El documento critica la decisión del gobierno de privatizar Luz y Fuerza del Centro mediante decreto presidencial, argumentando que esto fue inconstitucional e ilegal. También sugiere que la decisión se tomó para beneficiar a empresas privadas extranjeras y terminar con el único sindicato democrático que se oponía a las privatizaciones. Finalmente, insinúa que el verdadero motivo detrás de estas acciones fue entregar el sector energético a empresas privadas y allanar el camino para las elecciones de 2012.