución de la obra o la explotación
de la misma. Esta modalidad de
concesión se utiliza para concesiones
de infraestructura que demandan
inversiones elevadas y que los estudios
técnico - económicos de tráfico y/o
demanda demuestran que no pueden
ser financiados sólo con el cobro que
realice el concesionario a los usuarios
de la misma (peajes, etc.), pero que
debido al interés público en la
realización de la obra, el Estado
considera conveniente asegurar su
realización participanda en el
financiamiento. En los casos que el
cofinanciamiento otorgado por el
Estado involucre el otorgamiento de
fianzas, avales y garantías que en
cualquier forma comprometa su
crédito o capacidad financiera, por
mandato del literal 1) del artículo 22º
de la Ley Nº 27785 debe requerirse la
opinión previa de la Contraloría
General de la República sobre el
respectivo proyecto de contrato de
concesión.
D.-Concesión Mixta.- Cuando concurran
más de una de las modalidades
señaladas.
Conforme al artículo 15º del marco
17
Analizan el régimen de concesiones: Diego ZEGARRA VALDIVIA. "Concesión adminjstraúva e j¡¡jcíaúva púvada ·:
En: Them1s Nº 39: Lima,, 1999, p. 99 y Andr~s,GÓMEZ DE LA TORRE BARRERA. "Concesión de obras públicas,
6PromoVJendo la mverswn pnvada en el Pem?. En: Revista Ius et Veritas Nº 22, Lima, p. 73.
'" Informe. Edición Especial de Derecho Administraúvo de diciembre de 1998 del Estudio Benites, Mercado & u, az
abogados, p. 87. 'g.
REVISTA DE 0FRECIIO ADMINISTRATIVO

legal respectivo, la determinación de la
modalidad de concesión a convocar
deberá decidirla PROINVERSION
tomando en consideración los siguientes
criterios: la necesidad de la ejecución de
la obra; la amortización de los costos que
demande la ejecución de la obra y la
amortización de los gastos de
conservación y de explotación que
demande la obra.
El régimen legal de las concesiones de
infraestructura se diversifica en el caso de
las que corresponden al ámbito de
competencia de los gobiernos regionales
y locales, no sólo porque las respectivas
leyes de organización de tales niveles de
gobiernos descentralizados contienen
preceptos, la mayor parte de las veces
inconexos con las leyes nacionales que
regulan la materia29
, sino porque inclusive
varias municipalidades importantes han
dictado sus propias normas para regular
los procesos de promoción de la inversión
privada a través concesiones en sus
respectivas circunscripciones mediante
ordenanzas30
•
En dicho contexto, la Ley Nº 28059
Marco de Promoción de la Inversión
Descentralizada y su reglamento
aprobado mediante Decreto Supremo Nº
015-2004-PCM constituyen un sano
intento, aunque n(:) completo, de
establecer normas comunes para los tres
niveles de gobierno (nacional, regional
y local), en materia de concesiones y de
otras formas de participación del capital
privado en proyectos públicos. La citada
ley y su reglamento recogen e integran
un conjunto de disposiciones ya
presentes en el ordenamiento jurídico
nacional en materia de promoción de la
inversión privada y tiene como principal
novedad el reconocimiento de la
posibilidad que los interesados puedan
presentar ante las autoridades
competentes iniciativas privadas para
realizar proyectos de inversión en
servicios u obras públicas.
Sin embargo, consideramos que la
dispersión normativa existente en
materia de promoción de la inversión
privada que utiliza la técnica con-
cesional perjudica enormemente la
efectividad de los procesos de
promoción privada en obras o servicios
públicos, principalmente a nivel de los
gobiernos descentralizados (regionales y
locales) cuyo principal objetivo es la
promoción del desarrollo de sus
circunscripciones.
Es indispensable que en el futuro se
apruebe un nuevo régimen que compile
y modernice en un solo cuerpo legal las
normas que actualmente constituyen el
marco para los tres niveles de gobierno
en materia de promoción de la
inversión privada y no como sucede
actualmente en que coexisten varias
29
Ley Nº 27783 de Bases de la Descentralización: Art.. 35o d) y 37º; Ley Nº 27867 Orgánica de Gobiernos Regionales: Art.
34°; Ley N9 27972 Orgánica de Municipalidades: Art. 99 , 18); 2Üº, 24) y 25); 339 ; 59'>; 6So y 669 ; 69, 8) y 11); 799 , 2.1); 809 ,
2.1) y 4.1); y 81°, 1.4), 1.7) y 1.9).
30
Tal es el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima que ha creado su propio marco legal para los procesos de
concesión en su ámbito, el que esta recogido en el 'Texto Único Ordenado del Reglamento de las Inversiones Privadas
en Obras Públicas de Infraestructura y de Servicios Públicos Locales para la Provincia de Lima" aprobado mediante
Decreto de Alcaldía N9 166 de 16 de diciembre del 2002. Varias otras municipalidades se han dotado también de su
propio régimen legal sobre la materia pero la mayor parte de las veces copiado de la legislación nacional, lo que hace
pensar en la inutilidad de su creación. Sin embargo las municipalidades pueden realizar convenios con PROINVERSION
para encargarle la realización de procesos de concesiones, caso en el cual se aplican las normas del TUO aprobado
mediante Decreto Supremo Nº 059-96-PCM.
REVIS lA DE DERECHO ADMINISTRATIVO
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normas que se aplican sobre una misma
materia31
• Para promover la inversión
se requiere contar con un marco legal
que otorgue certeza y seguridad jurídica
al inversionista a la hora de evaluar la
viabilidad y riesgos existentes al
momento de invertir y que no le genere
costos de transacción que encarezcan
innecesariamente la operación o la
desalienten.
Recapitulando, el ordenamiento
jurídico peruano carece de un régimen
unitario en materia de concesiones.
Predomina le legislación sectorial en
concesiones de recursos naturales y de
servicios públicos y aunque en el caso
de concesiones de infraestructura se
manifiesta alguna tendencia hacia la
concordancia e integración a nivel de la
legislación nacionaP2
, sin embargo, la
legislación dispersa sobre la materia,
agravada por las normas que han dictado
algunas municipalidades para los
procesos de promoción de la inversión
privada en obras o servicios públicos de
sus respectivas circunscripciones,
perjudica los objetivos propuestos.
Las concesiones que se otorgan para
la explotación de recursos naturales por
regla general se materializan en actos
administrativos que no se formalizan en
contratos, a excepción de las concesiones
en recursos forestales en que los
contratos de concesión se suscriben
sobre la base de un formato de contrato
aprobado administrativamente. La regla
inversa se presenta en materia de
concesiones de servicios públicos, en que
todas las concesiones que otorga el
Estado se materializan en un contrato,
con la singularidad que en el caso
eléctrico las normas sectoriales
establecen que la concesión se
materializa en un acto administrativo
que luego puede formalizarse en un
contrato. Tratándose de infraestructura
pública, aunque la ley de la materia
define a la concesión como un acto
administrativo, todas las concesiones se
materializan en un contrato. La razón
de la preferencia porque la concesión
se materialice o formalice en un contrato
estriba en la mayor seguridad jurídica
que se estima generará para el
inversionista determinar con precisión
sus derechos y obligaciones en un
documento que sea vinculante al Estado
en su carácter de concedente.
