Situacion ciencia y tecnologia en las Americas

SITUACIÓN DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA EN LAS AMÉRICAS
Documento elaborado por Mario Albornoz
Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior
Buenos Aires, octubre de 2002

Ciencia y Tecnología en las Américas / Página 2
INTRODUCCIÓN
Describir la situación de la ciencia y la tecnología en las Américas conlleva la
grave dificultad de que se trata, en realidad, de dos universos diferentes. Por
un lado, Estados Unidos es, en el escenario internacional actual y desde hace
muchas décadas, el principal país del mundo en materia de producción y uso
de conocimiento científico y tecnológico. En menor medida, Canadá, siendo
uno de los países industrializados líderes, presenta una problemática en
materia de ciencia y tecnología en la que se pone de manifiesto una importante
fortaleza relativa de la que dan cuenta los indicadores que se consideran en
este informe. Por otro lado, América Latina y el Caribe constituyen una de las
regiones con menor grado de desarrollo científico y tecnológico en el mundo.
En su conjunto, estos países invierten menos que Canadá en investigación y
desarrollo (I+D), aunque lo superan levemente en el número de recursos
humanos disponibles, pero su producción en materia de artículos publicados en
revistas internacionales de primera línea es inferior, resultando prácticamente
equivalente a la de España.
Los historiadores de la ciencia coinciden en señalar que el campo de las
políticas públicas de ciencia y tecnología en casi todo el mundo se expandió a
partir de la segunda guerra mundial y se inspiró en el modelo propuesto por
Vannevar Bush en el documento “Ciencia, la frontera infinita”. Desde entonces
hasta el presente el papel de los Estados Unidos se ha ido incrementando y, de
acuerdo a todos los indicadores actuales, supera la capacidad científica y
tecnológica tanto de Japón como de la Unión Europea, constituyéndose en el
referente mundial en esta materia.
Los países de América Latina y el Caribe no permanecieron pasivos frente al
desarrollo de la política científica y tecnológica en la segunda mitad del siglo
pasado. Muy por el contrario, las problemáticas del desarrollo científico y la
transferencia de tecnología formaron parte de las estrategias conducentes al
desarrollo de la región. Generaron, además, un “pensamiento” propio en lo
referido a las relaciones entre ciencia, tecnología y desarrollo. La OEA no fue
ajena a tal esfuerzo, sino que jugó un papel de liderazgo en la formación de
una conciencia pública acerca de la importancia prioritaria de fortalecer las
capacidades científica y tecnológica y organizar el sistema institucional
adecuado para ello. Los resultados no fueron los esperados, tanto en lo que
concierne a la política de ciencia y tecnología como al logro de la ansiada meta
del desarrollo. Sin embargo, esto no quita la validez de los esfuerzos realizados
ni de la experiencia adquirida durante las últimas décadas.
Hoy los países de América Latina y el Caribe enfrentan angustiantes problemas
sociales, tales como la pobreza y la marginación y su traducción en cuestiones
relativas a los derechos básicos de educación, salud y vivienda, entre otros.
También enfrentan la necesidad de modernizar sus sistemas productivos y
adecuarlos a las nuevas condiciones de competencia a escala internacional.
Para dar solución a estas demandas, el conocimiento científico y tecnológico es
una herramienta indispensable, pero la debilidad estructural de la región en
esta materia hace cada vez más difícil su efectiva utilización y torna ineludible
la búsqueda de nuevos caminos y estrategias para ello.

Frente a un panorama tan disímil, ¿en qué medida es posible hablar de una
problemática científica y tecnológica común para el conjunto de las Américas?
Ciertamente, la respuesta sólo puede ser dada en el plano normativo; esto es,
formulando una propuesta tendiente a lograr una mayor integración de los
países líderes de América del Norte con el conglomerado de países de
tamaños tan divergentes como los que conforman América Latina y el Caribe.
La cooperación interregional es una asignatura pendiente y debería ser el
objeto de una activa política que tienda a estimularla y a procurar la
constitución de equipos de investigación, formación de recursos humanos y
otras actividades científicas y tecnológicas en un marco de esfuerzos comunes.
Esta debería ser la conclusión principal del presente informe, cuya estructura
estará constituida por una parte descriptiva, en la que se dará cuenta de los
indicadores de todos los países de América y, adicionalmente, de algún país de
fuera de la región, a título comparativo. La descripción de la trayectoria y de las
problemáticas actuales, en cambio, estará centrada casi exclusivamente sobre
los países latinoamericanos y caribeños, ya que ellos son los que necesitan en
mayor medida poner en práctica políticas basadas sobre supuestos nuevos,
que estén orientadas a lograr un estilo de desarrollo sustentable social y
ecológicamente. Una tercera parte conteniendo ciertos lineamientos que
deberían ser tenidos en cuenta enfatizará la necesidad de fortalecer la
cooperación norte-sur en el ámbito americano.

1. EL DESAFÍO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
La ciencia y la tecnología son reconocidas actualmente, con mayor claridad
que en otros momentos históricos, como factores decisivos para la
transformación económica y social, no sólo para los países industrializados, en
los cuales se pone de manifiesto el surgimiento de una nueva economía del
conocimiento, sino también para los países en vías de desarrollo. Este hecho,
que hoy resulta muy evidente en el contexto de una revolución científica y
tecnológica que domina la escena internacional y se ha convertido en un dato
político y económico de primera magnitud, fue percibido en forma temprana en
América Latina, donde se pusieron en práctica diversos modelos de política
científica y de estímulo al desarrollo tecnológico, con el ánimo de atenuar la
“brecha” que separaba a la región del mundo industrializado.
Sin embargo, la dinámica de la economía internacional y la crisis consiguiente
de las estrategias latinoamericanas para alcanzar desarrollo han conducido a
que, lejos de disminuir, la brecha se viera aumentada. Ante tal constatación,
hay quienes se desalientan respecto a la posibilidad de que existan caminos
viables que permitan desarrollar una capacidad propia en ciencia y tecnología,
y sugieren la necesidad de dejar de lado tales esfuerzos infructuosos y
resignarse simplemente a adoptar los conocimientos desarrollados en otros
lugares.
1.1. Un dilema inicial a resolver
Un dilema central que deben resolver los países de la región frente a la
cuestión de la ciencia y la tecnología, ya que la solución que se le dé incide en
la determinación de las políticas que se adopten, es relativo a la conveniencia
de realizar esfuerzos propios en la producción de conocimiento científico y
tecnológicos. El dilema estaría planteado en los siguientes términos: ¿es
posible y conveniente insistir en los esfuerzos realizados, abriendo espacios
para la búsqueda de nuevos modelos de política científica y tecnológica
orientados a lograr un desarrollo sustentable, o sería más realista desechar
simplemente la aspiración a una capacidad propia en materia de ciencia y
tecnología?
La posición más reluctante a la conveniencia de realizar esfuerzos orientados a
fortalecer la capacidad local de producción de conocimientos aduce que no es
posible competir en un escenario tan dinámico con recursos tan escasos y que
sería preferible dedicar los esfuerzos tan sólo a aplicar conocimientos creados
en los países líderes. Esta posición desconoce que aun la posibilidad de
aprovechar los conocimientos generados fuera de la región implica el desarrollo
de ciertas aptitudes sociales que no será posible alcanzar si los países no
ponen en práctica una política sostenida en ciencia, tecnología y educación.
Sin embargo, es preciso reconocer que el escenario de la globalización de la
economía y la tecnología no se ha mostrado necesariamente favorable al
desarrollo de las capacidades propias de los países en desarrollo. Por el
contrario, está ya demostrado que este proceso ha tenido aspectos negativos

para las economías de los países en desarrollo, ha profundizado la brecha
entre ricos y pobres y ha producido una rápida obsolescencia de gran parte del
capital instalado en los países en desarrollo y en las capacidades laborales y
profesionales de gran parte de su mano de obra. El otro rasgo predominante en
el escenario internacional, la competitividad, ha agudizado los conflictos de
intereses, ha endurecido las condiciones de competencia y ha afectado en
algún grado el espíritu de cooperación en las relaciones internacionales, tanto
entre actores públicos como privados.
1.2. Oportunidades que surgen de la coyuntura actual
No obstante, la escena internacional abre también oportunidades para acceder
a conocimientos avanzados, formar recursos humanos y desarrollar estrategias
de cooperación internacional sobre nuevas bases de relación, más equitativas,
que atiendan intereses comunes. Aun en los propios países industrializados
surgen voces que sostienen la necesidad de fortalecer las capacidades
científicas y tecnológicas de los países en vías de desarrollo y señalan que
movilizar estos recursos para enfrentar las necesidades de la agricultura, la
salud, las comunicaciones y el ambiente en los países en vías de desarrollo es
actualmente uno de los temas centrales de las relaciones internacionales.
Es preciso tomar en cuenta que los países más avanzados de la región han
acumulado capacidades nada desdeñables. Brasil, la octava economía del
mundo, dispone de aproximadamente la mitad de los recursos
latinoamericanos destinados a ciencia y tecnología. Argentina, México y, en
otra medida, Chile y Colombia, entre otros países, tienen también una
importante tradición científica y disponen de grupos de investigación de primera
línea en distintos campos de la ciencia y la tecnología. Incluso algunos de los
países más pequeños, como Costa Rica, realizan esfuerzos destacables en la
materia.
Este capital de experiencias y recursos humanos puede ser puesto al servicio
del nuevo modelo de desarrollo, a condición de que forme parte de una política
de integración y cooperación regional que hoy se encuentra en un estado más
que incipiente, tal como lo muestra, entre otros indicadores, la muy baja
cantidad de proyectos conjuntos entre los investigadores latinoamericanos. La
integración de los esfuerzos regionales en ciencia y tecnología en función de
estrategias que permitan optimizar los recursos de excelencia y fortalezcan a
los sistemas científicos y tecnológicos más débiles parece ser una de las
claves que debe desentrañar el conjunto de la región.
América Latina tiene mucha experiencia acumulada en la aplicación de
políticas públicas para la ciencia y la tecnología desde los años
inmediatamente posteriores a la posguerra. La región impulsó durante décadas
políticas de desarrollo y llegó a construir un pensamiento propio en estos
temas. Esta tradición debe ser recuperada actualmente, ya que constituye una
base cultural y de recursos humanos sobre la cual los países pueden construir
nuevas políticas adecuadas a los desafíos contemporáneos.

Todas estas capacidades deben converger hacia el gran desafío de la región,
que es moverse desde una economía basada en los recursos naturales hacia
una economía basada en el conocimiento, que agregue valor a los recursos.
Esto implica volver a colocar a la ciencia y la tecnología en el corazón de las
políticas de desarrollo.
Por otra parte, no todos los temas de interés para la investigación y desarrollo
(I+D) se juegan en el segmento más alto y más competitivo, propio de la
frontera científico-tecnológica, tales como la biotecnología, la física de nuevos
materiales y otros campos del saber cuya práctica exige cuantiosas inversiones
en recursos humanos y financieros. La mayor parte de los problemas que
atañen a las sociedades de los países latinoamericanos requiere para su
solución insumos de conocimiento cuyo desarrollo está al alcance de los
sistemas científicos y tecnológicos locales, a condición de que tanto las
políticas como los estímulos, las prioridades y la propia cultura de los
investigadores estén orientados hacia la percepción de los problemas de las
sociedades a las que pertenecen. El corolario de lo anterior es que la ciencia y
la tecnología deben ser puestos, por lo tanto, al servicio del aumento de la
capacidad productiva y la eliminación de la pobreza en los países de la región.
Una política de ciencia y tecnología para los países de América Latina y el
Caribe debe tener en cuenta que no sólo se trata de movilizar los recursos
disponibles, sino también de remover los obstáculos y trabas que se oponen
para la consolidación de las capacidades científicas y tecnológicas, la
formación de los recursos humanos y el desarrollo de las capacidades
innovadoras.
1.3. Los antecedentes históricos
En América Latina y el Caribe la preocupación por implementar políticas
destinadas a la promoción de la ciencia y la tecnología surgió en forma
temprana, muy pocos años después de que los países industrializados tomaran
conciencia de su importancia estratégica. Una peculiaridad de la región ha sido
la íntima vinculación de la política y tecnológica con la problemática del
desarrollo.
1.3.1. Los primeros esfuerzos
En este sentido, los primeros esfuerzos sistemáticos que realizaron los países
de la región para institucionalizar la política científica y tecnológica, así como
los primeros programas de cooperación internacional implementados con éxito
estuvieron condicionados por la posición reservada a América Latina en el
mundo de la posguerra y de la guerra fría. Desde el punto de vista ideológico,
reflejaban en gran medida el pensamiento sobre el desarrollo inspirado por la
CEPAL si bien el interés de la región por esta materia se nutrió de otras
influencias.
En el marco de pensamiento económico y de las políticas que predominaron
durante las décadas de los cincuenta y los sesenta, los países

