Violencia contra la mujer

Ley No 348 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida
Libre de Violencia
ANALISIS DE LA NORMATIVA
Dr. Jose Romero Frías

LA LEY
• Como señala la Defensoría del Pueblo la promulgación de la Ley
Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida libre de Violencia N°
348, es un logro de todas las organizaciones, instituciones y
movimientos de mujeres que durante mas de seis años trabajaron la
propuesta para conseguir que el Estado diera este paso tan
importante y, pese a que en las últimas etapas sufrió algunas
modificaciones de fondo y de forma, quienes están involucrados
consideran que mantiene los principios sustanciales con los que fue
concebida.
• Su aprobación y promulgación fueron pasos decisivos para combatir
la violencia machista y patriarcal. No obstante, resta un largo
camino por recorrer para avanzar en la construcción de un Estado
que garantice más justicia, igualdad y respeto a las mujeres.
• el éxito en la aplicación de la Ley tiene que ver con la
implementación progresiva y permanente de una verdadera cultura
de despatriarcalización que incluya la vigilancia y denuncia
permanente del ejercicio de cualquier acción de violencia física,
sicológica, sexual, verbal e incluso simbólica contra las mujeres

LA LEY
Según el observatorio de Genero de la coordinadora de la mujer, la ley define la erradicación de
la violencia como un tema de prioridad nacional y como un problema de salud pública, desde un
enfoque de prevención, protección de las mujeres en situación de violencia y la sanción de los
agresores.
Reconoce 16 formas de violencia, pasando su tratamiento al ámbito penal, a través de la
simplificación de algunos aspectos del procedimiento penal.
Se establecen nuevos tipos penales: el feminicidio, acoso sexual, violencia familiar o doméstica,
esterilización forzada, incumplimiento de deberes, padecimientos sexuales, actos sexuales
abusivos. Y se incorpora como delitos contra la mujer la violencia económica, violencia
patrimonial y sustracción de utilidades de actividades económicas familiares.
Señala que los delitos de violencia contra las mujeres se convierten en delitos de acción pública,
lo que significa que la investigación de estos hechos, se efectuará de oficio por el Ministerio
Público en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia – FELC-V. Establece
que en casos de feminicidio no se puede utilizar la figura de homicidio por emoción violenta,
figura penal que hacía referencia a razones de “honorabilidad”, por la cual los agresores se
acogían a esta figura, para lograr sanciones entre 2 y 6 años. El cambio incluye la eliminación de
razones de honorabilidad y el incremento de la pena a entre 2 y 8 años.
Plantea un conjunto de medidas de prevención en diferentes niveles y ámbitos, que pretenden
contribuir a modificar los comportamientos violentos, tanto individuales como colectivos y
estructurales, que toleran, naturalizan y reproducen la violencia, priorizando medidas de
prevención en los ámbitos familiar, comunitario, educativo, de salud, laboral y comunicacional,
estableciendo tareas de cumplimiento obligatorio.

LA LEY
• Contempla la adopción de medidas inmediatas de protección para salvaguardar la
vida, integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y
laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes de
parte de las autoridades competentes y garantizar su protección en tanto dura la
investigación.
• Señala, que los servidores/as públicos que tengan contacto directo con la mujer
en situación de violencia debe aplicar el principio fundamental de trato digno,
evitando su Re victimización.
• Se debe fortalecer los servicios existentes, como los Servicios Legales Integrales
Municipales, Defensorías de la Niñez y Adolescencia, a través de la asignación de
presupuesto, infraestructura y personal suficiente.
• Se crean, nuevas instancias de atención para las mujeres en situación de
violencia en los diferentes niveles autonómicos del Estado. Las universidades
públicas deben crear los Servicios de Atención Integral coordinando y articulando
con los Servicios Legales Integrales Municipales.
• Se establece la creación de Casas Comunitarias de la Mujer en el área rural con
apoyo de los gobiernos autónomos municipales. Adicionalmente prevé la creación
de servicios de rehabilitación de los agresores.
• Los gobiernos departamentales tienen la obligación de crear, sostener, equipar y
mantener las Casas de Acogida y Refugio Temporal para Mujeres en Situación de
Violencia.

LA LEY
• Se determina la creación de la Fuerza de Lucha contra la Violencia, incluida en la
estructura de la Policía Boliviana, jerarquizando la instancia policial de atención a
delitos de violencia contra las mujeres encargada de tareas de prevención, auxilio e
investigación, identificación y aprehensión de los responsables de hechos de
violencia hacia las mujeres y la familia. Desarrollará plataformas de atención y
recepción de denuncias, crearán unidades móviles especializadas para acudir a las
mujeres en situación de violencia.
• El Ministerio de Justicia es la entidad responsable de coordinar la realización de
políticas integrales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia
hacia las mujeres. Tiene a su cargo el Sistema Integral Plurinacional de Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género – SIPPASE.
• El Ministerio de Justicia creará Servicios Integrados de Justicia Plurinacional, que
tiene obligatoriedad de atender a mujeres en situación de violencia al igual que el
Servicio Plurinacional de Defensa a las Víctimas.
• Los/as servidores/as públicos de las instancias públicas de atención a mujeres en
situación de violencia deberán ser formadas y sensibilizadas sobre los derechos de
las mujeres y en la temática de la violencia contra las mujeres.

