Seguridad ciudadana-tema-central-preocupacion

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Seguridad ciudadana: tema central de preocupación en los últimos tiempos
Santiago Eugenio González - saneugegonzalez@hotmail.com
1. Introducción
2. Seguridad Ciudadana
3. La seguridad: un problema complejo
4. Cariz transversal del problema de seguridad
5. Seguridad Ciudadana comunitaria: Cuestiones terminológicas. Orden Público, seguridad
ciudadana o seguridad de los habitantes
6. Seguridad Comunitaria
7. Policía de Proximidad
8. Seguridad Ciudadana en otros países de América
9. Políticas públicas para enfrentar la delincuencia
10. Marco conceptua l
11. Caracterización de la problemática
12. Concepción estratégica para la lucha contra la Criminalidad y delincuencia
13. Seguridad Ciudadana en nuestro país
14. Marco jurídico e institucional de la seguridad ciudadana
15. Principales obstáculos para los servicios de Seguridad Ciudadana
16. Conclusiones
17. Bibliografía
Introducción
La falta de seguridad ciudadana ha pasado a ser en los últimos tiempos uno de los temas centrales de
preocupación de los ciudadanos y, por tanto, una de las cuestiones a resolver por los responsables
políticos de principios de este siglo. De este modo, Kris Bonner sostiene que:
“El interés de la población que hace referencia a la delincuencia ha aumentado enormemente en los
últimos años. (....). La seguridad es una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y
uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida.”.
En efecto, la crisis de la seguridad y su correlativa necesidad de reforma han conducido a que, en
ocasiones, desde los ámbitos de gobierno se formulen recetas simplistas para actuar sobre los
síntomas y no sobre las causas. De la misma manera, que no podemos resolver el problema de la
diversidad con soluciones sencillas, por la propia naturaleza del problema, hemos de asumir que por
mucho que nos suponga problemas, el hecho de la seguridad, de acuerdo con la concepción que
defendemos, es un problema complejo, que afecta la sensación de las personas, de influencia
fundamentalmente urbana de clase transversal (institucional, económica y social), que por lo tanto,
exige un debate complejo con la participación de los ciudadanos donde se deriven soluciones también
complejas.
Por ello, las personas tenemos la necesidad de buscar seguridad en cuanto que somos
extremadamente vulnerables, es decir, muy susceptibles de ser heridos física o moralmente. Esta
realidad indiscutible y el hecho que siempre haya sido así y que siempre lo será, explica por si misma el
por que de la seguridad. Los responsables de satisfacer esta necesidad objetiva de seguridad somos
las mismas personas y la comunidad en que estamos inmersos. En este sentido, son las diferentes
comunidades políticas quienes desarrollan, legítima y consecuentemente, las políticas de seguridad.
Buscar seguridad no es más que reducir los niveles de vulnerabilidad de las personas frente a las
diferentes amenazas y peligros que se pueden identificar; prever la evolución del futuro con el objetivo
de evitar de aquello que históricamente nos ha amenazado y puesto en peligro nuestra vida y/o libertad.
La inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los grandes desafíos de las sociedades
contemporáneas. El impacto del fenómeno sobre la calidad de la vida de los ciudadanos obliga a los
gobiernos nacionales y locales y a los sectores organizados de la sociedad, a diseñar esquemas
alternativos a los existentes que, siendo en su cometido de disminuir los niveles de inseguridad, no
sacrifiquen el avance de la Democracia y el respeto por los Derechos Humanos y las Garantías
Ciudadanas.
2. DESARROLLO:
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Seguridad Ciudadana
1) Antecedentes del concepto de seguridad:
El concepto tradicional de seguridad es el que se lo asociaba con la represión del delito y el
mantenimiento del orden, se trataba, pues, de un concepto de seguridad situada en el entorno del
control y de la criminalidad y eminentemente reactiva. A este concepto se adscribe la definición
que de la policía hace el Código de Brumario del año IV:
“…La policía está instituida para mantener el orden público, la libertad, la propiedad y la seguridad
individual…”.
La evolución natural, en comparación con la medicina (asimilando el delito con una enfermedad
del cuerpo social), hizo que se sopesara la seguridad de la represión a la prevención, intentando
actuar, también, sobre las causas y no solamente sobre los síntomas. A esta concepción
preventiva y, por tanto, pro – activa, de la seguridad, hace falta atribuir la incorporación de
elementos nuevos a estas políticas, de suerte que a las mismas ya no les son extrañas las
políticas sociales, de ocupación o, aun, urbanísticas y, de rebote, la incorporación, también, de
profesionales de diferentes disciplinas.
Con la democratización de nuestras sociedades y la puesta en vigencia de las constituciones
políticas, a las tareas policiales de represión y prevención del delito, se les añadió y antepuso el
de protección de los derechos y de las libertades de los ciudadanos, utilizándose en muchos de
ellas lo siguiente:
“…Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana…”.
Esta formulación moderna pero a la vez tradicional, puesto que sus antecedentes evidentes se
encuentran en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano:
“…La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano, necesita de una fuerza pública, esta
fuerza es, pues, instituida en beneficio de todo el mundo, y no para la utilidad particular de
aquellos a quien ha estado confiada…”.
2) Elementos para una definición de seguridad:
Para adoptar un concepto de seguridad, hace falta examinar las declaraciones internacionales en
la materia en los últimos años. Del examen de las mismas surgirán suficientes elementos para
redactar una definición de seguridad válida y que presente bastantes elementos de concurrencia
para tenga una pacífica aceptación.
Por su parte el profesor Emilio Arias Zeballos, define a la seguridad: “...Es un estado de hondo
contenido subjetivo, que nos hace sentir adecuadamente exentos de riesgos reales, o potenciales,
dentro de un marco de lógico equilibrio psíquico...”.
De esta definición se puede extraer la interpretación del estado de seguridad, frente a un mismo
riesgo, el cual es individual y diferente en cada individuo. En efecto, ante un mismo objeto, el
opinar sobre las medidas de seguridad o de protección a adoptar por distintas personas,
probablemente, viertan opiniones diferentes y si tuvieran que expedirse sobre previsiones a
adoptar sobre riesgos a que están expuestos y las medidas de previsión que adoptarán, las
mismas serían disímiles.
La seguridad: un problema complejo
Pese a que son muchas las voces que se alzan en ese sentido, innumerables responsables
en la materia de seguridad siguen aplicando ópticas de corto plazo y políticas reactivas. El
Manifiesto y las Resoluciones de los temas abordados por las ciudades europeas sobre
Prevención y Seguridad en la conferencia de Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000,
afirman:
“…La inseguridad no puede reducirse únicamente a los problemas de criminalidad. La
inseguridad es una problemática compleja: está atada a los problemas de sanidad, de medio
ambiente, de urbanismo, de formación; es el resultado de desigualdades crecientes en el
acceso a los recursos; pone en juego conflictos de intereses, sobre todo con respecto a la
división y al uso del espacio y de los ritmos de la ciudad (tiempo libre por la noche, deportes,
prostitución). La inseguridad es un riesgo urbano al que hace falta darle respuestas civiles…”.

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Sin embargo, por otra parte, todos los especialistas en seguridad coinciden en este aspecto,
Francisco Carrer, por ejemplo, postula que:
“…Se analice como se quiera, la inseguridad (que es hoy en día como un fenómeno
específico de las realidades urbanas de todo el mundo) se caracteriza por la complejidad y la
variedad de los parámetros que contribuyen a constituirla (.....)”.
Por parte, Amadeu Recasens dice::
“(...) para el análisis de la seguridad, el concepto de complejidad tiene que ser asumido en
toda su integridad (...)”.
Por lo tanto, ante un problema complejo hace falta descartar soluciones simplistas, del estilo
de la tolerancia cero impulsada por el alcalde Guiliani para convertir a Nueva York en una
ciudad segura, solución reactiva exclusivamente de cariz policial y penal, no social y
proactiva.
Si bien es cierto que la inseguridad disminuyó en la ciudad de Nueva York, también lo es que
disminuyó en todos los Estados Unidos de América y que, por ejemplo, en San Diego, la
disminución operó con un sistema de policía comunitaria. Lo que sí aumentó en Nueva York,
fueron las denuncias por brutalidad policial en el marco de una política que tuvo como
consecuencia la estigmatización de la miseria.
El problema radica, por otro lado, en que el ciudadano común, razonando con los elementos a
su alcance, delante del incremento de la sensación de inseguridad, inequívocamente
requiere, en primer lugar, más presos y más penas y, en segundo lugar, más policías. Los
responsables de las administraciones habrán de hacer todo lo posible para no caer en esta
simplificación y poder actuar sobre las causas de la sensación térmica de seguridad.
Si, por el contrario, se opta por una solución del tipo de tolerancia cero o de mano dura, se
estará actuando, solamente, sobre dos vectores del sistema:
· En primer lugar sobre el sistema penal, pero, hemos de saber que se trata de una
actuación, en gran parte, estéril, puesto que el sistema penal, de media, únicamente
acaba sentenciando a prisión entre un 1 % y un 5 % de los delitos cometidos.
· En segundo lugar, el reclamo de más policías, tampoco es una solución, puesto que no
hay una relación directa entre el número de policías y el nivel de seguridad, sencillamente
porque cuando se comete un delito es cuando la policía no está presente. Es más, en
determinados casos, la presencia visible de más policía lo único que hace es aumentar la
sensación de inseguridad. Es decir, no hace falta poner a más gente haciendo lo mismo,
sino que lo que hace falta hacer es ver cual es el número de policías óptimo por número
de habitantes.
Es bueno recordar también que en el Manifiesto y las resoluciones de los temas abordados
por las ciudades europeas sobre Prevención y Seguridad en la conferencia de Nápoles los
días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000, lo siguiente:
“…A menudo se ha recurrido a los servicios policiales, a la justicia penal y al encarcelamiento
masivo para reducir la delincuencia, la violencia y la inseguridad. Es inaceptable el
incremento registrado en el número de personas encarceladas en Europa desde hace veinte
años (por ejemplo: un 43 % en Gran Bretaña y un 39 % en Francia). Es fundamental respetar
tanto los intereses de las víctimas, como los de las víctimas, como de las colectividades y los
infractores…”.
Cariz transversal del problema de seguridad
Al hablar de las opciones en materia de seguridad, el Manifiesto y las Resoluciones de los
temas abordados por las ciudades europeas sobre Prevención y Seguridad en la conferencia
de Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000, afirman:
“…La seguridad colectiva e individual son fundamentales para la vida humana. La
criminalidad amenaza la calidad de vida de los habitantes, traumatiza a las víctimas y pone en
peligro la voluntad cívica…”.
La inseguridad, pues, afecta a la esencia misma de la dignidad humana y a la vida en
sociedad de suerte que, sin seguridad, no hay ejercicio posible e igualitario de los derechos
de las personas. También es un problema complejo, que no se puede abordar simplemente,
con el recurso de penas más duras y más policías en la calle. Entonces, la pregunta de que
hace falta hacer, es la siguiente:¿Cuáles son los elementos que hay que tener en cuenta en el
abordaje a la inseguridad?.

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Un buen punto de partida es la definición de seguridad contenida en la declaración final del
"Seminario de reflexión científica sobre el Delito y la Seguridad de los habitantes", realizada
en Costa Rica los días 9 al 13 de octubre de 1995. El punto tercero de esta declaración
sostiene:
“(...) Un concepto verdaderamente amplio y comprensivo de seguridad de los habitantes tiene
que comprender no solamente la tranquilidad de no ser víctima de hechos delictivos sino,
también, la de vivir en un Estado constitucional de Derecho y la de participar de los beneficios
del desarrollo en materia de salud, educación, vivienda, ocio y todos los ámbitos de bienestar
social. El concepto es el del desarrollo humano sostenible, que tiene la equidad como
principio…”.
Esta definición, pues, se aparta de la tradicional que vincula seguridad con la ausencia de
delito y la amplía a una forma concreta de Estado: el social o del bienestar; puesto que, ¿Qué
otro tipo de Estado proporciona los bienes públicos salud, educación, vivienda, ocio y todos
los ámbitos del bienestar social?; ¿De qué tipo de Estado se puede predicar el desarrollo
humano sostenible?. Lo miremos por donde lo miremos, solamente hay una respuesta:
Estado del bienestar.
En muy idéntico sentido se expresa el Manifiesto y las Resoluciones de los temas abordados
por las ciudades europeas sobre prevención y seguridad en la conferencia de Nápoles los
días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000 en su punto 14.
“…La seguridad es un bien común esencial para el desarrollo sostenible. Es a la vez signo y
condición de inclusión social, del acceso justo a otros bienes comunes como son la
educación, la justicia, la salud y la calidad del medio ambiente. Promover la seguridad es
desarrollar un bien común y no consiste, sobre todo, en hacer de policía o en recurrir al
sistema pena…”l.
Analizando las dos definiciones, encontraremos que se hace una opción (muy notable, si
tenemos en cuenta que nos encontramos en plena época de globalización, liberalización y
desregulación) para relacionar seguridad ciudadana y Estado del Bienestar.
Doctrinalmente, pues, lo que estamos diciendo es que la falta de seguridad en los aspectos
sociales, laborales o económicos, implica ineludiblemente una carencia de inseguridad
ciudadana o lo que es lo mismo: si predicamos la necesidad de la existencia de seguridad
ciudadana para el normal desarrollo de las personas en la sociedad, tenemos que proveer a
los ciudadanos de los bienes suficientes que los doten de seguridad en todos los ámbitos de
su vida.
En este mismo sentido, ante la retirada del Estado del bienestar, como que al Estado no se le
puede pedir hoy seguridad social, en su defecto, se le pide penalización.
La declaración final del "Seminario de reflexión científica sobre el Delito y la Seguridad de los
Habitantes", realizada en Costa Rica los días 9 a 13 de octubre de 1995 se expresa en el
sentido siguiente en sus puntos séptimo y octavo:
“…Se considera necesario promover políticas más efectivas e integrales delante del delito, y
no continuar reaccionando solamente por la vía de los sistemas de justicia penal. Se imponen
diagnósticos globales del problema y programas que integren la acción de las diferentes
agencias responsables en cada caso.
Las políticas tendrán que comprender una amplia prevención primaria, con acciones en todos
los ámbitos del bienestar social, y procurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos
los sectores de la población y promuevan la integración, y la no exclusión, de los sectores
pobres y marginales, al considerar que a la problemática social la acompañan los fenómenos
de la corrupción, el paro, la subocupación (...), violencia, así como pérdida y sustitución de
valores…”.
La receta del Consejo de Europa sobre esta cuestión es la expresada en el “Proyecto de
Manual del Congreso de los poderes locales y regionales de Europa”, organizado por el
Consejo de Europa, los días 29 a 31 de mayo de 2001, en sus puntos 6.a), 6.b), 6.c) y 6.d)
que recomienda lo siguiente:
“(...), evitar las calles desiertas por la tarde, garantizar dentro de la medida de lo posible en
los centros de las ciudades una combinación de funciones para evitar la agrupación de las
minorías, de las personas socialmente desfavorecidas y de los delincuentes en un solo sitio;
Tomar las medidas para erradicar las actividades criminales dentro de ciertos barrios de la
ciudad y evitar la formación de grupos desfavorecidos, en particular evitar que tengan el
sentimiento de que no tienen nada que perder;

