En varias comunidades de Oaxaca, el acceso al agua se utiliza como herramienta de control político por parte de autoridades, lo que ha provocado que el 60% de las quejas relacionadas sean por su corte como castigo. Esto ha llevado a abusos documentados, a pesar de que el acceso al agua es un derecho constitucional. La situación se agrava con la ineficiencia de la Comisión Nacional del Agua ante la sequía que afecta la región, complicando aún más la crisis local.