LA LEY
• El Consejo de la Magistratura deberá implementar gradual y
progresivamente los Juzgados contra la Violencia contra las Mujeres,
incluyendo en la currícula de la Escuela de Jueces del Estado, cursos de
especialización en materias de género, derechos humanos y violencia.
• Se crean instancias especializadas para el tratamiento de la
investigación de las situaciones de violencia hacia las mujeres en el
Ministerio Público, Fiscalías Especializadas y en el Instituto de
Investigación Forense, creará una dirección especializada en casos de
violencia contra las mujeres.
• Se establece la prohibición de la conciliación, precautelando la vida y la
integridad sexual de las mujeres, sancionando a los funcionarios/as que la
promovieran, aunque excepcionalmente podrá ser promovida por una
única vez por la victima, no siendo posible en caso de reincidencia.
• Se establece que por niveles de competencia y funciones asignadas a
las diferentes instituciones publicas involucradas para la implementación
de la Ley, deben realizar los ajustes necesarios a sus presupuestos
institucionales desde la gestión 2013 y que el Tesoro General debe asignar
recursos necesarios y suficientes a las entidades del nivel central.

Desafíos ante la aprobación de la Ley…
• LA GARANTÍA DE IMPLEMENTACIÓN
• Si bien la Ley plantea en diferentes artículos la necesidad de asignación
de los recursos necesarios para su implementación, no define fuentes,
montos o porcentajes, ni plazos para su cumplimiento, por lo que se
requiere garantizar mecanismos de obligatoriedad en la asignación de
recursos para cada una de las instancias establecidas en la ley. El único
caso en que se identifica la fuente de recursos es el funcionamiento de la
Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, para cuyo funcionamiento se
usarán los recursos de la Ley de Seguridad Ciudadana (IDH).
• Si bien se ha definido que es el Ministerio de Justicia el ente rector, se
requiere contar con una instancia del más alto nivel jerárquico, que pueda
trabajar de manera directa con todos los niveles de decisión requeridos
para garantizar la implementación de la Ley y el diseño e implementación
de las políticas públicas requeridas, que a su vez cuente con los recursos
humanos y técnicos, y con asignación presupuestaria suficiente para
garantizar su funcionamiento y el alcance de sus responsabilidades y
lograr una efectiva trasformación de las situaciones de inequidad,
subordinación y opresión que viven las mujeres, que se expresan también
en la violencia.

LA GARANTÍA DE IMPLEMENTACIÓN
• La inclusión de la prohibición de la conciliación en la Ley de Órgano Judicial fue un gran
logro para las organizaciones de mujeres que impulsaron la propuesta, sin embargo, la
figura de la conciliación, por una única vez a solitud de la victima, fue incluida en la Ley, lo
que requiere que Ministerio Público y las instancias de atención definidas establezcan los
mecanismos requeridos y efectivos para garantizar la protección de la vida de las mujeres,
impidiendo riesgos sobre su vida o nuevas situaciones de violencia.
• Se requiere contar con mecanismos de seguimiento que garanticen que las
competencias definidas en la Ley sean implementadas de manera inmediata por los
diferentes niveles e instancias, asegurando la obligatoriedad de las transformaciones
institucionales necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
• La Difusión de la Ley en los espacios territoriales y organizativos en el país y a través de
los diferentes medios de comunicación, se constituye en una tarea inmediata para que las
organizaciones y en particular las mujeres conozcan su contenido y demanden su
cumplimiento.
• Las diferentes instituciones y organizaciones de mujeres emprenderemos una vigilancia
permanente para garantizar la efectiva e inmediata implementación de la Ley a través
acciones de exigibilidad e incidencia política tanto hacia las instancias nacionales como a las
entidades territoriales autónomas.

Sobre las Disposiciones Generales
• La Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre
de violencia, considera como objeto:
• Establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de
prevención, atención, protección y reparación a las mujeres
en situación de violencia, así como la persecución y sanción
a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una
vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir
bien (Art. 2).
• Reconoce que la erradicación de la violencia hacia las
mujeres es prioridad nacional y que los órganos de estado,
instituciones públicas y entidades territoriales autónomas
adoptarán las políticas necesarias, asignando los recursos
económicos y humanos suficientes con carácter obligatorio
(Art. 3).

Sobre las Disposiciones Generales
• Incluye entre sus principios los de vivir bien, igualdad, inclusión, trato digno,
equidad de género y despatriarcalización [1] entre otros. (Art. 4).
• Para efectos de la aplicación de la Ley, se adoptan las definiciones de violencia,
presupuestos sensibles a género, integridad sexual, entre otras (Art. 6).
• Reconoce y define diversos tipos de violencia hacia las mujeres entre las que se
encuentran la violencia feminicida como “la acción de extrema violencia que viola
el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de
serlo”. Adicionalmente, incorpora diferentes tipos de violencia contra las mujeres:
física, psicológica, mediática, sexual, simbólica, contra la dignidad, contra los
derechos reproductivos, en Servicios de Salud, Patrimonial y Económica, laboral,
en el Sistema Educativo Plurinacional, en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la
Mujer, Institucional, en la Familia, y/o cualquier otra forma de violencia que dañe
la dignidad, integridad, libertad o que viole los derechos de las mujeres (Art. 7).