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Proveer de instrumentos legales para luchar contra la violencia familiar, contra la cultura de la
violencia, contra la discriminación por motivos de raza, religión, origen social y sexo, y hacer
apología de la noción de ciudadanía.
Formular y aplicar los programas contra las toxicomanías y el alcoholismo, en conjunción con
los servicios sanitarios y sociales; elaborar programas de información destinados a los
jóvenes y a las secuelas;…”.
2) El sentimiento subjetivo de seguridad: el gran delito, el delito ordinario y los comportamientos
incívicos:
En el Manifiesto y las Resoluciones de los temas abordados por las ciudades europeas sobre
Prevención y Seguridad en la conferencia de Nápoles los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2000,
también se postula lo siguiente:
“…La inseguridad no es simplemente el temor al robo o a la agresión. Puede nacer también del
peligro provocado por un automóvil, por un entorno nocivo precario y, sobre todo, por el temor a
no disponer del espaldarazo de una ayuda o de un servicio que aporte protección o reparación…”.
Debemos de entender que la superación de la vinculación cerrada entre seguridad y delincuencia,
pero por una vía diferente: la del concepto subjetivo de inseguridad. La seguridad engloba, por lo
tanto dos conceptos: de una parte, el objetivo, que estaría representado por el incremento del
delito y, por otro, el subjetivo que vendría determinado por la sensación de incertidumbre, de
riesgo o de miedo que tiene el ciudadano por el desarrollo de lo que se denomina delincuencia
ordinaria. Esta delincuencia se produce en el ámbito más próximo al ciudadano y, por lo tanto,
afectan más directamente a su sensación térmica de seguridad.
Sin lugar a dudas la seguridad ciudadana es un tema que concita la atención actual. Casi todas
las plataformas políticas han sentado sus bases de proyección en función a este tema, pero esto
no es un tema que se proyecta solo en este tiempo, este tema tiene ya sus bases fundamentales
desde los inicios de la existencia del hombre sobre la tierra. Se consideraba la seguridad como
una condición inherente a la vida del ser humano, un privilegio como elemento fundamental para
su desarrollo físico y social.
Todos sabemos que desde los inicios de la aparición del hombre sobre la faz de la tierra ya
buscaba el grupo, la reunión, para poder preservarse de los elementos naturales, de las fieras,
aún en las cavernas, en los clanes ya buscaba la seguridad como medio fundamental para su
supervivencia. De esta manera ya se fueron visualizando las primeras bases de los liderazgos, ya
empezaba a nacer el sentido del orden, de reconocimiento y de la convivencia integral.
Empezábamos a notar como humanos en ese tiempo que la seguridad era sinónimo de
organización, de responsabilidad, de solidaridad, que generalmente los grupos humanos fuimos
desarrollando.
Conforme crecen las ciudades, conforme crecen las necesidades de seguridad es que se
empiezan a formarse las organizaciones más complejas, con mejor infraestructura, mayor
exposición de acciones directas para mantener la tranquilidad, el orden dentro de estas
comunidades.
Es en este contexto, que se empiezan a formarse los primeros serenos con su preocupación
fundamental de alertar a las comunidades cuando se presentaba algo que iba a interrumpir su
sueño, su descanso o su trabajo normal y se comenzaron a formar las guardias, las milicias, las
organizaciones policiales y desde ahí se identifica la acción policial por la acción represiva de la
actitud delincuencial.
Desde allí empezamos ya a comenzar a actuar previniendo la acción delincuencial porque
interrumpía el desarrollo normal de las actividades de las comunidades. Es por eso que se
empieza a perfilar las nuevas políticas que tienen en consideración que los gobiernos deben
enfrentar a la delincuencia como una prioridad para alcanzar niveles de tranquilidad y allí la policía
empieza a especializarse, comienza a delinear nuevas estrategias para poder solventar esos
espacios de intranquilidad.
Empezamos a darnos cuenta de que con tranquilidad y sin delincuencia las ciudades
necesariamente tienden a ser más seguras y una ciudad más segura aumenta rápidamente su
desarrollo hacia el logro de sus objetivos más especiales. Por eso podríamos entender que la
seguridad ciudadana es una situación de normalidad en la que la comunidad desarrolla sus
actividades dentro de un contexto de orden, paz y tranquilidad y en un marco de equilibrio social y
legal.
Este marco especial dentro del que se desarrollan las actividades comunitarias, obviamente,
permitirá y permite crecer y desarrollarse a las ciudades, que los ciudadanos pueden invertir y

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obtener sus logros, que puedan planificar su trabajo, puedan alcanzar metas. Este conjunto de
acciones en un marco de tranquilidad que podrá trascender en el desarrollo, requiere de la
participación de la ciudadanía en su conjunto.
La seguridad ciudadana entonces es el conjunto de medidas y previsiones que adopta el Estado a
través de sus instituciones dentro del marco de la ley y los derechos humanos para que la
comunidad pueda desarrollar sus actividades libres de riesgo y amenazas.
Debemos entender que la seguridad es tarea de todos; pero para cumplir con estos cometidos es
necesario que se acepten los cambios, que se estimulen las responsabilidades, romper marcos y
buscar identificarnos con el tema de la seguridad ciudadana. Tenemos que aceptar los cambios y
que todos se integren a la comunidad y a los trabajos sobre seguridad ciudadana.
Para ello debemos de construir cada uno con su acto, su vocación, su calidad de persona, a no
generar ambientes de intranquilidad. En este aspecto, cada día nosotros somos concientes de
que debemos respetar normas, respetar leyes y también exigir se respeten nuestros derechos
cumpliendo nuestras obligaciones.
Muchas veces las inseguridades las vamos generando nosotros mismos con nuestras conductas
y negligencias, por desatinos, falta de consideración y aceptación mutua a la interrelación
personal por algunas imponderaciones propias de la personalidad del hombre. Por eso es que es
imprescindible cambiar, debemos de romper marcos para poder ingresar a este tema tan nuevo e
importante como lo es la seguridad ciudadana. Debemos de comprender que la seguridad abarca
todas las instancias en donde el ser humano desarrolla sus iniciativas.
Por otro lado se habla de la seguridad, no como un problema delincuencial, de delincuencia
menor o de crimen organizado. Debemos de hablar de presentar iniciativas, participar
activamente. Es necesario recordar una palabra que desde hace mucho tiempo no se encuentra
en nuestro léxico, la solidaridad. Se ha perdido su práctica, cada uno nos aislamos en nuestros
propios problemas y evitamos inmiscuirnos en lo que no "nos compete" y así evitando
inmiscuirnos en los problemas de los demás, estamos evitando inmiscuirnos directa y
participativamente a la solución del problema del Estado. No se hace, porque no se quiere romper
marcos, siempre estamos atados a tradiciones, conservadurismos o a ideas trasnochadas.
Debemos cambiar.
La seguridad crea todo lo necesario para que después todo, en la ciudadanía, resulte productivo,
para que las iniciativas puedan generarse y consolidarse y se conviertan en productos tangibles,
conservables. La seguridad no es acción de uno solo, la seguridad es un acto mancomunado y
tácito entre las instituciones dentro de las cuales no escapa la Policía.
La seguridad y el desarrollo convocan la participación de todos, no solamente de la Policía, es
tarea de todos. Sabemos que todo individuo busca seguridad y un Estado donde se privilegia la
seguridad es un Estado que esta orientado a buscar el crecimiento de sus comunidades. Un
esfuerzo para crecer sin seguridad trae consigo grandes pérdidas.
Para el problema de seguridad, la solución es la prevención antes que la intervención desde
nuestra condición de ciudadanos y miembros de una comunidad o de un país. La conciencia de
seguridad debemos tenerla todos. Una conciencia de seguridad no solamente nos debe orientar a
mirar a los delincuentes, la conciencia de seguridad nos lleva a tomar actitudes definidas que no
desentonen con el común denominador de los ciudadanos respetuosos de los derechos de los
demás y también haciendo prevalecer lo propio.
Otro hecho fundamental a destacar es la familia, la familia también debe de tener seguridad.
También muchas veces la familia tiene inseguridad emocional, observan indiferentes como sus
hijos se orientan hacia acciones negativas como la violencia, enfermedades mentales,
delincuencia, drogadicción y por no decirlo pandillaje, barras bravas, violación, etc.
Nosotros como pueblo y familia debemos hacer cada cierto tiempo una reflexión en pareja y
analizar, si nuestras acciones como padres de familia están orientadas adecuadamente a educar
a nuestros hijos, cómo debe de ser, signándole los valores esenciales, acciones de
responsabilidad, de fuerza de voluntad, de persistencia para alcanzar sus objetivos, que vean en
el padre o la madre la imagen objetiva a seguir y a superar. Eso se está descuidando en todos los
niveles, alto, medio, bajo, porque egoístamente también nos centramos al esfuerzo de sostener la
economía del hogar y descuidamos un tanto lo más importante, la familia, la crianza y desarrollo
de nuestros hijos.
La seguridad ciudadana también tiene que ver en el aspecto estructural de la formación de los
distritos, de las ciudades y los barrios, para que sea una zona donde exista seguridad. Donde
existe tranquilidad, esta incidirá económicamente que en un lugar donde no haya una buena

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seguridad ciudadana, donde no existe una norma adecuada de desarrollo ni una convivencia
pacífica. Una zona donde existen conflictos, robos sociales, se desprecia y donde existe
tranquilidad, donde existe buena convivencia, eleva su precio, su justiprecio.
La seguridad ciudadana es un concepto que engloba a dos fenómenos: el fenómeno de la
criminalidad y el fenómeno de la inseguridad ciudadana. Sabemos que la criminalidad produce un
conjunto de hechos de naturaleza criminal y traiciones al ordenamiento jurídico, infracciones de
violencia familiar, de violencia social, así como, los hechos que sin estar comprendidos en la
normativa penal constituyen violaciones a las normas sociales de convivencia pacífica.
En cuanto al sentimiento de inseguridad ciudadana debemos de señalar que es el producto de
una sensación, de la percepción, que tiene el ciudadano promedio de cual es el ambiente en el
que vive. Existe una desproporción entre el sentimiento de inseguridad ciudadana y los
verdaderos índices de criminalidad, pero esta apreciación obedece a diversos factores tales como
la desconfianza en la actuación de la policía. Eso es cierto y no lo podemos negar, pero también
la presencia de elementos sociales que acrecientan los temores. Entonces nosotros debemos
estar interesados en generar ambientes de mejor desarrollo y nivel de seguridad ciudadana.
En el tema de seguridad ciudadana, hay que agregarle algo importante. Se debe de adoptar una
actitud eminentemente preventiva ya no coercitiva, constructiva. Por eso es necesario un trabajo
integral, multisectorial, de apoyo a la prevención para evitar la represión.
Se debe permanentemente coordinar con los gobiernos locales. Hoy surgen en la actividad
municipal los comités de seguridad ciudadana, formados, integrados por el alcalde o gobierno
local, la Policía y la comunidad organizada en juntas vecinales.
Las instituciones representativas del Estado deben atender a la problemática de seguridad
ciudadana, en donde la voz, la palabra, la sugerencia del alcalde, del vecino, del ciudadano, sean
permanentemente escuchadas y sea tomada en cuenta; pero es necesario para esto hacerles una
respetuosa y previa reflexión. Una posición de participación debe ser asumida con
responsabilidad, con profundo sentido de justicia y equidad, sin egoísmos y actitudes partidaristas
que antes de concertar van a generar una disgregación de ideas, una interrupción de los
propósitos de otros ciudadanos para converger en determinaciones efectivas para el desarrollo de
la comunidad.
Es igualmente necesario que se fortalezca los servicios policiales de seguridad ciudadana bajo
este contexto, dentro de los términos de procesos de reestructuración de la Policía, surgen dos
premisas fundamentales sobre las cuales se sustenta: primero, la importancia de los ciudadanos
dentro de la seguridad ciudadana y, segundo, la presencia de una nueva modalidad de servicio
que es la Policía Comunitaria cuya actividad ya se esta desarrollando y genera acercamientos
positivos a la comunidad, buscando recuperar espacios de confianza y credibilidad donde los
ciudadanos deban sentirse adecuadamente atendidos en todas las dependencias policiales hacia
la cual tengan necesidad de concurrir.
Conocemos que la seguridad ciudadana es una función básica de la Policía, pero se requiere de
una coordinación permanente, una cooperación permanente con los gobiernos locales, la
comunidad organizada y las instituciones públicas y privadas.
Para poder trabajar debemos de cambiar de actitudes y proponer acciones de policía comunitario
como un trabajo esencial de acercamiento a la comunidad; pero, participativamente, con la
ciudadanía trataremos de afianzar esos niveles de seguridad ciudadana a través de la población
por el propio bien de la comunidad capacitando a la Policía, orientado por sus acciones mixtas de
patrullaje cívico para tratar de mantener el orden, fortalecer nuestros medios, nuestra convivencia
y nuestras interrelaciones.
Debemos de enfatizar cinco aspectos fundamentales en el tema de seguridad ciudadana.
Primero, que la seguridad tiene que ver con el curso de la historia, que quiere decir, que los
problemas de seguridad se multiplican como las ciudades van creciendo, se van complejizando.
El tema de seguridad ciudadana en una comunidad campesina es con toda seguridad mucho
menos compleja que el tema de seguridad ciudadana en otras ciudades. Y si hacemos referencia
respecto a otras ciudades, el tema es cada vez más complejo. Eso quiere decir que a cómo van
los años, crece la demografía de las grandes ciudades, crecen también las tareas al interior de las
ciudades. El tema es amplio y nos va a convocar cada vez más, quiere decir que estamos ante
una situación que va a esperar mucho más el compromiso de instituciones como la Policía, los
municipios, las organizaciones sociales y también el ciudadano común y corriente.
El segundo aspecto, es que el tema es indudablemente muy complejo, porque tiene que ver no
solamente con la violencia que cotidianamente entendemos como agresión física y psicológica,