El otorgamiento de concesiones en
servicios de telecomunicaciones y
electricidad no siempre está precedido
de un procedimiento público, compe-
titivo, de selección de postores
(licitación, concurso, etc.), porque la
31
Nos referimos al citado TUO de las Normas con Rango de Ley que Regulan la entrega en concesión al sector privado de
las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos aprobado mediante Decreto Supremo No 059-96-PCM; el
Decreto Legislativo Nº 674 Ley de Promoción de la Inversión privada para las empresas del Estado; el Decreto Legisla-
tivo Nº 757 Ley marco para el c~cimiento de la inversión privada; el Decreto Legislativo Nº 662, Régimen de estabi-
lidad jurídica para la inversión extranjera; la Ley Nº 28059 Marco de promoción de la Inversión Descentralizada, los
dispositivos pertinentes anteriormente citados de las leyes orgánicas de regiones y de municipalidades, las leyes
modificatorias y complementarias de las citadas y sus respectivos reglamentos. El texto de las normas nacionales citadas
se puede revisar en: !Lttp;liwww.prainversion.gob.pe
32
Con la~ únicas excepciones de lá Ley Nº 27943 del Sistema Portuario Nacional y su Reglamento aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 003-2004-MTC que establecen algunas reglas especiales para los procesos de promoción de la
inversión privada en infraestructura portuaria y de la Ley Nº 27782 y su reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo Nº 001-2003-MINCETUR que tienen por objeto el desarrollo de proyectos de inversión privada en la activi-
dad turística en la zona del denominado Proyecto Playa Hermosa- Tumbes.

legislación sectorial de la materia sólo lo
requiere en determinadas situaciones,
como en el régimen eléctrico que sólo
exige convocar al procedimiento de
subasta cuando se presenta concurren-
cia de solicitudes respecto de una misma
área de concesión. Sin embargo, la
experiencia demuestra que cuando
se encarga a PROINVERSION la
realización de los procesos de promoción
de la inversión privada en algunos
servicios públicos mediante concesiones,
como ha sucedido con la entrega en
concesión de una banda para telefonía
móvil o la entrega en concesión de
los servicios de saneamiento en
determinadas provincias, se convocan a
selección aplicando las normas
establecidas en el TUO de las normas
con rango de ley que regulan la entrega
en concesión al sector privado de las
obras públicas de infraestructura y de
servicios públicos aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 059-96-PCM y su
respectivo reglamento, aunque una vez
otorgadas las respectivas concesiones de
servicios públicos se sujetan a sus
respectivos marcos legales.
Las concesiones de infraestructura
pública, por regla general, se otorgan
previa realización de un procedimiento
administrativo de selección (licitación o
concurso de proyectos especiales),
sujeto a reglas de transparencia, libre
competencia, igualdad de postores, etc.
Pero como el régimen de explotación de
dichas infraestructuras (carreteras,
aeropuertos, vías férreas, etc.)
tradicionalmente ha carecido de un
marco legal específico que establezca las
reglas de la actividad, porque en la etapa
previa al proceso de concesiones
probablemente se han entendido
REVISlA OE DERECHO AOMINISTRAIWO
suficientemente garantizados los
intereses públicos mediante la adminis-
tración de las infraestructuras a cargo de
empresas estatales, el respectivo
contrato de concesión en los hechos
contiene el marco regulatorio de las
actividades a cargo del concesionario
que serán objeto de supervisión por
parte de OSITRAN en su rol de
organismo regulador en la materia. La
excepción a esta regla lo constituyen el
régimen legal de la actividad portuaria
de relativamente reciente expedición,
que establece la regulación aplicable a
las actividades y servicios que se
realicen en o utilicen las infraestructuras
portuarias.
2. 3 El régimen de los contratos leyes.
Como ha sido reseñado anterior-
mente, en el ordenamiento jurídico peruano
los contratos-leyes constituyen un
instituto consagrado constitucionalmente
(Art. 62º) que se funda en la necesidad del
Estado de promover la inversión de capital
privado en los distintos sectores de la
economía del país, mediante los cuales el
Estado otorga a los ca-contratantes
determinadas seguridades jurídicas que
implican reconocerles un estatuto jurídico
particular, convirtiendo en inalterables las
reglas jurídicas vigentes al momento de
suscripción del contrato, de tal suerte que
aún fueren modificadas o derogadas, dichas
reglas, durante las vigencia del contrato por
actos del Estado en general (especialmente
los legislativos), no le serán aplicables .
En ot~as palabras, el contrato - ley,
o también denominado convenio de
estabilidad jurídica, tiene por efecto la
ultraactividad del marco legal vigente a la
fecha de suscripción del convenio, su
consagración constitucional impide que el
Estado pueda modificar unilateralmente sus
29
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términos, incluyendo la vía legislativa33
•
ElTribunal Constitucional Peruano en
la sentencia que dictó con motivo del proceso
de inconstitucionalidad promovido por un
grupo de Congresistas cuestionando la
constitucionalidad del carácter de contrato-
ley que tiene el contrato de concesión de
Telefónica del Perú S.A. para la prestación de
los servicios públicos de telecomunicaciones
tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la
naturaleza y alcances de los contratos -leyes
señalando que34
:
"Por su propia naturaleza, a través del
contrato - ley, el Estado busca atraer
inversiones privadas (de capital) a fin de que
promuevan aquellas actividades que el
Estado considera que vienen siendo
insuficientemente desarrolladas, de acuerdo
con los planes y objetivos que se pueden
haber trazado en el diseño de la política
económica del Estado. Tienen como
contenido propiciar un marco de seguridad
a los inversionistas...". En opinión del
intérprete supremo de la Constitución en
el Perú:
"Mediante el contrato - ley (... ) los
Estados han previsto fórmulas
contractuales mediante las cuales se ha
otorgado a los ca-contratantes ámbitos
de seguridad jurídica, a fin de favorecer la
inversión privada dentro de sus
economías".
Existen dos regímenes legales de
contratos-ley: el que podemos denominar
régimen general y varios regímenes
especiales. El primero, el régimen general,
está contenido en el Decreto Legislativo Nº
662 "Ley de Promoción de la Inversión
Extranjera" y en el Decreto Legislativo Nº
757 "Ley Marco para el crecimiento de la
inversión privada", ambos reglamentados
por el Decreto Supremo Nº 162-92-EF
"Reglamento de los Regimenes de Garantía
de la Inversión Privada". Conforme a este
régimen general para acceder a la
suscripción de un convenio de estabilidad
jurídica los inversionistas deberán efectuar
como mínimo aportes dinerarios canaliza-
dos a través del sistema financiero nacional,
al capital de una empresa establecida o por
establecerse, o formalizar inversiones de
riesgo con terceros por un monto que no
sea inferior a US $ 1O millones para los
sectores de minería e hidrocarburos ni a US
$ 5 millones para los demás sectores35
• El
respectivo contrato - ley le garantizará al
inversionista y, en algunos casos, a la
empresa receptora de la inversión, la
intangibilidad del marco legal de
determinados regimenes que involucran
materias tributarias, laborales y otros36
• Los
montos mínimos de inversión indicados son
de aplicación también a las empresas que
33
Han trabajado el tema de los contratos-leyes: Diego ZEGARRA VALDIVIA. Elcontrato-ley. Los contratos de estabilidad
juridica. Gaceta Jurídica Editores, Lima, 1997; Antonio PINILLA CISNEROS. Los contratos- Ley en la legislación
peruana. Universidad de Lima. 1999; José Daniel AMADO y Luis MIRANDA. " La seguridadjuridica en la contratación
con elEstado: el contrato-ley'. En: Themis. No 33, Lima; Osear TRELLES DE BELAÚNDE. "El contrato administrativo,
elcontrato leyy los contratos de concesión de serviciospúblicos'. En Themis Nº 44, Lima, p. 237 y Jorge SANTISTEBAN
DE NORIEGA_Constitución, privatización y servicios públicos. El blindaje jurídico que protege a los contratos-ley en
elPenJ'. En: Homenaje a Jorge Avendaño. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima 2004, p. 577.