Sobre políticas públicas e institucionalidad
• - Para aplicación de la Ley, los Órganos del Estado, las Entidades Territoriales
Autónomas e instituciones públicas deberán: implementar y supervisar
protocolos de atención especializada en las diferentes instancias de atención;
crear, fortalecer y sostener servicios de atención y protección para mujeres en
situación de violencia, servicios de atención y reeducación especializada para los
agresores e incorporar en sus estrategias, planificación operativa anual y
presupuestaria, las acciones y los recursos suficientes (Arts. 9 y 10).
• - Se creael Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y
Erradicación de la Violencia en razón de Género – SIPPASE, que reorganiza todo el
sistema de atención integral a las mujeres en situación de violencia y la
información de los servicios públicos y privados, que se inscribirá en un registro
único sobre la violencia en razón de género. (Art. 11).
•

Sobre políticas públicas e institucionalidad
• Las entidades públicas o que presten servicios, deben desarrollar
programas de formación específica relativos a la cultura contra la
violencia y discriminación y equidad de género; para el personal,
sin excepción y con carácter obligatorio (Art. 12).
• Son requisitos para acceder a cargos públicos, no contar con
antecedentes de violencia ejercida contra una mujer o familiar
(Art. 13, I) y tener formación o experiencia probada en materia
de género y/o derechos de las mujeres.
• Establece nuevos programas de políticas sectoriales para
implementación de la Ley (Art. 14).
• Las organizaciones sociales y de mujeres de la sociedad civil
participarán en el diseño, evaluación y gestión de las políticas
públicas en esta materia y ejercerán control social (Art. 15).

Sobre la prevención
• La Ley establece un conjunto de medidas de prevención en diferentes niveles y ámbitos:
• El Estado y las Entidades Territoriales Autónomas adoptarán las medidas de prevención
estructural, individual y colectiva, con prioridad a los ámbitos familiar, comunitario,
educativo, de la salud, laboral y comunicacional. Las autoridades indígena originario
campesinas y afrobolivianas adoptarán en las comunidades en las que ejercen sus
funciones, medidas de prevención para evitar todo acto de violencia hacia las mujeres (Arts.
17 y 18).
• En el ámbito educativo: el Ministerio de Educación tiene la obligación de: Incorporar
estrategias y programas de prevención e intervención integral contra la violencia hacia las
mujeres; Incorporar el enfoque de género, los principios de esta Ley, el respeto pleno a los
derechos humanos en la currícula educativa en todos los niveles; Crear en las unidades
educativas un centro de atención psicológica, con especialidad obligatoria en violencia;
Formular y ejecutar una política de prevención del acoso sexual en el sistema educativo;
Elaborar reglamentos y un protocolo único para el tratamiento de denuncias de todas las
formas de violencia escolar y acoso sexual, mecanismos de protección y atención
especializada a víctimas; Prohibir materiales educativos con contenidos violentos o
discriminatorios hacia las mujeres y promover la difusión de material con enfoque de
equidad de género e igualdad de derechos.
• Se deberá garantizar el traspaso inmediato a las unidades educativas que correspondan, de
hijas/os de mujeres en situación de violencia, si se produce un cambio de domicilio.

En el ámbito de salud
• El Ministerio de Salud y Deportes tiene la responsabilidad de: Incorporar estrategias y
programas de promoción, prevención e intervención integral en el marco de la Política de
Salud; garantizar implementación del protocolo único de detección, atención y referencia
de la violencia y sus efectos, incluyendo todas las formas de violencia física; Ejecutar
planes de capacitación sobre prevención y tratamiento integral a mujeres que sufren
violencia; al personal servicios de salud públicos; Garantizar que el Sistema de Salud
Público, seguro social responda con atención de emergencia, tratamiento inmediato para
el restablecimiento de la salud física y emocional de las mujeres que se encuentran en
situación de riesgo y/o violencia; Implementar mecanismos para la detección y reporte
de potenciales casos de violencia que pudieran sufrir mujeres que recurran a los servicios
de salud; Referir o derivar a las mujeres en situación de violencia o riesgo inminente a los
servicios especializados de atención y de protección; difundir información actualizada
sobre los derechos sexuales y derechos reproductivos y de todas las formas de violencia
sexual; Adoptar normas, políticas y programas dirigidos a prevenir y sancionar la
violencia en servicios de salud; Promover la investigación científica para la adopción de
exámenes y tratamientos médicos menos invasivos, dolorosos o agresivos.

En el ámbito de salud
• El personal médico del Sistema de Salud Público, seguro social a
corto plazo y servicios privados, deberán extender de oficio, de
forma obligatoria, gratuita, un certificado médico a mujeres que
requieran atención por daño físico o sexual emergente de actos de
violencia, debiendo derivarse a las instancias competentes para la
respectiva valoración de daño psicológico. El médico forense con
carácter prioritario deberá homologar los certificados médicos
extendidos en casos de violencia contra las mujeres y establecer el
grado de impedimento (Art. 20, num. 9)
• Los servicios de salud de todos los niveles, públicos y servicios
privados, tienen obligación de atender, a toda mujer que solicite
atención médica y psicológica,
• El personal del sistema educativo y de los servicios de salud tienen
obligación de reportar situaciones de violencia que hubieran
detectado. Bajo responsabilidad. (Art. 19).