latinoamericanos comenzaron a abrir el campo de la política científica y
tecnológica y crearon las instituciones adecuadas para ello. En esto siguieron
pautas surgidas del proceso de formalización de tales políticas en los países
industrializados, pero al mismo tiempo se desarrollaron concepciones propias,
vinculando explícitamente la problemática de la ciencia y la tecnología con la
búsqueda de senderos para alcanzar el desarrollo.
Sin embargo, en la práctica el proceso de industrialización sustitutiva se nutrió
fundamentalmente de tecnología que se transfería en forma incorporada a las
grandes inversiones de capital, sin que se prestara suficiente atención a las
fases de adaptación a las condiciones de mercado, aprendizaje y todas
aquellas que hoy se engloban en el concepto de trayectoria tecnológica de las
firmas. El resultado fue un nivel relativamente bajo en la capacidad tecnológica
del sector productivo de los países latinoamericanos, una escasa demanda de
conocimientos tecnológicos generados localmente y tuvo, como una de sus
consecuencias, que los sistemas científicos locales estuvieran escasamente
vinculados con los procesos económicos y sociales.
La crisis de la década los ochenta, que ha sido denominada como la “década
perdida” por los países latinoamericanos, produjo una ruptura en la confianza
acerca de la existencia de un camino hacia el desarrollo endógeno, basado en
la industrialización sustitutiva de importaciones y dio lugar, en cambio, a
políticas que centradas en el ajuste, estabilización y apertura de las economías,
así como en las privatizaciones y la reducción del papel desempeñado por el
Estado, que fueron consideradas como un paso necesario –aunque no
suficiente- para intentar la vía alternativa presuntamente ofrecida por la
globalización.
Para una comprensión cabal de estos procesos, no es posible omitir la mención
al traumático proceso político de los países latinoamericanos, en especial a
partir de mediados de la década de los sesenta. Si el análisis de las políticas
pone en evidencia el rostro del Estado, el Estado latinoamericano surgido a
partir de tendencias que comenzaron a ser muy visibles desde entonces se
basaba en un fondo común de autoritarismo, rigidez sociales, desigualdad,
dependencia y crisis económica.
Por todo ello, la experiencia de los países de América Latina y el Caribe en
dotar de un impulso al desarrollo con la política científica y tecnológica, pese a
ciertos logros, no puede ser considerada como un éxito, a la luz de los
indicadores que se presentan en la segunda parte de este informe y al bajo
impacto que efectivamente tuvieron sobre la actividad productiva y las
problemáticas sociales en el conjunto de los países.
Algunos autores señalan que ello se debió a ciertos factores que habrían
estimulado los aspectos negativos del enfoque basado en la oferta de
conocimientos que predominó en las políticas entonces implementadas. El
primer factor (ampliamente señalado por quienes efectuaron, desde finales de
los años sesenta, una visión crítica del modelo vigente) fue la muy escasa
demanda de conocimiento científico y tecnológico por parte del sector
productivo, en función del contexto económico predominante. El segundo

factor tuvo carácter estructural y consistió en la inexistencia o la extrema
fragilidad de los vínculos e influencias recíprocas entre el Estado, la sociedad y
la comunidad científica. La importancia de este problema fue claramente
percibida por Jorge Sabato, quien propuso, como modelo orientador de las
estrategias de desarrollo, un "triángulo de interacciones” entre los vértices
correspondientes al gobierno, el sector productivo y las instituciones científicas
y académicas.
En la práctica latinoamericana, el vacío dejado por la demanda del sector
productivo fue ocupado por la comunidad científica. Ella jugó, en el diseño de
las políticas latinoamericanas de ciencia y tecnología, un papel que excedió por
mucho la influencia que tuvo en los países avanzados y al mismo tiempo
reforzó ciertas tendencias de aislamiento de la comunidad científica con
respecto al entorno económico y social.
1.3.2. El “pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología”
Durante los años sesenta y en la década siguiente surgió en América Latina un
vigoroso esfuerzo intelectual orientado a buscar soluciones a los problemas del
crecimiento económico, impulsar la modernización social y promover el papel
de la ciencia y la tecnología en este proceso, como fruto de intensos debates
que se llevaron a cabo en la región. Aquel proceso alcanzó numerosos
resultados que fueron más allá de la retórica del desarrollo científico y
tecnológico endógeno. En este sentido, cabe señalar que el pensamiento
latinoamericano en ciencia y tecnología no fue solamente un esfuerzo teórico,
sino que se plasmó en experiencias concretas.
Al mismo tiempo, en el propio núcleo de las comunidades científicas de los
países de América Latina comenzó a manifestarse una actitud crítica respecto
al modelo de desarrollo seguido hasta entonces con relación a la ciencia y la
tecnología. Este fenómeno, convergente a posteriori con otras corrientes
originadas en el ámbito de la economía, confluyó en la conformación de un
conjunto de ideas a las que se ha denominado como “pensamiento
latinoamericano en ciencia y tecnología”.
Aquel “pensamiento” no fue una corriente uniforme ni con sentido de
construcción colectiva. Ciertamente, muchas de las visiones acerca del
problema de la ciencia y la tecnología que con derecho son adscriptas a tal
pensamiento eran discordantes y a menudo antagónicas. Amílcar Herrera, por
ejemplo, vinculaba el carácter marginal de la ciencia en la región con la
dependencia de los centros de poder mundial y señalaba que la Investigación
científica tenía más relación con las necesidades internas del grupo social que
las generaba, que con los requerimientos propios del desarrollo del país
dependiente. En el mismo sentido, Francisco Suárez caracterizaba el sistema
científico de los países latinoamericanos como "exogenerado”, enfatizando así
los aspectos imitativos, y “endodirigido”, con lo que hacía referencia a cierta
orientación endogámica predominante. Otros autores, como Jorge Sabato y
Máximo Halty, creían en la capacidad local para alcanzar el desarrollo y regular
los flujos de tecnología extranjera.

Oscar Varsavsky realizaba un cuestionamiento más radical que se tradujo en la
distinción entre la ciencia importada, copiada o generada localmente en función
de demandas sociales, y reflexionaba acerca del modelo de país que a cada
una de ellas correspondía. No cualquier estilo científico es compatible con un
estilo de sociedad determinada, afirmaba Varsavsky. Como se ve, no se
trataba de un “pensamiento único” en el sentido que hay se le da a la
expresión, pero es legítimo, no obstante, considerar que todos ellos y muchos
otros autores constituían una corriente común en su preocupación por impulsar
el desarrollo científico y tecnológico vinculándolo con las necesidades sociales
y económicas de los países de América Latina.
1.3.3. El modelo difundido por OEA
Desde finales de la década de los cincuenta, muchos países de América Latina
llevaron a cabo esfuerzos tendientes a institucionalizar el "sistema científico y
tecnológico”. A tal fin fueron creadas instituciones destinadas a formular la
política científica y tecnológica, al planeamiento, a la promoción de la
investigación y al estímulo de la transferencia. Aquellas acciones, que
recibieron un gran impulso en la siguiente década, fueron en algunos aspectos
discontinuas y contradictorias, pero en otros exhibieron una notable continuidad
debido a que, en general, fueron diseñadas siguiendo las pautas organizativas
y la concepción general acerca de los procesos de producción y aplicación de
conocimientos que difundió activamente la OEA.
Apenas comenzada la década de los sesenta, los países americanos tomaron
nota de la necesidad de incluir acciones de apoyo a la ciencia y la tecnología
en el marco de la cooperación hemisférica. La preocupación incluía la
necesidad de desarrollar metodologías para la planificación de la política
científica y tecnológica. La perspectiva dominante era la de vinculación de la
ciencia y la tecnología con la planificación del desarrollo. Este punto de vista
quedó claramente expresado en la Declaración de los Presidentes de América,
surgida de la reunión de Punta del Este en 1967. En ella se afirmaba que el
esfuerzo en ciencia y tecnología necesitaba un impulso sin precedentes, dada
la magnitud de las inversiones requeridas y el nivel alcanzado por esos
conocimientos en el mundo.
En 1968, la OEA creó el Programa Regional de Desarrollo Científico y
Tecnológico (PRDCYT), dependiendo del Consejo Interamericano Cultural con
los siguientes objetivos:
a) reforzar la infraestructura científica y técnica de los países miembro;
b) desarrollar la capacidad de crear tecnologías propias, adaptadas a
las condiciones de la región;
c) lograr un grado suficiente de autonomía científica y técnica; y
d) promover la integración científica y técnica latinoamericana al servicio
del desarrollo económico de los pueblos.
Los postulados básicos de operación del PRDCYT eran la multilateralidad, la
complementariedad de las acciones con las ejecutadas por los países, la
movilización de los recursos internos de cada país, y el fortalecimiento de las
actividades científicas y tecnológicas, apoyando tanto la investigación pura

como la aplicada y la integración de las actividades científicas y tecnológicas
en el proceso de desarrollo económico y social de los países latinoamericanos.
En 1970, el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(CIECC) recomendó la realización de la “Conferencia Especializada para la
Aplicación de la Ciencia y la Tecnología en América Latina” (CACTAL). Aquella
se llevó a cabo en Brasilia, en mayo de 1972 y tuvo el propósito de explorar la
relación de interdependencia entre la ciencia, la tecnología y el desarrollo en el
contexto latinoamericano. Los acuerdos alcanzados en CACTAL se expresaron
en el “Consenso de Brasilia”, en el que se puso manifiesto una cierta toma de
conciencia por parte de los gobiernos latinoamericanos acerca de la
importancia estratégica del conocimiento científico y tecnológico. De CACTAL
surgió un grupo de trabajo integrado por expertos de la región que elaboró el
primer Plan Integrado de Ciencia y Tecnología para América Latina
(PLANICYT).
El papel jugado por OEA fue decisivo en el diseño de los instrumentos de
política científica y tecnológica adoptados por América Latina. También
UNESCO contribuyó también a la institucionalización de la política científica y
tecnológica en la región. Del éxito de tal esfuerzo da cuenta, por ejemplo, la
creación de los consejos de ciencia y tecnología en la mayor parte de los
países. Además del impulso, brindaron los esquemas conceptuales básicos
que estaban basados en lo que el “modelo lineal de innovación” el cual
concebía el proceso innovador como un continuo entre la investigación básica y
el desarrollo tecnológico.
1.4. La Cooperación en ciencia y tecnología en América Latina
La cooperación internacional es una de las ideas-fuerza dominantes en el
mundo de la segunda posguerra. Uno de los propósitos con los que fue
concebido el propio sistema de las Naciones Unidas fue el de estimular la
cooperación para el desarrollo. La evolución seguida por las acciones
realizadas a favor de estimular la cooperación internacional en América Latina
ha estado fuertemente vinculada a la evolución de la visión estratégica
prevaleciente, tanto en los propios países, como en los organimos
internacionales. En una primera etapa, se privilegió el crecimiento económico,
al que se consideraba como un sinónimo del desarrollo. Desde esta
perspectiva, se asignaba a la cooperación internacional la función de transferir
recursos con el propósito de aumentar la capacidad productiva y de inversión
de los países. En una segunda etapa, el concepto de desarrollo fue enriquecido
con el de modernización. Desde esta nueva perspectiva, la creación de una
capacidad científica en los países y la regulación de los procesos de
transferencia e incorporación de tecnología ocupó el centro de la escena. La
cooperación internacional orientó esfuerzos y recursos en el sentido de
fortalecer dichos procesos. En una tercera etapa, que dura hasta el presente, la
idea orientadora es el desarrollo sustentable, tanto desde el punto de vista
económico, como social y ambiental.

Durante las primeras décadas, los actores predominantes en los mecanismos
de la cooperación internacional fueron los gobiernos y los agentes del sector
público. A partir de los años ochenta, como consecuencia del proceso de
democratización producido en la región, la cooperación internacional se sigue
canalizando en gran medida a través de los gobiernos y los organismos
públicos, pero al mismo tiempo ha adquirido gran importancia el papel de las
universidades, los organismos de I+D y los institutos tecnológicos, con una
participación más activa del sector privado.
Actualmente, la cooperación científica y tecnológica de América Latina se
organiza alrededor de cinco ejes fundamentales:
a) Cooperación regional entre los países de América Latina.
b) Cooperación hemisférica.
c) Cooperación con organismos multilaterales.
d) Cooperación bilateral y multilateral con Europa.
e) Cooperación iberoamericana.
f) Cooperación con los países asiáticos del Pacifico.
a) Cooperación regional entre los países de América Latina
Casi todos los países latinoamericanos están ligados entre sí por convenios de
cooperación bilaterales que incluyen mecanismos de cooperación horizontal en
materia de ciencia y tecnología. Al mismo tiempo, se intentó poner en marcha
diferentes iniciativas tendientes a crear espacios multilaterales de ámbito
regional: creado en 1969, el Pacto Andino es una experiencia pionera que
contribuyó, entre otros aspectos, a establecer firmemente la problemática de la
transferencia de tecnología. Los países centroamericanos cuentan con la
Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de Centroamérica y
Panamá (CTCAP). Creada en 1975 con el auspicio de OEA, la CTCAP es un
órgano común para la coordinación de la política y las acciones de cooperación
en ciencia y tecnología. El MERCOSUR, por su parte, dispone de un órgano
como la Reunión Especializada en Ciencia y Tecnología (RECYT) que
actualmente permite coordinar acciones de formación de recursos humanos y
de apoyo a la “sociedad de la información”.
En el año 2001, por iniciativa de Brasil, se creó el “Programa Sudamericano de
Apoyo a las Actividades de Cooperación en Ciencia y Tecnología” (PROSUL).
La idea que lo anima es que la creación de una plataforma común de iniciativas
regionales en ciencia y tecnología, apoyada por el Programa, fortalezca el
surgimiento de eventuales proyectos conjuntos que pudieran ser sometidos a
instancias nacionales y multilaterales de fomento de la I+D. Otra experiencia
que se puede mencionar en este apartado es el Convenio Andrés Bello, cuya
Secretaría (SECAB) incluye un ámbito de cooperación en ciencia, tecnología e
innovación. En el ámbito privado, ha sido destacable la influencia de la
Asociación Latinoamericana de Gestión Tecnológica (ALTEC).
b) cooperación con organismos multilaterales
Los organismos internacionales han sido activos promotores de la cooperación
en ciencia, tecnología e innovación en América Latina. Se ha mencionado en
este informe el papel desempeñado por OEA, UNESCO y CEPAL. Otros

organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas han jugado un
papel destacado; tal ha sido el caso, por ejemplo, de la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), en el ámbito industrial y
tecnológico; el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
la Organización Panamericana para la Salud (OPS).
Finalmente es necesario realizar una mención referida al BID, que ha jugado un
papel fundamental en el financiamiento del desarrollo de la infraestructura y de
las actividades de I+D en la región. A lo largo de veinte años, el BID ha
desembolsado préstamos a varios países de América Latina, con destino a
fortalecer sus capacidades en ciencia y tecnología por más de tres mil millones
de dólares.
c) la cooperación hemisférica
La OEA canaliza, en el plano multilateral, la mayor parte de la cooperación
hemisférica en ciencia y tecnología. En los últimos años ha ensayado nuevas
estrategias y aproximaciones a la cooperación y nuevas estructuras
organizativas para gestionar la cooperación en ciencia y tecnología, como es el
caso de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo.
En junio de 1990, el Presidente Lacalle, de Uruguay, lanzó en la Asamblea
General de la OEA realizada en Asunción la propuesta de crear un “Mercado
Común del Conocimiento Científico y Tecnológico” que posteriormente
adoptaría la siglo “MERCOCYT”. La Asamblea General acogió la idea y el
Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CIECC)
resolvió, como primer paso, crear en abril de 1991el Foro de Intercambio de
Conocimiento Científico y Tecnológico, dándole el carácter de un instrumento
permanente para promover y llevar a cabo el intercambio y difusión del
conocimiento entre los estados miembro. En marzo de 1993, el CIECC resolvió
dar al MERCOCYT el carácter de un programa de los estados miembro de la
OEA, inscripto en el marco de ésta, como un instrumento multinacional
destinado a promover la cooperación y el intercambio de información en ciencia
y tecnología, así como la formación de recursos humanos en estas áreas.
En diciembre de 1994, la Cumbre de las Américas incluyó en su agenda
afirmaciones relativas al papel estratégico de la ciencia y tecnología, resaltando
el papel de la cooperación internacional como instrumento para el desarrollo
socioeconómico. En marzo de 1996 se reunieron en Cartagena los ministros
responsables de ciencia y tecnología de hemisferio y llegaron a un consenso
que se plasmó en la “Declaración de Cartagena y Plan de Acción” en esta
materia, creando un grupo de trabajo para el seguimiento de los acuerdos.
En 1998 la Asamblea General aprobó la creación de la Comisión
Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT), que ese mismo año
realizó en Bariloche su primera reunión. Por su parte, el CIDI resolvía
encomendar a su comité ejecutivo que, con la participación de expertos y con
el apoyo de la Secretaría General elaborara un Proyecto de Programa
Interamericano de Ciencia y Tecnología que oriente las actividades de la OEA
en esta área. El programa fue elaborado sobre la base de la Declaración de
Cartagena y se fundamentó sobre la consideración de que la apertura hacia las

corrientes internacionales es una condición necesaria pero no suficiente para
construir sociedades basadas en el conocimiento. En consecuencia, proponía
como enfoque central la necesidad de privilegiar la demanda por sobre la
oferta, y la difusión por sobre la creación de conocimientos. Para ello proponía
fomentar nuevos mecanismos de cooperación regional orientados a potenciar
el Sistema Nacional de Innovación (SNI) y los sistemas locales. Otro principio
orientador del Programa fue el de reducir la dispersión de los esfuerzos
científicos y tecnológicos, adoptando prioridades referidas a las demandas del
sector privado y los requerimientos sociales.
El Programa propuso tres grandes áreas temáticas de ciencia, tecnología e
innovación (CTI) consideradas clave para el desarrollo de la región:
a) CTI para promover el desarrollo social,
b) CTI para fortalecer el sector empresarial,
c) CTI para el desarrollo sostenible.
Contemplaba además dos áreas de apoyo para las tres primeras:
d) utilización y desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación,
e) fortalecimiento de la capacidad de formulación, diseño y ejecución de
políticas CTI.
En 1999 el CIDI resolvió recomendar a la Asamblea General de la OEA la
creación de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo con
el propósito de promover, coordinar y facilitar la ejecución de los proyectos y
actividades de la cooperación solidaria para el desarrollo, en el marco del Plan
Estratégico del CIDI. La Agencia sería responsable de la administración,
financiamiento y fortalecimiento de la cooperación científica y técnica, así como
de los programas para la cooperación solidaria.
Al margen de las iniciativas impulsadas por OEA, en materia de ciencia,
tecnología e innovación, del mismo modo que en la mayoría de los ámbitos, el
espacio hemisférico se caracteriza por la asimetría. La presencia de Estados
Unidos introduce un polo extremadamente dominante, que plantea importantes
oportunidades y algunos condicionantes para la cooperación. Estados Unidos
ha privilegiado la cooperación bilateral, en el plano subregional y en el
hemisférico. Sin embargo, se carece de instrumentos específicos para
fortalecer la cooperación norte-sur en el plano hemisférico, similares a los que
ponen en práctica los países europeos.
d) cooperación con Europa
La cooperación de América Latina con la Unión Europea en el campo de la
ciencia, la tecnología y la innovación se desarrolló a través de varias vías: la
participación en determinadas acciones de los “Programas Marco” de I+D y las
acciones de cooperación específicamente orientadas hacia ciertos temas
definidos por la Comisión Europea. Gradualmente, la homogeneidad de los
instrumentos puestos en juego fue dando lugar a acuerdos de cooperación con
varios países y más tarde a los acuerdos “bloque a bloque”, como el
establecido con el MERCOSUR.

e) cooperación iberoamericana
El ámbito iberoamericano tiene instrumentos específicos para favorecer la
cooperación CTI. El marco político lo constituyen, desde 1991, las cumbres
iberoamericanas de jefes de estado y de gobierno, y su principal instrumento es
el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED), si bien éste había sido creado con anterioridad, en 1984, mediante
un Acuerdo Marco Interinstitucional suscrito por todos los países
iberoamericanos. La OEA, el BID, la CEPAL, la Secab y la UNESCO son
organismos internacionales observadores.
El objetivo del CYTED es favorecer la cultura de la cooperación, como un
instrumento estratégico para mejorar y complementar las capacidades
nacionales, internacionalizar los sistemas nacionales de innovación, contribuir a
la modernización institucional y favorecer el desarrollo de una comunidad
científica iberoamericana. El Programa se centra en el fomento de la
investigación aplicada y el desarrollo tecnológico para la obtención de
resultados transferibles a los sistemas productivos y a las políticas sociales.
En el Programa participan universidades, centros de I+D y empresas
innovadoras de todos los países de América Latina, España y Portugal, a
través de tres modalidades de cooperación con objetivos bien precisos:
• Redes Temáticas: Facilitan la interacción, la cooperación y la
transferencia de conocimientos y tecnologías entre grupos que trabajan
en temas similares.
• Proyectos de Investigación Precompetitiva: Facilitan la ejecución de
proyectos a través de la colaboración y cooperación entre grupos de
diferentes países que constituyen un equipo internacional.
• Proyecto de Innovación IBEROEKA: Facilitan la cooperación entre
empresas de diferentes países a través de proyectos conjuntos.
1.5. Necesidad de un nuevo modelo
En los últimos años, las políticas de ciencia y tecnología han cambiado de
estilo y de enfoque en la mayor parte del mundo. Nuevas perspectivas se han
incorporado a su diseño, centrando el foco en los procesos de innovación y en
la difusión social de los conocimientos. Conceptos como los de “sistema de
innovación” y de “sociedad del conocimiento” se han generalizado con el doble
propósito de dar cuenta de fenómenos que comenzaron a registrarse con
mucha nitidez en las dos últimas décadas del siglo pasado y de brindar un
marco normativo para políticas de nuevo cuño. Avances extraordinarios
logrados en campos de la investigación básica, como en el caso de la biología
celular, con inmediata aplicación industrial, trastocaron la secuencia clásica
implícita en el modelo lineal, al tiempo que el poderoso desarrollo de las
tecnologías de información y comunicación (TICs) generaba productos y
procesos radicalmente nuevos, de enorme difusión a escala social.
Las tecnologías emergentes (fundamentalmente la electrónica y las tecnologías
de la información) y las nuevas formas del proceso innovador provocaron
cambios en los procesos productivos, generalmente tendientes a incrementar la

productividad, y también en los productos. Por una parte, se redujeron las
brechas de tiempo entre discontinuidades tecnológicas y se acortó la vida útil y
el período de gestación de productos menos radicalmente nuevos. Por otra
parte, se amplió la diferenciación entre productos.
1.5.1. Obsolescencia del modelo tradicional
Frente a este panorama, la crítica más profunda que se puede formular a la
política científica y tecnológica de los países latinoamericanos en los últimos
años es que, en muchos casos, tratan de afrontar los desafíos actuales con
esquemas conceptuales e instituciones propios de los sesenta y setenta, años
en los que se constituyó el conglomerado ideológico, conceptual e institucional
de la política científica en la mayor parte de los países de la región.
Aquellos esquemas y marcos institucionales, además de extemporáneos han
acentuado en la práctica algunos rasgos que resultaron ser a la postre
negativos; entre ellos:
a) Desconexión de las instituciones que componen el sistema de ciencia
y tecnología con respecto al resto de los sectores sociales.
b) Desarticulación de las políticas científica y tecnológica con relación a
las restantes políticas públicas.
c) Vinculación muy tenue con las empresas productivas, a las que en el
mejor de los casos se considera como "usuarios".
d) Un sistema de educación superior que brinda capacitación poco
vinculada con los perfiles profesionales emergentes del cambio
científico y tecnológico acelerado.
No obstante, algunas circunstancias favorecen actualmente la posibilidad de
elaborar nuevos enfoques para las políticas, las instituciones y los instrumentos
de intervención pública en la promoción y orientación de la I+D, así como en la
transferencia de sus resultados. La primera de ellas remite al hecho de que
existe hoy una mejor comprensión de los procesos de innovación y de difusión
del conocimiento científico y tecnológico en la sociedad. En segundo término,
los países de América Latina y el Caribe no pueden sustraerse a la necesidad
de nuevas políticas y de cambios básicos en las estructuras institucionales que
el cambio tecnológico acelerado suscita en todo el mundo. De hecho, se están
produciendo ya en muchos países de la región procesos de revisión y cambio
en los esquemas intelectuales, las políticas y los instrumentos de acción.
1.5.2. Nuevas tendencias en la cooperación internacional
Existe la convicción creciente de que el modelo por el cual se orientó la
Cooperación Internacional durante las últimas décadas está agotado. Crece el
desencanto por no haberse alcanzado los resultados esperados y la convicción
de que se requiere, por lo tanto, un replanteo profundo, buscando una nueva
"racionalidad" para estas acciones, basada en el cumplimiento de los fines
establecidos por los países.
Las transformaciones de la economía internacional adquirieron un rumbo y un
cambio tan profundos, que pusieron en crisis los marcos de referencia de las

actividades de cooperación internacional. Esta crisis es una consecuencia de la
historia previa de América Latina y de la forma en que la región internalizó los
impactos del proceso de "globalización" de la economía y la tecnología. El
nuevo contexto, permite interpretar las mudanzas en los conceptos y en las
orientaciones básicas de la cooperación que sustentan los países
industrializados.
Después de una década de desconcierto, el nuevo paradigma dominante en las
políticas económicas es la inserción en la economía mundial, lo que implica
que la industria debe abrirse a la competencia internacional sin la tutoría y
soporte del estado. En el campo de la tecnología, los países deben hacer frente
al hecho de que el cambio tecnológico ha alcanzado, en el mundo
industrializado, un gran dinamismo, apoyado en el impulso de las nuevas
tecnologías; en particular, las de procesamiento de la información, la
automatización y las comunicaciones.
En materia de cooperación internacional, la globalización de la economía y la
tecnología, han dado lugar, como uno de los fenómenos actuales más
llamativos, a la conformación de redes de actores, productores y consumidores,
entre otros, a través de las cuales fluye el conocimiento y la innovación. La
producción del conocimiento científico se ajusta a este tipo, en una
transformación del modelo clásico, cuyas claves estaban exclusivamente en
manos de la llamada "comunidad científica".
Las tendencias que acompañan la conformación de las redes globales y
regionales de producción y comercio, actúan de manera altamente selectiva.
En consecuencia, gran parte del espectro industrial de la región puede quedar
afuera de las corrientes más dinámicas de generación de conocimiento y
riqueza, ensanchando la brecha que separa a las economías latinoamericanas
de las más desarrolladas y agravando los principales problemas sociales y
económicos de la región.
La lectura de los datos muestra que, como en todas las crisis, hay un modelo
en ciernes, que paulatinamente tiende a prevalecer. Este nuevo modelo debe
ser desentrañado y reconocido, por cuanto coexiste con la inercia de la etapa
anterior. La pérdida de protagonismo de los organismos internacionales y el
desarrollo de capacidades de interlocución en los países de la región, ha
determinado el ocaso de la anterior multilateralidad de la oferta de cooperación
y el surgimiento progresivo de una nueva multilateralidad. La cooperación Sur-
Sur surge como expresión neta del nuevo modelo asociativo, en una tendencia
a la consolidación de los espacios regionales.
Reconocer la multiplicidad de actores no equivale a sostener un concepto
atomizado de la cooperación internacional. Muy por el contrario, el
reconocimiento de la lógica de actores deriva en el establecimiento de una
"lógica de la vinculación", como orientación estratégica. Esta nueva lógica debe
partir de reconocer la existencia del mercado, su influencia sobre la conducta
de los actores, y explorar otros modelos organizativos e instrumentales. Es el
caso de las redes que, si bien existen de hecho, han pasado a ser objeto de
explícito apoyo promocional por las agencias de cooperación internacional.

El nuevo modelo parece estar guiado por una concepción que prioriza la
innovación tecnológica, como modalidad estratégica para el desarrollo de la
economía y de las sociedades latinoamericanas.