34
Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente Nº 005-2003-AI/TC de 3 de octubre del 2003 interpuesta por un
grupo de Congresistas de la República. El texto se puede revisar en: http://www,tcgob.pe/cgicbin!searchtout.cgi
35
Montos de inversión mínima establecidos por el artículo 2 de la Ley Nº 27342 de 1 de septiembre del 2000 que modifica
el artículo 11º del Decreto Legislativo Nº 662 sobre requisitos de inversión.
36
Las seguridades y garantías que el marco legal que denominamos general de los contratos - ley expresamente establece
comprende las siguientes materias: régimen tributario del impuesto a la renta; régimen de libre disponibilidad de

suscriban contratos de concesión. La
redacción de los respectivos contrato - ley
está predeterminado legalmente en el anexo
del citado reglamento.
Los regímenes legales especiales de los
contratos-ley son relativamente numerosos,
pero podemos clasificarlos en dos grupos: Los
regímenes que extienden el carácter de
convenio de estabilidad jurídica a otros
contratos y, en segundo lugar, los
regímenes legales que autorizan la
suscripción de contratos ley respecto de
determinadas actividades económicas.
El primer grupo en verdad está
integrado sólo por una norma legal: la Ley
Nº 26285 de desmonopolización progresiva
de los servicios públicos de telecomuni-
caciones que estableció en su artículo 3º que:
"Los contratos de concesión que celebre el
Estado para la prestación de servicios
públicos de telecomunicaciones tienen el
carácter de contrato - ley", en cuya virtud
la calidad de contrato - ley es otorgado al
contenido íntegro de los contratos de
concesión suscritos en la materia, lo que en
nuestro concepto comporta tanto la
estabilización de las cláusulas que
configuran dicha relación entre el Estado y
el concesionario, así como el marco
normativo que resulta de la aplicación de la
misma. El único contrato de concesión en
servicios públicos de telecomunicaciones
suscrito bajo este régimen que goza del
carácter de contrato-ley es el contrato con
la empresa Telefónica con motivo del
proceso de promoción de la inversión
privada en telecomunicaciones iniciado en
1994.
El segundo grupo de regímenes
especiales de convenios de estabilidad
jurídica está conformado por varias leyes
sectoriales de diversas actividades econó-
micas, que establecen reglas diferentes para
acceder a la suscripción de dichos
contratos-ley y cuyos alcances difieren en
parte del régimen general. Así sucede en la
actividad minera en que el TUO de la Ley
General de Minería en sus artículos 78º, 79º,
82º y 83º, establece requisitos mínimos de
producción para acceder a la garantía de
estabilidad jurídica respecto de materias
mas amplias que las previstas en el régimen
general, porque, por ejemplo comprende la
estabilidad de todo el régimen tributario
vigente al momento de suscribirse el tributo,
a diferencia del régimen general, que garan-
tiza sólo la estabilidad del régimen de un
determinado tributo.
El régimen de promoción de la
inversión privada en obras públicas de
infraestructura y servicios públicos
contenido en el TUO. aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 059 -96-PCM,
establece en su artículo 19º que los
concesionarios podrán acceder a la
suscripción de contratos leyes en garantía
de su inversión, los que tendrán el mismo
plazo de duración que la concesión y que a
diferencia del régimen general comprenden
también el régimen de recuperación
anticipada del Impuesto General a las Ventas
que permite a los inversionistas, bajo ciertas
condiciones, utilizar el crédito fiscal
derivado de sus compras antes de
comenzar a operar.
La Ley Nº 27782 del Proyecto Playa
Hermosa en su artículo 17º establece que
los inversionistas podrán suscribir contratos
divisas; derecho de libre remesa de utilidades, dividendos, capitales y otros ingresos; no discriminación; los regímenes de
contratación de trabajadores; los regímenes de promoción de exportaciones y en el caso específico de los contratos de
arrendamiento financiero la estabilidad total del régimen tributario.
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- ley en términos parecidos a los señalados
en el párrafo anterior para el régimen de las
concesiones de infraestructura en general,
sujetándose a los plazos y requisitos de
inversión previstos en los respectivos
contratos de concesión. El Reglamento de
la Ley General de Pesca en su artículo 119º
establece que las empresas que cuenten con
licencia para realizar actividades pesqueras
podrán acogerse al régimen general de los
contratos - leyes ampliando la garantía al
régimen legal de acceso a la actividad
pesquera y las materias propias del
ordenamiento legal pesquero.
Un régimen de contratos - ley que
no encaja en ninguno de los grupos
descritos es el establecido por el artículo
63º de la Ley Nº 26221 Orgánica de
Hidrocarburos que implícitamente asigna
carácter de contrato - ley a los contratos
de licencia o de servicios mediante los
cuales el Estado otorga autorización a
particulares para realizar actividades de
exploración y/o explotación de hidrocar-
buros, estableciendo que el Estado garantiza
a los suscriptores de los mencionados
contratos de licencia o de servicios el
carácter inalterable de los regímenes
cambiarlos y tributarios vigentes a la fecha
de su celebración. Idéntico régimen es
aplicado a las inversiones que se realicen
en plantas de procesamiento de gas natural
por mandato de la Ley Nº 28176 de
promoción de la inversión en las citadas
actividades, sumándose a la garantía el
régimen de recuperación anticipada del
Impuesto General a las Ventas.
Finalmente, es pertinente recordar
que la Ley Orgánica de Municipalidades, en
su artículo 4Üº, faculta a dichos órganos de
gobierno local a suscribir contratos- leyes
con los particulares que realicen inversiones
en el ámbito de su jurisdicción otorgándoles
seguridades exclusivamente respecto de los
tributos municipales, estableciendo que los
conflictos derivados de la ejecución de dichos
convenios de estabilidad serán resueltos
mediante arbitraje.
3. EL DERECHO PúBLICO y PRIVADO EN LOS
PRINCIPALES CoNTRATos EsTATALES.
Conforme a lo anunciado, en esta
parte final del presente trabajo,
realizaremos el análisis del régimen de los
principales contratos que celebran las
entidades administrativas en el ordena-
miento legal peruano, con el objeto de
determinar en qué medida o grado de
intensidad se manifiestan aspectos propios
del Derecho Administrativo en regímenes
legales que tienen por común denominador
no tomar de manera expresa partido por
la tesis que postula la diferenciación entre
contratos administrativos y contratos
estatales de derecho privado.
Como ha sido descrito a lo largo de
este trabajo, en el derecho nacional de los
contratos estatales peruanos no existe
determinación legal que diferencie entre
dos categorías de contratos, civiles y
administrativos, sin perjuicio de que muy
probablemente el análisis que vamos a
realizar pueda llevamos a concluir que los
contratos que celebra la Administración
Pública en el Perú puedan tener todos un
régimen mixto con participación del
derecho público y el derecho privado en
diferentes grados de intensidad.
Compartimos la opinión del
profesor argentino Agustín Gordillo
cuando señala que: "El régimen concreto
hay que buscarlo en el conjunto normativo
de cada contrato determinado e indivi-
dualizado, interpretado claro está
conforme a los principios generales del
derecho"37
, idea que recogemos y que
37
En: "Tratado de Derecho Administrativd'. Tomo 1, Parte general, 4ta. Edición, Fundación de Derecho Administrativo,
Buenos Aires, 1997, p. XI-21.

motiva esta tercera parte del_trabajo, que
servirá para determinar el grado de presencia
de elementos público- administrativos en los
principalesregímenes legales de la contratación
estatal, pese a que importantes componentes
de los contratos del Estado puedan sujetarse
a reglas de derecho privado.
3.1. Los contratos regulados por la ley
de contrataciones y adquisiciones
del estado.