En el ámbito laboral
• El Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social debe adoptar: Mecanismos legales y
administrativos, y políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos laborales de las
mujeres y el acceso al trabajo digno, libre de cualquier forma de discriminación y violencia, por su
género, estado civil, embarazo, situación de violencia, edad, condiciones físicas, número de hijas/os
o cualquier otro aspecto que implique discriminación; política de formación permanente y
sensibilización al personal de conciliación e inspección del trabajo, para la adecuada atención de
denuncias presentadas por mujeres, sobre todo si se encuentran en situación de violencia; En
coordinación con el Ministerio de Salud y Deportes, una política para la atención médica y
psicológica especializada, gratuita en el régimen de seguridad social a toda mujer que hubiera sido
sometida a cualquier forma de violencia en el ámbito laboral; priorizar el acceso, permanencia y
ascensos de las mujeres en situación de violencia a un empleo digno; sistema de flexibilidad y
tolerancia en los centros de trabajo para mujeres que se encuentren en situación de violencia,
garantizando sus derechos laborales, a sola presentación de la resolución de alguna medida de
protección; normas que permitan compatibilizar la vida laboral y familiar.
• El Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social deberá adoptar procedimientos para denuncia,
investigación, atención, procesamiento y sanción del acoso sexual o acoso laboral.

En el ámbito de comunicación
• Se contempla el diseño e implementación de una estrategia nacional
de comunicación y obligaciones específicas de los medios para
difundir informaciones y mensajes relativos a la violencia contra las
mujeres, precautelando la defensa de su autonomía, dignidad y
derechos y restringiendo toda exposición gráfica que constituya
humillación, exposición pública y/o degradante de las mujeres en
situación de violencia (Arts. 22 y 23).

Sobre la Atención a Mujeres en Situación de Violencia
• Se establece la creación en las universidades públicas de los Servicios de Atención
Integral (Art. 25), organizados, coordinados y fortalecidos por los municipios, para
apoyar el trabajo Articulado con los Servicios Legales Integrales Municipales y las
Casas de Acogida y Refugio Temporal.
• Las Entidades Territoriales Autónomas tienen obligación de crear, sostener, equipar
y mantener Casas de Acogida y Refugio Temporal para Mujeres en situación de
Violencia (Art. 25 y Art. 26) Deben garantizar su hospedaje y alimentación, facilitar
su acceso a la educación, capacitación laboral, coordinar su atención con el sistema
de salud, brindar atención interdisciplinaria, informar sobre procedimientos legales
y contactarlas con instituciones que las apoyen jurídicamente de forma gratuita.
• También se prevé la constitución de redes de Promotoras Comunitarias, con la
participación de mujeres que habiendo superado la situación de violencia, puedan
apoyar a otras mujeres en dicha situación (Art. 29)
• Se señala la creación de Casas Comunitarias de la Mujer en el área rural, con el
apoyo de los Gobiernos Autónomos Municipales (Art. 30)
• Se contempla la creación de servicios de rehabilitación de agresores (Art. 31) por
orden de la autoridad jurisdiccional, sin que esto sustituya la sanción impuesta por
los hechos de violencia.

Sobre las Medidas de Protección a Mujeres en Situación de Violencia
La Ley contempla la adopción de medidas inmediatas de protección para
salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, derechos
patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de
violencia y los de sus dependientes y garantizar su protección en tanto dura
la investigación.
Se establece que los procedimientos judiciales o administrativos deben
desarrollarse evitando la revictimización. (Art. 33)
Entre las medidas de protección: ordenar la salida del agresor, ordenar
terapias psicológicas para el agresor, la protección sobre el patrimonio o
bienes gananciales, la disposición de asistencia familiar, la prohibición de
acercamiento o comunicación por parte del agresor, la restitución al domicilio
cuando haya garantías, prohibición de amenazas, suspensión temporal del
régimen de visitas a hijas e hijos, disposición de tolerancia en el trabajo de la
mujer, precautelando sus derechos laborales y salariales, la anotación
preventiva de bienes y congelamiento de cuentas con miras a la asistencia
familiar.

Sobre las Medidas de Protección a Mujeres
en Situación de Violencia
• En los casos de feminicidio, si hubiera hijas e hijos que quedaran huérfanos,
serán puestos bajo custodia de un familiar por vía materna, con el
acompañamiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en tanto se
define su guarda legal.
• El Ministerio de Justicia, como Ente Rector, podrá declarar la “alerta contra la
violencia” en un área o sector determinado cuando se registre un alto índice de
delitos de violencia en una zona. (Art. 37) para desarrollar acciones de
prevención, atención y protección hasta que las causas que la provocaron se
hubieran solucionado, hasta un plazo de un año. (Art.39 y Art.40)
• En casos de comunidades indígena originario campesinas, las medidas de
atención y protección a las mujeres, deben ser tomadas por sus autoridades en
el marco de sus normas y procedimientos propios, pudiendo derivar casos a las
Casas Comunitarias (Art. 41). Todos los casos de violencia sexual, feminicidio y
delitos similares deben ser derivados a la justicia ordinaria. Los casos que se
traten en esta jurisdicción deben ser reportados también para su registro en el
Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación
de la Violencia en razón de Género – SIPPASE.