2. PANORAMA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LAS AMÉRICAS
La capacidad de los países de América Latina y el Caribe en ciencia,
tecnología e innovación exhibe una gran debilidad si se la compara con otras
regiones del mundo; particularmente, con los países industrializados. Esta
debilidad atañe a la región en su conjunto y –en distinto grado- a cada uno de
los países que la integran, tanto en lo que se refiere a la dotación de científicos
e ingenieros, como al financiamiento de la I+D y el conjunto de las actividades
científicas, tecnológicas y de innovación. Es verdad que resulta necesario
diferenciar trayectorias y situaciones nacionales, así como también momentos
de avances y retrocesos en cada país. Sin embargo, la disparidad de
situaciones entre un país y otro, así como el hecho de que algunos países
latinoamericanos estén realizando esfuerzos muy importantes para dar nuevo
impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación, no puede enmascarar el
hecho de que la región ocupa hoy un lugar muy secundario en la escena
internacional de la ciencia y la tecnología, lo que constituye un freno a la
posibilidad de implementar estrategias de desarrollo basadas en el
conocimiento.
Varios países latinoamericanos y del Caribe están produciendo en la actualidad
importantes modificaciones de la estructura tradicional de promoción y
financiamiento de estas actividades a fin de adecuarlas a los nuevos modos de
producción del conocimiento científico y tecnológico y su apropiación por parte
del sector productivo y otros actores sociales. Sin embargo, la mejora de las
condiciones básicas requiere que se implementen políticas de largo plazo.
Los indicadores disponibles otorgan dimensión a la distancia que separa a
América Latina y el Caribe del grupo de países de mayor desarrollo industrial.
La brecha es de tal magnitud que por sí misma reafirma la necesidad de que el
desarrollo científico y tecnológico de la región se apoye sobre ideas originales e
innovadoras y no se limite a la simple aplicación de recetas generadas para
otros contextos sociales, económicos y políticos.
2.1. ¿Cuánto invierten los países de América Latina y el Caribe en I+D?
2.1.1. El volumen de la inversión en I+D
En el año 2000, los países de América Latina y el Caribe, en conjunto,
invirtieron en investigación y desarrollo experimental (I+D) una suma que
superó los nueve mil millones de dólares (Gráfico 1). Si a ello se agrega el total
de recursos que invirtieron en otras actividades científicas y tecnológicas
(genéricamente comprendidas en el concepto de ACT) se alcanzó un monto
algo superior a trece mil millones de dólares. En ambos casos, más de la mitad
del total regional correspondió a Brasil, seguido por México y Argentina.
Si se considera en su totalidad la última década del siglo XX, la inversión en
I+D de los países de América Latina y el Caribe creció un 46 % entre los
extremos del período, pero no se trató de un proceso con tendencia constante,
sino que por el contrario registró grandes oscilaciones. Por otra parte, el

desempeño de cada uno de los países mostró grandes disparidades con
respecto al conjunto
Gráfico 1: Inversión de América Latina y el Caribe en I+D y ACT en 2000*
13.345
9.368
7.157
4.627
2.065
1.471
1.271
377
323
203
405
290
136
1.256
283
2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000
Total A.L.C.
Brasil
México
Argentina
Chile
Colombia
Venezuela
Cuba
Resto A.L.C.
ACT I+D
* o último año disponible
La inversión regional en I+D registró durante los primeros dos años de la
década de los años noventa una caída neta, pero a partir de entonces mostró
un crecimiento sostenido, alcanzando su punto máximo en 1996. De ello da
cuenta el Gráfico 2. Durante ese período siguió una tendencia similar a la de
Estados Unidos, Canadá, España o Japón, e incluso superó el nivel de
crecimiento de la inversión correspondiente a la Unión Europea, que tan sólo
ascendió al 32% en el período considerado. Sin embargo, a partir de 1997 la
tasa de inversión volvió a caer, perdiendo parte de lo logrado en los años
anteriores.
Gráfico 2: evolución de la inversión en I+D en el mundo (1990 – 2000)
A pesar de los altibajos, como se puede ver en el Gráfico 3, todos los países
de América Latina lograron una tasa promedio positiva de inversión en ciencia,
a lo largo de la década, con la única excepción de Colombia.
90
110
130
150
170
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
A.L. y Caribe
España
Canadá
EE.UU.
Japón
Unión Europea

Gráfico 3: Variación media anual de la inversión en CyT (1990-2000)
Gasto en CyT - Variación media anual
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos
México
Panamá
Perú
Portugal
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
América Latina y Caribe
Iberoamérica
Total
ACT
I+D
2.1.2. La inversión en I+D con relación al PBI
La inversión en I+D de los países de América Latina y el Caribe representó en
2000 un 0.54% del PBI regional (Gráfico 4). Cuando se analiza el panorama de
cada país, considerándolo individualmente, se pone en evidencia que las
situaciones son muy diferentes entre cada uno de ellos. En el 2000 la inversión
media de la región en I+D era ampliamente superada por Brasil, que alcanzaba
el 0,87% de su PBI. Chile mostraba un valor similar al de la media (0,54%) y el
resto no alcanzaba el promedio regional. La evolución histórica de este
indicador durante la década de los noventa permite constatar que el menor
nivel de inversión se produjo en 1992, con un valor de 0.39% del PBI.
Gráfico 4: Inversión en I+D como porcentaje del PBI
0,35
0,43
0,45
0,54
0,54
0,82
0,87
1,57
1,81
2,65
3,04
0,00 0,75 1,50 2,25 3,00
Panamá
México
Argentina
América Latina
Chile
Cuba
Brasil
Canadá
Unión Europea
EEUU
Japón

2.1.3. América Latina frente al resto del mundo
Las disparidades en el interior de la región no deberían ocultar el hecho de que
aun aquellos países en los que este indicador tiene mejor desempeño relativo
muestran valores muy alejados de los que corresponden a los países
industrializados. El Gráfico 5 muestra que, pese al comportamiento levemente
positivo del indicador que da cuenta de la inversión en I+D, el conjunto de
América Latina y el Caribe tiene dificultad para superar holgadamente el nivel
del 0,5% del PBI. España, por su parte, procura alcanzar el 1%, sin que hasta
1999 lo hubiera logrado. El resto de los países o conjuntos regionales oscila
entre el 1,5% y el 3%. Japón, ya desde 1998 había superado ese nivel.
Gráfico 5: evolución de la inversión en I+D como porcentaje del PBI
Gráfico 4: Evolución de la Inversión en I+D como % del PBI
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
A.L. y Caribe España Canadá EE.UU.
Japón Unión Europea Países Nórdicos
En el año 2000, la inversión de los Estados Unidos y Canadá en I+D
representó más del cuarenta y dos por ciento del total mundial, en tanto que a
la Unión Europea le correspondió casi una cuarta parte y Japón superaba el
quince por ciento. El Gráfico 6 muestra que, en conjunto, América Latina y el
Caribe contribuía aquel año, en tan sólo el 1.6%, a la inversión mundial en I+D.
Gráfico 6: Inversión mundial en I+D por regiones (2000)
EE.UU. y Canadá
42,5%
Unión Europea
24,0%
África y Medio
Oriente 1.5%
Resto de Europa
4%
Resto de
Asia 10.1%
América Latina
1,6%
Oceanía 1.2%
Japón
15,6%

De esta manera, mientras el PBI de Estados Unidos quintuplicaba al de los
países de América Latina y el Caribe, su inversión en I+D era más de 25 veces
mayor. Esta constatación permite hacer la lectura de que los países de la
región realizan en ciencia y tecnología un esfuerzo inferior al que cabría
esperar, dado el valor de su producto.
2.1.4. Qué sectores financian la inversión en I+D
Si se desagrega la inversión en I+D por sectores de origen del financiamiento
(Gráfico 7) se pone en evidencia que casi las dos terceras partes de la
inversión en I+D en América Latina y el Caribe son sostenidas
económicamente por el presupuesto público y sólo un tercio por otras fuentes,
entre las que predominan las empresas. Esta estructura de financiamiento
contrasta con la de los países industrializados. En ellos, la relación es inversa y
aproximadamente las dos terceras partes de los recursos para I+D provienen
de las empresas. Japón configura un caso extremo, con una participación
empresarial del 73%, pero en Estados Unidos ya casi el 70% de la I+D es
financiada por las empresas. La situación de Canadá, en la cual esta porción
es algo menor al 50%, se aproxima a la de Europa (54%). En América Latina y
el Caribe, el país con mayor proporción de financiamiento empresarial de la I+D
el año 2000 era Brasil (40%), seguido por Colombia (44.9%) y Venezuela
(32,8%). Argentina (23.4%) y México (21.9%) son los otros dos países que
superan el umbral del veinte por ciento. El resto está por debajo de este nivel.
Gráfico 7: Inversión en I+D por sector de financiamiento (2000)
2.1.5. ¿Qué sectores ejecutan la inversión en I+D?
En el año 2000 las empresas de los países de América Latina y el Caribe
ejecutaron una tercera parte del total de los fondos disponibles para I+D
0%
25%
50%
75%
100%
EEU
U
B
rasil
C
olom
bia
Venezuela
Argentina
Portugal
C
hile
Extranjero
OPSFL
Educación Superior
Gobierno
Empresas

(Gráfico 8). En la región, el grueso de la I+D se llevó a cabo en las
universidades (42%). En los centros públicos de investigación se realizó otro
22%. Nuevamente, la importancia relativa de los actores es diferente a lo que
ocurre en los países industrializados. La ejecución de I+D por parte de las
empresas es ampliamente mayoritaria en los Estados Unidos (76%), Japón
(71%), Europa (64%) y Canadá (63%). El papel de las organizaciones privadas
sin fines de lucro (OPSFL) es muy marginal en la región, si se la considera en
su conjunto, pero en algunos países juegan un papel importante. Tal es el caso
de Colombia, Ecuador y Bolivia.
Gráfico 8: Ejecución del presupuesto de I+D por sectores (2000)
0%
25%
50%
75%
100%
EE.U
U
.
B
rasil
U
ruguay
Trin.y
TobagoC
osta
R
ica
B
olivia
A
rgentina
Portugal
C
olom
bia
C
hile
Ecuador
OPSFL
Educación Superior
Gobierno
Empresas
2.1.6. Sesgo predominante en el tipo de I+D
Los datos muestran además una situación paradójica, en lo que se refiere al
énfasis puesto en las actividades de investigación, frente a las de desarrollo
(Gráfico 9). En la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe la
parte sustantiva de la inversión en I+D se destina a investigación básica y
aplicada, en tanto que la inversión en desarrollo experimental tan sólo en
México supera el 25% del total de los recursos utilizados. La paradoja parece
acentuarse cuando se examinan las cifras referidas a la inversión en
investigación básica. En este sentido, con alguna excepción puntual, se puede
establecer un gradiente en el que se correlacionan, en forma inversa, la riqueza
del país y la intensidad de la investigación básica.
Existe una paradoja en el hecho de que los países de América Latina y el
Caribe, en un contexto de crisis económica y social, aparezcan como
fuertemente inclinados hacia el extremo más básico y teórico de la
investigación científica. Esto contrasta con la realidad de países como los
EE.UU., donde el desarrollo experimental constituye el 61% de la I+D, situación
que se repite en otros de los países más desarrollados de la OCDE.

Gráfico 9: Ejecución de la I+D por sectores
Sin embargo, la paradoja es tan sólo aparente, ya que la presunta fortaleza en
las actividades de investigación es, en realidad, una debilidad extrema en el
componente más vinculado con las actividades productivas y de innovación.
Más bien, lo que muestra esta estructura de utilización de los recursos es la
escasa vinculación de las instituciones científicas y académicas con las
empresas y los actores que utilizan y aplican el conocimiento científico y
tecnológico.
2.2. ¿Hacia dónde se orienta predominantemente la I+D?
Desde el punto de vista de la especialización de las actividades de I+D en cada
país, se observan también algunos rasgos llamativos. Al analizar la inversión
en I+D relacionada con los diferentes objetivos socioeconómicos declarados
por los investigadores (Gráfico 10), está dentro de lo que cabe esperar que,
tanto en Ecuador, como en Panamá y Trinidad y Tobago, predomine la
investigación agrícola, así como que México otorgue un énfasis semejante a la
investigación agrícola y la investigación dirigida al desarrollo industrial y
tecnológico. Sin embargo, llama la atención –si bien es coherente con lo
señalado en el apartado anterior- que tanto en Brasil, como en Uruguay y Perú,
la mayor parte de la I+D se destine a investigación no orientada hacia objetivos
económicos y sociales (lo que en el gráfico se denomina como “promoción
general del conocimiento”). Esto no implica que los resultados de este tipo de
investigación no sean eventualmente aplicados, sino que en la percepción de
los investigadores el objetivo declarado responde primariamente a un interés
exclusivamente científico.
0%
25%
50%
75%
100%
EE.U
U
.
C
uba
Portugal
C
olom
bia
Argentina
C
hile
B
oliviaElSalvador
Ecuador
Desarrollo Experimental Investigación Aplicada Investigación Básica
*oúltimoañodisponible

Gráfico 10: Objetivos sociales y económicos de la I+D (2000)
0%
25%
50%
A
rgentina
B
rasil
C
hile
C
uba
EcuadorElSalvador
EE.U
U
.
T.y
Tobago
U
ruguay
Agricultura, silvicultura y pesca Desarrollo industrial y de tecnología
Promoción general del conocimiento Defensa
Desarrollo Social
Argentina informa que el porcentaje más significativo de sus recursos en I+D se
destina al fomento de la investigación dirigida al desarrollo industrial y
tecnológico. Esto también constituye un dato curioso, ya que todos los
diagnósticos acerca del sistema nacional de innovación en aquel país ponen en
evidencia la debilidad de los vínculos entre los distintos actores y la existencia
de un escaso dinamismo innovador en la mayor parte de los sectores
productivos. Por este motivo, el dato debe ser leído más como una
intencionalidad de los investigadores y una sobrestimación de la I+D en el
sector empresarial.
En Chile, por su parte, predomina la exploración y explotación de la tierra y la
atmósfera, lo cual es congruente con una adecuada utilización estratégica de
su posición geográfica y de sus recursos, lo que le permite además ser sede de
importantes emprendimientos internacionales en estas áreas. También parece
congruente con la estructura social del país que en El Salvador predominen las
investigaciones dirigidas a promover el desarrollo social y los servicios sociales.
En contraste con los países de mayor desarrollo, la investigación orientada
hacia la defensa no tiene mayor peso en la región, con la excepción de Brasil,
que le dedica algo más del 4%.