La LCAE, que regula exclusivamente
las adquisiciones de bienes y servicios,
suministro, consultoría y ejecución de obras
y cuyas normas son de aplicación por todas
las entidades del Estado, no recoge
un concepto especial de contrato adminis-
trativo que obligue a distinguir nítidamente
entre contratos de derecho administrativo
y los contratos estatales "de derecho
privado" sometidos a la rama del derecho
correspondiente. A diferencia de otros
ordenamientos, como el español, cuyas
leyes determinan en forma expresa que
modalidades contractuales son consideradas
"administrativas" y cuales son "privadas", la
LCAE prescinde de realizar diferenciaciones
en función de las mencionadas categorías
en beneficio de una regulación general de
la contratación estatal de adquisiciones y
obras, en la que claramente se enfatiza la
regulación de los procedimientos adminis-
trativos que forman la voluntad de las
entidades administrativas para contratar y
que permiten determinar al adjudicatario
con el que se suscribirá el respectivo
contrato (etapa precontractual).
En este punto conviene resaltar la
importancia de la regulación de la fase de
adjudicación o IN FIERI que implica la
realización de procedimientos administra-
tivos (licitaciones, concursos, etc.) sujetos a
las reglas propias del ordenamiento
jurídico-administrativo, en cumplimiento
del artículo 76º de la Constitución peruana
que dispone la obligación de las entidades
estatales de sujetarse a los procedimientos
administrativos de adjudicación que
establezcan las leyes respectivas, con la
finalidad de asegurar la utilización eficaz de
los recursos públicos y de promover la libre
concurrencia de los postores, s1n
discriminación.
Al respecto, la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional peruano ha
interpretado y precisado los alcances del
precepto constitucional citado, otorgándole
preponderancia a los aspectos públicos de
la contratación estatal sometida al régimen
de la LCAE. A continuación reseñaremos
los principales fundamentos de la sentencia
recaída en el proceso de inconstitu-
cionalidad que fuera interpuesto contra la
Tercera Disposición Final de la Ley Nº 27635
que estableció para las entidades
administrativas de salud la obligación de
realizar las adquisiciones de sus
medicamentos mediante el mecanismo de
la Bolsa de Productos38
•
En opinión del Tribunal Constitu-
cional: "La contratación estatal tiene un
cariz singular que lo diferencia de cualquier
acuerdo de voluntades entre particulares, ya
que al estar comprometidos recursos y
finalidades públicas resulta necesaria una
especial regulación que permita una
adecuada transparencia en las operaciones"
(FFJJ Nº 11).
Dice el citado órgano jurisdiccional,
que cumple las funciones de intérprete
supremo de la Constitución, acerca del
38
Sentencia del Tribunal Constitucional EXP: Nº 020~2003~AI!TC de 17 de mayo del2004, cuyo texto se puede revisar en:
http://www.tc.gob.pe/cgi- bin/searchtout.cgi
REVISTA DE DERI'CIIO ADMINISTRATIVO
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artículo 76º de laConstitución que: "La función
constitucional de esta disposición es
determinar y, a su vez, garantizar que las
contrataciones estatales se realicen
necesariamente mediante un procedimiento
peculiar que asegure que los bienes, servicios
u obras se obtengan de manera oportuna,
con la mejor oferta económica y técnica, y
respetando principios tales como la
transparencia en las operaciones, la
imparcialidad, la libre competencia y el
trato justo e igualitario a los potenciales
proveedores. En conclusión, su objeto es
lograr el mayor grado de eficiencia en las
adquisiciones o enajenaciones efectuadas
por el Estado, sustentado en el activo rol
de los principios antes señalados para evitar
la corrupción y malversación de fondos
públicos" (FFJJ Nº 12).
Para el Tribunal Constitucional el
precepto constitucional citado tiene como
finalidad específica establecer la
obligación de que en toda adquisición por
parte del Estado rijan los principios
consagrados de manera implícita o que
subyacen en la Constitución, de (i)
eficiencia y transparencia en el manejo de
recursos; (ii) la imparcialidad y (iii) el trato
justo e igualitario frente a los postores,
con el objeto de resguardar el buen uso
de los recursos públicos, para lo cual
señala que "( ... ) no sólo basta un
procedimiento especial de adquisición,
sino que, además, resulta necesario un
rígido sistema de control y fiscalización,
tanto a nivel de la propia entidad
adquirente (control previo), como en el
máximo órgano de control, a cargo de la
Contraloría General de la República
(control posterior)" (FFJJ Nº 15).
Como se puede observar, el Tribunal
Constitucional peruano enfatiza la
importancia de los principios que considera
subyacentes en el artículo 76º de la
Constitución para garantizar la transparen-
cia e imparcialidad en las negociaciones y
adquisiciones del Estado. Dichos principios,
que han sido glosados en la sección anterior
de este trabajo, están desarrollados en el
artículo 3º de la LCAE y despliegan sus
efectos casi exclusivamente en la etapa
precontractual o IN FIERI de la
contratación estatal, a través de los
procedimientos administrativos de selec-
ción, cuya tramitación no se realiza en
ejercicio de una libertad contractual ni
asumiendo el carácter de titular de ninguna
autonomía de la voluntad propiamente
dicha, porque, como en el ejercicio de
cualquiera de sus otras potestades públicas,
se encuentran positivamente vinculadas al
ordenamiento jurídico-administrativo
respectivo39
•
La sentencia del Tribunal Consti-
tucional glosada no deriva directamente del
precepto constitucional citado, la existencia
de potestades exorbitantes tampoco, por lo
que se le debe asignar necesariamente un
rol preponderante al Estado en las
relaciones jurídicas derivadas de la
contratación administrativa para la
adquisición de bienes o servicios y la
contratación de obras, lo cual obviamente
no impide que la legislación de desarrollo,
en atención al mayor o menor grado de
trascendencia que se les asigne a los fines
públicos en juego, pueda otorgar ciertas
prerrogativas a favor de la Administración
Pública dentro de una relación contractual,
para que pueda incidir en el contenido de
N José Luis MARTÍNEZ- LÓPEZ MUÑIZ-, -''Naturaleza de los contratospúblicosala luz del derecho español, su fimdamento
y sus consecuenciaS", Op. Cit.., p. 857.
REVISTA DE DEREcHo AoMINISTRAnvo

dicha relación bilateral, fundado en la
protección del interés público. En nuestra
opinión, para que dichas posibles prerroga-
tivas sean constitucionalmente legítimas
requieren ser establecidas expresamente en
las normas legales pertinentes, fundarse en
obvias razones de interés público y sólo
pueden consagrarse cuidando de preservar
los principios de equilibrio, razonabilidad
y proporcionalidad, y prohibición de la
arbitrariedad de la Administración.
Como se ha señalado anteriormente,
a diferencia de las leyes de otros países que
consagran la existencia de un régimen
especial de contrato administrativo, la
LCAE no contiene precepto alguno que
establezca una relación de prerrogativas o
potestades expresamente calificadas como
exorbitantes a favor de las entidades
administrativas contratantes, es decir, que
constituyan poderes unilaterales frente a la
contraparte privada.
En este punto, es importante
distinguir entre prerrogativas y derechos de
la Administración Pública en los contratos
que celebre con particulares, porque los
derechos constituyen las exigencias que una
de las partes del contrato tiene frente a la
otra parte contratante, que tienen su origen
en la propia relación contractual, y por tanto
su ejercicio no supone privilegio alguno. En
cambio la prerrogativa es el poder unilateral
atribuido a la Administración dentro de una
relación contractual que le permite incidir
en el contenido de la relación contractual,
asumiendo una posición prevalente40
.
Tomando estos conceptos, nos parece claro
que el establecimiento y la exigencia de
ejecución de penalidades y garantías por
el incumplimiento de obligaciones durante
la ejecución del contrato constituye un
derecho de la Administración Pública
contratista, derivado de la propia naturaleza
del contrato, aunque en la LCAE el régimen
de los citados derechos esté legalmente
predeterminado, mientras que la imposición
de sanciones administrativas constituye el
ejercicio de una prerrogativa de carácter
público que no encuentra su origen en la
relación contractual.
