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- 1. DERECHOS HUMANOS APLICADOS A LA FUNCIÓN POLICIAL (RESOLUCIÓN MINISTERIAL NRO. 952-2018-NI) Docente: crnl PNP bernaolavasquez jose antonio
- 2. DERECHOS HUMANOS APLICADOS A LA FUNCIÓN POLICIAL
- 3. SEMANA 05 : LABOR POLICIALEN LA SOCIEDAD La labor policial es cumplida por la Policía Nacional. En ese sentido, la actividad que realizan sus miembros se denomina servicio policial, que consiste en la labor policial de servir a la sociedad y proteger a los ciudadanos. La labor de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley constituye un servicio social de gran importancia. En consecuencia, es preciso mantener y, siempre que sea necesario, mejorar las condiciones de trabajo y la situación de estos funcionarios. La amenaza a la vida y la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad de toda la sociedad. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas.
- 4. A. LABOR POLICIAL Y DEMOCRACIA Para que las personas puedan disfrutar de sus derechos, establecidos constitucionalmente, la Policía debe mantener el orden social, además de garantizar el libre ejercicio de éstos. La democracia se vincula al Estado de Derecho y a la promoción y protección de los derechos humanos, ya que estos garantizan su pleno desarrollo, cumpliendo la policía un papel fundamental en esta labor. Por ello, su preparación, competencia y actuación deberán reflejarse en una actitud de respeto a las personas y a sus derechos fundamentales. B. DERECHOS FUNDAMENTALES Y LABOR POLICIAL Para que la Policía Nacional del Perú cumpla sus funciones se le ha conferido determinadas facultades, siendo las más importantes, entre otras, el arresto, la detención y el uso de la fuerza. Las acciones que ejecuten los policías en el desarrollo de su función deberán subordinarse y adecuarse al respeto de los derechos humanos para garantizar la legalidad y legitimidad de sus actuaciones, alcanzando la finalidad del servicio policial. C. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LABOR POLICIAL La Constitución establece las garantías para que los derechos fundamentales sean respetados. Esta tutela se ejercita a través de los procesos constitucionales a los que todo ciudadano puede recurrir. En estos se determinan e imponen las consecuencias jurídicas derivadas de las acciones u omisiones que atenten contra los derechos constitucionales. La extralimitación en las acciones realizadas por los miembros de la Policía Nacional durante el servicio policial, o su omisión, además de cuestionar la labor policial puede traer como consecuencia la vulneración de algún derecho fundamental de la persona. Por lo tanto, existe la posibilidad de iniciar un proceso constitucional (hábeas corpus y amparo).
- 5. D. LABOR POLICIAL EN LOS REGÍMENES DE EXCEPCIÓN La Constitución Política del Perú contempla dos situaciones de excepción en los que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción siguientes: 1. Estado de emergencia En caso de perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. Puede restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio. En ninguna circunstancia se puede desterrar a nadie. El plazo del estado de emergencia no excede de sesenta (60) días, el mismo que debe ser motivado y declarado mediante Decreto Supremo. Su prórroga requiere un nuevo decreto. Los derechos descritos en el párrafo precedente, sólo son suspendidos si así lo establece el referido decreto y de conformidad con las causas que generaron el estado de emergencia. En estado de emergencia las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno si así lo dispone el Presidente de la República.
- 6. 2. Estado de sitio En caso de invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente de que se produzcan, con mención de los derechos fundamentales cuyo ejercicio no se restringe o suspende. El plazo correspondiente no excede de cuarenta y cinco (45) días. Al decretarse el estado de sitio, el Congreso se reúne de pleno derecho. La prórroga requiere aprobación del Congreso. Asimismo, se tiene que tener en cuenta que las normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú. Es necesario advertir que no se podrán invocar ninguna de estas circunstancias excepcionales para justificar el quebrantamiento de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego desarrollados en este manual . De igual forma, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone en su artículo 27º una cláusula de salvaguardia, la cual establece que los Estados Parte en las disposiciones que adopten en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia (en el caso peruano estas disposiciones están contenidas en los regímenes de excepción) no deberán suspender, entre otros, el principio de legalidad y el derecho a la integridad personal; debiendo interpretarse que ambos aspectos no están incluidos en la suspensión o restricción a la libertad y a la seguridad personales. Por lo que, en ningún caso podrá invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura . La suspensión de los derechos constitucionales tendrá vigencia y alcance únicamente en los ámbitos geográficos especificados en el decreto que declara el régimen de excepción (ref. Art. 23º Código Procesal Constitucional). Otro aspecto importante que se establece en el Código Procesal Constitucional es que los procesos constitucionales no se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción.