2.3. Los recursos humanos para la I+D
2.3.1. Investigadores y otro personal dedicado a ciencia y tecnología
Los países de América Latina y el Caribe cuentan con 128 mil investigadores.
Si a ello se suman becarios, profesionales y técnicos de apoyo, el total de las
personas que se dedican a la realización de actividades científicas y
tecnológicas asciende a 260 mil.
En su conjunto, los investigadores de la región representan el 3% del total
mundial (Gráfico 11). Es una cantidad que supera la dotación de
investigadores con los que cuenta un país industrializado como Canadá.
Gráfico 11: Distribución mundial de los investigadores (2000)
Resto de Asia
19%
Unión Europea
20%
EE.UU. y Canadá
27%
Resto de Europa
14%
3%
Japón
13%
África y Medio Oriente
2.4%
Oceanía 1.6%
En el mismo sentido, América Latina y el Caribe en conjunto dispone de mayor
número de investigadores que los países nórdicos. Sin embargo, es obvio que
la acumulación numérica no representa una capacidad real, ya que es
impensable por el momento utilizar en forma coordinada el potencial científico y
tecnológico de la región en su totalidad. Por otra parte, las dificultades del
proceso de integración no se agotan en el plano interno regional, sino que
remiten a la constitución de los grandes bloques a escala mundial. Desde esta
perspectiva, la debilidad latinoamericana es manifiesta, ya que el número de
investigadores de Japón cuadruplica el de los países latinoamericanos y
caribeños, en tanto que la Unión Europea dispone de un número casi siete
veces mayor. Estados Unidos cuenta con más de un millón de investigadores;
esto es, casi nueve veces más que los latinoamericanos.
Una estrategia asociativa con grupos de I+D de los países industrializados en
ciertas áreas de importancia estratégica resultaría ser, por lo tanto, muy
necesaria. Tal estrategia se podría ver favorecida por el hecho de que la mayor
parte de los investigadores de la región se concentra en tan sólo tres países.
Brasil cuenta con casi el 40% de la capacidad regional. Argentina y México,
sumados, disponen de un contingente casi similar. Estos tres países, por lo
tanto, reúnen casi el 80% del total de los investigadores de América Latina y el
Caribe (Gráfico 12). Tal concentración debería facilitar, tanto los procesos de

cooperación, como los de cohesión, entendida al modo europeo como la
eliminación progresiva de las asimetrías estructurales más profundas.
Gráfico 12: Total de investigadores por país (2000)
293
340
356
600
724
1014
1867
4240
4688
5378
8381
21879
26420 49702
El Salvador
Nicaragua
T. y Tobago
Bolivia
Uruguay
Ecuador
Costa Rica
Colombia
Venezuela
Cuba
Chile
México
Argentina
Brasil
La evolución de la capacidad científica y tecnológica de los países del América
Latina y el Caribe, considerada sobre la base del número de investigadores,
registra una tendencia positiva (Gráfico 13).
Gráfico 13: Variación anual media del número de investigadores (1990-2000)
Investigadores - Variación anual media
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
Argentina
Bolivia
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
España
EEUU
México
Panamá
Portugal
Venezuela
A. L. y C.
Iberoamérica
Total
Personas Físicas
EJC
Tomando en cuenta la dotación actual, y considerando que en 1990 la región
contaba con algo más de 105 mil investigadores, se observa un crecimiento

que, en la totalidad de la década, alcanzó el 21% (Gráfico 14). Este nivel de
crecimiento es similar al de la Unión Europea, Canadá, Japón o Estados
Unidos (si bien este último ha crecido en forma más acelerada durante los
últimos años).
Gráfico 14: Evolución del número de investigadores
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Millonesdeinvestigadores
A.L. y Caribe
España
Canadá
EE.UU.
Japón
Unión Europea
La mayor parte de los países de América Latina han logrado tasas positivas de
crecimiento en su número de investigadores. La dotación de investigadores de
Argentina aumentó en forma sostenida, casi un tres por ciento en 1998, con
respecto al año anterior, para volver a hacerlo con una tasa del cuatro por
ciento en 1999 y crecer nuevamente un cinco por ciento en el 2000 con
respecto al año anterior. El número de investigadores de Bolivia creció casi un
cinco por ciento en 1998 y luego se mantuvo estable. En Chile aumentó todos
los años a ritmo que osciló entre el tres y el cinco por ciento anual, a excepción
del año 2000, en que el incremento fue más moderado. Colombia tuvo tasas
muy elevadas de crecimiento en su número de investigadores, con un ritmo
cercano al diez por ciento que se atenuó el último año. El mismo fenómeno se
reprodujo en Ecuador, México y Venezuela, como muestra el Gráfico 15. En
todos los casos, se trata de datos oficiales referidos a personas físicas, no a su
equivalencia a jornada completa.

Gráfico 15: Variación anual del número de investigadores
Variación Anual de los Investigadores (Personas Físicas)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
var 90-91 var 91-92 var 92-93 var 93-94 var 94-95 var 95-96 var 96-97 var 97-98 var 98-99 var 99-2000
Argentina Bolivia Chile
Colombia Ecuador Venezuela
2.3.2. Investigadores con relación a la población
Los países de América Latina y el Caribe contaban en el año 2000 con casi 0.7
investigadores cada mil integrantes de la población económicamente activa
(PEA). Este indicador en la Unión Europea era siete veces mayor y en Canadá
ocho veces. Tanto en Estados Unidos, como en Japón, se registraba un
número de investigadores doce veces más grande en relación con la PEA
(Gráfico 16). Entre los países de América Latina y el Caribe se destacan los
valores alcanzados por Argentina (1.67 investigadores por cada mil integrantes
de la PEA), Costa Rica (1.53) y Chile (1.43).
Gráfico16: investigadores por cada mil personas de la PEA (2000)*
9,70
8,17
6,70
5,78
5,20
3,71
2,75
1,67
1,53
1,43
1,15
0,69
0,67
0,66
0,59
0,55
0,45
Japón
EEUU
Australia
Canadá
Unión Europea
España
Portugal
Argentina
Costa Rica
Chile
Cuba
América Latina
Brasil
T. y Tobago
Uruguay
México
Venezuela

A través de la década, la densidad de investigadores en América Latina y el
Caribe se mantuvo alrededor de los 0.7 investigadores por cada mil integrantes
de la PEA. Contrariamente, tanto Japón, como los Estados Unidos y la Unión
Europea registraron un importante crecimiento en este indicador en el mismo
período (Gráfico 17). Sin embargo, ha sido España el país que obtuvo
resultados más impactantes, duplicando su tasa en el curso de la década.
Gráfico 17: Evolución de los Investigadores con relación a la PEA
Es posible considerar, asimismo, la relación entre el número de investigadores
y el total de la población, como un indicador que de cuenta del grado de
implantación de la comunidad científica en el sistema social. ¿Acompaña la
evolución del número de científicos el crecimiento de la población, la supera, o
se queda rezagada? El Gráfico 18 muestra que en este aspecto la situación es
disímil y no solamente varía entre países, sino que con cierta frecuencia lo
hace en un mismo país, en distintos momentos. A modo de ejemplo, Chile tuvo
permanentemente, a lo largo de toda la década, valores positivos (el número de
investigadores creció en mayor medida que la población), aunque en el año
2000 la cifra fue muy inferior a la de los años anteriores. Canadá, en cambio,
alcanzó valores positivos hasta 1997, pero en los dos años siguientes tuvo
signo negativo. El indicador tiene interés para ponderar lo sostenido del
esfuerzo de los países para fortalecer su base científica, pero hay advertir, por
un lado, que altas tasas de crecimiento de la población pueden distorsionar su
significado y, por otra parte, que la relación no puede ser indefinidamente
favorable al número de investigadores ya que de lo contrario, como lo señalara
por el absurdo Derek de Solla Price, llegaría un momento en que la totalidad de
la población estaría compuesta por científicos.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
A.L. y Caribe
España
Canadá
EE.UU.
Japón
Unión Europea

Gráfico 18: Evolución del número de investigadores (EJC) por habitante
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
var 90-91 var 91-92 var 92-93 var 93-94 var 94-95 var 95-96 var 96-97 var 97-98 var 98-99 var 99-2000
Argentina
Bolivia
Canadá
Chile*
Colombia
Ecuador
España
EEUU
México
Venezuela*
2.3.3. Investigadores por género
La distribución por género de los investigadores registra una composición
desigual en América Latina y el Caribe, así como con relación a otros países.
Gráfico 19: Investigadores por género
57%
48%
42% 39% 39% 38% 37% 36% 33% 31%
21%
43%
52%
58% 61% 61% 62% 63% 64% 67% 69%
79%
0%
25%
50%
75%
100%
Uruguay
Argentina
Venezuela
Bolivia
Brasil
Colombia
ElSalvador
Panamá
España
Ecuador
Estados
Unidos
Femenino Masculino* o último año disponible
Mientras que en Uruguay el 57% de los investigadores son mujeres, en
Argentina el 48% y en Venezuela el 42%, en la mayor parte de los países

latinoamericanos el componente femenino oscila entre el 30% y el 40%. Es
llamativo que en los Estados Unidos la participación femenina apenas alcanza
el 21% (Gráfico 19).
2.3.4. Pertenencia institucional de los investigadores
Desde el punto de vista institucional, la mayor parte de los investigadores
latinoamericanos se desempeña en las universidades (Gráfico 20). En
Uruguay lo hace el noventa y dos por ciento de los investigadores, en Brasil,
las tres cuartas partes. En Chile, casi el setenta por ciento. En México y
Argentina los investigadores universitarios superan la mitad del total: casi el
sesenta por ciento, en el primer caso y el cincuenta y cuatro por ciento en el
segundo.
Gráfico 20: Distribución de los investigadores por dependencia institucional
0%
25%
50%
75%
100%
EE.UU.
Japón
Canadá
P.nórdicos
U.Europea
España
CostaRica
Portugal
Argentina
México
Brasil
Chile
Uruguay
Empresas Gobierno Educación Superior OPSFL
Solamente en Costa Rica, Argentina y México los investigadores
correspondientes al sector empresario superan el 10% del total. Esto contrasta
con la situación de los países de mayor desarrollo, en los cuales los
investigadores tienen su lugar de trabajo principalmente en las empresas.
2.3.5. La inversión con relación al número de investigadores
La inversión por investigador en los países de América Latina y el Caribe
registró a fines de la década un valor de 74 mil dólares, lo cual revela que los
científicos y tecnólogos de esta región cuentan –en promedio- con menos de la
mitad de los recursos que sus pares de Japón. La comparación con los
investigadores de la Unión Europea o los Estados Unidos es aún más
desfavorable (Gráfico 21). Este dato, que a primera vista puede resultar poco
elocuente, es en realidad muy interesante si se considera que se tiende a exigir
a los investigadores latinoamericanos y caribeños que se ajusten a estándares
de productividad similares a los de los países desarrollados, en el marco del
auge de los procesos de evaluación en la región. Es destacable, en este

aspecto, el valor alcanzado por Brasil que, con 128 mil dólares por investigador
se aproxima a la cifra de Canadá.
Gráfico 21: miles de dólares por investigador (año 2000)
175
157
148
123
94
86
81
78
74
74
71
50
48
48
45
41
25
22
15
8
191EE.UU.
Japón
Brasil
Venezuela
Panam á
Uruguay
El Salvador
Colom bia
Bolivia
T. y Tobago
Nicaragua
2.4. Formación de recursos humanos
Los indicadores relacionados con la formación de recursos humanos presentan
claramente un sistema universitario en transformación durante la década de los
noventa. Esta transformación se expresa en el desarrollo creciente del cuarto
nivel en casi todos los países de América Latina y el Caribe. Este proceso
configura no solamente un cambio en las universidades, sino también una
redefinición progresiva del mercado de trabajo, de manera coherente con las
tendencias hacia la constitución de una economía basada en el conocimiento.
Durante la presente década, el número de egresados universitarios en los
distintos niveles de grado y posgrado registró un crecimiento continuo en todos
los países de América Latina y el Caribe. El número anual de graduados
aumentó un tercio a lo largo de la década, pasando de 558 mil en 1990 a 743
mil en el año 2000. A lo largo del período considerado, las áreas de mayor
crecimiento fueron las ciencias sociales (61%), ingeniería y tecnología (53%) y
medicina (29%), mientras que las humanidades decrecieron casi a la mitad.
Tanto las ciencias exactas y naturales, como las ciencias agropecuarias casi no
aumentaron en toda la década (Gráfico 22).
La orientación predominante en la formación universitaria latinoamericana es
marcadamente tradicional y profesionalista: en el período comprendido entre
1990 y 2000 las universidades latinoamericanas produjeron un número superior
a los siete millones de graduados. Más de la mitad lo hicieron en carreras del
ámbito de las ciencias sociales. Casi un millón doscientos mil graduados
(dieciséis por ciento del total) lo hizo en carreras de ingeniería y un quince por
ciento fueron médicos. Menos de una décima parte se graduó en carreras de

humanidades y apenas un cinco por ciento en ciencias exactas y naturales.
Llamativamente, tan sólo un tres por ciento de los graduados lo hizo en
carreras de orientación agropecuaria. El hecho de que entre 1990 y el 2000 se
hayan graduado menos de cuarenta mil estudiantes en las áreas
científicamente más “duras” y poco más de veinte mil en las áreas vinculadas
con el agro no puede sino ser considerado como un grave problema que mina
la capacidad latinoamericana para afrontar la búsqueda de un nuevo modelo de
desarrollo en el contexto de la sociedad del conocimiento y limita la posibilidad
de expandir su sistema científico y tecnológico.
En el año 2000, el último de la serie considerada en este informe, casi el 70%
de los graduados correspondió a carreras pertenecientes a las áreas de
ciencias sociales y médicas. Tan sólo un 5% de los graduados de aquel año
cursó estudios en ciencias exactas y naturales, en tanto que un 16% lo hizo en
carreras del área de la ingeniería y la tecnología. La baja cantidad de
graduados en el área de las ciencias agrícolas (3% del total, repitiendo la
tendencia de la década) contrasta con la importante cantidad de las
publicaciones científicas en esta área, como se discutirá más adelante.
Gráfico 22: Evolución del número de graduados, por campo disciplinario
En el año 2000 se registraron más de 37 mil egresados de cursos de postgrado
con el nivel de maestría. La distribución replica en buena medida la matriz de
graduación. El treinta y cinco por ciento correspondió a las áreas de ciencias
sociales, seguidas por las humanidades (veintidós por ciento), ingeniería y
tecnología (quince por ciento), ciencias exactas y naturales (once por ciento),
ciencias médicas (diez por ciento) y ciencias agrícolas (siete por ciento). La
expansión de los estudios en el nivel de maestría ha sido destacable en el
conjunto de los países de América Latina y el Caribe, habiéndose más que
duplicado a través de la década (Gráfico 23). El principal crecimiento se
registró en las ciencias sociales y las humanidades, las cuales casi triplicaron
su producción de 1990. Las restantes áreas de la ciencia crecieron también
muy fuertemente, duplicando en general el número de sus egresados.
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Cs. Nat. y Exactas Ing. y Tecnología Cs. Médicas Cs. Agrícolas Cs. Sociales Humanidades

