Sala Constitucional TSJ Venezuela SEÑALA LÍMITES DEMOCRÁTICOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL

EN SALA CONSTITUCIONAL
Expediente n.° 16-0153
Magistrado Ponente: ARCADIO DELGADO ROSALES
Consta en autos que, el 17 de febrero de 2016, los ciudadanos GABRIELA
FLORES YNSERNY, DANIEL AUGUSTO FLORES INSERNY y ANDREA
CAROLINA FLORES YNSERNY, abogados, venezolanos, mayores de edad, titulares
de las cédulas de identidad números V-11.565.951, 12.415.314 y V-16.660.601,
respectivamente, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 90.713, 131.006 y
131.221, en ese orden; actuando en nombre propio, presentaron ante esta Sala, “con
fundamento en lo establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 32 de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia y con los criterios adoptados en las sentencias dictadas
por esta Sala bajo los Nros.1077-2000, 1347-2000, 1387-2000, 1415-2000, 226-2001,
346-2001 y 731-2013, RECURSO DE INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL de los
artículos 136, 222, 223 y 265 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela”.
El 23 de febrero de 2016, se dio cuenta en Sala del presente expediente y se
designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe
la presente decisión.

Efectuado el examen correspondiente, pasa esta Sala Constitucional a decidir,
previas las consideraciones siguientes:
I
DE LA DEMANDA
Como fundamento de su pretensión, los solicitantes de autos señalan lo
siguiente:
Ha sido un hecho público y comunicacional que, durante los últimos meses, la
Asamblea Nacional, a través de diversas comunicaciones emanadas de su
Presidente, Primer Vicepresidente y Segundo Vicepresidente y de las diferentes
Comisiones Parlamentarias, ha solicitado a las máximas autoridades del
Ejecutivo Nacional su comparecencia; tales solicitudes han sido fundamentadas
en las competencias de control, investigación y fiscalización del órgano
legislativo previstas en los artículos 222 y 223 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 4 de la
Ley sobre el Régimen, para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias
Públicos o los y las particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, a
los fines de investigar o indagar sobre materias que son competencias propias
del Poder Ejecutivo Nacional.
Tales normas establecen lo siguiente:
―Artículo 222. La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de
control mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones,
las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las
aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución y en
la ley y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las
leyes y su Reglamento. En ejercicio del control parlamentario,
podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios
públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano
que intente las acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal
responsabilidad.
Artículo 223. La Asamblea y sus Comisiones podrán realizar las
investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su
competencia, de conformidad con el reglamento.
Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están
obligados u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las
leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles las

informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento
de sus funciones.
Esta obligación comprende también a los y las particulares, a
quienes se les respetará sus derechos y garantías que ésta
Constitución reconoce.‖
Al hilo de lo anterior, resulta pertinente señalar que, si bien es cierto que se ha
comunicado públicamente que la Asamblea ha ―invitado‖ a los altos
funcionarios a comparecer ante ese órgano, no es menos cierto que no ha
precisado el objeto real de la convocatoria y se ha limitado a indicar que tales
comparecencias tienen como finalidad ―reunirse para discutir el futuro
económico del país‖, ―dialogar con ellos para tomar decisiones para solucionar
los problema que afectan al país‖ ―aclarar dudas al país‖ así como para la
elaboración de diagnósticos sobre la situación actual del país en torno a cada
uno de los sectores productivos y, como consecuencia, el diseño de políticas
públicas y líneas de acción administrativa a ser desarrolladas por el Poder
Ejecutivo en el tema debatido.
Las circunstancias narradas producen incertidumbre en dos aspectos
fundamentales:
Por una parte, respecto al cumplimiento del precepto establecido en el artículo
244 constitucional que establece la obligación que tiene en particular cada
Ministro, de presentar, ante la Asamblea Nacional y dentro de los primeros
sesenta (60) días del año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión
del Despacho en el año inmediatamente anterior.
Tal precepto hace surgir una duda razonable respecto a si, conforme a los
artículos 222 y 223 Constitucionales, la Asamblea Nacional se estaría
adelantando en solicitar la comparecencia de estos funcionarios, cuando la
misma Constitución, en su artículo 244, establece el lapso para que dichas
autoridades rindan la memoria razonada y suficiente sobre la gestión de su
despacho del año inmediatamente anterior.
El otro aspecto relevante reposa en la incertidumbre que surge con relación a
si, puede la Asamblea Nacional, con fundamento en las funciones de control y
vigilancia establecidas en la Carta Fundamental, exigir la comparecencia de
tales funcionarios para discutir el futuro económico del país y diseñar las
políticas públicas y líneas de acción administrativa a ser desarrolladas por el
Poder Ejecutivo, funciones estas últimas que el Texto Constitucional, en sus
artículos 226, 238, 239 y 242, le otorga, de manera exclusiva y excluyente, al
Poder Ejecutivo cuando le asigna competencia para dirigir la acción de
gobierno.
En orden con lo anterior, debe indicarse que, la duda planteada cobra mayor
relevancia cuando observamos el contenido del numeral 3 del artículo 187
Constitucional, que establece la competencia del Poder Legislativo para ejercer
funciones de control sobre el Poder Ejecutivo en los términos que a
continuación se transcriben:
―Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional:
3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la
Administración Pública Nacional, en los términos consagrados

en esta Constitución y en la ley. Los elementos comprobatorios
obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor
probatorio, en las condiciones que la ley establezca.‖
Del contenido de la norma que antecede, en concordancia con los artículos 222
y 223, cuya interpretación se solicita a la luz del presunto objeto de la
convocatoria, surgen grandes incertidumbres respecto a si, puede la Asamblea,
dentro de su función de control y vigilancia, convocar a los altos funcionarios a
fin de ―diagnosticar y diseñar políticas públicas‖ o como lo expresó el
Diputado Elías Mata para ―…reunirnos y discutir el futuro económico del país‖
cuando pareciera que el mecanismo constitucional que ejerce la Asamblea va
dirigido a interpelar e investigar a los funcionarios públicos para la
determinación de sus responsabilidades políticas por actuaciones concretas en
su gestión administrativa.
Las interpelaciones, investigaciones y preguntas han sido concebidas como
mecanismos de control posterior, vale decir que, dichas acciones se llevan a
cabo una vez que la actividad administrativa se ha desarrollado y ha producido
efectos y tienen diversas formas de tramitarse, de acuerdo a lo previsto en el
Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional vigente y en la Ley,
sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias
Públicos y los o las particulares ante la Asamblea Nacional.
Las interpelaciones, por su parte, se realizan personalmente, luego de
convocatoria expresa y deben versar sobre temas específicos que se encuentren
directamente vinculados con la gestión administrativa de un determinado
funcionario; las investigaciones son un poco más genéricas y no requieren de la
presencia de la persona investigada, quien podrá ser requerida en caso de ser
necesario. Por su parte, las preguntas se harán por escrito y se responderán de
la misma manera; tal y como se realizan las posiciones juradas y los juramentos
decisorios, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Civil, salvando las diferencias propias, por tratarse de deposiciones de
funcionarios públicos.
Ahora bien, las investigaciones parlamentarias deben propender a la revisión de
las actuaciones materiales desarrolladas por el Ejecutivo y la determinación de
responsabilidades políticas, administrativas, patrimoniales e incluso penales, de
darse el caso, tal y como consagran los artículos 139 y 140 de nuestra Carta
Magna, circunstancia que da lugar al planteamiento de si, puede la Asamblea
Nacional, dentro de las competencias narradas, diagnosticar y diseñar las
políticas públicas a ser ejecutadas por el Poder Ejecutivo o si, por el contrario,
debe la Asamblea Nacional ajustar su actuación al control posterior que prevén
los artículos 222 y 223 Constitucionales, visto que la competencia para crear
políticas públicas, dirigidas al desarrollo de su actividad administrativa,
corresponde de forma exclusiva y excluyente al Poder Ejecutivo Nacional.
En el mismo orden, los acontecimientos se han desarrollado de una forma tan
dinámica, que hace imperiosa la necesidad de una decisión urgente por parte de
ese Máximo Tribunal, que establezca y determine, de manera clara y precisa, el
contenido y alcance de la función de control y vigilancia ejercida por el Poder
Legislativo sobre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial, a fin de evitar
que las acciones realizadas por el Poder Legislativo Nacional desnaturalicen

los fundamentos constitucionales y deontológicos de la separación de poderes
en los términos desarrollados en la Carta Magna.
Otro aspecto de vital importancia que podría resultar contrario al ordenamiento
jurídico y al normal desenvolvimiento del Sistema de Justicia reposa en la
incertidumbre en cuanto al alcance del contenido de los artículos 136 y 265 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a la luz de los
artículos 222 y 223 constitucionales toda vez que, según el artículo 136 no
parece extensible la competencia de la Asamblea Nacional para declarar la
responsabilidad política de las altas autoridades del Poder Municipal, Poder
Estadal y Poder Judicial, específicamente a este último Poder en virtud del
contenido del referido artículo 265 Constitucional que no establece
expresamente la concurrencia de los Magistrados ante la Asamblea Nacional,
en los términos señalados por dicho órgano legislativo.
Las normas citadas establecen lo siguiente:
―Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el Poder
Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder
Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial,
Ciudadano y Electoral.
Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones
propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio
colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.‖
―Artículo 265. Los magistrados o magistradas del Tribunal
Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la
Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos
terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al
interesado o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas
por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca‖.
A la luz de las normas citadas y visto la pretensión de la Asamblea surge la
duda respecto a la posible intención de obstaculizar a los Poderes Ejecutivo y
Judicial –y de ser el caso el Poder Municipal y el Poder Estadal, si así lo
decidiere- en el desarrollo de sus competencias en armonía y en su competencia
para fijar las directrices para solucionar los problemas cotidianos y emergentes
del país, lo cual podría dar lugar a la contravención de lo establecido en el
único aparte del artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, según el cual cada una de las ramas del Poder Público tiene sus
funciones propias, pero a los órganos que incumbe su ejercicio, colaborarán
entre sí en la realización de los fines del Estado.
De tal forma que, a juicio de quienes suscriben, las pretensiones del Poder
Legislativo sobre los Poderes Ejecutivo y Judicial no les permitirían dar
cumplimiento con las competencias y atribuciones que la Constitución,
expresamente, le otorgó.
En iguales términos pareciera evidenciarse que la Asamblea Nacional busca
socavar la credibilidad en la imparcialidad e independencia del árbitro judicial
al señalar reiteradamente que el Alto Juzgado no le favorecerá por razones

políticas, lo cual podría soslayar las verdaderas razones jurídicas y éticas de
sus funciones.
Las recientes actuaciones de la Asamblea Nacional respecto de las
―invitaciones‖ y convocatorias a comparecer realizadas por ese órgano a altos
funcionarios del Ejecutivo Nacional y los constantes señalamientos sobre
posibles investigaciones contra las máximas autoridades del Poder Judicial han
generado incertidumbre acerca del ejercicio de las competencias de control y
fiscalización del máximo Órgano Legislativo Nacional, tanto en lo material o
sustancial, como en aquello referido a las formalidades para tal ejercicio,
aplicable o no por extensión a los órganos de administración de justicia.
En efecto, la creación de una Comisión Especial encargada de revisar el
nombramiento de Magistrados, Principales y Suplentes del Tribunal Supremo de
Justicia y la posibilidad de ―investigaciones‖ plantean también incertidumbre
respecto a si estas convocatorias aplican igualmente al Poder Judicial en el
marco o fuera de la Comisión Especial que podría burlar el contenido del
artículo 265 de la Constitución y el procedimiento investigativo que de él se
deriva concatenado con a la audiencia previa a que se hace referencia en la
misma.
Insistimos, la creación de la citada Comisión Especial y la posibilidad cierta de
ordenes de comparecencia contra los funcionarios del Poder Judicial, tal como
se viene haciendo contra el Ejecutivo Nacional fuera del marco del artículo 265
Constitucional estaría conspirando contra el normal funcionamiento de la
administración de justicia y el normal desarrollo de tan esencial función
garantista de la paz social, lo que podría generar una clara extralimitación de
funciones de la Asamblea Nacional y un eventual abuso de poder al no tener la
precisión necesaria para adelantar citaciones para comparecencias concretas,
en una clara contradicción constitucional entre la Constitución y el articulado
que establece dicho régimen infectado en la Ley sobre el Régimen para la
Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos.
En el mismo sentido, resulta necesario, reiterar lo ya señalado respecto a que
las investigaciones desarrolladas por el Poder Legislativo, deben propender a la
revisión de actuaciones materiales desarrolladas por el Ejecutivo y la
determinación de responsabilidades, políticas, administrativas, patrimoniales,
no así contra el Poder Judicial, que igualmente debe ser interpretado a favor de
la imparcialidad e independencia de los jueces y juezas de la República, quienes
tienen mecanismos jurisdiccionales directos para establecer la responsabilidad
a que haya lugar, de tal manera que se genera el planteamiento respecto a cómo
puede haber control político en el marco de investigaciones o interpelaciones
contra un Poder Público que tiene entre sus prohibiciones expresamente por ley
cualquier actividad en ese sentido y que está llamado en todo caso como tercero
imparcial a garantizar la paz social, los derechos humanos y el respeto a las
garantías constitucionales vengan del órgano político que vengan.
Las circunstancias narradas generan una duda razonable no solo para los
funcionarios que han sido convocados y el Ejecutivo Nacional en el
cumplimiento de sus responsabilidades, sino además para la población en
general, quienes nos encontramos a la deriva entre el poder efectivamente
otorgado a la Asamblea Nacional para ejercer el control, vigilancia y
fiscalización de la gestión administrativa del Poder Ejecutivo y una aparente

capacidad de intervenir en la acción de gobierno y el diseño e implementación
de políticas públicas nacionales, además de la posibilidad de investigación e
intervención que pretende dicha Asamblea contra los representantes de la
Máxima Instancia Judicial de la República, con miras, incluso, a remover a sus
autoridades al margen de la Constitución.
omissis
Por las consideraciones de hecho y derecho expuestas, solicitamos a esta Sala
Constitucional declare con lugar el presente recurso de interpretación
constitucional y despeje las incertidumbres interpretativas de los artículos 136,
222, 223 y 265 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en
uso de su competencia como su máximo y último interprete y guardián de su
uniforme sentido y aplicación, conforme a lo establecido el artículo 335
eiusdem.
Asimismo solicitamos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, sea
tramitado el presente recurso como un asunto de mero derecho y se proceda a
dictar sentencia sin relación ni informes.
II
DE LA COMPETENCIA
Previo a cualquier pronunciamiento, pasa esta Sala a determinar su
competencia para conocer el presente recurso de interpretación y, al respecto, observa:
En sentencia n.º 1077 del 22 de septiembre de 2000, caso: “Servio Tulio
León”, esta Sala Constitucional determinó su competencia para interpretar el contenido
y alcance de las normas y principios constitucionales, de conformidad con lo
establecido en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en concordancia con el artículo 336 eiusdem.
Al respecto, esta Sala Constitucional como máximo y último interprete
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ha precisado que la
facultad interpretativa está dirigida a que la norma a interpretar esté contenida en la
Constitución (sentencia n.º 1415 del 22 de noviembre de 2000, caso: “Freddy Rangel
Rojas‖, entre otras) o integre el sistema constitucional (sentencia n.º 1860 del 5 de
octubre 2001, caso: “Consejo Legislativo del Estado Barinas‖), del cual formarían parte
los tratados o convenios internacionales que autorizan la producción de normas por
parte de organismos multiestatales (sentencia n.º 1077 del 22 de septiembre de 2000,
caso: “Servio Tulio León‖) o las normas de carácter general dictadas por la Asamblea
Nacional Constituyente (sentencia n.º 1563 del 13 de diciembre de 2000, caso: “Alfredo
Peña‖).

Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia acogió la
doctrina comentada, estableciendo expresamente en su artículo 25.17, la competencia de
esta Sala para: “Conocer la demanda de interpretación de normas y principios que
integran el sistema constitucional”.
Así las cosas, se observa que la petición de los recurrentes de autos
estriba en interpretar los artículos 136, 222, 223 y 265 del Texto Fundamental, sobre la
base de las alegaciones formuladas; por lo que, de conformidad con los precedentes
jurisprudenciales señalados, con lo previsto en el artículo 335 Constitucional y en
atención a lo dispuesto en la aludida disposición de la ley que regula las funciones de
este Máximo Juzgado, esta Sala resulta competente para decidir el asunto sometido a su
conocimiento. Así se declara.
III
DE LA ADMISIBILIDAD
Con relación a la admisibilidad de la solicitud de autos, la Sala estima
conveniente reafirmar su doctrina sobre las condiciones de admisibilidad a las que se halla
sujeta esta especial demanda (Vid., entre otras, sentencias números 1.077/2000,
1.347/2000, 2.704/2001 278/2002), y observa que los solicitantes actúan en su condición
de integrantes del sistema de justicia, como ciudadanos interesados en el adecuado
funcionamiento de los poderes públicos y en la vigencia efectiva de los derechos políticos
que incumben a todos los electores y electoras dentro de una democracia participativa, y
que, en fin, la presente solicitud no se encuentra incursa en ninguna de esas causales de
inadmisibilidad, así como tampoco en las previstas en el artículo 133 de la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia. Así se declara.
IV
MERO DERECHO Y URGENCIA DEL ASUNTO
Con fundamento en los precedentes jurisprudenciales de esta Sala
contenidos en sentencias números 226/2001, 1.684/2008 y 1.547/2011, considerando,
por una parte, que el presente asunto es de mero derecho, en tanto no requiere la
evacuación de prueba alguna, al estar centrado en la obtención de un pronunciamiento
interpretativo de varios artículos previstos en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, por la otra, en atención a la gravedad y urgencia de los
señalamientos que subyacen en la solicitud de interpretación formulada, los cuales se

vinculan a la actual situación existente en la República Bolivariana de Venezuela, con
incidencia directa en todo el Pueblo venezolano, esta Sala declara que la presente causa
es de mero derecho, así como la urgencia en su resolución.
En razón de lo antes expuesto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión supletoria del
artículo 98 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el
artículo 145 eiusdem, la Sala estima pertinente entrar a decidir sin más trámites el
presente asunto. Así se decide.
V
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Con ocasión de la presente solicitud de interpretación de los artículos 136, 222,
223 y 265 del Texto Fundamental, desde la perspectiva que plantean los solicitantes en
esta oportunidad, esta Sala, resuelve sistematizar la presente motiva en cuatro temas: 1.-
DIVISIÓN POLÍTICA Y PODER PÚBLICO, 2.- CONTROL PARLAMENTARIO, 3.-
DE LA DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE LA ASAMBLEA
NACIONAL PARA REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS MAGISTRADOS
PRINCIPALES Y SUPLENTES POR PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL, EL
DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2015, 4.- DE LA LEY SOBRE EL RÉGIMEN PARA LA
COMPARECENCIA DE FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS PÚBLICOS O LOS
Y LAS PARTICULARES ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL O SUS
COMISIONES, Y DEL REGLAMENTO DE INTERIOR Y DEBATES DE LA
ASAMBLEA NACIONAL.
1.- DIVISIÓN POLÍTICA Y PODER PÚBLICO
El artículo 16 del Texto Fundamental se refiere de forma directa a la división
política cuando dispone lo siguiente:
Artículo 16. Con el fin de organizar políticamente la República, el territorio
nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las
dependencias federales y el de los territorios federales. El territorio se organiza
en Municipios.

La división político territorial será regulada por ley orgánica, que garantice la
autonomía municipal y la descentralización político administrativa. Dicha ley
podrá disponer la creación de territorios federales en determinadas áreas de los
Estados, cuya vigencia queda supeditada a la realización de un referendo
aprobatorio en la entidad respectiva. Por ley especial podrá darse a un
territorio federal la categoría de Estado, asignándosele la totalidad o una parte
de la superficie del territorio respectivo.
Por su parte, el artículo 136 eiusdem inicia las disposiciones fundamentales
sobre el Poder Público, en los siguientes términos:
Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder
Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en
Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral.
Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los
órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de
los fines del Estado.
Al respecto, la Exposición de Motivos de la Constitución señala lo siguiente:
El presente título referente al Poder Público adquiere especial significación
dado que se propone rescatar la legitimidad del Estado y de sus instituciones,
recuperando la moral pública y la eficiencia y eficacia de la función
administrativa del Estado, características complementarias e indispensables
para superar la crisis de credibilidad y de gobernabilidad que se ha instaurado
en el país en los últimos tiempos.
En las Disposiciones Generales, en primer lugar se consagra la conocida
distribución vertical del Poder Público: Poder Municipal, Estadal y Nacional;
colocados en este orden según su cercanía con el ciudadano, sujeto protagónico
de este modelo de democracia participativa.
En lo que respecta a la distribución horizontal del Poder Público Nacional se
incorporan, además de las funciones tradicionales, la innovación de los
denominados Poder Electoral y Poder Ciudadano.
La razón de esta novedosa inclusión se entiende en un contexto social y político
en el cual se deben dar signos claros del respeto a la independencia y
autonomía funcional de la que deben gozar los órganos encargados de
desarrollar las funciones respectivas, para facilitar la recuperación de la
legitimidad perdida en terrenos tan delicados como el de los procesos
electorales; así como el de la función contralora y la defensa de los derechos
humanos.
Se consagra, igualmente, una división de las funciones que corresponden a cada
rama del Poder Público, tanto en sentido vertical como horizontal. Pero si bien
se acepta la especialidad de la tarea asignada a cada una de ellas, se establece

un régimen de colaboración entre los órganos que van a desarrollarlas para la
mejor consecución de los fines generales del Estado.
Se establece el principio restrictivo de la competencia, según el cual los órganos
que ejercen el Poder Público sólo pueden realizar aquellas atribuciones que les
son expresamente consagradas por la Constitución y la ley.
La usurpación de autoridad, consistente en la invasión del Poder Público por
parte de personas que no gocen de la investidura pública, se considera ineficaz
y los actos dictados se consideran nulos.
En cuanto a la responsabilidad individual consecuencia del ejercicio del Poder
Público, se abarca tanto el abuso de poder, la desviación de poder, así como la
violación de la Constitución y la Ley.
Esta disposición es una de las que ha adolecido de ineficacia, por lo cual su
consagración en esta Constitución implica generar los mecanismos legales para
su aplicación efectiva.
Finalmente, en las disposiciones generales, se establece bajo una perspectiva de
derecho público moderna la obligación directa del Estado de responder
patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus
bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento,
normal o anormal, de los servicios públicos y por cualesquiera actividades
públicas, administrativas, judiciales, legislativas, ciudadanas o electorales, de
los entes públicos o incluso de personas privadas en ejercicio de tales
funciones.
(…)
El Estado democrático y social de Derecho y de Justicia consagrado por la
Constitución, al implicar fundamentalmente, división de los poderes del Estado,
imperio de la Constitución y las leyes como expresión de la soberanía popular,
sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico, y garantía procesal efectiva, de los derechos humanos y
de las libertades públicas, requiere la existencia de unos órganos que,
institucionalmente caracterizados por su independencia, tengan la potestad
constitucional que les permita ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que
expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes públicos al
cumplimiento de la Constitución y las leyes, controlar la legalidad de la
actuación administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el
ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
El conjunto de órganos que desarrollan esa función constituyen el Poder
Judicial y el Sistema de Justicia que se consagra en el Capítulo III del Título V
de la Constitución, configurándolo como uno de los poderes del Estado.
En el referido Capítulo, la Constitución, con fundamento en el principio de
soberanía, declara que la potestad de administrar justicia emana de los
ciudadanos y se imparte en nombre de la República y por autoridad de la ley.