- 7. DERECHOSHUMANOSAPLICADOSA LA FUNCIÓN POLICIAL
- 8. VÍCTIMAS Y GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Los miembros de la Policía Nacional del Perú, en su formación profesional y práctica diaria, centran su atención y recursos prioritariamente en labores preventivas, disuasivas y de represión de la actividad criminal. Por ello, también es necesario que se desarrollen directivas adecuadas para garantizar la atención de quienes han visto vulnerados sus derechos. Asimismo, existen grupos sociales que por sus características ven limitado el ejercicio pleno de sus derechos. Por lo cual es necesario también fortalecer la actuación policial en este aspecto, orientándola a la protección de estos grupos para evitar así las violaciones de sus derechos. Los miembros de la Policía Nacional en su primer contacto con las víctimas de delitos, deberán velar que estas reciban la asistencia y cuidados apropiados. Este contacto inicial puede describirse como la etapa de "primeros auxilios" de la situación de la víctima. En la práctica de la aplicación de la ley suelen primar esencialmente los progresos y resultados de los procesos de investigación. Es importante que los efectivos policiales den máxima prioridad a la protección física y psicológica de la víctima. El delito cometido es irreversible, pero la asistencia oportuna a las víctimas contribuye decisivamente a limitar las consecuencias negativas ocasionados por el ilícito cometido.
- 9. A. VÍCTIMAS 1. Víctimas del delito. - Personas que, individual o colectivamente, han sufrido daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que vulneren la legislación penal vigente en los Estados Miembros de la ONU, incluida la que proscribe el abuso de poder. 2. Víctimas del abuso de poder. - Las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones del derecho penal nacional, pero afectan normas internacionales reconocidas y relativas a los derechos humanos. Considerando la calidad del perpetrador solamente constituye abuso de poder cuando la infracción es cometida por un funcionario del Estado en el ejercicio de sus funciones. Víctimas y su trato por la Policía Nacional. - Todas las personas, particularmente las víctimas de delitos y del abuso de poder, deben recibir atención de la Policía Nacional del Perú teniendo en consideración lo siguiente: a. Las víctimas tienen derecho a ser tratadas con respeto y consideración por su dignidad. b. Las víctimas tienen derecho a beneficiarse de los mecanismos de la justicia y a obtener una pronta reparación en caso correspondiese. c. Las víctimas deben ser informadas de la marcha de las actuaciones y de la decisión de sus causas. Especialmente, cuando se trate de delitos graves y se haya solicitado esa información. d. Las víctimas pueden necesitar asistencia para proteger su intimidad y para garantizar su seguridad y la de sus familiares contra la intimidación y las represalias. e. Las víctimas deben recibir la asistencia material, médica, psicológica y social que sea necesaria. f. La Policía depende de la cooperación de la víctima en el aporte de informaciones que le permita esclarecer la comisión de un delito. En consecuencia, su relación con la víctima es muy importante.
- 10. B. GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. - La expresión “grupos en situación de vulnerabilidad” suele utilizarse para designar a aquellos grupos de personas o sectores de la población que, por razones relacionadas a su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales; y por acción u omisión de los organismos del Estado; se ven privados del pleno goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y de la atención y satisfacción de sus necesidades específicas. 1. Menores de edad Las niñas, niños y adolescentes. (NNA) por su situación de desarrollo y dependencia tienen derechos adicionales a las de cualquier otra persona. Por ello, se ha establecido una especial protección a sus derechos que se encuentra desarrollada principalmente en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas y, a nivel nacional, en la Constitución Política del Estado y el Código de los Niños y Adolescentes. En toda intervención policial, se debe garantizar una atención Especializada y prioritaria sobre esta esta población, estén en 19 Según el Código de los Niños y Adolescentes se considera niño a todo todo ser humano desde su concepción hasta cumplir los doce años de edad, y adolescente a quienes tienen desde los doce hasta cumplir los dieciocho años de edad. Todas las personas deben recibir por igual atención de la policía calidad de víctimas o de infractores a la ley penal. Para ello debe tenerse en cuenta las siguientes premisas básicas: a. Aplicación del interés superior de la niña, niño o adolescente (Ley 30466). En todas las medidas que los afecten directa o indirectamente se debe valorar y aplicar que es lo que más les favorece para garantizar la protección y ejercicio de sus derechos. b. Reserva, confidencialidad y derecho a la privacidad. Está prohibido la difusión de la imagen y/o identidad de una NNA cuando se encuentre involucrados como víctimas, autores, partícipes o testigos de una infracción, falta o delito. c. Participación y Autodeterminación Progresiva. Toda NNA tiene derecho a ser informado del motivo de su intervención y del proceso a seguir, tomándose en cuenta su opinión en función a su su edad, grado de madurez y su interés superior.