Sobre la Persecución y Sanción de la Violencia
hacia las Mujeres
• Las denuncias pueden presentarse por la víctima o por cualquier otra
persona que conozca el delito ante la Policía o ante el Ministerio
Público, pudiendo ser promovida por los Servicios Legales Integrales
Municipales, Defensorías de la Niñez y Adolescencia, Servicios
Integrados de Justicia Plurinacional, Servicio Plurinacional de Defensa
de la Víctima. (Art. 42)

Garantías para las mujeres en situación de
violencia
• - Entre las garantías previstas por la Ley están: acceso gratuito a
la justicia, acceso a servicios de protección inmediata y especializada,
orientación y asistencia jurídica gratuita y especializada, apoyo
multidisciplinario, acceso a información clara sobre el proceso judicial
y actuaciones judiciales, protección contra la revictimización, atención
física y psicológica, tratamiento profiláctico contra infecciones de
transmisión sexual y el VIH/Sida y anticoncepción de emergencia (Art.
43, 44 y 45).

Sobre la conciliación:
• Se prohíbe la conciliación en cualquier hecho de violencia
contra las mujeres si es que está en riesgo su vida o su
integridad sexual. Se establece que ninguna institución que
recibe denuncias ni su personal pueden promover la
conciliación o la firma de un acuerdo; si lo hacen pueden ser
sancionados. (Art.46) Si ha existido presión a la víctima para
conciliar, éste acuerdo no será reconocido.
• Se establece que de forma excepcional, si la víctima de
forma personal y sin presión lo quiere, se podrá conciliar una
sola vez (no en casos en que haya riesgo de vida o integridad
sexual).
• No se puede conciliar en casos de reincidencia.

Otros servicios de atención
• Se establece la creación progresiva de los Servicios Integrados de Justicia
Plurinacional por el Ministerio de Justicia en todo el país, que igual que el
Servicio Plurinacional de Defensa a las Víctimas deben recibir denuncias y
brindar patrocinio legal gratuito a las mujeres víctimas de violencia. (Art. 48 y
Art. 49)
• Se establece que los Gobiernos Autónomos Municipales deben crear o
fortalecer los Servicios Legales Integrales Municipales, asignarles presupuesto,
infraestructura y personal suficiente. Los SLIMS deben, entre otras
responsabilidades, prestar apoyo psicológico, social y legal gratuito, de forma
especializada, intervenir de forma inmediata en hechos de violencia hacia las
mujeres, solicitar medidas de protección inmediata a las mujeres, en
coordinación con las Casas de Acogida, instituciones de apoyo y de atención en
salud, derivar los casos al Ministerio Público, además de elaborar informes
médicos, psicológicos, sociales y legales. Adicionalmente deben realizar cuanta
acción sea necesaria para la defensa y protección de las mujeres en situación
de violencia. (Art.50)

Sobre la Investigación de los casos de violencia
• Se crea la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia FELC-V
(Art. 53), entidad policial encargada de la prevención, auxilio e
investigación, identificación y aprehensión de los presuntos
responsables de hechos de violencia hacia las mujeres y la familia,
bajo la dirección funcional del Ministerio Público, en coordinación
con entidades públicas y privadas.
• Esta fuerza contará con plataformas de atención y recepción de
denuncias, que es la que tiene la responsabilidad de atender en
primera instancia a la víctima y conducirla a los servicios de salud,
promoviendo su atención inmediata. Esta instancia debe
acompañar y asistir a la víctima en lo que necesite y asegurarse
de su protección durante las primeras 72 horas (Art.54)

Unidades móviles
• Se crearán Unidades Móviles contra la violencia para acudir a los lugares donde se den
hechos de violencia, prioritariamente del área rural y coordinarán su trabajo con la
Fiscalía. (Art. 55)
• La FELC-V tendrá personal en las Estaciones Policiales Integrales. (Art.56) y contará con
personal especializado y multidisciplinario, infraestructura y equipamiento, en el marco
de los recursos establecidos por la Ley de Seguridad Ciudadana. (Art. 60)
• Se garantizará la permanencia de las y los investigadores especiales, conforme al Artículo
80 de la Ley del Ministerio Público.
• El trabajo de la FELC-V debe estar de acuerdo con protocolos de atención especializados,
debiendo garantizar el respecto a la dignidad de la víctima, evitar cualquier contacto,
careo o cualquier tipo de proximidad de la mujer con su agresor, evitar cualquier situación
de revictimización, bajo responsabilidad funcionaria.
• Ningún/a funcionaria o funcionario policial puede negar la ayuda a mujeres en situación
de violencia, aunque no forme parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia.
(Art. 58)

Sobre la persecución penal
• Las/os Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos
de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar medidas necesarias
para garantizar a las víctimas máxima protección y seguridad y
adicionalmente:
• Recolectar las pruebas necesarias sin someter a la mujer a pruebas
innecesarias.
• Dirigir la investigación de las instancias policiales, definiendo
protocolos comunes de actuación y preservando las pruebas y lograr
un registro y seguimiento de causas hasta su conclusión, generando
estadísticas a nivel municipal, departamental y nacional.
• Solicitar la asignación de patrocinio legal estatal a la mujer en situación
de violencia carente de recursos económicos.
• Se crean los fiscales de materia móviles especializados contra la
violencia hacia las mujeres que deberán desplazarse en el área rural de
forma regular y permanente (Art. 62).