(…)
Adaptando a nuestro tiempo las ideas inmortales del Libertador Simón Bolívar,
la Constitución rompe con la clásica división de los poderes públicos y crea los
Poderes Ciudadano y Electoral. El primero de ellos se inspira, en parte, en el
Poder Moral propuesto por El Libertador en su Proyecto de Constitución
presentado al Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819. El Poder
Electoral por su parte, encuentra su inspiración en el Proyecto de Constitución
que El Libertador redactó para Bolivia en 1826.
El Libertador concibió el Poder Moral como la institución que tendría a su
cargo la conciencia nacional, velando por la formación de ciudadanos a fin de
que pudiera purificarse lo que se haya corrompido en la República; que acuse
la ingratitud, el egoísmo, la frialdad del amor a la patria, el ocio, la negligencia
de los ciudadanos. Con ello Simón Bolívar quería fundar una República con
base en un pueblo que amara a la patria, a las leyes, a los magistrados, porque
esas "son las nobles pasiones que deben absorber exclusivamente el alma de un
republicano".
El Poder Moral del Libertador tenía entre sus misiones velar por la educación
de los ciudadanos en cuyo proceso se debía sembrar el respeto y el amor a la
Constitución; a las instituciones republicanas, sobre la base de que "si no hay
un respeto sagrado por la patria por las leyes por las autoridades, la sociedad
es una confusión, un abismo".
Inspirada en esas ideas y adaptándolas a nuestro tiempo, la Constitución crea el
Poder Ciudadano, el cual se ejercerá por el Consejo Moral Republicano
integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el
Contralor General de la República.
El Poder Ciudadano es independiente de los demás poderes públicos y sus
órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. Para lo
cual se les asignará una partida anual variable dentro del presupuesto general
del Estado.
En general, los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo la
prevención, investigación y sanción de los hechos que atenten contra la ética
pública y la moral administrativa.
Además, deben velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del
patrimonio público, por el cumplimiento y la aplicación del principio de la
legalidad en toda la actividad administrativa del Estado. De igual forma, deben
promover en el ámbito de sus competencias, la educación como proceso creador
de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la
responsabilidad social y el trabajo, todo ello conforme a lo establecido en la
Constitución y en las leyes.
(…)

Como expresión del salto cualitativo que supone el tránsito de la democracia
representativa a una democracia participativa y protagónica, se crea una nueva
rama del Poder Público, el Poder Electoral, ejercido por órgano del Consejo
Nacional Electoral que tiene por objeto e regular el establecimiento de las
bases, mecanismos y sistemas que garanticen el advenimiento del nuevo ideal u
objetivo democrático. Una nueva cultura electoral cimentada sobre la
participación ciudadana.
Para dimensionar su contenido es necesario integrar las disposiciones en este
Capítulo V del Título V con las establecidas en el Capítulo IV de los Derechos
Políticos y del Referendo Popular perteneciente al Título III del nuevo texto
constitucional.
El nuevo esquema conlleva una modificación sustancial en la práctica electoral
sobre la cual se edificó el anterior modelo, desde la concepción del sufragio
como derecho, hasta la consagración de nuevas formas de participación que
trascienden con creces a la simple formulación de propuestas comiciales. Se
expresa esta nueva concepción a través de la implementación de instituciones
políticas como la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular,
la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y
constituyente; el cabildo abierto y las Asambleas de ciudadanos y ciudadanas,
cuyas decisiones revisten el carácter de vinculante, entre otros. Son estos,
entonces, los novedosos medios que le garantizan al pueblo la participación y
protagonismo en el ejercicio de su soberanía.
En tal sentido, resultan trascendentes las formas en que el ciudadano puede
participar en la formación, ejecución y control de la gestión pública, pues ella
no se limita a la intermediación de los partidos políticos, sino que puede
hacerse en forma directa, en perfecta sujeción al concepto, de soberanía que en
forma expresa prevé el artículo 5 del novísimo texto constitucional.
En general, se atribuye al Poder Electoral la facultad atinente a la constitución,
renovación y cancelación de asociaciones con fines políticos, lo que viene
relacionado con el origen o nacimiento de dichas organizaciones al mismo
tiempo que con su funcionamiento y desarrollo, el cual se sujeta al estricto
respeto de los mecanismos de consulta democrática y participativa consagrados
en la Constitución, a los cuales deben igualmente sujetarse los estatutos que
regulen la vida de estas instituciones.
(…)
En tal sentido, y en atención al control jurisdiccional necesario de los actos,
omisiones, vías de hecho emanados del Poder Electoral, a propósito de los
procesos comiciales referidos, a su funcionamiento, el nuevo texto
constitucional creó la Jurisdicción Contencioso Electoral, ejercida por la Sala
Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.
Al respecto, debe reiterarse que la Exposición de Motivos no tiene carácter
normativo ni vinculante, pero sí pudiera ser orientador en tanto sea coherente con el

fundamento material del Texto Fundamental y con las normas que lo integran. Al
respecto, en sentencia 93 del 6 de febrero de 2001, esta Sala asentó lo siguiente:
―…la Exposición de Motivos del Texto Fundamental, hace referencia a la
potestad revisora extraordinaria que ostenta esta Sala. Sin embargo, antes de
analizar lo establecido en la Exposición de Motivos de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, debe esta Sala aclarar la naturaleza de ese
documento, en el sentido que lo expresado en el mismo se consulta sólo a título
referencial e ilustrativo para el análisis de la norma constitucional, ya que él
constituye un documento independiente al Texto Constitucional propiamente
dicho y, no siendo parte integrante de la Constitución, no posee carácter
normativo. No puede entonces fundamentarse en la Exposición de Motivos la
justificación jurídica para interpretar una modificación, ampliación o corrección
de lo expresado en el Texto Fundamental. No puede igualmente otorgarse un
carácter interpretativo de la Constitución a la Exposición de Motivos cuando la
misma Constitución le otorga dicho carácter expresamente a esta Sala. La
Exposición de Motivos constituye simplemente una expresión de la intención
subjetiva del Constituyente, y tiene el único fin de complementar al lector de la
norma constitucional en la comprensión de la misma.
Esta Sala, no obstante, dentro de su carácter de máximo intérprete de la
Constitución establecido en el artículo 335 del Texto Fundamental, puede señalar
lo establecido en la Exposición de Motivos como soporte de su interpretación y
otorgarle carácter interpretativo a lo establecido en ésta o, sencillamente,
desechar o no considerar lo establecido en tal documento, en aras a la
interpretación progresiva del Texto Fundamental”.
Por su parte, en sentencia n° 1415 del 22 de noviembre de 2000, esta Sala señaló
lo siguiente:
―…el artículo 136 de la Carta Magna establece la distribución del Poder
Público en las siguientes ramas: ―el Poder Municipal, el Poder Estadal y el
Poder Nacional. (A su vez) El Poder Público Nacional se divide en Legislativo,
Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral‖. En cuanto a la coordinación que
debe darse entre las ramas del Poder Público en el ejercicio de sus funciones,
sigue diciendo dicho artículo: ―Cada una de las ramas del Poder Público tiene
sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio
colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado‖.
Seguidamente, respecto del Poder Público, la Ley Suprema de la República
consagra en su artículo 137 el principio de sujeción del mismo a la Constitución (en
correspondencia con sus artículos 7, 334, 335 y 336):
Artículo 137. La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos
que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que
realicen.

Al respecto, así como el Poder Judicial está sujeto a normas y límites
constitucionales, el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo Nacional y los
demás Poderes Públicos también lo están, al igual que todos los ciudadanos y
ciudadanas, por imperativo de los principios de supremacía constitucional y de
racionalidad; de allí que cualquier intento de ultraje a tales normas constitucionales,
constituya una afrenta al propio orden fundamental y a la dignidad de los ciudadanos y
ciudadanas; valores que sólo podrán ser defendidos a través del conocimiento directo de
la Constitución, única herramienta válida para apreciar la verdad, evitar manipulaciones
y contrarrestar acciones ilícitas.
El autor David Beetham, en la obra El parlamento y la democracia en el siglo
veintiuno: una guía de buenas prácticas (Unión Interparlamentaria, Ginebra, 2006),
señala lo siguiente:
Como institución central de la democracia, encarnan la voluntad del pueblo en
el gobierno y son vector de su aspiración a que la democracia responda
verdaderamente a sus necesidades y ayude a resolver algunos de los problemas
más acuciantes de su vida cotidiana. Como órgano electo que representa a la
sociedad en toda su diversidad, el poder legislativo tiene la responsabilidad
específica de conciliar expectativas e intereses conflictivos de diversos grupos y
colectividades a través de los medios democráticos del diálogo y la conciliación.
En su función legislativa, los parlamentos deben adecuar la legislación de una
sociedad a sus necesidades y circunstancias, que cambian con rapidez.
(…)
Los expertos difieren a veces acerca de la lista precisa de dichas funciones, pero
las que se indican a continuación parecen recoger un amplio consenso:
■ legislar;
■ aprobar los ingresos y los gastos públicos, por lo general en el contexto del
presupuesto nacional;
■ ejercitar control sobre los actos, políticas y agentes del poder ejecutivo;
■ ratificar tratados y supervisar la actividad de los órganos relativos a los
tratados;
■ debatir de temas de importancia nacional e internacional;
■ recibir quejas y rectificar abusos;
■ aprobar enmiendas constitucionales.
Por lo que hace a estas funciones, el aporte parlamentario a la democracia
consiste en desempeñarlas de forma eficaz, no sólo a través de una organización
eficiente de sus labores, sino haciéndolo de forma tal que respondan a las
necesidades de todos los sectores de la sociedad.
…

La democracia en la práctica requiere a menudo un arbitraje entre normas o
valores contrastados, que no pueden ser potenciados simultáneamente. Por
ende, los parlamentos deben facilitar la acción legislativa del gobierno, además
de examinar y enmendar los proyectos de ley; las inmunidades parlamentarias,
si bien pueden proteger a los legisladores, pueden asimismo ocultar delitos
potenciales; el lugar adecuado que cabe dar a las iniciativas individuales puede
perturbar el programa y la organización de las labores parlamentarias; unos
sistemas electorales basados en las circunscripciones pueden facilitar el acceso
de los representantes a sus electores, pero también crear parlamentos que no
sean en su conjunto representativos en diversos aspectos. Hay muchas otras
tensiones y casos en los que se debe arbitrar. Los comentarios enviados por los
parlamentos, que reseñamos en diversos capítulos de este texto, lo ponen
claramente de manifiesto.
…
Cabe destacar que siempre ha habido normas de conducta para los
parlamentarios, si bien se limitaban en general a comportamientos que inciden
en el buen orden de las actividades parlamentarias mismas. En casi todos los
parlamentos, se prohíben las expresiones o comportamientos considerados
como insultantes o amenazantes para otro legislador, que obstaculicen la
libertad de debate o de votación, o que falten el respeto a la presidencia.
Además de estas cuestiones de orden interno y de decoro, siempre se ha
entendido y dado por sentado que los parlamentarios son elegidos para
defender el interés público y no su interés personal u otros intereses
particulares. Lo que es nuevo es que diversos parlamentos consideran necesario
explicitar este principio en un conjunto de normas y códigos de conducta que se
hacen públicos y están destinados a incrementar la confianza en la probidad
parlamentaria. El preámbulo del Código oficial de conducta de Canadá ilustra
el propósito usual de tales instrumentos:
1. reconocer que la función de parlamentario es un mandato público;
2. mantener la confianza del público en la probidad de cada parlamentario y el
respeto y confianza que la sociedad deposita en la institución parlamentaria en
su conjunto;
3. mostrar al público que todos los parlamentarios están sometidos a normas
que colocan el interés público por encima de sus intereses privados y establecer
un sistema transparente que permita al público verificar que así sea;
4. indicar de forma más clara a los parlamentarios cómo conciliar sus intereses
privados con sus obligaciones públicas;
5. fomentar el consenso entre los parlamentarios estableciendo reglas comunes
y medios de asesoría independiente e imparcial para responder a interrogantes
relacionados con la buena conducta.
…
Si bien la «eficacia» no es a primera vista uno de los valores
característicamente democráticos, se vuelve tal cuando las funciones
desempeñadas son necesarias para el funcionamiento del proceso democrático:
legislación, control del Poder Ejecutivo, control financiero, etc. (…) los

parlamentos deben encontrar un equilibrio entre la cooperación y el control
cara al Poder Ejecutivo electo; el obstruccionismo puro redunda rara vez en
interés de la ciudadanía.
…
En este inicio del siglo XXI, las sociedades y sus gobiernos enfrentan ingentes
desafíos. Si bien éstos difieren, por su índole e intensidad, en los distintos
países, todos los gobiernos por igual deben hacer frente a nuevas presiones
(sobre la economía, el medio ambiente, la salud, la seguridad humana) con
políticas y programas que incrementen el bienestar de la población en vez de
menoscabarlo o comprometerlo. Ello constituye un reto para la creatividad
humana y para la capacidad de una sociedad de cooperar y de obrar en pro de
un propósito común.
Como hemos observado en este estudio, los parlamentos, además de sus
necesarias funciones legislativas, de control y otras, tienen atributos específicos
que les permiten contribuir en gran medida a enfrentar estos problemas:
■ representan al pueblo en toda su diversidad y pueden hablar en su nombre;
■ pueden dar al conocer al público las opciones y dilemas que enfrenta el
gobierno y contribuir a su educación en esta materia,
■ constituyen un foro nacional de opinión que permite hacer surgir y debatir
distintas opciones y propuestas políticas;
■ el hecho de que utilicen el diálogo para zanjar diferencias les confiere una
función especial en lo tocante a la resolución de conflictos, a nivel de la
sociedad como a nivel político;
■ les incumbe particularmente la protección y promoción de los derechos
humanos, económicos y sociales tanto como civiles y políticos.
Estos atributos distintivos de los parlamentos hacen a la esencia misma de la
democracia: respeto de la diferencia en base al valor igual de cada persona, y
solución de diferendos de opinión y de interés por medio del diálogo y del
debate, de modo tal que se puedan llevar a la práctica, con el consentimiento de
todos, las medidas comunes necesarias. En un mundo en rápida mutación, entre
los diversos diálogos que ocupan el campo legislativo y político, cobra
particular importancia el que se desarrolla entre el pasado y el futuro de una
sociedad: cómo crear el futuro sin destruir las características del pasado que
hacen a la identidad del país, considerando el pasado como una fuente de
cambio fecundo en lugar de percibirlo como un mero obstáculo al progreso. Por
lo que hace a la democracia, ello significa, como señala el documento final de
la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas de 2005, que «no habrá un modelo
único», sino una serie de variaciones en torno a ciertas normas y
procedimientos fundamentales, de conformidad con la tradición política de cada
país, diversidad de la que dan amplio testimonio los ejemplos citados en el
presente volumen.
… (En http://www.ipu.org/pdf/publications/democracy_sp.pdf)
Como puede apreciarse, el Poder Legislativo Nacional constituye un poder
fundamental para los Estados y las sociedades, de forma similar a los otros poderes;
pero al igual que el resto de poderes constituidos, está sometido a la Constitución y a

otros límites, tal como se desprende del Texto Constitucional patrio y de otras tantas
Constituciones. Así, por ejemplo, las Constituciones de Colombia y de Panamá, dos
casos geográficamente próximos a Venezuela, disponen, en cuanto, a prohibiciones
constitucionales expresas al Poder Legislativo Nacional (tal como lo hacen otros tantos
países), lo siguiente:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
Artículo 136.- Se prohíbe al Congreso y a cada una de sus Cámaras:
1. Inmiscuirse por medio de resoluciones o de leyes, en asuntos de
competencia privativa de otras autoridades.
Omissis
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ
ARTICULO 163. Es prohibido a la Asamblea Nacional:
omissis
2. Inmiscuirse por medio de resoluciones en asuntos que son de la privativa
competencia de los otros Órganos del Estado.
omissis
De tales citas de leyes fundamentales del Derecho comparado se coligen límites
esenciales de las actuaciones legislativas, destacando la prohibición de intromisión en
asuntos que competen privativamente a otros órganos o autoridades, lo cual garantiza el
desarrollo armónico del Poder Público.
2.- CONTROL PARLAMENTARIO
Respecto de las atribuciones de la Asamblea Nacional, el artículo 187
Constitucional dispone lo siguiente:
Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional:
1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el
funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional.

2. Proponer enmiendas y reformas a esta Constitución, en los términos
establecidos en ésta.
3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración
Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley.
Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán
valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca.
4. Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su
competencia.
5. Decretar amnistías.
6. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley
concerniente al régimen tributario y al crédito público.
7. Autorizar los créditos adicionales al presupuesto.
8. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y
social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el
transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional.
9. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés
nacional, en los casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés
público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros
o con sociedades no domiciliadas en Venezuela.
10. Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta
Ejecutiva y a los Ministros o Ministras. La moción de censura sólo podrá ser
discutida dos días después de presentada a la Asamblea, la cual podrá decidir, por
las tres quintas partes de los diputados o diputadas, que el voto de censura implica
la destitución del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva o del
Ministro o Ministra.
11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o
extranjeras en el país.
12. Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del
dominio privado de la Nación, con las excepciones que establezca la ley.
13. Autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para
aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros.
14. Autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora General de
la República y de los Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas Permanentes.
15. Acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos y
venezolanas ilustres, que hayan prestado servicios eminentes a la República,
después de transcurridos veinticinco años de su fallecimiento. Esta decisión podrá
tomarse por recomendación del Presidente o Presidenta de la República, de las dos

terceras partes de los Gobernadores o Gobernadoras de Estado o de los rectores o
rectoras de las Universidades Nacionales en pleno.
16. Velar por los intereses y autonomía de los Estados.
17. Autorizar la salida del Presidente o Presidenta de la República del
territorio nacional cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco
días consecutivos.
18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre
el Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución.
19. Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en él se establezcan.
20. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación
temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos
terceras partes de los diputados y las diputadas presentes.
21. Organizar su servicio de seguridad interna.
22. Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, tomando en cuenta las
limitaciones financieras del país.
23. Ejecutar las resoluciones concernientes a su funcionamiento y
organización administrativa.
24. Todo lo demás que le señalen esta Constitución y la ley.
Por su parte, con relación a las atribuciones de la Comisión Delegada, el artículo
196 del Texto Fundamental prevé lo siguiente:
Artículo 196. Son atribuciones de la Comisión Delegada:
1. Convocar la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, cuando
así lo exija la importancia de algún asunto.
2. Autorizar al Presidente o Presidenta de la República para salir del
territorio nacional.
3. Autorizar al Ejecutivo Nacional para decretar créditos adicionales.
4. Designar Comisiones temporales integradas por miembros de la
Asamblea.
5. Ejercer las funciones de investigación atribuidas a la Asamblea.
6. Autorizar al Ejecutivo Nacional por el voto favorable de las dos
terceras partes de sus integrantes para crear, modificar o suspender
servicios públicos en caso de urgencia comprobada.

7. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.
El Poder Legislativo Nacional es ejercido por una Asamblea Nacional
cuya estructura unicameral responde al propósito de simplificar el
procedimiento de formación de las leyes; reducir los costos de
funcionamiento del parlamento, erradicar la duplicación de órganos de
administración y control y la duplicación de comisiones permanentes,
entre otras cosas.
Las atribuciones de la Asamblea Nacional son las propias de todo
órgano legislativo…
Como puede apreciarse, y aquí lo reconoce este máximo tribunal de la
República, el Poder Legislativo Nacional tiene funciones de control político, a través del
cual puede encausar sus pretensiones, eso sí, siempre dentro del orden constitucional y
jurídico en general, pues ello no sólo es garantía de estabilidad de la Nación y
democracia, sino de respeto a los derechos fundamentales.
Concretamente, los artículos 187.3, 222, 223 y 224 del Texto Fundamental,
estrechamente vinculados entre sí, pues el primero prevé una competencia de la
Asamblea Nacional (187.3) que luego desarrollan los otros dos (222 y 223), disponen lo
siguiente:
Artículo 187. Corresponde a la Asamblea Nacional:
…
3.- Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración
Pública Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en
la ley. Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta
función, tendrán valor probatorio, en las condiciones que la ley
establezca.
…
Artículo 222. La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control
mediante los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las
investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones
parlamentarias previstas en esta Constitución y en la ley y mediante
cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su Reglamento. En
ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad
política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar

al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para
hacer efectiva tal responsabilidad.
Artículo 223. La Asamblea o sus Comisiones podrán realizar las
investigaciones que juzguen convenientes en las materias de su
competencia, de conformidad con el Reglamento.
Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados
u obligadas, bajo las sanciones que establezcan las leyes, a comparecer
ante dichas Comisiones y a suministrarles las informaciones y
documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones.
Esta obligación comprende también a los y las particulares; a quienes se
les respetarán los derechos y garantías que esta Constitución reconoce.
Artículo 224. El ejercicio de la facultad de investigación no afecta las
atribuciones de los demás poderes públicos. Los jueces o juezas estarán
obligados u obligadas a evacuar las pruebas para las cuales reciban
comisión de la Asamblea Nacional o de sus Comisiones.
Así pues, al interpretar de forma gramatical, lógica, histórica e integral tales
disposiciones, se observa que la Constitución le atribuye la competencia de control
político a la Asamblea Nacional, “sobre el Gobierno y la Administración Pública
Nacional”; control sobre funcionarios públicos o funcionarias públicas del Gobierno y
Administración Pública Nacional (sujetos de acción política y, por ende, de control
político, dentro del marco jurídico), en los términos previstos en la Constitución y el
resto del orden jurídico.
En efecto, como puede apreciarse, al delimitar de forma expresa las atribuciones
de la Asamblea Nacional, la Constitución dispone que corresponde a ese órgano
“Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública
Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y en la ley” –Art. 187.3
Constitucional- (Resaltado añadido).
Así pues, siguiendo la tradición constitucional, el constituyente reconoció que el
Poder Legislativo Nacional, además de desplegar su labor principal: la cual es legislar,
también podrá ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración
Pública Nacional, es decir, sobre el Poder Ejecutivo Nacional, en los términos
consagrados en esta Constitución y en la ley, es decir, en el marco de los principios
cardinales de autonomía y colaboración entre órganos del Poder Público, para alcanzar

los fines del Estado (ver, p. ej, arts. 3 y 136 Constitucional); apreciación que resulta de
una lógica ponderación entre las referidas normas constitucionales.
Ello así, la disposición competencial en cuestión limita el control de la
Asamblea Nacional al Poder sobre el cual históricamente ha tenido competencia de
control político, es decir, al Ejecutivo Nacional; al cual, a su vez, la Constitución le
asigna funciones de control sobre aquella, incluso la medida excepcional prevista en el
artículo 236.21, es decir, disolver la Asamblea Nacional, para evitar graves
perturbaciones al ejercicio de las competencias constitucionales que a su vez
corresponden al Gobierno y a la Administración Pública, en perjuicio del bien común de
todos los ciudadanos y ciudadanas, y, en fin, para proteger el funcionamiento
constitucional del Estado y la colectividad en general.
Sobre tal aspecto, la Exposición de Motivos de la Constitución expresa lo
siguiente:
―Una acción de gobierno que no cuente con cierto aval del Legislativo
conllevaría, en algún momento, a la posibilidad de que la Asamblea Nacional
aprobara un voto de censura sobre el Vicepresidente con el cual quedaría
automáticamente removido de su cargo. Pero, como equilibrio de este poder de
control político de la Asamblea Nacional y para que la remoción constante de
Vicepresidentes no se convierta en una práctica obstruccionista, la Constitución
sabiamente consagra la facultad del Presidente de convocar a elecciones
anticipadas de la Asamblea Nacional cuando ésta remueva por tercera vez un
Vicepresidente dentro de un período presidencial de seis años. Esta facultad es
de ejercicio discrecional por el Presidente.
Este doble control entre el Legislativo y el Ejecutivo constituye un sistema de
equilibrio del poder que permite, además, las salidas institucionales a las crisis
políticas o crisis de gobierno, incrementando el nivel de gobernabilidad de la
democracia. Así se posibilita un rango de estabilidad político-institucional para
la democracia y se evitan las salidas extrainstitucionales‖.
Con relación a algunas de esas normas, la Exposición de Motivos de la
Constitución, señala lo siguiente:
Las atribuciones de la Asamblea Nacional son las propias de todo órgano
legislativo en un sistema de gobierno semipresidencial o semiparlamentario,
como el nuestro. Destacan la función legislativa, la función de control político
sobre la Administración Pública Nacional y sobre el Gobierno, las
autorizaciones y, en particular, los mecanismos de control del órgano
legislativo sobre el Poder Ejecutivo a través del voto de censura al
Vicepresidente y a los Ministros, cuyo procedimiento es especial y requiere de

