Responsabilidad de la administración
- 1. UNIVERSIDAD FERMIN TORO VICE-RECTORADO ACADEMICO FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS ESCUELA DE DERECHO Responsabilidad de la Administración Autor: Jose Daniel Duque Griman Araure, Septiembre 2015
- 2. Responsabilidad de la Administración En Venezuela, la constitución sancionada en el a 1901 reconoció indirectamente la responsabilidad de la república y de los estados por daños provenientes de la actividad pública, al declarar que en ningún caso podrá declarar pretender, tanto los nacionales como los extranjeros, que la nación ni los estados indemnicen daños, prejuicios y expropiaciones que no se haya ejecutado por autoridades legítimas obrando en su carácter público. En nuestra constitución actual reconoce la responsabilidad del estado emanada de la Función Administrativa. Señala Lares Martínez, en su Manual de Derecho Administrativo (2001), que la responsabilidad de los funcionarios públicos es una institución esencial en el estado de derecho. Poco valdría la definición de las atribuciones y deberes de los agentes públicos, si éstos pudieran impunemente extralimitarse en el ejercicio de las primeras y dejar de observar el cumplimiento de los segundos. No es suficiente con la declaración de nulidad de los actos administrativos contrarios a derecho: Es necesario, además, que mediante sanciones de diverso orden, se mantenga a los funcionarios dentro del círculo preciso de las atribuciones y deberes que las normas jurídicas les trazan. Entre nosotros, el principio de la responsabilidad de los funcionarios públicos está consagrado en el artículo 139 dela Constitución, conforme al cual, «el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación dela Constitución o las leyes». Según el numeral 5 del artículo 285 dela Constitución, corresponde al Ministerio Público, intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria en que
- 3. hubieren incurrido los funcionarios del sector público, con motivo del ejercicio de sus funciones. Conforme a este texto dela Carta Fundamental, existen estas formas de responsabilidad: civil, laboral, militar, penal, administrativa o disciplinaria. Hay otra forma de responsabilidad, extraña a nuestro estudio, en el cual pueden incurrir ciertos altos funcionarios públicos o gobernantes -los ministros y los gobernadores de Estado-y es la responsabilidad política, que se traduce en los votos de censura y, en ciertas ocasiones, en la remoción. Incurren en responsabilidad pena, los agentes públicos que, en ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, realizan infracciones expresamente previstas por las leyes como delitos o faltas, y sancionadas legalmente con penas determinadas. Dicha responsabilidad acarrea la condena impuesta por los tribunales, al cumplimiento de las penas, corporales o incorporales, establecidas por el legislador. «Existen delitos que se castigan, cualquiera que sea la persona que los cometa, pero en caso de realizarlos un funcionario público producen una agravación de la pena o una transformación de la figura delictiva. Hay otros en que, por el contrario, la condición de funcionario es indispensable de tal modo que, sin ella, la figura delictiva desaparece» (Ruiz y Górnez, I935: 4I2). Según el concepto doctrinal, incurre en responsabilidad administrativa el agente público que, en ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, afecta la disciplina o el buen funcionamiento del servicio. Se le ha denominado igualmente responsabilidad disciplinaria. Las infracciones a los deberes del funcionario, se sancionan con medidas disciplinarias. Este parece haber sido el criterio del Constituyente, al referirse en el artículo 285, numeral 5 dela Constitución, a la «responsabilidad administrativa o disciplinaria», como identificando uno y otros conceptos. Sin embargo, la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público contiene disposiciones según las cuales no son una misma cosa la responsabilidad
- 4. administrativa y la responsabilidad disciplinaria. De no ser dos responsabilidades distintas, puede sostenerse que, según el criterio legislativo, la responsabilidad disciplinaria comprende sólo una parte de la responsabilidad administrativa. La responsabilidad civil del funcionario se incurre cuando éste, en ejercicio de sus funciones, con intención o por negligencia o por imprudencia o abuso de poder causa daño a los particulares o a la Administración. La falta del funcionario genera en estos casos la obligación de indemnizar, o sea, reparar pecuniariamente los daños causados. El daño puede ser causado a particulares o a la propia Administración.
- 5. BIBLIOGRAFÍA Lares M., Eloy. (2001). Manual de Derecho Administrativo. Caracas: Universidad Central de Venezuela.