Anteriormente hemos llamado
varias veces la atención acerca del énfasis
puesto por la LCAE en la regulación de los
procedimientos administrativos de selec-
ción de contratistas (etapa precontractual).
La citada norma regula someramente, a
través de su reglamento, algunos aspectos
de la etapa contractual o también conocida
como IN FACTO ESSE
En cuanto al contenido del contrato
estatal el artículo 201º del Reglamento de
la LCAE se establece que está conformado
tanto por el documento que lo contiene,
como por las Bases integradas y la oferta
ganadora, así como por los demás
documentos derivados del respectivo
procedimiento administrativo de selección
que establezcan obligaciones para las partes
y siempre que hayan sido señalados
expresamente en el contrato. En cuanto a
las normas que lo regulan, a diferencia del
artículo 40º del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública
de Colombia aprobado por Ley Nº 80 de
1993, que remite expresamente a "(...) las
normas civiles, comerciales y las previstas
en esta ley, (que) correspondan a su esencia
y naturaleza", el precepto peruano citado
dispone que los contratos suscritos bajo el
régimen de la LCAE se regulan por el Título
40
Ideas tomadas de: Joaquín TORNOS MAS. ''Derechosy obHgaciones del concesionarioy prerrogativasdela administración
concedente. (Art. 242° a 2449 y 249º a 252°)" En: Rafael GÓMEZ - FERRER MORANT. Comentarios a la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas. Tomo II: Thomson- Civitas. Madrid 2004. p. 1246.
REVISTA IJE DERECIIO ADMINISTRATIVO
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V del Reglamento dedicado especialmente a
la "Ejecución Contractual", que contiene una
sección especial dedicada al contrato de obras
y que: "(...) En todo caso, son de aplicación
supletoria las normas del Código Civil".
Como se puede observar, en el
ordenamiento que rige las adquisiciones del
Estado Peruano, los contratos que se
celebren se regulan en primer lugar por las
normas especiales que establezca la
regulación administrativa de la materia y
sólo supletoriamente por el Código Civil.
El reglamento de la LCAE no ha
establecido como una prerrogativa de las
entidades administrativas contratantes la
posibilidad de resolver unilateralmente los
contratos por razones de interés público,
porque el artículo 224º más bien permite a
cualquiera de las partes resolver el contrato
por un hecho sobreviviente a la suscripción
del mismo, pero condicionado a que se
encuentre previsto expresamente en las
Bases, en el contrato o en el Reglamento,
cuyo artículo 225º que establece las causales
de resolución no lo contempla. En cualquier
caso, si se resolviese arbitrariamente el
contrato, el artículo 227º establece que la
parte perjudicada puede controvertir la
decisión en la vía arbitral y exigir el
reconocimiento de la respectiva
indemnización por los daños y perjuicios
irrogados. En el caso de contratos de obras
el artículo 267º establece que cuando la
resolución sea por causa atribuible a la
entidad contratante, deberá reconocérsele
al contratista el cincuenta por cien (50%)
de la utilidad prevista, calculada sobre el
saldo que se deja de ejecutar.
No se ha previsto con carácter
general la prerrogativa deUUS VARIANDI
o modificación unilateral de los contratos
por razones de interés público, salvo que se
presenten situaciones que en las
adquisiciones de bienes y servicios
determinen la necesidad de disponer la
ejecución de prestaciones adicionales, para
lo cual la entidad administrativa contratante
deberá contar con la asignación presupuesta!
correspondiente para pagar al contratista el
costo de los adicionales, pero también puede
suceder que la entidad contratante disponga
la reducción de las prestaciones hasta el
quince por ciento (15%) del monto del
contrato, caso en el que el contratista
reducirá proporcionalmente las garantías que
hubiere otorgado (Art. 231º). Tratándose
de contratos de obra se permite que se
disponga la realización de obras adicionales
siempre que se cuente con la disponibilidad
presupuesta! para sufragadas y que no
superen el quince por cien (15%) del monto
del contrato original, porque de lo contrario,
en caso se requiera la realización de obras
adicionales por un monto quince por cien
(15%) superior al monto del contrato
adicional, aparte de disponer de recursos
financieros para su ejecución y pago es
requisito indispensable contar con
autorización expresa de la Contraloría
General de la República, cuya decisión por
mandato legal no es susceptible de ser
discutida en sede arbitral (Arts. 265º y
266º).
Una prerrogativa que el ordena-
miento jurídico reconoce a la adminis-
tración pública contratante en los
contratos de obra es la medida de
intervención económica de la obra, que
está regulada por el artículo 264º del
Reglamento y entre otros casos opera en
la situación de incumplimiento de las
obligaciones contractuales que a juicio de
la entidad contratante no permitan la
terminación de los trabajos. La intervención
económica de la obra es una medida que se
adopta por consideraciones de orden técnico
y económico con la finalidad de culminar la
REVISTA m: DERECHO ADMINISTRAIIVO

ejecución de los trabajos sin llegar al
extremo de resolver el contrato. Dicha
medida se justifica en la idea de que los
contratos administrativos deben ser
cumplidos por el interés público que está en
juego. La nota distintiva es que se sustituye
al contratista por la propia entidad
administrativa contratante por cuenta y
riesgo del contratista incumplidor. La
intervención económica no deja al
contratista al margen de su participación
contractual, incluyendo los derechos y
obligaciones correspondientes. Le
corresponde al contratista afrontar la
totalidad de los mayores gastos y daños
que ocasiones la realización por parte de la
Administración en forma directa de la obra.
Sólo si el contratista rechaza la intervención
económica, el contrato de obra quedará
resuelto.
Otra prerrogativa de carácter
indudablemente público que consagra el
régimen de la LCAE es la potestad para
aplicar sanciones administrativas como
consecuencia del incumplimiento de sus
obligaciones por parte del contratista
privado. Esta potestad sancionadora sobre
el contratista en falta no está conferida a
todas las entidades administrativas
contratantes, sino concentrada en el Tribu-
nal de Contrataciones y Adquisiciones que
forma parte de CONSUCODE, lo que
permite mejorar el nivel de predictibilidad
en la interpretación y aplicación del régimen
legal pertinente (Art. 294º).
La sanción prevista para los
infractores es la de inhabilitación para
contratar con el Estado por un período de
entre tres (03) meses y dos (02) años, según
la gravedad de la infracción. Como se puede
apreciar, la sanción administrativa aplicable
al contratista que incurre en infracción
derivada del incumplimiento injustificado
de sus obligaciones tiene un alcance
notablemente mayor que si fuera aplicada
sólo por la entidad administrativa
contratante, porque impide que el
contratista infractor pueda contratar con
cualquier entidad del Estado por el plazo de
la sanción.
El artículo 302º del Reglamento
establece un conjunto de criterios que
operan al momento que el Tribunal de
Contrataciones y Adquisiciones de
CONSUCODE debe graduar la sanción a
imponer, tomando en cuenta: la naturaleza
de la infracción, la intencionalidad del
infractor, el daño causado, la reiterancia,
etc., criterios que, de ser evaluados por el
citado tribunal administrativo, podrían
disminuir la sanción a imponerse hasta
límites inferiores al mínimo fijado para cada
caso, cuando se considere que existen
circunstancias atenuantes de la responsa-
bilidad del infractor.
