El documento describe un programa educativo destinado a desarrollar habilidades de los estudiantes en la práctica del derecho, con un enfoque en la resolución de conflictos y la elaboración de normas. Se enfatiza la importancia de integrar teoría y práctica en la educación legal, así como el papel del abogado como investigador y mediador. También se mencionan las competencias necesarias y se propone un currículo ajustado a las demandas del mercado laboral y las transformaciones sociales.