votación calificada. Otros mecanismos de control son las interpelaciones, las
investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones. La
Asamblea Nacional podrá declarar la responsabilidad política de los
funcionarios públicos y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones
para hacerla efectiva. Los funcionarios públicos están obligados a asistir a las
comisiones y a suministrar las informaciones y documentos que éstas requieran
para el cumplimiento de sus funciones. Esta obligación incumbe también a los
particulares, sin perjuicio de los derechos y garantías que la Constitución
consagra. El valor probatorio de los resultados obtenidos en ejercicio de esta
función será establecido de conformidad con la ley.
El voto de censura, dado por las tres quintas partes de los diputados, da lugar a
la remoción del Vicepresidente o de los Ministros, según sea el caso. En el caso
de la remoción del Vicepresidente, en tres oportunidades dentro de un mismo
período constitucional, la Constitución faculta al Presidente de la República,
como un mecanismo de equilibrio democrático, para disolver a la Asamblea
Nacional y convocar a elecciones anticipadas dentro de los sesenta días
siguientes a la disolución para elegir una nueva legislatura, todo lo cual se hará
mediante Decreto aprobado en Consejo de Ministros. No podrá disolverse la
Asamblea Nacional en el último año de su período constitucional.
En cuanto al control sobre los diputados, se busca el ejercicio efectivo y
eficiente de la función parlamentaria, al tiempo que obliga a la vinculación con
las entidades federales y el pueblo. El Estado requiere un desarrollo legislativo
acorde con los cambios del país y un eficiente control sobre la Administración
Pública y el Gobierno. De allí que el ejercicio de la función parlamentaria sea a
dedicación exclusiva, salvo las excepciones establecidas. Los diputados están
obligados a mantener vinculación permanente con sus electores, atendiendo sus
opiniones y sugerencias, informándolos acerca de su gestión y la de la
Asamblea; que rindan cuenta anualmente de la gestión y que estén sometidos al
referendo revocatorio del mandato, con la consecuencia inmediata, en caso de
producirse, de no poder ejercer cargos de elección popular dentro del período
siguiente.
Sobre ese control político-parlamentario, esta Sala, en sentencia n° 2230, del 23
de septiembre de 2002, siguiendo una interpretación histórica, teleológica y armónica
con los principios de autonomía del Poder Judicial, así como también con el resto de
Poderes distintos del Ejecutivo Nacional (Gobierno y Administración Pública
Nacional), refirió que el referido control político previsto en los artículos 187.3 y
desarrollado en los artículos 222, 223 y 224 eiusdem, se circunscribe a este último, en el
marco de la Constitución y la Ley, sin mencionar al Poder Judicial (y al resto de
Poderes Públicos, para los cuales rige otro sistema y alcance de controles previstos en la
Constitución, incluso respecto del propio Legislativo Nacional), salvo en lo que respecta
al control previo e interorgánico para elegir magistrados y magistradas (verificación por
parte de la Asamblea Nacional, junto a otros órganos del Poder Público, concretamente,

junto al Poder Judicial y al Poder Ciudadano, durante el proceso respectivo, referido el
cumplimiento o no de los requisitos de elegibilidad), así como también a la remoción
interinstitucional de los mismos, en el marco de lo previsto en el artículo 265
Constitucional, único supuesto de control posterior, por parte de esa Asamblea, sobre
aquellos funcionarios que ostentan el periodo constitucional más amplio de todos: doce
-12- años (art. 264 Constitucional), siguiendo la tradición constitucional en ese sentido;
soportada en la necesidad y en el imperativo de no someter a este árbitro del Estado y de
la sociedad, a los cambios en la correlación de fuerzas a lo interno del Parlamento: Ente
esencialmente político; para no incidir negativamente en la independencia e
imparcialidad de aquel y, sobre todo, en el mantenimiento del Estado Constitucional de
Derecho.
Así, en la referida sentencia n° 2230, del 23 de septiembre de 2015, esta Sala
asentó lo siguiente:
I
Desde que este Tribunal Supremo de Justicia se instaló, a partir
del año 2000, incluso antes que se dicten sentencias, el mismo ha sido
objeto de declaraciones públicas, de quienes incoan acciones
personalmente o como apoderados de los accionantes, donde
―conminan‖ al Tribunal a sentenciar a su favor , ya que de no hacerlo y
tener la acción incoada trascendencia política, la Sala o el Tribunal son
genuflexos al Presidente, órganos auxiliares del Poder Ejecutivo, y
algunos obrando como ―perdonavidas de pacotilla‖, hasta han llegado a
decir que le están dando a los Magistrados la oportunidad ―de lavarse la
cara‖ o de reivindicarse.
Todas estas antiéticas menciones, violatorias del artículo 51 del
Código de Ética Profesional del Abogado, cuando los solicitantes son
abogados, no han hecho mella alguna en el criterio de los Magistrados,
quienes han sentenciado conforme a sus conciencias, y considera la
Sala, que Magistrados que se dejen intimidar por expresiones de este
tipo, provengan de quien provengan: de los particulares, del Jefe del
Estado, de miembros del Ejecutivo, etc, no merecen, ser Magistrados.
En consecuencia, no es motivo de amparo, ni ningún derecho
constitucional del Tribunal Supremo como ente, o de sus miembros, se ve
vulnerado, por expresiones en contra del Tribunal o los Magistrados, los
cuales tienen como correctivo a este tipo de actuación, la posibilidad de
intentar las acciones penales y civiles que les correspondan, tanto al ente
como tal, como a sus componentes. Ellos serán los que busquen
correctivos a las situaciones que los perjudiquen, sin que nadie pueda
subrogarse en sus derechos e intereses.

II
Señalado lo anterior, debe la Sala examinar el segundo de los
pedimentos del accionante, cual es que se ordene al Ejecutivo paralizar
cualquier investigación contra los Magistrados.
Al respecto la Sala quiere apuntar que ante la Ley, nadie es
intocable; y por los organismos competentes, todos los ciudadanos están
sujetos a investigación, si existe un auto de proceder en su contra, o son
sujetos de delitos infraganti.
El accionante no aporta prueba alguna de que organismos
incompetentes pertenecientes al Ejecutivo estén investigando a
Magistrado alguno, y en consecuencia, tal pedimento debe ser
rechazado, no sin antes resaltar que de ser cierta tales investigaciones,
ellas carecerían de cualquier valor legal, a menos que se trate de
órganos de policía de investigaciones penales (principales o auxiliares).
III
Pide el accionante que se ordene a la Asamblea Nacional la
suspensión de actividades de la Comisión Especial creada el 15 de
agosto de 2002, para investigar la crisis del Poder Judicial.
Carlos H. Tablante Hidalgo, como parlamentario ha sido una de
las personas que desde el antiguo Congreso, desde la Constituyente, y en
la actual Asamblea, ha pedido se investigue al Poder Judicial, siendo
uno de los impulsores de la lucha por sanear dicho Poder, y a ese fin ha
cursado oficio a jueces para que concurran ante la Asamblea.
En Venezuela, en base a la vigente Constitución, el Poder
Público se distribuye en tres poderes: el Municipal, el Estadal y el
Nacional, y este último se subdivide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial,
Ciudadano y Electoral (artículo 136 Constitucional).
Cada una de las ramas del Poder Público tiene establecidas en la
Constitución y las Leyes funciones propias, las cuales se cumplen
ceñidas a las leyes (artículo 136 y 137 Constitucionales). Ello significa
que las atribuciones privativas que la ley señale a un poder no pueden
ser cumplidas, ni invadidas por otro.
En particular, al Poder Judicial, corresponde la potestad de
administrar justicia, mediante sus órganos, creados por la Constitución y
las Leyes que la desarrollan (artículo 253 Constitucional).
El Poder Judicial, por mandato de nuestra Carta Fundamental,
es autónomo e independiente (artículo 254 eiusdem). Ello significa que el
Poder Judicial, no depende de ningún otro Poder del Estado, y por ello,
por el citado mandato constitucional, goza de autonomía funcional,
financiera y administrativa, la cual la asigna el artículo 254

Constitucional al Tribunal Supremo de Justicia, como cabeza y director
del sistema judicial.
La independencia funcional significa que en lo que respecta a sus
funciones, ningún otro poder puede intervenir en el judicial, motivo por
el cual las decisiones de los Tribunales no pueden ser discutidas por los
otros Poderes; y los jueces, y funcionarios decisores del Poder Judicial
-como el Inspector General de Tribunales- no pueden ser interpelados,
ni interrogados por los otros Poderes, sobre el fondo de sus decisiones,
a menos que se investigue un fraude o un delito perpetrado por medio de
ellas, caso en que el Ministerio Público, podrá investigar a los
funcionarios del Poder Judicial, conforme al artículo 309 del Código
Orgánico Procesal Penal.
También la independencia se patentiza en la autonomía
administrativa del Poder Judicial, quien en los nombramientos que
realice y en el desarrollo de la administración de justicia (planta física,
empleados Tribunalicios, dotación de Tribunales, etc), no está
subordinado a nadie, excepto al control legal que corresponde a la
Contraloría General de la República (artículos 287 y 289
Constitucionales).
Por último, el Poder Judicial tiene autonomía financiera, y para
ello se le asignará dentro del presupuesto general del Estado, una
partida anual variable, no menor del dos por ciento (2%) del
presupuesto ordinario nacional, el cual no podrá ser reducido o
modificado sin autorización previa de la Asamblea Nacional (artículo
254 Constitucional). Sin embargo, de conformidad con el artículo 187.6
Constitucional, la Asamblea, debe aprobar el Presupuesto, al menos en
lo referente a los ingresos que el Estado destine al Poder Judicial.
Los ejemplos numerados, patentizan una red entre los poderes
del Estado, en que en ámbitos específicos un Poder, conforme a la
Ley, controla a otro.
Entre las competencias de la Asamblea Nacional, se encuentra
la del control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional.
Este control (artículo 187.3 Constitucional) se concreta mediante los
procedimientos señalados en el artículo 222 de la vigente Constitución.
Luego, se hace necesario determinar si el Poder Judicial forma
parte del Gobierno, para resolver si está sujeto en alguna forma al
control de la Asamblea Nacional, y la respuesta es que no. La
Constitución de 1999, coloca al Gobierno y a la Administración Pública
Nacional en una misma categoría, por lo que el Poder Judicial es
extraño a la Administración Pública y al Poder Ejecutivo (Gobierno),
no forma parte de los entes controlables por la Asamblea Nacional.
De la lectura del texto Constitucional, la Sala encuentra que
dentro de las instituciones políticas del Estado, por Gobierno, a los fines

del artículo 222 Constitucional, se entiende al Presidente de la
República y al Ejecutivo Nacional (articulo 226 Constitucional), siendo
el Presidente el que dirige la acción de gobierno (artículo 236.2
Constitucional), y el Vicepresidente quien colabora con el Presidente en
la dirección de la acción de Gobierno (artículo 239.1 eiusdem).
El artículo 187.3 de la vigente Constitución es claro, las
funciones de control se ejercen sobre el gobierno y la Administración
Pública Nacional, es decir sobre el bloque que mediante la
administración centralizada y descentralizada, conforma el Poder
Ejecutivo Nacional.
Tal control parlamentario de la asamblea no se extiende a
ningún otro Poder; quedando establecido en la Ley los diversos
mecanismos de control de los otros poderes.
Puede además la Asamblea Nacional realizar las investigaciones
que juzgue conveniente, en materias de su competencia, de conformidad
con el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional
(artículo 223 de la vigente Constitución).
Luego hay que determinar cuáles son las materias para las
cuales es competente la Asamblea Nacional, para conocer donde puede
investigar.
Entre estas materias, y con relación al Poder Judicial,
competería a la Asamblea Nacional lo referente al nombramiento de los
Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 264
Constitucional), así como su remoción (artículo 265 eiusdem), y para
cumplir con esos fines podría efectuar investigaciones, independientes
de los procedimientos legales para el nombramiento y la remoción, y es
en este sentido que la Comisión Permanente de Política Interior,
Justicia, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, conocerá de
los asuntos relativos a la administración de justicia, tal como lo pauta el
artículo 43.1 del Reglamento de Interior y de Debates de la Asamblea
Nacional.
Por lo tanto, dentro de estos parámetros, la Asamblea Nacional
puede investigar, lo concerniente a la elección, y si fuere el caso, en caso
de faltas graves calificadas por el Poder Ciudadano, la remoción de
Magistrados.
Planteado así, la Sala considera que la Asamblea Nacional, en
cuanto a las condiciones para el nombramiento de los Magistrados
puede previamente hacer las investigaciones que crea necesarias, y este
es un motivo, junto con los antes señalado, para declarar improcedente
el amparo, ya que la investigación denunciada no deviene en una
intromisión de un poder en otro, a menos que ella pretendiera investigar
la ―crisis de la administración de justicia‖, para lo cual no tiene
competencia la Asamblea Nacional. (Resaltado añadido)

Como puede apreciarse, en atención a los principios de división, autonomía y
equilibrio a lo interno del Poder Público, esta Sala ha reconocido que el control
parlamentario se limita al Ejecutivo Nacional, dentro del marco Constitucional; y que
las investigaciones parlamentarias referidas al Poder Judicial se circunscriben, en lo que
respecta al Poder Judicial, por una parte, a la verificación de las condiciones para el
nombramiento de los Magistrados (artículo 264 Constitucional), para lo cual la
Asamblea Nacional podrá “previamente hacer las investigaciones que crea necesarias”
(control previo). Tal interpretación elemental encuentra pleno sustento en la historia
constitucional, en la Ciencia Política y en el Derecho Comparado.
Como lo señala el autor Brewer-Carías, en el prólogo de la publicación del autor
Juan Miguel Matheus, “La Asamblea Nacional: cuatro perfiles para su reconstrucción
constitucional”:
La Asamblea Nacional, como órgano parlamentario unicameral, es
uno de los órganos del Estado que resulta de un sistema de separación de
poderes que, como sabemos, en Venezuela es de cinco poderes Legislativo,
Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral (art. 136). Este sistema de
separación de poderes, en principio, debería originar un esquema de pesos y
contrapesos, de manera que cada Poder efectivamente fuera independiente y
autónomo en relación con los otros, como formalmente se expresa en la
Constitución, particularmente en un sistema presidencial de gobierno, como el
que existe en el país‖
…si bien se dispone que la remoción solo pueda decidirse cuando haya
falta grave, la laxitud de su regulación hace que en definitiva sea la sola
voluntad política de la mayoría parlamentaria la que se impone. En 2004,
incluso, violándose abiertamente la Constitución, la Asamblea Nacional llegó a
establecer en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que
estos podían ser removidos por el voto de la mayoría absoluta…
Todo ello es contrario al sistema de pesos y contrapesos, que basado en
una efectiva autonomía e independencia entre los poderes, debería implicar
fundamentalmente que la permanencia de los titulares de los Poderes Públicos
no debe (sic) estar sujeta a la decisión de los otros poderes del Estado, salvo
por los que respecta a las competencias del Tribunal Supremo de enjuiciar a los
altos funcionarios del Estado. Es decir, salvo estos supuestos de enjuiciamiento,
los funcionarios públicos designados como titulares de órganos del Poder
Público, solo deberían cesar en sus funciones cuando se les revoque su mandato
mediante referendo; por lo que los titulares de los Poderes Públicos no electos,
deberían tener derecho a permanecer en sus cargos durante todo el periodo de
tiempo de su mandato‖

http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-
41efb849fea9/Content/II.5.59%20PROLOGO%20LIBRO%20JUAN%20M.MAT
HEUS.pdf
Así, el autor Hernán Salgado Pesantes, en su obra “Teoría y Práctica del Control
Político. El Juicio Político en la Constitución Ecuatoriana”, publicado en el Anuario de
Derecho Constitucional Latinoamericano de 2004, por la Universidad Nacional
Autónoma de México, señala lo siguiente:
La idea de ejercer control político sobre el Estado y particularmente
sobre el Ejecutivo tiene antecedentes antiguos. Quizás la concepción
más antigua sea la de Montesquieu, quien al establecer, la necesidad de
que los tres poderes fueran ejercidos por órganos distintos, señaló que
cada uno tendría la facultad de impedir (empêcher) y de detener (arr
ter) al otro u otros poderes. ―El poder-escribió- detiene al poder‖. Se
trataba de una mutua limitación‖. -Resaltado añadido-
(http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2004.1/p
r/pr19.pdf)
A su vez, ―En septiembre de 2005, los Presidentes de asambleas legislativas
que concurrieron a la sede de las Naciones Unidas desde todas las regiones del mundo
declararon de forma inequívoca que, en una democracia, «el Parlamento es la
institución central a través de la cual se expresa la voluntad del pueblo, se promulgan
las leyes y a la cual rinde cuentas el gobierno». (Beetham, David. El parlamento y la
democracia en el siglo veintiuno: una guía de buenas prácticas. Unión
Interparlamentaria, Ginebra, 2006. En
http://www.ipu.org/pdf/publications/democracy_sp.pdf).
Por su parte, sobre el control político y su distinción del control jurídico, en
sentencia n° 7 del 11 de febrero de 2016, esta Sala señaló lo siguiente:
―…sobre el control político, debe señalarse que John Locke en su
obra Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil de 1689, y luego Montesquieu en
su obra El Espíritu de las Leyes de 1748, propusieron que era necesario que las
funciones del Estado se dividieran entre distintos poderes concebidos para esa
época (legislativo, ejecutivo y judicial), mediante un sistema en el cual el poder
limite al poder, es decir, se autocontrole. Para Montesquieu, el objetivo de ese
sistema es establecer pesos y contrapesos entre los poderes para lograr libertad
ciudadana y gobiernos civiles de leyes. Recomienda que el Poder Legislativo no
pueda impedir la acción de gobierno del Poder Ejecutivo, pero sí considera
necesario que aquél examine cómo es que se cumplen las leyes que él emite, es
decir, que efectúe lo que luego se denominará un control político (que, en el
contexto del actual Estado Constitucional, deberá estar sometido a su vez, al

postulado de Supremacía Constitucional y, por ende, al control de la
constitucionalidad –vid. arts. 7, 137, 138, 334, 335 y 336 del Texto
Fundamental).
Adicionalmente, sobre el control político y el control jurídico, en
el marco de la ciencia jurídica comparada, el autor Hernán Salgado Pesantes,
en su obra ―Teoría y Práctica del Control Político. El Juicio Político en la
Constitución Ecuatoriana‖, publicado en el Anuario de Derecho Constitucional
Latinoamericano de 2004, por la Universidad Nacional Autónoma de México,
señaló:
―Características y diferencias del control político frente al control
jurídico.-
Al analizar las características del control político la mayoría de los
autores, cuyo criterio comparto, destacan su condición o carácter subjetivo,
de donde se derivan aspectos muy específicos que configuran a esta
institución. Tiene un carácter subjetivo en el sentido de que el control
político se basa en criterios de confianza y oportunidad; la valoración
descansa en la libre apreciación de quien juzga.
El control jurídico, en cambio, tiene carácter objetivo en el sentido de que
se fundamenta con mayor rigor en normas del derecho que tienen una
valoración predeterminada y se basa en reglas que limitan la
discrecionalidad del juzgador, como luego se insistirá.
La objetividad del control jurídico también tiene que ver con los
principios de independencia y de imparcialidad que caracterizan a los
jueces en materia jurisdiccional; en cambio, en el control político no se da
necesariamente la independencia ni la imparcialidad del órgano que
juzga; puede haber, como de hecho existe, la disciplina partidista, los
compromisos o alianzas políticas, a lo que se suma el sentido de
oportunidad.
Los agentes o personas que realizan el control político son determinados
en virtud de su condición política y no de su preparación y conocimiento
jurídico, como ocurre en los órganos jurisdiccionales.
El objeto inmediato del control político puede ser un acto o conducta
política concreta o una actuación política general. A través del control
político de ese acto o conducta se está controlando al órgano del cual
emana o al que le es imputable. Esto es diferente de lo que ocurre en el
control jurídico, que no puede ser entendido como un control sobre el
órgano (por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional controla una ley no
está controlando al Congreso, sino al ordenamiento jurídico).
Al examinar los criterios de valoración utilizados en el juicio político se
puede establecer una clara diferencia con el control jurídico. En el primero,
la valoración se efectúa con absoluta libertad de criterio (dado su carácter
subjetivo); en el segundo, la valoración se sujeta a las normas de derecho
objetivadas. En el control político hay esa libertad de valoración, incluso

cuando el ordenamiento determina el caso o las condiciones en que se ha de
dar dicho control. Es interesante lo que señala el profesor Aragón al
respecto:
„Cuando un órgano político acude a la Constitución, o a otra norma,
para juzgar una determinada conducta o un acto, está interpretando la
regla, por supuesto, pero interpretándola políticamente y no
jurídicamente. A diferencia de la judicial, su interpretación es
enteramente libre, sustentada no en motivos de derecho sino de
oportunidad, esto es, se trata de una valoración efectuada con razones
políticas y no con métodos jurídicos‟.
Incluso en caso de presunta inconstitucionalidad, aunque los legisladores
den razones muy jurídicas, como señala Aragón, ―Tal decisión no se toma
por la fuerza del derecho sino por los votos; no es la decisión de un
órgano jurídico sino político; es una decisión enteramente libre […] y no
como el órgano judicial que ha de interpretarla de la única manera que se
considera válida‖. (…)
Al respecto, y como se suele señalar acertadamente, hay aquí una
diferencia sustancial con el control jurídico; mientras este conlleva
necesariamente una sanción, el control político no posee, de modo general
y constante, efectos sancionadores per se; los tiene en determinados
casos, en aquellos en que el ordenamiento jurídico lo ha previsto.‖.
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2004.1/pr/pr
19.pdf
Para el autor Giuseppe Graterol Stefanelli, en su publicación “La Función
Parlamentaria de Control en Democracia y en un Estado de Derecho”, Cedice, 2013, p.
6 ss:
―El estado de derecho y la democracia moderna exigen que el poder
esté sometido al derecho, y que el pluralismo sea el eje de las discusiones
colectivas. Una de las formas de control que ha desarrollado la doctrina es el
así denominado control parlamentario o control político. Dicha forma de
control sería, de manera sencilla y concreta, aquél que ejerce el poder
legislativo sobre el poder ejecutivo.
Quizá resulte una perogrullada afirmar que el poder legislativo debe
controlar al ejecutivo. Siendo aquél el órgano de representación política por
excelencia, resulta fundamental que cumpla una función contralora. La
importancia o necesidad de dicho control no es producto de una novísima teoría
jurídico-política, por el contrario, ya Montesquieu (1972, p.151-55) ante la
necesidad de que existiera una independencia y un control entre el poder
ejecutivo y el legislativo señalaba que ―cuando el poder legislativo está unido al