Terminado el recuento de elementos
de carácter administrativo en la LCAE que
regula el régimen de adquisiciones por parte
de las entidades administrativas en el Perú,
que ha permitido apreciar como es que a
pesar que la citada la ley no efectúa
distinción entre contratos administrativos
y contratos estatales de derecho privado, se
ha podido comprobar que existen algunas
prerrogativas otorgadas a las entidades
estatales que pueden incidir durante el
desarrollo de la relación contractual, y no
sólo en la etapa precontractual donde es
claro que rige exclusivamente el derecho
público, es importante recordar que todas
las controversias que se susciten durante la
ejecución de los contratos de adquisición
por el Estado por expreso mandato legal se
deben dilucidar en vía arbitral.
A diferencia de otros países en los
cuales las veces que se han resuelto
controversias entre el Estado y los
37
CDA

38
COA
particulares, con los que mantiene vínculo
contractual, la jurisprudencia de instancias
especializadas del Poderjudicialenla disciplina
administrativa han reforzado, o incluso
generado, la propia doctrina de la sustantividad
del contrato administrativo versus el contrato
privado del Estado, en el Perú la LCAE, a fin
de evitar que en caso de conflictos las partes
se perjudiquen por la tradicional lentitud en
resolver controversias por parte del Poder
Judicial, ha preferido que dichas controversias
generadas durante la fase contractual se
discutan mediante un proceso arbitral que se
regula por las reglas de la LCAE y su
reglamento y supletoriamente por la Ley
General de Arbitraje.
La experiencia ha demostrado que
la remisión de la solución de las
El Régimen de los Contratos Estatales en el P~-rú
que generalmente se expresan en actos
administrativos y sólo en algunos casos
se formalizan en contratos. La razón de
la preferencia por la formalización
contractual de la concesión versus las
concesiones que sólo se materializan en
un acto administrativo la encontremos en
la afirmación del profesor español José
Luis Meilán Gil según el cual: "La
Administración ha tenido a lo largo de la
historia una posición más fuerte frente al
particular cuando utiliza el acto que
cuando acude al contrato. Cuenta en
aquel caso con mayo ámbito de libertad,
aunque esté sometida al principio de
legalidad y deba respetar los derechos de
los particulares".
En nuestro ordenamiento se ha
controversias contractuales a la vía arbitral preferido la formalización de las
que realiza la LCAE potencia los elementos
privados de los respectivos contratos,
porque el arbitraje es un proceso que no se
sujeta a las singularidades del proceso
contencioso administrativo, porque en la
composición de los respectivos tribunales
arbitrales predominan los especialistas en
derecho privado y los laudos que se emiten
por mandato legal tienen carácter reservado
por lo que no generan jurisprudencia que
pueda servir de referencia para otros casos.
3.2. Los contratos de concesión de
servicios públicos.
Como se ha podido observar en las
secciones anteriores de este trabajo, las
concesiones para la prestación de servicios
públicos, por regla general, se materializan
en contratos, a diferencia de las concesiones
para la explotación de recursos naturales
concesiones para la prestación de servicios
públicos mediante un contrato porque se
considera que otorga en mayor medida
fuerza vinculante a los compromisos
asumidos por la entidad estatal concedente
con el particular ca-contratante.
A diferencia del régimen de
adquisiciones del Estado, por regla general
no siempre se realiza un procedimiento
administrativo de selección para otorgar
concesiones en servicios públicos. Se
convoca a un procedimiento de adjudica-
ción en los casos en que la prestación del
servicio implica la necesidad de utilizar un
bien de dominio público o recurso natural
escaso41
, como sucede con las bandas de
telefonía móvil, o cuando el servicio público
se presta en condiciones poco competitivas
o de monopolio natural, como sucede con
las concesiones del servicio público de
41
Los Lineamientos de política de apertura del mercado de telecomunicaciones en el Perú aprobados mediante Decreto
Supremo No 020-98-MTC de 4 de agosto de 1998, establecen que la política de acceso debe: "Utilizar mecanismos
competitivos (subastas o concursos) para la asignación del espectro, cuando la disponibilidad de frecuencias limita el
número de operadores de un servicio y haya mas demanda que oferta del espectro" (20.c).
REVIS'IA DE DERlCHO ADMINISIRAIIVO

Jorge Danós Ordói'íez
saneamiento, o cuando el inversionista
interesado solicita el otorgamiento de una
concesión y se genera un interés concurrente
de otros privados, en tal caso las normas
obligan a las entidades administrativas
receptoras de la solicitud de concesión a
convocar a procedimientos de licitación o
subasta.
La supervisión de los compromisos
contraídos por los concesionarios en los
contratos de concesión de servicios públicos
corresponde a los respectivos organismos
reguladores que, como ha sido referido
anteriormente, fueron creados durante la
última década del siglo XX como
consecuencia de la reorientación del papel
del Estado en la economía, claramente
inspirados en los modelos de los países
anglosajones, con el objeto de garantizar un
tratamiento técnico de la regulación y
supervisión de las actividades económicas
calificadas como servicios públicos, o que
se desarrollan en condiciones de monopolio
natural o poco competitivas y las que
requieren para su desarrollo la utilización
de redes e infraestructuras.
La Ley Nº 27331, Ley Marco de los
Organismos Reguladores y las leyes y
demás disposiciones reglamentarias especia-
les que disciplinan el régimen de los
organismos reguladores establecen el
conjunto de funciones y potestades de
respecto de la renegociación y renovación
del plazo de vigencia de los contratos de
concesión y para formular sugerencias sobre
el tema; también ejercen las potestades que
le pueden haber conferido de manera
expresa los respectivos contratos de
concesión; y están facultados para ejecutar
las penalidades previstas en los contratos
de concesión y de aplicar las sanciones
administrativas establecidas en el respectivo
ordenamiento sectorial o que los mismos
reguladores pueden hacer dictado en ejerci-
cio de la potestad normativa que se le ha
legalmente conferido.
Por regla general, los contratos de
concesión de servicios públicos n'O
contemplan prerrogativas o cláusulas
exorbitantes en favor de la entidad pública
que cumple el rol de concedente. Sin
embargo, a pesar de que para cada actividad
calificada legalmente como servicio público
existe un marco legal específico (ley y
reglamentos de desarrollo) que establece
gran parte de la disciplina de la actividad
(ley de telecomunicaciones, de concesiones
eléctricas, de saneamiento, etc.), los
Ministerios del sector, que hacen las veces
de concedentes, están facultados legalmente
para completar o desarrollar por vía
reglamentaria el marco jurídico de la
actividad, competencia de la que también
participan los organismos reguladores en la
carácter público (supervisora, reguladora, medida de sus atribuciones, en ejercicio de
normativa, fiscalizadora, de solución de
controversias entre empresas y de solución
de reclamos de los usuarios) que se les
atribuye para cumplir de la manera más
eficaz el objetivo de interés general que
constituye su cometido.
Los reglamentos internos de los
organismos reguladores les otorgan
facultades para emitir opinión previa
REVISTA DF DERECHO ADMINISTRATIVO
sus potestades normativas.
Puede suceder que en ejercicio de
otras funciones, como sucede con la
administración de los bienes de dominio
público,la entidad concedente esté facultada
para ejercer poderes que no se derivan
directamente del contrato de concesión,
pero que repercuten sobre éste. Así, ha
sucedido recientemente en relación con el
39
CDA

40
COA
pedido de una empresa concesionaria de
telefonía móvil que solicitó ser autorizada a
transferir la banda del espectro
electromagnético asignada con la finalidad de
proceder a la fusión con otra empresa. En este
caso, el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones en ejercicio de su rol de
administrador del espectro radioeléctrico,
y no de concedente de servicios públicos,
emitió una resolución aceptando la
transferencia de la correspondiente banda
pero condicionándola a la modificación del
respectivo contrato de concesión.
En el Perú, los únicos contratos de
concesión que tienen carácter de contrato
- ley son los contratos de concesión de la
empresa Telefónica del Perú S.A., lo que
tiene como consecuencia la estabilización
de las cláusulas que configuran la relación
concesional entre el Estado y el conce-
sionario, así como del marco normativo que
resulta de aplicación a la concesión vigente
a la fecha de suscripción del contrato.