Sobre la persecución penal
• Las y los Fiscales de Materia contra la violencia hacia las mujeres contarán con personal de apoyo
especializado, para proporcionar una atención eficaz y adecuada. En cada Departamento el
Ministerio Público contará con al menos un equipo de asesoras/es especializados para la
investigación (Art. 63).
• Se designarán médicos forenses con especialidad en violencia de género y los informes que
emitan, deberán ser expeditos y evitar en lo posible revisiones médicas reiteradas e innecesarias.
• Para establecer el estado físico de la mujer que hubiera sufrido una agresión física o sexual,
cualquier profesional de salud que preste servicios en instituciones públicas o privadas acreditadas
deberá extender un certificado médico. que servirá como indicio respecto a los delitos, una vez
homologado, adquirirá valor probatorio. El certificado deberá ser homologado por experto/a
forense, quien deberá entrevistar al o la profesional que extendió el certificado, y solamente en
caso de que exista necesidad fundada e ineludible, podrá practicar otro examen médico a la mujer.
(Art. 65)
• Se creará una dirección especializada en casos de violencia contra las mujeres dentro el Instituto de
Investigaciones Forenses (Art. 67)

Sobre los Juzgados de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres
• El Artículo 68 modifica la Ley N° 025 del Órgano Judicial, que
creó los Juzgados de violencia intrafamiliar o doméstica y en el
ámbito público, pero manteniendo la apelación ante los
Tribunales Departamentales en materia familiar. Considerando
que todas las formas de violencia hacia las mujeres constituye
un delito, no se podían implementar estos juzgados en materia
de familia, por tanto se los convierte en juzgados contra la
violencia hacia las mujeres en materia penal, de instrucción, de
sentencia y tribunales de sentencia, cuya apelación se tramite
ante las Salas de materia Penal de los Tribunales
Departamentales.
• Para ser juez/a y funcionarios o funcionarias de estos juzgados,
especialidad en materia penal y género o derechos humanos
(Art. 69).

Sobre los Juzgados de Materia contra la Violencia hacia las Mujeres
• Los Juzgados y Tribunales Públicos de Materia contra la Violencia
hacia las Mujeres, contarán con un equipo interdisciplinario de las
áreas social y psicológica especializados en derechos humanos y
de las mujeres o con experiencia laboral en la atención de
violencia, emitiendo peritajes técnicos de carácter integral (Art.
71)
• Se prevé la aplicación de sanciones alternativas, entre otros casos,
cuando la pena no sea mayor a tres años o para proteger a la
mujer, hijos e hijas o el núcleo familiar en situación de violencia
(Art. 76)
• Se contempla la imposición de multa como sanción alternativa o
accesoria, que no sustituye la reparación a la mujer por el daño
causado como efecto de la violencia. Las multas serán destinadas
a los Servicios de Atención Integral a cargo de los Gobiernos
Autónomos Municipales, quienes constituirán un fondo, debiendo
asignar los recursos con carácter preferente a las casas de acogida
o refugio temporal y costo por servicios de salud (Art. 77).
•

Sobre los Juzgados de Materia contra la Violencia
hacia las Mujeres
• La autoridad judicial podrá aplicar un plan de conducta al condenado
cuando le sean aplicadas sanciones alternativas que impliquen su
libertad total o parcial, en virtud del cual deberá cumplir con
instrucciones. Entre las instrucciones que se pueden imponer están:
Prohibición de portar cualquier tipo de arma; abstenerse de asistir a
lenocinios y de consumir drogas o alcohol; incorporarse a programas
para modificar comportamientos; asistir a un centro educativo o
aprender un oficio (Art. 82).

Sobre los Delitos de Violencia contra las Mujeres
• La Ley modifica algunos tipos penales relacionados con la
violencia contra las mujeres (Art. 83): 246 (substracción de un
menor o incapaz), 254 (homicidio por emoción violenta), 256
(homicidio-suicidio), 267 bis (aborto forzado), 270 (lesiones
gravísimas), 271 (lesiones graves y leves), 272 (agravante),
308 (violación), 308 bis (violación de infante, niña, niño o
adolescente), 310 (agravante), 312 (abuso sexual) y 313
(rapto).
• En el delito SUBSTRACCIÓN DE UN MENOR O INCAPAZ se
sancionará penalmente al padre o madre que utilice a los
hijos/as para obligar al otro cónyuge a hacer o no hacer algo.
• Bastará que una mujer en situación de violencia tuviera una
relación sentimental o la haya tenido con su agresor para
calificar como feminicidio y no homicidio por emoción
violenta.