poder ejecutivo, en la misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad (…)
pues los dos poderes estarían unidos‖.
Por función de control político o parlamentario se entiende, según
Berlín Valenzuela (2002, p. 139): “inspección, fiscalización, comprobación,
revisión o examen que lleva a cabo el parlamento sobre la actividad que
realiza el ejecutivo”.
(…)
El control político no cuenta en Venezuela con una base normativa
adecuada, situación que debilita la posibilidad de su ejercicio efectivo. Una
muestra de ello es que el respeto a la minoría parlamentaria es casi inexistente
en la constitución de 1999; basta con la lectura del artículo 222 que consagra la
función de control parlamentario para tener idea de la situación: (…)
Es evidente que la citada disposición consagra formalmente el control
parlamentario. Pero, para comprender cómo regula el control 18 parlamentario
el ordenamiento jurídico constitucional, es necesario responder dos preguntas:
(i) ¿Quién es el sujeto activo del control parlamentario?
¿O quién ejerce el control?. A tal efecto, la disposición es clara: la
función la ostenta la Asamblea Nacional. Ésta es un órgano colegiado, es decir,
su manifestación de voluntad está regida por la regla mayoritaria (según sea el
caso: absoluta, simple o calificada).
(ii) ¿Cuál es el alcance del control parlamentario?
Señala la disposición que se podrá declarar la responsabilidad política,
con lo cual, indebidamente, el alcance del ejercicio del control parlamentario
se reduce a la declaración o no de la responsabilidad política de los
funcionarios del gobierno nacional. Vale decir, que tal declaración, como
manifestación de voluntad que es, está regida por la regla mayoritaria.
Conforme a esta visión sobre el control parlamentario, es evidente que lo
previsto en esta materia en la constitución de 1999, es lo que en los estudios
sobre el tema se ha denominado control por el parlamento.
Y por ello, el ejercicio de ese control por la mayoría parlamentaria, dada la
dinámica parlamentaria actual (que actúa como extensión del gobierno
nacional en Venezuela y otras naciones democráticas), se convierte en un
control impracticable. Así, un control político en el parlamento, que dé cabida a
las 19 minorías parlamentarias, es inexistente bajo la interpretación aislada de
la disposición constitucional comentada.
Lo mismo sucede con los otros instrumentos jurídicos de rango inferior
relacionados con la materia, y que son enunciados varios de ellos en el artículo
222 antes mencionado. Son dos los textos legales a considerar al respecto, para
llevar a cabo el análisis propuesto acerca de las posibilidades de activar

mecanismos de control político en el parlamento por parte de las minorías
políticas de la actual Asamblea Nacional. Por un lado, la Ley sobre el régimen
para la comparecencia de funcionarios y funcionarias públicas y los o las
particulares ante la Asamblea o sus comisiones (Gaceta Oficial Nº 37.252 del 2
de agosto de 2001) y por el otro el Reglamento interior y de debates de la
Asamblea Nacional (Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.014 del 27 de
diciembre de 2010). -Resaltado añadido- http://cedice.org.ve/wp-
content/uploads/2013/12/N%C2%B04-La-Funci%C3%B3n-Parlamentaria-de-
Control-en-Democracia-y-en-un-Estado-de-Derecho-FINAL.pdf
Como se desprende de la jurisprudencia y doctrina citada, el control político-
parlamentario previsto en los artículos 187.3, 222, 223 y 224 del Texto Fundamental, se
extiende fundamentalmente sobre el Poder Ejecutivo Nacional, y no sobre el resto de los
Poderes Públicos (Judicial, Ciudadano y Electoral), tampoco sobre el poder público
estadal ni el municipal (con excepción de lo previsto en el artículo 187.9 eiusdem), pues
el control político de esas dimensiones del Poder lo ejercerán los órganos que la
Constitución dispone a tal efecto, tal como se interpreta de los artículos 159 y siguientes
de la Constitución.
Así, luego del examen de varias normas relativas a los entes político
territoriales, debe indicarse que el control político proveniente del ámbito legislativo en
lo regional y local, corresponde a los órganos deliberantes de los estados y municipios,
en relación a las ramas ejecutivas en dichos entes. Así, en cuanto al nivel estadal, el
control equivalente al legislativo nacional lo ejercen de manera preferente los consejos
legislativos, según los artículos 161 y 162 Constitucionales, y con relación al nivel
municipal, corresponde a los concejos municipales, con arreglo al artículo 175
Constitucional, todo ello de conformidad con la distribución del Poder Público a la que
se refiere el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
estructuración alineada con la forma de Estado federal descentralizado en los términos
constitucionales que apunta el artículo 4 eiusdem, ameritando, según el caso, la debida
armonización con el ordenamiento regional y local en lo que fuera conducente, según
las normas y criterios jurisprudenciales aplicables.
A su vez, parte fundamental del sistema de controles y equilibrios a lo interno
del Poder Público Nacional, puede apreciarse en los artículos 186 y siguientes del Texto
Fundamental, respecto de todos los órganos del Poder Público; quedando evidenciado,
en síntesis, que las fuentes del derecho han reconocido y esta Sala declara, que el
control político-parlamentario previsto en los artículos 187.3, 222, 223 y

224 constitucionales se circunscribe en esencia al Ejecutivo Nacional, dentro del marco
Constitucional; base sobre la cual deberán interpretarse las normas infra-
constitucionales.
Así, una principal expresión a la cual se circunscribe ese control político-
parlamentario en lo que atañe al Jefe del Ejecutivo Nacional (artículo 226
Constitucional), se evidencia en el artículo 237 eiusdem, según el cual el Presidente o
Presidenta de la República presentará cada año personalmente a la Asamblea Nacional
un mensaje en el que dará cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y
administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior; ámbito al cual se
ajusta ese control en lo que respecta al Jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional.
Por su parte, en lo que respecta al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta
Ejecutiva, órgano directo y colaborador inmediato del Presidente o Presidenta de la
República en su condición de Jefe o Jefa del Ejecutivo Nacional (artículo 238
Constitucional); ese control se expresa en la moción de censura al mismo, dentro del
marco Constitucional (artículo 240 eiusdem).
A su vez, respecto de los Ministros y Ministras, el control parlamentario
encuentra expresión esencial en el artículo 244 Fundamental, cuando dispone que los
mismos “presentarán ante la Asamblea Nacional, dentro de los primeros sesenta días
de cada año, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el
año inmediatamente anterior, de conformidad con la ley”.
Así pues, dicho control, en primer término, está referido a la presentación de la
memoria y cuenta en las condiciones que ordena el artículo 244 eiusdem. Por su parte,
el artículo 245 Constitucional, como sistema de contrapeso, le da a los Ministros o
Ministras derecho de palabra en la Asamblea Nacional y en sus comisiones; e, inclusive,
dispone que podrán tomar parte en los debates de la Asamblea Nacional, sin derecho al
voto, también dentro del marco constitucional y, por ende, dentro del marco de los
postulados de utilidad, necesidad, racionalidad, proporcionalidad y colaboración a lo
interno del Poder Público.
Seguidamente, el artículo 246 prevé la consecuencia del ejercicio del control
parlamentario sobre Ministros y Ministras, cuando dispone que “la aprobación de una

moción de censura a un Ministro o Ministra por una votación no menor de las tres
quintas partes de los o las integrantes presentes de la Asamblea Nacional, implica su
remoción. El funcionario removido o funcionaria removida no podrá optar al cargo de
Ministro o Ministra, de Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva por el
resto del período presidencial”. Evidentemente, tal actuación, al igual que las demás,
debe ser compatible con el resto de reglas, valores y principios constitucionales.
Fuera de esos casos, respecto de los demás funcionarios del Poder Ejecutivo
Nacional, distintos al Presidente o Presidenta de la República, Vicepresidente Ejecutivo
o Vicepresidenta Ejecutiva, y Ministros y Ministras, el control político en este contexto,
se concreta a través de los mecanismos previstos en los artículos 222 y 223 del Texto
Fundamental, conforme a las demás reglas, valores y principios que subyacen al mismo,
especialmente, el axioma de colaboración entre poderes, así como los de utilidad,
necesidad y proporcionalidad, para que logre su cometido constitucional y, por ende,
para impedir que ese control afecte el adecuado funcionamiento del Ejecutivo Nacional,
y, en consecuencia, evitar que el mismo termine vulnerando los derechos
fundamentales; para lo cual debe observarse la debida coordinación de la Asamblea
Nacional con el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, tal como lo
impone el artículo 239.5 Constitucional, para encausar la pretensión de ejercicio del
referido control (canalización de comunicaciones, elaboración de cronograma de
comparecencias, etc.), respecto de cualquier funcionario del Gobierno y la
Administración Pública Nacional, a los efectos de que, conforme a la referida previsión
constitucional, la Vicepresidencia Ejecutiva de la República centralice y coordine todo
lo relacionado con las comunicaciones que emita la Asamblea Nacional con el objeto de
desplegar la atribución contenida en el artículo 187.3 Constitucional, desarrolladas en
los artículos 222 al 224 eiusdem; además de la consideración de las circunstancias
políticas, económicas y sociales en general que imperasen en la República para el
momento en el que se coordina y ejerce el referido control, tal como ocurre en la
actualidad, en la que principalmente el Ejecutivo Nacional, como en todo sistema
presidencialista o semipresidencialista de gobierno (cuya característica elemental es que
gran parte de las funciones cardinales del Estado recaen sobre el jefe del referido
poder), está atendiendo de forma especial la situación de emergencia económica que
existe en el país (ver sentencia de esta Sala n° 7 del 11 de febrero de 2016),
circunstancia que amerita toda la colaboración posible entre los diversos órganos del

Poder Público (ver artículo 136 Constitucional), para superar esa situación excepcional
que se ha venido manteniendo y que tiene visos regionales y mundiales; circunstancia
que también convoca al Poder Legislativo Nacional, el cual debe sopesar que
especialmente en estas circunstancias, la insistencia de peticiones dirigidas hacia el
Poder Ejecutivo Nacional e, inclusive, hacia el resto de poderes públicos, pudiera
obstaculizar gravemente el funcionamiento del Estado, en detrimento de la garantía
cabal de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, así como también de los derechos
irrenunciables de la Nación (ver artículo1 Constitucional).
Así pues, las convocatorias que efectúe el Poder Legislativo Nacional, en
ejercicio de las labores de control parlamentario previstas en los artículos 222 y 223,
con el objeto de ceñirse a la juridicidad y evitar entorpecer el normal funcionamiento de
los Poderes Públicos, deben estar sustentadas en todo caso en el orden constitucional y
jurídico en general; por lo que las mismas deben estar dirigidas justamente a los
funcionarios y demás personas sometidas a ese control, indicar la calificación y base
jurídica que la sustenta, el motivo y alcance preciso y racional de la misma (para
garantizar a su vez un proceso con todas las garantías constitucionales), y en fin,
orientarse por los principios de utilidad, necesidad, razonabilidad, proporcionalidad y
colaboración entre poderes públicos (sin pretender subrogarse en el diseño e
implementación de las políticas públicas inherentes al ámbito competencial del Poder
Ejecutivo Nacional), permitiendo a los funcionarios que comparecen, solicitar y
contestar, de ser posible, por escrito, las inquietudes que formule la Asamblea Nacional
o sus comisiones, e inclusive, también si así lo solicitaren, ser oídos en la plenaria de la
Asamblea Nacional, en la oportunidad que ella disponga (parte de lo cual se reconoce,
por ejemplo, en el referido artículo 245 Constitucional), para que el control en cuestión
sea expresión de las mayorías y minorías a lo interno de ese órgano del Poder Público,
las cuales han de representar a todas y todos los ciudadanos, y no únicamente a un solo
sector; todo ello para dar legitimidad y validez a tales actuaciones; y, además, para
cumplir con lo dispuesto en el artículo 224 de la Constitución, según el cual el ejercicio
de la facultad de investigación de la Asamblea Nacional no afecta [y, por ende, no ha de
afectar] las atribuciones de los demás poderes públicos, pues obviamente la
Constitución no avala el abuso ni la desviación de poder, sino que, por el contrario,
plantea un uso racional y equilibrado del Poder Público, compatible con la autonomía
de cada órgano del mismo, con la debida comprensión de la cardinal reserva de

informaciones que pudieran afectar la estabilidad y la seguridad de la República, y, en
fin, compatible con los fines del Estado.
Asimismo, respecto a las especificidades y a la forma en que deben desarrollarse
las comparecencias ante la Asamblea Nacional, por parte del Ejecutivo Nacional y a la
relación coordinada que debe existir entre ambas ramas del Poder Público, el ciudadano
Presidente o Presidenta de la República tiene y debe ejercer la atribución contemplada
en el artículo 236.10 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
referida a “Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito
y razón.‖; de tal manera que el Poder Ejecutivo estaría legitimado para reglamentar
ejecutivamente la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y
Funcionarias Públicos o los o las Particulares ante la Asamblea Nacional o sus
Comisiones, con la finalidad de armonizar el normal desarrollo de las actuaciones
enmarcadas en ese instrumento legal y demás ámbitos inherentes al mismo, siempre
respetando su espíritu, propósito y razón.
En este contexto, debe indicarse que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es
pasible de control a través de su Comandante en Jefe y del control parlamentario
mediante el control político que se ejerce sobre su Comandante en Jefe y autoridad
jerárquica suprema: El Presidente o Presidenta de la República; el cual, como se
advierte del artículo 237 Constitucional, dentro de los diez primeros días siguientes a la
instalación de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, presentará cada año
personalmente a esa Asamblea un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos,
económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente
anterior (a ello se limita el control previsto el artículo 187.3 Constitucional –
desarrollados en los artículos 222 y 223, en lo que respecta a dicha Fuerza). Por lo
demás, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (cuyo calificativo ―Bolivariana‖ se
cimienta en la propia denominación de la Constitución y de la República homónima -
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-, y, por ende, en el ideario de
Simón Bolívar, El Libertador, que irradia el Texto Fundamental desde su primer
artículo-) está sometida al control constitucional y legal (a través de la ley o leyes
respectivas, dentro del marco fundamental), así como de los controles que emanan del
Poder Ciudadano y del Poder Judicial; en ejecución del orden jurídico, pues tal como lo
dispone el artículo 328 Constitucional, la misma, “en el cumplimiento de sus funciones,

está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad
política alguna” y “sus pilares fundamentales son la disciplina, la obediencia y la
subordinación”.
3.- DE LA DESIGNACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE LA
ASAMBLEA NACIONAL PARA REVISAR EL NOMBRAMIENTO DE LOS
MAGISTRADOS PRINCIPALES Y SUPLENTES POR PARTE DE LA
ASAMBLEA NACIONAL, EL DÍA 23 DE DICIEMBRE DE 2015 Y ANÁLISIS
DEL ARTÍCULO 90 DEL REGLAMENTO INTERIOR Y DE DEBATES DE LA
ASAMBLEA NACIONAL Y EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY ORGÁNICA DE
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Por notoriedad comunicacional, esta Sala tiene conocimiento que el día 7 de
enero del presente año, la Asamblea Nacional creó la denominada “Comisión Especial
designada para evaluar el nombramiento de Magistrados” (la cual, posteriormente y
sin expresar razón jurídica o política alguna, fue nuevamente designada por ese mismo
órgano, con los mismos integrantes), tal como consta en el siguiente documento
contenido en la página web de ese órgano del Poder Público:
Comisión Especial designada para evaluar el nombramiento de Magistrados
En su tercera sesión, efectuada el 07 de enero, la nueva Asamblea Nacional
aprobó la designación de una Comisión Especial encargada del estudio y
análisis del proceso para la elección de los 34 magistrados (13 titulares y 21
suplentes) del Tribunal Supremo de Justicia, efectuada por el parlamento
saliente el 23 de diciembre pasado. La creación de esta comisión se deriva de
los cuestionamientos que diversos sectores del país han hecho a la forma como
se realizó el proceso de postulaciones, preselección y designación final de los
magistrados, calificado como inconstitucional e ilegal, por no haberse cumplido
con todos los requisitos de este acto legislativo, establecidos en la Constitución
y la Ley del Tribunal Supremo de Justicia. El órgano legislativo se conformó
solo con diputados pertenecientes al Bloque de la Unidad Democrática, tras la
negativa de participar los parlamentarios del Bloque de la Patria, quienes
argumentaron la inconstitucionalidad de esta comisión evaluadora. La comisión
está presidida por el diputado Carlos Berrizbeitia (Unidad/Carabobo) y sesiona
todos los miércoles a las 2:00 de la tarde en el salón Francisco de Miranda,
ubicado en el Palacio Federal Legislativo. La Comisión se encuentra revisando
todos los soportes utilizados para la escogencia de los magistrados principales y
recibiendo las opiniones de especialistas en la materia para trabajar sobre la
base de un estudio y análisis técnico y determinar si se cumplieron o no los
requisitos exigidos. El sector académico representado por los decanos de las
facultades de derecho del país y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
planteó ante la comisión, que el proceso de designación de los magistrados debe
ser revocado por los graves vicios encontrados en el mismo. Afirmaron los
expertos que no se respetó el plazo para las impugnaciones y se hizo la
designación de los funcionarios sin que se venciera este lapso; no se informó del

baremo aplicado para la preselección; los lapsos no fueron suficientes para que
el comité realizara la segunda preselección, ni la selección definitiva y tampoco
se cumplió con el requisito de convocar a las sesiones con 24 horas de
antelación, como lo establece el reglamento de funcionamiento de la Asamblea.
Los magistrados designados en este cuestionado acto serán invitados a la
Asamblea Nacional a fin de que traigan sus expedientes, porque los mismos no
se encontraron en los archivos dejados por el Comité de Postulaciones
Judiciales y conversar con ellos sobre el proceso en que fueron electos. Ante la
comisión acudió otro grupo de juristas y Organizaciones No Gubernamentales
quienes presentaron alternativas para revertir el acto de designación que
calificaron de fraudulento, entre las cuales se encuentra aplicar el artículo 90
del Reglamento Interior y de Debates del parlamento . También expresaron su
opinión sobre la posibilidad de reformar la Ley de Tribunal Supremo de Justicia
para ampliar el número de magistrados de la Sala Constitucional, ante el
posible desconocimiento de la decisión que sobre este caso tome la Asamblea.
Sobre el informe que debe emitir la comisión el diputado Berrizbeitia , aseguró
que el informe que este órgano presente ante la plenaria estará sujeto a la
moral y la ética, argumentando que la Asamblea no está buscando parcelas de
poder, ni imponerse ante el Tribunal Supremo. ―Lo que tratamos de imponer es
la moral y la ética en una institución tan importante como el máximo tribunal,
que se ha desviado de su función que es impartir justicia‖. Integrantes de la
Comisión Carlos Berrizbeitia (Unidad/Carabobo) Presidente Juan Miguel
Matheus (Unidad/Carabobo) Freddy Valera (Unidad/Bolívar) Juan Pablo
García (Unidad/Monagas) Stalin González (Unidad/Dtto. Capital) Américo De
Grazia (Unidad/Bolívar) María Gabriela Hernández ( Unidad/Monagas)
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_3671a81ab0eb6
6c68bc7a1dd7409d241013c12e4.pdf
Al respecto, debe indicarse que la Asamblea Nacional está habilitada por el
artículo 193 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para nombrar
Comisiones Especiales “con carácter temporal para investigación y estudio, todo ello
de conformidad con su reglamento”.
Así, el artículo 223 eiusdem pauta que las investigaciones que realice la
Asamblea Nacional o sus Comisiones deben realizarse “en las materias de su
competencia”.
El artículo 222 constitucional determina que la Asamblea Nacional, “en ejercicio
del control parlamentario, podrá declarar la responsabilidad política de funcionarios
públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las
acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad” (subrayado
añadido).

El artículo 187.3 Constitucional precisa que las funciones de control
parlamentario solo pueden ejercerse sobre el Gobierno y la Administración Pública
Nacional. En consecuencia, como lo advirtió la Sala Constitucional en la sentencia 2230
del 23 de septiembre de 2002, el “control parlamentario de la Asamblea no se extiende
a ningún otro Poder –distinto al Poder Ejecutivo Nacional-; quedando establecido en
la Ley los diversos mecanismos de control de los otros poderes” (subrayado nuestro).
Así, corresponde a la Asamblea Nacional la selección definitiva, previa
intervención del Poder Judicial (ver art. 270) y del Ciudadano (ver art. 264), de los
magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, porque este es el último y
definitivo acto –parlamentario- en esta materia, luego del examen de las postulaciones
por parte del Comité de Postulaciones Judiciales, el control del Poder Popular y la
primera preselección que lleva a cabo el Poder Ciudadano (artículo 264 Constitucional).
En correspondencia con ello, la remoción de cualquier magistrado o magistrada
solo podrá hacerse “por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las
dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o
interesada, en casos de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los
términos que la ley establezca” (artículo 265 Constitucional).
La vigente Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, enumera en su
artículo 62 las causas graves para la remoción –siempre de conformidad con el artículo
265 de la Constitución-, en 17 cardinales.
Por su parte, la Ley Orgánica Sobre Estados de Excepción también reconoce el
artículo 265 Constitucional, único supuesto de remoción de magistrados o magistradas
(aparte del relacionado con lo dispuesto en el artículo 266.3 eiusdem), cuando señala en
el único aparte del artículo 32 que “Si la Sala Constitucional no se pronunciare en el
lapso establecido en el presente artículo, los magistrados que la componen incurrirán
en responsabilidad disciplinaria, pudiendo ser removidos de sus cargos de conformidad
con lo establecido en el artículo 265 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela”.
Con relación a esa norma y en similar sentido, en sentencia n° 7 del 11 de
febrero de 2016, esta Sala señaló lo siguiente:

―ese control político, además de ser un control relativo, está sometido al
control constitucional, que además de ser un control jurídico y rígido, es
absoluto y vinculante, al incidir en la vigencia, validez, legitimidad y efectividad
de los actos jurídicos, incluyendo los decretos mediante los cuales se establecen
estados de excepción; razón por la cual la Sala Constitucional siempre debe
pronunciarse sobre la constitucionalidad o no de tales decretos, circunstancia
que, se reitera, explica que dicha omisión apareje sanciones disciplinarias en la
Ley Orgánica sobre Estados de Excepción (que remite al único supuesto de
remoción de magistrados o magistrados y, en fin, de alteración de la
constitución de este Máximo Tribunal de la República que prevé la
Constitución –artículo 265-) y no se disponga en la misma, la convalidación de
la constitucionalidad de tales decretos por la referida inactividad; lo que resulta
especialmente claro si se advierte, tal como lo hiciere el jurista Manuel García
Pelayo, que en un Estado Constitucional ―Todo deriva de la Constitución y todo
ha de legitimarse por su concordancia directa o indirecta con la Constitución‖.
Resaltado añadido.
Asimismo, en sentencia n° 6 del 4 de febrero de 2016, esta Sala reiteró lo
siguiente:
“…el régimen disciplinario de los Magistrados y Magistradas del
Tribunal Supremo de Justicia está previsto en el artículo 265 constitucional, que
estipula que los mencionados altos funcionarios “…podrán ser removidos o
removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de los
dos terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado
o interesada, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano,
en los términos que la ley establezca” (resaltado añadido).
En la sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013, mediante la cual se
suspendieron cautelarmente las normas en referencia, se dispuso lo siguiente:
“Ciertamente, las causales de remoción de los Magistrados y Magistradas
del Tribunal Supremo de Justicia aparecen recogidas en los artículos 11 de
la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y 62 de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia; y, sin lugar, a dudas en ambos preceptos
figura entre las causales de remoción, precisamente, las que estipule el
Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana; no obstante,
ello pareciera dar lugar apenas a una aplicación muy puntual de la
estructura normativa de dicho Código a los Magistrados y Magistradas del
Tribunal Supremo de Justicia, ya que el artículo 265 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela reserva el régimen disciplinario de
los Magistrados y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a un
proceso complejo en el que participan dos poderes públicos: el Poder
Ciudadano y el Poder Legislativo, de tal suerte que la residualidad
contenida en el único aparte del artículo 1 del Código de Ética del Juez
Venezolano y Jueza Venezolana es de tal forma general que infunde
sospecha de contradicción a la norma de competencia contenida en el
artículo 265 constitucional, lo cual requiere la suspensión de su contenido

para evitar que su ejercicio simultáneo cause perjuicios irreparables por
una potencial invasión de competencias”.
Por su parte, el legislador, de manera correcta y pertinente, sancionó en 2010
una Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (cuya iniciativa legislativa
corresponde al Poder Judicial de forma exclusiva y excluyente, de conformidad con el
artículo 204 numeral 3 de la Constitución), que incluyó un supuesto en el cardinal 15
del artículo 62 de su normativa, supuesto en el cual, si ocurriere la irregularidad allí
descrita, se trataría de una falta grave que debe ser calificada previamente por el Poder
Ciudadano, para que en aplicación del artículo 265 Constitucional pueda la Asamblea
Nacional removerlo con votación calificada de sus integrantes (es decir, actualmente,
112 de 167 diputados).
Por otra parte, ni antes ni ahora puede calificarse la remoción de un magistrado
como “un acto administrativo”. Se trata, sin duda, de un acto parlamentario en ejecución
directa e inmediata de la Constitución, sin forma de ley, cuya nulidad correspondería a
la Sala Constitucional (previo cumplimiento del artículo 265 Constitucional), según los
artículos 334 único aparte y 336, cardinal 1 eiusdem. Así se declara.
Aunque la creación de una comisión especial para investigación y estudio no
tienen, en principio, limitaciones materiales (salvo las derivadas, entre otras, de los
principios de autonomía de los Poderes Públicos y sujeción del poder al Texto
Fundamental); cuando su objetivo es claramente inconstitucional y/o ilegal, al pretender
revisar designaciones de altos funcionarios de otro Poder, al margen del control que le
asigna la Constitución a la Asamblea Nacional y del régimen previsto para su remoción
o destitución, ella y cualquier decisión o recomendación que aquélla o cualquier
comisión realice es absolutamente nula y, en consecuencia, inexistente, así como
cualquier decisión en la materia por parte de la Asamblea Nacional, todo ello con base
en los artículos 7, 137, 138 y 139 de la Carta Magna.
En efecto, como ya lo asentó esta máxima y última intérprete del Texto
Fundamental, en la referida sentencia n° 2230, del 23 de septiembre de 2002 (vid.
supra), señaló lo siguiente:
…al Poder Judicial, corresponde la potestad de administrar justicia,
mediante sus órganos, creados por la Constitución y las Leyes que la
desarrollan (artículo 253 Constitucional).