El otorgamiento del carecer de
contrato ley a los citados contratos de
concesión obedeció a que el ingreso de
dicha empresa a las actividades de
prestación de los servicios públicos de
telecomunicaciones se produjo dentro de un
proceso complejo de promoción de la
inversión privada que implicaba -al tiempo
de sustituir al Estado en la titularidad de las
acciones de la empresa en tanto
concesionaria del servicio público- la
obligación del cumplimiento de determina-
das metas de inversión y expansión de la
red del servicio a corto y mediano plazo,
plasmadas en compromisos suscritos por la
empresa concesionaria. Frente al ingente
monto de la inversión involucrada, se imponía
la necesidad de conferir al inversionista un
marco jurídico estable que permitiese el
desarrollo de sus actividades, así como la
recuperación de lo invertido, en el plazo
previsto en el contrato de concesión.
Con motivo de la sentencia recaída en
el proceso de inconstitucionalidad, iniciado
porun grupo de parlamentarios contra dichos
contratos -ley, el Tribunal Constitucional
peruano ha señalado que42
:
"La concesión se desarrolla según
el régimen legal vigente y el contrato
acordado, cuyo objeto fundamental es
asegurar la eficiencia en la prestación del
servicio. La supervisión del cumplimiento
de los fines de la concesión está a cargo
de órganos autónomos creados por
ley, como OSIPTEL o INDECOPI. Estos
órganos están obligados a tutelar el
derecho de los usuarios, así como el
interés público, y para ello deben
controlar que la prestación del servicio se
realice en óptimas condiciones y a un
costo razonable, ello porque si bien la
concesión es un contrato que puede tener
un blindaje jurídico, el objeto fundamental
no es el lucro, sino el servicio, el cual debe
otorgarse con calidad, eficiencia y
continuidad, y siempre protegiendo la
seguridad, la salud pública y el medio
ambiente" (FFJJ Nº 41).
Una consecuencia importante del
carácter de contrato ley de las concesiones
de Telefónica del Perú S.A. es que algunas
de las controversias que se han suscitado
con motivo de actuaciones administrativas
de OSIPTEL, en ejercicio de potestades
públicas que le confiere la ley, han sido
materia de cuestionamiento por parte de la
42
Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente Nº 005-2003-AI/TC de 3 de octubre de 2003, citada en el pié de página
Nº 32.

empresa concesionaria envía arbitral, en el que
tenemos entendido se han tramitado varios
procesos en los que no se ha aceptado el
cuestionamiento de la competencia de los
tribunales arbitrales formulado por OSIPTEL,
entidad que ha sostenido la posición de que al
cuestionarse decisiones de una entidad
administrativa formalizadas en actos
administrativos la vía competente debería
ser el proceso contencioso administrativo y
no la arbitral.
3.3. Los contratos de concesión de
infraestructura pública.
El régimen legal que regula la materia,
contenido en el Texto Único Ordenado de
las normas con rango de ley que regulan la
entrega en concesión al sector privado de
las obras públicas de infraestructura y de
servicios públicos aprobado mediante
Decreto Supremo Nº 059-96-PCM y su
respectivo reglamento, no establece
prerrogativa alguna en favor de la entidad
pública concedente de un contrato de
concesión de infraestructura. El artículo 32º
del dispositivo citado establece en su inciso
d) que:
"El Estado podrá: (....) modificar la
concesión cuando ello resulte conveniente
de acuerdo al artículo siguiente", pero el
artículo 33º aclara que la posible
modificación del contrato deberá ser
acordada por las partes, lo que impide
cualquier decisión unilateral al respecto (ius
variand1).
Sin embargo, los dispositivos citados
remiten a los contratos de concesión el
posible establecimiento de previsiones que
no figuran legalmente. Así sucede con el
denominado "rescate" o resolución
unilateral de la concesión por el
concedente por razones de oportunidad
o conveniencia al interés público, mediante
los cuales el Estado recupera la
administración y explotación de la
infraestructura concedida, sin que haya
transcurrido el plazo pactado, que el
artículo 17º del marco legal lo contempla,
pero condicionado a que esté previsto en
el respectivo contrato de concesión y que
se estipule de manera expresa la
indemnización a que tendría derecho el
concesionario en caso el Estado haga uso
de la facultad anotada resolviendo el
contrato de concesión.
El regulador de las concesiones de
infraestructura pública del Gobierno
Nacional, OSITRAN, tiene conferido por
mandato del artículo 7º de la Ley Nº 26917
de su creación, un conjunto de potestades
que inciden directamente en los contratos
de concesión que, entre otros, comprende:
(i) la facultad de: "Interpretar los títulos en
virtud de los cuales las Entidades
Prestadoras realizan sus actividades de
explotación", es decir, la potestad de
interpretar los alcances de los contratos
de concesión que puede ser solicitado por
la entidad pública concedente, el propio
concesionario y los terceros legítima-
mente interesados. Tales interpreta-
ciones se expresan en resoluciones del
Consejo Directivo de OSITRAN4
que en
nuestra opinión pueden ser objeto de
'·'Hemos podido revisar dos experiencias: La resolución de Consejo Directivo No 033-2005-CD-OSITRAN de 4 de julio del
2005 contestando el pedido de interpretación solicitado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para
interpretar determinadas cláusulas del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez Lima Callao,
y la resolución Nº 034-2005-CD-OSITRAN también de 4 de julio del2005, publicada en el Diario Oficial El Peruano de
7 de julio del 2005, que resuelve un pedido de interpretación formulado por el propio concesionario del aeropuerto
antes citado respecto de su contrato de concesión. Mediante AcuC'rdo No 494-144-CD-OSJTRAN de 23 de junio del
2004, la citada entidad a probado los "Lineamientos para la interpretación, modificación y reconversión de contratos de
concesión". Puede revisarse en: ht t p://www.ositr:m.gob.pe
REvisTA nF o~:REcHo AnMJNISTRATJvo
41
CDA

42
COA
cuestionamiento porlos interesados en vía
administrativa o judicial.
(ii) La administración, fiscalización y
supervisión de los contratos de concesión,
en particularde los compromisos asumidos
por los concesionarios;
(iii) La emisión de opinión previa a la
celebración de cualquier contrato de
concesión referido a infraestructura
pública, el que comprenderá materias
referidas al régimen tarifario del
contrato, condiciones de competencia
y de acceso a la infraestructura, aspectos
técnicos, económicos y jurídicos
relativos a la calidad y oportuna
prestación de los servicios, y a los
mecanismos de solución de
controversias derivadas de la inter-
pretación y ejecución de los contratos
de concesión, sí como a las demás
materias de competencia de OSITRAN
(Art. 35º del respectivo Reglamento).
(iv) Operar el sistema tarifario de la
infraestructura bajo su ámbito, en
ejercicio de la potestad reguladora, de
modo que en el caso que exista un
contrato de concesión con el Estado,
debe velar por el cumplimiento de las
cláusulas tarifarías y de reajuste tarifario
que éste contiene; cuando exista
competencia en el mercado y no existan
cláusulas tarifarías OSITRAN debe velar
por el libre funcionamiento del
mercado, en cambio, en caso que no
exista competencia en el mercado y no
existan cláusulas tarifarías le correspon-
de a OSITRAN fijar las tarifas, peajes
y otros cobros que realice el concesionario
o los usuarios.
(v) La emisión de opinión técnica sobre la
procedencia de la renegociación o
revisión de los contratos de concesión, la
que deberá pronunciarse sobre su
procedencia y deberá contener un
análisis de los efectos de tal medida,
sugiriendo los términos de la misma. Para
el ejercicio de esta función OSITRAN
deberá analizar el cumplimiento de las
obligaciones del concesionario.