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sino que el tema de seguridad ciudadana comprende las garantías que da el Estado para el
ejercicio de todos los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el derecho a la
identidad, a su seguridad moral, física, al libre desarrollo, al bienestar, la salud, empleo,
educación; estamos hablando también de una igualdad ante la ley de todos los ciudadanos
comunes y corrientes; de libertad de conciencia, la libertad de información, de opinión, de
expresión.
Es decir, que el tema de seguridad ciudadana es amplio que va indiscutiblemente mucho más allá
de la sola tarea de la policía. Esta es la complejidad de lo que se ha denominado como seguridad
ciudadana una tarea de todos y si nosotros complejizamos más el asunto, estamos hablando del
ser humano de manera integral, con necesidades, pero también con potencialidades de saber ser,
hacer, tener y poder. Aspectos que recorren el conjunto de necesidades humanas, articuladas hoy
a posibilidades de ejercicio pleno de la libertad para optar entre alternativas y oportunidades que
permitan el disfrute pleno de su desarrollo personal y social.
Un tercer aspecto, es la seguridad ciudadana como un compromiso de todos, sabiendo que
dentro de todos hay quienes tienen papeles más importantes que otros, como el educador, el
policía que tienen un papel fundamental en este conjunto de cosas que se señalan, pero también
con responsabilidades más delicadas y tal vez más grandes: la familia, los padres respecto a los
hijos, los padres como ciudadanos miembros de la sociedad.
Cuando hablamos de seguridad ciudadana estamos hablando de niños, jóvenes, adultos,
ancianos, mujeres, de absolutamente todos. Este es un aspecto que debe de invitarnos a
reflexionar en estos tiempos, sobretodo cuando la familia se resquebraja y hay una crisis de
valores a todo nivel. Es una gran responsabilidad que tenemos hoy; algunos participando ya de
manera directa en el tema de la seguridad ciudadana, como los comités de autodefensa, las
juntas vecinales, la policía y muchos otros ciudadanos.
Un cuarto aspecto es el tema de la policía. ¿Qué es la Policía? La policía está ligada a los fines y
deberes del Estado, la policía como policía nace con el Estado y si uno ve la Constitución Política
de los Estados, el fin supremo de ese Estado es la persona humana. La situación de esa policía
como institución es de múltiples carencias, con recursos cada vez insuficiente y menos
estimulada. Pero dentro de esas limitaciones consideramos que se desarrollan esfuerzos de un
mayor acercamiento a la sociedad, entonces tenemos la Policía Comunitaria, este modelo genera
confianza y credibilidad que la Policía tiene que observar.
Un quinto aspecto, que debemos de reflexionar es respecto a la seguridad ciudadana no
solamente como la falta de garantías para el libre ejercicio de la persona humana, sino también de
reacciones distintas, generalmente negativas, de consecuencias en cada una de las personas que
sufrimos la inseguridad o sus consecuencias: Dos componentes: uno, la falta de garantías y, la
otra, la persona que sufre esas consecuencias.
Seguridad Ciudadana comunitaria: Cuestiones
terminológicas. Orden Público, seguridad
ciudadana o seguridad de los habitantes
El concepto de orden público ha ido modificándose a lo largo del tiempo. Originariamente, este es el
concepto liberal que emana del artículo 9 que regula esta cuestión en la “Declaración de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano” de 1789 que dice:
“…Nadie puede ser inquietado por sus opiniones, incluso las religiosas, siempre y cuando su
manifestación no altere el orden público establecido por la ley…”.
Este artículo, tiene que ser interpretado sistemáticamente y puesto en relación con el artículo 4 de la
misma Declaración:
“…La libertad consiste en poder hacer todo lo que no sea perjudicial al otro. Así, el ejercicio de los
derechos naturales de cada hombre no tienen otro límite que aquellos que aseguren a los otros
miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos; estos límites sólo pueden estar
determinados por la ley…”.

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Por lo tanto si mudamos el concepto de orden público del ámbito estricto de la libertad ideológica del
artículo noveno a uno más genérico del artículo cuarto, formularemos la siguiente definición de orden
público:
“…El orden público se establece como garantía y límite de la libertad y, como ésta, consiste en que
nadie puede hacer nada que sea perjudicial a los demás…”.
Desde esta perspectiva, que no hemos de perder nunca de vista, libertad y seguridad son dos caras
de la misma moneda: Sin seguridad no hay libertad (ya que la falta de ésta, inquieta el libre ejercicio
de los derechos y libertades del ciudadano) y sin libertad no puede haber una autentica seguridad (ya
que la seguridad sin libertad comporta un régimen autoritario).
Con el tiempo, este concepto de orden público, evolucionará hacia el de seguridad ciudadana
(originado en la doctrina de la nouvelle prevención), mucho más amplio, y que incorpora los valores
del Estado social y democrático de Derecho.
Ahora bien, en general, no se ha producido un cambio de denominación, sino de contenido del
concepto. En efecto hoy por hoy la expresión de orden público sigue utilizándose como garantía de la
seguridad pública, lo que ha cambiado es el contenido del concepto que paulatinamente ha ido
pasando desde el forzar a los ciudadanos a la obediencia de la norma, lo más primario, a la garantía
de la calidad de la vida de los mismos.
En el Reino de España, esta evolución ha tenido, no obstante, a diferencia del resto de los países del
continente, un cambio de denominación impulsado necesariamente por el cambio de régimen
autoritario al Estado social y democrático de derecho. Por ello el texto constitucional español recogió
la expresión seguridad ciudadana y no el de orden público al hablar de la función de los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado.
Resulta difícil definir claramente los conceptos de seguridad pública, seguridad ciudadana y orden
público. Por ello nos remitimos a una concepción que, de una parte, se relaciona directamente con los
orígenes del Estado de Derecho (tenemos que recordar que, en la época de la Revolución Francesa,
las personas se denominaban ciudadanos entre ellas por superar el término súbditos y como
equivalente de persona que tiene unos derechos inalienables, reconocidos, ahora bien, por la ley) y
también por su proyección de futuro (se calcula que en el año 2020, el 70 % de la población mundial
vivirá en las ciudades, por lo tanto, la seguridad será, principal y fundamentalmente, ciudadana).
Por estas razones, el término seguridad ciudadana también lo preferimos al de seguridad pública. En
si el término de seguridad ciudadana no tiene buenos antecedentes en los países de Latinoamérica,
puesto que empezó siendo utilizado por las Fuerzas Armadas a finales de los años setenta como un
renovado vocablo de similar contenido a la “Doctrina de Seguridad Nacional” impartida por los Estado
Unidos de América desde la conocida como Escuela de las Américas que graduó a centenares de
represores, en busca del enemigo interior de Argentina, Chile, Uruguay y de tantos otros Estados. En
estos países, el término preferido es el de seguridad de los habitantes, que estiman omnicomprensivo
y no exclusivo.
En todo caso, cuestión terminológica aparte, lo que es evidente es que el concepto de orden público
ha de rellenarse en función de la realidad en la que ha de operar. Así podríamos distinguir entre el
concepto liberal de orden público del siglo XIX y el concepto social y democrático de orden público
que se impone en las democracias occidentales a partir de la finalización de la segunda guerra
mundial, al que también podemos denominar seguridad ciudadana.
Seguridad Comunitaria
Cuando hablamos de seguridad comunitaria, nos estamos refiriendo a un modelo concreto de
seguridad, lo que tiene en cuenta al ciudadano en la formulación y verificación de las políticas de
seguridad. Los orígenes del término seguridad comunitaria los tenemos que encontrar en la idea de
oposición entre el modelo inglés de policía (o policía comunitaria) y el modelo francés o continental (o
policía del princeps). Para el primero, la actividad de la policía sería una consecuencia de las
demandas sociales, de forma que habría una clase de self – policing, de la comunidad con un mínimo
uso de la fuerza. Por el contrario, la policía continental, estaría mucho más ligada al proceso de
construcción de un Estado contemporáneo y, por lo tanto, de defensa del mismo ante los procesos
involucionistas o revolucionarios que ha padecido.
Policía de Proximidad

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Este modelo aparece y se extiende rápidamente en Estados Unidos de América, Canadá y Europa a
partir de la década de los ochenta, e irrumpe en América Latina en los años noventa, acompañando
algunos de los procesos de reforma policial de la región. En realidad, podríamos afirmar que no se
trata de un nuevo concepto, sino más bien de la recuperación del modelo elaborado hace más de 150
años por Sir Robert Peel y aplicado a la policía metropolitana de Londres, inspirándose también en el
modelo de policía de Japón, conocida como el "koban".
En primer término, la policía de proximidad no solamente se preocupa por actuar sobre variables
tradicionalmente asociadas a su quehacer como lo son la delincuencia y el orden público, sino que
incorpora otras como la sensación de inseguridad, la calidad de vida de la población y la cohesión y
solidaridad social.
Es así como sus objetivos también se amplían. Aparte de ocuparse del control de la criminalidad y del
orden público, la policía incorporará a su quehacer objetivos tales como:
· Identificar problemas en la comunidad y propiciar soluciones sostenibles, particularmente sobre
aquel tipo de problemas que se estime pueden incidir sobre la proliferación de hechos delictivos o
de problemas de orden público.
· Mejorar la sensación de inseguridad en la población.
· Incrementar el nivel de satisfacción de la comunidad con respecto a la intervención policial.
· Incorporar a los ciudadanos en la producción de seguridad, mediante su participación en diversas
iniciativas que permitan prevenir más efectivamente la comisión de delitos.
· Mejorar el control social sobre la actuación policial.
Vistos los objetivos del nuevo modelo y las variables sobre las que pretende actuar, la policía de
proximidad supone un conjunto de características particulares que pasamos a detallar.
En primer término se observa una ampliación del mandato policial tradicional, que no se limita al
mantenimiento del orden y a la prevención y represión de la criminalidad, sino que abarca la
resolución de los problemas de la comunidad dentro de un más amplio concepto de calidad de vida de
la población.
En segundo término, la actitud institucional exige un comportamiento proactivo más que reactivo,
centrando sus esfuerzos en la resolución temprana de los problemas que puedan degenerar en
conflicto social.
En tercer lugar, se privilegia el diseño de estrategias a nivel local. La unidad geográfica más pequeña
-barrio, vecindario, etc.- pasan a constituir el espacio en donde se analiza el problema de la
inseguridad y se planifican las estrategias para enfrentarlo.
En cuarto lugar, se promueve el establecimiento de mecanismos de asociación y cooperación con las
autoridades políticas, los servicios públicos y privados, los medios de comunicación y la comunidad en
general. La policía deja de ser un ente aislado, trabajando en "un mundo secreto" contra la
delincuencia, y se convierte en un ente dinamizador de iniciativas ciudadanas que procuran prevenir
la comisión de delitos y mejorar el entorno inmediato.
Los aspectos descritos con anterioridad condicionan cambios a nivel organizacional, operativo y de
recursos humanos. A nivel de la estructura organizativa, el modelo comunitario exige importantes
grados de descentralización a efectos de procurar un mayor acercamiento de la institución a la
ciudadanía. Paralelamente, la tradicional estructura de mando vertical da paso a una organización
más horizontal, con un importante traslado de poder en la toma de decisiones hacia las unidades de
base.
En materia operacional, se producen cambios que procuran una presencia más visible de la policía en
las calles y un contacto más directo de ésta con la ciudadanía. La unidad policial grande y diseñada
"hacia adentro" abre paso a unidades pequeñas, estratégicamente ubicadas; el patrullaje motorizado
se complementa con el patrullaje a pie o en bicicleta, y se acrecienta el contacto con la ciudadanía
mediante visitas a sectores de la comunidad, reuniones periódicas con representantes de la misma,
etc.
Adicionalmente, el mayor acercamiento a la comunidad y la incorporación de la misma al quehacer de
las unidades, acrecienta la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos y a los responsables
políticos del nivel territorial correspondiente; situación ésta que presiona hacia una mayor
transparencia institucional y hacia un fortalecimiento de los mecanismos de control externos sobre la
actuación policial. Finalmente, en materia de reclutamiento y formación de personal, se privilegia a un
policía que se perfile más como un generalista que como un especialista; más como un comunicador
que como un "informante", más como un gestor social que como un agente del orden.