Gráfico 23: Egresados de posgrados con nivel de Maestría
Los doctorados otorgados en América Latina y el Caribe a través de la década
de 1990 se triplicaron (Gráfico 24). En este nivel, el modelo es muy diferente al
de los anteriores. En este caso, el predominio es de las ciencias exactas y
naturales (veintiocho por ciento), lo cual es explicable por el hecho de que
cuentan con una mayor tradición en materia de la realización de estudios
doctorales. El área de la ciencia con menor peso en la formación de doctores
es también la de ciencias agrícolas (diez por ciento), la cual sin embargo
cuadruplicó el número de doctores entre 1990 y 2000. Las ciencias sociales,
predominantes en los niveles anteriores, pasan en este caso al penúltimo lugar,
con el once por ciento del total y la tasa de crecimiento más baja del conunto
de disciplinas.
Gráfico 24: Evolución del número de doctores
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Cs. Nat. y Exactas Ing. y Tecnología Cs. Médicas
Cs. Agrícolas Cs. Sociales Humanidades
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Cs. Nat. y Exactas Ing. y Tecnología Cs. Médicas Cs. Agrícolas Cs. Sociales Humanidades

2.5. Patentes
En los países industrializados, el número de patentes es uno de los indicadores
utilizados para medir los resultados de los sistemas de I+D. Sin embargo, este
indicador es menos relevante en los países de América Latina y el Caribe, por
cuanto la investigación, como se ha visto, se lleva a cabo fundamentalmente en
ámbitos académicos y mantiene muy débiles vínculos con la industria. Un
factor adicional remite a los marcos legales que, en ciertos países, desalientan
el patentamiento. Sin embargo, el análisis de estos indicadores, así como de
algunos de los coeficientes desarrollados a partir del recuento de patentes,
permiten avanzar en la comprensión del panorama tecnológico regional.
La evolución de las patentes solicitadas a través de la década de 1990 muestra
alguna de las consecuencias de las políticas de apertura de la economía que
han sido aplicadas en la mayoría de los países de la región, así como de los
procesos de “globalización” de la economía y la tecnología. Mientras que el
número de patentes solicitadas por residentes se mantuvo estable en el
conjunto de América Latina y el Caribe, el de patentes solicitadas por no
residentes creció más del noventa por ciento, pasando de 25 mil en 1990 a casi
48 mil solicitudes en el año 2000 (Gráfico 25). De ese total, a lo largo de toda
la década, y en forma casi constante, algo menos de diez mil solicitudes por
año correspondieron a residentes. Este panorama contrasta con las cifras de
los países industrializados.
Gráfico 25: Evolución del número de patentes solicitadas
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
de no residentes
de residentes

2.6. Producción bibliográfica
El análisis de la producción científica de los países de América Latina y el
Caribe, a través de diversas bases de datos internacionales de publicaciones
científicas, tanto multidisciplinarias, como disciplinarias, refleja una baja
participación de los investigadores de la región en la producción científica
mundial, dentro de la franja que se denomina como “corriente principal de la
ciencia” (Gráfico 26).
De la cifra cercana al millón de artículos publicados en revistas internacionales
de primera línea registrados en el año 2000 en la base genérica más
importante del mundo, el Science Citation Index (SCI), casi veinticuatro mil
(2,7%) correspondieron a investigadores de los países de América Latina y el
Caribe. Los artículos de investigadores latinoamericanos registradas en la base
genérica francesa PASCAL representaron un porcentaje del 2,5 del total. En la
base temática de física (INSPEC), la participación de los investigadores
latinoamericanos representó el 2,1%. Por su parte, en la base de ingeniería
(COMPENDEX), se registró un 2%. Los valores más bajos se registraron en las
bases de química (Chemical Abstracts) y medicina (MEDLINE); en ambos
casos con una participación del 1,7% sobre el total. En la base de biología
(BIOSIS), el registro fue del 2,% y en la de ciencias agrícolas (CAB), la
participación de América Latina y el Caribe alcanzó el 6.5% con un total de más
de nueve mil quinientos artículos. Este resultado comparativamente más alto
que el de lo otros campos disciplinarios contrata, como se ha señalado, con el
bajo peso de las ciencias agropecuarias en el total de graduados y
posgraduados de las universidades de la región.
Gráfico 26: Presencia latinoamericana en bases de datos bibliográficas
2,0%
2,7%
2,1%
2,5%
6,5%
2,7%
1,7%
1,7%
SCI
PASCAL
INSPEC
COMPENDEX
Chemical Abstracts
BIOSIS
MEDLINE
CAB

En el 2000 Brasil produjo el cuarenta y dos por ciento de los artículos
producidos por latinoamericanos, registrados en el Science Citation Index.
Sumando a Argentina y México, ambos con el diecinueve por ciento, se cubre
el 80% de la producción científica latinoamericana registrada en esta base.
Como se ha dicho, Brasil es en todos los casos el país de la región con mayor
participación en las bases de datos bibliográficas (Gráfico 27). Sus
publicaciones representan alrededor del 1% del total mundial en el Science
Citation Index, Pascal y Biosis. En la base de ciencias agropecuarias CAB, la
incidencia de publicaciones brasileñas alcanzó el 3,4%. La comparación entre
Argentina y México muestra como estos indicadores pueden dar una idea de
sesgos nacionales hacia distintas áreas del conocimiento.
Ambos países muestran una relativa paridad en las bases multidisciplinarias y
en MEDLINE. Mientras tanto, México supera a Argentina en ingeniería, física y
medicina, lo contrario ocurre en las ciencias biológicas, químicas y agrícolas.
Este indicador permite asimismo intuir ciertos efectos de las distintas políticas
científicas. No parece casual que Chile supere a Colombia y Venezuela en el
número de publicaciones en el Science Citation Index, mientras que presenta
datos menores en las restantes bases. Los investigadores chilenos demuestran
estar volcados efectivamente hacia la publicación en el “mainstream”, dejando
de lado otras opciones de menor impacto y a la vez replicando un proceso
ocurrido en España durante fines de la década de 1980 y principios de la
siguiente, en el que la publicación en esas revistas brindaba mejores puntajes
en las evaluaciones.
Gráfico 27: Porcentaje latinoamericano en las principales bases bibliográficas
(año 2000)
En la gran mayoría de los países de la región se registró un crecimiento
importante del número de artículos registrados en el SCI a lo largo de la
década (Gráfico 28). El conjunto de América Latina alcanzó la suma de 11.046
registros en 1990 y 28.344 en el 2000; esto es, un aumento del 2,57%. La
3,44%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
SCI PASCAL INSPEC COMPENDEX CA BIOSIS MEDLINE CAB
Brasil Argentina México
Colombia Venezuela Chile

producción del primero de dichos años era equivalente a la de España y la
última un diez por ciento superior.
Gráfico 28: Evolución del número de artículos registrados en el SCI
El crecimiento en el número de artículos científicos publicados en revistas
internacionales de primera línea fue un resultado favorable que se logró en casi
la totalidad de los países. El mayor índice de crecimiento lo alcanzó Colombia,
que en 2000 cuadruplicó su presencia en el SCI en 1990; le siguieron Uruguay,
Brasil, Bolivia y México, todos ellos con incrementos superiores al trescientos
por ciento. Argentina y Venezuela, con un crecimiento superior al doscientos
por ciento, estuvieron por debajo de la media regional, aunque muy próximos a
ella y, en cualquier caso, superaron el crecimiento del total mundial, cuyo índice
fue de ciento cuarenta y cuatro por ciento entre 1990 y 2000. También Chile
superó el promedio mundial, aunque su indicador (ciento ochenta y siete por
ciento) fue algo más bajo que el de los restantes países líderes de la región en
materia de I+D. Jamaica fue el único país de América Latina que no logró
repetir en el 2000 el excelente número de artículos con que contaba a
principios de la década y, así y todo, su producción en este último año seguía
superando, en números brutos, a la de países como Costa Rica, Ecuador y
Perú, entre otros. (Gráfico 29).
En la base PASCAL se hace notorio cierto énfasis en la orientación europea,
manifestada en el hecho de que España supera en casi un diez por ciento al
conjunto de los países de América Latina y el Caribe, aportando el 2.6% del
total, contra el 2.4% de esta última.
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Brasil México
Argentina Chile
Venezuela Colombia

Gráfico 29: Evolución de la participación en el total mundial (SCI)
En la búsqueda de ciertos índices de productividad en ciencia y tecnología,
pueden tomarse indicadores tales como las publicaciones con relación a la
inversión en I+D, o al número de investigadores (Gráfico 30). La media
latinoamericana, de 1.8 artículos registrados en el SCI por cada diez
investigadores, es muy cercana a los valores de Argentina (1.9) y Colombia
(1,7). Brasil presenta un valor más bajo, de 1.4 artículos por cada diez
investigadores. El país con el índice de mayor productividad por investigador es
Uruguay, con mucha diferencia sobre el resto, ya que 4.9 artículos por cada
diez investigadores supera incluso a países como Canadá (4.2), España (4.1) y
Estados Unidos (2.8). Panamá produce 3.1 artículos registrados en SCI cada
diez habitantes, en tanto que Chile, Venezuela y México tienen valores
bastantes similares que oscilan entre 2.3 y 2.7 registros.
Otra medida de productividad es la comparación del número de artículos en
bases de datos con la inversión en ciencia y tecnología. En este indicador, la
media latinoamericana es de tres artículos por cada millón de dólares invertidos
en I+D, lo que constituye un valor muy superior al de Estados Unidos (lo que se
explicaría por la enorme inversión de este país en grandes proyectos
orientados hacia la producción de conocimientos no publicables) y Canadá,
pero inferior al de España.
Dentro de América Latina se destacan la producción de Trinidad y Tobago
(10.6), Costa Rica (8.5), Panamá (8.1) y Uruguay (6.6). Un segundo grupo lo
forman Panamá, Cuba y Chile, con un valor de alrededor de 4 publicaciones
por millón de dólares, similar al que presenta España. Argentina está en un
segundo nivel, aunque por encima de la media, con 4 artículos por cada millón
de dólares. Brasil y México tiene valores similares, por debajo de la media
regional.
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Brasil México Argentina
Chile Venezuela España
Portugal América Latina

Gráfico 30: Artículos en el SCI por investigador y por millón de dólares en I+D
(2000)
En resumen, cuando se evalúan las políticas y estrategias alternativas para
América Latina y el Caribe se debe tomar en cuenta la relativa debilidad de la
región en ciencia y tecnología. En efecto, la totalidad de los recursos
económicos dedicados a la I+D en América Latina y el Caribe (Gráfico 31) no
equiparan lo invertido por Canadá. En lo relativo al número de investigadores,
los latinoamericanos superan holgadamente el número de Canadá, pero, como
se ha dicho, están muy lejos de alcanzar los valores de Japón, la Unión
Europea o de Estados Unidos.
Gráfico 31: Recursos en I+D de América Latina frente a otras regiones del mundo
(2000)
6,6
2,8
5,7
8,1
1,2
6,0
2,9
10,6
2,4
2,7
4,0
3,0
3,6
2,5
8,5
3,1
4,84,9
4,2 4,1
3,1
2,8 2,7
2,5 2,4 2,3 2,2
1,9 1,8 1,7
1,4 1,3 1,3 1,2
0
2
4
6
8
10
U
ruguay
Estados
U
nidos
C
hileVenezuela
Trinidad
y
Tobago
PortugalArgentina
C
olom
bia
B
rasil
C
osta
R
ica
B
olivia
C
uba
cada millón u$s inversión en I+D cada 10 investigadores EJC
1
0,7 1,5
5,2
10,0
7,1
15,5
8,8
28,2
0
5
10
15
20
25
América Latina Canadá Japón Unión Europea EEUU
Investigadores
Inversión en I+D
* Estimado