(vi) Declarar la suspensión temporal de la
concesión o su caducidad, cuando la
empresa concesionaria incurra en
alguna de las causales establecidas en las
normas legales pertinentes o en los
contratos de concesión.
(vii) En casos excepcionales en los cuales
se produzca la suspensión de la
concesión, terminación del contrato o
caducidad del mismo, a fin de evitar la
paralización del servicio o uso de la
infraestructura correspondiente,
OSITRAN está facultado para contratar
temporalmente los servicios de
empresas especializadas, hasta la
suscripción de un nuevo contrato de
concesión.
(viii) Como quiera que los contratos de
concesión de infraestructuras
públicas generalmente se desarrollan
sobre la explotación de bienes
escasos o de carácter monopólico,
OSITRAN tiene la potestad para
establecer las condiciones de acceso
a la infraestructura de transporte de
uso público, con la finalidad de
promover el bienestar de los usuarios
por la vía de una mayor competencia
en la prestación de servicios que
resultan esenciales para completar la
cadena logística del transporte de
carga y de pasajeros, y que requieren
utilizar de manera indispensable
REVISTA DE DERECHO ADMINISTRAIWO

facilidades esenciales controladas por
una empresa prestadora44
•
Las controversias que se generen
durante la vida de los contratos de
concesión de infraestructura pública se
resuelven normalmente envía arbitral, porque
en los contratos se prevé dicha modalidad de
composición de conflictos.
3.4Los contratos - leyes.
La doctrina nacional ha venido
discutiendo sobre si la naturaleza de estos
contratos estatales es civil o administrativa,
partiendo de la pregunta si en ellos se
manifiestan potestades de imperio del
Estado, en cuyo caso encontraría sustento
afirmar que se trata de contratos
administrativos; o si por otro lado, en ellos el
Estado tiene sólo un rol de parte, despojado
de potestades públicas, se diría entonces que
estamos frente aun contrato civil.
El problema se genera porque el
artículo 39º del Decreto Legislativo Nº 757
establece expresamente que:
"Los convenios de estabilidad
jurídica se celebran al amparo del artículo
1357º del Código Civil y tienen la calidad
de contrato con fuerza de ley, de manera
que no pueden ser modificados o dejados
sin efecto unilateralmente por el Estado.
Tales contratos tienen carácter civil y no
administrativo, y sólo podrán modificarse y
dejarse sin efecto por acuerdo entre las
partes".
La caracterización legal de los
contratos -ley como convenios de carácter
civil y no administrativo constituye una de
las pocas veces que en el ordenamiento legal
peruano se ha asimilado la tesis de la
existencia de dos tipos diferentes de
contratos estatales, unos regidos
exclusivamente por el Derecho
Administrativo y otros sólo sometidos al
Derecho Civil. En otras palabras, el precepto
legal glosado se basa en un concepto negativo
de los contratos administrativos, razón por
la que considera indispensable caracterizar a
los contratos - ley como contratos de
carácter civil, a fin de supuestamente
garantizarsu intangibilidady sortearelpeligro
de que el Estado pueda desvincularse de sus
compromisos.
En verdad, planteado desde este
punto de vista, resulta un debate poco
trascendente para entender la lógica de
estos contratos. Como bien afirma el profesor
Manuel De la Puente:
"No interesa que el contrato sea
civil o administrativo. Basta que sea
contrato, por cuanto, como se ha visto,
tanto en derecho privado como en el
derecho público el contrato crea
relaciones jurídicas entre las partes y es
obligatorio para ellas (... ). En ambos
derechos es una fuente de obligaciones.
Y también en ambos la obligación
contractual es lo mismo: un deber jurídico
que ata a las partes. No debe olvidarse
que es de la esencia del contrato su
irrevocabilidad"45
•
Sin perjuicio de lo indicado con
anterioridad, debe advertirse que se trata de
una figura excepcional en el derecho público:
44
El acceso a facilidades esenciales ha sido regulado por el "Reglamento Marco de acceso a la Infraestructura de Transporte
de Uso Público" aprobado por Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Nº 014~2003~CD/OSITRAN de 23 de
septiembre del 2003 y publicado en el Diario Oficial El Peruano de 25 de septiembre del 2003.
45
Manuel DE LA PUENTE Y LAVALLE: El contrato en general. Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del
Código Civil. Volumen XI, p. 367.
43
CDA

44
CDA
el sometimiento del Estado a una
modalidad contractual para brindar
seguridades y garantías al particular.
No cabe duda que jurídicamente todo
contrato, sea civil, laboral, público,
internacional o agrario, es una fuente de
obligaciones, tanto para los particulares como
para el Estado y sus dependencias que lo
suscriben, y, además, ha de tenerse en cuenta
que a ello se agrega el carácter de la
irrevocabilidad unilateral, por lo que sólo por
mutuo disenso se puede dejar sin efecto lo
pactado, "implicando ello la regla de la
inhabilidad de la voluntad unilateral para
poner fin al contrato". En lo civil y en lo
administrativo el Estado como cualquier
contratante se encuentra obligado a
cumplirlo.
En la jurisprudencia el Tribunal
Constitucional emitida con motivo del
proceso de inconstitucionalidad contra
los contratos -ley de Telefónica del Perú
el citado alto tribunal dijo que:
"( ... ) el contrato-ley es un
convenio que pueden suscribir los
contratantes con el Estado, en los casos
y sobre las materias que mediante ley se
autorice. Por medio de él, el Estado
puede crear garantías y otorgar
seguridades, otorgándoles a ambas el
carácter de intangibles. Es decir,
mediante tales contratos -ley, el Estado,
en ejercicio de su ius imperium, crea
garantías y otorga seguridades y, al
suscribir el contrato - ley, se somete
plenamente al régimen jurídico previsto
en el contrato y a las disposiciones
legales a cuyo amparo se suscribió éste"
(FFJJ Nº 33).
Respecto de la polémica generada
acerca del carácter privado o preponde-
El Régimen de los Comratos Estatales en el Perú
rantemente público de los contratos -ley,
el Tribunal Constitucional señaló que:
"En la doctrina nacional se discute
sobre su naturaleza jurídica. Para unos, se
trataría de un contrato civil. Para otros, de
un contrato administrativo. Autores hay
tambiénque sostienenque elrégimen jurídico
de los contratos en los que participa el Estado
no puede fijarse en abstracto, sino que
depende de las reglas específicas que cada
uno de ellos contenga. Evidentemente, la
naturalezaque se le pueda atribuiral contrato
ley -contrato civil o contrato administrativo-
depende del contenido que éste pueda tener
en cada caso concreto que se suscriba, de
manera que, en abstracto, no cabe que se la
fije. En cualquier caso, de una interpretación
a rima obligada del artículo 62º de la
Constitución conel artículo 1357ºdel Código
Civil, se desprende que el contenido de los
contratos -ley puede y debe sustentarse en
razones de interés social, nacional o público
(...)". (FFJJ Nº 34).
Finalmente, es importante recordar
que el régimen de los contratos - ley
establece como regla general que las
controversias que se presenten con
relación al cumplimiento de los citados
contratos, o su interpretación, ejecución
o invalidez, serán resueltos mediante
arbitraje de derecho. Esto ha sucedido en
los últimos años en el Perú con motivo de
actuaciones de la Administración
Tributaria del Gobierno Nacional
(SUNAT) determinando la existencia de
deudas tributarias por parte de empresas,
actos administrativos de carácter
tributario que los inversionistas
beneficiarios de contratos - ley
cuestionaron en la vía arbitral,obteniendo
laudos favorables para su posición.
RFVISlA DE DERECHO ADMINISTRAIWO

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