• Se sancionará penalmente a los agresores hubieran producido el
suicidio de una mujer como consecuencia de una situación de
violencia.
• Se sancionará penalmente a quien empleando violencia de
cualquier tipo (física, psicológica o sexual) haga que una mujer
aborte.
• Se incrementó la pena en los delitos de Lesiones Gravísimas,
considerándose también dentro de este tipo penal no sólo las
marcas indelebles o deformación permanente en el rostro sino
también en cualquier parte del cuerpo.
• Se considerará como LESIONES GRAVES Y LEVES al “daño físico o
psicológico” que deje en incapacidad de quince (15) hasta
noventa (90) días. Y se sancionara con trabajos comunitarios de 1
a 3 años a los que lesionen física o psicológicamente con un
impedimento de 0 HASTA 14 días.

• En el delito de VIOLACIÓN se incluyeron elementos como: actos
sexuales no consentidos con acceso carnal, ya sea por penetración
del miembro viril, cualquier otra parte del cuerpo, u objetos, por
vía vaginal, anal u oral, con fines libidinosos. Además se incluye la
no existencia de violencia física o intimidación, aprovechando de la
enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la
víctima o que estuviera incapacitada por cualquier otra causa para
resistir.
• Elementos que no estaban descritos en la norma penal actual.
• En delitos de VIOLACIÓN DE INFANTE, NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE
se sancionará también a los adolescentes que hayan violado
aunque no se haya cometido con violencia o intimidación.
• Se incluyeron más AGRAVANTES a delitos de violencia.
• Se cambia el denominativo abuso deshonesto por ABUSO SEXUAL,
y se incrementó la privación de libertad.

Sobre la incorporación de nuevos tipos penales
• La Ley, incorporó al Código Penal el delito de FEMINICIDIO (Art. 84), “ARTÍCULO 252
bis.”, que sanciona con 30 años de prisión sin derecho a indulto a quien mate a una
mujer, estableciendo 9 causales:
• El autor sea o haya sido cónyuge o conviviente de la víctima, esté o haya estado
ligada a ésta por una análoga relación de afectividad o intimidad, aun sin
convivencia;
1. Por haberse negado la víctima a establecer con el autor, una relación de pareja,
enamoramiento, afectividad o intimidad;
2. Por estar la víctima en situación de embarazo;
3. La víctima que se encuentre en una situación o relación de subordinación o
dependencia respecto del autor, o tenga con éste una relación de amistad, laboral
o de compañerismo;
4. La víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad;
5. Cuando con anterioridad al hecho de la muerte, la mujer haya sido víctima de
violencia física, psicológica, sexual o económica, cometida por el mismo agresor;
6. Cuando el hecho haya sido precedido por un delito contra la libertad individual o
la libertad sexual;
7. Cuando la muerte sea conexa al delito de trata o tráfico de personas;
8. Cuando la muerte sea resultado de ritos, desafíos grupales o prácticas culturales.

Sobre la incorporación de nuevos tipos penales
• Se sancionará penalmente las agresiones por VIOLENCIA FAMILIAR O
DOMÉSTICA (Art. 272 bis).
• Se incluye el delito de ACOSO SEXUAL (Art. 312 quater), para las mujeres
quienes sean hostigadas, perseguidas, o amenazadas, por otra persona
que se vale de su relación de poder o jerarquía y las obligan a realizar una
relación sexual o soportar comportamientos de índole sexual en su
contra.
• Otros artículos incorporados a través de esta Ley al Código Penal son:
Artículos 154 bis (incumplimiento de deberes de protección a mujeres en
situación de violencia), 271 bis (esterilización forzada), 312 bis (actos
sexuales abusivos) y 312 ter (padecimientos sexuales).
•
• En el Artículo 85 se contemplan también los Delitos contra la Familia;
entre ellos, el delito de VIOLENCIA ECONÓMICA (Art. 250 bis.), que
sancionará a quienes utilicen el poder económico o el control sobre los
ingresos como medios para someter, limitar o agredir a la mujer. También
está contemplada la Violencia Patrimonial (Art. 250 ter) y la Sustracción
de Utilidades de Actividades Económicas Familiares (250 quater).

Sobre la eliminación de tipos penales del Código Penal
• Se derogaron varios artículos del Código Penal que tenían
disposiciones que atentaban contra los Derechos Humanos de las
Mujeres.
• Se derogó el Artículo 308 ter (Violación en estado de inconsciencia);
ya que esta situación de “estado de inconsciencia” se incorporó
como agravante en el artículo correspondiente a la violación.
• Se sanciona la retención de una persona sin importar su edad, sexo
o las condiciones en las que se lo haga con o sin violencia: 314
(Rapto Impropio), 315 (Con Mira Matrimonial), 316 (Atenuación), y
317 (Disposición Común), que no sancionaba a violadores o
raptores que se casaban con sus víctimas