3. LOS DESAFÍOS
La política científica y tecnológica en los países de América Latina y el Caribe
no puede ignorar los procesos de transformación a escala mundial que han
sido mencionados, pero ello no implica que exista un camino único que todos
los países deban seguir imitativamente. Esta advertencia parece obvia, si se
toman en cuenta los indicadores que se presentan en este informe, ya que
ellos reflejan la gran debilidad de la región en ciencia y tecnología. La brecha
es de tal dimensión que hace inviable cualquier estrategia basada en el
supuesto de poder repetir lo que otros países con mayores recursos realizan y
obliga, por lo tanto, a buscar caminos propios para afrontar los desafíos que
surgen del contexto actual.
3.1. Desafíos y recomendaciones
En la búsqueda de este camino es posible identificar ciertos desafíos centrales
que constituyen al mismo tiempo los grandes ejes para una acción hemisférica
común en el campo de la ciencia y la tecnología. Ellos son:
a) Consolidar la capacidad científica y tecnológica
b) Fortalecer la educación superior
c) Ciencia y tecnología al servicio del crecimiento y la equidad
d) Aumentar la inversión pública y privada en I+D
e) Fortalecer la cooperación internacional
f) Difundir el conocimiento científico y tecnológico
a) Consolidar la capacidad científica y tecnológica
Para contribuir al diseño de nuevas formas de política en ciencia y tecnología
en los países de América Latina y el Caribe resulta útil adoptar los conceptos
de capacidad científica y capacidad tecnológica entendidas, en ambos casos,
como la aptitud que permita no sólo producir conocimiento de uno u otro tipo,
sino para administrar los flujos de conocimiento científico y el cambio
tecnológico.
La capacidad científica remite directamente a la disponibilidad de recursos
humanos altamente especializados, aptos para realizar I+D, desarrollar
aplicaciones, acceder a la información y brindar servicios intensivos en
conocimiento científico y tecnológico. Esta capacidad se apoya en los centros
de investigación, los laboratorios tecnológicos, los servicios especializados y,
en gran medida, en las instituciones de educación superior.
La capacidad tecnológica alude a la aptitud para realizar innovaciones,
incorporando nuevos conocimientos a la actividad productiva. En el ejercicio de
esta capacidad, el protagonismo corresponde a las empresas. A ellas les
corresponde estar en el centro de la estructura institucional que, en el marco de
políticas adecuadas, los países han de desarrollar para estimular el cambio
tecnológico. Uno de los elementos de mayor importancia para el logro de la
capacidad tecnológica es el establecimiento de sólidos vínculos -esto es, la

conformación de redes- entre las propias empresas, así como entre ellas y el
entramado institucional que expresa la capacidad científica del país. A esto
alude, asimismo, el concepto de “sistema de innovación” en función del cual es
posible interpretar el cambio tecnológico y el dinamismo empresario en el
contexto del entramado social. Desde el punto de vista de la política científica,
la adopción del enfoque de “capacidad tecnológica” implica mudar el modelo
tradicional, basado en la oferta de conocimientos, por el fortalecimiento de su
demanda por parte de las empresas y otros actores sociales.
En este modelo, centrado en la capacidad tecnológica y en la innovación, la
industria se involucra cada día más en la investigación. Ello es evidente en los
países industrializados, en los que los indicadores dan cuenta de que la mayor
parte de los gastos de I+D son asumidos por las empresas, a diferencia de lo
que ocurre en los países de América Latina y el Caribe. Además de sus
esfuerzos individuales en el desarrollo tecnológico, las empresas del mundo
industrializado forman consorcios a fin de poner en común sus recursos para
realizar I+D y desarrollar programas educativos. Una política adecuada a los
tiempos actuales debería promover este comportamiento empresarial.
La nueva conformación institucional afecta también al sistema educativo, ya
que parte de la capacidad de crear capital humano también tiende a ser
organizada dentro de las empresas, y no solamente en las instituciones de
educación y capacitación. De hecho, en los países industrializados los centros
universitarios se han acercado tanto a la industria que muchas veces se lanzan
a realizar operaciones comerciales (explotación de los resultados de la
investigación y protección de la propiedad industrial) por su propia iniciativa o
en cooperación con empresas. Las propias universidades crean nuevas
empresas, estimulan su creación por parte de los graduados y, en ciertos
casos, se involucran en la creación de parques científicos
b) Fortalecer la educación superior
La educación es un elemento esencial para el andamiaje de los sistemas de
innovación y la consolidación de las capacidades científica y tecnológica. Sin
dejar de lado la importancia de los niveles básico y medio, que configuran las
capacidades generales de la sociedad frente al conocimiento, se reconoce al
sistema de educación superior el papel de actor principal en el proceso de
cambio científico y tecnológico acelerado. Las consecuencias para las
universidades fueron percibidas muy rápidamente por quienes estaban atentos
a las transformaciones que el avance extraordinario del conocimiento teórico y
la tecnología inducía en la economía y la sociedad. Daniel Bell ya en la década
de los setenta anunciaba que las instituciones del conocimiento serían las de
mayor importancia en la sociedad postindustrial. Claro está que ello requería
cambios profundos en la actitud de las universidades frente al conocimiento, en
el papel de los actores de la vida académica, en la relación de la universidad
con otras instituciones y en el propio perfil institucional de las casas de estudios
superiores.
Algunos rasgos de la relación entre la universidad y la sociedad en lo relativo a
la innovación tienen que ver en forma directa con la necesidad de formar

profesionales preparados para un nuevo tipo de proceso productivo. Son las
universidades, dentro del conjunto de las instituciones de educación superior,
las más capacitadas para ejercer sus funciones en el nuevo escenario que
surge, entre otros aspectos, de una mayor proximidad de la ciencia con la
tecnología. Les corresponde a ellas formar graduados abiertos a la renovación
de sus conocimientos y disponer de una oferta de posgrados que permitan la
actualización al más alto nivel. Por otra parte, el peso relativo de ciertas
disciplinas en el conjunto de la educación superior es un elemento importante
en relación con el crecimiento económico. Diversos estudios han señalado una
correlación positiva entre la proporción de estudiantes especializados en
ciencias básicas e ingeniería y las tasas de crecimiento económico.
En tal sentido, no deja de ser un elemento preocupante que la educación
universitaria latinoamericana, pese a haberse expandido ampliamente, como se
señala en el siguiente apartado, haya consolidado un sesgo tradicionalmente
profesionalista. En el período comprendido entre 1990 y 2000 las universidades
latinoamericanas produjeron un número superior a los siete millones de
graduados. Apenas un dieciséis por ciento de ese total lo hizo en carreras de
ingeniería y tan sólo un cinco por ciento en ciencias exactas y naturales.
Llamativamente, tan sólo un tres por ciento de los graduados lo hizo en
carreras de orientación agropecuaria. Como se señala más adelante, el hecho
de que en el curso de una década se hayan graduado en las universidades
latinoamericanas menos de cuarenta mil estudiantes en las áreas de ciencias
básicas y poco más de veinte mil en las áreas vinculadas con el agro no puede
sino ser considerado como una grave amenaza a la capacidad latinoamericana
para afrontar la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo en el contexto de
la sociedad del conocimiento.
En el plano de la investigación, algunos de los cambios que más recientemente
se están produciendo en las universidades del mundo industrializado son
explicados en función del tránsito hacia un “nuevo modo de producción de
conocimiento”; esto es, un nuevo formato de investigación, con nuevos criterios
y nuevos actores. Este proceso evoluciona hacia la práctica de la investigación
transdisciplinaria, cuya característica consiste en privilegiar el problema a
resolver, como principio organizador del conocimiento.
Se suele postular que el nuevo modo de producción de conocimiento requiere a
su vez un nuevo tipo de universidad que, si bien contiene mucho de los
componentes de la anterior, presenta algunos cambios significativos; entre
ellos, un concepto más flexible de la autonomía universitaria, mayor atención a
los problemas del entorno socioeconómico y un crecimiento relativo de la
investigación aplicada y de interés industrial. Dentro de esta visión, la
universidad se transforma en un actor con mayores interacciones con el medio,
aumentando sus vínculos con agentes económicos y sociales. Este proceso,
que ha sido denominado como una “segunda revolución académica” consiste,
en síntesis, en la emergencia de una nueva misión central para el accionar
universitario: la de involucrarse en mayor medida en el desarrollo
socioeconómico.

Las instituciones de educación superior en los países de América Latina y el
Caribe han comenzado a tomar nota de este proceso y hoy es posible
identificar numerosos ejemplos exitosos de vinculación con los actores
económicos y sociales. Muchas universidades de la región gradualmente
tienden a articularse cada vez en mayor medida con las instituciones que
componen el sistema de innovación local. Cuentan para ello con el capital que
representa el hecho de que, en la mayoría de los países, el grueso de los
recursos para I+D corresponden al ámbito universitario. El 75% de los
investigadores de Brasil pertenecen a las universidades. En México, el 58% de
los investigadores trabajan en el ámbito universitario. Este valor es del 55% en
Argentina y del 69% en Chile, por dar los valores más significativos. Dado que
estos valores contrastan con los de los países industrializados, en los cuales el
grueso del personal dedicado a I+D se desempeña en las empresas, la
articulación concreta de las instituciones de educación superior de los países
de América Latina y el Caribe en los sistemas de innovación se lleva a cabo de
modo diferente, en función de cada contexto social.
Una política activa tendiente a promover y fortalecer los vínculos constituyentes
de los sistemas de innovación debe tomar en cuenta que la educación superior
constituye un "activo" esencial de las capacidades con las que cuenta cada
país para garantizar las conductas innovadoras y afrontar los desafíos del
cambio científico y tecnológico. Se requiere, por lo tanto, un alto nivel de
inversión en educación y entrenamiento, a la par que se necesita renovar las
formas y el contenido de dichas actividades.
c) Ciencia y tecnología al servicio del crecimiento y la equidad
La pobreza, la inequitativa distribución del ingreso y la exclusión social
constituyen rasgos particularmente dolorosos de la realidad de los países de
América Latina y el Caribe. Los recursos científicos y tecnológicos con los que
cuentan los países de la región no pueden sustraerse a la búsqueda de
soluciones a estos problemas. En tal sentido, la Conferencia Mundial
convocada por UNESCO en 1998 para analizar las cuestiones relativas a la
Educación Superior advirtió acerca de la paradoja de que las TICs y las
biotecnologías ofrecen grandes posibilidades a los países en desarrollo, tales
como el acceso a bases de datos, universidades virtuales, redes virtuales de
intercambio y manipulaciones genéticas capaces de mejorar la producción de
víveres y combatir enfermedades, pero estos países no son capaces de
aprovechar plenamente las ventajas en este campo. La brecha entre los países
desarrollados y no desarrollados tiende a aumentar y no a disminuir.
Por otra parte, la innovación tiene, a pesar de sus atributos que la convierten
en el centro de las políticas actuales de crecimiento económico, connotaciones
no siempre tan positivas. El propio Schumpeter la denominaba “destrucción
creadora”. Tal proceso de destrucción, bueno es recordarlo, no es un simple
enunciado teórico, sino que se produce en un contexto social traumático,
involucrando una auténtica destrucción de puestos de trabajo y capital
instalado. Como resultado de ello, muchas regiones del planeta, entre las que
se cuentan muchos de los países de América Latina y el Caribe padecen los
efectos negativos de la reconversión industrial.

En defensa del modelo económico competitivo e innovador se argumenta que,
en realidad, se produce un efecto de reemplazo de un tipo de trabajo por otro y
que, por lo tanto, los efectos negativos se neutralizan precisamente mediante la
educación. Nada indica que tal balance se produzca necesariamente ni que los
nuevos puestos de trabajo creados en el sector de servicios sean calificados ni,
mucho menos, que sean los mismos sujetos que pierden sus antiguos empleos
los que pueden adquirir idoneidad en las TICs para reciclarse. Hay, por lo tanto,
sectores sociales excluidos que asumen un alto costo derivado de la
innovación. Es difícil sostener, por otra parte, que se trata exclusivamente de
“efectos no deseados” contingentes y controlables. La innovación, tal cual
transcurre en las modernas sociedades industriales, es parte inherente del
proceso competitivo a escala global.
¿Cómo sería posible evitar la exclusión social? ¿Cómo sería posible atenuar la
brecha de riqueza entre países y grupos sociales? Las instituciones de ciencia
y tecnología tienen un importante papel que cumplir en este aspecto, buscando
estrategias alternativas para un desarrollo social y ecológicamente sustentable.
La política de ciencia, tecnología e innovación debe orientar las investigaciones
con tal propósito y estimular la efectiva aplicación de los conocimientos a la
resolución de los problemas sociales, ya que de la simple expansión del
conocimiento no se deriva necesariamente un beneficio para la sociedad. El
“impacto social” de la ciencia y la tecnología debe ser uno de los criterios
orientadores de la acción pública en esta materia.
d) Aumentar la inversión pública y privada en I+D
La inversión media de los países de América Latina y el Caribe en ciencia y
tecnología es muy baja, comparativamente con los países industrializados.
Alcanza, en promedio, al 0.54% del PBI, frente al 3.04% de Japón, el 2.67% de
los Estados Unidos y el 1.81% del PBI que invierten en promedio, los países de
la Unión Europea.
La inversión total en I+D de los países de ALC ascendió en el año 2000 a 9.368
millones de dólares. El 49% de esta suma correspondió a Brasil. El 22%
correspondió a México y el 14% a Argentina. Entre los tres invierten, por lo
tanto, el 85% de los recursos destinados a I+D en la región. A lo largo de la
década 1990-2000, la inversión de los países de ALC creció en términos
absolutos un 46% (aunque con altibajos), acompañando la tendencia mundial,
pero sin poder revertir su situación de retraso.
Con todo, la diferencia de los países de América Latina y el Caribe con los de
mayor desarrollo en este no se limita al bajo nivel relativo de inversión en
ciencia y tecnología, sino que comprende también la estructura del
financiamiento. Si se desagrega la inversión en I+D por sectores de origen de
los recursos, se observa que casi las dos terceras partes de la inversión en I+D
en los países de la región son sostenidas económicamente por el presupuesto
público y menos de un tercio por otras fuentes, entre las que predominan las
empresas (28.3%). Esto contrasta con los países industrializados, en los cuales
la mayor parte de los recursos para I+D provienen de las empresas. En los