- 11. Es preciso que los miembros de la Policía Nacional del Perú en todas sus dependencias permanezcan atentos y adopten las medidas requeridas para proteger a esta población contra cualquier acción que ponga en riesgo o vulnere sus derechos fundamentales, coordinando con las instituciones públicas o privadas que contribuyan a este objetivo como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Fiscalía de Familia, el Poder Judicial, la Defensorías del Niño y del Adolescente, entre otros. La Constitución Política señala en el artículo 4° que la comunidad y el Estado protegen especialmente al niño y al adolescente. El Código del Niño y el adolescente reconoce sus derechos y establece los mecanismos para su protección. Asimismo, otros instrumentos internacionales protegen los derechos del menor como la Convención sobre los Derechos del Niño. Es también especialmente relevante considerar el interés superior del niño que es un derecho, un principio y una norma de procedimiento que otorga al niño el derecho a que se considere de manera primordial su interés superior en todas las medidas que afecten directa o indirectamente a los niños y adolescentes, garantizando sus derechos humanos 2. Mujeres en situación de vulnerabilidad. La existencia de condiciones sociales de desigualdad y violencia colocan a algunas mujeres en una situación de vulnerabilidad que amerita se les brinde una especial protección. Esa condición se ve agravada cuando confluyen factores que profundizan la desigualdad o violencia contra las mujeres, como la edad (niñas o mujeres adultas mayores), el origen étnico, la discapacidad, entre otros. Tomando en cuenta las desigualdades estructurales que afectan principalmente a las mujeres, la Ley N° 30364 reconoce su condición de sujetos de protección de la Ley “durante todo su ciclo de viva: niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor”. La violencia es uno de los factores que mayor vulnerabilidad produce. Así, el feminicidio, la violación sexual, el maltrato físico o psicológico, la trata de personas, el acoso sexual en espacios públicos son expresiones de violencia donde el mayor porcentaje de víctimas son mujeres adultas, niñas y adolescentes. Frente a ello, la atención del personal policial debe orientarse a: No revictimizar a las víctimas de violencia. Ello implica brindar un trato respetuoso de sus derechos y de su dignidad, sin emitir opiniones sobre su aspecto o conducta que la hagan que se sienta víctima de la experiencia vivida y a la vez culpable de ella. Atender diligentemente las denuncias por violencia, realizando una efectiva coordinación con las autoridades competentes para brindar protección a las víctimas. Los aspectos relacionados al arresto, registro y detención de la mujer están considerados en el capítulo sobre detención.
- 12. 3. Personas adultas mayores 20 Art. 2 de la Ley Nº 30466 que establece parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño La Ley N°30490, Ley de la persona adulta mayor, establece que se considera como tales, a las personas que tienen 60 años de edad a más. La referida norma, reconoce la protección social de las personas adultas mayores (PAM) en situación de riesgo, cuando éstas se encuentran en: - Pobreza o pobreza extrema - Dependencia o fragilidad, o sufra trastorno físico o deterioro cognitivo que la incapacite o que haga que ponga en riesgo a otras personas. - Víctimas de cualquier tipo de violencia. Frente a ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables dicta medidas de protección temporal a favor de las PAM, coordinando con la PNP, el Ministerio Público, el Ministerio de Salud, el Poder Judicial, entre otros. La policía deberá tratar a estas personas con especial cuidado en función a su edad.
- 13. 4. Personas con discapacidad (habilidades diferentes) Las personas con alguna clase de discapacidad (habilidades diferentes) deben gozar de sus derechos sin discriminación de ningún tipo. Los miembros de la Policía Nacional deben tratar a estas personas con dignidad y promover en la sociedad el respeto de sus derechos humanos. La Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley N° 29973, establece el régimen legal de protección, atención a la seguridad social y prevención para que estas personas alcancen su desarrollo e integración social, económica y cultural conforme a lo previsto en el artículo 7° de la Constitución Política del Estado. La persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y del entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. La Policía Nacional deberá adecuar progresivamente sus instalaciones a fin de que las personas con discapacidad tengan fácil acceso a sus áreas y ambientes con señalizaciones y corredores de circulación apropiados para que puedan ejercer sus derechos de acceso a los servicios que brinda la PNP.