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Las estrategias previstas para la aplicación del modelo de policía de proximidad son numerosas y
variadas, según las características específicas del contexto en el que se inserta. Sin embargo, es
posible establecer un esquema general consistente esencialmente en lo siguiente:
· Diseño y ejecución de experiencias-piloto conjuntas (policía-comunidad) en algunas zonas o barrios
seleccionados, que permitan probar el modelo y obtener efectos demostrativos.
· Levantamiento de información relevante y de estudios en las zonas en donde se ejecutarán las
experiencias piloto que contengan datos sobre la criminalidad y el sentimiento de inseguridad, los
medios utilizados por los ciudadanos para protegerse de la delincuencia, el nivel de deterioro del
entorno físico, los grupos comunitarios existentes y sus recursos (humanos, materiales y
financieros).
· Establecimiento de alianzas con las autoridades políticas locales -municipio, alcaldía, etc.-, los
organismos sociales existentes en la zona o en el barrio, la empresa privada, los grupos
comunitarios, etc., para que de manera conjunta se identifiquen los problemas, se establezcan las
prioridades y se propongan acciones debidamente consensuadas. Preferiblemente se aconseja el
establecimiento de uno o varios comités que garanticen un proceso sostenido de coordinación y
colaboración.
· Diseño de esquemas de patrullaje alternativo y de programas preventivos, tales como visitas a
diversas instituciones (escuelas, colegios, comercios, residencias) con la finalidad de determinar
su grado de seguridad, reuniones periódicas con los ciudadanos para intercambiar información y
buscar soluciones, patrullas de vecinos en el barrio, identificación de objetos de valor, minipuestos
policiales, campañas publicitarias, elaboración y distribución de folletos, talleres y conferencias,
exposiciones itinerantes de la policía, saneamiento ambiental, modificaciones en el alumbrado,
buzones "correo policial", actividades culturales, deportivas y recreativas, etc.
· Intervención selectiva en materia delictiva, dando prioridad a ciertos delitos seleccionados por su
gravedad y frecuencia, y a partir de un minucioso levantamiento de información de la situación
criminal en la zona respectiva.
· Evaluación periódicamente de las experiencias, teniendo en cuenta los objetivos previstos.
· Amplia divulgación y publicidad a los resultados del proceso para efectos demostrativos y
mejoramiento de la sensación de inseguridad.
· Ampliación de las estrategias a otras zonas.
Paralelamente a la ejecución de experiencias piloto, la policía debe ir introduciendo a nivel de su
organización, de su estrategia operativa y de su personal, los cambios correspondientes a efectos de
garantizar la sostenibilidad del modelo.
Comenzaremos reconociendo los diferentes factores que conforman y condicionan la realidad policial.
Para arribar a este objetivo, imprescindible para formular las consideraciones necesarias y válidas
para un cambio futuro; realizamos una lectura en la actualidad y como de su devenir histórico en
cuanto a su pertenencia Estatal, a sus relaciones con la Comunidad y las actividades realizadas en
contra de la delincuencia. Consecuentemente, identificamos y citamos a continuación, una serie de
presupuestos que en más o en menos, subdivididos o agrupados diferentemente, básicamente
representan los más importantes y que necesariamente deben ser analizados en su conjunto.
· Conflictos con la comunidad. Distanciamiento.
· Desempeño exclusivo de tareas operativas. Eliminación de oportunidades y otras supletorias.
· Descontrol del accionar de la delincuencia. Desprotección.
· Casos de violaciones a los derechos humanos y de corrupción.
· Inadecuada estructura institucional. Disfuncionamiento.
· Precaria e inadecuada capacitación profesional.
· Pérdida de identidad.
· Influencia política.
· Falta de recursos financieros que atiendan debidamente a los funcionarios policiales en sus
necesidades y decoro personales.
· Falta de sistemas y medios logísticos para cumplir acabadamente su misión específica.
La Policía tiene conflictos con su comunidad, desde el preciso instante de su creación, lo cual tiene
mucho que ver con los aspectos y características de la misión a cumplir como de la metodología
tradicionalmente empleada para llevarla a cabo, Estos conflictos, se traducen preponderantemente en
actos de violencia, corrupción, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, descontrol del

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accionar de la delincuencia y aún su aislamiento institucional; todo lo cual converge, en la
desprotección ciudadana, en su distanciamiento y alto grado de cuestionamiento social.
En la generalidad, todas las formaciones policiales, se dedican por imperio de la Ley, al
mantenimiento del Orden Público y la Seguridad Pública a la vez que la protección de su comunidad
contra el accionar de la delincuencia, de manera tal, que si bien ningún habitante reprocharía a priori,
todos o alguno de estos máximos preceptos, en cambio sí lo haría, sobre la forma o manera que tiene
la Policía de cumplirlos. Y a este aspecto, hay que agregar y dejar bien en claro, que la policía no
hace lo que quiere, sino aquello que le es ordenado.
En general, el poder político demuestra una influencia perjudicial, avanzando sobre la institución
policial con designios ideológicos, partidistas y coyunturales como en términos electoralistas, que
nada tiene que ver con su misión, o teniéndola, la obligan a cumplir estrictamente sus órdenes, sin
posibilidad de revisión e inspección, pero en cambio sí, a hacerse cargo de las responsabilidades
emergentes de los futuros fracasos. Esto produce un condicionamiento que vulnera muy fuertemente
su normal desempeño, pues el pretendido, es que el poder político, debe ser consecuente con las
relaciones interinstitucionales y referidas estrictamente a la dependencia estructural, fijando los
lineamientos gubernamentales para la Seguridad Ciudadana como de los sistemas de verificación o
control. Evitará extralimitarse en sus atribuciones e incidir negativamente en la labor cotidiana de los
cuerpos policiales, comprobándose que en muchas ocasiones, su perjudicial influencia ha llegado
hasta niveles mínimos y primarios de neto corte policial, tales como ordenar traslados y designaciones
de personal, servicios policiales, ubicación de patrulleros, formas de llevar a cabo procedimientos,
custodias o paradas policiales, etc., desestimando la autoridad y disciplina internas, sin el pleno y
necesario conocimiento profesional para ello.
El público quiere seguridad, estar y sentirse seguro, como elementos fundamentales para su calidad
de vida, y el Estado debe procurarlo, pero integralmente y no en exclusiva con la agencia policial, que
representa aunque muy relevantemente, una de las muchas profesiones que han de interactuar,
solamente una parte de ese todo que es la Seguridad. Una pregunta emergente y desde lo práctico,
es: ¿Cuál sería la formula polinómica que nos permita conocer, por ejemplo, la cantidad de personal
policial o vehículos patrulleros necesarios para una ciudad y que responda a los cambios de la
Sociedad que la habita?; cuya respuesta correcta es que no existe tal formula.
El tema policial, es tan suficientemente delicado e importante por su incidencia en la calidad de vida
de los habitantes, que amerita sin duda promover un gran debate legislativo y aún llamar a la consulta
popular vinculante; contemplándose además, las conclusiones de las encuestas, jornadas, seminarios
y reuniones de expertos como consultas con todos los actores sociopolíticos per se o a través de sus
organizaciones. Toda normativa, sentará las bases doctrinarias para una nueva cultura policial que se
manifestará en su labor cotidiana y en virtud a una metodología orientada hacia la prevención del
delito con promoción y respeto de los derechos humanos.
Seguridad Ciudadana en otros países de América
1) En la R epublica de Chile :
Si bien la preocupación y la demanda social por mayor seguridad ciudadana son
relativamente nuevas en este país, la misma esta correlacionada con altos índices de
delincuencia. Esta delincuencia se explica por múltiples causas, tales como las brechas
de inequidad, la inestabilidad social, la concentración urbana y los niveles de control social.
Este país entendió que el control de la delincuencia es un problema de Estado, ya que para
enfrentarla se requirió de políticas de seguridad pública bien definidas, que contaron con
una adecuada inversión y financiamiento. La lucha contra la delincuencia demando
tecnologías y equipamiento modernos, así como una adecuada infraestructura y
capacitación de las personas con ingerencia en esta problemática.
a) Estadística delictual:

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¿Qué tenemos en la actualidad?
¿Ha sido usted o algún miembro de su hogar víctima de un delito
en los últimos 3 meses? (Fuente: Libertad & Desarrollo)
Los hogares victimizados disminuyen del 21% al 14% en
relación al trimestre anterior.
¿La víctima denunció el caso a Carabineros o a otra autoridad?
(Fuente: Libertad & Desarrollo)
Los niveles de denuncia suben de
48% a 54%, debido a que en
regiones aumenta fuertemente (48%
a 63%) en comparación a la
medición anterior (RM baja de 49%
a 48%).
Sin embargo, es significativo el
incremento a lo largo del año.

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¿Por qué no denunció el delito? (Fuente: Libertad & Desarrollo)
5 de cada 10 personas no
denunciaron el delito porque “no
sirve de nada” hacerlo.
En síntesis, cada 100 delitos... (Fuente: Libertad & Desarrollo)

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¿Cuál es el nivel de temor a ser víctima de la delincuencia?
(Fuente: Libertad & Desarrollo)
Prácticamente 6 de cada 10 encuestados siente
“alto” o “muy alto” temor de ser víctima de la
delincuencia, sin embargo, este nivel baja del 63% al
58% respecto de la última medición.
Principal Medida que tiene para prevenir la delincuencia
(Fuente: Libertad & Desarrollo )
La percepción de inseguridad
frente a la delincuencia significa
que 5 de cada 10 chilenos
“enrejen” sus casas, mientras que
la organización con los vecinos
comienza a aumentar en
importancia (19%).

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Evaluación a Instituciones que participan en combate a la Delincuencia
(Escala: 1 a 7) (Fuente Libertad & Desarrollo)
Políticas públicas para enfrentar la delincuencia
La política de los sucesivos gobiernos de la Concertación, y su decisión de
enfrentar la delincuencia, se enmarcan dentro de una concepción democrática que
debió compatibilizar el control social con el Estado de Derecho. El gobierno de
Aylwin debió asumir la seguridad ciudadana en condiciones nada favorables, ya que tuvo
que cambiar el estilo represivo del gobierno militar hacia uno democrático, en
circunstancias en que la delincuencia registraba sus niveles más altos.
Por ello, el Estado dedicó sus mayores recursos a optimizar la eficiencia de los
órganos policiales y generó iniciativas en busca de consensos sociales y políticos
para enfrentar el problema, promulgando la ley que creó la “Dirección de Seguridad
Pública e Informaciones”. Esta Dirección ha sido el soporte técnico del gobierno en
materia de seguridad ciudadana, y en él concurren las autoridades ministeriales,
los órganos policiales, instituciones diversas y la ciudadanía. Durante ese gobierno
se tomaron además otras medidas, tales como el aumento de la dotación y los recursos
de Carabineros, el aumento de recursos para Investigaciones y para Gendarmería, la
coordinación del trabajo de las policías civil y uniformada, el diseño de un política de
seguridad ciudadana, basada en el trabajo con la comunidad y no en la represión,
la desarticulación de los grupos terroristas, y la expulsión de miembros de Investigaciones
que tenían un comportamiento reñido con las normas y reglamentos de la institución.
Por su parte, el gobierno del Presidente Frei profundizó el compromiso gubernamental con la
seguridad ciudadana, y en las bases programáticas de su gobierno reconoció la
responsabilidad del Estado en el enfrentamiento, con decisión y éxito, de los problemas
que planteó la seguridad ciudadana; señalando que se debía comprometer al conjunto de
la sociedad nacional en la política del Estado; estableciendo como objetivos enfrentar el
terrorismo, la delincuencia común y la delincuencia juvenil, así como, la luchar contra las
drogas; reconoció que el vandalismo también afectaba la seguridad ciudadana; y se
propuso mejorar el sistema penitenciario, reformar el sistema procesal penal y fortalecer
a las Fuerzas de Carabineros e Investigaciones.
(1) Políticas de Estado y participación ciudadana para enfrentar el delito:

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La política de seguridad asumida por los gobiernos de la Concertación no sólo
contemplaba la acción de las Fuerzas de Orden, sino que involucraba al conjunto
de la sociedad. En este sentido han impulsado diferentes iniciativas con vistas a
incorporar a la comunidad.
A comienzos del año 1993, el gobierno de turno inició el Subprograma de Seguridad
Vecinal, con fondos pertenecientes al Programa de Mejoramiento Urbano. Este
Programa permitió que los Consejos Regionales distribuyeran recursos aportados
por el gobierno central para financiar proyectos referidos a la seguridad ciudadana
y que serían prestados por los municipios. Durante el primer año de vigencia del
Subprograma, las organizaciones presentaron proyectos al municipio. Con
posterioridad, el municipio realizó directamente la selección de proyectos. Esta
iniciativa presentó deficiencias debido a la inexistencia de conceptos claros de
participación ciudadana: el Subprograma no fue suficientemente conocido por los
dirigentes vecinales; algunos de los proyectos presentados no fueron financiados ni
obedecieron a un plan preciso de seguridad, y los fondos eran limitados. No
obstante, las acciones en el ámbito municipal, sobre todo en comunas populares,
contribuyó a que los vecinos ejercieran un mayor control social informal y se crearán
organizaciones comunitarias y vecinales que permitieron enfrentar los delitos con
mayor eficacia. La organización vecinal coadyuva a una mayor coordinación con
Carabineros para enfrentar la delincuencia, lo que constituyó un gran avance puesto que
facilitó su acción en lugares donde les resultaba difícil actuar cuando no existían buenas
relaciones con la comunidad.
Algunos municipios han creado Comisiones Municipales de Seguridad Ciudadana
que intercambiaron información respecto de la situación de la delincuencia en la
zona, incentivaron la colaboración ciudadana con la policía y adoptaron medidas
de competencia municipal, que tuvieron efectos positivos sobre la tasa delictual.
En los municipios donde habitan personas de mayores ingresos, como Las
Condes, Providencia y Vitacura, también se han diseñaron acciones para contribuir a la
seguridad ciudadana: proporcionando recursos a Carabineros; crearon un cuerpo de
vigilantes municipales; instalaron sistemas colectivos de alarmas; cerraron accesos a
pasajes; formaron patrullas mixtas entre funcionarios municipales y carabineros e
instalaron líneas telefónicas de emergencia. El modelo de Las Condes se caracterizó
por coordinar la acción de Carabineros, el municipio y la comunidad que
enfrentó y redujo la delincuencia. Los habitantes de estos municipios también utilizaron
servicios de seguridad privados, que fueron empleados para evitar la comisión de
delitos. Como consecuencia de la implementación de estas medidas, los índices de
delincuencia disminuyeron significativamente.
Para enfrentar esta problemática de la seguridad ciudadana existen en este país una
diversidad de enfoques. Por un lado, se propusieron desregularizar la seguridad
ciudadana para permitir el funcionamiento de un servicio integrado de seguridad
pública y privada. Por otro lado, existió propuesta de transformar la seguridad
ciudadana en una actividad privada, regulada por el mercado, y que no sea
una responsabilidad exclusiva de Carabineros, tal como lo establece la ley. Ambas
posiciones, según sus adversarios, contradicen el principio de que la seguridad
pública que es un bien público y una gestión del Estado.
(2) Políticas de Estado y participación ciudadana para prevenir el delito:
En la actualidad en este país pareciera existir un amplio consenso de que prevenir el
delito es mejor que reprimirlo, y que la represión es una función del Estado, que
dispone del Cuerpo de Carabineros para hacerlo con mayor eficiencia y menor costo.
Es necesario mencionar que la prevención es una forma de intervenir ex-ante y requiere
acciones específicas para:
 Identificar las condiciones físicas y sociales que facilitan la comisión de delitos
y adoptar las medidas de seguridad para reducir las oportunidades de cometerlos.
 Identificar grupos de riesgo y desarrollar acciones que impidan su conversión
en delincuentes: educación, trabajo, recreación y salud.
 Reforzar la convivencia y resolver los problemas que inciden en la delincuencia.
 Controlar a los delincuentes han cometido delitos para evitar la reincidencia.
El Estado debe contribuir a la prevención a través de:

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 Reforzar la acción policial preventiva y su presencia física en los lugares de riesgo. El
servicio a pie (patrullaje) tendrá un importante efecto preventivo.
 Determinar el rol complementario de ambas policías. En la actualidad no están bien
definidas y se confunden. El rol preventivo es una función de Carabineros y rol
de investigación corresponde la Policía de Investigaciones, pero en la practica las
funciones se duplican. Carabineros e Investigaciones podrían aumentar su efectividad
para prevenir el delito, actuando coordinadamente en la prevención-investigación;
 Fortalecer las relaciones entre carabineros y la comunidad.
 Mejorar la infraestructura: iluminación de sitios oscuros, habilitación de
construcciones abandonadas, creación de lugares de recreación y espacios
colectivos que faciliten la convivencia comunitaria, y el control informal de las
conductas individuales.
Estas medidas, para tener un efecto preventivo eficaz, deberán contar con el apoyo
y la participación activa de la comunidad.
La actual Ley Nº 18.965, Orgánica Constitucional de Municipalidades, otorga atribuciones
que pueden utilizarse para prevenir la delincuencia. Algunos municipios han establecido
programas de seguridad ciudadana: organización de fiscalías, cierre de pasajes y apoyo
material a Carabineros e Investigaciones. Pero en materia de prevención de la delincuencia
aún se pueden adoptar otras iniciativas, como:
 Perfeccionar el Sub Programa de Seguridad Vecinal, con miras a que los programas
de las organizaciones vecinales no sólo enfrenten la delincuencia, sino que
contribuyan a prevenirla con medidas específicas y soluciones innovadoras,
susceptibles de ser evaluadas para conocer su impacto.
 Planificar una política preventiva vecinal coordinada con Carabineros, que cuente con
apoyo gubernamental permanente a través del Ministerio del Interior.
 Crear Comisiones Municipales de Seguridad Ciudadana que elaboren medidas
de competencia municipal para prevenir la delincuencia.
 Utilizar los medios de comunicación para difundir las experiencias exitosas en materia
de prevención de la delincuencia.
 Definir las grupos y zonas de riesgo para diseñar políticas de prevención
social efectivas, basadas no sólo en datos estadísticos sino también en
investigaciones y estudios de la realidad.
Debe señalarse, por último, que en este país la delincuencia es un fenómeno
social, sobre todo urbano, donde factores como la desigualdad social, la marginalidad,
la pobreza, el entorno familiar y comunitario, tienen una gran incidencia en sus
índices. La prevención, por lo tanto, debió apuntar a erradicar las causas sociales, con
programas públicos de educación, vivienda, salud y recreación, entre otros.
Todos los sectores sociales y políticos están de acuerdo y coinciden en señalar que la
seguridad ciudadana es una tarea del Estado y de toda la sociedad, aunque
existen discrepancias acerca de las formas de participación que se pueden implementar.
La mejor perspectiva pareciera ser la que propone la participación ciudadana en la
prevención del delito y la colaboración de toda la comunidad con las Fuerzas
del Orden y de Seguridad.
2) En la R epublica de Perú :
En este país según las conclusiones del “Informe de la Comisión Nacional de Seguridad
Ciudadana” en septiembre del 2.001, no existía una política de Estado ni un sistema de
seguridad ciudadana que implementará vínculos intersectoriales entre el Poder Ejecutivo,
el Poder Judicial, las Regiones, las Municipalidades y la sociedad organizada para hacer
frente a la criminalidad y violencia delictiva.
En este informe se afirma que la solución a esta problemática no es exclusivamente policial
o judicial; y, por tanto, sugiere la necesidad de desarrollar políticas preventivas y de
control que cuenten con la participación activa de la comunidad.
Ante tal problemática y con la finalidad de erradicar la violencia y el fortalecimiento del civismo y
la seguridad ciudadana, el Gobierno de turno en febrero del 2003 promulgó la Ley Nº 27933
“Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana”, para institucionalizar las
relaciones fluidas y permanentes entre organismos del Estado y la comunidad
organizada, para contribuir a garantizar la paz, la tranquilidad ciudadana, y a reducir

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la criminalidad y delincuencia común, mediante una adecuada política multisectorial de
prevención y control de la violencia que permita a las personas puedan desarrollar sus
actividades libres de riesgos y amenazas.
La materialización de la presente norma legal se implementó a través de un Plan Nacional de
Seguridad Ciudadana, el cual constituyó un instrumento base que diseñó objetivos, políticas
y estrategias a corto plazo, a nivel regional, provincial y distrital, para mejorar los niveles
de orden y seguridad mediante un trabajo integral y sostenido de los órganos que conforman el
Sistema.
Antecedentes
(1). Marco legal:
(a) Constitución política:
((1)) Art. 166. “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental de
garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y
ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las
leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga
y combate la delincuencia...”
((2)) Art.195.” Los gobiernos locales tienen competencia para...”organizar,
reglamentar y administrar los servicios públicos locales de
su responsabilidad”.
((3)) Art. 197. “Las municipalidades brindan servicios de
seguridad ciudadana, con la cooperación de la Policía Nacional
del Perú, conforme a ley”.
(b) Leyes:
((1)) Ley 27972. Ley Orgánica de municipalidades. Art.85: Las municipalidades
brindan servicios de seguridad ciudadana.
((2)) Ley 27238. Ley Orgánica de la Policía Nacional. Art.70: La Policía
Nacional garantiza la seguridad ciudadana. Capacita a la comunidad en
esta materia. DS 008-IN que instituye su Reglamento. Art.9: La Policía
Nacional organiza y capacita a la comunidad en seguridad ciudadana.
((3)) Ley 27933. Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
(c) Decretos y Resoluciones Supremas:
((1)) DS. 105-2,002-PCM, del 17 OCT 2002, que institucionaliza al Foro del Acuerdo
Nacional.
((2)) RS 0965, de OOCT 2001, que crea la Comisión Especial de
Reestructuración de la Policía Nacional.
((3)) RS. No. 0120-2002-IN 17 Marzo 2003 que designa a los miembros del
Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
Marco conceptual
La Seguridad Ciudadana en sentido amplio es una situación social en la que no existe
riesgos o peligros para los ciudadanos; es decir, que éstos pueden ejercitar libremente
sus derechos y libertades sin que exista obstáculo para ello.
La Seguridad Ciudadana, para los efectos de la Ley 27933, Ley del Sistema Nacional
de Seguridad Ciudadana, es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la
colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la
erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacio público. Del
mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.
En otros términos, la Seguridad Ciudadana, es el conjunto de medidas y previsiones
que adoptada el Estado, a través de sus instituciones y de la comunidad organizada,
dentro del marco de la Ley y los derechos humanos, con la finalidad que las personas
puedan desarrollar sus actividades libres de riesgos y amenazas que genera la
criminalidad y delincuencia.
Caracterización de la problemática
La criminalidad y violencia en este país constituyen un problema político social de primer
orden, que exigió la necesidad de implementar medidas concretas para disminuir la violencia

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urbana en la ciudad de Lima y en otras ciudades, en particular contra la delincuencia
común, cuyos efectos los padecen la totalidad de la población.
Esta violencia obedeció a muchos factores causales de índole socioeconómico y cultural,
donde la familia, la escuela, la comunidad y los medios de comunicación constituyeron
espacios de socialización muy importantes.
La información estadística sobre denuncias por delitos registrada por el
Departamento de Estadística de la Policía Nacional en el periodo 1994-2002, reveló
una tendencia decreciente de 1,994 a 1,995, mostrando luego un progresivo incremento
hasta 1998, para luego descender hasta el 2001 y retomar nuevamente el ascenso a
partir del 2,002. Esta tendencia señaló un decrecimiento promedio anual del –2.11% de
las denuncias de delitos mayores registradas en las dependencias policiales a nivel nacional.
En cuanto a tipo de delitos, las estadísticas revelaron que del total de delitos
registrados por la Policía Nacional entre 1994 al 2,002, el 59.3% se encuentran tipificados
como delitos Contra el Patrimonio; los más frecuentes son aquellos que atentan
contra la propiedad de las personas, entre los que se distinguen en primer lugar, el robo
(39.7%), luego el hurto (39.0%), seguido de lejos por las estafas (7.2%) y la
apropiación ilícita (7.1%).

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Es necesario destacar que la comercialización y el consumo de drogas entre la población
urbana de 12 a 50 años va en aumento. En el caso de la pasta básica de cocaína
(PBC) entre 1.997/2.000 subió el consumo en un 4.7%.
Los denominados “ delincuencia común” y que se sintetiza en robos a domicilios, robos y
asaltos en la vía pública, “pandillaje”, venta y consumo de drogas, secuestros al paso,
violencia familiar, entre otros, se han masificado, por su cantidad cada día y por las
connotaciones sociales que la originan, es mucho mas preocupante que otro tipo de
delitos, y porque su control ha escapado a la capacidad de la policía para hacerle
frente. Las estadísticas policiales al respecto no reflejaron en toda su dimensión la gravedad
del problema porque la mayor parte de los agraviados no acuden a las comisarías a
registrar su denuncia por una serie de factores, como la poca confianza que la ciudadanía
tiene de la policía para solucionar su problema.
En la actualidad, la delincuencia en la ciudad de Lima presenta las siguientes características:
 Afecta a todos los niveles socioeconómicos, pero la incidencia de cierto tipo de
delitos, como los robos a viviendas, por ejemplo, es mayor en los sectores medios o bajos.
 Los robos y asaltos tienen como principal objetivo la apropiación de los bienes de
 las víctimas más que dañar su integridad física (poco uso de armas y bajo registro
de agresiones graves).
 En la mayor parte de casos, los atacantes son varones jóvenes.
 Los integrantes de pandillas derivan en actos antisociales que según estudios
parecen obedecer a falta de alternativas recreativas y laborales.
La evolución de los recursos humanos en la Policía Nacional revela un
progresivo decrecimiento, al pasar de 120.000 efectivos que existían en 1985 durante la
unificación de las Fuerzas Policiales, a 92.000 policías que tiene en la actualidad (2004); es
decir, en 18 años la institución policial ha sufrido una disminución del 24%, mientras que la
población se a incrementado en 59.7% ; lo que permite inferir que la demanda de la
población por protección y seguridad es cada vez mayor en comparación a la oferta de
servicios policiales.
Concepción estratégica para la lucha contra la
Criminalidad y delincuencia
(1) El acuerdo nacional:

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El Acuerdo Nacional firmado el 22 de Julio del 2.002 por las principales
organizaciones políticas, religiosas, de la sociedad civil y del Gobierno, se
institucionalizó el Foro del Acuerdo Nacional como instancia de promoción del
cumplimiento y del seguimiento del Acuerdo Nacional, en cuyo contexto se
aprobaron 29 políticas de Estado, correspondiendo a la séptima la “Erradicación de la
violencia y fortalecimiento del Civismo y la Seguridad Ciudadana”.
Con este objetivo el Estado:
(a) Consolidará políticas orientadas a prevenir, disuadir, sancionar y eliminar
aquellas conductas y prácticas sociales que pongan en
peligro la tranquilidad, integridad o libertad de las personas
así como la propiedad pública y privada.
(b) Propiciará una cultura cívica de respeto a la ley y a las normas de
convivencia, sensibilizando a la ciudadanía contra la violencia y generando un
marco de estabilidad social que afiance los derechos y deberes de los
peruanos.
(c) Pondrá especial énfasis en extender los mecanismos legales para combatir
prácticas violentas arraigadas, como son el maltrato familiar y la violación
contra la integridad física y mental de niños, ancianos y mujeres.
(d) Garantizará su presencia efectiva en las zonas vulnerables a la violencia.
(e) Fomentará la cultura de paz a través de una educación y una ética públicas que
incidan en el respeto irrestricto de los derechos humanos, en una recta
administración de justicia y en la reconciliación.
(f) Desarrollará una política de especialización en los organismos públicos
responsables de garantizar la seguridad ciudadana.
(g) Promoverá los valores éticos y cívicos de los integrantes de la Policía
Nacional, así como su adecuada capacitación y retribución.
(h) Promoverá un sistema nacional de seguridad ciudadana en la totalidad de
provincias y distritos del país, presidido por los alcaldes y conformado por
representantes de los sectores públicos y de la ciudadanía.
(2) La política general del gobierno:
El Gobierno, por intermedio del Ministerio del Interior, impulsó la reorganización y
modernización de la Policía Nacional, con la finalidad de mejorar sustantivamente los
servicios policiales, acercar más la policía a la comunidad y dignificar la función
policial mejorando los niveles de vida del personal; proceso que ha sido retomado en
la actualidad.
En Septiembre de 2002 se constituyó la Comisión de Seguridad Ciudadana,
presidida por el Primer Vicepresidente de la República, con la finalidad de elaborar
en el lapso de un mes un Informe de Seguridad Ciudadana. Cumplido el plazo, la
Comisión puso a disposición del Jefe de Estado el documento correspondiente, en
una de cuyas conclusiones señala la ausencia de una política integral del Estado
para tratar el problema, cuya solución no es exclusivamente policial o judicial; y,
por tanto, sugiere la necesidad de desarrollar con mucha decisión políticas
preventivas y de control, metas en las que la participación ciudadana es fundamental.
De las propuestas remitidas por el Ejecutivo al Congreso de la República siete se
convirtieron en leyes:
 Ley 27933, del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
 Ley 27936, de condiciones del ejercicio de la legítima defensa
 Ley 27939, que establece el procedimiento e n casos de faltas.
 Ley 27935, de ejecución de las penas de prestación de servicios a la
comunidad y de limitación de días libres.
 Ley 27937, sobre violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus
funciones.
 Ley 27934, que regula la intervención de la Policía y el Ministerio Público en la
investigación preliminar del delito.
 Ley 27938, que autoriza la asignación en uso de los bienes incautados en casos de
delitos de secuestro o contra el patrimonio, cometidos en banda.
Por su parte, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, prevé la

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conformación de las siguientes instancias integrantes del sistema:
· Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana.
· Comités Regionales de Seguridad Ciudadana.
· Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana.
· Comités Distritales de Seguridad Ciudadana.
El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, es el conjunto interrelacionado de
organismos del Sector Público y de la sociedad civil, que se constituyen con la finalidad de
contribuir a garantizar la paz, tranquilidad y a reducir o neutralizar la criminalidad y
delincuencia común a nivel nacional, mediante una adecuada política de prevención
multisectorial y control de la violencia, que permitan que las personas puedan desarrollar
sus actividades libres de riesgos y amenazas.
Este esfuerzo multisectorial no solo debe sustentarse en la Ley y su respectivo
reglamento, sino, sobre todo, en un Plan que articule el accionar de los órganos
componentes del Sistema, con la finalidad de neutralizar o reducir la
criminalidad y violencia, mediante un trabajo integral y sostenido.
(a) Objetivo y políticas:
((1)) Objetivo:
“Articular los esfuerzos de los diferentes órganos componentes del
sistema nacional de seguridad ciudadana, con el fin de contribuir
a garantizar la tranquilidadsocial y reducir la criminalidad y delincuencia
común en todas sus modalidades, mediante un trabajo integral y
sostenido del estado y sociedad civil”.
(b) Políticas:
((1)) Dar unicidad y organicidad a las instituciones públicas y entidades de la sociedad
civil integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.
((2)) Sentar las bases para una progresiva participación multisectorial que asegure
mejores niveles de orden y seguridad ciudadanas.
(3) Principios rectores del Plan:
 Legalidad: Sus actividades se realizarán en el marco de la Constitución Política del
Perú, las leyes de la República, con absoluto respeto a los derechos humanos.
 Coordinación e integración: Para articular y unificar esfuerzos entre los órganos del
Sector Público y la comunidad organizada con el propósito de lograr el desarrollo de
acciones comunes e integradas.
 Supervisión y control ciudadano: Para desarrollar mecanismos de control y
vigilancia ciudadana respecto del quehacer de los organismos del Sector Público y
Gobiernos Locales.
 Transparencia funcional: Para mantener una total transparencia en las
actividades del Sistema, evitando ingerencias político-partidarias o de otra índole.
 Participación Ciudadana: Con el fin de motivar a la comunidad para que apoye
activamente el esfuerzo multisectorial por mejorar la seguridad local.
 Prevención: El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana debe priorizar y desarrollar
las políticas multisectoriales preventivas del delito, planificando sus
programas, así como actuando de manera inmediata y permanente.
 Solidaridad: Las instancias y organismos que componen el Sistema Nacional de
Seguridad Ciudadana deben actuar de manera comprometida en función a los fines
y objetivos del SINASEC, en plena colaboración y ayuda mutua.
(4) Estrategias del Plan:
 Implementar a nivel nacional Comités Regionales, Provinciales y Distritales de
Seguridad Ciudadana y alentar el desarrollo de sus actividades.
 Afianzar el trabajo de la Secretaría Técnica del CONASEC instituyendo una Oficina
de Investigación y Estadística; y estableciendo Secretarías Técnicas en
los Comités Regionales, Provinciales y Distritales de Seguridad
Ciudadana.
 Concebir acciones específicas a desarrollar por los órganos y sectores
integrantes del Sistema de Seguridad Ciudadana, en el marco de un trabajo
integral y multisectorial.
 Enfatizar la comunicación para motivar la participación proactiva de los

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integrantes del Sistema.
Seguridad Ciudadana en nuestro país
1) Diagnóstico de la inseguridad ciudadana:
La disponibilidad de datos sobre inseguridad objetiva y subjetiva son proporcionado en la actualidad
por tres sistemas de información relevantes: el policial (Sistema Nacional de Información Criminal,
SNIC), el judicial (Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales, SNEJ); y el penal (Sistema
Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, SNEEP).
Aun cuando no existe un sistema de monitorio u observatorio de la violencia, los niveles de violencia
en el seno de la sociedad argentina han aumentado y se manifiestan de diversas maneras.
Según el Sistema Nacional de Información Criminal, durante el año 2003 hubo 1.270.725
hechos delictivos registrados. Entre estos, los homicidios dolosos son frecuentes y los robos son
violentos.
De ello se han registraron 2.876 homicidios dolosos, con una tasa nacional de 7,93 c/100 mil
habitantes (en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) la tasa es de 5,72 c/100 mil habitantes).
El 9% de las víctimas eran menores de 18 años y un 22% entre 25 y 34 años. Un 85% eran
hombres. El 63% de los homicidios dolosos en el país se cometieron utilizando un arma de fuego,
con un porcentaje casi idéntico en la Ciudad de Buenos Aires (62%). Confirmando esta realidad,
datos del Ministerio de Salud de la Nación muestran que en el 2003 se registraron 3.752 muertes
por heridas de arma de fuego en todo el país.
El caso de los robos violentos es preocupante. Según encuestas de victimización en la Ciudad y
Gran Buenos Aires, en el 2003 un 8,3% había sido víctima de un delito cometido con arma de fuego.
A su vez, en un 78,2% de los robos con violencia se empleó arma de fuego. Confirmando esta
realidad, de los más de 433 mil robos denunciados a nivel nacional, en un 36% se empleó armas
(30% arma de fuego y 6% de otro tipo), mientras que en CABA este porcentaje se eleva a un 29%
(25% arma de fuego y 4% de otro tipo). Un 2,4% de sucesos tuvo como consecuencia muertes y
lesiones.
Otras formas de violencia se han acentuado, en particular en la Provincia de Buenos Aires y CABA:
el incremento de la “industria” del secuestro, el crecimiento importante de la violencia
juvenil, la consolidación a escala diaria de la protesta social, que acompañan un
comportamiento relativamente errático de la política de seguridad, tanto en el nivel nacional como
provincial.
Argentina es el tercer país latinoamericano, después de Colombia y México, con mayor
frecuencia de secuestros. En un 90% esta práctica se concentra en Capital Federal y Gran Buenos
Aires. En casi el 82% corresponden a “secuestro express”. De los 77 casos denunciados en el
territorio bonaerense en el 2001, se pasó a 259 en el 2002, 206 en 2003 y 113 en el 2004.
En cuanto a la violencia doméstica, ésta ha cobrado mayor visibilidad, en particular desde que en
1994 se promulgó una Ley de Violencia Familiar. Según una evaluación reciente dicha ley
contribuyó a una mayor visibilidad del problema y se iniciaron procesos adecuatorios de las leyes
en cada provincia. No obstante, hay pocos datos sobre violencia doméstica y violencia contra las
mujeres. No existe un registro nacional unificado de hechos de violencia doméstica. En 20 de las 24
jurisdicciones existen organismos públicos responsables de políticas pertinentes. Falta, sin
embargo, más información y una mayor articulación entre agencias, mayor énfasis en la condena
social y una mayor garantía de acceso a la justicia para las víctimas de la violencia doméstica.
Las cifras son parciales. En las Comisarías de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires,
en el 2002 registraron, por ejemplo, más de 30.000 denuncias de violencia familiar. En la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la tasa de denuncias creció un 43,5% entre el 2000 y el 2003,
llegando a 43,5 c/100 mil habitantes; casi 4.000 mujeres golpeadas fueron atendidas por la
Dirección General de la Mujer; hubo 53.869 llamadas a la Línea Violencia Familiar. Sin duda,
su tipificación como delito contribuye a un creciente rechazo, lo que en parte explica el aumento de
las causas.
La relación entre violencia, alcohol y drogas es alta. Un reciente estudio en hospitales y
comisarías en Buenos Aires demostró que el 8% del total de las emergencias generales
atendidas en hospitales están vinculadas al consumo de drogas o alcohol. Los varones y los
habitantes del conurbano bonaerense son las principales víctimas de los episodios fatales
vinculados al consumo de drogas y alcohol. En nuestro país mueren 11 personas de entre 16 y
24 años por causas violentas cada día. Los jóvenes son las víctimas más frecuentes de accidentes,