Estados Unidos, el 68.4% de la I+D es financiada por las empresas. En
Canadá, la porción correspondiente a las empresas es del 44.7%. Este valor no
es muy distante del de Brasil (40%), pero el resto de los países de América
Latina y el Caribe presentan valores mucho más bajos.
Del cuadro de situación que ha sido descrito se deduce la necesidad de
implementar políticas que tiendan a aumentar el nivel de la inversión en ciencia
y tecnología, por lo menos hasta el 1% del PBI, dado que este valor ha sido
considerado desde hace muchos años por los organismos internacionales
como el mínimo que garantiza la existencia de un sistema de I+D en
condiciones de realizar aportaciones significativas. Además, también se deben
aplicar políticas destinadas a procurar nuevas fuentes de recursos.
Los Fondos Sectoriales de Apoyo al Desarrollo Tecnológico creados por Brasil
en el año 2000 con el propósito de asegurar un flujo permanente y estable de
recursos para la ciencia y la tecnología, canalizando para ello fondos
provenientes de las empresas con propósitos específicos, constituyen un
ejemplo de gran interés cuya posible aplicación en otros países de América
Latina y el Caribe debería ser analizada.
Últimamente se han formulado propuestas orientadas a lograr que aquellos
países que afrontan la renegociación de su deuda externa puedan crear en ese
contexto fondos fiduciarios destinados a financiar I+D con el propósito de
mejorar su competitividad productiva y proporcionar de esta manera una
garantía adicional a su capacidad de pago. Estrategias de este tipo deberían
ser también tomadas en consideración.
e) Fortalecer la cooperación internacional
La cooperación internacional es uno de los instrumentos más eficaces con los
que cuentan los países de América Latina y el Caribe para consolidar su
capacidad científica y tecnológica, mejorar la calidad de sus investigaciones,
formar recursos humanos altamente capacitados y, en términos generales,
aprovechar las oportunidades que surgen del avance de la ciencia y la
tecnología en los países industrializados, en los cuales la ciencia y la
tecnología se han convertido en elementos clave en las estrategias de
reestructuración regional.
En particular, una estrategia adecuada de cooperación internacional en ciencia
y tecnología a escala de las Américas resulta hoy imprescindible para fortalecer
la cohesión y permitir, en tal sentido, que los países de América Latina y el
Caribe se enriquezcan con la capacidad científica y tecnológica de los Estados
Unidos y Canadá. Cabe señalar, en este aspecto, que la oferta de cooperación
en ciencia, tecnología y educación superior es hoy más amplia por parte de la
Unión Europea, lo cual puede redundar, a la larga, en una mayor vinculación de
los grupos científicos, tecnológicos y académicos de los países
latinoamericanos y caribeños con sus pares europeos. El sistema
interamericano debería tomar nota de esta tendencia.

La experiencia de los países de América Latina y el Caribe muestra un sesgo
que tiende a dejar de lado la cooperación intrarregional. Esto se pone en
evidencia en los artículos de coautoría publicados en revistas internacionales
con referato y registrados en las principales bases de datos bibliométricas. Los
grupos de investigación más capaces de la región tienden a cooperar en mayor
medida con sus colegas del primer mundo, lo cual si bien se ajusta a cierta
lógica también revela un grado de desconexión con las problemáticas
regionales. Modificar esta tendencia debe ser también objeto de políticas
explícitas.
En 1997 una compulsa realizada a expertos y protagonistas latinoamericanos
examinó el problema de la cooperación internacional en ciencia y tecnología
desde la perspectiva de la región. Los entrevistados advirtieron acerca de la
necesidad de tomar en cuenta la heterogeneidad de la región, la necesidad de
cooperar para desarrollar la capacidad de I+D y fortalecer la innovación en el
sector productivo. Enfatizaron también la necesidad de fortalecer los
mecanismos de cooperación horizontal.
La heterogeneidad de los países de América Latina y el Caribe en materia de
ciencia, tecnología y educación superior es perceptible, en opinión de los
expertos, en distintos órdenes; entre otros:
• calidad y eficacia del sistema educacional en su conjunto y, en particular, de
la enseñanza universitaria de grado y posgrado;
• capacidad de I+D y conformación de una comunidad relativamente fuerte en
algunas disciplinas o áreas tecnológicas;
• aprovechamiento o apropiación, por parte de la sociedad, de la producción
local de conocimientos.
La heterogeneidad de la región es un dato de la realidad, que puede constituir
un problema para la cooperación cuando las estrategias en las que esta se
plantea no la toman suficientemente en cuenta, pero que brinda oportunidades
cuando se la procesa adecuadamente. En tal sentido, la heterogeneidad es una
buena base para ejercitar la cooperación horizontal en la región, brindando así
la posibilidad de que los países de mayor tamaño relativo sean solidarios con
los más pequeños. Algunas experiencias que han adquirido cierta resonancia,
como las redes regionales de “centros de excelencia”, pueden ser muy útiles
para utilizar el nivel alcanzado por ciertos grupos como estímulo para el
conjunto de los países, si bien es necesario garantizar que el instrumento no
inhiba el fortalecimiento de los buenos grupos de I+D en cada país.
La heterogeneidad puede también estimular la capacidad de innovación
productiva. En este aspecto, algunos entrevistados postularon la conveniencia
de poner en práctica instrumentos que estimulen la creación de vínculos
regionales entre empresas; por ejemplo, mediante el “apadrinamiento” que
empresas innovadoras exitosas pueden brindar a empresas de los países más
pequeños que experimentan dificultades para actualizar su tecnología y
formando alianzas para desarrollar actividades de investigación conjuntas,
poner a punto nuevas tecnologías y compartir el saber hacer técnico. En este
sentido, el instrumento de cooperación internacional que registró mayor grado

de acuerdo fue el estímulo a la conformación de “redes” de actores, por su
eficacia para promover procesos de innovación y desarrollo tecnológico.
f) Difundir el conocimiento científico y tecnológico
El enfoque de sistemas de innovación implica que el proceso innovador y la
utilización de los conocimientos científicos y tecnológicos en las actividades
productivas y en la resolución de problemas sociales se apoya fuertemente en
la difusión social de los conocimientos y en el nivel educativo de la población.
Pese a que desde cierta perspectiva teórica algunos economistas sostengan
que la incorporación de conocimiento tecnológico en las empresas depende
casi exclusivamente de los factores de mercado, en la práctica se registran
obstáculos a una difusión rápida y amplia de la ciencia y la tecnología en las
empresas de los países en desarrollo, provenientes del costo elevado de los
bienes de capital, la carencia de suficiente personal técnico y la falta de
experiencia en la gestión. Estos aspectos justifican de por sí la necesidad de
que la política pública de ciencia, tecnología e innovación contenga
instrumentos y acciones para difundir el conocimientos científico y tecnológico,
integrando las políticas de ciencia y tecnología con otras políticas de influencia
en la difusión y reduciendo las barreras que la obstaculizan.
Un objetivo de política para los países de América Latina y el Caribe debe ser
la difusión de una cultura científica y tecnológica que permita crear un ambiente
social favorable al aprendizaje, la creación y la aplicación de los conocimientos,
y que contribuya a valorar positivamente un estilo de cambio tecnológico
compatible con el desarrollo social y ecológicamente sustentable.
La política de difusión social de los conocimientos, como parte de las
estrategias educativas de los países de la región, debe considerar
especialmente que existan incentivos para aprender. Esto hace referencia a la
movilización social del interés por aprender y actualizar conocimientos teóricos
y prácticos. De la mano de este objetivo, la política en esta materia debe
garantizar el acceso al conocimiento relevante a partir de la existencia de
fuentes diferentes y de la eliminación de barreras diferenciales.
3.2. La toma de decisiones en política científica
Frente a la necesidad de revertir el deterioro de la capacidad científica y dar
respuesta adecuada a los nuevos desafíos es necesario analizar además cómo
funciona en los países de América Latina y el Caribe el proceso de toma de
decisiones en materia de política científica y tecnológica. Tal análisis requiere
la consideración de varios niveles que remiten, en primer lugar, a la
consideración de las instancias en las cuales las políticas de ciencia, tecnología
e innovación son formuladas. En segundo lugar, remiten a las relaciones entre
los organismos de ciencia y tecnología en orden a establecer la medida en que
los mismos configuran un sistema institucional. En tercer lugar, es necesario
considerar el grado de participación de diferentes actores sociales en la
definición de tales políticas.

En la mayor parte de América Latina y el Caribe, el conjunto de instituciones
científicas y tecnológicas se presenta como una red desarticulada. Los vínculos
entre los distintos componentes del sistema suelen ser débiles, de forma tal
que se carece de estrategias de coordinación que sirvan de orientación a los
investigadores, tecnólogos y otros actores en el ejercicio de la actividad de
producir y aplicar conocimientos.
Esto llevaría a concluir que el éxito o fracaso en materia de ciencia y tecnología
no depende sólo de las políticas del sector, sino de la existencia de un marco
de políticas públicas coherentes. Amílcar Herrera, un alto exponente del
pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología, apuntaba a este
problema con su distinción entre las “políticas explícitas” y las “políticas
implícitas”.
¿Cómo enfrentar un escenario poblado de tantas dimensiones cambiantes? A
falta de un modelo de desarrollo capaz de unificar expectativas, el estado de
ánimo de quienes analizan alternativas viables de política científica y
tecnológica en América Latina y el Caribe se caracteriza por el desconcierto.
Por otra parte, la escena está poblada por actores con culturas, intereses y
conductas encontradas. Este proceso de decantación da lugar a ciertos estilos
de política científica en los que predominan diferentes culturas, a las que se
podría caracterizar como “científica tradicional”, “económica” y “eficientista”.
Así, es posible reconocer en el escenario de los países de América Latina y el
Caribe la vigencia de un enfoque de política propio de la “cultura científica
tradicional” que defiende la necesidad de asignar recursos al fortalecimiento de
la investigación básica, siguiendo casi exclusivamente criterios de calidad. Este
enfoque fue predominante en todo el mundo a partir de la inmediata posguerra
y es conocido como el “modelo lineal”, según el cual la difusión social de la
ciencia responde a un gradiente que transcurre desde la investigación básica
hacia el desarrollo tecnológico. Este modelo es sostenido en forma amplia por
la comunidad científica, sobre todo en el ámbito de las ciencias exactas y
naturales, pero no encuentra suficiente apoyo en otros actores sociales.
Un enfoque alternativo que tiene también cierta fuerza en muchos de los países
de la región denota la influencia de una “cultura económica” y está centrado en
la política de estímulo a la innovación. Este enfoque se basa en las teorías
acerca de los “sistemas de innovación” y la política que propone se orienta a
fortalecer los vínculos entre las instituciones que integran la red sistémica. Esta
política suele ser presentada como complementaria a la que se propone desde
la cultura científica, pero en la práctica es percibida como alternativa. Algunos
autores señalan que esta visión reemplaza el ethos de la ciencia, de libre
búsqueda de la verdad, por una dinámica competitiva y centrada en los
productos prácticos del conocimiento. En la práctica, esta posición registra dos
debilidades: una de ellas deriva de la escasa demanda de conocimientos por
parte de los productores, lo que convierte a los sistemas de innovación más en
un postulado teórico que en una realidad. Otra de sus debilidades es inherente
al reduccionismo del enfoque, ya que pretende abarcar la totalidad del proceso

creativo de conocimiento científico desde la óptica innovadora. Por este motivo,
la comunidad científica suele rechazar su aspecto “economicista”.
Un tercer enfoque ha surgido de cierta “cultura eficientista” que supone ser
capaz de alcanzar la mayor racionalidad en la articulación de los fines y los
medios. La visión propia de este enfoque ha conquistado espacio entre quienes
inciden en el rumbo de las políticas vinculadas con el proceso social del
conocimiento. Desde una perspectiva modernizadora, este enfoque tiende a
menospreciar la utilidad de la I+D realizada localmente y, en general, de los
esfuerzos orientados a lograr una capacidad científica y tecnológica propia. Se
basa en la suposición de que las tendencias globales habrían de producir
necesariamente una nueva distribución internacional del trabajo y del saber
que, por necesaria, debe ser aceptada, en la que sólo habría espacio para la
aplicación de conocimientos generados en los países más avanzados.
La existencia de los tres enfoques y culturas reseñadas es un dato fáctico que
surge de observar la conducta de los actores de la política científica y
tecnológica en los países de la región. Ninguna de las tres alternativas cuenta
con suficiente consenso; por ello hoy no es posible eludir la búsqueda de un
nuevo enfoque que oriente las políticas de ciencia, tecnología e innovación.
Este enfoque debe ser abierto, flexible y transdisciplinario, tal como lo es el
nuevo modo de producción de conocimiento científico. Una política científica y
tecnológica de este tipo tomaría elementos de los enfoques anteriormente
expuestos, pero los adaptaría a las condiciones del nuevo contexto. De ellos
debe rescatar, al menos, el respeto por el ethos de la ciencia, propio de la
cultura científica tradicional, el fortalecimiento de los vínculos entre los actores
y el estímulo a la demanda de conocimientos, tal como se propone desde la
cultura económica, y el reconocimiento de las nuevas oportunidades que
surgen del contexto de la “sociedad de la información”, coincidiendo en este
punto con los señalamientos de la cultura eficientista.
Formular una política científica, tecnológica y de innovación en la época actual
es una tarea para la que se carece de las certidumbres de antaño, en tanto no
se cuenta ya con el marco general de una “teoría del desarrollo” y ni siquiera
con sistemas institucionales seguros y predeterminados. Sin embargo, no se
carece de ciertas evidencias como, por ejemplo, la de que los países de la
región deben fortalecer su capacidad en ciencia y tecnología para mantener
opciones de futuro, así como que tal capacidad no sería sustentable si se
pretendiera cercenar de ella la aptitud para investigar y producir conocimiento
localmente. Tal certidumbre opera como una brújula gracias a la cual es posible
evaluar las fortalezas y las debilidades en materia de ciencia y tecnología, con
el fin de diseñar estrategias que sirvan para sortear amenazas y aprovechar al
máximo las oportunidades disponibles.

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