Sobre la simplificación del procedimiento penal para delitos de violencia
• Se establecen principios procesales por los que deben regirse las
juezas y jueces, fiscales, policías y operadores de justicia en su
trabajo: la celeridad, oralidad, legitimidad de la prueba, publicidad,
economía procesal, accesibilidad, verdad material gratuidad, que
señala que las mujeres en situación de violencia estarán exentas del
pago de valores, legalizaciones, notificaciones, formularios,
testimonios, certificaciones, mandamientos, costos de remisión,
exhortos, órdenes instruidas, peritajes y otros, en todas las
reparticiones públicas.
• Se establece también como principio la inmediatez, que señala que
una vez iniciada la audiencia, debe concluir el mismo día o en el
menor número de días consecutivos.
• Asimismo, se establece el principio de protección, que indica que las
juezas y jueces, inmediatamente conocen la causa, deben dictar
medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física,
psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y
laborales de las mujeres en situación de violencia.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
• La violencia contra la mujer es una forma de discriminación atenta a los derechos
humanos. causa sufrimientos indecibles, cercena vidas y deja a incontables
mujeres viviendo con dolor y temor además de destruir las familias y por ende la
sociedad.
• Las raíces históricas de la violencia contra la mujer están situadas en las relaciones
de poder entre el hombre y la mujer, la discriminación generalizada contra la
mujer en los sectores tanto público como privado.
• Las disparidades patriarcales de poder, las normas culturales discriminatorias y las
desigualdades económicas.
• La forma mas común de violencia experimentada por la mujer es la violencia
ejercida por su pareja en la intimidad, que a veces culmina en su muerte.
• Cunado el Estado no exige responsabilidad a los perpetradores de esta iniquidad
no sólo alienta la comisión de nuevos actos de esa índole, sino que da a entender
que la violencia que ejerce el hombre contra la mujer es aceptada o normal

• Las estrategias estatales para hacer frente a la violencia deberían
promover la capacidad de acción de la mujer y basarse en las
experiencias y la participación de las mujeres, así como en la asociación
con las ONG y otros agentes de la sociedad civil.
• Las ONG de mujeres en muchos países han emprendido proyectos y
programas que pueden ser la base de un trabajo coordinado con los
municipios y las gobernaciones.
• medidas urgentes y concretas para garantizar la igualdad entre el
hombre y la mujer y proteger los derechos humanos de la mujer .

• Ayudar a la mujer que sobrevive a la violencia a tener acceso a los servicios
jurídicos, de salud y sociales eficaces, así como para intensificar la labor de
prevención.
• Se debería fortalecer la base de conocimientos sobre toda las formas de
violencia contra la mujer son parte de este criterio.
• Deben asumirse por parte de los diversos estratos gubernamentales una
función de dirección más firme, mejor coordinada y más visible para
abordar la violencia contra la mujer . Así mismo es necesario aglutinar a
todos los actores que trabajan en esta temática.
• Debemos aumentar y dirigir los esfuerzos en contribución a la prevención y
reparación de los casos de violencia contra la mujer. Otros órganos
intergubernamentales deberían contribuir asimismo a la investigación y la
sanción de estos actos de violencia

• Aumentar significativamente los recursos asigna-dos por medio del
sistema de las redes interinstitucionales e intra institrucionales.
• La violencia contra la mujer es un problema generalizado y grave que
afecta a las vidas de innumerables mujeres y constituye un obstáculo
para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. Pone en peligro la
vida de las mujeres y les impide alcanzar el pleno desarrollo de sus
capacidades.

LAS NNUU establecieron algunos criterios rectores
• Eduquen a los hombres y las mujeres, los niños y las niñas acerca de los derechos
humanos de las mujeres y de su obligación de respetar los derechos de los demás
• Garanticen que las mujeres tengan acceso a la justicia y a la igual protección de
las leyes y que los autores de actos de violencia contra la mujer no gocen de
impunidad
• Reconozcan y protejan el derecho de las mujeres para controlar sus cuerpos y su
sexualidad
• Aseguren los derechos de la mujer a la herencia, la propiedad, la vivienda y la
seguridad social, entre el ámbito de los derechos económicos y sociales
• Utilicen evaluaciones de la incidencia de género para garantizar que las políticas
sociales y económicas, entre ellas la planificación del desarrollo, no perpetúen ni
exacerben la violencia contra la mujer, sino que apoyen activamente la
prevención y la eliminación de la violencia contra la mujer

LAS NNUU establecieron algunos criterios rectores
Respondan a las distintas experiencias de violencia de las mujeres, pues dichas experiencias son moldeadas
por la intersección del género con otros factores como la raza, el origen étnico, la clase, la edad,, la
orientación sexual, entre otros
Tomen medidas de seguimiento y aplicación de las recomendaciones emanadas de los exámenes periódicos
de sus informes y de los procedimientos de comunicación e investigación, según proceda, de los órganos de
derechos humanos creados por tratados ,en particular del Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer
Deroguen todas las leyes que discriminan contra la mujer; examinen Y revisen todas las políticas y prácticas
estatales a fin de garantizar que no discriminen contra la mujer, y garanticen que las disposiciones de los
sistemas jurídicos múltiples, cuando existan, se ajusten a los estándares internacionales de derechos
humanos, en particular al principio de no discriminación
Garanticen la existencia de normas legislativas que enfrenten adecuadamente todas las formas de violencia
contra la mujer Actúen con la diligencia debida para prevenir la violencia con

Violencia contra la mujer

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