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crímenes y suicidios.
La causa de muerte más común asociada al consumo de drogas y alcohol son los accidentes
viales. En efecto, en el 2004 los homicidios culposos en accidentes del tránsito tienen una tasa
de 9,67 c/100 mil habitantes a nivel nacional, mientras que en la CABA llegan a la mitad, con una
tasa de 4,36 c/100 mil habitantes por su parte, la tasa de lesiones en accidentes del tránsito llega a
178,45 c/100 mil habitantes y en la CABA casi se duplican, llegando a 320,7 c/100 mil habitantes.
En resumen, la tasa de victimización, independiente de las consecuencias, ha tenido un repunte
desde el 2001, bordeando la tasa de 300 c/100 mil habitantes.
Nuestro país registra uno de los índices mayores del mundo en muertes y lesionados en
accidentes de tránsito, pues -más a allá de la causa- se estima entre 27 y 33 muertes por día, con
un promedio de 28 de muertes por día (cerca de 10.350 por año), manteniéndose constante el
número de fallecidos desde el 2001. El 75% de las víctimas mortales son varones y el grupo más
afectado son jóvenes entre 15 y 24 años.
Sin embargo, el que la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito sea más superior a la tasa de
homicidio dolosos no sea un componente de la agenda pública, proporcional a su magnitud,
es indicador de la necesidad de reformular las prioridades y urgencias. ¿Por qué sucede esto? No
hay una única explicación. Lo concreto es que “las muertes por accidentes” no son percibidos como
una amenaza para la seguridad de las personas.
Una situación similar está ocurriendo con la violencia escolar. Un estudio de 2003, efectuado entre
600 adolescentes que asistían a escuelas porteñas, mostró que un 45% declaró que hubo
agresiones dentro de la escuela en forma frecuente; un 17% admitió haber participado en peleas; un
12% alguna vez fue víctima de un hurto en la escuela; un 22,6% oyó de armas y un 13,5% vio
armas en su escuela.
También desde la perspectiva del costo humano, hay señales de un mayor nivel de
violencia. En la provincia de Buenos Aires, la violencia en los “enfrentamientos policiales” crece en
los últimos años. Por ejemplo, entre 1999 y el 2004 murieron 341 miembros de la Policía Federal y
de la policía bonaerense, siendo el 2002 el año más violento con 90 policías muertos. Pero, la
violencia también se asocia a la actividad policial en perjuicio de los ciudadanos, como se describe
más adelante.
Para destacar, junto a los accidentes de tránsito y una actividad criminal más violenta, que
tienen un impacto importante en muertes y lesiones, existen otras formas de violencia, como la
doméstica, la escolar y la policial, entre otras, que son más o menos visibles dependiendo de la
importancia que se le asigne en los medios y los propios actores. En nuestro país no hay un
enfoque dirigido a la violencia en sí. Esta suele abordarse desde la perspectiva del delito. No hay un
estrategia nacional, ni suficiente a nivel provincial, que de cuenta de sus manifestaciones y
envergadura. Ella no se circunscribe a los límites urbanos, pero allí se manifiesta con mayores
niveles.
Dos hechos adicionales merecen ser destacados: la ausencia de un monitoreo de la violencia y sus
distintas manifestaciones, y su ausencia en una agenda de seguridad ciudadana no explícita.
Un estudios de victimización aplicados a comienzos de la década destacaban que otras
ciudades del país tenían mayores tasas que Buenos Aires. Siguiendo un orden de prevalencia de
victimización individual, en el 2000 Mendoza, Rosario (46,1%), Córdoba (37,5%), Gran Buenos Aires
(39,9%) y Ciudad de Buenos Aires (39,3%) muestran tasas altas y distintas. Esto ya confirma la
necesidad de estrategias de prevención y control diferenciadas, focalizadas y descentralizadas.
2) El perfil de las víctimas:
El perfil de las víctimas es un componente importante del debate sobre la inseguridad. La
victimización se reduce según el “nivel económico social” (NES), desde grupos de nivel
“alto” (promedio 47,3%) a grupos con menores ingresos o “bajo” (promedio 30%). Pero, también se
observa que entre el 2000 y el 2003 aumenta progresivamente en los hogares con niveles de
ingreso más bajos, desde un 28% a un 33,3%, mientras que en el Nivel Económico Social Alto, se
reduce desde un 47,8% a un 40,4%.
La victimización se concentra en segmentos específicos. Según el delito, las tasa de victimización
como promedio anual del quinquenio señala a los varones más que a las mujeres (42% y 37%,
respectivamente). Esta se reduce, por ejemplo, en la medida que aumenta la edad. Los menores y
jóvenes (16 y 29 años (22,4% de la población residente) muestran una prevalencia promedio anual
en torno al 46%. Entre los adultos de 30 a 49 años (23,6% de la población) el promedio es de un
42%; entre los adultos de 50 y 65 años (16,3% de la población) es de un 36% y entre los mayores
de 65 años alcanza un 24% (17,0% de la población residente).

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Estas cifras confirman tres apreciaciones:
(1) La reducción en la tasa de denuncia del 2004 no se explicaría por una menor actividad
criminal, sino por una menor disposición a denunciar ante los organismos responsables.
(2) El despliegue de recursos policiales y la oferta pública está sujeto a las estadísticas
policiales, en consecuencia, expuesta a una notable inconsistencia entre la demanda de
servicios y la respuesta de los organismos responsables.
(3) Es necesario una oferta pública y red asistencial para las víctimas, donde son claves el trato, la
información, la orientación, así como el apoyo a través de terapias médicas o psicológicas para
las víctimas de delito.
Marco jurídico e institucional de la seguridad
ciudadana
Desde un punto de vista jurídico, no existe una ley relativa a la “seguridad ciudadana” que
estructure, defina facultades, funciones y obligaciones de las instituciones del sector. Los conceptos
dominantes son “seguridad interior” y “seguridad pública”, cristalizado en la Ley de Seguridad
Interior N° 24.059 de 1992. Allí se establecen las bases jurídicas, orgánicas y funcionales,
para determinar las políticas, así como planificar, coordinar, dirigir, controlar y apoyar el “esfuerzo
nacional de policía”.
Por su parte , la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuenta con el Comité Técnico de Seguridad
Ciudadana, creado en enero de 2004 a través del Convenio N° 01/04 entre el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, integrado por el
Secretario de Seguridad Interior de la Nación, el Secretario de Seguridad del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, el Superintendente de Seguridad Metropolitana de la Policía
Federal Argentina, tiene la función de conocer, analizar, coordinar e instrumentar los
programas de protección comunitaria en materia contravencional, tránsito, seguridad en
parques y plazas, espacios verdes y en todo otro sitio donde se entienda necesario contar
con una mayor presencia policial. Asimismo, coordina el apoyo de servicios o prestaciones que se
requieran a otras áreas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Es necesario destacar que en nuestro país interactúan distintos actores e instituciones en torno a un
propósito común como es la seguridad ciudadana, pueden señalarse dos elementos que
caracterizan esta situación:
(a)Tanto los gobiernos central, provinciales y locales como en la esfera ejecutiva, legislativa y judicial
hay instituciones responsables de manera directa e indirecta del provisionamiento de servicios
ante la demanda de seguridad ciudadana, pero éstas no funcionan como un sistema
integrado ni actúan de manera coordinada.
(b) Las instituciones del Poder Ejecutivo vinculadas a la seguridad tienen un marcado énfasis en el
control de las Fuerzas Policiales y, sobre todo, en la disuasión y represión del delito.
Existen diversas instituciones públicas y privadas con competencia en el sector (actuación directa)
o vinculadas (actuación indirecta) a la seguridad ciudadana. Estas pueden clasificarse según
niveles (nacional, provincial o local), carácter, rol, función primaria y ámbito de incidencia.
En el nivel nacional, las instituciones públicas permanentes del Poder Ejecutivo que actúan en el
sector son:
· Secretaría de Seguridad Interior.
· Policía Federal Argentina.
· Subsecretaría de Política Criminal.
· Secretaría de Asuntos Penitenciarios.
· Servicio Penitenciario Federal Argentino.
· Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico
En el nivel de la Provincia de Buenos Aires, las instituciones públicas permanentes del Poder
Ejecutivo que actúan en el sector son:
· Secretaría de Seguridad.
· Subsecretaría de Información para la Prevención del Delito.
· Policía Buenos Aires 2 y las policías departamentales que actúan a nivel comunal y distrital.
· Policía de la Provincia de Buenos Aires.

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· Subsecretaría de Justicia.
· Subsecretaría de Política Penitenciaria y Readaptación Social.
· Subsecretaría de Relaciones Institucionales y Coordinación.
· Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires.
· Subsecretaría de Atención a las Adicciones (Min. de Salud del Gob. de la Prov. de Buenos
Aires).
A nivel del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las instituciones públicas
permanentes que actúan en el sector son:
· Secretaría de Seguridad.
· Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En el nivel nacional, existen otras instituciones públicas permanentes del Poder Ejecutivo vinculadas
al sector. Estas trabajan en una problemática del desarrollo social o cumpliendo misiones propias
del Estado, en cuanto propician el bien común y el bienestar de la población, de tal manera que su
vinculación con la inseguridad objetiva y subjetiva no es explicita. En ellas destacan:
· Consejo Nacional de la Mujer.
· Dirección Nacional de la Juventud.
· Consejo Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia.
· Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
En cuanto a las instituciones privadas, en la mayoría de los casos se ocupan del contralor
civil y de promover el respeto de los derechos en relación a la acción estatal. Sin embargo,
no hay interlocución permanente, no están integradas ni participan en el diseño, ejecución y
evaluación de las actividades de las instituciones del sector. No hay una estrategia que
involucre a la sociedad civil en este nivel. Las instituciones de la Sociedad Civil vinculadas al
sector seguridad ciudadana son:
· Centro de Estudios Legales y Sociales
· Fundación Fundar, Justicia y Seguridad
· Fundación Crecer y Crecer
· Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
· Grupo Sophia
· Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia
· Centro de Estudios Nueva Mayoría
A las anteriores se agregan también las instituciones públicas permanentes del Poder
Legislativo y del Poder Judicial, entre las cuales destacan: las Comisiones de las Cámaras de
Diputados y de Senadores; el Poder Judicial de la Nación; el Ministerio Público Fiscal de la Nación;
el Ministerio Público de la Defensa de la Nación y el Defensor del Pueblo de la Nación.
Por su parte, en el nivel provincial, las instituciones públicas permanentes del Poder
Legislativo y del Poder Judicial vinculadas al sector son: el Poder Judicial de la Provincia; el
Ministerio Público Fiscal de la Provincia y el Ministerio Público de la Defensa de la Provincia
Más allá de las intervenciones ligadas a las Fuerzas Policiales, el panorama descripto muestra:
· Hay poca incidencia y relevancia de las áreas e instituciones vinculadas a la seguridad para las
personas en el conjunto de las políticas y estrategias que impulsa el gobierno nacional.
El problema radica tanto en la vigencia de un enfoque poco elaborado, como en la falta
de orientaciones y de una institucionalidad necesaria.
· La respuesta institucional para prevenir la violencia y la inseguridad es inexistente. La
articulación entre políticas de seguridad y políticas sociales en el nivel central no es eficaz. Pero,
en la práctica, el nivel provincial y local tampoco hay un enfoque intersectorial
suficientemente desarrollado y explícito.
· En la práctica, las intervenciones se sustentan en estructuras de prevención y
coordinación necesarias para el ejercicio de una gestión y política pública en el sector
se ubican en la Provincia de Buenos Aires y de la CABA.
· Se sabe poco sobre las iniciativas y el desempeño real de los organismos, más allá de
los objetivos declarados en sus etapas de diseño. Hay una limitada capacidad técnica en el nivel
nacional y provincial para diseñar estrategias y políticas, integrales, de amplia cobertura
y sostenibles en el tiempo.
· Hay un mayor desarrollo en el nivel provincial y local en prevención social general y

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participación comunitaria. Sin embargo, la opinión generalizada es que no hay suficientes
intervenciones y dedicación a la prevención del delito.
4) El gasto público:
El análisis del gasto público por sectores de actividad (justicia, protección social y policía)
ayuda a identificar tendencias y prioridades en la gestión del Estado y de los gobiernos en
el ámbito de la seguridad ciudadana.
En nuestro país, el análisis del gasto en seguridad ciudadana es difícil, dadas las limitaciones de
enfoque y la escasa información que permita una diferenciación explícita de los recursos en materia
de función y desagregación por programas, en particular a nivel nacional y provincial.
Principales obstáculos para los servicios de Seguridad
Ciudadana
a) Marco Regulatorio:
Hay diversos entes públicos y privados ligados a la seguridad ciudadana. El problema
no reside, sin embargo, en el número sino en su definición de tareas, recursos y coordinación.
Existen seis situaciones centrales que merecen ser observadas:
·Ausencia de un marco jurídico suficiente, que dificulta un sistema institucional de gobierno para
la seguridad ciudadana, la participación comunitaria en asuntos de seguridad ciudadana y el
control parlamentario del sistema de seguridad ciudadana. Desde este punto de vista,
puede señalarse que no hay consistencia entre el sistema vigente, el fortalecimiento de la
democracia y las demandas.
· Las tareas de seguridad ciudadana a nivel nacional se hallan divididas entre distintas
Secretarías y Ministerios, lo que agrega otro problema adicional. Aun cuando el ente rector
es el Ministerio del Interior falta un ente de coordinación inter-agencial, entre los
distintos poderes y con carácter federal. Si bien existe un Consejo de Seguridad Interior,
éste no tiene el alcance de un ente rector de la seguridad ciudadana a nivel nacional, ni
posee las facultades para aquello.
· No hay un enfoque dominante y liderazgo institucional que vincule seguridad y prevención,
política pública, política social y gestión intersectorial en el nivel federal con el provincial y
municipal. A nivel provincial y de la CABA la situación es más favorable.
· La seguridad ciudadana no es una prioridad manifiesta en la agenda de la autoridad.
Tampoco se encuentra suficientemente regulada, como objetivo y actividad del Estado. El
enfoque dominante en el gobierno nacional es de seguridad interior y seguridad pública. En
tal sentido, no hay evidencia sustantiva para sostener que las tareas de prevención
resulten centrales. Esto se observa en el escaso peso relativo del ente más ligado a la
prevención, la Subsecretaría de Política Criminal frente al mayor peso de la Secretaría de
Seguridad Interior, más ligado a tareas delictuales y post-delictuales. El concepto
dominante tampoco es lo suficientemente amplio como para impulsar problemas de
violencia no delictual y la inseguridad en sí (temor). Esta es una de los principales
factores que justifican la afirmación de que la gestión pública en seguridad ciudadana no es
equitativa y es incapaz de satisfacer las necesidades derivadas de la inseguridad.
· No existe en el nivel nacional un enfoque de seguridad ciudadana. En la Provincia de
Buenos Aires hay un mayor desarrollo, pero aún parcial, por cuanto los esfuerzos de
orientan a la prevención y control de la delincuencia, hay pocas acciones en materia de
contención de la violencia y ningún esfuerzo sistemático en materia de inseguridad. En la
CABA el concepto es más desarrollado aún, testimonio de aquello es la evolución
presupuestaria 2004-2006 y los programas en aplicación, que van desde prevención
escolar, apoyo y prevención de la revictimización, prevención del delito y participación
ciudadana. No obstante, en ninguno de los tres niveles se han llevado a cabo evaluaciones
públicas sobre estas acciones.
· El carácter federal del Estado argentino contribuyen a un panorama más complejo. Cada ley
aprobada a nivel nacional debe lograr su adecuación en el nivel provincial para tener
validez efectiva. Dado que la seguridad está delegada en las provincias, todo cambio
en el marco regulatorio debe ser acompañado por una adecuación de todas las provincias.
A nivel de coordinación, esto hace la dificultad de implementar programas de alcance