El Poder Judicial, por mandato de nuestra Carta Fundamental, es
autónomo e independiente (artículo 254 eiusdem) …
Entre las competencias de la Asamblea Nacional, se encuentra la del
control sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional. Este control
(artículo 187.3 Constitucional) se concreta mediante los procedimientos
señalados en el artículo 222 de la vigente Constitución.
Luego, se hace necesario determinar si el Poder Judicial forma parte
del Gobierno, para resolver si está sujeto en alguna forma al control de la
Asamblea Nacional, y la respuesta es que no. La Constitución de 1999, coloca
al Gobierno y a la Administración Pública Nacional en una misma categoría,
por lo que el Poder Judicial es extraño a la Administración Pública y al Poder
Ejecutivo (Gobierno), no forma parte de los entes controlables por la
Asamblea Nacional.
De la lectura del texto Constitucional, la Sala encuentra que dentro de
las instituciones políticas del Estado, por Gobierno, a los fines del artículo 222
Constitucional, se entiende al Presidente de la República y al Ejecutivo
Nacional (artículo 226 Constitucional), siendo el Presidente el que dirige la
acción de gobierno (artículo 236.2 Constitucional), y el Vicepresidente quien
colabora con el Presidente en la dirección de la acción de Gobierno (artículo
239.1 eiusdem).
El artículo 187.3 de la vigente Constitución es claro, las funciones de
control se ejercen sobre el gobierno y la Administración Pública Nacional, es
decir sobre el bloque que mediante la administración centralizada y
descentralizada, conforma el Poder Ejecutivo Nacional.
Tal control parlamentario de la asamblea no se extiende a ningún
otro Poder; quedando establecido en la Ley los diversos mecanismos de
control de los otros poderes.
Puede además la Asamblea Nacional realizar las investigaciones que
juzgue conveniente, en materias de su competencia, de conformidad con el
Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional (artículo 223 de la
vigente Constitución).
Luego hay que determinar cuáles son las materias para las cuales es
competente la Asamblea Nacional, para conocer donde puede investigar.
Entre estas materias, y con relación al Poder Judicial, competería a la
Asamblea Nacional lo referente al nombramiento de los Magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia (artículo 264 Constitucional), así como su
remoción (artículo 265 eiusdem), y para cumplir con esos fines
podría efectuar investigaciones, independientes de los procedimientos legales
para el nombramiento y la remoción, y es en este sentido que la Comisión
Permanente de Política Interior, Justicia, Derechos Humanos y Garantías
Constitucionales, conocerá de los asuntos relativos a la administración de

justicia, tal como lo pauta el artículo 43.1 del Reglamento de Interior y de
Debates de la Asamblea Nacional.
Por lo tanto, dentro de estos parámetros, la Asamblea Nacional puede
investigar, lo concerniente a la elección, y si fuere el caso, en caso de faltas
graves calificadas por el Poder Ciudadano, la remoción de Magistrados.
Planteado así, la Sala considera que la Asamblea Nacional, en cuanto
a las condiciones para el nombramiento de los Magistrados puede
previamente hacer las investigaciones que crea necesarias, y este es un
motivo, junto con los antes señalado, para declarar improcedente el amparo,
ya que la investigación denunciada no deviene en una intromisión de un poder
en otro, a menos que ella pretendiera investigar la ―crisis de la administración
de justicia‖, para lo cual no tiene competencia la Asamblea Nacional.
(Resaltado añadido)
Se ratifica, en consecuencia, tal como pacíficamente lo ha venido sosteniendo
esta Sala desde el año 2002, que el control político-parlamentario previsto en los
artículos 187.3, 222, 223 y 224 “…no se extiende a ningún otro Poder; quedando
establecido en la Ley los diversos mecanismos de control de los otros poderes”, y en lo
que atañe al nombramiento de magistrados y magistradas, “la Asamblea Nacional, en
cuanto a las condiciones para el nombramiento de los Magistrados puede previamente
hacer las investigaciones que crea necesarias‖.
Resulta, pues, que la Asamblea Nacional está legitimada para hacer la selección
definitiva de los magistrados, tal como lo dispone el artículo 264 Constitucional:
Artículo 264. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia
serán elegidos o elegidas por un único período de doce años. La ley
determinará el procedimiento de elección. En todo caso, podrán postularse
candidatos o candidatas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, por
iniciativa propia o por organizaciones vinculadas con la actividad jurídica. El
Comité, oída la opinión de la comunidad, efectuará una preselección para su
presentación al Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección
que será presentada a la Asamblea Nacional, la cual hará la selección
definitiva.
Los ciudadanos y ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a
cualquiera de los postulados o postuladas ante el Comité de Postulaciones
Judiciales, o ante la Asamblea Nacional.
Al respecto, es notoriamente comunicacional que el 23 de diciembre de 2015,
luego del control popular y de la intervención del Poder Ciudadano, la Asamblea
Nacional, en uso de sus atribuciones constitucionales y jurídicas en general, realizó la

selección definitiva de los últimos magistrados y magistradas que han ingresado al
Poder Judicial, a pesar de los señalamientos de un sector político-partidista que
pretendía que, en razón de las últimas elecciones parlamentarias, prácticamente la
Asamblea debía paralizar sus actuaciones hasta que se instalara la nueva Asamblea
Nacional (supuesto que lógicamente no está previsto en nuestro orden jurídico), como si
el funcionamiento de un órgano del Poder Público debiera paralizarse en razón de un
cambio circunstancial en la correlación de fuerzas político-partidistas a lo interno del
mismo, en detrimento del funcionamiento constitucional del Estado y de la garantía de
los derechos de las personas.
La negativa de tal antijurídica pretensión ha generado graves ataques a
servidores públicos, al Poder Judicial, a la institucionalidad y al orden
constitucional, desconociendo lo asentado por esta Sala en sentencia n° 1758 del 22 de
diciembre de 2015, en la que declaró lo siguiente:
El accionante alegó la existencia de una duda ―sobre el
contenido del (…) artículo 220 cuya interpretación aquí se demanda, se advierte
una duda razonable que inclusive, por hecho notorio y comunicacional no solo
ha despertado expectación en el seno del Órgano Legislativo Nacional, sino que
hasta ha involucrado en general a la opinión pública nacional, esto es en lo que
respecta al alcance de las materias que pudieran ser tratadas para el supuesto
de convocatoria a sesiones extraordinarias, ya sea por parte de la Asamblea
Nacional o del ciudadano Presidente de la República, según sea el caso, así
como esclarecer sobre la oportunidad máxima en que la asamblea Nacional,
podría realizar este tipo de sesiones, tomando en cuenta, como ya aquí se ha
comentado, que esta es la última etapa de funciones correspondiente al actual
periodo legislativo Constitucional que fuera iniciado el pasado 05 de enero de
2011‖.
Asimismo, señala el solicitante que: ―O si por el contrario, ha de
interpretarse que la Asamblea Nacional se encuentra impedida Constitucional o
legalmente para convocar sesiones extraordinarias una vez finalizado el
segundo periodo decisiones ordinarias del último año de su respectivo ciclo
constitucional o en su defecto, si las atribuciones constitucionales y legales del
Parlamento Nacional con ocasión de convocatorias a sesiones extraordinarias,
se verían de algún modo mermadas por encontrarse en la etapa final del
periodo constitucional para el cual fue electo‖.
Al respecto, debe señalarse el contenido de los artículos 195,
196.1, 236.9, 219 y 220 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, los cuales disponen lo siguiente:
Artículo 195. Durante el receso de la Asamblea funcionará la Comisión
Delegada integrada por el Presidente o Presidenta, los Vicepresidentes o
Vicepresidentas y los Presidentes o Presidentas de las Comisiones
Permanentes.

Artículo 196. Son atribuciones de la Comisión Delegada:
1.- Convocar la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, cuando
así lo exija la importancia de algún asunto.
Artículo 236. Son atribuciones y obligaciones del Presidente o
Presidenta de la República:
9.- Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias.
Artículo 219. El primer período de las sesiones ordinarias de la
Asamblea Nacional comenzará, sin convocatoria previa, el cinco de
enero de cada año o el día posterior más inmediato posible y durará
hasta el quince de agosto.
El segundo período comenzará el quince de septiembre o el día posterior
más inmediato posible y terminará el quince de diciembre.
Artículo 220. La Asamblea Nacional se reunirá en sesiones
extraordinarias para tratar las materias expresadas en la convocatoria y
las que les fueren conexas. También podrá considerar las que fueren
declaradas de urgencia por la mayoría de sus integrantes.
Como puede apreciarse, el artículo 195 Constitucional dispone
que durante el receso de la Asamblea funcionará la Comisión Delegada
integrada por el Presidente o Presidenta, los Vicepresidentes o Vicepresidentas
y los Presidentes o Presidentas de las Comisiones Permanentes; lo que, como se
observará a continuación, no impide que la Asamblea Nacional sesione durante
el periodo de receso, ya sea por convocatoria de la propia Asamblea Nacional,
de la Comisión Delgada o del Presidente o Presidenta de la República (artículo
220).
Así pues, el Texto Fundamental prevé que entre las atribuciones
de la Comisión Delegada se encuentra la de Convocar la Asamblea Nacional a
sesiones extraordinarias, cuando así lo exija la importancia de algún asunto
(artículo 196).
Asimismo, el Presidente o Presidenta de la República también
podrá convocar a sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional (artículo
236.9).
A su vez, el precitado artículo 219 contempla que el primer
período de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional comenzará, sin
convocatoria previa, el cinco de enero de cada año o el día posterior más
inmediato posible y durará hasta el quince de agosto; y el segundo período
comenzará el quince de septiembre o el día posterior más inmediato posible y
terminará el quince de diciembre.
Asimismo, dispone la Constitución que la Asamblea Nacional se
reunirá en sesiones extraordinarias para tratar las materias expresadas en la

convocatoria y las que les fueren conexas; así como también prevé que la
Asamblea Nacional podrá considerar las materias que fueren declaradas de
urgencia por la mayoría de sus integrantes (artículo 220).
En tal sentido, de una interpretación constitucional integral, se
observa que el Texto Fundamental faculta a la Asamblea Nacional, a la
Comisión Delegada y al Presidente o Presidenta de la República para convocar
sesiones extraordinarias de la primera de las mencionadas.
Dentro de este mismo contexto, esta Sala observa que el período
constitucional de la Asamblea Nacional es de cinco (5) años, e inicia el 5 de
enero posterior a la elección o el día posterior más inmediato posible, y ejerce
plenamente sus atribuciones y competencias hasta el 4 de enero posterior a los
comicios que elija a la siguiente Asamblea, o hasta que, en fin, se instale la
nueva Asamblea, tomando en consideración que el artículo 219 Constitucional
alude al cinco de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible.
Así pues, por cuanto los diputados y diputadas de la actual
Asamblea Nacional se encuentran dentro del período constitucional para el cual
fueron electos, no existe restricción para convocar a sesiones extraordinarias –
de acuerdo al artículo 220 constitucional- y ejercer las atribuciones que le
confiere la Constitución.
Ello así, la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela no limita las atribuciones de la Asamblea Nacional ni las materias a
tratar por ella, ni al tipo sesión ni a la oportunidad en la que se efectúen. El
límite de las materias a tratar en sesiones extraordinarias lo fijará la
convocatoria respectiva o la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional,
el cual abarcará también a las materias que les fueren conexas, es decir,
vinculadas.
Al respecto, el marco constitucional general de las atribuciones
de la Asamblea Nacional se encuentra en el artículo 187 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, el cual contempla, en su último
numeral, una cláusula abierta en esa materia, cuando señala que es atribución
de la misma ―Todo lo demás que le señalen esta Constitución y la ley‖; y todas
esas atribuciones de la Asamblea Nacional podrán ser tratadas tanto en
sesiones ordinarias como en sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional.
Por otra parte, la Constitución no establece límite en cuanto al
número de sesiones extraordinarias que pueden efectuarse.
En razón de lo antes expuesto, frente a las dudas interpretativas
expresadas por el Presidente de de la Asamblea Nacional, debe indicarse, en
síntesis:
1.- Que la Asamblea Nacional no se encuentra impedida
Constitucionalmente para convocar sesiones extraordinarias una vez finalizado
el segundo periodo decisiones ordinarias del último año de su respectivo ciclo
constitucional.
2.- Que el alcance de las materias que pudieran ser tratadas para
el supuesto de convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea

Nacional, está determinado por todas las expresadas en la convocatoria y las
que fueren declaradas de urgencia por la mayoría de sus integrantes, así como
también las que les fueren conexas, dentro del ámbito de todas las atribuciones
que el orden constitucional y jurídico en general le asigna a la Asamblea
Nacional, señaladas en el artículo 187 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela; todo ello con independencia que esta sea la
―ultima etapa de funciones correspondiente al actual periodo legislativo
Constitucional que fuera iniciado el pasado 05 de enero de 2011‖, como lo
indica la solicitud de autos, pues la Asamblea Nacional actual está en pleno
ejercicio de sus potestades y debe continuar ejerciendo las atribuciones que le
son propias hasta el día inmediatamente anterior al que se instale la nueva
Asamblea Nacional, dado que el periodo para el cual fueron electos sus
integrantes se mantiene vigente.
3.- Que, por ende, las atribuciones constitucionales y legales del
Parlamento Nacional con ocasión de convocatorias a sesiones extraordinarias,
no se verían de algún modo mermadas por encontrarse en la etapa final del
periodo constitucional para el cual fue electo.
Sobre la base de las referidas consideraciones, queda, en los
términos expuestos, resuelta la interpretación constitucional solicitada en esta
causa. Así, finalmente, se decide.
En tal virtud, la continuidad en los servicios públicos, especialmente el de
administración de justicia, constituye un elemento lógico y cardinal dentro del
funcionamiento del Estado.
Tal circunstancia no sólo evidencia la trascendencia social de los Tribunales
Constitucionales y de las magistradas y magistrados que los conforman, así como la
necesidad de sindéresis y ponderación a lo interno del Estado, sino también la necesidad
de respetar las decisiones legítimamente tomadas por un órgano y las atribuciones
constitucionales que corresponden, en su momento y con sus límites, a cada rama del
Poder Público.
Por su parte, el artículo 265 de la Constitución dispone expresamente que:
Artículo 265. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia
podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una
mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, previa
audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves ya
calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley establezca.
En consecuencia, la Asamblea Nacional tiene la atribución de remover a los
magistrados o magistradas designados, mediante una mayoría calificada de las dos
terceras partes de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada,

en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la
ley establezca.
Como puede apreciarse, la Asamblea Nacional participa en los procesos
complejos e interinstitucionales de designación y remoción de magistrados y
magistradas de este Máximo Tribunal, conforme lo pautan los artículos 264 y 265
Constitucional; en lo que a ello respecta, allí culmina su rol en el equilibrio entre
Poderes Públicos para viabilizar la función del Estado. Crear una atribución distinta,
como sería la revisión ad infinitum y nueva “decisión” sobre “decisiones” asumidas en
los procesos anteriores de selección y designación de magistrados y magistradas,
incluida la creación de una comisión o cualquier otro artificio para tal efecto, sería
evidentemente inconstitucional, por atentar contra la autonomía del Poder Judicial y la
supremacía constitucional, constituyendo un fraude hacia el orden fundamental que,
siguiendo las más elementales pautas morales, no subordina la composición del
Máximo Tribunal de la República al cambio en la correlación de las fuerzas político-
partidistas a lo interno del Legislativo Nacional.
Si el constituyente hubiera tenido tal determinación, hubiera vinculado el
periodo constitucional de los magistrados y magistradas al de los diputados y diputadas,
es decir, lo hubiera equiparado a 5 años, y habría desistido de asignar el periodo más
extenso de todos a los magistrados y magistradas de este máximo juzgado de la
República: 12 años, en comparación con los demás funcionarios públicos, incluidos los
de elección popular directa, respecto de los cuales no distingue el único aparte del
artículo 5 Constitucional.
Permitir tal desviación jurídica y ética implicaría defraudar la máxima expresión
de soberanía popular confiada al Texto Constitucional y a este Máximo Tribunal de la
República (ver arts. 5, 7, 335 y 336 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela); como también lo sería pretender alterar, sin justificación racional y válida
alguna y, por tanto, al margen de la Constitución, la conformación de este Tribunal
Supremo de Justicia, mediante una creación o reforma legislativa vinculada al mismo,
máxima representación de un Poder Público independiente del resto de los poderes,
incluyendo al Poder Legislativo Nacional; y cualquier acción en ese sentido sería
incurrir en el supuesto de desviación de poder contemplado en el artículo 139 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Al respecto, el artículo 138 Constitucional es claro cuando establece que “Toda
autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”; y, a su vez, el artículo 336.1
eiusdem prevé que son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia: declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos con
rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con la Constitución.
En tal sentido, constituye un imperativo de esta Sala declarar, como en efecto lo
hace a través de esta sentencia, la nulidad absoluta e irrevocable de los actos mediante
los cuales la Asamblea Nacional pretende impulsar la revisión de procesos
constitucionalmente precluidos de selección de magistrados y magistradas y, por ende,
de las actuaciones mediante las cuales creó la comisión especial designada para evaluar
tales nombramientos, así como de todas las actuaciones derivadas de ellas, las cuales
son, jurídica y constitucionalmente, inexistentes.
En este mismo orden de ideas, no es inadvertido para esta Sala que una de las
probables consecuencias de crear la referida “Comisión Especial de la Asamblea
Nacional para revisar el nombramiento de los Magistrados Principales y Suplentes
designados en diciembre de 2015”, sería la de pretender dejar sin efecto la designación
de los Magistrados para los cuales fue creada la mencionada Comisión, en ejercicio de
un manifiesto fraude constitucional a la luz del contenido del artículo 265 del Texto
Fundamental, ampliamente desarrollado ut supra.
Puede observarse que en ese sentido, el artículo 90 del Reglamento Interior y de
Debates de la Asamblea Nacional estableció lo siguiente: ―Las decisiones revocatorias
de un acto de la Asamblea Nacional, en todo o en parte, requerirán del voto de la
mayoría absoluta de los presentes. Igualmente, en los casos en que por error o por
carencia de alguna formalidad no esencial se hubiese tomado una decisión por la
Asamblea Nacional, ésta; una vez constatado el error o carencia, podrá declarar la
nulidad de la decisión con el voto de la mayoría de los presentes‖. Asimismo, el
artículo 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos dispone que ―La
administración podrá en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares,
reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella‖.
Ambas normas regulan lo que la doctrina ha denominado la potestad de
autotutela administrativa, mediante la cual la propia Administración Pública identifica

un acto que puede ser revocado de oficio o a solicitud de parte, “en los casos que por
error o carencia de alguna formalidad no esencial se hubiese tomando una decisión por
la Asamblea Nacional‖; o porque “reconozca la nulidad absoluta de los actos dictados
por ella‖, solo que en estos casos se requiere que el acto sobre el cual se pretenda su
revocatoria o su nulidad no debe haber originado derechos subjetivos o intereses
legítimos, personales y directos para un particular por virtud del artículo 82 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos, impedimento éste –por sólo citar el
correspondiente al orden administrativo- que resulta evidente en el caso de la
designación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 23 de
diciembre de 2015.
Del mismo modo, es nugatoria la revocatoria que en ese sentido pareciera
pretenderse por parte de la Asamblea Nacional, no sólo por lo invocado, sino porque la
citada normativa administrativa resulta inaplicable en este contexto, por ser
manifiestamente contraria a las disposiciones constitucionales contentivas del régimen
de estabilidad y retiro de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a la luz del
contenido del artículo 265 de la Norma Fundamental, que en forma expresa e
inequívoca identifica el proceso exclusivo y excluyente de remoción a los más altos
funcionarios del Poder Judicial, lo cual está desarrollado en los postulados de la Ley
Orgánica del Poder Ciudadano y de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Como consecuencia de lo antes expuesto, se determina que la vía prevista en los
artículos 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y 90 del
Reglamento Parlamentario, es inaplicable para el caso pretendido de remover a los
Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, sin que se dé inicio al procedimiento
correspondiente previsto, como se dijo, en el artículo 265 Constitucional y en la Ley
Orgánica del Poder Ciudadano, normas que disponen los supuestos de procedencia de
eventuales remociones y el debido procedimiento que debe observarse, en obsequio al
derecho a la defensa y la auténtica estabilidad de la República, por vía de la pacífica
gestión de las ramas del Poder Público, y así se declara.
Así pues, la Asamblea Nacional no está legitimada para revisar, anular, revocar
o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional de designación de los
magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, principales y suplentes, en
el que también participan el Poder Ciudadano y el Poder Judicial (este último a través

del comité de postulaciones judiciales que debe designar –art. 270 Constitucional-),
pues además de no estar previsto en la Constitución y atentar contra el equilibrio entre
Poderes, ello sería tanto como remover a los magistrados y magistradas sin tener la
mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, sin audiencia concedida
al interesado o interesada, y en casos de -supuestas- faltas –graves- no calificadas por el
Poder Ciudadano, al margen de la ley y de la Constitución (ver art. 265 Constitucional).
Por ello, la remoción de cualquier magistrado o magistrada solo podrá hacerse
“por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes
de sus integrantes, previa audiencia concedida al interesado o interesada, en casos de
faltas graves ya calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos que la ley
establezca” (artículo 265 CRBV -subrayado nuestro-).
4.- DE LA LEY SOBRE EL RÉGIMEN PARA LA COMPARECENCIA DE
FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS PÚBLICOS O LOS Y LAS
PARTICULARES ANTE LA ASAMBLEA NACIONAL O SUS COMISIONES, Y
DEL REGLAMENTO DE INTERIOR Y DEBATES DE LA ASAMBLEA
NACIONAL
Al respecto, el artículo 1 de la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de
Funcionarios y Funcionarias Públicos o los y las particulares ante la Asamblea Nacional
o sus Comisiones, dispone lo siguiente:
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer las normas que regirán
para la comparecencia de funcionarios y funcionarias públicos y los o las
particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, así como las
sanciones por el incumplimiento a las mismas.
Ello así, para preservar los principios de autonomía a lo interno del Poder
Público, sujeción del poder público a la Constitución, equilibrio de Poderes, estabilidad
de la legislación y supremacía constitucional, tal referencia fundamental a
funcionarios y funcionarias públicas, contenida en esa y otras normas legales que se
encuentren en ese contexto jurídico, deben entenderse referidas a los funcionarios del
Gobierno y la Administración Pública Nacional (artículo 187.3, 222, 223 y
224 Constitucional).
Ahora bien, los artículos 3, 11 y 12 de la referida ley disponen lo siguiente:

Artículo 3. La Asamblea Nacional o sus Comisiones en el ejercicio de sus
atribuciones constitucionales podrá acordar conforme a su Reglamento la
comparecencia ante la plenaria o sus comisiones de todos los funcionarios y
funcionarias públicos, así como de los o las particulares preservando los
derechos fundamentales, garantías y principios constitucionales a los fines del
cumplimiento efectivo de las funciones de control y de investigación
parlamentaria que sobre el gobierno nacional, estadal y municipal y sobre la
administración descentralizada le corresponde.
Artículo 11. Cuando se cite a un funcionario o funcionaria, distinto al superior
jerárquico del organismo, la citación se hará a través de este último, quien
favorecerá el trámite correspondiente a los fines de la comparecencia del
funcionario o funcionaria ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones. En este
caso debe enviarse un oficio al superior jerárquico y otro al funcionario o
funcionaria subordinado.
Quienes deban comparecer podrán hacerse acompañar de los asesores que
consideren convenientes.
Artículo 12. La citación para la comparecencia de los integrantes del Poder
Ciudadano: Defensor del Pueblo, Fiscal General de la República y Contralor
General de la República; del Poder Electoral: Directivos del Consejo Nacional
Electoral; del Poder Judicial: Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia,
así como del Poder Ejecutivo: Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta
Ejecutiva de la República; y de los Ministros o Ministras, se hará del
conocimiento previo de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, a los
efectos de su coordinación.
Una vez decidida la comparecencia de alguno de los integrantes antes
mencionados, en el seno de la Asamblea Nacional o sus Comisiones, se le
incluirá como primer punto del Orden del Día de la sesión para la cual se le
haya citado.
Como puede apreciarse, de forma antagónica a la interpretación sistémica de los
artículos 187.3, 222 y 223 del Texto Fundamental, así como también a la jurisprudencia
reiterada de esta Sala, los artículos 3, 11 y 12 de la Ley sobre el Régimen para la
Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos o los y las particulares ante la
Asamblea Nacional o sus Comisiones, incluyen de forma expresa a funcionarios
distintos a los pertenecientes al Gobierno y Administración Pública Nacional, razón por
la que esta Sala se encuentra forzada a desaplicarlos por control difuso de la
constitucionalidad, en lo que respecta a funcionarios ajenos al Ejecutivo
Nacional, mientras se tramita el procedimiento de nulidad por inconstitucionalidad de
aquellas normas legales, que aquí se ordena iniciar en tutela oficiosa del orden público

constitucional, en ejercicio de la competencia contenida en el artículo 336, cardinal 1 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25, cardinal 1
de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y de conformidad con lo previsto
en el artículo 34 eiusdem, en garantía de los postulados fundamentales previstos en los
artículo 7 y 137 de la Carta Magna.
Asimismo, advierte esta Sala que los artículos 21 al 26 de la mencionada Ley
sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos o los
y las particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, prevén lo siguiente:
Artículo 21. Todo funcionario o funcionaria público o particular, que siendo
citado para comparecer ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, no asista
o se excuse sin motivo justificado, será sancionado por contumacia, con multa
comprendida entre cien Unidades Tributarias (100 U.T.) y doscientas Unidades
Tributarias (200 U.T.), o arresto proporcional, por multa no satisfecha, a razón
de un día de arresto por Unidad Tributaria. La sentencia se publicará, a costa
del sentenciado, en un diario de los de mayor circulación nacional.
Quien fuere citado en calidad de testigo, experto, perito o intérprete, y habiendo
comparecido rehúse sin razón legal sus deposiciones o el cumplimiento del
oficio que ha motivado su citación, incurrirá en la misma pena.
Artículo 22. A los funcionarios o funcionarias públicos de carrera que incurran
en la falta prevista en el Artículo anterior, además de la sanción establecida en
ese Artículo, se les impondrá como pena accesoria la suspensión del empleo o
cargo por un tiempo de dos (2) a tres (3) meses, sin goce de sueldo.
Parágrafo Único: Cuando se trate de funcionarios o funcionarias de libre
nombramiento y remoción, la Asamblea Nacional le impondrá un voto de
censura, con la obligación de proceder a la remoción inmediata del funcionario
o funcionaria público por su órgano jerárquico.
Artículo 23. Quien siendo emplazado a responder las preguntas por escrito u
oralmente se niegue a responderlas, no asistiere o no las remita al acto en la
fecha, hora y lugar fijados en la citación de comparecencia, se excuse de
hacerlo sin motivo justificado, será sancionado con multa comprendida entre
ciento cincuenta Unidades Tributarias (150 U.T.) y doscientas cincuenta
Unidades Tributarias (250 U.T.). Si el emplazado fuere un funcionario o
funcionaria, la multa será de trescientas Unidades Tributarias (300 U.T.).
Artículo 24. Cuando se establece como sanción una multa comprendida entre
dos (2) límites, se hará la aplicación de ella, conforme a lo que dispone el
Artículo 37 del Código Penal, debiendo tomarse también en cuenta la mayor o
menor gravedad y urgencia del caso objeto de la investigación.
Artículo 25. El enjuiciamiento por contumacia ante la Asamblea Nacional o sus
Comisiones, a que se refieren los Artículos precedentes, sólo tendrá lugar

mediante requerimiento de éstas al representante del Ministerio Público para
que promueva lo conducente.
Artículo 26. En el caso de enjuiciamiento de los funcionarios o funcionarias
referidos en el Artículo 12 de esta Ley, regirán las disposiciones contenidas en
el Artículo 266, numeral 3, de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en concordancia con lo establecido en el Código Orgánico Procesal
Penal, en el Título IV referido al procedimiento en los juicios contra el
Presidente de la República y otros altos funcionarios o funcionarias del Estado.
Como puede apreciarse, las referidas normas legales que, en todo caso, al igual
que las demás, deben interpretarse conforme a la Constitución, establecen un régimen
sancionatorio para funcionarios (del Ejecutivo Nacional) o particulares que siendo
citados para comparecer ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, no asistan o se
excusen sin motivo justificado, entre otros supuestos de desacato que allí se
contemplan, revisten ciertas particularidades con evidente trascendencia constitucional.
Así pues, el aludido régimen sancionatorio no hace referencia expresa al debido
proceso a seguir y la autoridad que impondrá las sanciones de multa e, incluso, arresto
proporcional, sino que en su artículo 25 se refiere, de forma ostensiblemente genérica, a
que “El enjuiciamiento por contumacia ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, a
que se refieren los Artículos precedentes, sólo tendrá lugar mediante requerimiento de
éstas al representante del Ministerio Público para que promueva lo conducente”.
Tampoco se desprende de las referidas disposiciones la naturaleza jurídica de las
sanciones en cuestión (por ejemplo, judiciales, administrativas o penales), pues ni
siquiera dejan entrever qué es lo conducente que promoverá el Ministerio Público ni
ante qué autoridad que, en lo que respecta a las sanciones restrictivas de la libertad
ambulatoria, esta Sala ha sostenido reiteradamente que sólo pueden ser impuestas por
una autoridad judicial, en correspondencia con lo previsto en el artículo 44.1
Constitucional, el cual dispone lo siguiente:
Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una
orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será
llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho
horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto
por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada

caso. La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad de
la persona detenida no causará impuesto alguno.
Con relación a esa cardinal norma constitucional, en sentencia n° 1744 del 9 de
agosto de 2007, esta Sala señaló lo siguiente:
Esta Sala reitera (ver sentencia n° 130/2006, del 1 de febrero), que del
texto de ese primer numeral se pueden distinguir varios aspectos, todos
relevantes en cuanto al referido derecho a la libertad:
“...1.- La libertad es la regla. Incluso las personas que sean juzgadas por
la comisión de delitos o faltas deben, en principio, serlo en libertad.
2.- Sólo se permiten arrestos o detenciones si existe orden judicial, salvo
que sea la persona sorprendida in franganti.
3.- En caso de flagrancia, sí se permite detención sin orden judicial, pero
sólo temporal, para que en un plazo breve (48 horas) se conduzca a la
persona ante la autoridad judicial.”...
Dicha disposición normativa establece una obligación en salvaguarda del
derecho: la de intervención de los jueces para privar de libertad a una persona.
De hecho, la garantía del juez natural presupone la existencia de un juez. El
Poder Judicial se entiende, al menos así ha sido el resultado de la evolución de
las instituciones públicas, como el garante de los derechos, protegiéndolos del
aparato administrativo del Estado, al cual se le reservan otras tareas (sentencia n°
130/2006, del 1 de febrero).
Debe resaltarse que tal orden judicial constituye una garantía ineludible
a los efectos de la salvaguarda del mencionado derecho fundamental.
Al respecto, en sentencia 379 del 7 de marzo de 2007, esta Sala señaló lo
siguiente:
Previo a cualquier análisis de fondo que pudiera hacer esta Sala sobre la
constitucionalidad o no de dicho precepto legislativo, debe en primer lugar,
citarse lo dispuesto en el artículo 647 literal g de la referida ley, el cual dispone:
Artículo 647. El procedimiento para la aplicación de las sanciones
estará sujeto a las normas siguientes:
…omissis…
g) Si el multado no pagare la multa dentro del término que hubiere
fijado el funcionario, éste se dirigirá de oficio al Juez de Municipio o
Parroquia del lugar de residencia del multado, para que dicha
autoridad le imponga el arresto correspondiente. En todo caso, el
multado podrá hacer cesar el arresto haciendo el pago‖.
En este sentido, se aprecia que la norma in commento establece una
infracción del siglo pasado de las legislaciones administrativas de convertir la

sanción de multa en pena de arresto, como medida coercitiva ante la
infructuosidad del cumplimiento de la multa.
Al efecto, debe destacarse que la sanción de arresto, como elemento
característico de todas las sanciones, tiene un efecto aflictivo sobre la esfera de
los derechos del infractor, pero su ámbito de incidencia no se dirige a los efectos
patrimoniales del infractor o la reparación de los daños causados, sino a incidir
sobre la libertad personal del mismo, por la comisión de un hecho ilícito
tipificado en la ley.
Así pues, se aprecia que la medida de arresto es una medida de restricción
de libertad, la cual se caracteriza por ser impuesta por lapsos breves y que se
encuentra dirigida a sancionar la comisión de un hecho ilícito por una persona
previamente establecida en la ley, mediante la orden de una autoridad judicial.
Esta puede ser concebida por el legislador como una medida provisional,
la cual sólo podrá ser ejecutada por las autoridades administrativas siempre y
cuando la comisión del hecho punible se haya realizado, sin que sea necesario su
consumación y haya sido detenido el infractor de manera in fraganti, o cuando la
misma devenga como una medida definitiva de carácter coercitivo ante el
incumplimiento previo de una sanción como la multa, tal y como ocurre en el caso
de autos.
Así, podemos apreciar que el derecho constitucional tutelable y objeto de
restricción en el presente caso, es el derecho a la libertad personal, el cual
consecutivamente al derecho a la vida, es el derecho personalísimo del ser
humano de mayor importancia, por cuanto lleva implícito otra serie de derechos,
los cuales pueden ser ejercidos con la satisfacción del primero de ellos.
Dicho derecho constituye uno de los atributos específicos de la persona,
intrínsicamente vinculado con su libertad de capacidad y obrar, razón por la cual
su consagración dentro del Estado de Derecho se encuentra concebida en sentido
negativo, es decir, la Constitución y las leyes sólo conciben sus limitaciones y no
su ejercicio ni los mecanismos de ello, sino los límites a los que debe atenerse el
ciudadano y la especificación de los supuestos en los cuales puede ser restringido
tal derecho. (Vid. LÓPEZ GUERRA, Luis; Derecho Constitucional, Vol. I, Edit.
Tirant Lo Blanch, 2000, pp. 245-249).
En efecto, se aprecia que el mencionado derecho a la libertad personal
tiene su consagración constitucional en el artículo 44, el cual en consonancia con
el texto del preámbulo de la Constitución al consolidar a la libertad de sus
valores primordiales de la refundación de la República ―(…) para establecer una
sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en
un Estado de justicia (…) que consolide los valores de la libertad (…)‖, le dio un
rango de supremacía y respeto a ser objeto de análisis en cuanto a la
interpretación de las normas constitucionales y de los textos legales que
contengan alguna restricción de tal derecho (Vid. En igual sentido, los artículos 1
y 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
Al respecto, debe advertirse que la influencia y relevancia del principio de
supremacía constitucional, establecido en el artículo 7 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, no se encuentra como un principio aislado
dentro del ordenamiento jurídico, sino como bien se expuso antes, existen una
serie de valores constitucionales los cuales constituyen lo que los doctrinarios
constitucionales norteamericanos conocen como el espíritu de la

Constitución ―the spirit of the Constitution‖. (Vid. WILLOUGHBY, Westel W.;
―The Constitucional Law of the United States‖, T.I. New York, 1929, p. 68).
Este núcleo esencial, está recubierto de una serie de valores axiológicos
que coordinan y adecúan la interpretación de las normas constitucionales así
como las del resto del ordenamiento jurídico, las cuales rigen y le dan contenido
a un determinado Estado, en pocas palabras, constituyen su fundamento y su
incumplimiento desnaturaliza la esencia del Estado.
En este orden de ideas, debe destacarse lo expuesto por PERALTA, el cual
de manera clara expone que tales valores constitucionales constituyen ―(...) un eje
axiológico que interpenetra en todas las disposiciones del ordenamiento
jurídico, configurando un argumento interpretativo teleológico para la
comprensión global unitaria de toda nuestra realidad jurídica‖. (Vid. PERALTA,
R.; ―La interpretación del ordenamiento jurídico conforme a la norma
fundamental del Estado‖, Universidad Complutense, Madrid, 1994, p. 91).
Ello así, se destaca el elemento de relevancia y respeto de los valores
superiores como el núcleo central o el elemento espiritual de la Constitución, o
haciendo una comparación y trasladar tal concepción, se le puede transfigurar a
un ser viviente que lucha por su no fenecimiento y desarrollo de su libre
personalidad en la búsqueda de una mejor calidad de vida y en la satisfacción de
sus derechos y garantías, sin abandonar el cumplimiento de sus deberes.
Afirmar lo contrario, implicaría concebir al Estado como un ente carente
de funcionamiento y cuyas disposiciones deben mantenerse inertes y sin un ajuste
a la realidad social, lo cual sin duda alguna, implica para esta Sala necesario
erradicar tal concepto y pasar a formular que ello debe analizarse atendiendo a
los valores constitucionales, en este sentido, así ésta -Constitución- necesita y así
se encuentran concebidos tales valores como elementos esenciales que su
desarrollo le dan vida a la formulación del Estado.
En este sentido, es categórica la frase expuesta por el derecho
norteamericano, que refleja que ―(…) una Constitución debe ser interpretada por
el espíritu, que vivifica, y no por la letra muerta, que mata‖, lo mismo se acoge en
franca sintonía con la labor que ejerce esta Sala Constitucional como el operador
judicial de una maquinaria, la cual se encuentra representada por la
Constitución y obliga a guiar este sistema a un fin social de desarrollo del Estado
asegurando un equilibrio entre los factores que intervienen en el mismo. (Cfr.
Sentencia de esta Sala N° 325/2005).
En esta misma línea argumentativa, sobre la relevancia de tales valores en
el contexto constitucional, se encuentra GARCÍA DE ENTERRÍA, quien destaca:
―La Constitución asegura una unidad del ordenamiento esencialmente
sobre la base de un «orden de valores» materiales expreso en ella y no
sobre las simples reglas formales de producción de normas. La unidad
del ordenamiento es, sobre todo, una unidad material de sentido,
expresada en unos principios generales de Derecho, que o al
intérprete toca investigar y descubrir (sobre todo, naturalmente, al

intérprete judicial, a la jurisprudencia), o la Constitución los ha
declarado de manera formal, destacando entre todos, por la decisión
suprema de la comunidad que le ha hecho, unos valores sociales
determinados que se proclaman en el solemne momento constituyente
como primordiales y básicos de toda la vida colectiva. Ninguna norma
subordinada -y todas lo son para la Constitución- podrá desconocer
ese cuadro de valores básicos y todas deberán interpretarse en el
sentido de hacer posible con su aplicación al servicio, precisamente a
dichos valores.
...omissis...
Estos valores no son simple retórica, no son (...) simples principios
«prográmaticos», sin valor normativo de aplicación posible; por el
contrario, son justamente la base entera del ordenamiento, la que ha
de prestar a éste su sentido propio, la que ha de presidir, por tanto,
toda su interpretación y aplicación.
...omissis...
Esos principios, cuyo alcance no es posible, naturalmente, intentar
determinar aquí, si se destacan como primarios en todo el sistema y
protegidos en la hipótesis de reforma constitucional, presentan, por
fuerza, una «enérgica pretensión de validez», en la frase de BACHOF,
(...) y constituyen, por ello, los principios jerárquicamente superiores
para presidir la interpretación de todo el ordenamiento, comenzando
por la de la Constitución misma‖. (Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, E.;
―La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional‖, Ed.
Civitas, Madrid, 2001, p. 97-99).
Dentro de estos valores y, como fue destacado previamente se encuentra la
libertad, como unos de los primordiales en virtud de su ubicación cronológica y
de desarrollo teleológico en el devenir del Estado y de las personas, libertad la
cual no sólo se restringe a la libertad personal, sino que la misma se expande o
amplía su catálogo de concepción a la libertad religiosa, al libre
desenvolvimiento de la personalidad, a la laboral, a la sindical, entre otras.
En cuanto al valor de relevancia del derecho a la libertad personal, ya se
ha pronunciado esta Sala con anterioridad, en sentencia N° 130/2006, en donde
se precisó el carácter constitucional de tal derecho y su garantía en un Estado de
Derecho Social y de Justicia, como se constituye el Estado Venezolano. Al efecto,
dispuso la Sala:
―Ahora bien, resulta oportuno destacar que en sentencia del 29 de
mayo de 2003 (Nº 1372, dictada en este mismo caso, con ocasión del
pronunciamiento sobre la posible perención de la instancia), la
Sala sostuvo, sin pretender menospreciar el resto de los derechos,
que la libertad personal destaca, desde el origen mismo del Estado
moderno, en el conjunto de los derechos fundamentales. No es
casual –se destacó- que haya sido la libertad personal una de las

primeras manifestaciones de derechos particulares que se conoció
en la evolución histórica de los derechos humanos.
De hecho -y así lo resaltó también la Sala en ese fallo del 29 de
mayo de 2003-, existe una acción especial que sirve para proteger la
libertad personal: el habeas corpus. Basta recordar –y asimismo lo
hizo la Sala- que durante la vigencia de la Constitución de 1961, si
bien erradamente se entendió que no podía existir la acción de
amparo mientras no se hubiera dictado la ley que la regulase, no se
negó la procedencia del hábeas corpus, acción de tanta importancia
que el propio Constituyente le dedicó una norma especial, en la que
reguló ciertos aspectos procesales. De esta manera, la libertad
personal es principio cardinal del Estado de Derecho
venezolano‖. (Negrillas del original).
Al efecto, dispone el artículo 44 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, lo siguiente:
―Artículo 44. La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una
orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso
será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de
cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será
juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y
apreciadas por el juez o jueza en cada caso.
La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad
de la persona detenida no causará impuesto alguno.
2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con
sus familiares, abogado o abogada o persona de su confianza, y éstos o
éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el
lugar donde se encuentra la persona detenida, a ser notificados o
notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen
constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la
persona detenida, ya sea por sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio
de especialistas. La autoridad competente llevará un registro público de
toda detención realizada, que comprenda la identidad de la persona
detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios o funcionarias que la
practicaron.
Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se observará,
además, la notificación consular prevista en los tratados internacionales
sobre la materia.
3. La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá
condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la
libertad no excederán de treinta años.
4. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estará
obligada a identificarse.
5. Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden
de excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la
pena impuesta‖.

Así pues, el derecho a la libertad personal surge como una obligación
del Estado de garantizar el pleno desenvolvimiento del mismo, limitando su
actuación a la restricción de tal derecho sólo cuando el ciudadano haya excedido
los límites para su ejercicio mediante la comisión de una de las conductas
prohibidas en los textos normativos de carácter legal.
En este orden de ideas, se observa que la privación de libertad, implica que la
persona privada sea obligada a permanecer en un lugar determinado y que esta
privación implique un aislamiento de quien la sufre, por su sometimiento a una
situación que le impide desenvolverse normalmente, en consecuencia, se aprecia
que tal limitación debe ser impuesta con carácter coactivo mediante una previa
orden judicial.
Esta privación de libertad requiere para ser válida de una serie de
condicionamientos que regulan su licitud, como son la necesaria consagración
previa de la infracción que se le imputa, la condenatoria que efectúe el juez
competente para dilucidar la privación de libertad, la existencia de un proceso
judicial, el cumplimiento de los derechos a la tutela judicial efectiva en el marco
del procedimiento judicial, el respeto de los derechos del imputado, entre los
cuales debe incluirse el derecho al acceso al expediente, a la promoción y
evacuación de pruebas, el derecho a oposición en el marco del procedimiento, a
solicitar medidas cautelares, a la defensa, a la notificación de los cargos que se le
imputan, a la posibilidad de ejercer los diversos medios de impugnación que
establezca el ordenamiento jurídico, así como los demás contemplados
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la legislación
especial que tipifique la conducta delictiva.
(…)
En atención al derecho constitucional examinado, se aprecia que en el
presente caso resultó vulnerado el derecho al juez natural, conforme a lo
establecido en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, el cual consagra que ―(…) Ninguna persona puede ser arrestada o
detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in
fraganti (…)‖, en virtud que la orden de arresto, como se ha expuesto, no deviene
de una autoridad judicial sino un funcionario administrativo, el cual no resulta
competente para ordenar medidas de restricciones de libertad, ya que están se
encuentran reservadas al Poder Judicial, en aras de garantizar de una manera
más eficaz e idónea los derechos de los ciudadanos.
En igual sentido, debe destacarse nuevamente la decisión dictada por esta
Sala N° 130/2006, en la cual se estableció la imposibilidad de los funcionarios
para imponer la sanción de arresto como sanción definitiva, por encontrarse esta
reservada al Poder Judicial. Al efecto, se dispuso:
―Los cuerpos policiales del Estado Yaracuy (y los de cualquier
entidad federal o municipio; ni siquiera a través de sus Gobernadores
o Alcaldes) jamás pueden arrestar como sanción definitiva. Sólo
pueden hacerlo en los casos en que la ley nacional haya establecido un
delito y haya previsto para esos hechos una sanción privativa de
libertad. En esos casos, se ha visto, su tarea se limita a poner en
manos del juez a la persona. Son auxiliares de la justicia nacional;
nunca –como se pretende en el caso del Código impugnado- la justicia
misma.