- 14. 5. Comunidades nativas, campesinas y étnicas El Perú es un País multicultural y pluriétnico. Los pueblos indígenas son potencialmente más indefensos social, política, económica y jurídicamente. La Constitución Política del Perú establece que las comunidades campesinas y las nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono. El Estado debe promover el respeto de la identidad cultural de las comunidades campesinas y nativas. Para promover los derechos de las poblaciones indígenas en el mundo, la Organización de las Naciones Unidas ha redactado la Declaración sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas. En nuestro país, las comunidades nativas y campesinas constituyen grupos de familias que por razones de ubicación geográfica, vínculos familiares o culturales radican mayoritariamente en la sierra y selva peruanas. La configuración geográfica de los terrenos que ocupan y su difícil acceso los convierte en círculos cerrados a la influencia cultural externa, manteniendo tradiciones y valores propios. La Policía Nacional, por su condición de institución tutelar del Estado y por su presencia física en todos los lugares de la patria, tiene acceso y contacto con poblaciones indígenas y comunidades campesinas. Su función principal en relación con estas consiste en respetar sus derechos individuales y colectivos. Asimismo, deberá reconocer y proteger sus valores y costumbres sociales, culturales, religiosas y espirituales.
- 15. Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI). Son personas que, debido a los prejuicios, estereotipos y estigmas sobre su orientación sexual o identidad de género, suelen ser discriminadas en diversos ámbitos de nuestra sociedad, como el laboral, político, cultural y hasta el familiar. Esta situación las y los convierte en un grupo vulnerable y proclive a sufrir agresiones y ataques contra su vida e integridad, discriminación, insultos, exclusión y negación de derechos, no solo de parte de las autoridades o terceras personas sino incluso de su propia familia y entorno. La policía además de tratar a estas personas con el mismo respeto que se brinda a cualquier otro ciudadano, deberá tener siempre presente lo siguiente: Evitar todo acto discriminatorio, cruel, humillante o degradante, de carácter sexual o no, que constituya un agravio a la dignidad o intimidad de la persona Garantizar y respetar el derecho al libre disfrute del espacio público que comprende el ingreso y permanencia a lugares públicos o el derecho a reunirse pacíficamente. Garantizar y reconocer el derecho a la libre expresión, asociación y reunión.
- 16. 7. Personas que padecen viven con VIH/SIDA y otras enfermedades infecto contagiosas La Organización de las Naciones Unidas mantiene la prioridad de que las personas con VIH/SIDA cuenten con el pleno respeto a sus derechos humanos. Especialmente, lo relativo al acceso equitativo a servicios de salud, maternidad y planificación familiar. La discriminación a los individuos con VIH/SIDA es un problema que también deteriora la prevención del SIDA y pone en peligro a la comunidad. La Policía deberá brindar una atención especial a su salud, principalmente cuando son detenidos en locales policiales, o en el traslado para diligencias. Asimismo, no se debe hacer mención a la situación de salud de la persona, salvo en los casos previstos por ley.
- 17. 8. Personas trabajadoras sexuales La legislación peruana no criminaliza el ejercicio de la prostitución como medio de subsistencia elegido libremente por las personas. Por el contrario, sí sanciona a aquellas personas que favorecen o promueven la prostitución, porque ello implica un aprovechamiento económico o sexual, mediante la explotación de la persona que ejerce la prostitución. Las personas que ejercen la prostitución, por lo general, se encuentran expuestas a la estigmatización social por la actividad que realizan, al vincularlas con la delincuencia, las drogas, etc. Esto las coloca en una especial situación de vulnerabilidad de sufrir tratos humillantes, degradantes y discriminatorios que vulneran sus derechos, como por ejemplo los maltratos verbales, el abuso sexual, la extorsión, la violencia física, etc. La intervención del personal policial, por lo tanto, debe ceñirse a un estricto respeto de los derechos fundamentales de esta población, diferenciándola de los explotadores y demás personas que obtienen ventajas ilícitas de esta actividad.
- 18. 9. Desplazados internos Son las personas o un grupo de personas que se ven forzadas u obligadas a abandonar su hogar o lugar de residencia habitual, como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos y agentes imprevistos, desastres naturales o provocados por el ser humano y que no ha dado lugar al cruce de una frontera estatal internacionalmente reconocida. A la Policía Nacional del Perú le corresponde apoyar las acciones estatales integrales orientadas a promover la superación de los factores de riesgo de afectación de los derechos y su restitución en casos de vulneración por causa del desplazamiento, con el pleno respeto a la dignidad, identidad y cultura de las personas, familias y comunidades afectadas por el desplazamiento.
- 19. GRACIAS