El documento analiza la evolución y las consecuencias de la regulación del cannabis, destacando que la guerra contra las drogas ha generado efectos negativos no deseados y que la criminalización no ha reducido el consumo. Se presentan diferentes modelos de regulación, como los de Uruguay y Colorado, que permiten el control de la producción y el uso, sugiriendo que un enfoque basado en políticas de salud pública sería más efectivo. Concluye que no hay evidencia de que la represión limite el consumo, y que modelos de regulación responsable podrían ser más eficaces en la disminución de la criminalidad asociada a las drogas.