En conclusión:
1) Para todas las sanciones existe la reserva legal (ley nacional, ley
estadal u ordenanza).
2) Para las penas la reserva legal es nacional.
3) Si se está en presencia de infracciones de naturaleza
administrativa, los órganos ejecutivos son competentes para
imponer la sanción.
4) Si se trata de penas su imposición está reservada al Poder
Judicial.
5) En los casos de previsión de delitos y penas, los órganos policiales
pueden efectuar detenciones preventivas, siempre que hubieren
sorprendido in franganti al infractor o que hayan sido
autorizados por un juez.
Por todo lo anterior, la inconstitucionalidad de los artículos 82 al 86
del Código de las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Yaracuy
radica en que en ellos se prevén arrestos administrativos como
sanciones definitivas, olvidándose de que constitucionalmente sólo
corresponde al Poder Nacional: 1) la tipificación de delitos y la
previsión sobre su sanción (Poder Legislativo); y 2) el enjuiciamiento
de la persona que ha cometido el hecho punible y la imposición de la
pena (Poder Judicial). La Administración (de cualquier entidad
territorial) sólo tiene la posibilidad de colaborar con el Poder
Judicial. Los Estados no pueden, en consecuencia, ni dictar normas
penales ni autorizar a sus cuerpos administrativos a ordenar sanción
de arresto. Deben los cuerpos policiales ajustar su conducta, en lo
relacionado con delitos, a la de colaboradores del Poder Judicial‖.
En consecuencia, esta Sala debe concluir que el artículo 647, literal g,
de la Ley Orgánica del Trabajo, viola el derecho al juez natural, establecido en el
artículo 49.4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
interpretado de manera congruente con lo establecido en el artículo 44.1 eiusdem.
Así se decide‖. (ver sentencia de esta Sala n° 1.744 del 9 de agosto de 2007).
En fin, el régimen sancionatorio previsto en la Ley sobre el Régimen para la
Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos y los o las particulares ante la
Asamblea Nacional, evidencia inconsistencias que probablemente inciden
negativamente en su constitucionalidad, razón por la que esta Sala, de forma coherente a
sus actuaciones previas, ampliamente registradas en su jurisprudencia, también se
encuentra forzada a desaplicar por control difuso de la constitucionalidad las normas
contempladas en el mismo (21 al 26 –debe advertirse, además, que este último incluye
autoridades ajenas al Poder Ejecutivo Nacional, vid. supra-), mientras se tramita el
procedimiento de nulidad por inconstitucionalidad de aquellas normas legales, que aquí

se ordena iniciar en tutela oficiosa del orden público constitucional, en ejercicio de la
competencia contenida en el artículo 336, cardinal 1 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25, cardinal 1 de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia, y de conformidad con lo previsto en el artículo 34 eiusdem, en
garantía de los postulados fundamentales previstos en los artículo 7 y 137 de la Carta
Magna.
Por su parte, el artículo 113 del Reglamento Interior y de Debates de la
Asamblea Nacional, dispone lo siguiente:
Objeto de las interpelaciones y comparecencias
Artículo 113. La interpelación y la invitación a comparecer tienen por
objeto que el pueblo soberano, la Asamblea Nacional o sus comisiones
conozcan la opinión, actuaciones e informaciones de un funcionario o
funcionaria pública del Poder Nacional, Estadal o Municipal, o de un particular
sobre la política de una dependencia en determinada materia, o sobre una
cuestión específica. Igualmente podrá referirse a su versión sobre un hecho
determinado. La interpelación solamente se referirá a cuestiones relativas al
ejercicio de las funciones propias del interpelado o interpelada.
Como puede apreciarse, el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea
Nacional, de forma similar a los artículos 3, 11, 12 y 26 de la Ley sobre el Régimen
para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos y los o las particulares
ante la Asamblea Nacional, no circunscribe el control parlamentario allí señalado a los
límites previsto en los artículos 187.3, 222 y 223 del Texto Fundamental, y a la
jurisprudencia de esta Sala, es decir, no circunscribe tal control de forma exclusiva a los
funcionarios y funcionarias del Poder Ejecutivo Nacional, circunstancia que obliga a
esta Sala a desaplicar por control difuso de la constitucionalidad el aludido artículo 113
de Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en lo que respecta a
funcionarios ajenos al Ejecutivo Nacional. Así se declara.
Esta Sala observa que la desaplicación por control difuso de la
constitucionalidad de las normas antes referidas, no afectarían las funciones contraloras
de la Asamblea Nacional, al estar vigentes el artículo 187 Constitucional (en particular,
en la materia, los cardinales 3 y 10); y los artículos 222 al 224 eiusdem. Asimismo,
también está vigente el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en

especial el Título VIII (De los instrumentos de control e información), artículos 114 al
125.
Finalmente, esta Sala advierte la necesidad de reiterar algunos criterios
elementales sobre los postulados cardinales de soberanía, supremacía constitucional y
protección jurisdiccional del Texto Fundamental, para insistir en la necesidad del debido
acatamiento y reguardo del orden constitucional.
Entre otros aspectos elementales, el Texto Fundamental que rige al Poder
Público y a los ciudadanos y ciudadanos en la República, es decir, la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, dispone de forma expresa, en el único aparte de su
artículo 5, que los órganos del Estado, sin distinción alguna, emanan de la soberanía
popular y a ella están sometidos:
Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce
directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e
indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder
Público.
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están
sometidos.
Ello así, todos los órganos del poder público y el propio Estado, sin distinción,
emanan de la soberanía popular, y a ella están sujetos bajo las normas que el Pueblo se
ha dado en la Constitución; como parámetro fundamental de orden, justicia, paz y
pervivencia social.
Tal como lo indicó esta Sala en sentencia n° 1415 del 22 de noviembre de 2000:
―…la Constitución es suprema en tanto es producto de la
autodeterminación de un pueblo, que se la ha dado a sí mismo sin intervención
de elementos externos y sin imposiciones internas. Así, la Constitución viene a
ser, necesariamente, la norma fundamental a la cual se encuentran vinculadas
las múltiples formas que adquieren las relaciones humanas en una sociedad y
tiempo determinados.
De allí que la Constitución ostente, junto con el ordenamiento jurídico
en su totalidad, un carácter normativo inmanente; esto es, un deber ser
axiológico asumido por la comunidad como de obligatorio cumplimiento, contra
cuyas infracciones se activen los mecanismos correctivos que el propio
ordenamiento ha creado. Siendo, pues, que ―el Derecho se identifica
precisamente por constituir un mecanismo específico de ordenación de la

existencia social humana‖ (Cf. F. J. Ansuátegui y otros, ―El Concepto de
Derecho‖ en Curso de Teoría del Derecho, Marcial Pons, pág. 17), la
Constitución, también, sin que pueda ser de otro modo, impone modelos de
conducta encaminados a cumplir pautas de comportamiento en una sociedad
determinada.
En similar línea de criterio, en decisión n° 33 del 25 de enero de 2001, esta Sala
asentó el siguiente criterio:
―…lo que conocemos hoy por Derecho Constitucional, ha sido el
producto de un proceso de encuadramiento jurídico de dos vertientes que
confluyen; una, el poder y la autoridad, otra, la libertad individual y la
búsqueda de lo que es bueno para la sociedad. La Constitución es, sin duda, el
principal y máximo arbitrio político-jurídico de ese proceso, del cual emerge
como el eje del ordenamiento jurídico todo. El principio de supremacía de la
Constitución en un reflejo de ese carácter.
La Constitución es suprema, entre otras cosas, porque en ella se
encuentran reconocidos y positivizados los valores básicos de la existencia
individual y de la convivencia social, al tiempo que instrumenta los mecanismos
democráticos y pluralistas de legitimación del Poder, tales como los relativos a
la designación de las autoridades y a los mandatos respecto al cómo y al para
qué se ejerce autoridad. Persigue con ello el respeto a la determinación libre y
responsable de los individuos, la tolerancia ante lo diverso o lo distinto y la
promoción del desarrollo armonioso de los pueblos. El principio de supremacía
de la Constitución, responde a estos valores de cuya realización depende la
calidad de vida y el bien común.‖
Al respecto, los artículos 7 y 137 de la Ley Suprema de la República, disponen
lo siguiente:
Artículo 7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del
ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder
Público están sujetos a esta Constitución.
Artículo 137. La Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos
que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que
realicen.
Sobre los orígenes de tales postulados y, en especial, sobre la jurisdicción
constitucional, como garantía definitoria de las normas, principios y valores supremos
adoptados soberanamente por el Pueblo y vertidos en la Constitución, esta Sala, en la
referida sentencia n° 1415 del 22 de noviembre de 2000, recordó lo siguiente:
La jurisdicción constitucional, en términos generales, y en particular en
aquellas democracias cuyos sistemas de garantía constitucional hayan acusado

la influencia del modelo norteamericano actual, es tributaria, en primer
término, de una tradición jurisprudencial que comienza con el fallo dictado por
el Justicia Mayor Edward Coke en el caso del Dr. Bonham, año de 1610
(Inglaterra), del que se extrae el siguiente párrafo:
“Aparece en nuestros libros que en muchos casos, el common law
(entiéndase por éste la norma fundamental) controla las leyes del
parlamento y a veces decide que son enteramente nulas; porque
cuando una ley aprobada por el parlamento es contraria a común
derecho y razón, o repugnante, o de imposible ejecución, el common
law debe dominar sobre ella y pronunciar la nulidad de tal
ley.” (Reports, parte VIII, 118 a., citado por: G. Sabine: Historia de
la Teoría Política, Fondo de Cultura Económica, pág. 351).
A pesar de que la postura del Juez Coke, en razón de la propia dinámica
que tomó el enfrentamiento entre el Rey y el Parlamento ingleses, no fue en
definitiva la que marcó el devenir histórico-político británico, no puede
afirmarse lo mismo respecto a las colonias británicas asentadas en América, en
las cuales sí caló de manera profunda la idea de Constitución como norma
suprema, así como la ideología lockeana de los derechos individuales, según la
cual los derechos y deberes morales son intrínsecos y tienen prioridad sobre el
derecho, de tal modo que la autoridad pública está obligada a hacer vigente por
la ley aquello que es justo natural y moralmente. ―En efecto, Locke interpretaba
el derecho natural como una pretensión a unos derechos innatos e inviolables
inherentes a cada individuo‖ (Cf. G. Sabine: ob. Cit. Pág. 404).
Bajo estas premisas fue que se produjo la sentencia recaída en
el caso Marbury v. Madison, 5 U. S. (1 Granch), 137 (1803), de la Corte
Suprema de Estados Unidos de América, dictada por el juez John
Marshall, sobre la cual fue sentada la doctrina de la vinculación normativa
constitucional, incluso, respecto a las leyes dictadas por el Poder Federal de
aquel país. De dicha sentencia extraemos las líneas siguientes:
“Es una proposición demasiado simple para que pueda discutirse que o
bien la Constitución controla cualquier acto legislativo que la contradiga,
o bien el legislativo podrá alterar la Constitución por una Ley ordinaria.
Entre esa alternativa no hay término medio. O la Constitución es un
derecho superior o supremo, inmodificable por los medios ordinarios, o
está al mismo nivel que los actos legislativos y, como cualquier otra Ley,
es modificable cuando al Legislativo le plazca hacerlo. Si el primer
término de la alternativa es verdadero, entonces un acto legislativo
contrario a la Constitución no es Derecho; si fuese verdad el segundo
término, entonces las Constituciones escritas serían intentos absurdos, por
parte del pueblo, de limitar un poder que por su propia naturaleza sería
ilimitable. Ciertamente, todos los que han establecido Constituciones
escritas contemplan a éstas como formando el Derecho supremo y
fundamental de la nación, y, consecuentemente, la teoría de los
respectivos gobiernos debe ser que una Ley del legislativo ordinario que
contradiga a la Constitución es nula” (citada por E. García de

Enterría, La Constitución como Norma y el Tribunal
Constitucional, Civitas, pág. 177).
Otro hito a destacar en esta evolución, fue la creación de los Tribunales
Constitucionales estrictamente tales, iniciada con la Constitución de Weimar de
1919, así como con la Constitución austriaca de 1920, perfeccionada en 1929,
cuya concepción se debe al célebre jurista Hans Kelsen. Característico de este
modelo es la vinculación del legislador a la Constitución, más aún que la de los
tribunales o poderes públicos, por lo que se llegó a afirmar que la labor del
Tribunal Constitucional se allegaba más a la de un legislador negativo que a la
de un juzgador en su sentido tradicional. Las leyes, entonces, eran examinadas
por ese legislador negativo, quien decidía en abstracto sobre la
correspondencia de aquéllas con el texto constitucional y de haber
contradicción o incompatibilidad, emitía una decisión constitutiva de
inconstitucionalidad con efectos sólo hacía el futuro (Cf. H. Kelsen, Escritos
sobre la democracia y el socialismo, Debate, 1988, Pág. 109 y ss.).
Acaecida la Segunda Guerra Mundial, se hace patente la conveniencia
de dar garantías a la eficacia de un documento que no es sólo una hoja de
papel según la famosa frase de Lassalle. Al contrario, luego de la tan dura
experiencia de deslegitimidad y muerte, esa hoja de papel significaba la última y
más resistente defensa contra las corrientes antidemocráticas. Correspondió
así, a los Tribunales Constitucionales, la trascendental tarea política de
salvaguardar los principios y valores constitucionales, defender la Supremacía
Constitucional e interpretar y aplicar la Constitución como su referencia
normativa única y natural. De allí la importancia, por ejemplo, del Consejo
Constitucional Francés y de los Tribunales Constitucionales Italiano, Austríaco,
Español y Federal Alemán contemporáneos.
Precisamente, tal garantía definitoria y suprema de la Constitución, recae
directamente en el Poder Judicial, el cual está llamado, en definitiva, a proteger el Texto
Fundamental, inclusive, de acciones contrarias al mismo que provengan de los demás
“órganos que ejercen el Poder Público”, tal como se puede apreciar de las siguientes
Normas Constitucionales:
TÍTULO VIII
DE LA PROTECCIÓN DE ESTA CONSTITUCIÓN
Capítulo I
De la Garantía esta Constitución
Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus
competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en
la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.
En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los
tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.

Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y
demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución
directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley, cuando
colidan con aquella.
Artículo 335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y
efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último
intérprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y
aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el
contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes
para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la
República.
Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia:
1. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos
con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan con esta
Constitución.
2. Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes
estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos
deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e
inmediata de esta Constitución y que colidan con ella.
3. Declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley
dictados por el Ejecutivo Nacional, que colidan con esta Constitución.
4. Declarar la nulidad total o parcial de los actos en ejecución directa e
inmediata de esta Constitución, dictados por cualquier otro órgano
estatal en ejercicio del Poder Público, cuando colidan con ésta.
5. Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta de la República o de la
Asamblea Nacional, la conformidad con esta Constitución de los
tratados internacionales suscritos por la República antes de su
ratificación.
6. Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los
decretos que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o
Presidenta de la República.
7. Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo
municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas
o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta
Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el
plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección.
8. Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y
declarar cuál debe prevalecer.

9. Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre
cualesquiera de los órganos del Poder Público.
10. Revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional y
de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas
por los Tribunales de la República, en los términos establecidos por la
ley orgánica respectiva.
11. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley.
En efecto, las facultades interpretativas que en tal sentido se otorgan al
Tribunal Supremo de Justicia, en consonancia con las características básicas de
la justicia constitucional en derecho comparado, sólo pueden ser ejercidas por
órgano de la Sala Constitucional, pues a ella le corresponde exclusivamente el
ejercicio de la jurisdicción constitucional. Además, con fundamento en el
principio de división de poderes, tales facultades no pueden ejercerse de oficio o
mediante acuerdos, sino con motivo de una acción popular de
inconstitucionalidad, acción de amparo, recurso de interpretación de leyes u
otro caso concreto de carácter jurisdiccional cuya competencia esté atribuida a
la Sala Constitucional.
En esta materia, se consagra una herramienta indispensable para que la Sala
Constitucional pueda garantizar la supremacía y efectividad de las normas
constitucionales. Así, se indica que las interpretaciones que establezca la Sala
Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios
constitucionales serán vinculantes para las demás Salas del Tribunal Supremo
de Justicia y demás tribunales de la República, todo ello con el objeto de
garantizar la uniforme interpretación y aplicación de tales normas y principios.
En definitiva, el carácter vinculante de las interpretaciones de las normas y
principios constitucionales será el principal instrumento de la Sala
Constitucional para fortalecer la justicia constitucional, darle eficacia al Texto
Fundamental y brindar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos.
Así pues, el Constituyente, siguiendo la tradición del constitucionalismo
moderno, dejó en manos del Máximo Árbitro de la República: El Poder Judicial y, en
especial, de esta Sala, la protección y garantía suprema de la Constitución, incluso
frente a vulneraciones de la misma que incluso pudieran provenir del propio Poder
Legislativo Nacional, tal como se aprecia en el referido Título de la Carta Magna.
Tal posición jurídica, política y social tiene fundamento en la propia noción de
democracia constitucional que cimienta el Texto Fundamental. Sobre tal noción

elemental, el doctrinario Bovero, refiriéndose a un criterio del jurista Ferrajoli, asentó
lo siguiente:
―…Luigi Ferrajoli tiene razón cuando sostiene que en la ―democracia
constitucional‖ el poder de decisión colectiva encuentra límites y vínculos de
sustancia, propiamente aquellos que ―circunscriben‖ la esfera de lo decidible:
los órganos del poder democrático, en un Estado constitucional de derecho, no
son omnipotentes; la democracia (constitucional) no es la omnipotencia de la
mayoría (y ni siquiera de la totalidad, eventualmente unánime, de los
ciudadanos y/o de sus representantes). Si, por ejemplo, una ley viola un derecho
civil o un derecho social establecido en la constitución como fundamental, esta
ley es ciertamente ilegítima en su contenido, o como dice Ferrajoli, en su
―sustancia‖. Sin embargo, esta ley ―sustancialmente‖ ilegítima no es por ello
mismo, es decir por la razón de ser inválida, (considerable como) no-
democrática: una corte constitucional —en los casos en los que existe, ya que si
no existe una constitución no es verdaderamente rígida— puede y debe declarar
su anulación, pero en la medida en la que esa norma es inconstitucional, no en
tanto que sea (en algún sentido) ―sustancial-mente‖ antidemocrática. Si la
adopción de aquella ley hipotética ifie decidida por un parlamento siguiendo las
reglas formales de la democracia, se trata simplemente de una decisión
democrática ilegítima. Precisamente Ferrajoli, quién nos ha enseñado a
distinguir entre vigencia (vigor, existencia) y validez, no debería tener ningún
problema para aceptar esta noción. En otras palabras, y para simplificar, el
respeto de los derechos fundamentales como tal, no es (calificable, por lo menos
de manera inmediata, y sin precisiones como) una condición de demo-craticidad
de las decisiones políticas, sino más bien, y sencillamente, de su
constitucionalidad. Los derechos fundamentales en general —repito de acuerdo
con Ferrajoli— pre-delimitan la esfera de lo que puede decidirse en forma
democrática (siempre y cuando el estado constitucional sea democrático); lo
que cae afuera de esta esfera —las materias reguladas por las normas
constitucionales, antes que nada y sobretodo las que confieren derechos
fundamentales— no es algo disponible para los órganos del poder democrático.
Por lo tanto, y justamente por ello, las varias clases de derechos fundamentales
no son (definibles oportunamente como) correspondientes a articulaciones
internas de la democracia, sino son, más bien, límites externos a la misma‖
(Bovero, Michelangelo. Democracia y Derechos Fundamentales. En
http://www.biblioteca.org.ar/libros/142295.pdf)
Al respecto, Ferrajoli, en su obra Derechos y Garantías: la Ley del más Débil,
señaló lo siguiente:
―…El constitucionalismo, tal como resulta de la positivización de los derechos
fundamentales como límites y vínculos sustanciales a la legislación positiva,
corresponde a una segunda revolución en la naturaleza del derecho que se
traduce en una alteración interna del paradigma positivista clásico. Si la
primera revolución se expresó mediante la afirmación de la omnipotencia del
legislador, es decir, del principio de mera legalidad (o de legalidad formal)
como norma de reconocimiento de la existencia de las normas, esta segunda
revolución se ha realizado con la afirmación del que podemos llamar principio

de estricta legalidad (o de legalidad sustancial). O sea, con el sometimiento
también de la ley a vínculos ya no sólo formales sino sustanciales impuestos por
los principios y los derechos fundamentales contenidos en las constituciones. Y
si el principio de mera legalidad había producido la separación de la validez y
de la justicia y el cese de la presunción de justicia del derecho vigente, el
principio de estricta legalidad produce la separación de la validez y de la
vigencia y la cesación de la presunción priorística de validez del derecho
existente. En efecto, en un ordenamiento dotado de Constitución rígida, para
que una norma sea válida además de vigente no basta que haya sido emanada
con las formas predispuestas para su producción, sino que es también necesario
que sus contenidos sustanciales respeten los principios y los derechos
fundamentales establecidos en la Constitución. A través de la estipulación de la
que en el apartado 4 he llamado la esfera de lo indecidible (de lo indecidible
que, que se expresa en los derechos de libertad, y de lo indecidible que no, que
lo hace en los derechos sociales), las condiciones sustanciales de validez de las
leyes, que en el paradigma premoderno se identificaban con los principios del
derecho natural y que en el paradigma paleopositivista fueron desplazadas por
el principio puramente formal de la validez como positividad, penetran
nuevamente en los sistemas jurídicos bajo la forma de principios positivos de
justicia estipulados en normas supraordenadas a la legislación. Este cambio de
paradigma puede situarse históricamente en un momento determinado: el que
siguió a la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial y a la derrota del nazi-
fascismo. En el clima cultural y político en el que vio la luz el actual
constitucionalismo —la Carta de la ONU de 1945, la Declaración universal de
1948, la Constitución italiana de 1948, la Ley fundamental de la República
Federal Alemana de 1949— se comprende que el principio de mera legalidad,
considerado suficiente garantía frente a los abusos de la jurisdicción y de la
administración, se valore como insuficiente para garantizar frente a los abusos
de la legislación y frente a las involuciones antiliberales y totalitarias de los
supremos órganos decisionales. Es por lo que se redescubre el significado de
«Constitución» como límite y vínculo a los poderes públicos establecido hace ya
dos siglos…‖.
Tal postulado democrático guarda especial relación con el carácter normativo de
la Constitución, respecto del cual, en sentencia n° 520 del 7 de junio de 2000, esta Sala
asentó lo siguiente:
En la Exposición de Motivos de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, cuando explica el contenido del Capítulo Primero de
su Título VIII, en el cual se regulan los mecanismos que garantizan la protección
de la Constitución, se menciona la facultad de la Sala Constitucional para revisar
los actos o sentencias de las demás Salas del Tribunal Supremo que contraríen el
texto fundamental o las interpretaciones que sobre sus normas o principios haya
realizado esta Sala.
Esta facultad, concebida para garantizar la integridad de la interpretación
y el cumplimiento de los valores constitucionales, expresa la preocupación por
impedir que las declaraciones de la Constitución no se conviertan en adagios
gastados por el tiempo, ni en una contraseña vacía de sentido, sino en principios
vitales, vivos, que otorgan y limitan los poderes del gobierno y de los otros