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nacional, puesto que cada uno de ellos debe ser eventualmente materia de convenio y
“negociación” con las respectivas provincias, departamentos y distritos, siguiendo un
criterio de descentralización y fortalecimiento del poder local.
b) Sobre la política de seguridad ciudadana:
En efecto, hasta el presente no se ha logrado avanzar en el diseño de una política de
seguridad ciudadana consistente y permanente, basada en un enfoque sistémico que
aborde el problema de inseguridad y violencia de manera coherente, integral, y sostenida en
el tiempo.
El gobierno nacional no ha desarrollado un enfoque de prevención sobre los problemas
de inseguridad objetiva y subjetiva. No hay estructuras de la Nación que, de manera explícita y
consistente, trabajen con un enfoque integral. En este contexto, tampoco existen directrices en
el marco de una política nacional y no se promueven alianzas estratégicas entre las partes.
La inexistencia de una política nacional se traduce en la ausencia de un plan consensuado y
consistente de actuación para los organismos públicos. Esto no significa que no se hayan
hecho esfuerzos en este sentido. En Abril del 2004 el Ministro de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos de la época presentó el Plan Estratégico de Justicia y Seguridad 2004-
2007.
Sus principales objetivos eran:
· Constituir una Agencia Federal de Investigaciones y Seguridad Interior.
· La lucha contra el crimen organizado, realizando reformas legales complementarias.
· Nuevas ley de abigeato.
· Lucha contra el vaciamiento de empresas.
· Unificación de criterios de control anticorrupción e integridad en todas las fuerzas de
seguridad del país.
· Modificaciones en las carreras y administración de las Fuerzas de Seguridad.
· Mapa nacional del delito.
El Plan identificaba seis áreas de intervención:
· Área de seguridad ciudadana.
· Justicia.
· Servicio penitenciario.
· Administrativa económica.
· Prevención social y menores en riesgo.
· Reformas institucionales.
En líneas generales, el Plan se centraba en las fases delictuales y post-delictuales, con
poca presencia relativa de acciones pre-delictuales, en particular de corte preventivo y
articulado con políticas sociales. Los documentos que analizan el Plan son escasos. En uno de
ellos, el CELS analiza los ejes del Plan y señala ciertos problemas, en particular un espíritu en
el que aparecería una dicotomía entre eficiencias y garantías. Sin embargo, hoy se reconoce
que dicha propuesta nunca llegó a implementarse y no tuvo consecuencia alguna.
Se carece de una definición compartida de seguridad ciudadana, de planificación
estratégica, de continuidad entre los planes anteriores y acciones presentes concretas, la falta
de objetivos claros y precisos. La asignación de recursos ha cambiado en el período, pero
tampoco parece que las políticas preventivas tengan un lugar real en la agenda pública.
El sistema de seguridad ciudadana presenta falencias básicas, tanto en sus definiciones
fundamentales, formas de implementación y coordinación entre entes participantes. En nuestro
país existen restricciones para el desarrollo de la seguridad ciudadana. Más allá de los recursos,
hay problemas básicos relativos a aspectos político ideológicos, de gestión-institucional y de
carácter técnico-informativo.
El siguiente cuadro sintetiza los principales hallazgos, en términos de debilidades y fortalezas,
así como amenazas presentes o latentes y otras emergentes, las cuales progresivamente se
volverán claves si no se realizan gestiones e intervenciones para modificar el escenario que se
describe.
Matriz de principales hallazgos en torno a las capacidades del sistema de seguridad ciudadana
en Argentina
FORTALEZA DEBILIDADES AMENAZA

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1. Visión ambiciosa de futuro
en los tres niveles.
2. Sentido de urgencia
instalado respecto de la
necesidad de planificar en
el corto y largo plazo.
3. El gobierno nacional y el
gobierno provincial posee
instituciones necesarias
4. Función específicas no
duplicadas en la normativa
5. Gobiernos de la provincia
de Buenos Aires y de la
CABA actúan como
coaliciones conductoras
con rumbos estratégicos
más claros.
6. Mayor competencia en
desarrollo de estrategias
en el nivel de la provincia
de Buenos Aires y CABA.
7. Estructura en el nivel
provincial y de la CABA no
es pesada ni compleja
8. Existencia de órganos de
consulta y/o cogobierno de
la seguridad ciudadana,
tales como Consejos de
Seguridad
9. Desarrollo de mecanismos
institucionales de
participación que
promueven integración en
el co-gobierno de la
seguridad ciudadana.
10.Estructura orgánica
descentralizada con
capacidad táctico-operacional
1. Crisis de confianza y
negativa evaluación de los
actores, de los medios y
de la sociedad.
2. Visiones no compartidas
sobre el rol y ámbito de
competencia de las
instituciones en prevención
social y delictual.
3. Ausencia de diagnóstico,
enfoque compartido y de
coproducción para la
seguridad ciudadana.
4. Inexistencia/insuficiencia de
política y plan para la
seguridad ciudadana en
los tres niveles (rumbo
estratégico poco claro)
5. El gobierno nacional no
actúa como coalición
conductora (liderazgo) que
vincule seguridad y
prevención, política
pública, política social y
gestión intersectorial en el
nivel federal con el
provincial y municipal.
6. Ausencia de instancias
permanentes de
coordinación, planificación,
evaluación y control de
gestión en el ámbito en los
tres niveles.
7. Indefinición de metas
institucionales a nivel
nacional vinculadas a la
prevención de la
delincuencia, la violencia y
la inseguridad.
8. Debilidad en capacidades
institucionales y
habilidades técnicas
claves.
9. Política comunicacional
inexistente o inefectiva.
10. Insuficiente personal
calificado en los tres niveles.
11. Fuerte autonomía en los
tres niveles y entre las
instituciones.
12. Escasa conectividad
tecnológica entre gobierno
nacional, Prov. de Buenos
Aires y CABA.
13. Insuficiencias en política de
desarrollo y gestión de la
información y del
1. El gobierno nacional continúa
con un enfoque y escala de
prioridades no acorde con las
demandas en su entorno.
2. La falta de respuestas
eficaces socava la credibilidad
y legitimidad de las
instituciones públicas
3. Falta de voluntad política para
emprender un rumbo de
cambio.
4. Continúa inexistencia de
comisiones parlamentarias
especializadas en seguridad
ciudadana, y con facultades
para un control activo sobre el
funcionamiento del sistema y
las instituciones de seguridad
ciudadana.
5. Insuficiencia de recursos para
financiar los cambios
estratégicos necesarios en las
organizaciones/instituciones a
cargo.
6. Continúa brecha y déficit
significativo entre demanda y
oferta de servicios.
7. Continúa baja asignación de
recursos a la prevención del
delito, la violencia.
8. Cambios en el perfil de la
criminalidad, la violencia y la
inseguridad no se advierten ni
se abordan
9. Imposibilidad de modificar la
normativa para estructuran un
sistema integrado o por
niveles provinciales y
territoriales
10. Obstaculización de:
a. Las reformas policiales
necesarias.
b. Adecuaciones de
organismos públicos a una
agenda interinstitucional.
11. Falta de adecuación de los
servicios policiales a la
diversificación de la demanda
y tipos de servicios policiales
exigidos por los usuarios.

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conocimiento
14. Escasez de socios y escasa
participación ciudadana en
los procesos estratégicos
15. Inexistencia de comisiones
parlamentarias de control
El diagnóstico acerca de las debilidades y fortalezas de las respuestas del Estado
argentino ante las demandas de seguridad ciudadana revela problemas tanto a nivel
de la enfoque, estructura y procesos organizacionales, como también en el manejo o
gestión y de sus relaciones con el entorno (ante los medios de comunicación y la propia opinión
pública).
Conclusiones
a. Que la Seguridad Ciudadana es un problema complejo, al que no se le pueden dar respuestas
únicamente policiales.
b. Que la Seguridad Ciudadana, actualmente es un problema de los Estados y en consecuencia es
necesario definir políticas desde ese nivel para atacar dicho problema.
c. Que la Seguridad Ciudadana es un fenómeno transversal, puesto que en su generación (o en la
carencia de la misma) pueden intervenir diferentes políticas públicas de diferentes disciplinas y
administraciones.
d. Que, para el ciudadano, la inseguridad es, fundamentalmente, una cuestión de percepción subjetiva
(lo que se denomina sensación térmica de seguridad). Y, que esta percepción depende en poca
medida del gran delito, que por el contrario, afecta a la sensación de seguridad el delito ordinario,
que son los que el ciudadano vive más cerca.
e. Que no existe una estrategia y política integral de seguridad ciudadana. Si consideramos que la
seguridad es un deber del Estado, destinado fundamentalmente a lograr el bienestar, la protección y
la vida digna de la población que deposita en él la autoridad para su cuidado y preservación.
f. Que pese a las importantes reformas de la policía que se han emprendido en muchos de los países
de la región, predomina una estructura organizacional altamente centralizada y jerarquizada. Esta
situación obstaculiza la incorporación de las instancias de gobierno local a la gestión policial e
inhibe el trabajo de los policías destacados en las comunidades. Como respuesta a esta situación,
se debate en varios países la creación de nuevas policías con adscripción a nivel local que asuman
las tareas asignadas a los cuerpos nacionales de policía.
g. Que la débil cultura democrática que caracteriza la organización social y política en América Latina,
en donde los procesos de participación y movilización ciudadana han estado dirigidos a enfrentar
las estructuras de poder, más que a generar espacios de colaboración con las autoridades. El
modelo resulta igualmente riesgoso frente a la tendencia de una clase política que pueda caer en la
tentación de utilizar la experiencia para fines de cooptación política más que para generar un
impacto real en la calidad de vida de la población.
BUENOS AIRES, de junio de 2009
LICENCIADO SANTIAGO EUGENIO GONZALEZ
Email saneugegonzalez@hotmail.com
Bibliografía
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 Amadeu Recasens. Doctor en Derecho Penal con especialidad en Criminología, imparte cátedra en
la Universidad de Barcelona y fue director de la Escuela de Policía de Cataluña. NECESARIO
IMPLEMENTAR POLÍTICAS GLOBALES EN SEGURIDAD. Disertación. . 21 de febrero de 2005.
España.
 Baratta, Alesandro.- El concepto actual de seguridad en Europa.- Revista Catalana de Seguridad
Pública, Nº 8, Barcelona – España. 2001.

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 Kris Bonner is a senior environmental scientist and applied information technology (AIT) marketing
leader at ICF Jones & Stokes who has over 27 years of experience designing, developing, and
managing large, complex computer mapping projects, including geographic information systems (GIS),
computer-aided drafting (CAD), and remote-sensing applications. His project experience includes
being responsible for designing and establishing a riparian vegetation monitoring program for Owens
Lake using large-scale color infrared aerial photographs for the Los Angeles Department of Water and
Power (LADWP). Kris has designed and managed the development of an integrated municipal
engineering information system for the City of Ontario, including scanning of over 15,000 construction
and as-built drawings, entry of as-built meditate, linking of as-built drawings to GIS databases,
development of a MapObjects-based GIS query and viewing system linking GIS data with non-GIS
scanned documents and meditate, and database update procedures and documents. Additionally, he
designed and managed the development of an integrated GIS-based water, sewer, and storm drain
information system for the cities of San Juan Capistrano and Glendale. Kris received an M.S. in range
management from the University of California, Berkeley, in1976; and a B.S. in range science from the
University of California, Davis, in 1974.
 Chinchilla, Laura.- La Seguridad Comunitaria: Proyecto alternativo a la seguridad y participación
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 Comisión Andina de Juristas.- El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas.- Lima,
Perú. 2003.
 Dario Padovan is graduated in Political Sciences and Ph. D. in Sociology. Actually he teaches
Sociology at the University of Turin and works at the Department of Social Sciences of the University
of Turin. Dario Padovan published articles on sociology of ethnic relations, racism, history of sociology,
environmental sociology. Now is doing researches on urban ecology, urban unsafety and racist
thought. He managed International Conferences on eco-sustainable development and ecological
crises. He is member of editorial board of 'Democracy & Nature', 'Theomai Journal' and 'Razzismo &
Modernit?' magazines. He recently published the following articles: Social Morals and Ethics of Nature:
from Pietr Kropotkin to Murray Bookchin, in 'Democracy and Nature', n. 3, 1999; Comments on
Sociology in Italy, in 'Yearbook of Sociology', n. 1, 1999; Complessit? sistemica e sviluppo sostenibile,
Sapere Edizioni, Padova, 2001; Urban Renewal, Sustainability and Participation: the Case of Italian
Neighbourhood Agreements (with A. Alietti), Proceedings of International Conference on 'Habitus
2000: A Sense of Place', September 5th-9th 2000, Perth, Australia; The concept of social metabolism
in classical sociology, 'Theomai Journa', n. 2, 2003; Bio-politics and the Social Control of the Multitude,
in Democracy & Nature, vol. 9, n. 3, 2003; Social capital, insecurity and fear of crime (con G. Mosconi),
in H.-J. Halbrecht, T. Serassis and H. Kania (edited by), Images of crime 2, Edition Iuscrim, Freiburg,
2004. Address: Department of Social Sciences, via S. Ottavio 50,
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Final, San José de Costa Rica. 1995.
 Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
 Manifiesto y Resoluciones Conferencia sobre Prevención y Seguridad. Nápoles (Italia) 7, 8 y 9
de diciembre de 2000.
 “Proyecto de manual del Congreso de los poderes locales y regionales de Europa”, organizado
por el Consejo de Europa, 29 a 31 de mayo de 2001.
Autor:
Lic Santiago Eugenio González
saneugegonzalez@hotmail.com

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