órganos del poder público en general. Preocupación que es manifestada en la
sentencia dictada por esta Sala el 9 de marzo de 2000 (caso José Alberto
Quevedo), en la cual se indica que:
―...Los principios inmersos en la Constitución, que la cohesionan,
así no aparezcan en su texto, si no se aplican o se violan tienden a
desintegrar a la Carta Fundamental, y si ello sucediere la
Constitución desaparecería con todo el caos que ello causaría. Basta
imaginar qué pasaría, si un juez ordena que un científico convierta a
un humano en animal, o que cese el sistema democrático y se elija a
un monarca, o que condene a muerte a alguien, a pesar de la
aquiescencia de las partes del juicio donde surge esa situación. El
Juez que dentro de un proceso lo conociera, que responde por la
integridad y supremacía de la Constitución, de oficio tendría que
dejar sin efectos tales determinaciones judiciales, ya que ellas
contrarían el orden público constitucional y las violaciones del orden
público se declaran de oficio. La Constitución, como se dijo, no sólo
está formada por un texto, sino que ella está impregnada de
principios que no necesitan ser repetidos en ella, porque al estar
inmersos en la Constitución, son la causa por la cual existe...‖.
Si bien es cierto, que la Exposición de Motivos de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela [que, como se sabe, no tiene carácter
normativo: ver sentencia n° 93 de 6 de febrero de 2001] remite a una Ley
orgánica el desarrollo del mecanismo extraordinario de revisión de las decisiones
de las otras Salas, la doctrina constitucional ha indicado el valor normativo
directo del texto fundamental, para las competencias y funcionamiento de los
órganos creados en la constitución. Precisamente, Eduardo García de Enterría
(La Constitución como Norma y el Tribunal Constitucional, Editorial Civitas,
tercera reimpresión 1994, páginas 77 a 82) ha indicado que ―...Los preceptos
orgánicos constitucionales son de inmediata aplicación por todos los poderes
públicos y, en concreto, por los propios órganos a que la regulación
constitucional se refiere. Existan o no normas complementarias o de desarrollo
de esta regulación, ésta es plenamente eficaz por sí misma y, por tanto, rige la
formación y el funcionamiento de los órganos afectados...‖.
Precisamente, una herramienta cardinal para lograr la protección constitucional,
es, ante todo, la interpretación judicial de la Carta Magna, es decir, la actividad de
desentrañar el sentido y alcance, como premisa fundamental para aplicarla (actuación
que requiere, en algunos casos, de la previa integración de la misma, ante sus vacíos
normativos negativos o axiológicos).
Tal como lo indicó esta Sala en la aludida sentencia n° 1415 del 22 de
noviembre de 2000:
―… las funciones que desempeñe esta Sala, en particular la referida a la
interpretación de la Constitución en respuesta a una acción específica, deba

contrastarse con el contenido del ordenamiento jurídico constitucional a la luz
de tres principios básicos; a saber: primero, el de competencia, que actúa como
un instrumento ordenador del ejercicio del poder una vez que éste es
legitimado; segundo, el de separación de poderes, dejando a salvo la necesaria
coordinación entre los mismos, así como el ejercicio de ciertas funciones que no
siéndoles esenciales les cumple realizar naturalmente, con base al cual funciona
un mecanismo de balance en la división del poder y de mutuos controles o
contrapesos entre los órganos que lo ejercen; y tercero: el principio de ejercicio
del poder bajo la ley, elemento esencial del Estado de Derecho y del sistema
democrático, conforme al cual son execradas la autocracia y la arbitrariedad.
Dichos principios, en tanto fundamentales al Estado de Derecho, exigen la
distribución de funciones entre diversos órganos y la actuación de éstos con
referencia a normas prefijadas, ya sea como un modo de interdicción de la
arbitrariedad o como mecanismos de eficiencia en el cumplimiento de los
cometidos del Estado‖.
Tal interpretación y aplicación es una de las funciones principales de la
jurisdicción constitucional, respecto de la cual esta Sala, en sentencia n° 33 del 25 de
enero de 2001, señaló lo siguiente:
―La moderación y racionalización del poder que, como se vio, tiene su
expresión jurídica última en la Constitución, ha necesitado del funcionamiento
de ciertos organismos que, o bien sirven de freno a la autoridad misma al actuar
como sus censores, o garantizan la armonía interorgánica y el respeto a los
derechos fundamentales. El surgimiento de la institución parlamentaria tiene
que ver con el primer orden de ideas referido. El segundo orden, vale decir, los
órganos a través de los cuales es garantizada la separación de poderes, el
respeto a los derechos fundamentales y las aspiraciones individuales o
colectivas expresadas en la Constitución, es el asunto que nos compete.
Se alude de este modo a la técnica derivada del principio de supremacía
de la Constitución, en función de la cual se atribuye a ciertos órganos
especializados la tarea de velar por el respeto a la ética pública que, como un
conjunto de objetivos o de fines axiológicos, debe reconocer y preservar el
poder político a través del Derecho. Dichos órganos tienen, desde una óptica
jurídica, la última palabra sobre el contenido y alcance de los principios y
normas contenidos en la Constitución.
En consecuencia, ya sea que dichas instancias judiciales tengan una
existencia orgánica dentro del Poder Judicial o fuera de éste; o que se les
denomine Tribunales, Cortes, Consejos o Salas Constitucionales, lo cierto es
que son fuente de derecho judicial desde que complementan
jurisprudencialmente el ordenamiento con normas de carácter general.
Ostentan, además, un poder de arbitraje, distinto según algunos autores, Troper
por ejemplo, a los clásicos poderes legislativo, ejecutivo y judicial, rasgo de
notoria presencia, según el mismo autor, en el Consejo Constitucional francés.
Pero, en todo caso, lo que los caracteriza es el ejercicio del denominado Poder
de Garantía Constitucional, a través del cual controlan en fin último de la
justicia expresado en la ley, en tanto en cuanto realiza el contenido axiológico

de la Constitución, y garantizan el respeto a los derechos fundamentales (Peces-
Barba, G. y otros, ―Derecho y Fuerza‖ en Curso de Teoría del Derecho,
Marcial Pons, Madrid, pág. 117).
La jurisdicción constitucional, a través de sus decisiones, fundadas en
argumentos y razonamientos, no obstante dictadas como expresión de la
voluntad de la Constitución, persigue concretar, por un lado, los objetivos éticos
y políticos de dicha norma, modulándolos con criterios de oportunidad o
utilidad en sintonía con la realidad y las nuevas situaciones; y por otro,
interpretar en abstracto la Constitución para aclarar preceptos cuya intelección
o aplicación susciten duda o presenten complejidad.
Por otra parte, a dicha jurisdicción le cumple encaminar las
manifestaciones de voluntad o de juicio de los máximos operadores jurídicos
dentro de los parámetros que dicha norma establece. De su influencia no
escapa, tal como se desprende de lo dicho, ninguno de los poderes públicos,
incluido el propio poder judicial. Tal vinculación es universal.(…)
1.- Lo expresado justifica ampliamente que la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, haya creado un órgano inédito dentro del
también reciente Tribunal Supremo de Justicia, el cual ha sido concebido como
una instancia jurisdiccional con una marcada especialización de tutela,
tendente a asegurar la integridad, supremacía y efectividad de la Constitución;
éste órgano es la Sala Constitucional.
Esta especialización se concreta en el ejercicio de la tutela
constitucional en su máxima intensidad. No precisamente al modo en que la
ejercía la Sala Plena de la entonces Corte Suprema de Justicia, la cual estaba
restringida en sus funciones de garantía constitucional como si de un legislador
negativo se tratase, es decir, la Sala Plena actuaba como un complemento del
Poder Legislativo (único ente propiamente sujeto a la Constitución) en tanto se
encargaba de revocar los actos de rango y fuerza de ley que éste dictaba
contraviniendo la Constitución. Siendo que ésta no era concebida como un
cuerpo jurídico normativo directamente aplicable a los distintos operadores
jurídicos, se entendía que las interpretaciones de la Constitución que hiciera la
Sala Plena no tenían carácter vinculante, y su influencia estaba asociada al
efecto abrogatorio de los fallos de nulidad de actos con rango o fuerza de ley.
Muy por el contrario, a esta Sala Constitucional le corresponde no sólo anular
actos de esa naturaleza, sino que tiene asignada tanto la interpretación del texto
constitucional, con el fin de salvar sus dificultades o contradicciones, como
hacer valer el principio jurídico-político según el cual los derechos
fundamentales preceden y limitan axiológicamente las manifestaciones del
poder. Para ello se le ha puesto al frente del aparato jurisdiccional respecto a
su aplicación, al punto de vincular sus decisiones a las demás Salas del
Tribunal Supremo de Justicia, no sólo en gracia a su potestad anulatoria, sino
como derivación de la función antes apuntada.(…)
Por ello, la actividad que ejerza la Sala Constitucional, merced a los
diversos medios procesales de que disponen los interesados, no sólo debe
atender a la naturaleza de los actos impugnados, a los entes involucrados o a la
sustancia del asunto discutido, sino también, de manera preferente, a la

determinación de si lo planteado afecta, en palabras de García de Enterría, la
―...esencia misma de la Constitución, a la cuidadosa distribución de poder (o a
las) correlativas competencias por ella operada...‖, esto es: su implicación
constitucional (ver aplicación de esta doctrina en la sentencia n° 7 de 1°-02-
00)‖.
Queda, en los términos expuestos, resuelto el presente asunto sometido a
conocimiento de este Máximo Tribunal de la República. Así, finalmente, se decide.
VI
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por
autoridad de la Ley:
1.- Se declara COMPETENTE para conocer la presente demanda de
interpretación constitucional.
2.- ADMITE la demanda incoada, la resuelve de mero derecho y
declara la urgencia del presente asunto.
3.- RESUELVE, de conformidad con las consideraciones vertidas en la
parte motiva de este fallo, la interpretación solicitada. En consecuencia se declara:
3.1.- Que así como el Poder Judicial está sujeto a normas y límites
constitucionales, el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo
Nacional y los demás Poderes Públicos también lo están, al igual que
todos los ciudadanos y ciudadanas, por imperativo de los principios de
supremacía constitucional y de racionalidad; de allí que cualquier intento
de ultraje a tales normas constitucionales, constituya una afrenta al
propio orden fundamental y a la dignidad de los ciudadanos y
ciudadanas; valores que sólo podrán ser defendidos a través del
conocimiento directo de la Constitución, única herramienta válida para
apreciar la verdad, evitar manipulaciones y contrarrestar acciones ilícitas.
3.2.- Que el Poder Legislativo Nacional tiene funciones de control
político, a través del cual puede encausar sus pretensiones, siempre
dentro del orden constitucional y jurídico en general, pues ello no sólo es
garantía de estabilidad de la Nación, sino de respeto a los derechos
fundamentales.
3.3.- Que conforme al artículo 187.3 Constitucional corresponde a la
Asamblea Nacional: Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la
Administración Pública Nacional, en los términos consagrados en la

Constitución y en la ley. Atribución desarrollada en los artículos 222, 223
y 224 eiusdem.
3.4.- Que al interpretar de forma gramatical, lógica, histórica e integral
tales disposiciones constitucionales, se observa que la Constitución le
atribuye la competencia de control político a la Asamblea Nacional,
“sobre el Gobierno y la Administración Pública Nacional”; control sobre
todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas del Gobierno y
Administración Pública Nacional, en los términos previstos en la
Constitución y el resto del orden jurídico.
3.5.- Que para impedir que ese control afecte el adecuado
funcionamiento del Ejecutivo Nacional, y, en consecuencia, evitar que el
mismo termine vulnerando los derechos fundamentales, debe observarse
la debida coordinación de la Asamblea Nacional con el Vicepresidente
Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, tal como lo impone el artículo
239.5 Constitucional, para encausar la pretensión de ejercicio del referido
control (canalización de comunicaciones, elaboración de cronograma de
comparecencias, etc.), respecto de cualquier funcionario del Gobierno y
la Administración Pública Nacional, a los efectos de que, conforme a la
referida previsión constitucional, la Vicepresidencia Ejecutiva de la
República centralice y coordine todo lo relacionado con las
comunicaciones que emita la Asamblea Nacional con el objeto de
desplegar la atribución contenida en el artículo 187.3 Constitucional,
desarrolladas en los artículos 222 al 224 eiusdem.
3.6.- Que las convocatorias que efectúe el Poder Legislativo Nacional, en
ejercicio de las labores de control parlamentario previstas en los artículos
222 y 223, con el objeto de ceñirse a la juridicidad y evitar entorpecer el
normal funcionamiento de los Poderes Públicos, deben estar sustentadas
en todo caso en el orden constitucional y jurídico en general; por lo que
las mismas deben estar dirigidas exclusivamente a los funcionarios
sometidos a ese control, indicar la calificación y base jurídica que la
sustenta, el motivo y alcance preciso y racional de la misma (para
garantizar a su vez un proceso con todas las garantías constitucionales), y
en fin, orientarse por los principios de utilidad, necesidad, razonabilidad,
proporcionalidad y colaboración entre poderes públicos (sin pretender
subrogarse en el diseño e implementación de las políticas públicas
inherentes al ámbito competencial del Poder Ejecutivo Nacional),
permitiendo a los funcionarios que comparecen, solicitar y contestar, de
ser posible, por escrito, las inquietudes que formule la Asamblea
Nacional o sus comisiones, e inclusive, también si así lo solicitaren, ser
oídos en la plenaria de la Asamblea Nacional, en la oportunidad que ella
disponga (parte de lo cual se reconoce, por ejemplo, en el referido
artículo 245 Constitucional), para que el control en cuestión sea
expresión de las mayorías y minorías a lo interno de ese órgano del Poder
Público, las cuales han de representar a todas las ciudadanas y a todos los
ciudadanos, y no únicamente a un solo sector; todo ello para dar
legitimidad y validez a tales actuaciones; y, además, para cumplir con lo
dispuesto en el artículo 224 de la Constitución, según el cual el ejercicio

de la facultad de investigación de la Asamblea Nacional no afecta [y, por
ende, no ha de afectar] las atribuciones de los demás poderes públicos,
pues obviamente la Constitución no avala ni el abuso ni la desviación de
poder, sino que, por el contrario, plantea un uso racional y equilibrado
del Poder Público, compatible con la autonomía de cada órgano del
mismo, con la debida comprensión de la cardinal reserva de
informaciones que pudieran afectar la estabilidad y la seguridad de la
República y, en fin, compatible con los fines del Estado.
3.7.- Que debe indicarse que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es
pasible de control a través de su Comandante en Jefe y del control
parlamentario mediante el control político que se ejerce sobre su
Comandante en Jefe y autoridad jerárquica suprema: El Presidente o
Presidenta de la República; el cual, como se advierte del artículo 237
Constitucional, dentro de los diez primeros días siguientes a la
instalación de la Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, presentará
cada año personalmente a la Asamblea un mensaje en que dará cuenta de
los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su
gestión durante el año inmediatamente anterior (a ello se limita el control
previsto el artículo 187.3 Constitucional –desarrollados en los artículos
222 y 223, en lo que respecta a dicha Fuerza). Por lo demás, la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana está sometida al control constitucional y
legal (a través de la ley o leyes respectivas, dentro del marco
fundamental), así como de los controles que emanan del Poder
Ciudadano y del Poder Judicial; en ejecución del orden jurídico, pues tal
como lo dispone el artículo 328 Constitucional, la misma, “en el
cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y
en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna” y “sus pilares
fundamentales son la disciplina, la obediencia y la subordinación”.
3.8.- Que tal como lo ha sostenido pacíficamente esta Sala, ese control
parlamentario previsto en los artículos 187.3 y 222 al 224 se extiende
fundamentalmente sobre el Poder Ejecutivo Nacional, y no sobre el resto
de los Poderes Públicos (Judicial, Ciudadano y Electoral), haciendo
salvedad del supuesto previsto en el artículo 276 Constitucional; tampoco
sobre el poder público estadal ni sobre el poder público municipal, con
excepción de lo contemplado en el numeral 9 del artículo 187
constitucional, pues el control político de esas dimensiones del Poder lo
ejercerán los órganos que la Constitución dispone a tal efecto, y bajo las
formas que ella prevé.
3.9.- Que la Asamblea Nacional participa en los procesos complejos e
interinstitucionales de designación y remoción de magistrados y
magistradas de este Máximo Tribunal, para selección definitiva y para la
remoción, conforme lo pautan los artículos 264 y 265 Constitucional; allí
culmina su rol en el equilibrio entre Poderes Públicos para viabilizar la
función del Estado. Crear una atribución distinta, como sería la revisión y
nueva “decisión o decisiones” sobre los procesos anteriores de selección
y designación de magistrados y magistradas, incluida la creación de una

comisión o cualquier otro artificio para tal efecto, sería evidentemente
inconstitucional, por atentar contra la autonomía del Poder Judicial y la
supremacía constitucional, constituyendo un fraude hacia el orden
fundamental que, siguiendo las más elementales pautas morales, no
subordina la composición del máximo tribunal de la República, al cambio
en la correlación de las fuerzas a lo interno del Legislativo Nacional.
3.10.- Que la Asamblea Nacional no está legitimada para revisar, anular,
revocar o de cualquier forma dejar sin efecto el proceso interinstitucional
de designación de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo
de Justicia, principales y suplentes, en el que también participan el Poder
Ciudadano y el Poder Judicial (este último a través del comité de
postulaciones judiciales que debe designar –art. 270 Constitucional-),
pues además de no estar previsto en la Constitución y atentar contra el
equilibrio entre Poderes, ello sería tanto como remover a los magistrados
y magistradas sin tener la mayoría calificada de las dos terceras partes de
sus integrantes, sin audiencia concedida al interesado o interesada, y en
casos de -supuestas- faltas –graves- no calificadas por el Poder
Ciudadano, al margen de la ley y de la Constitución (ver art. 265
Constitucional).
3.11.- Que ni antes ni ahora puede calificarse la remoción de un
magistrado como “un acto administrativo”. Se trata, sin duda, de un acto
parlamentario en ejecución directa e inmediata de la Constitución, sin
forma de ley, cuya nulidad correspondería a la Sala Constitucional
(previo cumplimiento del artículo 265 Constitucional), según los
artículos 334 único aparte y 336, cardinal 1 eiusdem, razón por la cual los
artículos 90 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea
Nacional y 83 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, ni
ninguna otra norma distinta del artículo 265 del Texto Fundamental,
resultan inaplicables para revocar o desconocer la designación de los
Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia.
3.12.- Que constituye un imperativo de esta Sala declarar, como en efecto
lo hace a través de esta sentencia, la nulidad absoluta e irrevocable de los
actos mediante los cuales la Asamblea Nacional pretende impulsar la
revisión de procesos constitucionalmente precluidos de selección de
magistrados y magistradas y, por ende, de las actuaciones mediante las
cuales creó las ilegítimas comisiones especiales designadas para evaluar
tales nombramientos, así como de todas las actuaciones derivadas de
ellas, las cuales son, jurídica y constitucionalmente, inexistentes.
3.13.- Que de forma antagónica a la interpretación sistémica de los
artículos 187.3, 222 y 223 del Texto Fundamental, así como también a la
jurisprudencia reiterada de esta Sala, los artículos 3, 11 y 12 de la Ley
sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias
Públicos o los y las particulares ante la Asamblea Nacional o sus
Comisiones, incluyen de forma expresa a funcionarios distintos a los
pertenecientes al Gobierno y Administración Pública Nacional, razón por
la que esta Sala se encuentra forzada a desaplicarlos por control difuso de

la constitucionalidad, en lo que respecta a funcionarios ajenos al
Ejecutivo Nacional, pudiendo aplicarse de forma directa, en caso de ser
necesario, los referidos artículos de la Constitución para no afectar las
atribuciones propias del Poder Legislativo Nacional, mientras se tramita
el procedimiento de nulidad por inconstitucionalidad de aquellas normas
legales, que aquí se ordena iniciar en tutela oficiosa del orden público
constitucional, en ejercicio de la competencia contenida en el artículo
336, cardinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y en el artículo 25, cardinal 1 de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia, y de conformidad con lo previsto en el artículo
34 eiusdem, en garantía de los postulados fundamentales previstos en los
artículos 7, 137 y 334 de la Carta Magna.
3.14.- Que el régimen sancionatorio previsto en la Ley sobre el Régimen
para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos y los o
las particulares ante la Asamblea Nacional, evidencia inconsistencias que
probablemente inciden negativamente en su constitucionalidad, razón por
la que esta Sala, de forma coherente a sus actuaciones previas,
ampliamente registradas en su jurisprudencia, también se encuentra
forzada a desaplicar por control difuso de la constitucionalidad las
normas contempladas en el mismo (21 al 26 –debe advertirse, además,
que este último incluye autoridades ajenas al Poder Ejecutivo Nacional,
vid. supra-), mientras se tramita el procedimiento de nulidad por
inconstitucionalidad de aquellas normas legales, que aquí se ordena
iniciar en tutela oficiosa del orden público constitucional, en ejercicio de
la competencia contenida en el artículo 336, cardinal 1 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25, cardinal 1
de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y de conformidad
con lo previsto en el artículo 34 eiusdem, en garantía de los postulados
fundamentales previstos en los artículo 7, 137 y 334 de la Carta Magna.
3.15.- Que el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional,
de forma similar a los artículos 3, 11, 12 y 26 de la Ley sobre el Régimen
para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos y los o
las particulares ante la Asamblea Nacional, no circunscribe el control
parlamentario allí señalado a los límites previsto en los artículos 187.3,
222 y 223 del Texto Fundamental, y a la jurisprudencia de esta Sala, es
decir, no circunscribe tal control de forma exclusiva a los funcionarios y
funcionarias del Poder Ejecutivo Nacional, circunstancia que obliga a
esta Sala a desaplicar y suspender la vigencia del aludido artículo 113 del
Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, en lo que
respecta a funcionarios ajenos al Ejecutivo Nacional, mientras se tramita
el procedimiento de nulidad por inconstitucionalidad de aquellas normas
legales, que aquí se ordena iniciar en tutela oficiosa del orden público
constitucional, en ejercicio de la competencia contenida en el artículo
336, cardinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y en el artículo 25, cardinal 1 de la Ley Orgánica del Tribunal
34 eiusdem, en garantía de los postulados fundamentales previstos en los
artículos 7, 137 y 334 de la Carta Magna.

4.- Se DESAPLICAN, en ejercicio del control difuso de la
Constitucionalidad, conforme a lo previsto en los artículos 334 y 336, cardinal 1 del
Texto Fundamental, y en el artículo 25, cardinal 1 de la Ley Orgánica del Tribunal
garantía de los postulados fundamentales previstos en los artículos 7, 137 y 334 de la
Carta Magna, las disposiciones contenidas en los artículos 3, 11, 12 y 21 al 26 de la Ley
sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos o los
y las particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, en lo que respecta a
funcionarios ajenos al Ejecutivo Nacional.
5.- Se DESAPLICAN, en ejercicio del control difuso de la
Constitucionalidad, conforme a lo previsto en los artículos 334 y 336, cardinal 1 del
Texto Fundamental, y en el artículo 25, cardinal 1 de la Ley Orgánica del Tribunal
garantía de los postulados fundamentales previstos en los artículos 7, 137 y 334 de la
Carta Magna, la disposición contenida en el artículo 113 de Reglamento Interior y de
Debates de la Asamblea Nacional, en lo que respecta a funcionarios ajenos al Ejecutivo
Nacional.
6.- Se ORDENA a la Secretaría de la Sala Constitucional la apertura del
expediente respectivo, a los fines de que esta instancia jurisdiccional, en ejercicio de la
competencia contenida en el artículo 336, cardinal 1 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y en el artículo 25, cardinal 1 de la Ley Orgánica del Tribunal
34 eiusdem conozca de oficio el proceso de nulidad de los artículos 3, 11, 12 y 21 al 26
de la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias
Públicos o los y las particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, y del
artículo 113 de Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional.
7.- Se ORDENA citar mediante oficio al ciudadano Presidente de la
Asamblea Nacional, y notificar a la Fiscal General de la República, al Procurador
General de la República y al Defensor del Pueblo, respectivamente.
8.- Se ORDENA el emplazamiento de los interesados mediante cartel,
publicado en uno de los diarios de circulación nacional, para que concurran dentro del
lapso de diez días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación.
9.- Se ORDENA la remisión de la presente sentencia al Ministerio del
Poder Popular para Relaciones Exteriores, para que, de así estimarlo pertinente, se

remita copia de la misma a los países y organismos multilaterales que considere,
conforme a lo previsto en el artículo 236.4 del Texto Constitucional.
10.- Se ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la Gaceta
Judicial, en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la página
Web de este Máximo Tribunal, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente:
―Sentencia que interpreta los artículos 136, 222, 223 y 265 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desde la
perspectiva de la pretensión planteada el 17 de febrero de 2016, y
desaplica por control difuso de la constitucionalidad los artículos 3, 11,
12 y 21 al 26 de la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de
Funcionarios y Funcionarias Públicos o los y las particulares ante la
Asamblea Nacional o sus Comisiones, en lo que respecta a funcionarios
ajenos al Ejecutivo Nacional y del artículo 113 del Reglamento Interior y
de Debates de la Asamblea Nacional‖.
Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 01 días del mes
de marzo de dos mil dieciséis (2016). Años 205º de la Independencia y 157º de la
Federación.
La Presidenta,
GLADYS M. GUTIÉRREZ ALVARADO
Vicepresidente,

ARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES
Ponente
.../
…
Los Magistrados,
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER
CALIXTO ORTEGA RÍOS

LUIS FERNANDO DAMIANI BUSTILLOS
LOURDES BENICIA SUÁREZ ANDERSON
El Secretario,
ASDRÚBAL LEONARDO BLANCO MÉNDEZ
No firman la presente sentencia los magistrados Doctores Calixto Ortega Ríos, Luis
Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson, quienes no asistieron
por motivos justificados.
El Secretario,
ASDRÚBAL LEONARDO BLANCO MÉNDEZ
ADR

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